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México, D.F., 9 de junio de 2015.
Versión Estenográfica de la Mesa 2: “El Acceso a los Documentos
Históricos Confidenciales. México en el Contexto Internacional”,
durante el Seminario Internacional El Acceso a los Archivos
Confidenciales Históricos realizado en el Auditorio “Alonso
Lujambio” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Presentador: Damos inicio ahora a la Mesa 2, denominada “El
Acceso a los Documentos Históricos Confidenciales”.
Las personalidades que nos acompañan en esta mesa son Michael
Evans, Analista del Archivo de Seguridad Nacional, de la Universidad
George Washington; la maestra Sara González
Hernández,
Exdirectora General del Archivo General de la Nación, de Colombia.
Y modera esta mesa la doctora Issa Luna Plant, Investigadora del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien a
continuación le cedemos el uso de la palabra.
Dra. Issa Luna Pla: Muy buenos días a todas y a todos.
Bienvenidos en este día de discusiones largas e interesantes sobre el
tema de los archivos históricos y con el interés de contribuir en el
debate y, desde luego, de generar una comunidad también de
pensamiento y de trabajo que se dedica a estos temas de los archivos,
para fomentar también la cercanía entre estas partes y promover,
desde luego, además del diálogo, pues promover un conocimiento
científico y un conocimiento más apegado a las normas y a los
principios internacionales.
Esta mesa justamente tiene ese objetivo central, tenemos a dos
expertos internacionales que el día de hoy nos van a exponer
ampliamente su experiencia como investigadores, su experiencia
como defensores de los archivos a nivel internacional, valga decir que
ambos son expositores que aunque están trabajando desde su campo
y su país, pues son también promotores de los archivos y la protección
de los archivos a nivel internacional y desde muchos frentes han
estado promoviendo esta materia en muchas ocasiones.
Sin más, les recuerdo que estaremos pasando papeletas para hacer
preguntas, las que estaremos recibiendo y nos piden también los
organizadores que guarden el folio, porque hay una modalidad que es
muy interesante, que se va a implementar dentro de este seminario,
que será la de subir todas esas preguntas a un micrositio.
En este caso vamos a poder no solamente generar nuestra discusión
aquí, sino que también vamos a tener un espacio en un micrositio, en
el que esas preguntas se van a subir y vamos a tener oportunidad de
conocerlas y de interactuar.
Sin más, presento al primer expositor de esta mesa, él es Michael
Evans, es Analista Senior del Archivo de Seguridad Nacional de la
Universidad George Washington.
Esta organización privada se dedica a promover la protección de los
archivos y la apertura de los archivos no solamente a nivel en Estados
Unidos, sino a nivel mundial y ha promovido diferentes casos en
particular vinculados con las violaciones graves a los derechos
humanos.
Pero valga también decir que dentro de esta organización, su director
Thomas Blanton y también su colabora para México, genuinamente la
doctora Kate Doyle, ha estado constantemente trabajando en estos
temas de archivos y de protección de la transparencia en México y en
diferentes países.
Así que Michael Evans, es un placer contar aquí con usted, su
organización no es ajena a México y ha contribuido mucho en la
transparencia y el acceso a la información de los mexicanos.
Entre otras cosas, también Michael Evans está dedicado a escribir
artículos sobre materia de una investigación en Colombia, de un caso
en particular titulado “Chiquita” y pues tenemos un expositor de gala.
Por lo que le paso la palabra sin más y esperamos también contar con
su paciencia, porque su español es muy bueno, pero un poco lento.
Bienvenido, Michael.
Michael Evans: Gracias.
El placer es mío.
Gracias al INAI, a UNAM, al Archivo General de la Nación, por
invitarme a participar en este foro muy importante.
Bueno, sin más preámbulos voy a empezar.
Después de haber trabajado durante casi 20 años en el mundo de
acceso a la información, yo he aprendido a ser paciente.
