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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
POBREZA Y GÉNERO EN MÉXICO:
HACIA UN SISTEMA DE INDICADORES.
INFORMACIÓN 2010-2014
SÍNTESIS EJECUTIVA
Marzo 2016
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
Investigadores Académicos
Secretaría Ejecutiva
María del Rosario Cárdenas Elizalde
Gonzalo Hernández Licona
Universidad Autónoma Metropolitana
Secretario Ejecutivo
Fernando Alberto Cortés Cáceres
Ricardo C. Aparicio Jiménez
El Colegio de México
Director General Adjunto de Análisis de la Pobreza
Agustín Escobar Latapí
Thania P. de la Garza Navarrete
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social – Occidente
Directora General Adjunta de Evaluación
Edgar A. Martínez Mendoza
Salomón Nahmad Sittón
Director General Adjunto de Coordinación
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social – Pacíficos Sur
Daniel Gutiérrez Cruz
Director General Adjunto de Administración
John Scott Andretta
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Graciela María Teruel Belismelis
Equipo Técnico
Universidad Iberoamericana
Luz María Uribe Vargas
E. Sarait Cárdenas Rodríguez
Thibaut Plassot Sansans
Adriana Medina Espino
Ricardo C. Aparicio Jiménez
1
GLOSARIO1
BRECHA
Medida aritmética que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. En el contexto del análisis con
perspectiva de género, se utiliza para expresar la magnitud de las desigualdades existentes entre los sexos respecto a las oportunidades
de acceso, uso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos.
CONDICIÓN DE POBREZA
En el contexto de la medición multidimensional, se considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al
menos una carencia social (en los seis indicadores considerados: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social,
calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los
bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.2 (Véase población en pobreza).
DESIGUALDAD DE GÉNERO
Asimetría social entre mujeres y hombres. Históricamente, las mujeres han estado relegadas a la esfera privada y los hombres a la esfera
pública. Esta situación ha derivado en que las mujeres tengan un limitado acceso a la riqueza, a los cargos de toma de decisiones, a
empleos remunerados en igualdad a los hombres, y que sean tratadas de forma discriminatoria. La desigualdad de género se relaciona
con factores económicos, sociales, políticos y culturales cuya evidencia y magnitud puede captarse a través de las brechas de género.
(Véase brecha).
EQUIDAD
Principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas dimensiones
se conjugan para entender a la “equidad” como una “igualdad en las diferencias”, entrelazando la referencia a los imperativos éticos que
obligan a una sociedad a ocuparse de las circunstancias y los contextos que provocan la desigualdad, con el reconocimiento y valoración
1 Cfr.
2
INMUJERES, 2007. Glosario de Género.
CONEVAL, 2010. Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México.
2
de la diversidad social, de tal forma que las personas puedan realizarse en sus propósitos de vida. La equidad incluye como parte de sus
ejes la dignidad, el respeto y garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.
INDICADORES DE GÉNERO
Medidas numéricas o valores que tienen la función de señalar la condición y posición de las mujeres con respecto a los hombres en un
periodo de tiempo determinado y en un espacio geográfico delimitado. Son medidas específicas que muestran las expresiones de
desigualdad entre mujeres y hombres en un contexto y periodo dados. Su utilidad se centra en la capacidad de reflejar tanto la situación
relativa de mujeres y hombres, como los cambios generados en distintos espacios y periodos.
COEFICIENTE DE GINI
Medida de la concentración del ingreso; toma valores entre cero y uno. Cuando el valor se acerca a uno indica que hay mayor
concentración del ingreso; cuando se acerca a cero la concentración del ingreso es menor, es decir, existe mayor distribución igualitaria
del ingreso. Su cálculo se realiza ordenando a los hogares de menor a mayor ingreso, se hacen diez cortes iguales de hogares y su ingreso
(distribución de los hogares según decil de ingreso), se calcula el ingreso acumulado por decil y se obtiene el coeficiente de las diferencias
de la participación acumulada de los deciles con la línea de equidistribución del ingreso. Para la construcción del indicador se considera el
Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC).3
INEQUIDAD
Término utilizado en la perspectiva de género para referirse a las diferencias de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el
acceso, uso y control de recursos, bienes y servicios altamente valorados por la sociedad. (Véase equidad).
