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agosto 2016
año 40, 2ª época
Ilustración de portada
Carlos Latuff
Diseño editorial
Verónica León
El laberinto de la evasión fiscal
1
Poder corporativo, libre comercio y
fraude fiscal: una sola ecuación
Latindadd
3
Papeles de Panamá:
Latinoamérica saqueada
Omar Olivares
6
¿Cuál es el secreto de la Red
de Guaridas Fiscales?
Juan Valerdi
9
Los Panama Papers y la respuesta
de doble rasero de la UE
Henri Makonnen
12
¿Qué tan certeros son los listados de
paraísos fiscales en América Latina?
Jessica Portocarrero
14
Ecuador impulsa consulta popular
sobre paraísos fiscales
Guillaume Long
17
No sólo extraen commodities
Hernán Cortes
21
Perú: repercusiones de los Papeles
de Panamá
Rodolfo Bejarano
23
Justicia fiscal para los derechos humanos
Aldo Caliari
25
Panama Papers, flujos financieros
ilícitos y género
Verónica Grondona
28
Los Papeles de Panamá, la urgencia
de la acción
Susana Ruiz
Coedición:
Poder corporativo, libre
comercio y fraude fiscal:
una sola ecuación
Latindadd
D
público. La condición fue que se resolviera
en el seno de la OMC el tema de los subsidios
al sector agrícola en el norte (léase Estados
Unidos y Europa, principalmente), para luego
abordarse los temas de Singapur.
esde mediados de la década del noventa el
movimiento social a nivel global comenzó a colocar como prioridad en sus agendas
de lucha el tema comercial, dándole especial
énfasis a una crítica completa al paradigma
del libre comercio, que se colocó como premisa teórica de la puesta en marcha de la globalización neoliberal.
Ante el fracaso de la Ronda de Doha, la estrategia neoliberal acentuó la promoción de
los Tratados de Libre Comercio (TLCs). En el
caso de América Latina, los Estados Unidos de
Norteamérica lanzaron la ofensiva del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), que
fracasó por la alianza entre los recién llegados
gobiernos progresistas y el movimiento social.
Ante ello, Estados Unidos continuó con el impulso bilateral de TLCs.
El primer escenario de la batalla contra el paradigma del libre comercio fue la Organización Mundial del Comercio (OMC), en donde se
avanzó creando un entramado jurídico global
de carácter obligante que profundizó la lógica de la desregulación comercial: agresivas
desgravaciones arancelarias; eliminación de
marcos regulatorios al capital financiero; y
fortalecimiento de la protección unilateral a
las inversiones externas.
En efecto, la mitad de América Latina y el Caribe (México, Centroamérica, Caricom, Perú,
Colombia, Chile) está constituida por economías que se rigen por el paradigma del libre
comercio, con TLCs entre ellas y con tratados con países de fuera de la región. Sólo se
mantienen fuera de la lógica de los TLCs el
Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela) además de Ecuador y Bolivia.
Los efectos no se hicieron esperar en los denominados países del tercer mundo, que empezaron a sufrir las consecuencias de esta lógica
del libre comercio. Y por tanto, se empezó
una “rebelión” al interior de la OMC, liderada
principalmente por quienes luego formarían el
bloque de los BRICS a fin de detener, en alguna
medida, esta ofensiva libre cambista, llevando a lo que muchos llaman al “fracaso de la
Ronda de Doha” o lo que es lo mismo, que
los promotores del libre comercio no pudiesen
terminar su labor al estancarse en los llamados “cuatro temas de Singapur”: 1) libre competencia, 2) facilitación del comercio, 3) protección de inversiones y 4) compras del sector
Aparejado a la existencia de los TLCs, se fue
profundizando esta institucionalidad neoliberal con el impulso que se dio a los Tratados
Bilaterales de Protección de Inversiones (también conocidos como TBIs). De forma que se
liberalizó el comercio vía TLCs y se le dio una
protección privilegiada a la inversión extranjera vía TBIs.
1
La dimensión fiscal
Crisis del posneoliberalismo
Una dimensión que no se había considerado
en el ataque al libre comercio fue la fiscal,
es decir los impactos provocados por dichos
acuerdos en la recaudación tributaria. Gracias
al movimiento global por la justicia fiscal se
empieza a hacer una correlación de factores
que obligan a hacer los vínculos de la desregulación comercial y de inversiones, con la opacidad, la evasión, la elusión y el fraude fiscal.
Hoy América Latina vive un momento de contraofensiva neoconservadora, básicamente en
Suramérica que es la parte de la región que
trató de desmontar la arquitectura neoliberal
heredada de las décadas de los ochenta y los
noventa. La irrupción de la derecha en Argentina, el golpe de estado en Paraguay, el golpe
de estado en curso en Brasil y la victoria de
la derecha en el parlamento venezolano, han
posicionado de nuevo al paradigma del libre
comercio en esta subregión latinoamericana.
Estos vínculos, empiezan a relacionar cómo la
desgravación arancelaria impacta las cuentas
nacionales en términos de los impuestos que dejan de cobrarse a las importaciones. Asimismo,
cómo los procesos de desregulación financiera
y el libre tránsito de capitales impactan en las
cuentas de capital de los Estados. De igual forma, cómo los principios de Trato Nacional (TN)
y Trato de Nación Más Favorecida (TNF) abren
portillos para la elusión de las transnacionales
y también cómo las políticas de atracción de
inversiones basadas en exoneraciones o privilegios fiscales van provocando inmensos costos
en términos de gasto tributario para los países.
La Alianza del Pacífico empieza a ganar adeptos en la región, los gobiernos del Mercosur inician la presión para que finalmente este proceso modifique su carta constitutiva que inhibe la
firma de Tratados de Libre Comercio, esos mismos gobiernos se animan a reanudar la negociación para la firma de un TLC entre la Unión
Europea y Mercosur, que se uniría a los que ya
tiene la Unión Europea en vigencia con Centroamérica, México, Chile y Perú/Colombia.
Diversos países de América Latina están participando a fondo en las negociaciones del TISA,
que abre sectores fundamentales (educación,
salud, agua, servicios municipales, correos,
transporte, etc.) a la participación privada de
transnacionales. México, Perú y Chile participan activamente en el ya suscrito Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (conocido por sus siglas en inglés como TPP).
Asimismo, se ha observado que luego de la
suscripción de un TLC, normalmente sigue la
suscripción de un acuerdo de doble tributación, ventajoso para los países de donde proviene la inversión transnacional en el pago del
impuesto a la renta. Es que el principio que
rige la tributación en estos acuerdos es el de
“residencia” y no el de “fuente”. De esta manera, una empresa extranjera no tributa ni en
el país donde extrae la renta, ni en el de donde proviene, sino donde estratégicamente ha
puesto su sede: Gran Caimán, Delaware, Islas
Vírgenes y otras jurisdicciones opacas.
El poder corporativo transnacional tiende a
fortalecerse por medio del impulso de diversos tratados o de inversiones, que se orientan
a profundizar la desregulación de los grandes
capitales, y que constituyen verdaderos candados jurídicos a políticas reformistas orientadas al bien común.
Finalmente, toda esta maraña de acuerdos de
inversiones, libre comercio y doble tributación
facilita la planificación tributaria, desarrollada por grandes estudios jurídicos que saben
muy bien cómo y dónde constituir sociedades
comerciales para no pagar impuestos. El
escándalo de los Panamá Papers es una clara
muestra de ello.
Visibilizar esta situación, abrir el debate para
comprender en toda su dimensión las características del fenómeno y generar nuevas articulaciones de denuncia, resistencia y propuestas
de cambio, son tareas urgentes para el movimiento social de América Latina.
2
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ago/2016
Papeles de Panamá:
Latinoamérica saqueada
Omar Olivares
E
ir a las arcas públicas para financiar los presupuestos de educación, salud, infraestructura,
seguridad, saneamiento, en fin, debieron ayudar a combatir las principales deficiencias que
se sufren en la región.
l impacto mediático que han tenido los Papeles de Panamá fue tan grande que causó
la dimisión del primer ministro de Islandia;
provocó que el primer ministro británico saliera a declarar sus cuentas privadas y revelara
las finanzas de su padre (presuntamente implicado en el uso de paraísos fiscales); incluso
artistas famosos, reputados chefs de renombre mundial y estrellas del deporte se vieron
implicados en la red que había construido el
estudio Mossack Fonseca, la mayoría de las veces para evadir y eludir el pago de impuestos.
Diversas organizaciones de la sociedad civil
que trabajan los temas de tributación internacional, como Latindadd, la Red de Justicia
Fiscal de América Latina y el Caribe, Tax Justice Network, Financial Transparency Coalition,
Global Alliance for Tax Justice, por citar sólo
algunas, venimos denunciando, analizando
y planteando soluciones que pongan freno a
este tipo de ilícitas acciones cometidas por
empresas transnacionales.
Aún no se ha definido cuánto dinero han dejado de recaudar los Estados afectados por el
uso de los artilugios legales y contables estructurados por Mossack Fonseca, aunque para
dar una luz sobre esto basta decir que sólo del
2004 al 2013, América Latina perdió 1.4 billones de dólares a causa de los Flujos Financieros Ilícitos, dinero que sale de los Estados sin
que estos puedan controlarlos, es decir sin ser
declarados y sin que nadie tribute nada. Ojo,
aunque se piense lo contrario, de esta cifra
el 88% corresponde a la actividad comercial,
es decir, por empresas que se han valido de
diversas técnicas de planificación tributaria
agresiva para sacar sus ganancias de los países donde operan hacia las guaridas fiscales
sin pagar un centavo en tributos; y sólo el 12%
es consecuencia de la corrupción y del crimen
organizado, lo que tampoco es poca cosa.
En la mayoría de casos de evasión y elusión
fiscal de las transnacionales, éstas se valen de
mecanismos como los precios de transferencia, que son intercambios comerciales intragrupo con los que inflan los costos y reducen
(en el papel) la rentabilidad para disminuir
significativamente los ingresos gravables; la
capitalización delgada, préstamos entre empresas relacionadas que se dan fuera del sistema financiero y a elevadas tasas de interés
con lo que bajo la figura de pago de crédito
reducen los márgenes de ganancia; o el treaty
shopping, mecanismo con el que las grandes
corporaciones se aprovechan de los acuerdos
de doble tributación para no tributar ni donde
generan la riqueza ni donde residen.