Mi esposa y yo tenemos dos hijos pequeños en casa, y yo le digo a
ella que después de haber tenido una larga carrera peticionando al
Gobierno y Gobiernos para divulgar información secreta, que esta
experiencia me ha preparado mejor que nada para afrontar las
pruebas sin fin de la paternidad.
Hemos estado leyendo un montón de libros para padres y es
fascinante cómo se aplican esas mismas lecciones en un sentido
general, a la práctica de acceso a la información. Las tácticas
dilatorias, los argumentos ilógicos.
La paciencia es, sin duda, una virtud en estas dos situaciones. Pero al
mismo tiempo la paciencia finalmente se agota.
Un padre de familia al igual que un solicitante de acceso a la
información necesita escoger sus batallas sabiamente.
Hoy voy a decir a ustedes, a cerca de algunos de los retos que nos
enfrentamos como peticionarios y las batallas que hemos elegido en la
guerra para recuperación de memoria histórica.
Así que ahora les pido a ustedes que por favor sean pacientes, porque
francamente yo no hablo español muy bien. Así que por favor tengan
paciencia conmigo mientras yo hago algunos puntos sobre el acceso a
los archivos históricos en Estados Unidos y las lecciones que veo para
acceso a la información en México, desde la perspectiva de alguien
que tiene experiencia en el uso tanto de estas dos leyes.
La industria del secreto. Para familiarizarme con las experiencias de la
audiencia, me gustaría empezar con dos preguntas.
¿Cuántos de ustedes alguna vez han presentado una petición para la
desclasificación de información en México? Bueno, 20, 15.
Y ¿cuántos han presentado una petición de desclasificación a una
FOIA en Estados Unidos? Uno.
Bueno. Si es así, entonces ustedes saben lo frustrante que puede ser
un proceso puede ser para la persona común y corriente.
Esta diapositiva muestra a lo que nos enfrentamos. El Gobierno de
Estados Unidos crear alrededor de 15 millones nuevos secretos cada
año, a un costo de siete billones de dólares.
Una comisión legislativa, a fines de los años 90, encontró que el
secreto en Estados Unidos fue excesiva y lo caracterizó como una
forma de regulación.
La Casa Blanca de W. Bush, perdió millones de e-mails
importantísimos. Y ya es evidente, hace meses que el Departamento
de Estado, hasta muy reciente, no tenía un plan formal para la
retención y gestión de e-mails, hasta este año.
Además, la comunidad de inteligencia en Estados Unidos, la CIA y las
otras agencias de inteligencia en Estados Unidos, tiene presupuestos
secretos de como 52.6 billones de dólares.
El punto esencial es que hay simplemente demasiados secretos, y
esto cuesta mucho en términos de dólares y la democracia.
Cuando todo es secreto, nada es secreto, cuando todo es secreto, la
burocracia no entiende la diferencia entre lo que es verdaderamente
sensible y lo que no.
Consideré por un momento el fenómeno de WikiLeaks.
Vivimos en una época donde los gigabites de información, pueden ser
filtrados en un abrir y cerrar de ojos.
Vivimos en una época cuando un solo denunciante, puede salir con un
par de discos duros y llenos de datos, y exponer las actividades de
colección de inteligencia más sensible de los Estados Unidos, de la
agencia de seguridad nacional.
Consideré también el impacto que las relaciones de Wert Snowden,
han tenido en estos programas.
Dadas las recientes acciones del Congreso de los Estados Unidos con
la intención de limitar por la primera vez, la colección masiva de datos
telefónicos para la NSA, ahora parece claro que el señor Snowden ha
sido reivindicado.
En efecto, lo que Snowden ha hecho es nada menos que exponer las
prácticas de recopilación de inteligencia no legales, que habían sido
creadas y llevadas a cabo en secreto total, como parte de este
presupuesto secreto.
Antes de continuar, quiero confrontar y refutar la idea sostenida por
muchos, que en gran medida considera que la desclasificación de
documentos sobre los asuntos diplomáticos, operaciones militares o
archivos de la inteligencia, la desclasificación de estos tipos de
archivos, como una amenaza a la seguridad nacional.
