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Panel 2: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública desde la perspectiva de la sociedad civil
y los medios de comunicación.
Presentador: Los invitamos a ocupar sus lugares, por favor. Vamos a
dar inicio al panel número dos.
Aprovechamos este momento también para saludar a todos los
funcionarios del Instituto de Transparencia del estado de Tabasco, que
también en su sede, allá en Villahermosa, nos siguen vía Internet. Un
saludo para todos ellos.
Queremos mencionarles también que las preguntas que por
cuestiones no han podido ser atendidas durante el lapso destinado
para ello, serán respondidas vía electrónica en el apartado de
preguntas y respuestas del micrositio del Seminario, ubicado en la
página del INAI.
Damos inicio, entonces, al panel número dos, denominado: Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde la
perspectiva de la sociedad civil y los medios de comunicación,
encaminado a conocer la visión y expectativas de la sociedad civil y de
los medios de comunicación sobre la implementación y alcances de la
Ley General en el desarrollo efectivo del derecho de acceso a la
información y su contribución en la formación de ciudadanos más
informados, así como en la construcción de un Estado más abierto,
incluyente y democrático.
Sin mayor preámbulo, les rogamos ocupen sus lugares y tiene el uso
de la palabra la moderadora de este panel, la doctora María Patricia
Kurczyn Villalobos, comisionada del INAI.
Doctora, adelante.
Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Vamos a
esperar un segundo a ver si terminamos de acomodarnos. Creo que
nos dejaron muchas inquietudes todos los comentarios y todo lo que
se platicó por los legisladores.
Me parece que es interesantísimo cuando uno puede cuestionar a los
legisladores directamente sobre algo. A cuántos de nosotros nos
hubiera gustado preguntarles a los diputados constituyentes de 1917
sobre tantos temas de la Constitución, ¿verdad?
Estábamos dando unos minutos para que se incorporara nuestro
amigo Leonardo Curzio. Vamos a dar inicio y él se incorpora en unos
segundos más.
Quiero decirles, desde luego, que los comisionados estamos muy
contentos de haber tenido esta convocatoria, no esperábamos menos,
por supuesto, y creo que es la gran oportunidad para conocer la ley,
para explorarla, para apuntar todas las inquietudes que vienen por ahí
y qué mejor que con las personalidades que han tenido la gentileza de
aceptar nuestra invitación para acompañarnos durante el día de hoy y
el día de mañana.
Yo quisiera empezar este panel solamente para señalar que, como
parte fundamental del artículo 6º, como ya todos lo sabemos, es elevar
el potencial de utilidad del derecho de acceso a la información, creo
que ésa es la base, y llevarnos por la transparencia que conlleva el
rendir de cuentas.
En este precepto se hace referencia a la libertad de expresión, porque
su ejercicio significa que toda persona debe tener garantizado el
derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a
buscar recibir, difundir información e ideas de toda índole y por
cualquier medio.
Por ese motivo, en los objetivos enmarcados en el artículo 2º de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
encontramos principios rectores para facilitar esa transparencia, entre
lo que se destaca lo referente a la rendición de cuentas a través del
ejercicio de políticas públicas, de mecanismos que garanticen la
publicidad de información oportuna, verificable, comprensible,
actualizada y completa –no hubo más palabras, si no, también se las
hubieran agregado–, que se difunda en los formatos más adecuados y
accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las
condiciones sociales, económicas y culturales de cada región, todo
bajo modelos homogéneos.
México es uno, señoras y señores; México tiene una división política,
pero la división política no significa dividir derechos ni tampoco
obligaciones.
Los elementos esenciales para que la sociedad civil y los medios de
comunicación accedan a la información que requieran para el ejercicio
de sus funciones, de sus objetivos, de los desempeños que busquen,
debe privilegiarse el ejercicio responsable de las libertades.
Esas preocupaciones se encuentran en la exposición de motivos de la
Ley General, que los invito a que la vean y donde se consideraron los
alcances del derecho de acceso a la información, que permean
directamente en el ejercicio de la libertad de expresión.
Por su parte, la sociedad civil no sólo es destinaria de los objetivos de
la ley, sino que fue partícipe en un ejercicio plural, responsable e
informado en esta construcción del marco jurídico hoy vigente, ahí
radica también su importancia.
Permítanme que les diga, que el informe del país sobre la calidad de la
ciudadanía en México que elaboró el INE y COLMEX, tanto los medios
de comunicación como las organizaciones de la sociedad civil están
por encima de la media en la confianza institucional.
Sin embargo, debemos insistir en trabajar, en elevar todavía esa
confianza por un lado y en recuperar la confianza en aquellas
instituciones que han ido a la baja, particularmente en algunos
sectores como los que se mueven ahora en el sector público.
En el INAI se reciben, recibimos y resolvemos recursos de revisión
que interponen también las organizaciones civiles y muchos medios de
comunicación, además encontramos solicitudes de informaciones que
también nos dirigen a nosotros mismos y, por supuesto, que esos
ejercicios son válidos y seguiremos colaborando para fortalecer el
derecho al acceso a la información como medio para el ejercicio
responsable de los demás derechos que se conjuntan con el mismo.
Por ese motivo, me voy a permitir hacer algunas preguntas generales
con los señores panelistas primero preguntaría: ¿Cuál es el papel de
la sociedad civil y de los medios de comunicación en la construcción
de un México más informado y más democrático?
¿Cuáles son los retos de la Ley General de Transparencia para
promover la libertad de expresión y la gestión social?
¿Qué espera la sociedad civil y los medios de comunicación del
Sistema Nacional de Transparencia?
¿Cómo recuperar la confianza en las instituciones desde la
perspectiva de la sociedad civil y los medios de comunicación?
Para tal motivo, me voy a permitir darle la palabra en primer lugar a
Lourdes Morales Canales, una amiga que ahora es Directora de la
Red por rendición de cuentas.
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona en Paris;
maestra en Comunicación Política por la Universidad de Paris y
licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana.
Que fuera Director de Alianza Cívica y de México Observa; es
profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia
Económicas, donde dirige precisamente esta red de rendición de
cuentas.
Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en instituciones
de educación superior públicas y privadas, ha coordinado
investigaciones sobre participación ciudadana, procesos electorales en
regiones indígenas con enfoque de género, transparencia y rendición
de cuentas.
Se dice muy poco, pero Lourdes es eso y mucho más, como todos
ustedes y yo misma lo sabemos. Muchas gracias.
Lourdes, por favor.
Dra. Lourdes Morales Canales: Dan el voto de confianza previo.
Muchas gracias por esta generosa presentación y por esta invitación.
Creo que este debate es muy importante para los tiempos que
estamos viviendo actualmente, sin duda es un éxito de muchas
organizaciones, de los legisladores, de los órganos de transparencia,
el que se haya lograr aprobar esta ley general y el proceso por el cual
se transitó para poder llegar a esta ley.
Que algunos la ven como maximalista, como excesiva si la
comparáramos con otras leyes generales, pero que responde a las
necesidades de crisis, de legitimidad y de confianza que se originaron,
sin duda, por los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y por los casos de
corrupción emblemática que hemos visto los últimos meses.
Quizá si no hubiera habido esos detonadores, quizá no tendríamos
ley, no podemos saber, pero sin duda ayudaron y también ayudó el
contexto electoral, sin duda, los contextos electorales siempre son
contextos de oportunismos, pero también de oportunidades.
Espero poder contestar todas las preguntas que nos hizo la
Comisionada o por menos algunas y darla la palabra también a mis
compañeros.
Quisiera centrarme en lo que se espera de la ley general y la
vinculación de la ciudadanía y la sociedad civil con los órganos de
transparencia y con las instituciones públicas.
Creo que es una ventaja que venimos de 10 años de ejercicio del
derecho a la información, no estamos empezando de ceros, ya hay
una experiencia acumulada y en el propio INAI hay una experiencia
que se puede retomar para ver cuáles son los pasos siguientes.
Quizá los pasos siguientes lo anuncia la propia Ley General, en el cual
se dice qué parte de los objetivos es promover, fomentar y difundir la
cultura de la transparencia y también la participación ciudadana; hace
toda una descripción y también señala que es necesario propiciar la
participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
Eso es muy interesante, porque ha habido un debate muy largo en la
academia y en las propias instituciones de hasta dónde debe de
participar el ciudadano, hasta dónde se deben abrir las decisiones a la
participación ciudadana.
Esto lanza el dilema que, por ejemplo, quiénes son los que están en
las organizaciones sociales qué tan representativos son, por qué se
dan una representación que a lo mejor no tienen, de todo el tejido
social; que eso hace los procesos más ineficientes, porque si uno está
consultando, hasta dónde está la libertad de mandato, para eso se
eligen a los representantes y para eso hay un mandato del funcionario
a la administración pública.
