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JALAPA, viernes 9 diciembre 2016
Elecciones caras,
inequitativas y
restrictivas
Jorge Fernández Menéndez
“
P
ara
los
amigos
justicia
y gracia,
para
los
enemigos la justicia a secas”,
decía Benito Juárez, quizás
por eso las dos consejeras
propuestas por el Partido
Revolucionario Institucional
y que son parte de la muy
criticada comisión de Quejas
del
Instituto
Nacional
Electoral, Adriana Favela y
Beatriz Galindo, fueron tan
duras con Rafael Moreno Valle
prohibiéndole hablar hasta
de sus cualidades personales,
sus logros de gobierno, sus
aspiraciones
y
llegando,
incluso, a ordenar retirar
una entrevista concedida
por Moreno Valle de una
página de internet y han sido
tan indulgentes con otros
participantes.
Todos los que de alguna forma
son aspirantes al 2018 han
dado multitud de entrevistas
y ocupado espacios de radio y
televisión para promocionarse,
incluso, con recursos públicos
claramente destinados a otro
fin: los spots con cargo al erario
que ha emitido Andrés Manuel
López Obrador equivalen a
31 días ininterrumpidos y
consecutivos de anuncios, sin,
por ejemplo, la obligatoriedad
que tuvieron todos los
candidatos de todos los
niveles de Morena de colocar
en su publicidad electoral de
este año, la imagen de Andrés
Manuel en toda su publicidad
o la innumerable cantidad de
entrevistas y mítines donde el
líder de Morena habla de sus
legítimas aspiraciones para el
2018.
Si en su caso hubiera justicia a
secas tendría que tener fuertes
sanciones por actos anticipados
de campaña, pero con él hay
justicia y gracia, incluso,
indulgencias plenarias. Pero
lo mismo sucede con todos
los demás aspirantes aunque,
salvo Ricardo Anaya, ningún
otro puede acceder a spots
de radio y televisión. Pero allí
están desde Margarita Zavala
hasta Ivonne Ortega, desde
Mancera hasta Castañeda o
Ferriz, haciendo su lucha y
hablando de sus aspiraciones.
¿Por qué el Instituto Nacional
Electoral se ha ensañado
con Moreno Valle? Las
explicaciones son tan confusas
como
discrecionales
las
decisiones: la más extendida
es que como él es funcionario
público podría estar utilizando
recursos públicos para ello.
Lo dicen sin pruebas pero si
fuera así todos los dirigentes
partidarios (en este caso
Anaya y López Obrador)
usan recursos públicos con
ese objetivo. Se dijo, también,
que esas entrevistas podrían
ser pagadas, sin mostrar
una prueba de ello. Si fuera
así ¿ninguno de los otros
aspirantes sería sospechoso de
lo mismo?
Es una suma de barbaridades
que demuestra, simplemente,
que la actual ley electoral no
sirve, resulta inequitativa
y, precisamente, por eso es
discrecional, no se aplica de
acuerdo con lo que saben
y tienen comprobado los
consejeros, sino con lo que
creen o piensan. Es el reino de
la posverdad.
Y toda esta discrecionalidad
tiene origen en la reforma
del 2007, que prohibió a los
ciudadanos y organizaciones
contratar publicidad, que le
regaló a los partidos millones
de pesos y de spots que fueron
creciendo geométricamente
año con año, y que terminó
estableciendo
regímenes
diferenciados sobre quién
puede acceder a publicidad y
Margarita no se
divorcia de Felipe
L
José Buendía Hegewisch
a FIL de Guadalajara,
la más importante
cita con el libro en el
país, ha sido también
escenario de deslices
y situaciones bochornosas para
personajes públicos y políticos
que aspiran al poder. Pareciera
funcionar como espacio y pausa
para ayudar a entender lo que pasa
y aclarar, con sus reflectores, lo que
puede venir. Por ejemplo, recordar
la importancia que tendría para el
país saber que tiene un Presidente
que no lee, como ahí dejó ver Peña
Nieto en la campaña y, por tanto,
de su impreparación. También
ahora el recordatorio que le hicieron
a Margarita Zavala de su esposo en
la feria cuando un estudiante le
mostró un cartel con el mensaje:
“Su esposo le arrebató la vida a mi
padre, ¿usted quiere arrebatármela
a mí?”