Y en ese sentido, de una manera puede ser muy embarazoso para
agregar otra posición nacional, y por supuesto hay buenas razones
para mantener la información en secreto, incluso después de que han
pasado décadas.
Pero voy a hablar de algunas de esas buenas razones más, pero
ahora quiero exponer otra proposición.
Los estados nacionales, que se niegan a establecer un sistema regular
oportuno y razonable para la desclasificación automática de la
información histórica o de carácter histórico, incluyendo la inteligencia
sensible, este tipo de información, lleva el riesgo de perder el control
de su propia historia y de su narrativa nacional.
Déjame explicar lo que quiero decir con esto.
México, al igual con todos los países, debe abarcar y examinar
abiertamente su historia nacional, y la historia que comparte con otras
naciones.
Eso para que no pierda el control de la narración compartida.
En otras palabras, dicen que la historia la escriben los vencedores,
pero visto de otro modo, la historia siempre refleja los sesgos y los
prejuicios de las fuentes archivísticas disponibles.
El acceso a los archivos es igual que el acceso a la historia, es
precisamente por eso que la historia internacional normalmente refleja
el punto de vista de los Estados Unidos.
Los que afirman que una mayor transparencia debilita la seguridad
nacional, a menudo no entienden esta dinámica básica.
Sin embargo, es obvio que algunos secretos son necesarios, pero al
mismo tiempo es igualmente innecesario que existan instituciones,
tanto en el ámbito público y privado, que existen para desafiar y frenar
la industria de secreto.
Para funcionar con eficacia, las complejidades de los Estados Unidos
y el sistema secreto de desclasificación requieren la existencia de
contrainstituciones para garantizar así que las Agencias
Gubernamentales estén proporcionando el máximo nivel posible de
Transparencia.
Ausente este tipo de presión, la tendencia entre la burocracia es
destruir, retrasar y negar.
¿Entonces cuál es el papel de nuestro Archivo, el Archivo de
Seguridad Nacional?
Hemos presentado más de medio millón de este millón 985 en este
esfuerzo por desafiar el Secreto de Gobierno, formar el Debate
Público, garantizar la Rendición de Cuentas del Gobierno y defender el
Derecho a Saber.
Hemos llevado a cabo 14 Auditorías de la práctica de Transparencia
de las Agencias del Gobierno Federal y para nuestras demandas para
el correo electrónico de la Casa Blanca, desde Reagan hasta Obama,
han captado cientos de millones de mensajes y han establecido un
estándar para la preservación digital que el resto del Gobierno aún no
ha logrado.
Como sabemos, por las noticias recientes del Departamento de
Estado, esto ocurrió cuando Hilary Clinton era la encargada de esa
oficina del Gobierno de Estados Unidos.
En los Estados Unidos tenemos dos herramientas básicas para hacer
nuestro trabajo: El primero se llama la Ley de Libertad de Información;
esa es la Ley de Acceso Fundamental en los Estados Unidos y fue
aprobada por el Congreso en los años sesentas, después de más de
10 años de debate.
Un congresista llamado John Moss fue el cambio de la Ley; él estaba
en contra del secreto excesivo durante las primeras décadas de la
Guerra Fría y él dijo “la luz del sol es el mejor desinfectante”.
Esa Ley fue firmada de mala gana por el Presidente Lyndon B.
Johnson, dicen que él se fue “pateando y gritando”, no sé si existe la
expresión en español.
Esa Ley aseguraba el acceso público a documentos gubernamentales
y federales, esa información se puede solicitar por medio de una carta,
un fax o con medios electrónicos, depende de la Agencia. No tenemos
algo central como el INAI.
Se puede apelar a las respuestas adversarias y utilizar las Cortes para
presentar demandas y esto para las Agencias del Gobierno.
Hay nueve exenciones que aplican al acto y se puede ver esto en el
monitor: El primero es en la información relacionada con Seguridad
Nacional, que puede representar una amenaza. Hay un estándar.