Quizá no todas las decisiones se deben estar abriendo a la
participación ciudadana.
Luego es los tiempos que toman los procesos deliberativos.
Pero, por el otro lado, hay suficiente evidencia ahora, en la cual se ha
visto que las organizaciones sociales cumplen un rol fundamental en el
camino hacia la rendición de cuentas y en el acceso a la información.
Por ejemplo, cuatro cosas que ya están muy documentadas.
Primero. ¿Qué pueden hacer las organizaciones sociales?
Ayudan a acceder a la información, a interpretarla y a distribuirla en
formatos accesibles. Y eso ha sido bastante ventajoso para el ejercicio
de otros derechos fundamentales.
También han apoyado o activado mecanismos de control formales e
informales, al utilizar la información de manera estratégica, han hecho
alianzas para fomentar el sistema de pesos y contrapesos y ahí los
medios de comunicación son aliados claves y, claro, había que tomar
en cuenta el panorama actual que hay en México.
Finalmente exigiendo directo rendición de cuentas.
Por ejemplo, algunos ejemplos cercanos y recientes, por ejemplo,
GESOC, en su última edición del índice de desarrollo al desempeño
de programas sociales, mostró que 63 programas sociales, de 182 que
evaluó, programas sociales federales, tenían serios problemas de
opacidad y exigió mayor transparencia y rendición de cuentas.
Esos programas, no eran tres pesos, estamos hablando de 41 mil 418
millones de pesos.
Gracias a esta labor que hizo, sólo con la información que había
disponible, pero que sin duda el ciudadano de a pie quizá no había
tenido las herramientas para decodificarla, la puso en la mesa y
además tuvo interlocución con los legisladores para alertar sobre estas
inercias en cómo se dan los presupuestos a programas que de alguna
otra forma debían de ser revisados, por lo menos tener reglas de
operación para saber si están cumpliendo con su función.
Fue México Evalúa, que con insistencia de IMCO y Mexicanos Primero
obtuvieron las cifras del censo educativo, realizado por INEGI, que
costó 700 millones de pesos y México Evalúa hizo una radiografía del
dispendio presupuestal para revelar anomalías en la nómina docente,
resistencias en la transparencias en el gasto educativo, desigualdad y
las carencias en infraestructura que hay en todo el país.
Gracias a esta labor, se puso esto a disposición; han tratado de tener
una interlocución con la Secretaría de Educación Pública, que no ha
sido siempre fácil, pero se ha tratado de avanzar, aunque ahora han
alertado en que parece ser que el gobierno quiere hacer otro censo, ya
se tiene una primera radiografía y ahora quieren otra, otro caro que
justifiquen.
Artículo 19 ha documentado, con la información disponible, la violencia
sistemática contra la prensa; ha documentado que esta violencia se
comete por parte de autoridades de distintos órdenes de gobierno, ha
documentado mil 748 agresiones de 2010 a 2014 y ha dicho que
durante la actual administración, cada 26 horas se agrede a un
periodista.
Fundar logro que en las campañas electorales de 2012 hubiera un
poco más de emoción al poner el dedo en la llaga sobre el gasto
excesivo en publicidad oficial; logró que al menos hubiera un
compromiso público, que aún no ha sido concretado en la regulación
de este problema.
Esas labores son las que hacen la sociedad civil.
Me voy a casos locales, en donde trabajan con muchísima más
adversidad que la que tenemos en el Distrito Federal.
Plan Estratégico Juárez, una organización muy chica, de cinco o seis
personas, generó un programa que se llama “Regidor 19”.
¿En qué consistió este programa?
Ellos dijeron que como ciudadanos querían ser un regidor más en el
cabildo y monitorear las acciones de su gobierno local.
Tuvieron que pasar una serie de obstáculos, por ejemplo, que ni
siquiera los dejaban entrar a las audiencias del cabildo porque decían
que no eran públicas, hasta que finalmente monitorearon la cantidad
de regidores que no iban a las sesiones de cabildo y que recibían un
salario.
Entonces, a través de una movilización, a través de las redes sociales,
mostraron a los regidores que no cumplían y que debían a la
ciudadanía dinero, y lograron que dos reintegraran el sueldo.
Esas son algunas acciones.
¿Qué es lo que pasa? Que esto requiere una nueva política de
participación y creo que el INAI está en una oportunidad enorme tanto
por el papel que va a tener en el Sistema Nacional de Transparencia
como el papel que va a tener en el Sistema Nacional Anticorrupción,
de apoyar y motivar que se haga esta nueva política de la
participación.
Si tomáramos el clásico de Arnstein de la Escalera de la Participación,
tenemos que en México muy frecuentemente se confunde
participación con necesidad de legitimar acciones.
Tenemos que en la escalera más baja está la manipulación, luego
viene la terapia, luego viene la información, luego la consulta, les
consultamos para que estén contentos y ya, el diálogo si acaso; luego
tomar algunas decisiones y lo más difícil es la delegación de poder y el
control ciudadano.
En la Red por la Rendición de Cuentas hemos tratado de incentivar
políticas que coadyuven al control democrático de lo público, que esto
no es más que la capacidad de transformar al gobierno desde la
sociedad a través de acciones que puedan influir a la mejor toda de
decisiones.
Creo que ahí el INAI es uno de los retos que va a tener, esto implica
nuevos desafíos en cuanto a la capacidad propia de las
organizaciones. Yo sé que muchas veces también está el otro
discurso, que en las organizaciones están los buenos, los que no
tienen intereses políticos, los que no tienen nada que recriminarse; no,
hay que avanzar también a una corresponsabilidad, hay de todo, la
sociedad civil es el reflejo de la sociedad mexicana.
Así como hay organizaciones muy profesionales, con muchas
herramientas, con cierta autonomía, hay otras que no.
Radiografías de la ciudadanía como las que menciona la comisionada
Kurczyn, como el informe de la calidad de la ciudadanía del INE, nos
muestra al ciudadano que tenemos, que está muy lejos de ser este
ciudadano ideal, informado, que exige cuentas, que está activo, está
todavía muy lejos de ser este ciudadano que necesitamos para la
sociedad democrática a la que queremos aspirar.
Sin embargo, también tenemos que en los últimos dos años pasamos,
según las estadísticas y las cifras de INDESOL, de 18 mil 988
organizaciones a 27 mil 999.
¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué surgieron? Podría haber tres
hipótesis.
La primera es: Los cambios en la política, te quedas sin trabajo, crea
una OSC, puede ser. ¿Necesidad de empleo? Sí. No se van a hacer
ricos de una vez les digo, pero es ocupacional.
El clientelismo, las vinculaciones con los partidos o quizá nuevos
incentivos para la participación ciudadana.
En los ochenta se decía que participar en una organización era o por
necedad o por masoquismo; yo creo que por ahora ya vemos que hay
más resultados y que sí hay un poco más de incentivos para la
participación.
Otro punto que quiero tocar, me quedan tres minutos, es que con la
Ley General se crea una instancia formal de interlocución, y esto es
muy importante; es el consejo consultivo de los órganos garantes.
En la Ley sólo se establece que esto va a ser nombrado por el
Senado, uno porque es muy optimista dice consejo consultivo
ciudadano, pero la verdad es que nada dice que va a ser un consejo
consultivo ciudadano.
Esto, primero, podría tener dos vertientes. Un consejo que tenga un
componente técnico, especializado, que ayude a debatir algunas de
las resoluciones del órgano garante sin quitar atribuciones y sin ser
una sombra, cada quien en su cada cual; pero puede ayudar a
socializar la información y entender y avanzar los criterios garantistas
con los que actuará el órgano garante.
La otra vertiente sería de traducción, formación y pedagogía, para lo
cual me imagino que algún integrante de los medios de comunicación
o algunos sería muy necesario.
¿Cuál es la alerta? Creo que en la selección de comisionados que
hubo en este proceso, en la renovación del INAI, se dio un proceso
inédito de amplia consulta a la ciudadanía, de criterios preestablecidos
y de mucha confianza y legitimidad, y eso es un aval que tiene.
No vaya a ser que por la puerta trasera les vayan a poner a personas
que no cumplan, mínimo, con estos criterios y que actúen con Acuña –
perdón, mi pobre Comisionado de Oaxaca ya estará harto que siempre
lo cito– que les pase lo de Oaxaca, que realmente se volvió un alacrán
en la oreja ese Comité.
Eso es muy importante cuidar cómo se va a dar ese proceso, y
potenciar a través de estos consejos que, además, se van a quedar en
los estados.
Si el INAI logra crear un modelo replicable, creo que sería bastante
bueno.