JEFATURA DEL HOGAR
Persona reconocida jerárquicamente por los integrantes del hogar y que cuenta con un mayor margen para la toma de decisiones, en
particular con aquellas relacionadas con el uso de recursos y de activos.4
3
INEGI, 2000. “Glosario”, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
Acosta, F. 2009. Hogares más pobres con jefaturas femeninas. Revista Demos, UNAM; y Echarri, C. 1995. Hogares y familias en México: una aproximación a su análisis
mediante encuestas por muestreo. Revista Estudios Demográficos y Urbanos, 10 (2), pp. 245-293. El Colegio de México.
4
3
POBLACIÓN EN POBREZA
De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza que realiza el CONEVAL, es el conjunto de personas que no tienen garantizado
el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios
que requieren para satisfacer sus necesidades.5 (Véase condición de pobreza).
POBLACIÓN OCUPADA
Personas de 16 años o más que durante el mes anterior a la entrevista realizaron algún tipo de actividad económica, en cualquiera de las
siguientes situaciones:
Trabajando por lo menos una hora o un día, para producir bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, con o sin
remuneración.
Ausente temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica.
Incluye a las personas ocupadas del sector primario que se dedican a la producción para el autoconsumo (excepto la recolección
de leña).6
TASA DE PARTICIPACIÓN
Porcentaje que representa la población económicamente activa (PEA) respecto a la de 16 años o más de edad.
TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO
Conjunto de actividades realizadas por los integrantes del hogar, sin recibir un pago por ello, para producir bienes y servicios destinados
al uso y consumo del hogar, así como el funcionamiento y el mantenimiento de su infraestructura; en beneficio de los integrantes del
hogar7. Comprende la producción doméstica, las tareas de cuidados y/o apoyo a personas dependientes; los quehaceres domésticos, la
atención de niñas y niños, el cuidado de personas adultas mayores y/o personas enfermas, entre otras actividades cotidianas y de menor
frecuencia en el ámbito del hogar.
5
CONEVAL, 2010. Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México.
INEGI, 2000. “Glosario”, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
7Cfr INEGI. “Glosario”, Encuesta Nacional sobre uso del tiempo 2009; y Encuesta Intercensal 2015.
6
4
TRABAJO EXTRADOMÉSTICO
Es el conjunto de actividades económicas que realizan las personas para producir bienes o servicios destinados al mercado. Tales
actividades pueden ser remuneradas (en dinero o especie) o no remuneradas.
El enfoque es el que se utiliza para la PEA y la población no económicamente activa (PNEA); el término extradoméstico hace referencia a
labores fuera del hogar, en contraposición con las actividades domésticas.8
VULNERABILIDAD
En el contexto del género y la pobreza, se define como la exposición al riesgo latente de sufrir discriminación, maltrato y violencia de
género, o bien sufrir alguna carencia económica y/o social que impida el pleno desarrollo de las personas.
8
INEGI. Estadísticas de Trabajo Doméstico y Extradoméstico en México 1995-1999.
5
POBREZA Y GÉNERO EN MÉXICO: HACIA UN SISTEMA DE INDICADORES
INFORMACIÓN 2010-2014
SÍNTESIS EJECUTIVA
INTRODUCCIÓN
La información estadística es una herramienta imprescindible para hacer visibles las distintas manifestaciones de la desigualdad social,
incluyendo aquellas por motivos de género. En esta actualización al sistema de información sobre pobreza y género se presenta un
conjunto de indicadores que proveen un panorama general del país acerca de la situación de mujeres y hombres con respecto a la
pobreza en distintos ámbitos de la vida familiar, económica y social. Se exponen las brechas de género en aspectos como: la
conformación de los hogares, el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el trabajo remunerado y no remunerado, el
ingreso, la seguridad social, la alimentación, las carencias en la calidad y los espacios de la vivienda, así como el trabajo doméstico.