Hay otra limitación como, por ejemplo, la información relacionada a
procesos deliberativos, a que es muy pero muy problemático acceder
a la privacidad personal, esencialmente a Datos Personales. Son
categorías muy generales con un amplio margen.
Pero hay algunos aspectos positivos sobre la desclasificación, hay una
prueba de balance entre la seguridad y el interés público.
Esta es muy importante, la presunción de divulgación.
El gobierno y no el solicitante tiene el peso de responsabilidad de
justificar por qué no puede divulgar la información. Como aquí en
México.
El gobierno tiene que entregarle la información, si no puede citar una
de las nueve exenciones de la ley.
No hay cargos para búsquedas y copias de documentos si usted se
califica como institución educacional o como reportero.
Las agencias del gobierno tiene que revisar los documentos
responsables línea por línea para determinar las partes de
documentos que pueden ser liberadas y los que van a ser tachados.
Y por orden presidencial, no por ley, sino por orden presidencial se
supone que los documentos de archivo mayor, de los archivos
históricos que son mayores de 25 años de edad, deben ser
desclasificados automáticamente mediante un conjunto mucho más
estrecho de exenciones.
Hay exenciones que aplica a documentos de más de 25 años de edad,
pero son mucho más estrechos.
Hay ciertos aspectos negativos también.
En nuestra ley no pertenecen los sujetos obligados, este no pertenece
al congreso, no pertenece a la oficina ejecutiva del presidente que es
muy importante y lamentable, ni las cortes nacionales, solamente las
agencias federales del gobierno.
Muchos de los estados en nuestro país también tienen sus propias
leyes de acceso, pero estamos hablando de lo nacional.
La aplicación de exenciones es muy variable y muy subjetiva.
No excepción específicamente para información relacionada a
derechos humanos. Eso es algo que queremos hacer, pero ha sido
muy difícil.
Toma mucho tiempo, en muchos casos, para tener éxito más tiempo
que aquí con la CIA o del Departamento de la Defensa, dependiendo
como complicado es su petición, se puede tomar muchos años en
recibir la respuesta a su petición.
Puede ser muy costoso para personas que no se califique como
institución educacional o periodista.
Por ejemplo, en este año, hace unos meses una peticionaria de
México, peticionó a la DEA para el documento sobre el “Chapo
Guzmán” y la DEA respondió diciendo: Que va a costar como 1.4
millones de dólares para cumplir con la petición.
Es muy raro, pero es un ejemplo muy pertinente.
Tenemos extensiones especiales para documentos operacionales de
agencias de inteligencia. Esto también es muy lamentable y hemos
visto muchos casos en que estos tipos de documentos que son
informes operacionales de la CIA o de la DEA es muy fácil
desclasificarlos y en algunos casos de desclasificación proactiva por
parte del Presidente Clinton y otros, ese tipo de documentos han sido
desclasificados.
También tenemos el Gloma. El Gloma es un tipo de respuesta de la
agencia, don donde agencias en ciertos casos tienen la opción de no
confirmar, ni negar si documentos responsivos existen o no existen.
Es el hecho de si la agencia tiene la información o no. Es propio. Es
considerado muy sensible.
También tenemos el abuso de ciertas exenciones administrativas. Por
ejemplo, perdimos el año pasado, no sé cuándo, un caso contra la CIA
para el último volumen de la historia de la CIA, de la historia de Bahía
de Cochinos que está en Cuba. Y esto fue negado no por razones de
Seguridad Nacional o datos personales, pero por razón de que es
deliberativo. Fue un borrador de un informe solamente, y por eso fue
considerado como parte del proceso deliberativo. Ese es un
documento de los años 60.
Pero bueno. Es para nosotros esta lucha, una lucha necesaria.
La FOIA, como todas las leyes de acceso es un mecanismo primario
para separar lo que debe ser público de los secretos legítimos.
La FOIA es una herramienta esencial de vigilancia pública y
contabilidad en contra de la “epistémica” de ese secreto en Estados
Unidos.
