Su etimología nos lleva a la palabra latina paupertas, que remite originalmente a la condición de pauperos que significa, literalmente, parir o engendrar poco y se aplicaba al ganado y, por derivación, a la tierra pobre, es decir, infértil o de poco rendimiento. De esta acepción de pobreza como falta de potencialidad o capacidad de producir deriva un concepto distinto que apunta a la carencia misma de una serie de bienes y servicios básicos. Este es el origen del concepto de pobreza. También surgió tempranamente el concepto de pobreza como contraposición al de riqueza, donde el sentido de cada uno de estos términos se define por la relación misma entre ellos. La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el resultado de procesos de exclusión, segregación social o marginación. En términos generales, la pobreza se refiere a la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable (PNUD, 1997). Todo el mundo desea lograr una mejor calidad de vida, aunque pocas personas puedan definir con precisión qué entiende o qué significa para ella “calidad de vida”. Si la clave de una buena calidad de vida fuera simplemente tener un buen ingreso, los gobiernos podrían concentrar sus esfuerzos en el crecimiento económico e ignorar qué necesita la gente para desarrollarse y la sociedad para lograr el bien público. La realidad es muy distinta. En cualquier sociedad democrática, los gobiernos y los sistemas políticos que los incluyen son juzgados no sólo por la calidad de los resultados macroeconómicos, sino por su capacidad para interpretar y responder a las demandas del electorado en los más diversos frentes, desde la seguridad nacional hasta el acceso a la justicia, y desde la provisión de servicios públicos domiciliarios hasta el funcionamiento de los hospitales y las escuelas. En las distintas acepciones se reconoce que se trata de un concepto amplio, que abarca más que el enfoque de “condiciones de vida”, el cual se centra en los recursos materiales al alcance de los individuos. La calidad de vida comprende también las circunstancias en que se desarrolla la vida de las personas. En América Latina, el concepto de exclusión ha sido utilizado con algunas variaciones en diferentes contextos para explicar los fenómenos de marginalidad y pobreza que se observan en el continente. La noción de exclusión social hace referencia a un conjunto de procesos que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales frente a factores de riesgo que pueden llevarlos a una situación de pobreza y vulnerabilidad social. Exclusión social es un concepto multidimensional que tiene, al menos, cuatro características. La primera es el hecho de que algunos grupos son excluidos, a través de formas no económicas, del acceso a los bienes básicos y a los servicios que determinan el capital humano. Hay grupos que no tienen el mismo acceso a la educación, a la salud y a otros servicios, incluso si uno solo toma en cuenta las diferencias económicas de ingresos. Es claro que existe una discriminación en los accesos, debida a otros factores que pueden ser parte de una definición de la exclusión social. La segunda característica es el acceso desigual a los mercados de trabajo y a los mecanismos de protección social de las instituciones tanto formal como de las informales. Aun para las personas con similares niveles de capital humano y calificación parece haber un importante elemento de discriminación que debemos considerar como parte de lo que uno definiría como exclusión social, más allá de consideraciones puramente económicas. La tercera característica se refiere a la exclusión de los mecanismos participativos, mecanismos que por medio de la participación de diversos grupos sociales afectan el diseño, la implementación y la evaluación de programas y proyectos del sector público. Finalmente, la cuarta, y la más general de las características, es la exclusión en el sentido del desigual acceso en la práctica al ejercicio completo y protección de los derechos políticos y las libertades civiles, incluyendo la negación de derechos humanos básicos. Obviamente, estas cuatro características están interrelacionadas, de alguna manera, la exclusión de las dos últimas puede explicar el por qué algunos grupos de personas son excluidos de las dos primeras. Si una persona no participa igualitariamente en los procesos políticos, o si no tiene la oportunidad de participar en condiciones de igualdad dentro de un grupo social en el diseño de programas, no puede sorprender que él o ella sean discriminados en el acceso a los programas y a las instituciones que controlan la operación de los mercados de trabajo. Es un método indirecto ya que lo que identifica es la satisfacción potencial de las necesidades, identifica