Los datos se exponen a través de gráficas y cuadros, lo que permite apreciar la magnitud de las brechas y la evolución de la desigualdad
de género en el periodo de tiempo revisado (2010-2014), así como facilitar el uso de los datos; toda vez que es posible ubicar de manera
rápida y sencilla los insumos para cada uno de los indicadores presentados, que refieren en términos empíricos a fenómenos como la
falta de autonomía económica, la agudización de múltiples carencias sociales y la mayor vulnerabilidad de las mujeres en situación de
pobreza.
En la selección de los indicadores se ha dado primordial importancia a aquellos que posibilitan la comparación temporal, dado que
mantienen la necesaria periodicidad para su efectivo monitoreo y seguimiento. Los datos evidencian los principales problemas y
desventajas que enfrentan las mujeres; así como también el grado de avance hacia la igualdad de género a nivel nacional en indicadores
específicos.
Esta aproximación para tratar de medir la desigualdad de género busca contribuir a fortalecer la capacidad del país en materia de
generación de información estadística especializada en materia de pobreza con enfoque de género; servir de apoyo en la formulación
y adopción de políticas y programas orientadas a potenciar el adelanto de las mujeres, la igualdad de género y el desarrollo en los
6
diversos ámbitos de la vida económica, social y cultural; con especial atención a las mujeres en situación de pobreza; así como
coadyuvar en la sensibilización de la sociedad para avanzar en el reconocimiento de la importancia de la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, como soporte del desarrollo del país.
La metodología para la medición multidimensional de la pobreza diseñada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) con un enfoque de derechos sociales, es utilizada en el análisis de este sistema de indicadores para
identificar las diferencias y desigualdades por motivos de género; bajo la consideración de que las diferencias socialmente construidas
con base en el género, impactan en las condiciones de vida de las mujeres y los hombres, a través de una distribución desigual de
recursos (económicos y no económicos) que suele colocar a las mujeres en situaciones de desventaja y vulnerabilidad.
Si bien el análisis de la desigualdad de género trasciende la mera desagregación por sexo de la información estadística, conocer el
comportamiento de un indicador y su distinción entre mujeres y hombres es una primera aproximación necesaria para identificar la
relación entre las desigualdades de género y la pobreza, así como distinguir los cambios en el curso del tiempo.
De manera que el sistema de indicadores sobre pobreza y género, cuya actualización se realiza con base en la información disponible,
propone una aproximación comprensiva al análisis de la pobreza desde una perspectiva de género; su constante actualización
responde a la necesidad de generar insumos e información de carácter nacional, que sea útil y pertinente para la identificación de
dimensiones críticas de desigualdad e inequidades de género que facilite la definición de medidas estratégicas para su superación.
El sistema se enmarca en lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), la cual señala que la medición de la pobreza
llevada a cabo por el CONEVAL debe realizarse a nivel nacional y estatal cada dos años9. A partir de 2008, el CONEVAL ha realizado la
medición de la pobreza; es por ello que a la fecha el sistema de indicadores sobre género y pobreza cuenta con el análisis para 2008,
2010, 2012, y ahora se presenta la actualización a 2014.
El contenido del sistema se ajusta a las fases delineadas en su diseño (fase de corto plazo) que estima, entre otras consideraciones, la
evolución de indicadores sobre pobreza y género a nivel nacional, con base en los alcances de la información disponible. A esta
actualización del sistema le anteceden la publicación en 2012 del documento Pobreza y Género en México: hacia un sistema de
9
La medición de la pobreza a nivel municipal es realizada por el CONEVAL cada cinco años, con base en lo establecido en la LGDS.
7
indicadores10, que incluyó información de 2010, así como el texto Pobreza y género en México: hacia un sistema de indicadores.
Información 2008-201211, publicado en 2014 que incorporó el análisis para 2008, 2010 y 2012; ahora en esta actualización el análisis se
centra para los años 2010, 2012 y 2014.