En una mano hay secretos legítimos y cuando estamos hablando de
archivos históricos, hablamos de secretos legítimos que son
documentos sobre el diseño de armas nucleares, movimientos de
tropas, fuentes de información sensibles. Algo que puede, solamente
las cosas que pueden afectar al presente.
Los ilegítimos, cosas embarazosas, la incompetencia, mala conducta,
corrupción, venalidad, violaciones de derechos humanos, ese tipo de
cosas.
Para nosotros la FOIA llena el espacio entre el sistema normal de
desclasificación y el presente. Maneja los documentos más recientes
en los archivos nacionales de la Nación. Son de los años 70.
Pero hay otras formas de desclasificación en Estados Unidos. El
Departamento de Estado tiene una serie de libros que se llaman
FONbations at The United States, hay un volumen nuevo sobre
México y América Central de los años 69 hasta como 74, que me
parece muy interesante.
Se trata de usualmente, cosas de nivel muy alto, negociaciones entre
los dos países, reuniones con el Presidente de México y Henry
Kissinger, por ejemplo. Ese tipo de información.
Pero la realidad es que algunas agencias estadounidenses hacen un
buen trabajo con la desclasificación proactiva. Tanto es así que
WikiLeaks ahora en realidad trata de tomar el crédito para las
relaciones que se han hecho de forma rutinaria por el Departamento
de Estado.
Ustedes han oído posiblemente de los cables de Kissinger que se
hicieron públicos por primera vez en el sitio web del Departamento de
Estado.
Los cables de Carter que WikiLeaks publicó hace como dos semanas
o menos, fueron liberados también, sólo un par de semanas atrás por
WikiLeaks, también fueron desclasificados por el Departamento de
Estado en el marco de su proceso de revisión histórica de
desclasificación normal.
Es decir que WikiLeaks, esta organización de filtraciones y
revelaciones muy importantes, está en este momento utilizando y
como reformulando en una manera información que fue desclasificado,
de una manera rutinaria del Departamento de Estado, y que ya está
en el sitio web del Departamento de Estado.
Afortunadamente, tenemos otra herramienta en los Estados Unidos,
que podemos usar, que especialmente útil en la desclasificación de
archivos históricos.
Eso se llama en los Estados Unidos, Mandatory Declassification
Review o Revisión Desclasificación Obligatoria.
En los Estados Unidos hay documentos que tienen más de 25 años de
edad, están sujetos a desclasificación automática.
Esto no significa que cada documento se desclasificó y se libera
automáticamente cuando cumple 25 años, pero sí significa que son
muchos más limitadas las extensiones que aplican a esos archivos.
Después de 25 años, los documentos deben ser detenidos, si revelan,
por ejemplo, la identidad de una fuente humana confidencial,
información que puede ayudar en el desarrollo o el uso de armas de
destrucción masiva, como siete más, pero en contraste a las
extensiones que aplican en el caso de Mandatory Declassification
Review, que aplican a documentos de carácter histórico, son mucho
más limitados.
Quiero hablar un poquito del trabajo que estamos haciendo en este
momento sobre México y compartir unas lecciones.
Así como los Estados Unidos y México comparten una frontera común,
los dos países también, en cierta medida comparten una historia
común.
Para los historiadores y archiveros en México, esto es
extremadamente importante, porque a pesar de todos sus defectos en
muchos casos, parece que todavía es mucho más fácil para investigar
la historia secreta de las fuerzas de seguridad mexicanas o la guerra
contra las drogas en México y otras cuestiones de las políticas de
México, desde el Norte de la Frontera.
Tenemos aquí unos ejemplos sobre la masacre de San Fernando, en
Tamaulipas, en noviembre de 2013, en coordinación con medios en
México, publicamos como 30 documentos desclasificados sobre
masacres, estas masacres recientes.
Ese reportaje en proceso y los documentos en nuestro sitio web,
generaron más que como 50 historias adicionales de prensa aquí en
México y en América Central.
Lo de los informes, o algunos de los informes son de la DEA y de la
FBI, informes de inteligencia sobre cómo empezaron la coordinación
entre los Zetas y este grupo de militares especializados que formaron
a las Zetas originalmente.
