1. Educación

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WWW.ELECONOMISTA.NET Martes 7 de octubre de 2014
Le sigue Panamá, que logra un aproximado del 50 %. En tanto, el resto de
Centroamérica no supera el 30 %, en
cifras a 2010.
Tras la complicada situación se encuentran las distorsiones en el mercado
de trabajo, pues gran parte de la fuerza
laboral se mueve en el sector informal.
“Es un indicador que se aproxima
bastante a la realidad y, en paralelo,
uno encuentra tasas de formalidad
bastante dispares: en Costa Rica y
Panamá hay una tasa de formalidad del
80 %, 75 %, pero en El Salvador solo
está el 45 % formal; mientras que en
Honduras hay un 55 % de población
excluida”, dice Apella.
La diferencia entre afiliados y cotizantes puede llegar a ser considerable.
Por ejemplo, René Novellino, director
ejecutivo de la Asociación Salvadoreña
de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS), plantea que a
abril de 2014, más de 2.5 millones de
salvadoreños estaban afiliados al sistema de ahorro individual.
A pesar de que los afiliados superan
al 85 % de la PEA, los cotizantes
activos apenas superaban los 650,000.
En toda la vida del sistema, al menos
1.8 millones de salvadoreños cotizaron
alguna vez al sistema.
“Muchas veces se trata de jóvenes
que sueñan con ingresar a la vida
laboral y se afilian a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP),
pero no logran conseguir un empleo
formal”, reflexiona.
Región afronta el dilema
de la edad para jubilarse
L
a edad de jubilación es uno de
los componentes que genera
más temores en los debates
sobre los sistemas de pensiones.
Los distintos países de la región no
coinciden plenamente en ese ajuste.
En 2011, Guatemala elevó en dos
años la edad mínima de jubilación para los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) desde
los 60 hasta los 62 años.
En tanto, los hondureños lo hicieron este año con el INJUPEMP. La entidad de los empleados públicos, que
permite el retiro a los 58 años, subirá a
65 años la edad mínima desde 2032.
Nicaragua valoraba subir la edad
para pensionarse, actualmente de 60
años, pero no la ha movido. El Salvador
tampoco ha tocado el requisito, el cual
es de 55 para las mujeres y 60 para los
hombres.
Un caso diferente es Costa Rica. Si
bien la edad requerida es de 65 años,
se permite la jubilación anticipada un
mes antes de cumplir los 60 años.
Esta ha sido criticada por la Caja
del Seguro Social (CCSS) ya que, asegura, no está de acuerdo con las expectativas de vida del país, que es de
80 años.
Hace una década, Panamá flexibilizó el tratamiento hacia las mujeres y les
rebajó cinco años la edad exigida, a 57.
Los hombres necesitan cumplir los 62.
¿Basta con subir la edad para dar el
respiro a los sistemas?
No funciona automáticamente.
Las empresas tienden a contratar a
personal joven y cesar a los de mayor
edad, lo cual también dificulta sus
aportes, recuerda Marielena García
Maritano, de la panameña CASIP.
En un diálogo que involucre a todos los sectores, la edad debe considerarse, dice María Elena Rivera, de FundaUngo, en El Salvador.
Rivera recomienda un abordaje
con perspectiva de equidad de género. Señala que hay una realidad preocupante: las mujeres ganan menos
que los hombres, pero se jubilan antes,
lo cual incide en menores montos de
pensión.
En tanto, Ignacio Apella, del Banco
Mundial, recuerda que, en la práctica,
los trabajadores atrasan su jubilación.
En países como Argentina y Uruguay,
lo hace 20 % por diversas razones. “En
algunos casos pospone su retiro por
preferencia: quiere permanecer activo por placer propio, pero en muchos
otros casos es porque no tiene otras alternativas, no puede acceder a un beneficio, porque trabajó en el mercado
informal”, recuerda.
Un montaje multipilar
La informalidad es el gran impedimento para lograr la cobertura, pero
no solo se trata de diseñar el montaje,
sino también de motivar a los trabajadores a ahorrar.
Marvin Rodríguez, gerente de Popular Pensiones de Costa Rica, explica
que el sistema costarricense contempla facilidades para los profesionales
independientes.