Estas cifras, recogidas y analizadas por informes de la Global Financial Integrity, muestran
el impacto que tiene en nuestras economías,
pues estamos hablando de dinero que los Estados dejan de recaudar, y que parte de éste (lo
que fijen las leyes fiscales de cada país) debió
Tal y como han dejado en evidencia los Papeles de Panamá, toda esta maraña jurídica,
estos artilugios contables con estructuras legales complejas existen gracias a los facilitadores de la evasión y elusión fiscal, es decir,
3
contra la evasión y elusión fiscal que afecta a
todos los países es la creación de un Cuerpo
Intergubernamental sobre Asuntos Fiscales, en
el seno de Naciones Unidas, en el que todos
los países tengan representación e igualdad de
voz y voto.
los estudios contables y jurídicos, que brindan
servicios y esquemas de planificación impositiva agresiva, como lo hacía Mossack Fonseca.
Otro hecho grave que ha sacado a la luz el
enorme trabajo que ha realizado el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ, por sus siglas en inglés), con la revelación de los también llamados #panamapapers,
es que así como es necesaria la existencia de
los facilitadores contables y jurídicos, también es necesario contar con un sistema financiero que se preste para el saqueo de los
Estados, es decir, la banca privada al servicio
de los grandes evasores tributarios.
Panama Papers en América Latina
En mayo último, Latindadd, junto al grupo de
periodismo Convoca.pe, organizaron el Primer
Encuentro Latinoamericano para Periodistas
sobre Flujos Financieros Ilícitos, que reunió
en la ciudad de Lima a más de 30 periodistas
de investigación de 8 países de la región, que
tuvieron acceso a la información de los Papeles de Panamá. En la reunión, los hombres y
mujeres de prensa contaron cómo trabajaron
la información y relataron que, aunque muchos casos salieron a la luz, otros tantos se
quedaron fuera de los reflectores, pues se trataba de personajes no públicos o de casos en
los que no había forma de demostrar que se
trataba de operaciones ilícitas o ilegales.
¿Cómo combatir este saqueo?
Desde organizaciones como Latindadd, así
como desde la mayoría de organizaciones de
la sociedad civil que trabajan por una reforma
tributaria global, planteamos como medidas
técnicas para dar fin al saqueo corporativo
transnacional, como el Reporte País por País,
en el que las empresas detallen el número de
filiales, empleados, dónde operan y la información financiera de sus subsidiarias, con lo
que se podrá saber si operan dentro de paraísos fiscales.
Durante el encuentro, los periodistas peruanos de Convoca.pe que participaron de la investigación contaron que siguieron el caso de
la minera Volcan, que opera en Perú, involucrada en una operación por más de US$ 1,800
millones en la compra de terrenos, que se hizo
por medio de empresas offshore. Igual, el
grupo Ojo Público relató que siguieron las pistas sobre los candidatos presidenciales peruanos, Keiko Fujimori, sobre quien se sospecha
que sus financistas triangularon dinero para la
campaña política a través de paraísos fiscales;
y de Pedro Pablo Kuczynsky, quién habría firmado una carta que fue usada para constituir
un negocio sospechoso. El caso Odebrecht fue
abordado por IDL- Reporteros, que siguieron
la pista, revelando la existencia de empresas
offshore por las que viajaron los millones de
dólares de coimas; dentro de éstas destaca la
Constructora Internacional del Sur, creada en
Panamá en 2006, que recibió depósitos desde
tres offshores de Odebrecht por cerca de 50
millones de dólares.
Otro punto que plantea Latindadd es la creación de un Registro Público de Beneficiarios
Finales y Fideicomisos, para mostrar quiénes
son los que, en última instancia, se benefician
de las utilidades económicas, amparados en el
secreto bancario.
También, la puesta en marcha de un Intercambio Automático de Información Tributaria, que
permitirá a los gobiernos conocer qué activos
y cuentas poseen sus ciudadanos en otras jurisdicciones. Éste debe ser automático, multilateral y en un inicio no recíproco, a favor
de los países en desarrollo, para que puedan
adecuar sus capacidades tecnológicas para
responder.
Finalmente, un punto relevante en los pedidos de la sociedad civil organizada en la lucha
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en Panamá a los que fueron a dar buena parte
de su patrimonio, avaluado en 42 millones de
dólares.
En el caso de los periodistas chilenos, del
grupo de investigación CIPER, ellos relataron
cómo el ex presidente de la Confederación de
la Producción y el Comercio (CPC), de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), y socio
del ex jefe financiero de la DINA, Alfredo Ovalle Rodríguez; el empresario Isidoro Quiroga
Moreno; el dueño de la empresa El Mercurio
S.A.P., Agustín Edwards Eastman; la familia
Calderón Volochinsky, controladora de la empresa de retail Ripley; y los empresarios de
las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur
Fuentealba Meier, entre otros, se beneficiaron
de los servicios de Mossack Fonseca.
Por su parte, los periodistas de “O estado do
São Paulo” siguieron la pista de los Papeles de
Panamá al caso del esquema de corrupción
originado por Petrobras, empresa pública brasileña cuyos fondos fueron usados para pagar
sobornos.
Otro de los casos que más relevancia mediática
tuvo fue el de la “casa blanca” del presidente
mexicano Enrique Peña Nieto, valorizada en
7 millones de dólares, quien cuando se abrió
la investigación oficial al constructor Juan
Hinojosa Cantú, puso a nombre de su madre
empresas que tenía ocultas en la Isla Nieves y
las Islas Vírgenes Británicas para luego mover
100 millones de dólares hacia fideicomisos en
Nueva Zelanda a través de una compleja estructura en 6 países, organizada por Mossak
Fonseca.
En tanto, en Argentina, los Papeles de Panamá alcanzaron al presidente Macri, quien fue
vinculado a la empresa offshore Fleg Trading
Ltd, constituida en Bahamas en 1998 y activa durante 10 años, siendo Macri director de
ésta; sin embargo él sostuvo que jamás fue
accionista ni propietario de dicha compañía y
que no percibió dividendos ni utilidades de la
misma.
Omar Olivares es periodista y actualmente se
desempeña como coordinador de comunicaciones de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – Latindadd.
Consejo de Redacción, grupo colombiano de
investigación periodística, relató que en su
país siguieron la pista a los Marulanda-Sarasola, quienes crearon empresas y fideicomisos
La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y
Derechos trabaja desde hace más de una década en
toda la región, incidiendo sobre los decisores políticos
en temas de fiscalidad, nueva arquitectura financiera,
deuda y nuevas economías.
Latindadd está integrada por 21 organizaciones e
institutos en 12 países de la región, y cuenta con una
secretaría técnica radicada en Lima, Perú.
Sede de la secretaría: Jr. Daniel Olaechea # 175 Jesús María - Lima, Perú. Teléfono (51) (1) 207 6840
Pueden seguirnos en los siguientes espacios digitales:
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5
¿Cuál es el secreto de la
Red de Guaridas Fiscales?
Juan E. Valerdi
E
n estas líneas se pretende esbozar por qué
la filtración de documentos de los Panamá
Papers y la utilización selectiva de esos datos
por parte de los medios masivos internacionales de comunicación -tal como es presentada
usualmente- puede afectar muy poco a la Red
de Guaridas Fiscales1 (RGF) implicada y sí, en
cambio, poner en serio riesgo a las soberanías
nacionales y a las dirigencias políticas e instituciones de la mayoría de los países del mundo.
progresiva del siglo XX y una explosión de gran
magnitud en las últimas décadas asociada a
la liberalización financiera mundial impuesta
desde la década de los ´80 y a la globalización
personificada en el creciente protagonismo
mundial de las empresas multinacionales.
Además, con las sucesivas filtraciones de información o “Leaks”, como las publicadas por
ICIJ2 o por otros mecanismos, dicho protagonismo tuvo picos aún mayores y, como consecuencia de los datos filtrados y difundidos,
los gobiernos han iniciado investigaciones específicas, procesos judiciales e incluso se han
dado renuncias que incluyen hasta un primer
ministro.
Desde el surgimiento de la crisis internacional
del año 2008, la RGF ha tomado un protagonismo sin precedentes en los medios de comunicación, foros políticos y económicos internacionales, temarios de ONGs y demás. Esto
se da a pesar de que la RGF tiene una historia
de varios siglos, un fuerte crecimiento de su
uso para la evasión y elusión fiscal coincidente con el aumento de la imposición tributaria
Sin embargo, como reza el rótulo elegido, “no
todo lo que brilla es oro”.
Primeramente señalo que no todas las filtraciones tuvieron una génesis y desarrollo similar ni tampoco un impacto sobre grupos homogéneos de usuarios de la RGF. Aunque pueda
parecer que la forma en que han llegado a
tomar estado público es poco relevante para
los beneficios derivados de la difusión de los
datos secretos de una RGF cuyo activo clave
es justamente el mantener en secreto los datos de sus usuarios y sus actividades, esto no
es así.
1 El autor se resiste a utilizar la traducción habitual de los “Tax Havens” al español como “Paraísos
Fiscales”, ya que no sólo es errónea desde el punto
de vista formal (Paraísos en inglés es “Heaven”) sino
que incluye en ese error un fondo de justificación del
uso de la Red de Guaridas Fiscales (RGF) por parte de
las empresas y ricos que huyen del “infierno” de los
gobiernos cuya “voracidad fiscal pretende saquear
los beneficios obtenidos con sus esfuerzos”. “Haven”
tiene como traducción oficial, entre otras, a “Guaridas”, palabra que parece ser la más representativa
para el rol que cumple la RGF desde las épocas de piratas y corsarios al servicio de su majestad la Reina.
La RGF administra identidades societarias,
cuentas y fondos que provienen de diversas
fuentes y me parece fundamental destacar
que, a pesar de lo que se intenta instalar
Juan Valerdi es economista especialista en
tributación y lucha antilavado. Ex asesor de la
presidencia del Banco Central, Banco Nación y
la unidad antilavado de Argentina.
2 ICIJ International Consortium of Investigative
Journalists www.icij.org
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en el público, el protagonista fundamental
de la RGF no son los políticos y funcionarios
corruptos de todo el mundo, cuya participación ha sido estimada en alrededor del 5%, ni
los fondos derivados de actividades ilegales
como el narcotráfico, la trata de personas o
el contrabando de armas, con una participación estimada en el 35% de los capitales totales. El principal usuario de la RGF son las
corporaciones multinacionales y los propietarios de grandes fortunas, que al igual que los
dos protagonistas recién mencionados, logran
hacer uso pleno de la RGF mediante los servicios desarrollados especialmente para ello por
parte de los grandes bancos multinacionales
con su “banca privada” y de las cuatro grandes firmas de auditoría3 en la administración
de sus balances, contabilidad y relación con
los fiscos. Estos “peces gordos” forman el 60%
restante de la torta que administra la RGF.
HSBC sucursal Suiza, banco en el que trabajaba.