Dice que a los orígenes de las Zetas están con las fuerzas especiales,
militares en México y se puede leer, el documento está en inglés, pero
hay algunos documentos, como cuatro o cinco documentos sobre ese
origen de los Zetas en el Ejército Nacional de México.
El Consulado de los Estados Unidos en Matamoros, en un cable, dijo
que el Festival oficial en Tamaulipas lo fueron minimizando el
descubrimiento de los cuerpos, cientos de cuerpos en fosas comunes
y se fue tratando de minimizar también la responsabilidad del Estado.
Otro cable de la Embajada en México dice que los carteles operaron
casi con una impunidad total porque están trabajando con fuerzas de
seguridad locales que fueron comprometidas. Hay otros ejemplos pero
yo no voy a describir.
Otro eje es muy interesante, cuando en 2005 el FBI dijo que el
Gobierno Mexicano no va a tener éxito en controlar las actividades de
Los Zetas pero bueno.
Asimismo, recientemente también hemos tenido un cierto éxito en el
descubrimiento del primer documento del expediente relacionado con
la Masacre de San Fernando, del año 2011, donde los miembros de la
Policía Municipal de aquél lugar fueron pagados por el grupo criminal
de Los Zetas para ayudar con los secuestros y actuar como vigías o
“halconeo” durante sus operaciones ilegales.
Esa fue otra petición que se hizo aquí en México para tomar acciones
por parte de los Comisionados del IFAI o del viejo IFAI. Se pueden ver
los detalles.
Desde hace tiempo nos hemos abocado para este tipo de Ley en los
Estados Unidos y estoy hablando de una profesión que obliga al
Gobierno de divulgar información porque se trata de Derechos
Humanos o violaciones de Derechos Humanos, los llamados Human
Right Information Act.
Pero el Congreso no logró pasarlo más sin embargo, estas
6profesiones legales ya representan el arte de transparentar en el
mundo, exactamente por la razón explicada aquí.
Esa información muestra que se trata de violaciones de Derechos
Humanos, violaciones que afectan a toda la sociedad.
Sobre la razón para divulgar este tipo de información -y son las
palabras de un juez mexicano en el caso de la Fundación para la
Justicia, del Estado Democrático de Derecho- para este expediente
sobre San Fernando, él dijo que la importancia es evitar la impunidad y
la repetición de este tipo de actos en el futuro.
Muy importantemente el juez declaró como excepción a la Reserva de
la Averiguación Previa, aquellos casos extremos en los cuales el delito
perseguido es de tal gravedad que hay interés público en mantener la
Averiguación Previa en Reserva.
Esto se ve superado por parte de la exigencia de la sociedad en su
conjunto para conocer todas las diligencias que se han llevado a cabo
para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los
responsables.
Este lenguaje me parece que se puede aplicar en muchos otros casos,
incluyendo casos de la “Guerra Sucia” y es un argumento también
manteniendo en secreto información por otras razones, porque
incluyen datos personales, por ejemplo.
Pero para terminar con una nota positiva, quiero destacar el
compromiso de México con la Alianza Para un Buen Gobierno, para
ampliar el acceso de la ciudad a los servicios públicos en línea y en
desarrollo de herramientas de democracia digital, para que el gasto de
gobierno más transparente, haciéndolos disponibles en línea.
Esa es parte de la Estrategia Nacional Digital aquí en México.
Yo estoy muy contento de anunciar que en los próximos meses y
años, tenemos la intención de trabajar muy cerca con el INAI, con
Artículo 19 y otros grupos, la Facultad de la Universidad
Iberoamericana, Amnistía Internacional y a través de los buenos
oficios aquí en INAI, en una iniciativa que contempla nada menos que
para establecer a las cuentas históricas definitivas de los casos más
emblemáticos de violaciones de derechos humanos en México durante
los últimos 50 años.
Quiero destacar un poco el tipo de información que podemos llevar a
cabo en México, para destacar otro de los éxitos que hemos tenido en
otras partes del mundo. Por ejemplo, en el caso del Presidente Alberto
Fujimori, en Perú.