El sistema costarricense es de tipo
mixto, pues se basa en cuatro pilares: la
pensión contributiva básica o régimen
básico; el régimen obligatorio de pensiones; el régimen voluntario de pensiones; y el régimen no contributivo,
explica la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
El régimen básico está conformado
por el régimen de invalidez, vejez y
muerte (RIVM) que administra la Caja
Costarricense de Seguro Social. Cubre a
la mayor cantidad de trabajadores del
sector público y privado del país, con
cerca de 1.5 millones de aportantes y
más de 200,000 beneficiarios.
Las contribuciones son “tripartitas” y
suman 8 %: los trabajadores pagan un
2.67 % de su salario; el patrono aporta
un 4.92 %; y el Estado, un 0.41 %.
Aparte de la CCSS, existen otros
fondos base como los del Banco Nacional, Instituto Costarricense de Elec-
tricidad, Magisterio Nacional, Poder Judicial, Recope, Bomberos Permanentes,
así como el de Vendedores de Lotería.
Por su lado, el soporte del régimen de
capitalización individual se financia con
el aporte mensual de un 2.5 % del
patrono y un 1 % del trabajador, así como
con una redistribución de cargas sociales. Dichos recursos son administrados por seis Operadoras de Pensiones
Complementarias (OPC). Estas también
manejan el régimen voluntario.
Los regímenes básicos cubren a un
69 % de la PEA, informa la SUPEN. Sin
embargo, la tasa de reemplazo del pilar
IVM ronda entre el 43 % y 52 % del
último salario del trabajador.
Por otro lado, el Estado obliga a los
inscritos en el IVM a suscribirse a una
OPC. Si no la escoge, entonces automáticamente se le dirige a Popular
Pensiones.
A todo esto se suman los planes
voluntarios, al que pueden ingresar tanto los previamente inscritos en las OPC
como los informales o profesionales
independientes.
Rodríguez destaca que, en el pilar
voluntario, no hay mínimos para la
contribución, ya que la pensión de-
penderá del monto reunido.
En contraste, los afiliados al IVM
aportan un 8 % de la pensión, entre
empleado y patrono —será 8.5 % desde
2015, pues sube en 0.5 % cada año—;
mientras que para las OPC se le agrega
un 4.25 % más, con lo cual llegan a un
12.75 % total.
José Manuel Arias, gerente de BAC
Pensiones de Costa Rica, apunta, por
su lado, que el sistema complementario establecido a comienzos de 2000
todavía se encuentra en período de
maduración.
“Hay que hacer más promoción de
la realidad de las pensiones en el
sentido de que la gente ahorre de
manera voluntaria y eso lo debe hacer
una autoridad”, recomienda.
El presidente costarricense, Luis
Guillermo Solís, ha tomado como bandera la revisión del sistema de pensiones. Las alertas están encendidas tras
una serie de estudios actuariales sobre la
sostenibilidad.
Las dudas se ciernen sobre el fondo
del Poder Judicial. El supervisor estima
que dicho fondo de pensiones cubre
solamente el 48 % de las obligaciones
adquiridas.
La sostenibilidad de la CCSS también
está cuestionada. Para obtener un panorama claro, la SUPEN y la CCSS
encargaron una investigación actuarial
independiente que estará lista en 2015 y
determinará los cambios “para garantizar la sostenibilidad del régimen”, afirma Édgar Roble, titular de la SUPEN.
“Hay que decirle al costarricense si
alcanza o no alcanza porque al final
tendrá que cubrirlo el Estado responsablemente”, apunta Rodríguez, de Popular Pensiones.
Los costarricenses están en el camino
de reformas, ya la Asamblea Legislativa
conoce un proyecto de ley para reformar
el fondo del Poder Judicial, con el cual
reduciría ciertos beneficios.
En cuanto al régimen complementario, se ha planteado limitar la inversión de las OPC en títulos gubernamentales a un 50 % máximo y, en
contraste, subir el techo actual del 20 %
para la inversión en títulos en el exterior.
Rodríguez explica que se necesita abrir
la inversión exterior para incrementar la
rentabilidad.
¿Qué pasa con subir la edad del
retiro? “Para el régimen del IVM, esto se
determinará con el estudio actuarial”,
apunta Robles.
A pesar del panorama apretado, el
superintendente resalta que el sistema
está posibilitando pensiones más robustas gracias a su apuesta multipilar.
“El principal aporte de Costa Rica
para la región es ejemplificar que los
sistemas de pensiones pueden sostenerse sobre diversos pilares, pero especialmente bajo el concepto de solidaridad”, reflexiona Robles.
(Lea la segunda parte la próxima
semana).
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