Sin embargo, en la mayoría de las filtraciones
el principal objetivo de enfoque de los medios
de comunicación masivos internacionales y sus
asociados locales, a la hora de profundizar y
mantener la atención del público, ha sido la
información concreta de casos de corrupción
política. Muy lejos de mantener una atención
proporcional a la relevancia de los fondos fugados o evadidos/eludidos de los países víctimas de la RGF, los medios concentrados y sus
asociados nacionales han puesto un especial
énfasis en algunos políticos corruptos de diversos países del mundo.
Es ridículo negar la existencia de graves problemas de corrupción a nivel político en la
mayoría de los países del mundo e incluso no
ver una connivencia de la dirigencia política
corrupta con el sistema de la RGF, lo que permite el pleno y amplio funcionamiento de la
RGF en casi todos los países por acción u omisión de esa misma dirigencia.
El sesgo mediático
Hecha esta aproximación a los grados de magnitud de los grupos de usuarios de la RGF, podemos ver que las filtraciones que han sucedido en los últimos años no impactan de modo
proporcional a quienes utilizan la RGF; de hecho los medios presentan sesgos propios para
magnificar o silenciar algunos de los sujetos
o empresas que han sido objeto de las filtraciones.
Pero, desde el mayor factor de poder internacional y a la vez el más amplio usuario de la
RGF, las corporaciones multinacionales se aprovechan las filtraciones que alguna vez supieron
afectar sus intereses, para generar un masivo
descreimiento de las clases medias en las dirigencias políticas y, lo que es peor, en algunos
casos, se llega a que dejen de confiar en las
instituciones en sí mismas. Los medios concentrados internacionales son parte de ese grupo
selecto y los grandes medios nacionales también lo son, y lo que es peor aún, los medios
nacionales que no lo fueren dependen de las
pautas publicitarias de las corporaciones o de
los gobiernos y entonces los únicos medios que
podrían poner el foco seriamente en la cuestión
sistémica de la RGF y los verdaderos protagonistas de esta estafa mundial terminan siendo
muy pocos y en condiciones muy acotadas.
Así, la única filtración que dio de lleno en el
corazón de las multinacionales fue la de los
“Lux Leaks”, la cual fue llevada a cabo por Antoine Deltour, un empleado de una de las “Big
Four”, Price Waterhouse and Coopers (PwC)
en colaboración con el periodista francés
Edouard Perrin, ambos enfrentando actualmente un proceso judicial en Luxemburgo. Y
como ejemplo de impacto a los propietarios
de grandes fortunas tenemos a Herbé Falciani,
quien extrajo (con ayuda del servicio secreto
de un país no identificado4) datos masivos del
3 Las “Big Four” de auditoría y contabilidad son las
cuatro firmas internacionales líderes: KPMG, Deloitte, PwC y Ernst & Young.
caja fuerte de los evasores”. Falciani se encuentra
con pedido de captura de Suiza y exiliado en España
después de haber colaborado con las autoridades
judiciales y tributarias de Francia.
4 Así lo relata el propio Falciani en su libro “La
7
deben convertir esta lucha en una legislación
efectiva y mundial contra la RGF.5
Es por esto que, a la hora de evaluar el impacto de los Panamá Papers y las futuras filtraciones y de difundir lo contenido en sus documentos, es preciso tener claro el objetivo
central de luchar contra la evasión/elusión
fiscal y la fuga de capitales y no hacerles el
caldo gordo a quienes hoy obtienen grandes
beneficios del sistema de la RGF y buscan aumentarlos disminuyendo el poder efectivo y la
legitimidad de los gobiernos de los países que
5 Cabe mencionar que en el particular caso de
la Argentina el intento de investigar a fondo el uso
de la RGF por parte de multinacionales inglesas del
mercado mundial de carnes, costó la vida de dos senadores nacionales en las primeras décadas del siglo
XX, como expone en su libro Nicholas Shaxson “Las
Islas del tesoro”, de lejos el mejor libro sobre la RGF
que ha conocido el autor del presente artículo.
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Los Panama Papers
y la respuesta de
doble rasero de la UE
Henri Makkonen
M
panameños, si bien ésa también figura en la
ecuación. Este particular bufete legal de Panamá era apenas un nodo de una amplia red
de actores que juntos tejieron la tela de secretismo offshore (extraterritorial). Los datos
muestran que para encontrar los otros nodos,
es preciso iniciar la búsqueda en Europa.
ossack Fonseca no creó 214.000 empresas solamente para sus clientes en Panamá. La mentalidad transfronteriza es parte
integral de la evasión y elusión fiscal y otras
formas de actividad financiera ilícita. Ocultar
dinero de las respectivas autoridades nacionales casi siempre implica su transferencia a
través de numerosas fronteras, hacia jurisdicciones que aplican el secreto fiscal, para que
finalmente regrese al bolsillo propio.
Naturalmente, los Panama Papers llenaron los
titulares de los periódicos europeos y ante la
creciente presión pública, la Unión Europea
también tuvo que responder a las revelaciones. La propuesta legislativa del bloque para
introducir nuevas reglas para frenar el fraude
fiscal y el blanqueo de dinero se presentó a
principios de julio. En muchos sentidos, fue la
continuación de las iniciativas contra la evasión fiscal tomadas a inicios de este año.
Los clientes de Mossack Fonseca llegaron de
todas partes del mundo, pero aún así, siendo
que el bufete era (tristemente) célebre por su
capacidad de aligerar las obligaciones fiscales,
sus clientes no afluyeron por sí solos. Fueron
otros abogados, banqueros de inversión y similares, los que conectaron comprador con vendedor. Los datos de los Panama Papers dan
una idea de dónde provinieron estos clientes
y sus intermediarios: Hong Kong, Suiza, Reino Unido y Luxemburgo, todos tenían más intermediarios activos trabajando con Mossack
Fonseca, que Panamá o cualquier otro país de
las Américas.
Los impuestos figuran como tema de alta prioridad en la agenda de la actual Comisión Europea, entre otras cosas porque se reveló, poco
tiempo después de que la Comisión tomara
posesión del cargo, que su líder, Jean-Claude
Juncker, había desempeñado un rol prominente en la adopción de resoluciones tributarias
favorables a las grandes multinacionales, lo
que provocó un gran escándalo fiscal (conocido como LuxLeaks). Además de proponer
cambios en las normas internas, la Comisión
y otras instituciones europeas han estado pidiendo soluciones internacionales y la colaboración transfronteriza para abordar tanto la
evasión como la elusión. Teniendo en cuenta
la compleja telaraña de los intermediarios,
El éxito de Mossack Fonseca no fue resultado
de la falta de supervisión de los reguladores
Henri Makkonen trabaja en Bruselas con la
Financial Transparency Coalition, como Asesor
de Incidencia Política en la Unión Europea. Su
trabajo se centra en la legislación de la Unión
Europea respecto a normas de transparencia
financiera y contra el lavado de dinero.
9
El resto de la Unión Europea aprobó rápidamente esta medida, a pesar del hecho de que
habían acordado, un año antes, crear registros
nacionales centralizados de beneficiarios, con
la idea de hacerlos públicos y de esa manera
proporcionar información instantánea tanto a
la ciudadanía como a los gobiernos.
esto parece ser un enfoque sensato. Sin embargo, una mirada más atenta a las políticas
propuestas muestra que la idea europea de
acción transfronteriza utiliza un doble rasero.
Mientras se prevé estrechar la cooperación y
el intercambio de información en la Unión Europea y tal vez de ésta con otros países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–, al resto del mundo
se le ofrece más garrote que zanahorias.
En cambio, el intercambio de información
permite que unos se enteren, pero no todos.
Sólo los países que se adhieren a las normas
«internacionales» pueden esperar recibir información de otros. Esto divide a los países
en dos grupos: los que poseen información y
los que no. Mientras que los primeros estarán
en una mejor posición para luchar contra la
elusión y evasión de los impuestos internos,
los segundos permanecerán desinformados. Al
mismo tiempo, se crean poderosos incentivos
para que los países que no son miembros de la
OCDE, el GAFI o la Unión Europea respalden
las iniciativas de estos organismos, sólo para
poder entrar en el circuito de información. Es
exactamente lo que ha sucedido con la OCDE
y su proyecto BEPS: el nuevo Marco Inclusivo invita a la mesa a los países no-miembros,
pero justo después de haber ya tomado las decisiones.
Zanahorias para los seguidores
La Unión Europea a menudo se cohíbe de tomar medidas significativas para reducir el
secreto financiero, con la justificación de
que Europa no debe avanzar más rápido que
el consenso internacional sobre este asunto.
Las hojas de ruta y recomendaciones para tales esfuerzos internacionales provienen de la
OCDE y el GAFI (Grupo de Acción Financiera
Internacional, un organismo normativo contra
el blanqueo de dinero y la financiación terrorista, que comparte oficinas con la OCDE en
París). La membresía de ambos organismos
comprende predominantemente los países ricos, con una mayoría de países europeos. Así,
los países más poderosos del mundo son quienes definen el consenso «internacional».
Garrote para los forasteros
En los últimos años, el intercambio automático de información (IAdI) ha ganado importancia dentro de este consenso. Después de
que la OCDE facilitó un acuerdo de intercambio de información sobre cuentas financieras
entre jurisdicciones, un enfoque similar fue
adoptado para los informes país por país de
parte de las principales empresas multinacionales, en el proceso BEPS (erosión de base
y desplazamiento de ganancias, siglas en inglés), también concebido bajo los auspicios
de la OCDE. Resultó poco sorprendente que
la primera respuesta a los Panama Papers
por parte de Alemania, Francia, Reino Unido,
Italia y España (países miembros tanto de la
Unión Europea como del G-20) fue el anuncio de planes para crear una plataforma de
intercambio automático de información sobre
los dueños beneficiarios finales de empresas.
Además de no ser parte de los sistemas de
intercambio de información, algunos de los
países que no cumplan con las recomendaciones de la OCDE y del GAFI constan en listas negras de la Unión Europea. Durante la
primera mitad de 2016, la Comisión Europea
propuso la elaboración de dos listas negras:
una en el paquete contra la elusión tributaria, y la segunda como parte de la respuesta
a los Panama Papers. Si bien estas dos listas
aún no se han publicado, la Comisión ha dado
a conocer que esta última lista negra refleja
de cerca una lista del GAFI de países de alto
riesgo en relación con el blanqueo de dinero y
la financiación del terrorismo. Lo insólito es
que ninguna de las jurisdicciones destacadas
en los Panama Papers aparece en la lista del
GAFI (incluyendo Panamá), y ninguno de los
10
516
ago/2016
hombros y señalar que ninguna de sus acciones era ilegal per se. La Unión Europea tiene
que reforzar su reglamentación aplicable a los
intermediarios que ofrecen esquemas de evasión de impuestos y para los clientes que los
utilizan. Si bien los Panama Papers no han
dado lugar a la acción confirmatoria, la próxima gran revelación debería desembocar en
sanciones adecuadas a quienes establecen las
estructuras de evasión tributaria.
países de la lista del GAFI figura de forma destacada en los Panama Papers. Además de eso,
es muy poco probable que la lista negra de la
Unión Europea incluya a sus propios miembros
o aliados cercanos como EE.UU. y Suiza, independientemente de si acatan o no las normas
de la OCDE y del GAFI.