Cierro con lo último.
Hay muchas restricciones y retos, hay una agenda pendiente que nos
preocupa, una agenda en materia de Ley Federal de Transparencia y
leyes estatales, en donde habrá que darle seguimiento y habrá que
lograr un marco normativo acordé con lo que ya se aprobó; y una Ley
General de Archivos, la cual nos genera mucha preocupación porque
después de los foros que se hicieron, sabemos que existe un
anteproyecto que deliberadamente se ha escondido al debate público.
Yo sé que el grupo de archivólogos no es tan activo, como el grupo de
acceso a la información. Pero es necesario que el INAI se haga cargo
también en su participación en el Sistema Nacional de Transparencia
de la relevancia de los archivos y de la responsabilidad sobre la
generación, administración, resguardo de documentos y expedientes.
¿Qué esperaríamos del INAI?
Que se blinde y que ejerza su autonomía política, que sea garantista,
cercano a los ciudadanos, a pesar de toda la parafernalia que significa
estar en este gran edificio y con todas estas herramientas, que no se
olvide que está haciendo historia y que, sin duda, coadyuve a la
generación de esta política de participación.
Muchas gracias.
Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchas
gracias, Lourdes. Sí, por supuesto que tomamos muy en serio tus
preocupaciones, son también las nuestras.
El INAI sabe que tenemos una gran oportunidad, pero más que por
oportunidad lo que queremos es trabajar por responsabilidad y por un
convencimiento total.
Estamos seguros que con el apoyo de todos los mexicanos, con el
apoyo de los medios de comunicación, con el apoyo de la sociedad
civil vamos a construir, por supuesto, un modelo que será como su
nombre indica: Un modelo.
Yo creo que necesitamos un diálogo social ampliado, en el que
participe la academia, la sociedad civil, los sindicatos, las legislaturas y
todo esto, en el que hagamos lo que tú mencionas, ése vinculo tan
importante entre el ciudadano y el poder político y justamente la
sociedad civil lo puede hacer, junto con las legislaturas, por supuesto,
que para eso nombramos representantes populares.
Muchísimas gracias, Lourdes. Tus palabras muy interesantes.
Y ahora me voy a permitir presentar y darle la bienvenida, todos la
conocen, pero de todas maneras una formalidad: Haydeé Pérez
Garrido, que es directora de Fundar, que es internacionalista con
estudios de posgrado en derechos humanos y democracia, por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; que ha colaborado
como investigadora en el Programa Interdisciplinario y de Estudios de
la Mujer en el Colegio de México.
Que fue Coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de
Fundar y durante dos años representante de las organizaciones de la
sociedad civil en la Alianza para el Gobierno Abierto en México.
Es autora de diversos artículos y ensayos sobre accesos a la
información, rendición de cuentas, participación ciudadano y gobierno
abierto, y actualmente es Directora Ejecutiva de Fundar, Centro de
Análisis y de Investigación.
Muchas gracias, Haydeé. Por favor, tienes la palabra.
Lic. Haydeé Pérez Garrido: Muchas gracias, Comisionada. Muy
buenas tardes a todas y a todos.
Agradezco mucho a los comisionados y las comisionadas del INAI la
invitación a participar en este Seminario. Y saludo con mucho gusto a
mis compañeros y compañeras del Presídium.
Creo que muy parecido a la intervención de Lulú, me pareció
importante antes de comenzar a hablar de cuáles son los retos y
alcances que observamos desde la sociedad civil, con respecto a la
Ley General de Transparencia, me pareció importante explicitar qué
entendemos por sociedad civil.
Cuando escuchamos este término podemos pensar en un abanico
amplio de actores, yo creo que depende de quiénes seamos y de
dónde venimos y de nuestra historia y demás.
Podemos pensar en grupos empresariales, podemos pensar en
instancias académicas, en asociaciones de beneficencia, en
organizaciones de la sociedad civil, en activistas, etcétera.
En el caso de Fundar, y yo diría de la comunidad de práctica en
materia de acceso a la información y transparencia, que incluye
muchas de las organizaciones que ya mencionó Lulú en su
presentación, nuestras reflexiones sobre la Ley General y en general
sobre la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno y el
parlamento abierto, parten de tres fuentes principales.
Es decir, lo que quiero hacer es explicitar de dónde vienen nuestras
reflexiones, nuestras propuestas, nuestras críticas y nuestra
participación.
La primera fuente es que somos usuarios del derecho de acceso a la
información. Es decir, tenemos un ejercicio diario del derecho para la
conformación de nuestros proyectos de contraloría social y de
investigación aplicada. Ése es uno de los elementos de trabajo de la
sociedad civil.
También viene de nuestro trabajo como promotores y facilitadores del
ejercicio del derecho y el derecho no nada más de acceso a la
información, sino también de la participación ciudadana a partir de
nuestra vinculación con organizaciones, con comunidades, con
movimientos sociales y con periodistas y medios de comunicación.
Y, por último, como estudiosos o analistas del derecho de acceso a la
información y de las políticas públicas.
Nuestro trabajo parte de un enfoque de derechos humanos. Esto
implica que entendemos primordialmente al acceso a la información
como un derecho humano cuyo ejercicio debe ser garantizado por los
estados y como un derecho llave.
Esto implica que ayuda a habilitar el ejercicio de otros derechos.
Creemos –y lo hemos comprobado, porque además es algo que
hacemos todos los días– que el acceso a la información facilita la
participación política y esta participación política, informada,
permanente, contribuye a la exigencia, a la evaluación y a la eventual
garantía de otros derechos económicos, sociales y culturales. De ahí
su importancia.
En el caso de Fundar, llevamos 16 años impulsando mejoras a los
marcos normativos, a las instituciones y a las prácticas
gubernamentales para lograr gobiernos y congresos transparentes qe
rindan cuentas, y abiertos a la participación ciudadana.
Al igual que nosotros, muchas otras organizaciones hacen este trabajo
a partir de la creación de índices y de estudios que analizan el estado
que guarda la transparencia y el acceso a la información en el país, y
también a partir de plataformas electrónicas.
Es decir, hemos incorporado el uso de nuevas tecnologías de la
información para hacer accesible información sobre temas de interés
público, como ya lo mencionaba Lulú, por ejemplo, los gastos en
materia de publicidad oficial, en materia de industrias extractivas, de
minera y petróleo, de padrones de beneficiarios de subsidios al campo
y otras organizaciones lo han hecho en materia de educación, de
programas sociales, etcétera.
También nuestro trabajo lo hacemos a partir de estrategias jurídicas o
lo que normalmente conocemos como litigio estratégico, a partir de
llevar casos que incluso han llegado a ser analizados y discutidos por
la Suprema Corte, para abrir información que, desde nuestro punto de
vista, debería ser publicada, como es el caso, por ejemplo, de los
créditos fiscales, de las declaraciones patrimoniales y de interés de los
servidores públicos que, desde nuestro punto de vista, deberían
abrirse versiones públicas, porque fomentan la rendición de cuentas,
acercan el vínculo entre sociedad civil y gobierno, recuperan la
confianza, etcétera. Y también temas como fideicomisos y fondos
públicos, y averiguaciones previas concluidas.
También hacemos nuestro trabajo en plataformas y en alianzas de
sociedad civil, pero no solamente con organizaciones o con
contrapartes como nosotros, sino también lo hacemos con plataformas
multiactor, en donde participan órganos garantes de la transparencia,
comisiones de derechos humanos, funcionarios de gobierno, este es el
caso de la alianza para el gobierno abierto; de la alianza para el
parlamento abierto, que se ha puesto en pausa o la iniciativa de
transparencia de las industrias extractivas a nivel nacional y a nivel
internacional.
Así, en este marco de acción colectiva, junto con el Colectivo por la
Transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de
Cuentas, participamos en un grupo de trabajo en el Senado de la
República, en el que elaboramos de manera conjunta con cuatro
grupos parlamentarios la Ley General de Transparencia que hoy nos
convoca a este Seminario, en un ejercicio efectivamente inédito y de
cocreación legislativa entre sociedad civil y el Congreso.
Desde nuestro punto de vista la ley general, como ya decía, es un
instrumento para los derechos humanos, fue nuestro objetivo desde la
reforma constitucional, desde las campañas electorales, pero no por sí
misma, sino teniendo en cuenta todo lo que posibilita y todo lo que ya
mencioné anteriormente.
La ley general, ahora es un nuevo estándar para la garantía del
acceso a la información, pero para que podamos comenzar a ver sus
resultados en el ejercicio práctico del derecho hace falta mucho
camino por recorrer, estamos en la puerta de entrada.
