1. Educación

PRESENTACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL DE CHILE
VII CONGRESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
IBEROAMÉRICA 2014
Muy buenos días.
En primer lugar, como Subsecretario de Previsión Social del gobierno de Chile,
quisiera agradecer la invitación a este importante evento iberoamericano, saludar a las
autoridades del país anfitrión y a todas las autoridades y colegas de los países hermanos que
nos acompañan.
Nuestro país se encuentra inmerso en un importante proceso de cambios. Los
especialistas hablan de un nuevo ciclo político y social que se abrió con las grandes
movilizaciones sociales del año 2011, que pusieron al centro la necesidad de constituirnos
en una sociedad más equitativa y solidaria, demanda que fue acogida en el Programa de
Gobierno de la Presidenta Bachelet, lo que le dio un amplio triunfo en las elecciones
presidenciales del año 2013.
Este programa ya ha significado la aprobación de una importante reforma tributaria,
contempla una profunda reforma a la educación y un sustantivo proceso de cambios a la
Constitución Política, que ha sido sólo parcialmente modificada durante la transición y
conserva importantes aspectos del orden institucional legado por la dictadura.
La agenda de transformaciones de nuestra coalición plantea también una
significativa agenda en materia laboral y previsional, al punto que se la considera el
cuarto pilar programático del gobierno. Es en ese contexto que se sitúa el proceso que
estamos llevando adelante para construir una Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo en Chile, a partir de un amplio diálogo tripartito extendido a todas las regiones
del país y, desde luego, tratando de aprovechar todo el bagaje institucional y la experiencia
que, como país, hemos acumulado a lo largo de varias décadas.
Yo quisiera destacar la idea de proceso con que estamos trabajando actualmente y
el carácter integral de los cambios que nos estamos planteando en materia de seguridad y
salud laboral. Como punto de partida, cabe destacar que un hito significativo para nuestro
país fue la ratificación por el Congreso Nacional del Convenio N° 187 de la OIT, hecho
que fue gatillado por la toma de conciencia generalizada sobre la importancia de la
seguridad laboral, que generó en el país el accidente de la Mina San José.
Afortunadamente, este finalizó con el exitoso rescate de los 33 mineros, pero reveló
muchas precariedades y, también, puso al descubierto la enorme asimetría de condiciones
que existe entre la gran minería y la pequeña y mediana minería; así como las enormes
asimetrías en materia de higiene y seguridad que existen a nivel intersectorial en nuestra
economía.
Ahora bien, al ratificar el Convenio N° 187, nuestro país adquirió tres compromisos
asociados:
i.
ii.
iii.
Fijar una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo;
Establecer y desarrollar progresivamente su Sistema Nacional en materia de
seguridad y salud en el trabajo; y
Formular y aplicar Programas Nacionales de seguridad y salud en el trabajo con
miras a una mejora continua.
Si nos centramos en el primer objetivo, la Política Nacional tiene por objeto
prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden
relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo,
en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio
ambiente de trabajo.
Para nosotros como gobierno, avanzar por este camino supone combinar
mecanismos institucionales con una transformación de las prácticas que se funde en
un auténtico cambio cultural, buscando crear conciencia y establecer la centralidad de la
salud y seguridad de los trabajadores y empleadores en las empresas, con un marcado
énfasis en la prevención de los riesgos.
Desde el punto de vista institucional, hay dos aspectos que quisiera destacar. Por un
lado, actualmente este proceso corre en paralelo con otro de los objetivos programáticos
para los cuales ha sido mandatado nuestro Ministerio, cual es el fortalecimiento de los
derechos colectivos del trabajo. En efecto, uno de los grandes rezagos de Chile es la
extrema debilidad y fragmentación de los sindicatos y la debilidad de la negociación
colectiva, proceso que queremos revertir por medio de una importante reforma laboral. A
nuestro juicio, una relación de mayor equilibrio entre las contrapartes de la relación
laboral y un marco para la negociación colectiva que permita enriquecer los
contenidos de la negociación, resultan fundamentales para que los temas de higiene y
seguridad se incorporen al trabajo bilateral interno, como complemento a las regulaciones
que consagran los poderes públicos. Además, ello potencia el cambio de la cultura
organizacional completa, poniendo en valor los temas de seguridad y salud laboral.