Del conjunto de indicadores seleccionados, la mayoría miden directamente inequidades de género respecto a una misma dimensión
(brechas, razones, diferencias) y otros aportan información sobre características generales de la situación de mujeres y hombres
(indicadores de contexto). Para ello, a los indicadores considerados en la medición de la pobreza se suman otros que permiten hacer
visible dimensiones críticas para la reproducción de la desigualdad de género.
En esta síntesis ejecutiva se reseña, de manera breve y general, el comportamiento de la desigualdad de género en cada una de las
dimensiones consideradas, en el periodo 2010-2014 que comprende el análisis.
HOGARES
Los cambios en la composición de los hogares expresan la reconfiguración de arreglos domésticos que sugieren modificaciones
relevantes en los roles de género, los cuales guardan relación con cambios sociodemográficos de la población, las transformaciones
en las actividades sociales de las mujeres, así como en la conformación de los diversos tipos de familias.
La identificación de la persona que dirige el hogar, refiere a la construcción cultural de roles bajo la cual se suele equiparar a dicha
persona como el/la principal proveedor/a de ingresos y otros activos vitales para el hogar, además de contar con mayor margen para
la toma de decisiones, en particular con aquellas relacionadas con el uso de recursos y de activos.
Los datos sugieren una reconfiguración del papel que las mujeres desempeñan en sus hogares, lo que refleja cambios graduales de
ciertas representaciones de género que a la vez convergen con la resistencia de otras. Actualmente, alrededor de una cuarta parte de
los hogares mexicanos tienen como jefa a una mujer. No obstante, aun cuando las mujeres perciban el mayor ingreso dentro del hogar
10
El documento Pobreza y género en México, hacia un sistema de indicadores puede consultarse en:
http://web.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/PobrezayGeneroenweb.pdf
11
El documento pobreza y género en México: hacia un sistema de indicadores. Información 2008-2012 puede consultarse en:
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
8
reciben con menor frecuencia el reconocimiento como jefas de hogar, con respecto a lo que ocurre cuando un hombre es el perceptor
principal.
En 2014, por cada cien hogares jefaturados por un hombre, 35 eran dirigidos por una mujer. Esta situación se acentúa conforme se
incrementa la edad de las mujeres debido, sobre todo, a su mayor longevidad. De manera que en el último año analizado por cada cien
hogares encabezados por un adulto mayor varón, 60 tenían a una mujer de sesenta y cinco años o más como jefa.
Respecto a las características que presentan los hogares con jefatura femenina, existen elementos que sugieren una mayor
vulnerabilidad. En 2010, 2012 y 2014, cerca de la mitad de los hogares dirigidos por mujeres mostraban estructuras ampliadas, y este
tipo de hogar es algo más frecuente en aquellos hogares en situación de pobreza con jefatura femenina. Este tipo de hogares tienden
a contar con un número elevado de integrantes, lo que se traduce en mayores necesidades de todo tipo. Además, los hogares dirigidos
por mujeres y en situación de pobreza muestran una relación demográfica más desfavorable en el sentido de que cuentan, por lo
general, con más integrantes dependientes que proveedores potenciales.
Los datos descritos plantean desafíos importantes en materia de políticas públicas para fortalecer las capacidades de los hogares en
situación de pobreza, especialmente aquellos jefaturados por mujeres, para superar sus condiciones de vulnerabilidad.
INGRESO
La participación económica de las mujeres en los hogares se ha incrementado de manera continua; sin embargo, la mayor parte de la
generación de ingresos sigue recayendo en los hombres: para los tres años analizados, dos terceras partes de los ingresos de los
hogares provenían de varones, lo mismo entre los hogares que se encontraban en pobreza como entre los que no lo estaban. Debido
a la relevancia del ingreso como elemento indispensable no solo para acceder a recursos, bienes y servicios, sino también como un
referente de inclusión social, se identifica como un factor crítico de desigualdad social y de género.