Desde Fundar identificamos cinco retos principales para cumplir con
los objetivos establecidos en la reforma constitucional de 2014.
El primero es, justamente, la armonización legislativa en la federación
en los estados. Consideramos que a partir del próximo periodo
legislativo se debería de aprobar en procesos abiertos y transparentes
para continuar con el estándar que ye hemos establecido en esta
materia, una reforma a la ley federal y a las 32 leyes estatales para
homologar estos instrumentos con base en los principios establecidos
en la ley general.
Así como llevar estrategias de sensibilización y de capacitación a los
sujetos obligados y, por supuesto, asegurar suficiencia presupuestaria
para su adecuada implementación.
Pero aquí vale la pena hacer un énfasis, no es suficiente con llevar a
cabo procesos de reformas legislativas y esto nos lo muestra la
historia reciente. Ya tuvimos una reforma constitucional en 2007 y ya
se mandató a los congresos federal y local homologar sus leyes a la
reforma constitucional.
Con base en datos del Índice del Derecho de Acceso a la Información
en México, del IDAIM, que acabamos de sacar recientemente.
Observamos que solamente nueve leyes cumplen con la reforma de
transparencia de 2007.
Pero más preocupante aún es que de las 17 leyes que obtuvieron
bajas calificaciones o calificaciones reprobatorias en este índice, 16
fueron reformadas de 2007 a la fecha y no lograron mejorar
significativamente las condiciones de transparencia y sobre todo no
lograron adecuarse a los principios establecidos en la reforma del
2007.
Lo que nos dice esto es que el problema no está en las reformas, sino
en la calidad de las mismas. Incluso en algunos de los procesos de
reforma, algunos actores la ven como oportunidades para incluir y
para colar retrocesos.
Creemos que es adecuado que la ley general sea el punto de partida,
pero no el de llegada. También hay que decir que ha algunas leyes,
por lo menos dos, que se encuentran por encima de los estándares
establecidos en la ley general en cuanto a la garantía del derecho.
Incluso, la mitad de las leyes federales ofrecen plazos menores de los
contenidos en la ley para el procedimiento de acceso y los recursos de
revisión; el llamado sería llevar a cabo procesos legislativos de calidad
con participación ciudadano, abiertos, transparentes, pero que
garanticen la armonización a los principios de la reforma
constitucional, hacer leyes sin esto, la verdad, es que no tiene mucho
sentido.
Otro de los retos que identificamos y que hemos puesto el dedo en la
llaga, ya desde hace mucho tiempo, no solo fundar, sino los colectivos
que trabajamos desde sociedad civil en esta materia, es mejorar el
proceso de designación de los comisionados y comisionadas de los
institutos de transparencia.
Para muestra un botón, creo que todas y todos los que estamos aquí
hemos escuchado y hemos leído de cómo se está llevado a cabo el
proceso en Baja California actualmente, parece que se está
revirtiendo, parece que hoy en unas horas se va a trasmitir ya las
entrevistas en vivo de los candidatos y candidatas, pero hay que decir
que el proceso no comenzó así.
Un proceso sin etapas
proceso que finalmente
ciudadanía, justamente
vínculos y que tendrían
político.
claras, un proceso poco transparente, un
no genera legitimidad y confianza para la
a órganos que tendrían que fungir como
que llevar a cabo un contrapeso del poder
Ya se mencionaba que ya hay estándares en materia de los modelos
de nombramiento de comisionadas y comisionados, fundamental que
existan de manera previa establecidas las etapas del proceso, que
haya instrumentos de evaluación y participación de la ciudadanía con
criterios claros de qué se necesita evaluar.
Y de esta manera avanzar en el nombramiento de personas
especializadas, independientes de los poderes públicos y fácticos que
realmente estén dispuestos a fungir como un contrapeso del poder.
De acuerdo al mismo índice, al IDAIM, los procesos actuales en las
leyes no garantizan la transparencia en la inclusión de la participación
de la sociedad civil, en términos generales; 17 leyes no contemplan
una convocatoria abierta, solamente cuatro cuentan con un
instrumento técnico de evaluación y permiten la participación
ciudadana y sólo dos establecen que las entrevistas del Congreso
sean de carácter público.
La pregunta que nos hacemos es de qué sirve reforma constitucional,
de qué sirve Ley General, de qué sirve la autonomía ganada en los
marcos normativos cuando seguimos limitando la independencia de
los órganos en la práctica.
Me queda poco tiempo, señalo brevemente otros tres retos que
identificamos.
El tercero tiene que ver con la implementación de la ley en los nuevos
sujetos obligados y las nuevas obligaciones de transparencia: Poder
Legislativo, partidos políticos, sindicatos, fondos y fideicomisos y,
sobre todo, privados que ejerzan actos de autoridad.
Aquí decir que hay un pendiente importante en estos sujetos
obligados, que se han quedado rezagados en materia de
transparencia y de rendición de cuentas.
Hace unas semanas, en abril, 12 organizaciones de la sociedad civil
lanzamos el diagnóstico de parlamento abierto, que permite conocer el
grado de apertura de los 34 cuerpos legislativos del país.
A partir de 10 principios muy básicos y 95 indicadores, se muestran
claramente cuáles son las carencias que tienen los congresos en
materia de información detallada sobre el monto y el uso del
presupuesto y el desempeño legislativo individual, entre muchas otras
cosas como conflicto de interés, como justamente declaraciones
patrimoniales, públicas, etcétera.
Yo me imagino, no alcancé a llegar a la mesa, pero que algo de eso se
trató en la mesa anterior, me imagino, y claro que nos hacemos la
pregunta: ¿Ese artículo 13 de la Ley a qué responde?
A que, efectivamente, el Congreso tiene la intención de hacer de
manera seria su trabajo de organización, administrativa, de
información, archivos, etcétera o que siguen dilatando su obligación de
transparentar y de rendir cuentas.
Creo que eso nos lo dirá el tiempo, nosotros estaremos, sin duda, muy
al pendiente, porque es una deuda que tiene el Congreso desde hace
mucho.
Por supuesto, solamente mencionar que tenemos pendiente la ley de
archivos y la ley de protección de datos personales, piezas claves para
el adecuado funcionamiento del sistema nacional de transparencia.
Por último, todo el reto que representa el tema de lo abierto, gobierno
abierto, parlamento abierto, datos abiertos, estado abierto.
Me parece que en ese paraguas conceptual se puede colar casi
cualquier cosa, se pude entender como gobierno electrónico, se puede
entender como obligaciones de transparencia, se pude entender como
meros ejercicios de consulta que terminan siendo simulación.
Ceo que también ahí el INAI tiene un papel muy relevante de
comenzar a poner cuáles son los criterios y cuáles son los estándares
para que realmente hablemos de gobierno abierto, de parlamento
abierto y de formatos abiertos y no que se utilice como mejor
convenga a los intereses de distintos actores.
Por último, quiero terminar diciendo que efectivamente creemos que
esta ley debe servir para reducir las fallas y las limitaciones que
teníamos con los marcos normativos anteriores.
Efectivamente subimos el estándar normativo, creemos que esto
podría significar o esperamos que signifique menos recursos de
revisión que se interpongan por la inexistencia de información o por la
clasificación equivocada por parte de los anteriores sujetos obligados.
También deberíamos observar una evolución más positiva de los
portales de obligaciones de transparencia y ojalá menos amparos por
violaciones del derecho al acceso a la información.
Pero para que logremos realmente ver, en el día a día, quienes somos
usuarios del derecho al acceso a la información todos estos avances,
habrá que poner mucha atención en los pasos que necesitamos dar
para garantizar efectivamente el acceso a la información.
Gracias.
Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchísimas
gracias.
Es muy interesante todo lo que nos ha señalado, en realidad nosotros
también tenemos las reflexiones que ustedes nos han platicado, esas
tres fuentes de reflexión; los retos, son también unos retos que
nosotros tenemos, de manera que nos vamos a sentir muy
acompañados como comisionados y como responsables de la
creación de este modelo y de la aplicación de la ley.
Siempre cuando una ley es nueva, vienen los ajustes y vienen los
criterios de interpretación y vienen algunas cosas. Ya aquí los señores
legisladores manifestaron algunas situaciones que habían quedado
pendientes, falta esa armonización con la legislación, no solamente
con las estatales, sino con las leyes federales que nos faltan todavía.
Todo esto me parece que estamos caminando juntos.
Qué bueno que nosotros tengamos esa especie de contraloría social a
que se ha referido Haydeé, y estamos muy conscientes de que
formamos parte de las políticas públicas y manejamos o dirigimos la
política pública en acceso a la información.
Y de acuerdo con la OCDE, por ejemplo, para estas políticas públicas
y una buena gobernanza, la eficacia y la eficiencia son los retos y en
esas estamos.