Transparencia en lugar de
intercambio de información
Para concluir, hay mucho que la Unión Europea
y sus Estados miembros deberían hacer antes
de salir a lanzar piedras a otras jurisdicciones. Los beneficiarios finales de las empresas
europeas, fideicomisos y otros mecanismos
legales deben publicarse y no sólo intercambiarse con un grupo limitado de países; y esto
también debe ser la meta a la hora de reportar sobre las empresas multinacionales. La
Unión Europea debe poner mano dura sobre
las estructuras europeas de nodos del secreto
y la cultura tolerante en la planificación fiscal
agresiva en general. Por último, pero no menos importante, se debe desplazar el énfasis
de las fuentes del dinero ilícito a sus destinos.
Los blanqueadores de dinero han realizado
grandes inversiones en los mercados de bienes
raíces en las capitales europeas. También los
artículos de lujo están en alta demanda para
quienes quieran lavar sus activos, y cuatro de
los siete mayores mercados de productos de
lujo están situados en la Unión Europea. Incluso, después de las revelaciones sobre varios
dictadores y sus familiares que han comprado
apartamentos en Londres y París, por ejemplo,
sobre el ex presidente de Túnez y su familia
que gastaron cientos de millones de dólares
en bienes de lujo, todavía es posible comprar
tanto bienes raíces como coches y yates de
lujo de forma anónima, sin explicar el origen
del dinero gastado. Los europeos harían bien
en clausurar estas grandes lavanderías de dinero para individuos corruptos y grandes criminales, antes que señalar con el dedo a otros
países por no jugar según sus reglas. (Traducción ALAI)
Para evitar las trampas de la IAdI, todos los
países (incluida la Unión Europea) deberían
procurar la transparencia. Es especialmente
el caso de la información de beneficiarios finales, que debe estar abierta al público y no
como algo negociado en secreto entre autoridades gubernamentales. Una respuesta obvia
a los Panama Papers sería la creación de registros públicos de beneficiarios en un formato
de datos abiertos; y de hecho ahora la Comisión Europea está tomando conciencia de ello.
En julio, propuso registros públicos para los
beneficiarios de las empresas, pero no lo extendió a todos los fideicomisos y entidades jurídicas similares. Queda por ver si los Estados
miembros están dispuestos a conceder este
aumento parcial de la transparencia financiera. Mientras las empresas o fideicomisos
constituidos bajo las leyes de la UE se utilicen
para la evasión de impuestos y/o esquemas
de lavado de dinero, en cualquier parte del
mundo, la Unión Europea sigue facilitando que
los criminales disfruten de sus ganancias mal
habidas.
Mirar el espejo
Los Panama Papers pusieron bien en claro que
las medidas regulatorias de la Unión Europea
contra la evasión de impuestos no son suficientes. Antes de que ésta pueda empuñar
el garrote, necesita poner en orden su propia
casa y actuar frente a la cultura de tolerancia
que nutre la evasión y la elusión. La mayoría de los clientes de Mossack Fonseca y sus
intermediarios se limitaron a encogerse de
11
¿Qué tan certeros son
los listados de paraísos
fiscales en América Latina?
Jessica Portocarrero
E
En los últimos 40 años, hasta el 2010, la riqueza privada escondida en paraísos fiscales
se calculó entre 21 y 32 billones. En el caso
de América Latina y el Caribe, este monto asciende a 2 billones de dólares, siendo México
el país que registra mayor salida de flujos hacia paraísos fiscales.1 Lamentablemente, la
proporción de riqueza depositada en paraísos
fiscales es mucho mayor en el caso de países
en desarrollo que en los países desarrollados.
l escándalo de los Papeles de Panamá, considerado como la filtración de documentos
más grande de la historia, reveló la creación
de más de 200 mil empresas offshore a través de 21 paraísos fiscales, durante las cuatro
últimas décadas, mostrando una vez más que
el sistema financiero está configurado para
socavar la economía mundial.
A través de la creación de empresas offshore, es decir, empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia, las empresas
trasnacionales, los corruptos o los criminales
han venido trasladando sus patrimonios hacia
paraísos fiscales, confirmando así la existencia de una gran industria de empresas offshore
encargadas de construir y tejer complejas estructuras empresariales que permiten ocultar
recursos y activos, evadir impuestos y esconder dinero procedente de la economía ilegal.
Actualmente no existe una lista única de Paraísos Fiscales que identifique a países que
brinden incentivos nocivos y altos niveles de
secretismo. Cada país establece sus propios
criterios al momento de definir si un territorio es considerado o no un paraíso fiscal, y en
muchos casos, esta designación responde a un
proceso o negociación política, más que a un
análisis serio de las características regulatorias del país.
Las empresas o compañías offshore son
principalmente constituidas en paraísos
fiscales dado los beneficios que estas jurisdicciones otorgan a los inversionistas. La baja
o nula tributación, así como el secreto bancario son los principales atributos de estos territorios. Este último, especialmente, permite
realizar transacciones financieras manteniendo la confidencialidad de la dimensión de sus
inversiones así como la identidad de sus beneficiarios finales.
De cualquier forma, la clasificación más conocida y empleada es la realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos –OCDE–, que en los últimos años
ha dejado de considerar como paraísos fiscales “no cooperativos” a todas las jurisdicciones que se comprometían en implementar
estándares de transparencia e intercambio de
información. Es así que todas las jurisdicciones consideradas anteriormente como paraísos fiscales, hoy ya no son parte de la lista por
1 J. Henry, “The price of offshore revisited”, Tax
Justice Network (2012)
Jessica Portocarrero – Latindadd
12
516
ago/2016
haberse comprometido en mejorar la transparencia y el establecimiento de un intercambio
efectivo de información en materia tributaria.
de Secreto Financiero de Tax Justice Network,
encontramos una discordancia, ya que muchas
son jurisdicciones opacas por las que transitan enormes flujos financieros pero no tienen
una relevancia correspondiente a su nivel de
inserción financiera mundial. Por ejemplo,
Suiza solo está presente en el 20% de listas
analizadas.
En el caso de América Latina, hemos analizado
los listados de paraísos fiscales para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana, Uruguay.
Todos ellos cuentan su propia lista de paraísos
fiscales. Argentina y Ecuador cuentan con los
listados más amplios de paraísos fiscales, con
93 jurisdicciones; seguidas por El Salvador con
78 jurisdicciones.
A nivel mundial se están tomando medidas
para frenar el uso de los paraísos fiscales, así
como el sacar provecho del secreto bancario a
través de diversos mecanismos que permitan
el Intercambio Automático de Información,
entre ellas, la iniciativa de la OCDE, FATCA
impulsado por EEUU, así como a través de
diversos acuerdos de doble tributación. En
el marco de la OCDE, 101 jurisdicciones han
manifestado su compromiso con el intercambio automático de información3, que implicaría intercambiar información estandarizada
de manera automática de todas las cuentas financieras de los residentes fiscales de dichos
países, con una frecuencia anual. México fue
el primer país latinoamericano que manifestó
en 2013 su intención de apoyar el modelo de
intercambio.
Los paraísos fiscales del Perú
En el caso de Perú, 43 jurisdicciones están
presentes en su lista de paraísos fiscales, de
los cuales el 30% están ubicados en América
del Norte y el 27% en Europa. Según información de la SUNAT, administradora tributaria
peruana, en el 2015 el paraíso fiscal más
empleado por personas naturales y empresas
fue las Islas Caimán, seguido por Hong Kong
y Panamá2. Las transacciones realizadas
entre empresas con paraísos fiscales ascendió a S/ 13,700 millones, aproximadamente
US$4,150 mil millones de dólares, de los
cuales el 74.66% corresponde a transacciones
hechas con Panamá, Barbados y Hong Kong.
Dichas transacciones se realizaron a través
de mecanismos de precios de transferencia,
vía generalmente empleada por las empresas
transnacionales para facilitar la fuga de Flujos Financieros Ilícitos especialmente dentro
de transacciones comerciales.
Del mismo modo se viene empujando la iniciativa de contar con un registro de beneficiarios
finales, que permita conocer quién, en última
instancia, tiene el control de la empresa y se
beneficia de ellas.
Lamentablemente estas iniciativas no contemplan que la información recolectada sea
de acceso público lo cual limita la efectividad
de las mismas logrando debilidad en su verdadero alcance e impacto. La apuesta de la
sociedad civil es que esta información sea de
libre acceso para que tanto los hombres y las
mujeres de prensa, así como la sociedad civil
tengan un rol fiscalizador sobre todo frente al
poder corporativo.
Para los países de América Latina analizados,
7 jurisdicciones están presentes en todas las
listas nacionales de paraísos fiscales: Antigua
y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada, Islas
Cook, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía. Si comparamos estas listas con el Índice
3 Al 26 de julio del 2016, de los 101 países y jurisdicciones signatarios del Acuerdo, 54 llevarán a cabo
el intercambio de información en 2017 mientras que
los 47 restantes lo harán en 2018.
2 Información brindada por SUNAT durante el I
Encuentro de Periodistas sobre FFI. Mayo 2016
13
Ecuador impulsa
consulta popular
sobre paraísos fiscales
Guillaume Long
E
l pasado 14 de julio de 2016, el Presidente
de Ecuador, Rafael Correa, anunció su decisión de impulsar una consulta popular para
que la ciudadanía se pronuncie sobre la prohibición para que dignatarios o funcionarios
públicos tengan bienes o capitales en paraísos
fiscales. El presidente Correa argumentó que
los paraísos fiscales “se constituyen en uno de
los peores enemigos de nuestras democracias”
lo cual “no solo genera corrupción, sino que
también ahonda la desigualdad y las diferencias sociales”.
instancias de transparencia y control social
que actúan a nivel nacional. Esta consulta es
una nueva iniciativa del gobierno que se inscribe en el marco de la propuesta del Presidente Correa de impulsar un Pacto Ético, para
que las personas elegidas por sufragio universal y los servidores públicos cumplan con altos
estándares éticos.
