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Su etimología nos lleva a la palabra latina paupertas, que
remite originalmente a la condición de pauperos que
significa, literalmente, parir o engendrar poco y se aplicaba
al ganado y, por derivación, a la tierra pobre, es decir, infértil
o de poco rendimiento.
De esta acepción de pobreza como falta de potencialidad o
capacidad de producir deriva un concepto distinto que
apunta a la carencia misma de una serie de bienes y
servicios básicos. Este es el origen del concepto de
pobreza. También surgió tempranamente el concepto de
pobreza como contraposición al de riqueza, donde el sentido
de cada uno de estos términos se define por la relación
misma entre ellos.
La pobreza es una situación o forma de vida que surge
como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de
los recursos para satisfacer las necesidades físicas y
psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del
nivel y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, tales
como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia
sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen
considerar la falta de medios para poder acceder a tales
recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel
bajo de los mismos. También puede ser el resultado de
procesos de exclusión, segregación social o marginación.
En términos generales, la pobreza se refiere a la
incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable
(PNUD, 1997).
Todo el mundo desea lograr una mejor calidad de vida, aunque pocas personas
puedan definir con precisión qué entiende o qué significa para ella “calidad de
vida”.
Si la clave de una buena calidad de vida fuera simplemente tener un buen
ingreso, los gobiernos podrían concentrar sus esfuerzos en el crecimiento
económico e ignorar qué necesita la gente para desarrollarse y la sociedad para
lograr el bien público.
La realidad es muy distinta. En cualquier sociedad democrática, los gobiernos y
los sistemas políticos que los incluyen son juzgados no sólo por la calidad de los
resultados macroeconómicos, sino por su capacidad para interpretar y responder
a las demandas del electorado en los más diversos frentes, desde la seguridad
nacional hasta el acceso a la justicia, y desde la provisión de servicios públicos
domiciliarios hasta el funcionamiento de los hospitales y las escuelas.
En las distintas acepciones se reconoce que se trata de un concepto amplio,
que abarca más que el enfoque de “condiciones de vida”, el cual se centra en los
recursos materiales al alcance de los individuos. La calidad de vida comprende
también las circunstancias en que se desarrolla la vida de las personas.
En América Latina, el concepto de exclusión ha sido utilizado con algunas
variaciones en diferentes contextos para explicar los fenómenos de
marginalidad y pobreza que se observan en el continente.
La noción de exclusión social hace referencia a un conjunto de procesos
que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales
frente a factores de riesgo que pueden llevarlos a una situación de
pobreza y vulnerabilidad social.
Exclusión social es un concepto multidimensional que tiene, al menos,
cuatro características. La primera es el hecho de que algunos grupos son
excluidos, a través de formas no económicas, del acceso a los bienes
básicos y a los servicios que determinan el capital humano. Hay grupos
que no tienen el mismo acceso a la educación, a la salud y a otros
servicios, incluso si uno solo toma en cuenta las diferencias económicas
de ingresos. Es claro que existe una discriminación en los accesos,
debida a otros factores que pueden ser parte de una definición de la
exclusión social.
La segunda característica es el acceso desigual a los
mercados de trabajo y a los mecanismos de protección social
de las instituciones tanto formal como de las informales. Aun
para las personas con similares niveles de capital humano y
calificación parece haber un importante elemento de
discriminación que debemos considerar como parte de lo que
uno definiría como exclusión social, más allá de
consideraciones puramente económicas.
La tercera característica se refiere a la exclusión de los
mecanismos participativos, mecanismos que por medio de la
participación de diversos grupos sociales afectan el diseño, la
implementación y la evaluación de programas y proyectos del
sector público.
Finalmente, la cuarta, y la más general de las características,
es la exclusión en el sentido del desigual acceso en la
práctica al ejercicio completo y protección de los derechos
políticos y las libertades civiles, incluyendo la negación de
derechos humanos básicos.
Obviamente,
estas
cuatro
características
están
interrelacionadas, de alguna manera, la exclusión de las dos
últimas puede explicar el por qué algunos grupos de
personas son excluidos de las dos primeras.
Si una persona no participa igualitariamente en los procesos
políticos, o si no tiene la oportunidad de participar en
condiciones de igualdad dentro de un grupo social en el
diseño de programas, no puede sorprender que él o ella sean
discriminados en el acceso a los programas y a las
instituciones que controlan la operación de los mercados de
trabajo.
Es un método indirecto ya que lo que
identifica es la satisfacción potencial
de las necesidades, identifica a los
pobres como aquellas personas con
un ingreso deficiente. Este método se
relaciona con la definición de pobreza
como estándar de vida ya que
considera pobres a las personas cuyo
ingreso no es suficiente para mantener
un nivel de vida considerado mínimo.