Una de nuestras analistas fue parte del equipo de persecución,
hablando o dando testimonio sobre los contenidos de documentos
desclasificados de los Estados
Unidos, sobre el Sistema de
Inteligencia oculto, secreto, en Perú.
Documentos, testimonios de nuestra organización fue muy importante.
Un cable de la Embajada de los Estados Unidos describe un plan de
contra-subversión con dos niveles. Uno de carácter público, que
enfatizó derechos humanos y otro plan secreto que incluye asesinatos
extrajudiciales.
Esto no fue la evidencia, la más importante evidencia en el caso, pero
fue muy importante.
Y también quiero hablar un poquito, hemos visto la manera como
países distintos han manejado la cuestión de información considerada
sensible, por ejemplo, de la divulgación de documentos que tienen
datos personales.
En un caso extremo las autoridades encargadas de los archivos de la
policía secreta, en Alemania, después de la “Guerra Fría” tomaran la
decisión de divulgar casi toda la información sobre gente que ha
colaborado con el régimen comunista.
En la otra mano tenemos ejemplos en donde gobiernos decidieron
ocultar casi todos los archivos históricos por la misma razón.
Yo quiero sugerir que gobiernos enfrentando esta cuestión se van
mucho más al lado de divulgación.
Lo que hemos visto aquí en México, hablando de la decisión de cerrar
archivos relacionados a la “Guerra Sucia”, resguardado en el Archivo
General de la Nación por razones de datos personales, me parece que
es nada más que un esfuerzo deshonesto de ocultar esta historia.
Elevando fantasmas que datos personales serían divulgados
injustamente.
Puedo ver que en Guatemala ellos tomaron la ruta de divulgación. O
sea, después de que la información fue divulgada por filtración, toma
la posición de que “vamos a divulgar el resto del archivo”.
Estoy hablando de este famoso diario militar. Es un registro de
personas interrogadas, y en muchos casos asesinadas por una
impunidad de inteligencia del Ejército guatemalteco en los años 80.
Ese documento que contiene como 100 páginas así, fue filtrado en
Guatemala y publicado por nuestra organización.
Así, como documentos desclasificados, este documento extraordinario
forma parte clave central de casos en Guatemala, España y también
en la Corte Interamericana contra los entonces líderes en Guatemala,
especialmente contra el presidente Ríos Mont.
Pero ustedes pueden ver que ese documento no es el único
documento de este tipo.
En Guatemala ya tenemos millones de documentos sobre la “guerra
sucia”, algunos archivos de la Policía Nacional que fueron
descubiertos hace años en la ciudad de Guatemala. Y este archivo lo
he trabajado con autoridades en Guatemala para preservar, digitalizar
esta colección de documentos sobre la “guerra sucia”.
Pero la lección, como es muy evidente que archivos de este carácter
de represión, quieren ver la luz del sol.
Hemos visto cómo han aparecido archivos parecidos en Paraguay,
sobre la Operación Cóndor. En Argentina, Chile y también otros
países.
La lección es que es mejor que el Estado reconozca esta realidad,
tome control del proceso de divulgación de una manera abierta, y en el
proceso gana el respeto y el agradecimiento de un público que quiere
conocer su propia historia, y asegurar que las víctimas de la represión
no sufran otra violación de sus derechos humanos, la negación del
derecho de saber.
Para terminar, tengo unas conclusiones y recomendaciones.
En conservación del acceso a los archivos históricos se debe empezar
con una presunción de divulgación. La presunción inicial debe ser que
la información es pública.
Segundo. Dado la falta de acceso a documentos mexicanos sobre o
relativamente sobre la represión, documentos desclasificados de
Estados Unidos quedaron como las fuentes, a mí me parece, más
importantísimas sobre este tema.
Desde mi punto de vista, esta realidad es una vergüenza nacional para
México.
Los mexicanos deben tomar control de su propia historia y de su
patrimonio nacional. Más que archivos solos, se necesita construir una
cultura de transparencia en México, que enfoque en la preservación y
acceso público a documentos históricos lo más pronto posible.