Ciertos sectores de la oposición política, secundados por algunos medios de comunicación, ya han manifestado estar en contra de la
propuesta, argumentando que con “su plata”
pueden hacer lo que quieran, lo cual no solo
muestra su falta de compromiso con el país,
sino también la doble moral de algunos de
ellos que aspiran a ser líderes del país.
Como se ha revelado en los denominados “Papeles de Panamá”, los bienes y capitales que
se mantienen en paraísos fiscales permiten
ocultar la identidad de los verdaderos titulares de las cuentas y las operaciones que se
realizan. Estos mecanismos son utilizados, sobre todo, para evadir el pago de impuestos o
para opacar el origen de las riquezas.
Pregunta formulada para la consulta popular: ¿Está usted de acuerdo en que, para
desempeñar una dignidad de elección popular
o para ser servidor público, se establezca
como prohibición tener bienes o capitales, de
cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?
La lucha en contra de los paraísos fiscales ha
sido una constante en el gobierno de la Revolución Ciudadana; contamos ahora con un
sistema transparente de gestión pública, la
aprobación de nuevas leyes y la creación de
Si los ecuatorianos y ecuatorianas votan a
favor de la medida en la consulta que sería
convocada conjuntamente con las elecciones
generales de febrero próximo, la Asamblea
Nacional, en el plazo de un año luego de la
proclamación de los resultados, reformará la
Ley Orgánica de Servicio Público, el Código
de la Democracia y las demás leyes pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento
mayoritario de la ciudadanía. En este plazo,
Guillaume Long, actual Ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, es
historiador, con PhD en Relaciones Internacionales de la Universidad de Londres. En el
gobierno actual ha sido Ministro de Cultura y
Patrimonio y Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano.
14
516
ago/2016
justicia fiscal. Para llevarlas a cabo, es necesario que el debate sobre los paraísos fiscales
se realice en todos los foros posibles.
los servidores públicos que tengan capitales y
bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos
fiscales deberán acatar el mandato popular y
su incumplimiento será causal de destitución.
Es importante recordar que el presidente Correa fue el único jefe de Estado en participar
en la campaña internacional de la organización Oxfam para erradicar los paraísos fiscales1. En la carta dirigida a líderes mundiales,
firmada por 300 economistas en mayo de este
año, se exigen nuevos acuerdos internacionales sobre temas como la elaboración de reportes país, de acceso público, inclusive en el
caso de paraísos fiscales. Se argumenta que
“aunque la evasión y elusión fiscal perjudican
a todos los países, en proporción, los países
pobres que cada año pierden cerca de 170.000
millones de dólares en ingresos fiscales como
consecuencia de estas prácticas, son los más
perjudicados”2. En el caso de América Latina
y el Caribe, 32 millones de personas saldrían
de la pobreza si los capitales de las élites latinoamericanas escondidos en paraísos fiscales pagarían el correspondiente impuesto a la
renta, según destacó Oxfam.
Ecuador y los paraísos fiscales
En el caso de Ecuador, 3.379 millones de dólares han salido a paraísos fiscales solamente en
los años 2014 y 2015. Esta es una cifra similar
al monto requerido para la reconstrucción de
las provincias de la costa ecuatoriana afectadas por el terremoto de 7.8 grados del pasado
16 de abril.
De acuerdo al Servicio de Rentas Internas
(SRI), de los 200 mayores grupos económicos
existentes, 94 consorcios tienen vinculaciones
con paraísos fiscales. Esta lista incluye bancos
y empresas que mantienen actividades comerciales.
Actualmente, y con el fin de realizar una investigación profunda sobre los paraísos fiscales, a partir de la divulgación de documentos
de Mossack Fonseca, la Comisión de Justicia
de la Asamblea Nacional se encuentra analizando el movimiento de divisas de las principales empresas de grupos económicos.
En la 32ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, argumenté
que los paraísos fiscales son una aberración
económica que impide el desarrollo, y por
ende la garantía de los derechos, e insistí sobre la necesidad de crear un instrumento para
erradicarlos.
Pero lo más alarmante es que las élites han sacado del país 30 mil millones de dólares a paraísos fiscales. Imaginemos por un momento
cuántos empleos se pudieron haber generado
si este dinero sin rostro y sin nombre no estuviese escondido en las cajas fuertes de una
banca offshore que lubrica la economía mundial y enriquece a élites globales. ¿Cuántas
escuelas y hospitales se pudieron haber construido si los dueños de este capital hubiesen
pagado sus impuestos?
Resulta vital, en este sentido, sensibilizar a la
comunidad internacional sobre la importancia
de esta lucha para el desarrollo de nuestros
1 Andes, President Rafael Correa commits to end
offshore secrecy. http://www.andes.info.ec/en/
news/president-rafael-correa-commits-end-offshoresecrecy.html Agencia Andes, 9 de junio de 2016.
Fecha de consulta: 1° de agosto de 2016.
Ecuador lleva su propuesta
al ámbito mundial
2 Oxfam International, 300 economistas advierten
que los paraísos fiscales “carecen de un propósito
económico útil”. 9 de mayo de 2016. https://www.
oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/201605-09/300-economistas-advierten-de-que-los-paraisos-fiscales. Fecha de consulta: 1° de agosto de
2016.
Si bien a nivel doméstico Ecuador impulsa la
consulta popular, a nivel internacional el país
lidera importantes y novedosas iniciativas de
15
para dar a conocer sus propuestas y sensibilizar a la opinión mundial sobre el daño que
provocan los paraísos fiscales.
pueblos y alcanzar alianzas estratégicas para
fortalecer nuestra propuesta a nivel internacional. No obstante, los resultados no se han
hecho esperar. En el pasado mes de junio, el
Comité de Descolonización de Naciones Unidas incorporó una propuesta de Ecuador, en
la que insta a las potencias coloniales “a que
no emprendan ningún tipo de actividades ilícitas, nocivas e improductivas, incluida la utilización de los territorios no autónomos como
paraísos fiscales”.
Súmate al Pacto Ético
Nuestro país mantiene un compromiso irrestricto para garantizar la transparencia en todos los estamentos de la sociedad. Continuaremos con nuestra campaña global para poner
fin a los paraísos fiscales e invitamos a todos
los Estados de la comunidad internacional a
unirse al #PactoEticoYa, demostrando su verdadero compromiso con la ética y la transparencia; actuando sobre las jurisdicciones con
prácticas fiscales, y a renovar su compromiso
por un mundo justo y solidario.
Por otro lado, en septiembre de este año, el
gobierno propondrá a la Asamblea General de
la ONU que se incluya en agenda el debate
sobre este tema, así como una propuesta internacional que prohíba los paraísos fiscales.
Ecuador lanzará una campaña internacional
16
516
ago/2016
No sólo extraen commodities
Hernán Cortes
L
a planificación fiscal agresiva dentro del
sector extractivo, y el impacto de estas estrategias, afectan a gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, no hay dudas de que el impacto en los países en desarrollo es mayor.1 La
creación de un órgano de toma de decisiones
en materia fiscal internacional, global y de carácter inclusivo dentro de la ONU es necesaria
para frenar esta extracción de recursos, conseguir justicia fiscal y ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo y reducir la desigualdad.
2015.3 Fruto de su uso y, por ejemplo, combinado con el régimen fiscal especial en las Islas
Canarias –según PwC “de los más atractivos de
Europa”4– varias empresas están trasladando
su sede a territorio español.5 El uso de las
ETVE para ‘optimización fiscal’ no es, sin embargo, un fenómeno reciente. En el año 2011
se descubrió que en Madrid la sede del gigante
petrolero ExxonMobil (ExxonMobil España) logró en 2008 y 2009 casi 10.000€ millones de
beneficio neto sin pagar ni un euro de impuestos6 con un sólo trabajador.7
La historia de los grandes grupos empresariales ligados a la extracción de recursos naturales y artimañas fiscales varias es larga. En
España, a mediados de los noventa, el gobierno creó un vehículo para inversores extranjeros denominado Entidades de Tenencia de
Valores Extranjeros (ETVE).2 El objetivo era
claro y sencillo: atraer inversores ofreciéndoles la posibilidad de canalizar dividendos y
ganancias varias a través de este mecanismo
bajo una fiscalidad nula. Desde ese momento
el flujo de inversiones que reciben las ETVE
ha ido aumentando, hasta el punto que en
el primer cuatrimestre de 2016 éstas se han
multiplicado en un 1000% en comparación con
En Australia, país que alberga enormes reservas de uranio, gas y carbón, entre otros, los
casos en los que grandes empresas extractivas
se han visto relacionadas con ingeniería fiscal
para reducir su factura en el país son varios.
A consecuencia de ello, el Senado australiano
estableció un comité sobre elusión fiscal.8
3 Luis A. Torralba, «La inversión extranjera en
sociedades exentas de impuestos (ETVE) se dispara
más de un 1.000% - Valencia Plaza», Valencia Plaza,
23 de junio de 2016, http://valenciaplaza.com/
la-inversion-extranjera-en-sociedades-exentas-deimpuestos-etve-se-dispara-mas-de-un-1000.
4 PwC, «Spain - Corporate tax credits and incentives», PwC Worldwide Tax Summaries, 2016, http://
taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/
ID/Spain-Corporate-Tax-credits-and-incentives.
1 94 de ellos (33 en América Latina y Caribe) son
considerados por la Conferencia de la ONU sobre
Comercio y Desarrollo como Países en Desarrollo
Dependientes de Commodities. Un país se considera
dentro de este grupo cuando más del 60% de sus
exportaciones de productos son materias primas.
5 Recientemente la empresa Gerdau se trasladó a
las Canarias. http://www.abc.es/espana/canarias/
abci-aceristica-gerdau-viene-vacaciones-fiscalescanarias-201607131751_noticia.html
UNCTAD, «State of Commodity Dependence 2014»
(Geneva: UNCTAD, 2015).
6 En 2009 ExxonMobil España tuvo una base imponible negativa con lo que recibió un crédito fiscal.
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Entidades_de_tenencia_de_valores_extranjeros
7 Miguel Jiménez, «La mayor empresa del mundo
utiliza España como paraíso fiscal | Edición impresa | EL PAÍS», El País, 27 de febrero de 2011,
http://elpais.com/diario/2011/02/27/economia/1298761201_850215.html.
Hernán Cortes es analista político de Justicia
Fiscal en Eurodad - European Network on Debt
and Development. Está dedicado a los temas
de las industrias extractivas.