Tras el método de la línea de pobreza
subyace la idea de que la pobreza es
el resultado de la distribución desigual
del ingreso, producto de un desarrollo
insuficiente de la región o de la
concentración de ingresos en ciertos
sectores
de
la
sociedad.
NO POBRES
POBRES
POBRES
EXTREMOS
525.960 URBANA
317.510 RURAL
LINEA DE
POBREZA TOTAL
(LPT)
325.707 URBANA
225.470 RURAL
LINEA DE
POBREZA (LP)
La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de la Secretaría Técnica
de Planificación de la Presidencia de la República, elaboro una Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) 2010, ejecutada entre los meses de octubre y diciembre del 2010. El
propósito es ofrecer información sobre los principales indicadores de pobreza en el
Paraguay
La ejecución de la Encuesta Permanente de
Hogares 2010, implicó la entrevista de 20.475
personas correspondientes a 5.003 hogares de
las áreas urbanas y rurales del país (a
excepción de Boquerón y Alto Paraguay que
representan aproximadamente el 2% de la
población total del país). El valor de la línea de
pobreza de los años posteriores a 1998 se
actualiza mediante el valor del Índice de Precios
al Consumidor (IPC) estimado por el Banco
Central del Paraguay (BCP).
Cubrir los requerimientos energéticos de la
población y la mayor proporción posible de
nutrientes. Para los requerimientos alimentarios
se consideran criterios normativos de acuerdo
con
recomendaciones
nacionales
e
internacionales y se establece un requerimiento
energético por unidad consumidora debiendo
ser diseñada al menor costo posible. Es
necesario tener en cuenta que una CBA no es
sinónimo de una alimentación saludable ni de lo
que las personas deben comer, sino solo una
adaptación (aplicando criterios normativos y
económicos) de lo que se come en los hogares.
No debe confundirse con el uso de una Guía
Alimentaria, que sí indica o propone pautas de
alimentación saludable.
Define a los pobres como aquellas personas que
tienen carencias, privaciones o necesidades básicas
insatisfechas, sobre todo en materia de servicios
públicos: vivienda, agua, drenaje, educación.
Considera que la pobreza es producto de la
desigualdad en el consumo, en el acceso de los
servicios públicos, etc. Se utiliza como base
informativa a los Censos y a la Encuesta Permanente
de Hogares. Parte de seleccionar las necesidades
que se consideran básicas y luego fijar los umbrales
mínimos de satisfacción en términos de mercancías..
.
Se selecciona un conjunto de necesidades que se consideran
básicas para la vida en sociedad. Entre ellas se cuentan
necesidades habitacionales, educacionales y ocupacionales y
para medir estas necesidades se construyen una serie de
indicadores, como por ejemplo: hacinamiento (hogares con más
de tres personas por cuarto); vivienda (hogares que habitan en
una vivienda de tipo inconveniente: pieza de inquilinato, vivienda
precaria, etc.); condiciones sanitarias (hogares que no tuvieran
ningún tipo de retrete); asistencia escolar (hogares que tuvieran
algún niño en edad escolar que no asista a la escuela);
capacidad de subsistencia (hogares que tuvieran una tasa de
dependencia económica de tres inactivos por miembro ocupado y
jefe con nivel educativo bajo).
Se consideran hogares con NBI a aquellos que reúnen al menos
una de estas condiciones. Esto se debe a que, al considerar
básicas todas las necesidades deben ser cumplidas
simultáneamente.
A nivel internacional los criterios seguidos en la
operacionalización de los métodos de la medición de
la pobreza son diferentes. Veamos el caso de las
necesidades básicas insatisfechas. En el caso del
Paraguay utilizan como indicadores el hacinamiento,
la vivienda inadecuada y el saneamiento. Perú
adiciona la asistencia escolar y la dependencia
económica a los tres antes señalados, y Bolivia
aumenta indicadores de salud. Como se puede ver el
enfoque es el mismo pero los indicadores utilizados
son diferentes, razón por la cual las estadísticas que
se obtengan con las necesidades básicas
insatisfechas no serán estrictamente comparables
por considerar diferentes indicadores.

Otro aspecto que impide la comparación es
que para un mismo conjunto de indicadores,
se están considerando puntos de corte
diferentes. Por ejemplo, en Bolivia se
considera que hay hacinamiento cuando hay
2.5 o más personas por cuarto. En Paraguay,
cuando hay tres o más personas por cuarto, y
en Perú cuando hay cuatro o más.