Muchísimas gracias a la licenciada Haydeé.
Ahora me voy a permitir presentar a Leonardo Curzio Gutiérrez, quien
es licenciado en Sociología y maestro en Sociología Política por la
Universidad de Provenza en Francia, doctor en historia por la
Universidad de Valencia en España.
Ha sido catedrático en diversas universidades nacionales y
extranjeras, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales, investigador titular del Centro de Investigaciones de
América del Norte de la UNAM e investigador del Sistema Nacional de
Investigadores.
Actualmente es Director de Enfoque Noticias, conductor de la primera
emisión de Enfoque. Es columnista del periódico El Universal, aunque
tiene una amplia trayectoria colaborando en diferentes medios
impresos y electrónicos.
Nos da muchísimo gusto y le agradecemos su presencia y su
participación.
Dr. Leonardo
Comisionada.
Curzio
Gutiérrez:
Soy
yo
quien
agradece,
Me siento muy honrado de haber sido invitado a este Seminario,
agradezco mucho a las comisionadas, a los comisionados. Me siento
muy halagado también por compartir la mesa con tan distinguidos y
distinguido ponente.
Tengo 13 minutos. Quisiera en términos generales decir que esta Ley
que hoy comentamos es vista en perspectiva en una buena historia
para el país a pesar de las tribulaciones, los flujos y reflujos que tuvo,
todos los problemas de calendario, incluso, jugaron con los nervios de
muchos; finalmente tenemos una buena Ley.
Hubo preocupaciones también por un juego de sucesivas versiones
que desconcertó a quienes seguimos este tema. Ya no se sabía sobre
qué asunto o cuál era la redacción que había que seguir o cuáles eran
las principales preocupaciones.
En suma, fue una historia emocionante y tiene un final razonablemente
bueno.
Hay unos elementos también importantes, hubo una interlocución
inédita entre el Poder Ejecutivo, reuniones con el Consejero Jurídico
de Presidencia, el autor de algunas de las versiones, nos enteramos
de buena parte de lo que ahí se dijo.
Hubo también una interlocución entre comisionados de esta casa, los
legisladores, los expertos de la sociedad civil; creo que es en términos
generales, amigas y amigos, un ejercicio tremendamente benéfico
para la musculatura democrática de la República.
El grupo de expertos, interesados, sociedad civil, académicos,
periodistas que estaban interesados en este tema, hizo una especie
de ejercicio de Anti Lobbying profundamente impactante; es decir, no
fueron a influir en las decisiones de los legisladores por un interés en
particular, sino por abrir los temas de una manera muy clara y muy
benéfica para la vida del país.
Y debo decir también que no es habitual que esto ocurra, hubo
receptividad por quienes toman decisiones en el país y finalmente en
esta competencia tradicionalmente el Estado o gana en esto que
llaman el brain power, o sea, las capacidades intelectuales, en
términos no de que sean más listos unos que otros, sino la capacidad
de reunir grupos de trabajo, estudios comparado, ir avanzando en
argumentos en un sentido y en otro.
Todo este grupo que de manera sobresaliente trabajó en esto,
compitió y ganó en buena lid en una buena parte de los argumentos;
de tal manera que se ganó, déjenme decirlo así, una pequeña gran
batalla.
Y digo pequeña gran batalla porque tiene efectivamente en su seno un
potencial enorme, aunque por supuesto tiene muchísimos pendientes
que deben desarrollarse.
Y como toda pequeña gran batalla tiene triunfos, plantea cambios de
rasante o de dirección y tiene también algunos pendientes.
Déjenme reseñar brevemente los triunfos. En primer lugar, es una Ley
General, creo que es un avance muy importante. Cuando tuvimos la
primera Ley de Transparencia, el ámbito federal era el que se ocupaba
o se atendía el ámbito federal y muchísima gente decía: “Oiga, ¿pero
de qué me sirve esto si buena parte de los que toman decisiones de
manera cercana a mí, no puedo tener los mismos parámetros de
acceso a la información”. El hecho de que sean los tres poderes y los
tres niveles –no me extiendo en este tema– es un gran tema.
El Legislativo, ya lo comentaba Haydeé, se regaló un transitorio para
quien más se va a ver regalado un transitorio, salvo para ordenar,
supongo, administrativamente todo lo que va a ser público; tienen el
mes de septiembre, no veo otra razón por la cual se hubiesen
regalado ese transitorio.
¿Qué es otro de los efectos benéficos de la transparencia?
Que obliga a ordenar administraciones tradicionalmente caóticas y
ponerse al día en por lo menos las obligaciones elementos que deben
de tener en sus páginas.
Se abren también fideicomisos, se abre la condonación, toda una
batalla ahí también muy comentada en medios de comunicación sobre
el tema de créditos fiscales, una interesante polémica tuvimos sobre si
pueden o no reservarse los delitos de lesa humanidad, si la opinión
debía ser del Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o
no, creo que se resuelve favorablemente.
Me parece particularmente interesante, y volveré sobre este tema, que
los órganos de seguridad entran a la Ley y sólo podrán reservar
información con prueba de daño.
Esto, por supuesto, nos lleva a una discusión que me parece central,
el secreto es válido en toda democracia, siempre y cuando proteja a la
seguridad nacional un interés constitucional superior, pero no debe
afectar nunca el principio general de la máxima publicidad.
Ustedes saben que todas las democracias, todos los estados tienen
esta dualidad entre ser, efectivamente, estados abiertos y tener que
garantizar algunos secretos, finalmente el secreto es la esencia del
poder y no todo mundo compite en el ámbito público con los mismos
principios abiertos; y, en consecuencia, el Estado tiene los secretos,
los arcana imperii, que le permiten, efectivamente, gestionar amenaza,
riesgos, etcétera.
Pero que tenga plantear la prueba de daño como un elemento
fundamental, creo que es un avance, por tanto, un secreto válido sin
que el principio de la máxima publicidad se altere.
Decía hace un momento, ordenará administrativamente muchas
dependencias, lo cual es muy bueno y también inyectará en un
principio general de la democracia, que es la visibilidad de todos los
actos de gobierno.
¿Por qué subrayo esta obviedad?
Y aquí entro a los cambios de pista, porque hay muchas, por ejemplo,
en materia de políticas sociales, compra y coerción de voto y muchos
otros temas en la vida del país que nos hablan de un debilitamiento de
la vocación democrática del régimen.
Esto preocupa y preocupa mucho, porque a partir de las pequeñas
grandes construcciones uno manda, efectivamente, la orientación de
que el sistema se va abriendo o se va cerrando.
Creo que con esta ley se manda la señal de que, efectivamente, el
camino, en el cruce de caminos la ruta por la que seguimos es la de la
transparencia y, por consiguiente, la ruta de la democratización.
Porque aunque no sepamos más que eso de la democracia, todas las
ideas ligadas a democracia, del siglo XVIII al siglo XXI, se fundan en la
visibilidad de los actos de gobierno.
Decía la tradicional definición de democracia de Lincoln que: “Es el
gobierno del pueblo por el pueblo”, le faltó agregar “Ante el pueblo”,
que muchos otros ya lo han recordado que el gobierno, efectivamente,
democrático es un gobierno que hace todos sus actos visibles frente al
autoritarismo que es sin el pueblo, con una élite y hace del secreto su
norma.
Por tanto, que haya secretos en una democracia y en un sistema
autoritario puede ser una constante, puede ser una cosa común, la
diferencia es que en el autoritarismo el secreto es una constante y en
la democracia es una opinión, es decir, el Estado democrático debe
ser en principio transparente y omnividente, tiene enormes
capacidades para fiscalizarnos y vive Dios que el SAT las tiene para
ver absolutamente todo lo que hacemos y otros órganos que no
deberían ver lo que hacemos, pero también lo ven.
Pero la paradoja de la democracia es que debes estar viendo todo
esto y al mismo tiempo ser transparente, el autoritarismo puede ser,
efectivamente, omnividente y absolutamente invisible, lo cual le
plantea una vida infinitamente más sencilla.
¿Cuáles son los pendientes que a mi juicio se abren?
En primer lugar y el más obvio, que se ponga en práctica todo esto, la
normatividad no basta, que tengamos una institución como ésta,
confiable, con prestigio, en vías de construcción y fortalecimiento no
basta para cambiar un país, hace falta muchísima participación.
Tenemos una lectura tremendamente optimista sobre la sociedad civil
mexicana, vamos a ver cuántos votamos el día 7 de junio, pero en
general tenemos una sociedad que es más bien distante de los temas
públicos, nos ha costado mucho que participe, desde la confección de
presupuestos, aunque sea una cosa muy limitada, hasta otros temas
que, por supuesto, no tengo tiempo de abordar en este momento.