8 Es el caso del gigante petrolero anglo-holandés
Royal Dutch Shell investigado por la Oficina de Asuntos Fiscales (la empresa presentó alegaciones para
17
y otras firmas que reducían su factura fiscal,
es lo que se conoce como LuxLeaks;11 ya en
2015 vieron la luz el número de cuentas y las
nacionalidades de individuos en un banco Suizo, el Swiss Leaks;12 finalmente, ya en 2016,
se filtraron los nombres y las conexiones de
millones de cuentas de un bufete de abogados
en Panamá, Mossack Fonseca, fue el Panama
Papers.13
No sólo es en Australia o en España donde se
dan casos de elusión y/o evasión fiscal, falta
de transparencia, etc. sino que se trata de un
problema global que afecta tanto a las grandes
economías del mundo como, de forma especial por el impacto en sus arcas, los países en
desarrollo. En estos últimos, el extractivismo
se convierte en una de las principales fuentes
de ingresos, hecho que acentúa aún más los
problemas derivados del uso de los paraísos
fiscales por parte de la industria extractiva.9
En todas estas filtraciones sobre marañas fiscales tanto de individuos como de empresas,
el sector de las extractivas ha tenido gran relevancia. Como ejemplo en el caso LuxLeaks
dos grandes empresas relacionadas con el
sector de la energía aparecen en los papeles
publicados, se trata de la rusa Gazprom14 y
de la canadiense Yamana Gold.15 En los documentos se especifica el cambio de estructura
de la empresa para poder reducir la factura
fiscal dirigiendo diferentes operaciones hacia
Luxemburgo.
El sector extractivo en las filtraciones
En los últimos años, diferentes filtraciones
por parte de lo que se conoce en inglés como
whistleblowers han sido reveladas por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (International Consortium on Investigative Journalism en inglés) relacionadas
con temas fiscales. Así en 2013 se publicó una
primera filtración de cuentas de personas en
una compañía de las Islas Vírgenes Británicas,
el Offshore Leaks;10 en noviembre de 2014 se
revelaron los acuerdos fiscales (tax rulings
en inglés) entre el gobierno de Luxemburgo y
cientos de empresas firmados a través de PwC
En los Panama Papers, millones de datos aún
deben ser analizados con detalle a pesar de
que la información revelada es escasa. Aquí
también las empresas extractivas e individuos
relacionados con ellas aparecen de forma directa o indirecta. Empresas canadienses (aunque han negado su implicación),16 o de Tanzania17 figuran entre los supuestos nombres
incluidos en los papeles de Panamá.
defenderse de las acusaciones https://es.scribd.
com/document/273463825/Shell-Submission-to-Senate-inquiry) junto a otras empresas como Glencore
(que presentó alegaciones http://www.glencore.
com/assets/public-positions/doc/20150202-SenateCommittee-on-Corporate-Taxation.pdf), Chevron
(que negó las acusaciones http://bit.ly/2axZXIH)
Rio Tinto o la propia ExxonMobil (http://www.
businessinsider.com.au/joe-hockey-is-going-to-target-30-companies-for-tax-avoidance-2015-8); Adani
conglomerado empresarial de la India que fue también investigada por el uso de estructuras con base
en Singapur, las Islas Caimán y Mauricio, así como
poca transparencia respecto al beneficiario último de
algunas de las estructuras (http://bit.ly/2aIUVs0);
o la ya mencionada Glencore, obligada a pagar unos
40$ millones para regularizar su situación fiscal en
Australia después de una investigación (http://bit.
ly/1IAgENi).
El impacto en el desarrollo
Sea cuál sea el motivo de la presencia de
empresas e individuos en paraísos fiscales o
11 https://www.icij.org/project/luxembourg-leaks
12 https://www.icij.org/project/swiss-leaks
13 https://panamapapers.icij.org/
14 https://www.documentcloud.org/
documents/1345505-gazprom-2009-tax-ruling.html
15 https://www.documentcloud.org/
documents/1345881-yamana-gold-2010-tax-ruling.
html
9 A modo de ejemplo, las exportaciones de materias primas suponen un porcentaje elevado del PIB
de varios países como Angola (57,4%), Bolivia (40,5%)
Malawi (18,9%), Mongolia (38%) Mozambique (24,5%),
Perú (18,6%), Zambia (37,4%). Datos de UNCTAD ibid.
16 http://www.nationalobserver.com/2016/05/25/
news/vancouver-has-hundreds-addresses-linkedpanama-papers
10 https://offshoreleaks.icij.org/
17 http://allafrica.com/stories/201605110950.html
18
516
ago/2016
países que permiten artimañas fiscales, cabe
decir que muchas de las operaciones que se
realizan no son ilegales. No obstante los efectos son sentidos en todos los países, y los más
afectados son las sociedades de los países en
desarrollo. Éstos acostumbran ser grandes productores de materias primeras (hidrocarburos, minerales, cereales, etc.), hecho que les
otorga un poder respecto a los países consumidores dependientes de estos recursos pero, en
contraposición, los expone a los vaivenes de la
inversión, inserción en la economía global y al
rol de las grandes empresas transnacionales.
Todo ello genera, por un lado, la concesión de
diferentes incentivos fiscales a estas empresas
para la extracción de los recursos naturales18
y, por otro lado, facilita el uso de paraísos fis-
cales repartidos por todo el mundo que generan otra extracción de recursos enormes, en
este caso económicos.
Desde la sociedad civil, hace años que se van
proponiendo varias medidas para poder contrarrestar esta dinámica y poner fin a esta carrera hacia el fondo. Entre ellas, la creación
de un órgano intergubernamental sobre cuestiones fiscales en la ONU; el reporte público
país por país de las empresas multinacionales;
la creación de registros públicos sobre beneficiarios finales o efectivos; la eliminación de
incentivos fiscales o al menos el estudio de su
uso; o la publicación de los acuerdos fiscales
entre empresas y gobiernos.
En las manos de los gobiernos y la presión por
parte de la sociedad civil y otros actores está
el poder poner fin a la extracción de unos recursos que permitirían la financiación de los
objetivos de desarrollo y reducir la desigualdad en el mundo.
18 Según un estudio de la CIAT, los incentivos
fiscales cuestan en promedio 4,35% del PIB de los
países de América Latina (http://www.ciat.org/index.php/blog/item/146-incentivos-tributarios-otravez.html#_ftn2)
19
20
516
ago/2016
Perú: repercusiones
de los Papeles de Panamá
Rodolfo Bejarano
E
sectores como la minería, agroindustria, forestal, financiero, inmobiliario, entre otros. Como
era de esperarse, en el listado están presentes
algunas de las familias más poderosas del país.
Apellidos como Wiese, Ivcher, Letts, Gubbins y
Wong, asi como algunos de los personajes más
influyentes de la televisión y la gastronomía,
como Magaly Medina y Gastón Acurio, son parte
de la base de datos que revelara el consorcio
de periodistas y sus asociados en Perú.
n el Perú la revelación de los Papeles de Panamá se dio en un contexto de turbulencia
electoral en el que muchos de los postulantes
a la conducción del país se vieron de alguna
forma envueltos por el uso y abuso de entidades offshore creadas con diversas finalidades,
que van desde la realización de operaciones
comerciales y empresariales para no pagar
impuestos hasta el ocultamiento de los verdaderos dueños que están detrás de empresas
que pretenden contratar con el Estado o que
han servido de canales para financiar campañas electorales.
Los hechos parecen demostrar que el auge de
alguna actividad altamente rentable o boom de
algún sector económico, en lugar de generar
mayores ingresos al fisco debido a las grandes
ganancias que se obtienen, y por lo tanto mayor pago de impuestos, lo primero que sucede
es que se busca la forma de minimizar todo lo
posible las obligaciones tributarias o de ocultar
dinero sucio por medio de diversos canales. Parece ser que estos sectores e individuos resultan ser altamente atractivos para aquellos asesores legales y contables que saben cómo sacar
provecho a la existencia de guaridas fiscales.
Al igual que en los casos más sonados a nivel
global, son diversos los ámbitos a los cuales
pertenecen los personajes que han recurrido a
los servicios del tristemente famoso bufete de
abogados Mossak Fonseca. Gracias al trabajo
de investigación de medios como Convoca, IDL
reporteros y Ojo Público, tanto políticos como
empresarios y personajes del espectáculo han
ido apareciendo como vinculados a estas prácticas, siendo además facilitadas por estudios
de abogados –muchos de ellos de renombreque han servido de intermediarios entre los
clientes y la firma panameña.
El destape de los PP generó una reacción casi
inesperada de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria –Sunat–
al tomar las riendas del asunto y allanar el inmueble donde reside la persona responsable de
representar a la firma panameña en el Perú,
logrando incautar archivos e información contable y financiera de Mónica de Ycaza. Aunque
la intervención se hizo operativa una semana
después de que los PP salieran a la luz, la autoridad tributaria tuvo que esperar a que se
contara con la autorización del Poder Judicial y
el apoyo de la fiscalía especializada en delitos
tributarios, para acceder a documentos físicos
así como a archivos electrónicos que pudieran
Según la información presentada por estos medios, existen más de un centenar de personas
y empresas peruanas que han gestionado la
creación de empresas offshore recurriendo a
los servicios de Mossack Fonseca, vinculadas a
Rodolfo Bejarano es ingeniero económico peruano, especializado en fiscalidad e industrias
extractivas; actualmente es Coordinador de
Investigaciones de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos.
21
comerciales, las que en gran parte involucran a
filiales ubicadas en paraísos fiscales. La Sunat
calculó que entre 2006 y 2015 las operaciones
que han realizado los principales contribuyentes con paraísos fiscales han pasado de 6,500
millones a 13,700 millones de soles, es decir,
estas operaciones se han más que duplicado en
una década1. De este monto, la mayor parte
corresponde a operaciones realizadas con Islas
Caimán, Panamá, Hong Kong y Barbados.
servir de prueba irrefutable para las autoridades sobre las operaciones de esta entidad que
no estaba inscrita en registros públicos.
De aquella intervención, a pesar que se anunció la creación de un grupo de investigación especial, hasta ahora no hay ninguna novedad sobre procesos o sanciones a los involucrados en
los casos relacionados a los Panama Papers, lo
que al parecer es producto de una inicial emoción que se ha ido diluyendo en el tiempo. Incluso, casi al mismo tiempo de la subsecuente
salida de más casos y destapes como producto
de las investigaciones periodísticas, la Sunat se
acordó de los evasores de impuestos locales de
poca monta que venden su imagen y presencia
en espectáculos privados y que les permite tener lujos de la noche a la mañana. La prioridad
no debe ir por ese lado.