El Banco Interamericano de Desarrollo, compara el
ingreso con la línea de pobreza para definir la
magnitud de la pobreza. Para ello toma en cuenta el
costo percápita diario expresado en dólares, define el
valor de la línea de pobreza, y el valor de la línea de
pobreza total, y luego califica a los hogares como
pobres extremos cuando el ingreso del hogar está por
debajo de la línea de pobreza extrema; como pobre
no extremo cuando el ingreso percápita supera la
línea de pobreza extrema pero es inferior a línea de
pobreza total. Finalmente califica como no pobre al
hogar cuyo ingreso percápita supera a la línea de
pobreza total.
En
este punto podemos concluir que el
mensaje que transmitimos es que las
estadísticas sobre pobreza disponibles de
diferentes organismos internacionales no son
estrictamente comparables entre sí, por lo tanto
hay que tener sumo cuidado cuando se las
emplea. Es recomendable que cuando se
evalúa los cambios en el tiempo en los niveles
de pobreza de un país, se debe tomar en cuenta
una misma fuente y un mismo método. La
combinación de datos puede conducir a malas
interpretaciones y decisiones.
 Porque recordemos que estos datos son
utilizados por los países para elaborar sus
políticas publicas sociales

Se calcula que actualmente hay más de mil millones
de personas atrapadas en la pobreza absoluta.
Según el fondo de las Naciones Unidas para las
Mujeres(UNIFEM), el 70% de ellos son mujeres.
Además se estima que 7 de cada 10 personas que
mueren de hambre en el mundo son mujeres y niñas.
Las mujeres también son el mayor grupo entre los
denominados trabajadores pobres, personas que
trabajan pero que no ganan lo suficiente para salir de
la pobreza absoluta. Según la Organización Mundial
del Trabajo, las mujeres constituyen actualmente el
60% de los trabajadores pobres.2
.
La mayoría de los pobres viven fuera del amparo del ordenamiento jurídico,
sin una protección legal básica que les reconozca derechos sobre sus
viviendas, sus bienes y su trabajo arduo. Al no contar con derechos de
propiedad, tienen el temor de ser expulsados por la fuerza del lugar donde
viven. Puesto que no tienen acceso al sistema de justicia, son víctimas de la
corrupción y la violencia. Sin leyes laborales que se hagan cumplir, padecen
de condiciones de trabajo poco seguras y abusivas. Si son dueños de una
empresa informal, no pueden invocar protección de las leyes comerciales
que los empresarios de los países desarrollados dan por sentada; de esta
forma, no tienen oportunidades económicas ni en sus propios países ni en el
mercado
mundial.
Muchas de esas personas no fueron inscritas al nacer y no pueden recibir
servicios públicos básicos. Sin la defensa de la ley, su capacidad de crear
riqueza se ve frustrada; sin acceso a la justicia, se atenta contra su dignidad.
La mayoría de los pobres del mundo poseen bienes de algún tipo, pero
carecen de medios oficiales de acreditar su propiedad con instrumentos
jurídicamente reconocidos, como escrituras, contratos y permisos.
Estas personas viven y trabajan en la
“economía informal”, donde no hay normas que
gocen de reconocimiento amplio y que sean de
cumplimiento obligado. Para mucha gente, un
conglomerado
confuso
de
reglamentos
redundantes y contradictorios imposibilita el
acceso al sistema formal. Las leyes y los
procedimientos legales que garantizarían los
derechos a menudo no se hacen cumplir y no
han sido concebidos para beneficiar a los
pobres.
El empoderamiento jurídico de los Pobres debe ser la primera iniciativa
centrada específicamente en el vínculo entre la exclusión, la pobreza y el
derecho. Ampliando la protección jurídica y los derechos de propiedad, se
liberaría un potencial desaprovechado para reducir la pobreza y conseguir
un desarrollo económico de base amplia. Al mismo tiempo, se deben crear
sistemas jurídicos que empoderen a miles de millones de personas para
mejorar sus propias vidas, y para ello se deberá buscar un consenso sobre
cómo lograr ese objetivo. Trabajando conjuntamente con gobiernos y
organizaciones multilaterales, no gubernamentales y comunitarias, se
podrá forjar ese consenso. Para ello, se examinará los beneficios riesgos
reales de extender derechos formales a las personas que viven sin la
protección del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta la realidad
cotidiana de los vecindarios pobres y asentamientos informales de las
distintas partes del país. Para encontrar una solución es también
fundamental definir incentivos para que los responsables políticos de alto
nivel cambien el statu quo, apoyar medidas que amplíen el acceso a
mecanismos justos y previsibles de solución de controversias, y asegurar
que los gobiernos a todos los niveles sean más accesibles y transparentes
a fin de que los pobres puedan ejercer sus derechos.