Está el tema de la Ley de Archivos, ya también lo comentaban y cómo
se clasifican documentos. Esto me mete –lo pongo sobre la mesa por
ver si alguien me lo aclara– algunos problemas sobre los archivos
electrónicos. ¿Cómo se guarda determinada información, y cuándo y
cómo se descarga de los archivos electrónicos? O tendremos una
colección de datos infinitos de todos los actos de gobierno o se puede,
en algún momento, pensar en qué parte, no del derecho al olvido,
porque los estados no lo tienen, pero decir cómo vamos con la nueva
tecnología a gestionar todo esto.
Yo creo que los que van a discutir la Ley de Archivos, con las nuevas
tecnologías, es una tarea que no sé cómo la van a resolver.
A mí me preocupa mucho –y con esto quisiera terminar– el tema de
los secretos, porque no es una cuestión menor y por supuesto lo ligo a
lo de la transparencia.
En los tiempos en que vivimos, en los que estamos totalmente
observados, pregúntenselo a los directivos de la OHL, no solamente
por los gobiernos, sino por absolutamente cualquier tipo de interés,
ciertamente el tema de quién tutela los secretos y la privacía, es decir,
son los dos ámbitos, aparte de los secretos, porque tradicionalmente
suponíamos que los únicos que tenían capacidad de espiar eran los
gobiernos y, por tanto, era cómo controlo esa capacidad de los
gobiernos de meterse, efectivamente, en la vida de los ciudadanos.
La verdad es que la Ley de Seguridad Nacional que tenemos es una
ley que ha quedado absolutamente obsoleta, a pesar que es una ley
de este siglo, la tecnología –que creo que habría que activar ese
debate de una manera muy clara, sobre todo cuando estamos
diciendo que tenemos una buena ley de transparencia–, ¿qué
hacemos para proteger las comunicaciones que tenemos los
ciudadanos.
Hoy es, como digo, “de niños de pecho” el pretender que un juez
autorice una intervención telefónica; no solamente es ridículo, se reiría
de usted, diría: “Oiga, pero si tenemos duplicadas todas las tarjetas
SIM que nos interesan”. ¿Qué derecho tendría? ¿Por qué un juez
tendría que venir a autorizarme una intervención telefónica?
Por tanto, veo ahí un problema muy grave que simplemente lo dejo
sobre la mesa ente esta distinguida audiencia.
Y, por último, creo que el que la información circule libremente o que
esté en Internet, no basta si efectivamente no conseguimos que el
Estado mexicano garantice el derecho a la información de todos los
demás, y digo que se abran todos los espacios informativos; un
ciudadano tiene que derecho a que la información del Estado sea
pública, pero tiene derecho también a que circule libremente por todos
los medios, de tal manera que el ciudadano pueda estar informado,
tener una adecuada contextualización de la información y proyectar
también la información.
Por tanto, ligo el derecho a la información con la transparencia y por
supuesto con la libertad de expresión.
Agradezco muchísimo la invitación y sobre todo su atención.
Muchas gracias.
Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchas
gracias. Le agradecemos muchísimo su participación, que por
supuesto ha sido muy puntual también y nos ha planteado los temas
que nos hemos planteado, pero con una gran precisión.
Esos pendientes que usted menciona requieren, como lo dice, no
solamente a la normatividad, sino la eficacia. Hay un término que dice
que cuando la ley no se aplica es nula, y por supuesto si una ley es
nula, si es letra muerta, cuando es inviable, cuando son leyes que por
su forma de redacción, por el oscurantismo que encierra la propia ley y
todo no es aplicable, de verdad es una ley que no es eficaz, una ley
que no nos permite realmente eficientar los servicios que queremos.
Yo sí creo, también como usted, que es muy complicado el tema de
los secretos y que el ponderar hasta dónde debe ser el secreto, ya la
ley nos lo señala, nos lo dice, y ésa es una gran ventaja, porque son
los parámetros que se tienen que usar para luego aplicar los criterios.
Hasta qué punto hay, por ejemplo, peligrosidad; hasta qué punto hay
problemas de seguridad nacional, hasta qué punto es descubrir la
protección de los datos personales, hasta qué punto se afectarían
relaciones internacionales, etcétera.
Son temas de mucho sigilo que tenemos que cuidar y que
precisamente en este Instituto complica también el tema en que
debemos ser muy acuciosos siempre para ponderar, y tener el
equilibrio entre ambos derechos sobre la libertad de información, que
por supuesto, como usted dice, no es nada más tener la libertad, sino
también la circulación de la misma. Estamos completamente de
acuerdo.
Le agradezco muchísimo su participación, que es tan interesante, que
nos viene a complementar las participaciones anteriores.
Y ahora tendré el gusto de presentar a mi compañero, también ya
conocido por todos.
Compañero comisionado Joel Salas, quien es licenciado en comercio
internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente.
Maestro en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de
América Latina de la Universidad de Paris Tres, Sorbona Nouvelle y
cuenta con estudios de doctorado en Ciencia Política en la Escuela de
Altos Estudios en Ciencias Sociales también en Paris, Francia.
Se ha desempeñado como titular de la Unidad de Políticas de
Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la
Función Pública, desde donde coordinó con el entonces IFAI y la
sociedad civil, la redacción del plan de acción que México presentó en
la Alianza para el Gobierno Abierto.
Además, para durante el año 2012 fue Presidente del Grupo
Anticorrupción del Grupo 20 y actualmente, como ustedes saben, se
desempeña en el INAI, tenemos el gusto de compartir con él sus
experiencias, sus expresiones y también la mesura siempre de sus
reflexiones.
Compañero Comisionado, tiene usted la palabra.
Mtro. Joel Salas Suárez: El gusto es mío, compañera Comisionada.
Diría que hay, en este mesa, en lo personal me genera un triple gusto,
el primero es por la audiencia, una audiencia no solo muy nutrida, sino
que aquí encontramos colegas, compañeros de los órganos garantes
de las distintas entidades federativas; evidentemente también sujetos
obligados y actores fundamentales de la sociedad civil, eso de verdad
es un primer gusto.
El segundo es encontrarse en minoría, estar con tres mujeres
talentosas y brillantes, es un verdadero gusto compartir esta mesa con
ellas.
El tercer gusto tiene que ver con reencuentros. Muy bien decía
Leonardo que se acaba de ganar una pequeña gran batalla y con
muchos de los actores aquí presentes he tenido la fortuna de coincidir
en otras batallas.
Y el cuarto gusto es que al compartir con mentes brillantes y con tanta
experiencia en estos temas, prácticamente ya todo está dicho, por lo
que trataré de esbozar algunas ideas reiterando algunos puntos que
considero que son fundamentales y tratando de aportar algunos
elementos adicionales para el debate.
Me voy a expresar también un poco más hacia el sector de la
izquierda, que tuve la fortuna de que me colocaran de este lado.
Un primero punto nodal. De información que teneos en el INAI,
podemos decir que sólo el seis por ciento de la población, por el
momento ha ejercido uno de los dos derechos: Derecho de acceso a
la información y/o el derecho a la protección de datos personales.
Cuando hacemos un análisis del perfil de quienes son las personas o
qué características tienen para ejercer estos derechos, nos damos
cuenta que la mayoría tiene altos estudios académicos.
A 12 años de implementación de la ley federal, sabemos que abrir
información no es suficiente, el derecho se vuelve efectivo cuando la
información es utilizada, como ya se dijo en múltiples ocasiones,
detonar procesos reales de rendición de cuentas, intentar mejorar la
relación y el vínculo de confianza entre población y autoridad y
también intentar cocrear políticas públicas que implementan las
autoridades.
En ese sentido, creo que es fundamental tener intermediarios que
contribuyan a acercar la información pública a la mayoría de la
población que por el momento no tiene un contacto real con el pleno
ejercicio de este derecho.
Creo que al menos podríamos hablar de tres grandes categorías sobre
la relevancia del ejercicio que tienen estos intermediarios para
potenciar lo que como bien decía Lourdes, es un principio fundamental
de la democracia y es un control ciudadano mediante el uso y ejercicio
de la información pública.
En un primer momento tenemos el que al generar este rol de
intermediación, la población en general puede verificar que los objetos
obligados están cumpliendo con sus obligaciones de transparencia, la
ley mexicana juega con el doble registro, garantiza el derecho de
acceso, pero tienen obligaciones de transparencia. Esta ley pasa de
17 a 48 genéricas, y además contempla la posibilidad de denuncia.
Estos intermediarios, al estar observando que la autoridad cumpla con
esas obligaciones, van hacer que efectivamente la información esté y
si hay incumplimiento, el órgano garante entre a sancionar o
establecer medidas de apremio.
