PRESENTACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL DE CHILE VII CONGRESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN IBEROAMÉRICA 2014 Muy buenos días. En primer lugar, como Subsecretario de Previsión Social del gobierno de Chile, quisiera agradecer la invitación a este importante evento iberoamericano, saludar a las autoridades del país anfitrión y a todas las autoridades y colegas de los países hermanos que nos acompañan. Nuestro país se encuentra inmerso en un importante proceso de cambios. Los especialistas hablan de un nuevo ciclo político y social que se abrió con las grandes movilizaciones sociales del año 2011, que pusieron al centro la necesidad de constituirnos en una sociedad más equitativa y solidaria, demanda que fue acogida en el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, lo que le dio un amplio triunfo en las elecciones presidenciales del año 2013. Este programa ya ha significado la aprobación de una importante reforma tributaria, contempla una profunda reforma a la educación y un sustantivo proceso de cambios a la Constitución Política, que ha sido sólo parcialmente modificada durante la transición y conserva importantes aspectos del orden institucional legado por la dictadura. La agenda de transformaciones de nuestra coalición plantea también una significativa agenda en materia laboral y previsional, al punto que se la considera el cuarto pilar programático del gobierno. Es en ese contexto que se sitúa el proceso que estamos llevando adelante para construir una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en Chile, a partir de un amplio diálogo tripartito extendido a todas las regiones del país y, desde luego, tratando de aprovechar todo el bagaje institucional y la experiencia que, como país, hemos acumulado a lo largo de varias décadas. Yo quisiera destacar la idea de proceso con que estamos trabajando actualmente y el carácter integral de los cambios que nos estamos planteando en materia de seguridad y salud laboral. Como punto de partida, cabe destacar que un hito significativo para nuestro país fue la ratificación por el Congreso Nacional del Convenio N° 187 de la OIT, hecho que fue gatillado por la toma de conciencia generalizada sobre la importancia de la seguridad laboral, que generó en el país el accidente de la Mina San José. Afortunadamente, este finalizó con el exitoso rescate de los 33 mineros, pero reveló muchas precariedades y, también, puso al descubierto la enorme asimetría de condiciones que existe entre la gran minería y la pequeña y mediana minería; así como las enormes asimetrías en materia de higiene y seguridad que existen a nivel intersectorial en nuestra economía. Ahora bien, al ratificar el Convenio N° 187, nuestro país adquirió tres compromisos asociados: i. ii. iii. Fijar una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; Establecer y desarrollar progresivamente su Sistema Nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo; y Formular y aplicar Programas Nacionales de seguridad y salud en el trabajo con miras a una mejora continua. Si nos centramos en el primer objetivo, la Política Nacional tiene por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. Para nosotros como gobierno, avanzar por este camino supone combinar mecanismos institucionales con una transformación de las prácticas que se funde en un auténtico cambio cultural, buscando crear conciencia y establecer la centralidad de la salud y seguridad de los trabajadores y empleadores en las empresas, con un marcado énfasis en la prevención de los riesgos. Desde el punto de vista institucional, hay dos aspectos que quisiera destacar. Por un lado, actualmente este proceso corre en paralelo con otro de los objetivos programáticos para los cuales ha sido mandatado nuestro Ministerio, cual es el fortalecimiento de los derechos colectivos del trabajo. En efecto, uno de los grandes rezagos de Chile es la extrema debilidad y fragmentación de los sindicatos y la debilidad de la negociación colectiva, proceso que queremos revertir por medio de una importante reforma laboral. A nuestro juicio, una relación de mayor equilibrio entre las contrapartes de la relación laboral y un marco para la negociación colectiva que permita enriquecer los contenidos de la negociación, resultan fundamentales para que los temas de higiene y seguridad se incorporen al trabajo bilateral interno, como complemento a las regulaciones que consagran los poderes públicos. Además, ello potencia el cambio de la cultura organizacional completa, poniendo en