La
aspirante
presidencial
panista, puntera en las encuestas
presidenciales, presentaba su
libro Margarita, mi historia,
precisamente con el que trata
de mostrar una carrera propia y
diferente a la de su marido, para
construir una candidatura que
no se perciba como continuidad
dinástica de Calderón. El voto
contra la transmisión del poder
entre parejas presidenciales y el
statu quo que, entre otras razones,
influyó en la derrota de Hillary
Clinton, es una buena señal de
alerta sobre el peso en las urnas
de las historias familiares. Su paso
por la FIL seguramente le recordó
lo difícil que sería no subir a la
campaña a su marido, si decidía
buscar regresar a Los Pinos.
Zavala demostró buen manejo y
privilegió el diálogo para persuadir
la protesta, pero la atención
sobre el perfil inédito que quiere
contar en su libro —incluidas dos
diputaciones plurinominales— se
desplazó a la década de violencia
que encendió la “guerra contra
las drogas” de Calderón al llegar
Opinión
quién no: los presidentes de
los partidos pueden hacerlo,
los funcionarios quién sabe,
los ciudadanos que no son una
cosa ni otra, no pueden. Los
criterios para televisión y radio
son unos, para prensa escrita
otros, para redes ninguno. Los
partidos tienen derechos, los
ciudadanos no.
Con las reformas del 2007
un grupo de intelectuales y
periodistas nos amparamos,
precisamente, contra este
despropósito.
El
tema
llegó, luego de un largo
recorrido legal, hasta la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos. La solución es
relativamente sencilla, pero
afecta demasiados intereses.
En principio, los partidos
deben recibir mucho menos
dinero: este 2017, sólo del
ámbito federal, recibirán más
de cuatro mil millones de
pesos, más cientos de miles de
spots gratuitos, prerrogativas
de todo tipo, instalaciones y
oficinas, recursos legislativos y
estatales. Es una afrenta.
Como en otros países los
partidos deben recibir una
cantidad mínima de recursos
federales y nada más. Se deben
financiar de sus militantes
y de aportaciones privadas.
¿Que es inequitativo? Sí, la
política lo es. Los partidos
deben vivir de su trabajo, no
del fisco. Deben tener una
mínima cantidad de anuncios
gratis para todos y el resto
de la publicidad deben
pagarla. Todo ciudadano
u organización debe tener
derecho a participar, opinar
y pagar publicidad política:
desde un sindicato hastaun
empresario o un grupo de
ciudadanos.
Todos debemos tener el
mismo derecho de expresar
públicamente
nuestras
opiniones de la misma
forma que todo político que
aspire a un cargo está en su
derecho a hacerlo. ¿Qué es
lo que debe hacer, entonces,
la autoridad? Cuidar que en
eso no se utilicen recursos
públicos, y que los recursos
que lleguen a candidatos
o partidos sean legítimos
y transparentes, como en
cualquier otra democracia.
Hoy estamos en el peor de
los mundos posibles: con una
política electoral cara hasta la
ofensa, alejada y prohibida
para los ciudadanos, por ende
inequitativa. Los partidos y
los funcionarios electorales
olvidan lo principal: ellos son
un simple instrumento, no el
fin de la democracia.
a la Presidencia. Ésa sería la marca
del sexenio y hoy hasta su sucesor
reconoce que la forma como se
metió el Estado en esa guerra
contribuyó no sólo a la espiral
de violencia, sino que fue una
onda expansiva para la crisis de
representatividad y confianza hacia
el poder público. En efecto, nadie
duda de la necesidad de combatir
el crimen, recuperar seguridad y
legalidad en el país, pero cómo
olvidar la responsabilidad de la
política contra las drogas en la
irrupción del mayor problema
que enfrenta el país en derechos
humanos con la suma de cerca
de 30 mil desapariciones forzadas
desde 2006.
Desde entonces, la violencia ha
sido atroz, pero no menores los
estragos en la fractura entre la
sociedad y clase política que lleva,
al primero a dar la espalda al poder
público y, al segundo, a secuestrar
la representación popular. Ante
la CIDH, el subsecretario de
Gobernación, Roberto Campa,
reconocía esta semana que el
problema más grande de México
en derechos humanos son las
desapariciones forzadas y uno de
los objetivos de la iniciativa de Ley
General de Personas Desaparecidas
es que las autoridades nunca más
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Prosa aprisa
La UPAV, cinco
años después
E
l siguiente texto lo
publiqué en “Prosa
aprisa” del 18 de julio
de 2011, hace poco
más de cinco años.