a los pobres como aquellas personas con un ingreso deficiente. Este método se relaciona con la definición de pobreza como estándar de vida ya que considera pobres a las personas cuyo ingreso no es suficiente para mantener un nivel de vida considerado mínimo. Tras el método de la línea de pobreza subyace la idea de que la pobreza es el resultado de la distribución desigual del ingreso, producto de un desarrollo insuficiente de la región o de la concentración de ingresos en ciertos sectores de la sociedad. NO POBRES POBRES POBRES EXTREMOS 525.960 URBANA 317.510 RURAL LINEA DE POBREZA TOTAL (LPT) 325.707 URBANA 225.470 RURAL LINEA DE POBREZA (LP) La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República, elaboro una Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2010, ejecutada entre los meses de octubre y diciembre del 2010. El propósito es ofrecer información sobre los principales indicadores de pobreza en el Paraguay La ejecución de la Encuesta Permanente de Hogares 2010, implicó la entrevista de 20.475 personas correspondientes a 5.003 hogares de las áreas urbanas y rurales del país (a excepción de Boquerón y Alto Paraguay que representan aproximadamente el 2% de la población total del país). El valor de la línea de pobreza de los años posteriores a 1998 se actualiza mediante el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) estimado por el Banco Central del Paraguay (BCP). Cubrir los requerimientos energéticos de la población y la mayor proporción posible de nutrientes. Para los requerimientos alimentarios se consideran criterios normativos de acuerdo con recomendaciones nacionales e internacionales y se establece un requerimiento energético por unidad consumidora debiendo ser diseñada al menor costo posible. Es necesario tener en cuenta que una CBA no es sinónimo de una alimentación saludable ni de lo que las personas deben comer, sino solo una adaptación (aplicando criterios normativos y económicos) de lo que se come en los hogares. No debe confundirse con el uso de una Guía Alimentaria, que sí indica o propone pautas de alimentación saludable. Define a los pobres como aquellas personas que tienen carencias, privaciones o necesidades básicas insatisfechas, sobre todo en materia de servicios públicos: vivienda, agua, drenaje, educación. Considera que la pobreza es producto de la desigualdad en el consumo, en el acceso de los servicios públicos, etc. Se utiliza como base informativa a los Censos y a la Encuesta Permanente de Hogares. Parte de seleccionar las necesidades que se consideran básicas y luego fijar los umbrales mínimos de satisfacción en términos de mercancías.. . Se selecciona un conjunto de necesidades que se consideran básicas para la vida en sociedad. Entre ellas se cuentan necesidades habitacionales, educacionales y ocupacionales y para medir estas necesidades se construyen una serie de indicadores, como por ejemplo: hacinamiento (hogares con más de tres personas por cuarto); vivienda (hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente: pieza de inquilinato, vivienda precaria, etc.); condiciones sanitarias (hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete); asistencia escolar (hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no asista a la escuela); capacidad de subsistencia (hogares que tuvieran una tasa de dependencia económica de tres inactivos por miembro ocupado y jefe con nivel educativo bajo). Se consideran hogares con NBI a aquellos que reúnen al menos una de estas condiciones. Esto se debe a que, al considerar básicas todas las necesidades deben ser cumplidas simultáneamente. A nivel internacional los criterios seguidos en la operacionalización de los métodos de la medición de la pobreza son diferentes. Veamos el caso de las necesidades básicas insatisfechas. En el caso del Paraguay utilizan como indicadores el hacinamiento, la vivienda inadecuada y el saneamiento. Perú adiciona la asistencia escolar y la dependencia económica a los tres antes señalados, y Bolivia aumenta indicadores de salud. Como se puede ver el enfoque es el mismo pero los indicadores utilizados son diferentes, razón por la cual las estadísticas que se obtengan con las necesidades básicas insatisfechas no serán estrictamente comparables por considerar diferentes indicadores. Otro aspecto que impide la comparación es que para un mismo conjunto de indicadores, se están considerando puntos de corte diferentes. Por ejemplo, en Bolivia se considera que hay hacinamiento cuando hay 2.5 o más personas por cuarto. En Paraguay, cuando hay tres o más personas por cuarto, y en Perú cuando hay cuatro o más. El Banco Interamericano de Desarrollo, compara el ingreso con la línea de pobreza para definir la magnitud de la