Pronunciamiento de las organizaciones sociales 8 de octubre de 2014 El pasado viernes 26 de septiembre, mientras los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ejercían su legítimo derecho a la protesta y a la manifestación en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero; fueron atacados por la policía local. El resultado de estas agresiones fue de seis personas asesinadas, veinte heridas y 43 estudiantes desaparecidos. Han pasado doce días desde aquellos lamentables sucesos, y aún se desconoce el paradero de los 43 normalistas. Mientras tanto, nos hemos enterado por medio de distintas organizaciones de derechos humanos de la región y por los testimonios de algunos de los sobrevivientes y de familiares de las víctimas, de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido por parte del Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno, entre ellas: las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la ausencia de un protocolo efectivo de búsqueda de personas desaparecidas, así como de canales directos de consulta e información a los familiares sobre las líneas de investigación implementadas para la localización con vida de los desaparecidos. Vale destacar que estos hechos son el episodio más reciente de una sistemática violación a los derechos humanos en el estado de Guerrero. Tan sólo en los últimos dos años se han asesinado a 4,397 personas. En diciembre de 2011 dos estudiantes de la misma Normal Rural fueron acribillados y otros veinte fueron víctimas de tortura y malos tratos por parte de la Policía Ministerial del estado. Así mismo, en mayo de 2013, Arturo Hernández, Ángel Román y Rafael Bandera, integrantes de la organización Unidad Popular, fueron secuestrados y ejecutados; hechos en los que también estuvo involucrado José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal con licencia de Iguala. Igualmente, en este contexto se inscriben las detenciones de integrantes de la Coordinara Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP). Sin embargo, esta situación no se limita al estado de Guerrero, pues a nivel nacional ha habido un innegable recrudecimiento de la violencia. La descomposición y la parálisis de las instituciones del Estado las ha mostrado incapaces de salvaguardar la vida e integridad de las personas, permitiendo que crezca la inseguridad, el terror y la zozobra. Lamentablemente, hasta este momento el país no cuenta a nivel federal ni estatal con una política de seguridad ciudadana integral, al mismo tiempo que se ha agudizado la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales. La opacidad frente a violaciones a los derechos humanos, la corrupción, y la falta de acceso a la justicia han caracterizado el contexto de nuestro país, generando un ambiente de impunidad y de desgarramiento del tejido social. Ayotzinapa nos duele, como nos duele todo México. Los crímenes que se han cometido contra los normalistas no pueden quedar impunes. Los 43 estudiantes desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad. Memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición son derechos de las víctimas que habrán de ser garantizados. Como sociedad organizada no aceptaremos otro resultado. Por todo lo anterior, las organizaciones e individuos de la sociedad civil que firmamos este documento exigimos al gobierno federal y estatal: * La presentación inmediata y con vida de cada uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada, lo que demanda la implementación de protocolos eficientes de búsqueda apegados a los más altos estándares internacionales, la acción coordinada e investigaciones rápidas y exhaustivas que involucren a todas las instancias competentes. Al respecto, hacemos una enérgica protesta contra el gobierno federal por su tardía respuesta, pues tuvieron que pasar 8 días para que interviniera. * El esclarecimiento e identificación de los más de veinte cuerpos hallados en las fosas clandestinas en Iguala. En este sentido, nos sumamos a la exigencia de los familiares de los desaparecidos a que sean antropólogos forenses independientes quienes determinen la identidad de los cuerpos encontrados. Es indispensable también que los representantes del equipo argentino de antropología forense, que ya están en Iguala, reciban todo el respaldo institucional para apoyar el proceso de exhumación e identificación de los restos encontrados. * El enjuiciamiento y el castigo a los autores materiales e intelectuales. No aceptaremos que los hechos se atribuyan al crimen organizado, cuando a todas luces sabemos que se trató de un crimen de Estado, en el que policías y funcionarios de distintos niveles de gobierno estuvieron involucrados, por omisión o por aquiescencia. * Demandamos que las autoridades estatales y federales traten con todo respeto a los familiares de los estudiantes desaparecidos y los mantengan informados, antes que a los medios de comunicación, de cada avance en la búsqueda permanente de sus seres queridos, así como del proceso de identificación de los cuerpos. Ellos, al igual que los integrantes de las organizaciones de apoyo en la región deberán tener garantizada su seguridad en todo momento. * Tenemos presente que estos hechos afectan profundamente a las Normales Rurales en su conjunto, reconocemos en ellas y en los maestros que ahí se forman, una esperanza para los pueblos que aspiran a tener acceso a la educación. Por ello manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a este modelo educativo y a los estudiantes que desde ahí se organizan. Desde la sociedad civil reiteramos toda nuestra solidaridad con los familiares de los desaparecidos, los heridos, los fallecidos y los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Llamamos a la comunidad nacional e internacional a estar atenta de la actuación de las autoridades federales, estatales y locales en el desarrollo del proceso para que estos hechos tan graves no queden impunes. También, los convocamos a una jornada nacional de lucha con acciones dislocadas en escuelas, barrios, centros de trabajo y todos los lugares posibles, el próximo miércoles 15 de octubre. Asimismo, el miércoles 22 del mismo mes, realizaremos un día de acción global donde el acto central de la Ciudad de México será una movilización con veladoras del Ángel de la Independencia al Zócalo. Los desaparecidos nos faltan a todas y todos. Es tiempo de que como sociedad frenemos ésta barbarie. 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