valor los temas de seguridad y salud laboral. Existen muchas experiencias de buenas prácticas en esta materia y queremos que ellas se difundan por toda la capilaridad de nuestra economía, pero ello pasa por mejorar el contexto institucional que lo haga posible. Asimismo, implica fortalecer a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en las empresas, cuyas potestades y protecciones aparecen muy disminuidas en nuestro ordenamiento legal, en relación a las que, por ejemplo, tienen los sindicatos, lo que restringe el potencial de sus aportes. Por ello, parte de los cambios que estamos impulsando pasan por fortalecer a este actor. El segundo aspecto institucional que quisiera destacar es el valor del diálogo social tripartito, con la activa colaboración de la OIT. Para la formulación de la Política Nacional, estamos privilegiando esta metodología, lo que nos permitirá combinar 2 pertinencia técnica, representatividad y conocimiento directo de los distintos sectores de actividad. En este, el primer año de gobierno de nuestra coalición, estamos desarrollando Talleres de Diálogo Tripartitos en cada una de las 15 regiones del país, con la finalidad de formular una política que no sólo dé cuenta de los desafíos a nivel nacional, sino también regional y, asimismo, de las especificidades sectoriales. En una primera fase se están analizando los compromisos del Estado de Chile tras haber ratificado el Convenio 187 de la OIT, así como los lineamientos para la formulación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la que considerará los compromisos de las autoridades, los objetivos, los principios, los principales ámbitos de acción y las responsabilidades en la ejecución de dicha política. En una segunda fase se construirá una síntesis con todos los componentes pertinentes y, a partir de allí, nuestra Subsecretaría someterá a un Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo –ya constituido desde la ratificación del Convenio 187– la base de la Declaración de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de que éste manifieste sus observaciones. Posteriormente, esta Declaración será sancionada por un Comité de Ministros y entregada a la Presidenta de la República, para su aprobación final. Hay un aspecto que parece muy importante relevar, dadas las características de nuestro país. El hecho de que la construcción de esta política tenga expresión regional, es vital para su efectividad y para ir cerrando brechas de manera realista. Esto es así porque lo que hoy predomina en la producción es una fuerte desintegración vertical de las empresas y una enorme dispersión de unidades productivas, fruto de la expansión de la subcontratación, lo que configura realidades regionales muy específicas, como por ejemplo, las vinculadas al cluster minero o la actividad forestal. Por otro lado, hay regiones donde el producto regional está fuertemente marcado por una o dos actividades específicas (por ejemplo, la salmonicultura), y donde, por lo tanto, el conocimiento técnico y práctico sobre la actividad está afincado preferentemente en esa región. Hay otro aspecto que quisiera destacar como rasgo deseable de la política que nos proponemos construir en conjunto. Creo que es esencial que, respetando las orientaciones de la OIT, pongamos al centro el principio preventivo por sobre las medidas remediales. Sin duda, siempre será valioso contar con infraestructura de primer nivel para atender a las personas afectadas por un accidente o una enfermedad. De hecho, Chile puede sentir un legítimo orgullo por los avances que en las últimas décadas hemos tenido en este ámbito. Pero el desarrollo de esta infraestructura debe considerarse un complemento valioso y necesario, pero el actor principal, el principio estructurante de la política en materia de salud y seguridad laboral debe ser la prevención. Ahora bien, una vez que esté elaborada y sancionada la política, y siempre en la idea de proceso y de dar cumplimiento cabal a las obligaciones del Convenio N° 187, abordaremos dos desafíos igualmente importantes: la elaboración de un Perfil Nacional 3 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que servirá para profundizar el diagnóstico de nuestro sistema de protección de riesgos laborales, identificando las brechas en materias tales como normativa, institucionalidad, fiscalización, capacitación, coordinación institucional, asistencia técnica y vigilancia en la salud. Se trata de una ambiciosa tarea que nos hemos propuesto para el año 2015. Y cumplidos estos dos pasos previos, en 