pobreza. Para ello toma en cuenta el costo percápita diario expresado en dólares, define el valor de la línea de pobreza, y el valor de la línea de pobreza total, y luego califica a los hogares como pobres extremos cuando el ingreso del hogar está por debajo de la línea de pobreza extrema; como pobre no extremo cuando el ingreso percápita supera la línea de pobreza extrema pero es inferior a línea de pobreza total. Finalmente califica como no pobre al hogar cuyo ingreso percápita supera a la línea de pobreza total. En este punto podemos concluir que el mensaje que transmitimos es que las estadísticas sobre pobreza disponibles de diferentes organismos internacionales no son estrictamente comparables entre sí, por lo tanto hay que tener sumo cuidado cuando se las emplea. Es recomendable que cuando se evalúa los cambios en el tiempo en los niveles de pobreza de un país, se debe tomar en cuenta una misma fuente y un mismo método. La combinación de datos puede conducir a malas interpretaciones y decisiones. Porque recordemos que estos datos son utilizados por los países para elaborar sus políticas publicas sociales Se calcula que actualmente hay más de mil millones de personas atrapadas en la pobreza absoluta. Según el fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres(UNIFEM), el 70% de ellos son mujeres. Además se estima que 7 de cada 10 personas que mueren de hambre en el mundo son mujeres y niñas. Las mujeres también son el mayor grupo entre los denominados trabajadores pobres, personas que trabajan pero que no ganan lo suficiente para salir de la pobreza absoluta. Según la Organización Mundial del Trabajo, las mujeres constituyen actualmente el 60% de los trabajadores pobres.2 . La mayoría de los pobres viven fuera del amparo del ordenamiento jurídico, sin una protección legal básica que les reconozca derechos sobre sus viviendas, sus bienes y su trabajo arduo. Al no contar con derechos de propiedad, tienen el temor de ser expulsados por la fuerza del lugar donde viven. Puesto que no tienen acceso al sistema de justicia, son víctimas de la corrupción y la violencia. Sin leyes laborales que se hagan cumplir, padecen de condiciones de trabajo poco seguras y abusivas. Si son dueños de una empresa informal, no pueden invocar protección de las leyes comerciales que los empresarios de los países desarrollados dan por sentada; de esta forma, no tienen oportunidades económicas ni en sus propios países ni en el mercado mundial. Muchas de esas personas no fueron inscritas al nacer y no pueden recibir servicios públicos básicos. Sin la defensa de la ley, su capacidad de crear riqueza se ve frustrada; sin acceso a la justicia, se atenta contra su dignidad. La mayoría de los pobres del mundo poseen bienes de algún tipo, pero carecen de medios oficiales de acreditar su propiedad con instrumentos jurídicamente reconocidos, como escrituras, contratos y permisos. Estas personas viven y trabajan en la “economía informal”, donde no hay normas que gocen de reconocimiento amplio y que sean de cumplimiento obligado. Para mucha gente, un conglomerado confuso de reglamentos redundantes y contradictorios imposibilita el acceso al sistema formal. Las leyes y los procedimientos legales que garantizarían los derechos a menudo no se hacen cumplir y no han sido concebidos para beneficiar a los pobres. El empoderamiento jurídico de los Pobres debe ser la primera iniciativa centrada específicamente en el vínculo entre la exclusión, la pobreza y el derecho. Ampliando la protección jurídica y los derechos de propiedad, se liberaría un potencial desaprovechado para reducir la pobreza y conseguir un desarrollo económico de base amplia. Al mismo tiempo, se deben crear sistemas jurídicos que empoderen a miles de millones de personas para mejorar sus propias vidas, y para ello se deberá buscar un consenso sobre cómo lograr ese objetivo. Trabajando conjuntamente con gobiernos y organizaciones multilaterales, no gubernamentales y comunitarias, se podrá forjar ese consenso. Para ello, se examinará los beneficios riesgos reales de extender derechos formales a las personas que viven sin la protección del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta la realidad cotidiana de los vecindarios pobres y asentamientos informales de las distintas partes del país. Para encontrar una solución es también fundamental definir incentivos para que los responsables políticos de alto nivel cambien el statu quo, apoyar medidas que amplíen el acceso a mecanismos justos y previsibles de solución de controversias, y asegurar que los gobiernos a todos los niveles sean más accesibles y transparentes a fin de que los pobres puedan ejercer sus derechos.
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