Existen muchas experiencias de buenas prácticas en esta materia y queremos que ellas se
difundan por toda la capilaridad de nuestra economía, pero ello pasa por mejorar el
contexto institucional que lo haga posible.
Asimismo, implica fortalecer a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
en las empresas, cuyas potestades y protecciones aparecen muy disminuidas en nuestro
ordenamiento legal, en relación a las que, por ejemplo, tienen los sindicatos, lo que
restringe el potencial de sus aportes. Por ello, parte de los cambios que estamos impulsando
pasan por fortalecer a este actor.
El segundo aspecto institucional que quisiera destacar es el valor del diálogo social
tripartito, con la activa colaboración de la OIT. Para la formulación de la Política
Nacional, estamos privilegiando esta metodología, lo que nos permitirá combinar
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pertinencia técnica, representatividad y conocimiento directo de los distintos sectores de
actividad.
En este, el primer año de gobierno de nuestra coalición, estamos desarrollando
Talleres de Diálogo Tripartitos en cada una de las 15 regiones del país, con la finalidad
de formular una política que no sólo dé cuenta de los desafíos a nivel nacional, sino
también regional y, asimismo, de las especificidades sectoriales. En una primera fase se
están analizando los compromisos del Estado de Chile tras haber ratificado el Convenio
187 de la OIT, así como los lineamientos para la formulación de la Política Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, la que considerará los compromisos de las autoridades, los
objetivos, los principios, los principales ámbitos de acción y las responsabilidades en la
ejecución de dicha política.
En una segunda fase se construirá una síntesis con todos los componentes
pertinentes y, a partir de allí, nuestra Subsecretaría someterá a un Consejo Consultivo para
la Seguridad y Salud en el Trabajo –ya constituido desde la ratificación del Convenio 187–
la base de la Declaración de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a
fin de que éste manifieste sus observaciones. Posteriormente, esta Declaración será
sancionada por un Comité de Ministros y entregada a la Presidenta de la República,
para su aprobación final.
Hay un aspecto que parece muy importante relevar, dadas las características de
nuestro país. El hecho de que la construcción de esta política tenga expresión regional, es
vital para su efectividad y para ir cerrando brechas de manera realista.
Esto es así porque lo que hoy predomina en la producción es una fuerte
desintegración vertical de las empresas y una enorme dispersión de unidades productivas,
fruto de la expansión de la subcontratación, lo que configura realidades regionales muy
específicas, como por ejemplo, las vinculadas al cluster minero o la actividad forestal. Por
otro lado, hay regiones donde el producto regional está fuertemente marcado por una o dos
actividades específicas (por ejemplo, la salmonicultura), y donde, por lo tanto, el
conocimiento técnico y práctico sobre la actividad está afincado preferentemente en esa
región.
Hay otro aspecto que quisiera destacar como rasgo deseable de la política que nos
proponemos construir en conjunto. Creo que es esencial que, respetando las orientaciones
de la OIT, pongamos al centro el principio preventivo por sobre las medidas
remediales. Sin duda, siempre será valioso contar con infraestructura de primer nivel para
atender a las personas afectadas por un accidente o una enfermedad. De hecho, Chile puede
sentir un legítimo orgullo por los avances que en las últimas décadas hemos tenido en este
ámbito. Pero el desarrollo de esta infraestructura debe considerarse un complemento
valioso y necesario, pero el actor principal, el principio estructurante de la política en
materia de salud y seguridad laboral debe ser la prevención.
Ahora bien, una vez que esté elaborada y sancionada la política, y siempre en la idea
de proceso y de dar cumplimiento cabal a las obligaciones del Convenio N° 187,
abordaremos dos desafíos igualmente importantes: la elaboración de un Perfil Nacional
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sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que servirá para profundizar el diagnóstico de
nuestro sistema de protección de riesgos laborales, identificando las brechas en materias
tales como normativa, institucionalidad, fiscalización, capacitación, coordinación
institucional, asistencia técnica y vigilancia en la salud. Se trata de una ambiciosa tarea que
nos hemos propuesto para el año 2015.