Si bien existe un trabajo de fiscalización y
control que realiza la administradora tributaria, esta no se da abasto para poder abarcar la
totalidad de contribuyentes y mucho menos la
totalidad de operaciones que pueden ser sospechosas de fraude tributario, lo que, según la
OCDE, le significa al Perú una pérdida de unos
300 mil millones de soles2. Una de las maneras para atacar este problema es a través de la
aplicación de normas que le den mayores facultades a la Sunat para poder controlar dichas
prácticas. Una de ellas es la “Clausula General
Antielusiva Tributaria”, más conocida como la
Norma XVI, que pese a haber sido propuesto
por el Ministerio de Economía y Finanzas –MEF–
allá por el año 2012, esta norma se quedó estancada en el Congreso debido a la pugna de
intereses empresariales para evitar que sea
aprobada.
Una política imprescindible
El reciente ganador de la contienda electoral,
Pedro Pablo Kuczynsky, y su partido político no
han dicho nada respecto a las posibles medidas
que se deberían tomar para evitar que se den
estas formas de evasión y elusión, medidas que
deberían ser parte de una política que ahora se
torna imprescindible dada la caída de ingresos
tributarios producto de los menores precios internacionales y de las reformas que trajeron la
paulatina reducción de las tasas de impuesto a
la renta. Según la Sunat la recaudación en el
2015 cayó en 3.15% respecto al año anterior,
debido principalmente a la menor recaudación
del impuesto a la renta a las empresas y personas, es decir, hay una mayor carga impositiva
que recae en impuestos indirectos, haciendo
más regresivo el sistema tributario.
La Norma XVI no solo constituye una importante herramienta para combatir la elusión, sino
que ya es un requisito indispensable para que
nuestro país pueda estar al nivel de países vecinos que ya la están aplicando en un marco de
modernización de sus sistemas tributarios. El
nuevo gobierno entrante tiene en sus manos tomar una decisión que permita, de una vez por
todas, la aplicación de dicha norma para que,
junto a la eliminación del secreto bancario y
tributario, nuestro país pueda dar el gran salto hacia la transparencia y la lucha contra las
prácticas tributarias nocivas.
La planificación fiscal agresiva es la herramienta que usan las empresas para no pagar impuestos aprovechando la desregulación y opacidad del sistema financiero y la competencia
desleal que produce la existencia de paraísos
fiscales. La falsa facturación, la manipulación
de los precios de transferencia y los préstamos
intrafirma son mecanismos bastante usados por
las grandes corporaciones en sus operaciones
1 http://gestion.pe/politica/empresas-realizaronoperaciones-paraisos-fiscales-s-13700-millones-dice-jefesunat-2157782
2 https://poder.pe/2016/07/18/01208-contra-la-elusionfiscal-la-ultima-reforma-de-humala-o-la-primera-de-ppk/
22
516
ago/2016
Justicia fiscal para
los derechos humanos
Aldo Caliari
L
Para quienes están interesados en el tema,
una invalorable contribución fue el informe
presentado a la 26ava sesión del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, en junio del 2014,1 por la Relatoría Especial sobre
Pobreza Extrema y Derechos Humanos (“la Relatora”), en aquel momento ocupada por Magdalena Sepúlveda Carmona.
as políticas económicas, siendo una manifestación del aparato del Estado, no pueden estar exentas y deben más bien ceñirse a
las obligaciones y normativa de los Derechos
Humanos. Una manifestación importante en
los últimos años del progreso del movimiento
de derechos humanos ha sido desarrollar estándares con respecto a políticas económicas.
Esto, sin duda, ha dado inicio a cambios desde
la vía fiscal en el área de la política tributaria
de los países. Además de responder a una lógica jurídica, este desarrollo refleja la reflexión
eminentemente práctica de que los mecanismos de exigibilidad e, incluso, justiciabilidad
de los derechos, si se manejan con exclusión
de políticas económicas que determinan el resultado de varias medidas de goce y protección de derechos, terminan siendo altamente
insuficientes para garantizar dicho goce.
El Informe llena un vacío en más de un sentido. Al decidirse a ir más allá de la cuestión del
gasto –que frecuentemente había sido objeto
de análisis desde la perspectiva de derechos
humanos– y enfocarse en la de la recaudación,
el Informe ofrece un bienvenido complemento. El gasto, visto sin su inevitable relación
con el ingreso –cuánto, cómo y de quién se
recauda– siempre se quedaría en un estudio
sesgado del impacto que las políticas del Estado están teniendo en los derechos de la población. Un claro ejemplo lo da el informe al
examinar el umbral tributario para empezar a
cobrar impuesto a las ganancias: si es demasiado bajo, se corre el riesgo de estar privando de acceso a los medios para gozar de niveles esenciales mínimos de ciertos derechos a
aquellos en situación de mayor pobreza.
Por supuesto, esto debe hacerse sin llegar a
la falacia de condicionar el cumplimiento de
obligaciones de derechos humanos a la obtención de un cierto grado de prosperidad. Pero
sí representa aceptar la realidad de que se lograrán mejores resultados en materia de derechos humanos si se logra que las políticas de
derechos humanos y las económicas operen de
consuno, en vez de en sentidos contrarios.
Asimismo, la Relatora resiste la tentación más
obvia que frecuentemente sugiere esta temática de mirar el aspecto puramente doméstico
de la recaudación, y aborda el tema de manera balanceada. Así, sobre los fundamentos jurídicos planteados por las obligaciones
de asistencia y cooperación internacional e
Aldo Caliari es abogado y director del Center
of Concern Rethinking Bretton Woods Project;
tiene un master en Política Internacional,
trabaja los temas de gobernanza económica
global, deuda, arquitectura financiera internacional, derechos humanos y política económica internacional, en relación al comercio y
las finanzas.
1 Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty
and Human Rights, A/HRC/26/28, 14 de abril 2014 Traducciones de este informe son propias del autor (al no haber
traducción oficial al español).
23
humanos intentaran acotar la flexibilidad con
que los Estados deben contar para responder
a la variedad de situaciones posibles. Pero al
mismo tiempo, un amplio espectro de normas
internacionales de derechos humanos pone
límites a tal discreción. Principios como los
de igualdad y no discriminación, utilización
de los máximos recursos disponibles, niveles
esenciales mínimos, no regresión en goce de
derechos, transparencia y participación, devienen en consecuencias y límites concretos a
la discreción de que dispone el Estado, y como
tales, no pueden ser ignorados a la hora de
diseñar políticas tributarias.
invocando los Principios de Maastricht sobre
Obligaciones Extraterritoriales en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
empuja las fronteras respecto a la acción
extraterritorial y coordinada en cooperación
tributaria. Abre así una nueva dimensión de
debate donde otrora casi exclusivamente
se viera la contribución de terceros Estados
como una de transferencias directas: “ayuda
para el desarrollo.”
Es preciso reconocer que, toda vez que se
trata la temática de política económica, no
sería prudente que las normas de derechos
Este libro recoge tanto
posicionamientos de coordinaciones
y organizaciones sociales, como
plataformas comunes y normativas
legales que están abriendo brecha
para que esta conquista se haga
realidad, junto con el reconocimiento
pleno del Derecho a la Comunicación.
24
516
ago/2016
Panama papers, flujos
financieros ilícitos y género
Verónica Grondona
L
a filtración de 11 millones de documentos
relacionados con la creación de 214 mil
sociedades offshore en 21 jurisdicciones por
parte de la firma Mossak Fonseca localizada
en Panamá sorprendió a gran parte del mundo. Sin embargo, no había mucho de lo cual
sorprenderse.
senta esta información, entre otras, ante los
tribunales de EEUU–, reveló que el stock offshore de los argentinos hacia el año 2008 en
el Citibank, UBS, HSBC, Credite Suisse, BBVA,
Santander, Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley, sumaba cerca de 85.000 millones
de dólares.
Los “Swissleaks” revelaron en su momento
que los fondos de residentes latinoamericanos
en cuentas del HSBC en Suiza sumaban 52.600
millones de dólares en 2006 y 2007. Las filtraciones de información de Luxemburgo (“LuxLeaks”), por su parte, revelaron casi 28.000
páginas de acuerdos impositivos del gobierno
de Luxemburgo con empresas transnacionales,
que les permitieron a dichas empresas ahorrar
millones en impuestos, en detrimento de los
países donde dichas empresas realizaron sus
actividades económicas.
En este contexto, las sociedades offshore cumplen propósitos claros que son los de ocultar
el origen del dinero, sea porque éste proviene
de la evasión, del narcotráfico, de la trata de
personas o de la corrupción; o porque sirven
a los propósitos de la elusión fiscal y fuga de
capitales. El sistema bancario formal trabaja
de la mano de asesores legales como Mossack
Fonseca y con estudios contables en la articulación de las complejas estructuras que se requieren para ocultar y mover el dinero ilícito.
Impacto en la equidad de género
Por su parte, y según fuera presentado por Gaggero, Rua y Gaggero en el documento sobre
Fuga de Capitales III elaborado con el CEFIDAR1 en el año 2013, el ex-ejecutivo del JP Morgan, Hernán Arbizu –quien actualmente pre-
En cualquier caso, la existencia de estos paraísos fiscales, guaridas fiscales o jurisdicciones
del secreto tiene consecuencias particulares
en la inequidad de género.
1 GAGGERO, J.; RUA, M.; GAGGERO, A. (2013).
Fuga de Capitales III. Argentina (2002-2012). Magnitudes, evolución, políticas públicas y cuestiones
fiscales relevantes. CEFID-AR. Documento de Trabajo
Nº 52. Buenos Aires, Diciembre 2013
En un trabajo recientemente realizado en
conjunto con Nicole Bidegain Ponte y Corina
Rodríguez Enríquez, desarrollamos los canales que conectan la justicia fiscal y la justicia
de género2. Estos canales se observan, por un
Verónica Grondona es economista, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación
Floreal Gorini (CCC). Desde hace algunos años
se dedica a la investigación de flujos financieros ilícitos, evasión y elusión fiscal a través de
los mecanismos de precios de transferencia.
2 Bidegain Ponte, Grondona y Rodríguez Enríquez
(2016, próximamente). Una versión anterior (“Curbing Illicit Financial Flows and dismantling secrecy
jurisdictions to advance women’s human rights”)
fue presentada en el Taller de Investigación sobre
Corrupción y el rol de los paraísos fiscales realizado
en City University London, el 28 y 29 de abril de
25
lado, mediante la manera en que la evasión y
la elusión fiscal lograda a partir de estrategias
de planificación fiscal que involucran la utilización de sociedades localizadas en jurisdicciones del secreto financiero, socavan cualquier posibilidad de financiamiento para la
equidad de género y los derechos de las mujeres; y tienen efectos negativos en la equidad
vertical y la progresividad de los sistemas tributarios que afectan a las mujeres de manera
desproporcionada. Por el otro, mediante el rol
de las jurisdicciones del secreto financiero y
las redes globales de facilitadores para posibilitar los flujos financieros ilícitos resultantes
del tráfico de personas, que afecta mayoritariamente a las mujeres y niñas (el 49% de las
víctimas de la trata de personas son mujeres,
el 21% niñas, el 18% hombres y el 12% niños; a
nivel internacional, según datos de UNODC3).
tiene un impacto en la inequidad de género,
dado que las mujeres suelen estar sobre representadas en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Las políticas fiscales no son neutrales, pueden
promover la equidad de género, pero también
pueden perpetuar las inequidades existentes;
ya que mujeres y hombres son impactados de
manera diferente como consumidores, productores o responsables de la “economía del
cuidado” en los hogares.