Creo que ahí hay un primer rol fundamental que pueden jugar estos
intermediarios.
El segundo tiene que ver con darle visibilidad a problemas públicos,
que están a lo largo del territorio nacional; tanto Haydeé como Lourdes
nos hablaban muy bien de ejemplos concretos que organizaciones de
la sociedad civil han realizado como para mejorar padrones de
beneficiarios, como para hacer que los derechos que están
consagrados constitucionalmente, efectivamente se respeten.
Al escucharlas me venía una frase célebre de Hannah Arendt, en
donde Hannah Arendt solía decir que en democracia las personas
tienen el derecho a tener derechos. Estos intermediarios juegan un
papel fundamental para que estos derechos se vuelvan efectivos en la
práctica.
Y un tercer rol, que es medio consustancial al primero, es llamar la
atención sobre esos problemas públicos, a los cuales los
intermediarios les dan visibilidad.
Aquí pensemos un poco en generar indignación sobre ciertas
situaciones que en determinado momento se vuelven tolerables y que
de repente, gracias a la visibilización que le dan a estos problemas, los
intermediarios detonan un proceso posible de acción colectiva que, por
lo tanto, obliga a que la autoridad tome una decisión.
En ese sentido, creo que un gran ejemplo de ello es precisamente esta
ley, una exigencia ciudadana desde hace mucho tiempo, de evitar
eliminar las asimetrías que existían o que existen, porque en algunos
casos prevalecen, en el pleno ejercicio del derecho de acceso a la
información.
Entro concretamente al tema que nos ocupa.
Creo que dos intermediarios fundamentales, justamente son sociedad
civil y medios de comunicación.
Aquí voy hacer eco en lo que señalaba Haydeé de la importancia, más
o menos de situarnos conceptualmente en qué entendemos por
sociedad civil y quisiera citar muy rápidamente a “Nira Chandoky” que
dice: “El concepto de sociedad civil subrayó una condición básica de la
democracia; el poder del Estado tiene que ser controlado,
comprometido con la sociedad y obligado a rendir cuentas a través de
la acción ciudadana”.
Sin duda, en ocasiones los gobiernos son frenados por la sociedad,
otras veces, hay que decirlo, la sociedad va por delante, le va
marcando la agenda al gobierno; de ahí la importancia de la apertura
para que el gobierno pueda escuchar estas demandas y de manera
conjunta se puedan presentar soluciones a los problemas públicos.
La acción de la sociedad civil, en el caso mexicano, creo que ha sido
fundamental y ya entraba muy bien a detalles concretos, lo decía hace
un momento tanto Lourdes como Haydeé, gracias al pleno ejercicio del
derecho de acceso a la información nos han permitido identificar
distorsiones de la función pública, también los medios nos han
permitido identificar abusos de poder.
Gracias al Programa de Fundar, por ejemplo, de PROCAMPO, nos
dimos cuenta que funcionarios públicos, que no eran elegibles para el
programa ejercían una buena cantidad de recursos económicos, a
partir de ese programa.
También nos han ayudado a identificar cuando hay incumplimiento de
responsabilidades y, por lo tanto, a detonar procesos de rendición de
cuentas que ante y a propósito de la promulgación de la ley de ayer y
hay que darle todo el crédito que se merece a la Red de Rendición de
Cuentas, por el impulso de esta propuesta, a tratar de evitar que la
impunidad que prevalece en el país, por la fragmentación del sistema,
disminuya.
Creo fundamental también que los medios de comunicación, ya que
hay este trabajo de intermediación por parte de la sociedad civil para
traducir información que en muchas ocasiones, nosotros los vemos
todos los días al resolver los recursos de revisión, utilizamos en
ocasiones un lenguaje muy árido, se judicializa mucho el ejercicio del
derecho de acceso a la información.
Los intermediarios, sociedad civil, información que es fundamental, la
traduce, la pone en un lenguaje mucho más accesible para detonar
este proceso de involucramiento cívico.
Pasemos ahora a ver la importancia que juegan los medios de
comunicación en este proceso de intermediación.
También con información del IFAI reciente se hizo una encuesta:
“¿Qué porcentaje de la población conocía a la institución?”. Y el 41 por
ciento decía que la conocía al IFAI.
Cuando ya se les pregunta: ¿A partir de qué tienes conocimiento de
que es en ese momento el IFAI y qué es lo que hace? El 85 por ciento
de la población dijo que conocía qué era el IFAI y lo que hacía gracias
a la televisión, a spots, a la difusión de noticias que se daban a través
de la televisión.
Después, el seis por ciento de la población dijo que gracias al radio y a
internet, al uso de las redes sociales, información que ve, un tuit, un
Facebook, o bien, noticias pero haciendo uso de la red.
Y sólo un uno por ciento se enteró de lo que hace o lo que hacía el
IFAI a través de los periódicos.
Creo que la tendencia va a ir aumentando hacia el internet, el papel
que juega la red, cuántos, quizá si estamos diciendo algo interesante,
inmediatamente lo comunican y entonces la brecha de la información
se reduce, y por ahí nosotros tenemos una gran posibilidad.
Pero desde luego sigue siendo fundamental el papel que juegan los
medios de comunicación. Aquí sí quisiera, no sé si es políticamente
mal visto, hacer un reconocimiento a Leonardo y a otros medios de
comunicación que durante el proceso de construcción de la Ley
General no escatimaron ningún espacio para darle visibilidad a los
posibles retrocesos o regresiones que podían generarse en la Ley
General del espíritu del 6º constitucional.
Concluyo para tener un espacio, esperemos de posibles preguntas y
respuestas, diciendo, y lo decíamos hace unas semanas, cuando
tuvimos un evento justo para conmemorar la promulgación de la Ley,
que será fundamental que medios de comunicación, sociedad civil e
INAI generemos un círculo virtuoso, en donde evidentemente sociedad
civil y medios nos tienen que controlar a nosotros, tienen que estar
viendo y evaluando nuestro desempeño si estamos cumpliendo con lo
mandatado en la reforma al 6º con la Ley General y con la Ley
Federal.
Pero también tienen que ser aliados claves del INAI para hacer que
ese porcentaje de población que es mínimo por el momento en ejercer
uno de los dos derechos que tutela el Instituto, vaya en un aumento.
Y sólo así, para responder a una de las preguntas que nos formulaba
la colega Patricia Kurczyn, moderadora de este panel, creo que
podremos recuperar la confianza entre sociedad y autoridades.
Muchas gracias.
Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchas
gracias al comisionado Joel Salas por la participación que ha tenido,
en la que hace además una muy buena vinculación exactamente
sobre lo que trataba este panel, entre la sociedad civil y los medios de
comunicación o la información como tal.
Me parece que es muy importante que podamos encontrar cómo
vinculamos las funciones, las actividades que finalmente nos interesan
a toda la sociedad, y como decía Leonardo Curzio también, en
realidad sobre la democracia, que la democracia es un concepto tan
antiguo pero que lo hemos ido evolucionando y lo hemos ido
cambiando realmente la perspectiva, la fisonomía y demás.
Y ahora con lo que ha dicho el comisionado Salas, pues creo que se
encuentra la vinculación exactamente de lo que esperamos que sea
una auténtica democracia en los términos de la época que nos está
ahora ocupando, en la que nos toca vivir y en la que tenemos los
grandes retos en lo que llamaría la revolución tecnológica; y así como
la Revolución Industrial en algún momento vino a transformar a la
sociedad, sobre todo en el mundo del trabajo y, con ello, a la sociedad
en general.
También para nosotros la revolución tecnológica ha venido a ser
justamente una dinámica que mueve completamente todo, inclusive,
hasta las relaciones más intimas, más familiares en las que estamos
encontrando cómo la comunicación, inclusive, ahora se habla del día
de la comunicación, buscando que no deje de haber diálogo, porque
ya estamos muy acostumbrados solamente a los mensajes, a los
chats y todo esto, y estamos perdiendo un poco el derecho a la voz, el
poder hablar, de poder dirigir.
Muchísimas gracias.
Tenemos algunas preguntas; ya no vamos a aceptar más, las que
tenemos en este momento.
Le rogaría al señor Curzio si es tan amable en dar respuesta a la
primera de ellas.
Dr. Leonardo Curzio Gutiérrez: Muchas gracias, Comisionada.
Me preguntan si cuando se abre el archivo como parte fundamental de
la transparencia, ¿por qué cree entonces que no se le da importancia
necesaria?
Creo que en términos generales es uno de los tres componentes que
tenían la discusión original sobre acceso a la información, que no se
siguieron con la misma fuerza, es decir, se hablaba mucho de acceder
a la información.