Porque lo considero vigente y
porque el tema está en el centro de
la polémica mediática de nuevo, lo
retomo:
“Entre tantas malas noticias
–lluvias,
inundaciones
y
damnificados,
carreteras
destrozadas, hechos de violencia,
despido de trabajadores, aumento
desmesurado en los precios de
productos básicos, aumento al
precio de las gasolinas, la crisis
económica en el Estado, etc.– una
buena que se produjo la semana
pasada, sin duda alguna, fue la
creación de la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz.
Tan pronto se supo que sería
creada esta institución educativa
surgió la polémica. Varias voces se
pronunciaron en contra. Creo que
más que por los fines en sí, por la
sospecha de que pudiera ser refugio
de políticos en el desempleo o
refugio del gobierno para pagar
favores colocando ahí a personas
con las que quisiera saldar algún
compromiso.
Acaso alguna desconfianza
procediera también del recuerdo
de la que creó en 2001 en el
Distrito Federal el entonces jefe
de Gobierno Andrés Manuel
López Obrador –la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México
(UACM)–, que igual generó
polémica muy parecida a la que se
dio aquí –capricho de gobernante,
sin la debida planeación, con nivel
académico dudoso, populista,
etc.–, universidad que, como se
temía, hoy es rehén de los intereses
de las tribus del PRD.
Yo soy de los que creen que
todo lo que tenga que ver con la
educación debe ser bienvenido
y que a la sociedad corresponde
vigilar
que
programas,
instituciones, en verdad cumplan
con los objetivos para los que son
creados y que se logre y mantenga
un buen nivel académico, una
buena calidad educativa.
Si nuestros políticos y nuestras
autoridades gastan, despilfarran,
desvían, hacen mal uso de los
recursos públicos en cosas que
sólo son de provecho para ellos,
para sus grupos o intereses o para
sean “parte de una violación de
derechos humanos tan grave como
este delito”. Y es que, en efecto, lo
que empezó como una crisis de
derechos humanos, la “guerra contra
las drogas”, se extendió a una crisis
de la política y mostró también los
nexos con el crimen y la incrustación
del narco en instituciones, como en
el caso Iguala.
Ahí mismo en la FIL, familiares
de personas desaparecidas, entre
ellos Tita Radilla, hija de Rosendo
Radilla, caso paradigmático de
condena de la CIDH al Estado
mexicano por su desaparición,
acusaron que en la búsqueda de
desaparecidos los esfuerzos han
sido “cosméticos”. Si la localización
de personas es imprescindible
para recuperar confianza en la
autoridad, el abismo sigue abierto
y en el Congreso ni siquiera han
logrado sacar la ley desde hace un
año.
Y, ante ello, hay una pregunta
obligada: ¿algún aspirante a
la presidencial de 2018 puede
pensar que la sociedad soportará
con indiferencia y pasividad la
impunidad con los desaparecidos?
La respuesta puede ser el mejor
indicador de las posibilidades en
las urnas, mejor que las encuestas
de opinión.
Arturo Reyes Isidoro
sus partidos políticos, entonces,
que se utilicen para una buena
causa como es la creación de una
universidad debe ser bien recibido
y aprobado.
Esta vez debe aplaudirse que en
su totalidad los diputados locales
votaron a favor –de 46 nadie se
opuso y nadie se abstuvo, de todos
los partidos.
Una de las cosas que hicieron
bien al aprobar la Ley que
creó la nueva Universidad fue
que al desaparecer el Instituto
Veracruzano de Educación
Superior, sus alumnos salvan sus
derechos al ser incorporados a
la nueva institución. También
que, por el contenido de la
nueva disposición legal, las bases
parecen serias, sólidas, sin denotar
improvisación.
La UPAV –se dice– nace
como un organismo público
descentralizado, con partición
pública y privada y sectorizada
a la Secretaría de Educación de
Veracruz, y la educación que
impartirá se hará con respeto
a los principios de libertad de
cátedra e investigación así como
de libre examen y discusión
de ideas. Llaman la atención
sus modalidades educativas:
será abierta, semiescolarizada,
a distancia y ‘las que sean
necesarias’ para dar cumplimiento
a los objetivos; sus horarios serán
flexibles.
Esto me hace imaginar que fue
creada para acabar en su totalidad
con el problema de los jóvenes
que no pueden ingresar a la
Universidad Veracruzana (UV)
(este año, de 34 mil 500 aspirantes
no fueron admitidos 19 mil) y
para dar oportunidad también a
quienes no pueden ir al sistema
escolarizado, tradicional, ni a vivir
a la gran ciudad. El hecho de que
sea a distancia habla de que han
pensado en las nuevas tecnologías
de la información y creo que de
esa forma ya no podrá estudiar
una carrera universitaria quien no
quiera.