En algunos casos se ha encontrado incluso que
el dinero es desviado a compañías de responsabilidad limitada, legalmente constituidas,
simulando el pago de servicios de difícil verificación (una operación que también suele analizarse en el marco de la manipulación de los
precios de transferencia a los fines de la minimización del impuesto). Tales movimientos
de dinero dificultan a las autoridades locales
seguir la ruta del dinero y crean una distancia
entre los crímenes y las actividades ilícitas y
la riqueza que generan.
Por otra parte, las técnicas de lavado de dinero
utilizadas en casos de tráfico de personas son
similares a las utilizadas en otros crímenes.
Entre los distintos mecanismos para la colocación de los activos fruto de la trata de personas se encuentra el uso del sistema bancario formal e informal, de compañías offshore,
trusts, y compañías cáscara; la combinación
de los fondos provenientes de la trata con
aquellos provenientes de negocios legítimos;
la utilización de compañías de exportación e
importación para desviar las utilidades; compañías registradas en diferentes países y cuentas registradas bajo dichas compañías.
En este sentido, cuando la habilidad del Estado de recaudar se encuentra disminuida, las
estructuras tributarias tienden a compensar la
falta de recursos mediante mayores impuestos a contribuyentes pequeños y medianos; y a
las personas. Por lo tanto, cuando los Estados
no atacan la evasión y la elusión fiscal, terminan beneficiando a los individuos más ricos
en detrimento del resto de la población; más
aún, la posibilidad de utilizar la elusión fiscal, sociedades localizadas en jurisdicciones
de nula y baja tributación y en jurisdicciones
del secreto financiero proporciona ventajas
muy significativas a los grupos transnacionales
por sobre las entidades locales; y ello también
Las corporaciones en la mira
Finalmente, resulta evidente que el tráfico
de personas, en particular el que tiene como
finalidad la explotación laboral, involucra a
corporaciones. Varias multinacionales han
sido denunciadas internacionalmente por la
explotación de trabajadores, trabajo infantil,
o tráfico de personas; tal es el caso de Nike,
Inditex, Nestlé, ADM, y Cargill, entre otras.
2016; organizado por Association for Accountancy &
Business Affairs, City University, y Tax Justice Network. Ver http://www.taxjustice.net/wp-content/
uploads/2013/04/IFF_Gender-Grondona_Bidegain_
Rodriguez.pdf
Los casos de trata de personas para su posterior explotación laboral se constituyen en el
eslabón inicial de una cadena de riqueza global que se inicia con la explotación de personas, en ocasiones como parte de la producción
3 UNODC (2014) “Global Report on Trafficking in
Persons 2014”
26
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ago/2016
pocos casos de tráfico de personas a nivel internacional, esto puede deberse al hecho de
que muy pocos casos llegan a la corte, y obtienen un fallo; y a que, por lo general, cuando
esto ocurre, la información de la red que se
logra tener involucra a los eslabones más pequeños de las redes de trata de personas.
de bienes que luego serán vendidos por empresas transnacionales alrededor del mundo,
utilizando complejas estructuras para canalizar los beneficios por vía de entidades localizadas en jurisdicciones del secreto o de baja y
nula tributación.
Aun cuando las jurisdicciones del secreto financiero han aparecido relacionadas con muy
27
Los Papeles de Panamá,
la urgencia de la acción
Susana Ruiz
L
ciaban a bombo y platillo el fin “de la era de
los paraísos fiscales y el secreto bancario”. Lo
cierto es que la inversión que se dirige hacia
los paraísos fiscales se ha multiplicado por 4
en estos últimos 15 años, creciendo al doble
en velocidad que la economía mundial. Es evidente que nada en la agenda política internacional ha frenado su multiplicación, porque
esta economía offshore no es solo una inercia
de crecimiento, sino un auténtico modelo económico, apertura y globalización de los modelos comerciales y de inversión, con graves vacíos en los mecanismos de control y peligrosas
deficiencias en la arquitectura internacional.
os papeles de Panamá han tenido un efecto
mediático y político abrumador. Sin duda
alguna, se trata de la mayor filtración de la
historia: 11,5 millones de documentos, más de
200.000 sociedades offshore creadas a lo largo
de 35 años, de todos los continentes. Por eso
nos golpean tan fuerte, porque es inevitable
la sensación de estupor ante la impunidad con
la que aparentemente se ha venido operando.
Presidentes, ministros, futbolistas, actores…
pero también médicos o empresarios, de todos los continentes sin excepción. En su mejor momento, Mossack Fonseca, el despacho
de abogados en el epicentro de este tsunami, creó 13.000 sociedades offshore al año,
una cada diez minutos. Sociedades de testaferros, diseñadas específicamente para la
ocultación de sus propietarios reales y de sus
actividades, con estructuras en cascada que
entorpecen hasta casi lo imposible el trabajo
de verificación que puedan hacer las administraciones tributarias, que cuentan, ellas, con
un mandato nacional. Sociedades diseñadas
también en cómo aprovechar mejor las disfunciones del sistema fiscal internacional, el
“treaty shopping”.
La segunda evidencia es que la evasión y elusión fiscal también tienen cara latinoamericana, tocan a todos los países sin excepción.
CEPAL calcula que la región pierde cada año
320.000 millones de dólares de ingresos fiscales por esta vía. Oxfam calculaba recientemente que en un país como El Salvador, la
inversión en paraísos fiscales se ha multiplicado por 18 en estos últimos 15 años, y llega ya
a alcanzar el 7% del PIB del país. Lo curioso
es que Holanda y Suiza son dos de los destinos hacia los que el incremento ha sido más
brutal, multiplicándose por 353 y 619 veces,
respectivamente, en el mismo periodo. ¿Qué
tendrá Holanda, que se ha convertido ya en el
primer punto de origen de la inversión hacia
América Latina y el Caribe, por delante incluso de Estados Unidos y España?
Los Papeles de Panamá nos ponen de cara ante
varias evidencias. La primera, los paraísos
fiscales siguen existiendo. Quizás parezca
una obviedad, pero estos últimos años hemos
debido sufrir discursos triunfalistas, en especial desde el famoso G20 de 2009 en el que los
entonces presidentes Sarkozy o Brown anun-
Paraísos fiscales: tóxicos e
improductivos
Susana Ruiz es experta en gobernanza y el
sector privado. Actualmente coordina el tema
tributario para la región de América Latina y el
Caribe en Oxfam Intermon.
Sin embargo, este no es un juego de suma
cero. La realidad es que los paraísos fiscales
28
516
ago/2016
que está detrás de ésta y otras filtraciones,
mostraba cómo, cuando el marco legislativo
se modificó en las Islas Vírgenes Británicas y
se suprimió la posibilidad de tenencia de acciones al portador, la “producción” de sociedades offshore se trasladó a otras jurisdicciones donde aún se lo toleraba.
son tóxicos e improductivos. Todo lo que se
escapa por esta vía lo pagamos los ciudadanos, es una perversión bochornosa del modelo
social. Cuando merman los recursos públicos,
se estrecha la capacidad del Estado de invertir en políticas públicas vitales para reducir la
pobreza y la desigualdad o para garantizar la
dignidad de las personas.
Sí hay salidas
El mismo día en que los Papeles de Panamá
estallaron, se anunciaba que en Argentina,
desde que empezó el mandato de Mauricio
Macri, apenas 115 días antes, 1,4 millones
más de personas viven en la pobreza. Un balance demoledor: 12.000 pobres más al día. El
presidente Macri, que también ha aparecido
implicado en esta filtración, anuncia una amnistía fiscal como una de las vías para repatriar estos capitales fugados. Y así acabamos
de cerrar el doble círculo de la injusticia: agujeros fiscales que se han dejado libres, por los
que han circulado con cierta facilidad estos
capitales, que luego podrán regresar mediante un bochornoso tratamiento privilegiado. En
España, como el propio Ministro de Hacienda
reconocía, muchos de los nombres que han
aparecido vinculados a los Papeles de Panamá
se acogieron hace un par de años a la amnistía
fiscal (o “regulación extraordinaria” como tan
eufemísticamente se llamó). La amnistía fiscal, claramente, no es la solución.
No se trata de tapar parches, sino de poner
en marcha un plan de acción férreo e integral
contra los paraísos fiscales, contra la evasión
y elusión fiscal. Y este plan requiere voluntad
política. Por eso, quizás otra de las evidencias
demoledoras de los Papeles de Panamá es tan
preocupante: al menos 128 dirigentes y altos
funcionarios políticos han aparecido expuestos. Quizás esta es una de las razones por las
que los avances en las agendas políticas internacionales y nacionales no han logrado calar
hondo. O al menos, no tanto cómo para erradicar esta lacra.
La lucha contra la competencia fiscal desleal,
contra la carrera a la baja que activan los
paraísos fiscales, tiene soluciones concretas.
Desde el incremento de la transparencia en
los titulares reales de las sociedades, fideicomisos, fundaciones y cuentas bancarias en paraísos fiscales a través de un registro público
centralizado, hasta el establecimiento de sanciones para el uso y abuso de estas jurisdicciones. Pero quizás es hora de plantear además
otras alternativas, como retomar el control
de la responsabilidad fiscal en la contratación
pública o poner candados a la tenencia de activos y capitales por parte de cargos públicos
en paraísos fiscales como está ahora proponiendo el Presidente Correa en Ecuador. Hay
que dar pasos que devuelvan la confianza a la
ciudadanía más allá de la retórica.
La realidad es que los paraísos fiscales son el
resultado del desgobierno internacional y la
debilidad nacional. Son un auténtico problema
sistémico que permite trasladar artificialmente beneficios y capitales de grandes fortunas y
empresas lejos de las arcas públicas de la mayoría de los países. Pero no se trata de demonizar sólo a Panamá, más de 50 jurisdicciones
igualmente nocivas han aparecido vinculadas
a este escándalo. El mismo ICIJ, el Consorcio
Internacional de Periodistas Independientes
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