Se hizo un gran esfuerzo también en la Ley de Inteligencia y
Seguridad Nacional, pero el tema de archivo se fue dejando porque se
consideró, creo yo, en su momento que el propio desarrollo de la
transparencia y la participación iría llevando a todo mundo a ponerse
en orden.
Después nos encontramos con el expediente, por ejemplo, de la
condonación de créditos fiscales, en donde la autoridad decía: “Miren,
no es que no les queramos dar la información –que creo que no la
querían dar–, el tema es que tal dispersión de los archivos y tal
desorden que no la podemos dar”.
Es evidente que la transparencia, el acceso a la información fomenta,
efectivamente, el que las entidades estén ordenadas.
El tema es no solamente que se ordenen administrativamente para el
aquí y el ahora, sino particularmente con los temas sensibles haya
criterios clasificatorios y archivísticos de primer orden, de tal manera
que no pasen a la trituradora o se borren los correos electrónicos que
se manden.
Por tanto, ¿por qué se ha olvidado? No sé. Tampoco hay un grupo,
creo que lo decía Lourdes, que tenga el mismo ahínco, el mismo
sistema en trabajar este asunto, algunos temas comparados.
Entiendo que estamos muy rebasados por la tecnología, pero me
queda absolutamente claro que es uno de los componentes, uno de
los pilares fundamentales que el modelo tiene y que tenemos que
encontrar algo que garantice ciertamente –para esta generación y las
que vienen– que toda la información, particularmente la que se
clasifique, que no sea pública hoy y lo sea en el futuro, pero es lo que
podría agregar.
Muchas gracias nuevamente, por la invitación.
Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: No, con
mucho gusto. Gracias.
Le pediría ahora la doctora Lourdes Morales, nos haga el favor de dar
respuesta a la pregunta que tiene.
Dra. Lourdes Morales Canales: Gracias.
Me preguntan que si ¿para la designación de comisionados o
consejeros de órganos garantes en los estados y de consejos
consultivos, si es recomendable que los candidatos cuente con
experiencia profesional o académica para llevar a cabo su función? Y
¿cómo incidir en la renovación?
La verdad es que ya hay unos criterios que se recomendaron para la
renovación de este Órgano Garante que creo pueden ser retomados,
como es no sólo el prestigio profesional y el conocimiento sobre la Ley
de Acceso a la Información y sobre los sujetos obligados, sino también
la capacidad de trabajar en colegiados. Porque luego hay gente muy
brillante, pero trabajar en equipo qué monserga, y sí puede ser un
problema, la verdad.
Esos criterios ya están, creo que se pueden retomar; evidentemente
se pueden adaptar. Y yo sí insistiría en el tema de meter a alguien que
tenga vinculación con medios de comunicación, porque a veces entre
académicos unos se entienden y también entre la organización de la
sociedad civil. Si se necesita como una estrategia de comunicación.
Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchas
gracias. Muchísimas gracias a la doctora también, le damos un
aplauso.
Y le pedimos ahora también a la licenciada Haydeé si nos hace favor
de responder a la pregunta que se le formuló.
Lic. Haydeé Pérez Garrido: Gracias.
A mí me preguntan ¿cuáles son las leyes que a partir del Índice del
Derecho de Acceso a la Información en México tienen algunos criterios
más avanzados que la propia Ley General?
Lo primero que diría es que son difíciles de comparar las leyes
estatales con la Ley General porque, efectivamente, tienen propósitos
y objetivos distintos. Sin embargo, sí identificamos que la Ley del D.F.
y la Ley de Coahuila tienen en muchos aspectos y, por lo tanto, en
términos generales, criterios y elementos de avanzada, comparados
con la Ley General.
Me preguntan también cuáles son algunos ejemplos de estas variables
o criterios que utilizamos. Es un conjunto de casi 100 indicadores que
miden el avance normativo en cada una de las leyes del país y que se
agrupan en tres variables: Diseño normativo, diseño institucional y
procedimiento de acceso y obligaciones de transparencia.
Las calificaciones, la metodología, los estándares internacionales que
utilizamos para la conformación metodológica están en la página de
Internet: idaim.org.mx. y aunque no me preguntaron, medio minuto
solamente para decir –porque me engancho con el tema de los
secretos que se mencionaba– que una de las propuestas que nos
parecía más relevante a la hora de la discusión en el grupo de trabajo
en el Senado, era justamente el tema de los secretos.
Les cuento una cuestión doméstica. En Fundar tenemos un grupo de
trabajo que justamente se llama: Secretos de Estado, porque a pesar
que se ha avanzado mucho y que en teoría se tendría que hacer una
revisión caso por caso para definir si la información tiene
características para ser publicable o si impacta algún interés de
seguridad nacional, etcétera, la realidad es que siguen prevaleciendo
los secretos de Estado en gran cantidad de marcos normativos.
Nosotros les denominamos: El secreto minero, el secreto universitario,
el secreto fiduciario, el secreto fiscal, y una de nuestras propuestas en
el grupo de trabajo es que uno de los transitorios señalará la
derogación de esos artículos que todavía prevén reservas ex ante de
cierto tipo de información relacionada con estas materias y que de
alguna manera se protegen de tener que hacer el análisis caso por
caso.
Uno pensaría que los comités de información lo hacen o que los
órganos garantes lo hacen, pero ahí ya hay reservas que pueden ser
utilizadas para negar la información que por sus características
debería ser pública.
Ésa, sin duda, es una batalla pendiente que tendremos que estar
dando.
Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchas
gracias.
La generosidad del comisionado Salas es que me ha cedido una
pregunta que se le había formulado, pero es que en realidad tenemos
cuatro preguntas que son muy similares y que veo que causa una
confusión que desde luego es lógica y es natural, que es en relación a
la Ley General y a la Ley Federa, cuál de las dos se aplica o cómo
está esto.
Y creo que no tiene la cultura jurídica de un abogado, inclusive para
los estudiantes en la propia Facultad de Derecho es una pregunta
fenomenal, uno quiere “meterles ahí un cuatro” a la hora del examen.
Es muy fácil y es muy entendible. La Ley General, como su nombre lo
explica, es un marco general que se da para todo el país, para que en
todos los estados y en la federación misma pueda haber una
homologación de normas, sin que sea un patrón determinado que
afecte la soberanía estatal.
Es la diferencia a la Ley Federal, en la que se reservan determinados
temas, a que sólo el Congreso de la Unión podrá legislar sobre el
mismo.
Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Hay una coexistencia? Sí la hay, por
supuesto. ¿La coexistencia es de la Ley General? Más de la Ley
Federal y cada una de las leyes estatales y del Distrito Federal.
Quiere decir que las leyes estatales y del Distrito Federal, nos queda
muy claro, se aplican solamente en la circunscripción territorial que
corresponde.
En cuanto a la Ley General, sabemos que es solamente el marco de
referencia con el que se debe aplicar, para que todas las leyes
estatales y la Ley Federal tengan ese mismo acotamiento, esa misma
instrucción o esos mismos principios.
¿Qué va a pasar? ¿Coexisten y se aplican? Sí, por supuesto. ¿Pero
qué vamos a hacer ahora cuando hay que leer los artículos
transitorios, que es con mucha claridad, y sobre esto platicaron mucho
los señores legisladores.
En este momento puede haber confusiones, naturalmente nos causa
un poco de ruido algo, pero es en el momento en que la Ley Federal
quede ya armonizada, quede ya adaptada, que no vamos a tener
mayor problema al respecto.
Y en cuanto a una pregunta concreta que hablaba de si se iban a
afectar los plazos, resulta que los propios transitorios señalan que los
plazos que tiene la Ley General no podrán ser modificados en perjuicio
de las personas en las leyes estatales y, por supuesto, tampoco en la
ley federal.
Por lo pronto seguimos aplicando la ley federal, en tanto va entrando
en vigor la ley general, en cuanto la podamos hacer aplicable. Espero
no haberlos confundido más de lo que ya podía haber estado la
confusión y por supuesto la lectura de la exposición de motivos y la
propia lectura de los transitorios nos va a dar exactamente la luz.
Seguramente en el curso de este seminario vamos a poder escuchar
algunas opiniones al respecto, creo que ese es uno de los temas que
en algún momento que tenemos aquí, a un constitucionalista le vamos
a poder preguntar, en vez que nos hable de lo que traía preparado, le
podemos pedir que nos haga una muy buena explicación entre la
diferencia de esas leyes.
Muchas gracias.
Presentador: Le pediríamos a la comisionada María Patricia Kurczyn
Villalobos entregue reconocimientos a los panelistas que participaron
en esta mesa, por favor.
(Receso)