Sobre el estatus del rector,
es algo parecido a la UV: El
dictamen aprobado establece
que el rector de la Universidad
Popular Autónoma de Veracruz
durará en su desempeño cuatro
años, pudiendo ser designado
para un segundo; para ocupar ese
cargo es necesario ser veracruzano,
mayor de 35 años de edad; poseer
título de licenciatura expedido por
autoridad o institución legalmente
facultada para ello y contar,
preferentemente, con estudios de
posgrado y obra reconocida.
Con la aprobación de la ley se
crea la Junta de Gobierno, que
a la brevedad deberá expedir
la normatividad interior que
reglamente las disposiciones de la
ley. También se creará el Consejo
Técnico Académico, Direcciones,
Subdirecciones y Jefaturas de
Departamento o equivalentes; el
domicilio de la UPAV estará en la
capital del estado y podrá contar
con las sedes necesarias para el
cumplimiento de su objetivo. O
sea, que se está pensando también
en descentralizarla.
Sin ningún prurito de mi parte,
si no deja de hacerme ruido por
qué Universidad Popular. Acaso
sea porque se pretende que sea para
jóvenes del ‘pueblo’, es decir, de las
clases menos favorecidas, aunque
ello marcaría ya una distinción
frente a otras de élite. No importa
si eso sólo son elucubraciones mías,
lo importante, creo, es que no sea
populista en el sentido peyorativo
que le conocemos”.
El miércoles el gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares
declaró que viajaría a la Ciudad de
México para entrevistarse con el
Secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño, para, entre otras
cosas, abordar el caso de la UPAV
ya que la propia SEP le había
informado de la emisión de 100
mil certificados “dudosos”.
Sé de muchos casos de jóvenes,
incluso
profesionistas,
que
de la mejor buena fe y con la
mejor intención de superarse se
inscribieron y estudiaron en la
UPAV y han cursado carreras
en forma, pero también sé de
muchos casos de quienes no se les
ha entregado la documentación
que los acredita como egresados,
aparte de los cien mil a los
que habrían entregado algún
certificado “dudoso”.
No se sabe qué decidieron al
respecto en el encuentro en la
capital del país, pero sería deseable
que no se lastimara más a quienes
viven en la incertidumbre y el
riesgo de haber perdido tiempo
y dinero y haber hecho esfuerzos
inútilmente cuando lo único que
deseaban era tener una carrera
profesional que los insertara en
el mundo laboral para ganarse la
vida honradamente.
Ojalá y tanto en la SEV como
en la SEP encuentren la forma de
acreditar a quienes hicieron estudios
y los certifiquen con todas las de la ley,
los que verdaderamente demuestren
que estudiaron, muchos, creo que
la inmensa mayoría, jóvenes y
personas que no pueden pagar una
universidad privada y que en su
esfuerzo dejaron hasta parte de su
vida.
El nuevo gobierno les
haría justicia, acabaría con la
incertidumbre en que viven y
los alentaría a empeñarse en ser
mejores ciudadanos, mejores
veracruzanos. Yo soy de los que
opinan que se debe corregir lo que
esté mal pero que a la UPAV se le
debe rescatar.
Investigan ya el caso de la
CDI
Entre los delegados federales
–según me comentó uno de ellos–
daban ayer doble contra sencillo
que tanto Irais Maritza Morales
Juárez como Shariffe Osman
Flores tienen sus horas contadas
en la delegación estatal de la
Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI).
Esto luego de que desde la
oficina central en la Ciudad de
México se inició una “supervisión
interna” del caso, según publicó el
portal informativo animalpolitico.
com, que denunció el lunes pasado
tráfico de influencia o –como se le
llama ahora– conflicto de interés,
consistente en que Osman Flores,
administrativa de la dependencia,
ha beneficiado con contratos
millonarios a sus familiares con
el visto bueno de su jefa y amiga
Morales Juárez (Léase “Prosa
aprisa” del miércoles “Hombres
y mujeres, la corrupción por
igual”).
“La CDI ya está supervisando
el
caso
para
deslindar
responsabilidades
sobre
el
comportamiento de los servidores
públicos”, apuntó la dependencia,
que subrayó que están obligados
“técnica y moralmente a aplicar los
recursos federales con transparencia
y a evitar el posible conflicto de
interés”, según publicó el portal.
Ahora podrían inhabilitarlas por
prácticas corruptas o enfrentar a
la justicia federal si se hubieran
desviado recursos.