Si bien la participación de las mujeres en la obtención de recursos monetarios para los hogares no es menor, sí presenta limitaciones.
Entre éstas se ubica que las mujeres ocupadas obtienen menores remuneraciones de sus trabajos, respecto a las que perciben los
hombres, a pesar de contar con una escolaridad similar; si bien las diferencias disminuyen conforme aumenta el nivel educativo: en los
tres años comparados (2010, 2012 y 2014), por cada cien pesos que ganaba un varón con educación básica, una mujer con el mismo
9
nivel educativo percibía poco más de ochenta pesos, mientras que para quienes cursaron la educación superior la razón es alrededor
de noventa pesos para las mujeres por cada cien pesos de los hombres.
Las diferencias salariales entre hombres y mujeres son aún mayores entre la población en situación de pobreza, en cualquier nivel de
escolaridad; no obstante, las brechas tienden a cerrarse conforme aumenta el nivel educativo. Estos datos refuerzan la importancia
de la educación en la reducción de las brechas de género en distintos ámbitos, incluyendo el ingreso.
Con relación al ingreso monetario de las mujeres, destaca su mayor dependencia a fuentes indirectas, es decir, no asociadas a su
participación laboral, sino a la percepción a través de transferencias, ya sean públicas o privadas. Esta mayor dependencia a fuentes
indirectas de ingreso, si bien puede suponer para las mujeres el acceso a recursos monetarios para la atención de necesidades
inmediatas del núcleo doméstico, en el mediano y largo plazo dichos ingresos pueden no ser suficientes para desencadenar procesos
de agencia económica.
Prácticamente la totalidad del ingreso de los hombres no pobres proviene de su trabajo, ya sea por su salario o por una pensión, así
como alrededor del 90 por ciento del de las mujeres no pobres. Sin embargo, esta proporción se reduce a cerca de 68 por ciento entre
las mujeres pobres, quienes presentan una mayor dependencia de los recursos provenientes de programas sociales, a través de las
transferencias monetarias. En concordancia con esto, en el periodo analizado, el número de mujeres entre 15 y 64 años de edad en
situación de pobreza es más del triple que el número de hombres pobres beneficiarios con las mismas características; mientras que el
número de mujeres beneficiarias no pobres dentro del mismo grupo etario es al menos el doble que el de los hombres.
Respecto al análisis de la desigualdad económica, medida a través del Índice de Gini, de la población que vive en hogares dirigidos ya
sea por hombres o por mujeres indica que la distribución del ingreso es apenas menos desigual en las unidades domésticas dirigidas
por mujeres., Considerablemente es más reducida la desigualdad en los hogares identificados en situación de pobreza sean éstos
encabezados por mujeres u hombres, lo que parece sugerir una distribución que tiende a ser equitativa de la precariedad.
EDUCACIÓN
La educación es sin duda un requisito estratégico del desarrollo social. En el caso de las jefas y jefes de hogar, la mayor exposición a la
educación formal se suele asociar con mejores capacidades relacionadas con el bienestar de los integrantes del hogar.
10
Si bien las brechas entre hombres y mujeres en el acceso a la educación se han ido cerrando paulatinamente, persisten situaciones de
inequidad y discriminación por motivos de género, las cuales se agudizan en la población más desfavorecida.
Los datos indican un mayor rezago educativo entre las jefas del hogar, con respecto a los jefes varones. En 2014 la distancia entre
hombres y mujeres respecto a este indicador era notablemente mayor entre mujeres a partir de los 45 años de edad. El pronunciado
rezago educativo de estas mujeres haría suponer que los hogares que encabezan se encuentran en condiciones de mayor
vulnerabilidad que tenderían a acentuarse conforme los hogares se encuentren en etapas más avanzadas del ciclo doméstico, un factor
que, en estrecha interrelación con otros, como el ingreso, contribuye de manera notable a la reproducción intergeneracional de la
precariedad, las carencias y las desventajas múltiples.