2016 queremos estar en condiciones de elaborar el Programa Nacional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, el que establecerá metas, prioridades, recursos, indicadores de evolución, plazos y responsabilidades para alcanzar los objetivos propuestos en la Política. Tengo la certeza de que, con la convergencia de esfuerzos de todos los actores involucrados, sabremos estar a la altura de estos enormes desafíos para que, de ese modo, el país puede alcanzar el umbral del desarrollo en mejores condiciones institucionales y culturales para proteger la vida y la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, el fin último de este gran esfuerzo colectivo. El principio estratégico que ordena todos estos esfuerzos es el mismo que ha declarado la OIT y al cual adscribimos plenamente, esto es, que “Un trabajo decente es también un trabajo sano y seguro”. Permítanme sólo un par de observaciones para terminar. En paralelo a todo el proceso que hemos descrito hasta ahora, nuestro gobierno va a enfrentar el desafío de modificar el Seguro Social de Enfermedades y Accidentes del Trabajo (Ley N° 16.744) y el Estatuto de las Mutualidades, que constituyen el corpus normativo principal que da forma la institucionalidad sobre seguridad y salud en el trabajo en Chile. Ello implicará también fortalecer al organismo asegurador público, el Instituto de Salud Laboral, y dotar de nuevas capacidades a los distintos entes fiscalizadores. La idea es que estas modificaciones queden en plena coherencia con lo que se establezca finalmente en la Política Nacional y permitan materializar los desafíos que se deriven del levantamiento del Perfil Nacional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo más motivante para nosotros, como autoridades públicas que debemos liderar el proceso, acogiendo por cierto los aportes de todos los actores, es que estamos en un momento, en una coyuntura histórica en que es posible articular políticas que se orienten por un principio de integralidad, procurando dotar al país de una legislación articulada e integrada, donde además las responsabilidades y competencias de las distintas instancias institucionales estén definidas con precisión, no existan áreas donde se sobrepongan esfuerzos, ni áreas de acción que no queden cubiertas. En el largo plazo, el próximo desafío que tendremos que abordar será avanzar desde los estándares que nos impone el Convenio N° 187 a los del Convenio N° 155, acortando cada vez más las brechas y reafirmando nuestro compromiso más pleno con la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, el bien superior que debe ordenar el resto de las prioridades en la esfera productiva y de servicios. 4 Finalmente, quisiera enfatizar que nuestro programa laboral responde a una mirada sistémica, donde se conjugan los desafíos en materia de seguridad y salud laboral, el fortalecimiento de los derechos colectivos del trabajo, mejoramientos sustantivos a la institucionalidad de capacitación e intermediación laboral, y mejoramiento de la participación laboral de los sectores más vulnerables. El punto donde convergen todas estas iniciativas es –una vez más– el concepto de trabajo decente, uno de los núcleos en los que se funda la identidad política de nuestra coalición. Para nosotros es motivo de legítimo orgullo el hecho que, cumplidos recién siete meses de gobierno, nuestro ministerio ya ha logrado la aprobación de diez leyes en materia laboral y previsional, entre las cuales pueden mencionarse tres normas de protección y regulaciones especiales para los trabajadores portuarios, los trabajadores ferroviarios y las manipuladoras de alimentos; otra ley que equipara las condiciones laborales de las trabajadoras de casa particular en relación al resto de los trabajadores del país en materia de derechos; y una ley que pone fin a los abusos que permitía la fragmentación artificiosa de las empresas en múltiples unidades jurídicas (Ley de MultiRUT), resquicio que favorecía la fragmentación de los sindicatos y la vulneración de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Amigas y amigos: espero que esta apretada síntesis les haya permitido apreciar los avances que estamos haciendo en nuestra Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en Chile y, al mismo tiempo, comprender este proceso como parte de un esfuerzo más amplio para hacer avanzar decididamente la agenda del trabajo decente y para transformar a Chile en un país más justo y cohesionado socialmente. Muchas gracias. 5
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