Y cumplidos estos dos pasos previos, en 2016 queremos estar en condiciones de
elaborar el Programa Nacional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, el que
establecerá metas, prioridades, recursos, indicadores de evolución, plazos y
responsabilidades para alcanzar los objetivos propuestos en la Política.
Tengo la certeza de que, con la convergencia de esfuerzos de todos los actores
involucrados, sabremos estar a la altura de estos enormes desafíos para que, de ese modo, el
país puede alcanzar el umbral del desarrollo en mejores condiciones institucionales y
culturales para proteger la vida y la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, el fin
último de este gran esfuerzo colectivo. El principio estratégico que ordena todos estos
esfuerzos es el mismo que ha declarado la OIT y al cual adscribimos plenamente, esto es,
que “Un trabajo decente es también un trabajo sano y seguro”.
Permítanme sólo un par de observaciones para terminar. En paralelo a todo el
proceso que hemos descrito hasta ahora, nuestro gobierno va a enfrentar el desafío de
modificar el Seguro Social de Enfermedades y Accidentes del Trabajo (Ley N° 16.744) y
el Estatuto de las Mutualidades, que constituyen el corpus normativo principal que da
forma la institucionalidad sobre seguridad y salud en el trabajo en Chile. Ello implicará
también fortalecer al organismo asegurador público, el Instituto de Salud Laboral, y dotar
de nuevas capacidades a los distintos entes fiscalizadores.
La idea es que estas modificaciones queden en plena coherencia con lo que se
establezca finalmente en la Política Nacional y permitan materializar los desafíos que se
deriven del levantamiento del Perfil Nacional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
Lo más motivante para nosotros, como autoridades públicas que debemos liderar el
proceso, acogiendo por cierto los aportes de todos los actores, es que estamos en un
momento, en una coyuntura histórica en que es posible articular políticas que se orienten
por un principio de integralidad, procurando dotar al país de una legislación articulada e
integrada, donde además las responsabilidades y competencias de las distintas instancias
institucionales estén definidas con precisión, no existan áreas donde se sobrepongan
esfuerzos, ni áreas de acción que no queden cubiertas.
En el largo plazo, el próximo desafío que tendremos que abordar será avanzar desde
los estándares que nos impone el Convenio N° 187 a los del Convenio N° 155, acortando
cada vez más las brechas y reafirmando nuestro compromiso más pleno con la vida y la
salud de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, el bien superior que debe ordenar el
resto de las prioridades en la esfera productiva y de servicios.
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Finalmente, quisiera enfatizar que nuestro programa laboral responde a una
mirada sistémica, donde se conjugan los desafíos en materia de seguridad y salud laboral,
el fortalecimiento de los derechos colectivos del trabajo, mejoramientos sustantivos a la
institucionalidad de capacitación e intermediación laboral, y mejoramiento de la
participación laboral de los sectores más vulnerables. El punto donde convergen todas estas
iniciativas es –una vez más– el concepto de trabajo decente, uno de los núcleos en los que
se funda la identidad política de nuestra coalición.
Para nosotros es motivo de legítimo orgullo el hecho que, cumplidos recién siete
meses de gobierno, nuestro ministerio ya ha logrado la aprobación de diez leyes en
materia laboral y previsional, entre las cuales pueden mencionarse tres normas de
protección y regulaciones especiales para los trabajadores portuarios, los trabajadores
ferroviarios y las manipuladoras de alimentos; otra ley que equipara las condiciones
laborales de las trabajadoras de casa particular en relación al resto de los trabajadores del
país en materia de derechos; y una ley que pone fin a los abusos que permitía la
fragmentación artificiosa de las empresas en múltiples unidades jurídicas (Ley de
MultiRUT), resquicio que favorecía la fragmentación de los sindicatos y la vulneración de
los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
Amigas y amigos: espero que esta apretada síntesis les haya permitido apreciar los
avances que estamos haciendo en nuestra Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en
Chile y, al mismo tiempo, comprender este proceso como parte de un esfuerzo más
amplio para hacer avanzar decididamente la agenda del trabajo decente y para transformar
a Chile en un país más justo y cohesionado socialmente.
Muchas gracias.
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