SALUD
El acceso a servicios médicos es un elemento básico para el ejercicio efectivo del derecho a la salud. No sólo favorece la conservación
del buen estado físico y mental de las personas, sino también disminuye el riesgo que enfrentan las familias ante el impacto que
enfermedades o accidentes pueden tener sobre sus recursos, toda vez que es frecuente que ante eventos de esta naturaleza los
hogares se descapitalicen o comprometan su patrimonio.
El ejercicio del derecho a la salud comprende el reconocimiento de las necesidades diferenciadas de salud de mujeres y hombres; sobre
todo en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como en el ámbito de la prevención y tratamiento de enfermedades crónico
degenerativas o servicios geriátricos requeridos con mayor frecuencia por la población femenina, debido a su mayor longevidad.
Del conjunto de indicadores sociales analizados, la carencia por acceso a servicios de salud fue la privación social que más se redujo en
el periodo comprendido entre 2010 y 2014. Este avance ha tenido un efecto significativo entre la población femenina ya que, en 2010,
2012 y 2014, un número mayor de mujeres que de hombres se encontraban afiliadas a algún programa o institución de salud (alrededor
de 110 por cada 100 varones afiliados). En este avance se observa además un incremento de cobertura de los servicios de salud en las
mujeres en situación de pobreza.
Si bien se trata de un avance importante, los datos muestran que más mujeres con acceso a servicios de salud, cuentan con este
servicio por afiliación indirecta, es decir, a partir de su relación con otras personas o de su adscripción a programas sociales: por cada
11
cien hombres en esta situación hay poco más de ciento cincuenta mujeres. En contraste, por cada cien hombres con acceso directo a
servicios de salud –esto es, por razones laborales o contratación propia– hay cerca de sesenta mujeres en esa circunstancia, y esto se
acentúa hasta sólo cuarenta mujeres en contextos de pobreza. Ello implica que el acceso que tiene la mayor parte de la población
femenina a los servicios de salud no deviene de sus propios recursos (ingresos propios, empleo etc.); no depende exclusivamente de
ellas ni cuentan con garantías al respecto. Esta situación las coloca en una situación específica de vulnerabilidad y dependencia que
atenta directamente contra su derecho efectivo a la salud.
SEGURIDAD SOCIAL
La seguridad social, entendida como un conjunto de medidas y mecanismos que buscan el bienestar de la población, al evitar
desequilibrios económicos y sociales ante contingencias, riesgos o procesos del curso de la vida como enfermedades, accidentes,
maternidad, desempleo, vejez, entre otros, muestra importantes retos y desafíos para el país.
La mayoría de la población en México carece de seguridad social. Esta carencia se agudiza en amplios sectores de la población. En el
caso de las mujeres, su participación en el mercado laboral es menor a la de los hombres y su inclusión al mismo se caracteriza
principalmente por una mayor participación en actividades precarias e inestables, rasgo que se acentúa en contextos de pobreza.
Debido a que en México los elementos básicos del acceso a la seguridad social devienen, sobre todo, del vínculo laboral, las
características de inserción de las mujeres al mercado laboral derivan en desigualdades significativas en el ámbito de la seguridad social
con respecto a los hombres: en 2010, 2012 y 2014 por cada diez hombres ocupados que contaban con los beneficios de la seguridad
social, sólo seis mujeres ocupadas se encontraban en la misma situación; entre la población ocupada en situación de pobreza, esta
cifra cae a menos de cinco mujeres por cada diez varones.
A pesar del aumento observado entre 2010 y 2014 en la población ocupada, el acceso directo a la seguridad social parece estancado;
ello implica que, a pesar de que un mayor número de personas se encuentra trabajando, su participación laboral ocurre al margen de
condiciones básicas de seguridad social. Esta situación aumenta entre las mujeres y todavía más entre las mujeres en situación de
pobreza, entre quienes se encuentran ocupadas ni siquiera una de cada diez cuenta con acceso a la seguridad social a través de su
trabajo.
12
Lo anterior sugiere una manifestación clara del proceso de acumulación de desventajas e inequidades sociales que se conjuga con las
desigualdades de género. La actualización a 2014 continúa mostrando que, aún en etapas avanzadas de la vida, menos mujeres que
hombres han cotizado en alguna institución de seguridad social, y, por ende, no contarán –al menos no de manera directa– con una
pensión ni con los servicios de salud asociados a la seguridad social.
VIVIENDA
Las condiciones materiales de la vivienda y el acceso a servicios básicos en la misma inciden de manera directa en la calidad de vida de
quienes la habitan. Si bien las condiciones inadecuadas y la carencia de servicios básicos en la vivienda afectan a todos los integrantes
del hogar, generalmente son las mujeres quienes se ven afectadas en mayor medida debido a los roles de género y a la división sexual
del trabajo, que exige a las mujeres asumirse como las principales cuidadoras de los integrantes del hogar, además de que suelen pasar
mayor tiempo en la vivienda, de manera que si ésta es inadecuada, ello aumentará las cargas de trabajo de las mujeres, el tiempo de
trabajo en el hogar, además de agudizar sus riesgos de salud.
La precariedad de las viviendas jefaturadas por mujeres u hombres en condición de pobreza es más frecuente con respecto a lo que
ocurre en las viviendas cuyos jefes(as) son no pobres: alrededor de cinco por ciento de los hogares no pobres presentan carencia por
calidad y espacios de sus viviendas, y este nivel oscila alrededor de veinte por ciento entre los hogares en condición de pobreza. Dicha
carencia se ha reducido gradualmente a lo largo del tiempo, y en los hogares jefaturados por mujeres tiende a ser ligeramente menor.
Cuando la vivienda carece de ciertos servicios básicos como acceso a agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas o equipamiento
para cocinar con gas, las familias deben generar estrategias para cubrir estas carencias, como, por ejemplo, el acarreo de leña o de
agua proveniente de lugares que pueden estar distantes de la vivienda. Los datos muestran que estas tareas son realizadas
predominantemente por hombres. En general, por cada cien hombres que realizan tareas de acarreo, poco más de sesenta mujeres
las realizan (en mayor medida quienes se encuentran en edades productivas y reproductivas). En las etapas tempranas de la vida y la
vejez, son menos las mujeres (alrededor de cincuenta) que realizan estas labores por cada cien hombres.
13
ALIMENTACIÓN
El acceso en todo momento a alimentos suficientes y adecuados puede considerarse como la necesidad humana más básica para el
desarrollo. Los datos hacen visible que las mujeres, en particular las jefas de hogar, podrían encontrarse en situaciones de privación
de alimentos que las afectan con mayor intensidad no sólo a ellas sino a sus familias, dado su papel preponderante en la selección,
adquisición y preparación de los alimentos.
Un mayor porcentaje de los hogares con seguridad alimentaria son dirigidos por hombres, mientras que los dirigidos por mujeres
experimentan mayores niveles de inseguridad alimentaria, la cual tiende a ser más severa cuando las jefas de hogar se encuentran en
situación de pobreza. En consecuencia, es mayor el porcentaje de hogares que presentan carencia por acceso a la alimentación cuando
estos son encabezados por mujeres.
Las razones de la desventaja que opera en contra de las mujeres con carencia de acceso a la alimentación y sus hogares podrían
encontrarse de manera importante, en su participación en el mercado laboral a través de trabajos precarios, en particular las mujeres
pobres; así como en las conformaciones familiares de los hogares dirigidos por mujeres, los cuales tienden a ser ampliados, es decir,
de mayor tamaño y con relaciones de dependencia mayores. Estas situaciones, sumadas a otras como las limitadas redes sociales,
podrían contribuir de manera decisiva, a la insatisfacción de las necesidades alimentarias de los integrantes de estos hogares.
TRABAJO REMUNERADO
Las condiciones de desigualdad de género en el ámbito del trabajo remunerado persisten, aunque cabe destacar que los datos
refuerzan la hipótesis de que una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral se asocia con menores niveles de pobreza,
sobre todo en edades consideradas como productivas. Si bien las mujeres participan menos en el desarrollo de actividades económicas
remuneradas con relación a los hombres, sin importar su edad o condición de pobreza, la brecha de participación en el mercado laboral
es sensiblemente menor entre la población no pobre.
Las condiciones de precariedad referidas al mercado laboral afectan a la población en formas diferenciadas. Si bien de 2010 a 2014 la
brecha se ha ido cerrando, en este último año aún se observa un mayor porcentaje de hombres que se emplearon en actividades
precarias y temporales en las que no contaban con contrato. En cambio, el volumen de mujeres ocupadas que no reciben pago por su
14
labor es muy superior al de los hombres en la misma situación, y esto se presenta particularmente entre la población de 45 a 64 años
de edad.
Otro aspecto importante es la diferencia en la participación en el trabajo remunerado de las mujeres y los hombres adolescentes, la
cual puede formar parte de las estrategias de los hogares para obtener recursos que necesitan, pese al riesgo de interrumpir la
trayectoria educativa de este sector de la población. La menor participación económica de las adolescentes respecto a sus pares
masculinos puede implicar múltiples causas, entre las que se encontraría su acceso a la educación; no obstante, también es posible
que su limitada participación en el ámbito del trabajo remunerado se deba a que han sido integradas a las actividades domésticas no
remuneradas en el hogar de origen, o incluso de una familia propia.
TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO
El trabajo doméstico no remunerado considera la participación en actividades de producción de bienes y servicios para el bienestar de
los integrantes del hogar, las cuales se desarrollan sin la intervención de las transacciones de mercado. No obstante su importancia en
la provisión de satisfactores y la atención de necesidades básicas, no sólo para el bienestar de los integrantes del hogar sino también
para el de la sociedad en general, su valor económico ha empezado a ser reconocido de manera reciente.
El trabajo doméstico no remunerado es una de las dimensiones en las que la desigualdad en las condiciones de vida de mujeres y
hombres se expresa con mayor claridad, evidenciando la sobrecarga de trabajo a la que están expuestas las mujeres. En promedio,
ellas dedican a los quehaceres domésticos alrededor de quince horas semanales más que los hombres, y entre doce y quince horas
semanales más al cuidado de niños, adultos mayores y enfermos.
Las sobrecargas de trabajo son aún mayores para las mujeres en condición de pobreza, lo cual guardaría una estrecha relación a su
falta de recursos para adquirir servicios domésticos en el mercado laboral, a una mayor precariedad en las condiciones materiales de
la vivienda y sus servicios, así como a la persistencia de roles de género y a la división sexual del trabajo que hacen del trabajo doméstico
no remunerado un espacio clave para la reproducción de las desigualdades de género, que se agudiza en los sectores de la población
más vulnerables.
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La desigualdad en la participación en el trabajo doméstico no remunerado, refiere una brecha sustantiva en el tiempo promedio que
las mujeres y los hombres destinan a los quehaceres domésticos sin recibir ingresos. Esta situación de inequidad se presenta tanto en
los hogares en los que las mujeres participan en el mercado laboral como en los hogares en que no lo hacen. En el primer caso, la
sobrecarga de trabajo para las mujeres es aún más notable ya que deben dividir su tiempo entre su trabajo laboral remunerado y el
trabajo doméstico no remunerado, es decir, realizar cotidianamente una doble jornada laboral. Las mujeres de 45 a 64 años de edad
en situación de pobreza dedican hasta 15 horas semanales más que sus coetáneos en la misma situación, lo que representa casi dos
jornadas completas de trabajo adicional por semana.
Esta situación reafirma la necesidad de formular políticas públicas que incentiven no sólo la mayor participación de los hombres en el
trabajo doméstico no remunerado, sino también la generación de medidas efectivas de política pública en el ámbito de los cuidados
que requieren personas dependientes, así como en el ámbito de la conciliación y la corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y
personal, para la construcción de una sociedad basada en la calidad de vida, el bienestar y el efectivo ejercicio de los derechos de las
personas bajo el principio de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
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