También, no es adecuado tener leyes solamente. Se necesitan
instituciones fuera del Gobierno dedicadas a transparencia,
desclasificación y mejorando el funcionamiento del Sistema de
Desclasificación y vigilando lo mismo.
Hay que construir vínculos y protocolos entre archiveros, expertos en
derechos humanos, abogados, jueces, fiscales para aumentar el uso,
la utilización de este tipo de información en cortes nacionales e
internacionales.
El Sistema de Archivos, hay que tener criterios específicos,
gobernando desclasificación y clasificación también.
Estos criterios deben aplicar a todas las agencias del Gobierno en la
misma manera.
Y también, por último, para promover el máximo nivel de preservación
y acceso en el futuro al patrimonio nacional, todas las agencias de
gobierno deben ser obligados a crear registros bajo la supervisión del
Archivo General de la Nación, o INAE, de todos sus documentos
clasificados en la Reserva.
Y con esto voy a terminar mi ponencia y tomar cuestiones, después de
la ponencia de Sara.
Dra. Issa Luna Pla: Muchas gracias a Michael Evans por su
extraordinaria experiencia que nos ha compartido.
Ahora cedo la palabra a la maestra Sara González Hernández.
Ella es socióloga, por la Universidad de Lasalle de Colombia. Maestra
en investigación interdisciplinaria en ciencias sociales y también se ha
desempeñado como Directora del Archivo General de Colombia,
donde además ha fungido como Presidenta de la Asociación
Latinoamericana de los Archivos, del año 2003 al 2005, en donde
pudo palpar y conocer la situación de los archivos en todo el
Continente Latinoamericano.
Además de ser docente en prestigiosas universidades de Colombia ha
escrito numerosos artículos y libros.
Bienvenida desde Colombia, maestra.
Mtra. Sara González Hernández: Muchas gracias.
Buenas tardes para todos. Quisiera agradecer la convocatoria que me
han formulado los organizadores de este evento, en particular del
INAI, la doctora Ximena, el doctor Acuña y el maestro Eduardo Bonilla.
Muchas gracias a ustedes, a la doctora Mercedes de la Vega, a quien
tengo la oportunidad de conocer hoy. He conocido a varios Directores
del Archivo General de la Nación de México, quienes han
desempeñado importantes papeles en la archivística internacional.
Lo mismo al Instituto de Investigaciones de la UNAM, me parece que
es un ejemplo de interdisciplinariedad e interinstitucionalidad este
evento.
Y vemos que los archivos no están solos, y que aquí sí se cumple el
verso tan bello que dice que: “Un corazón solitario no es un corazón”.
Entonces, están todos unidos para dictar unas leyes pertinentes para
superar algunos, yo no diría que conflictos, más bien diría hacer
ajustes que siempre las leyes lo necesitan.
Entonces, presentaré una visión un poco diferente a la de mis
compañeros, a la de Michael, que es un activista en los archivos de
derechos humanos, para recordar que el tema de la clasificación de
los archivos no es un tema de ahora.
Encontré este documento bastante divertido, de Fray Bartolomé de las
Casas, cuando era Obispo de Chiapas, en 1559.
Entonces, él dice: “Esta historia, deseo, yo, Fray Bartolomé de las
Casas, Obispo que fui de Chiapas, en confianza a este Código
Gregoriano, pidiendo en claridad…”
Quien me puede ayudar a leer, porque desde aquí no se ve muy bien,
no sé si alguien me pueda ayudar. Si me hace favor de leer solamente
lo de la Clasificación que aparece en la pantalla.
Asistente: “1559: Esta historia dejo yo, Fray Bartolomé de las Casas,
Obispo que fui de Chiapa, en confianza a este Colegio de San
Gregorio, rogando y pidiendo por caridad al Padre fiador y conciliador
del que por tiempo fueren que a ningún seglar la den para que ni
dentro del Colegio y mucho menos de fuera de la lea por tiempo de
cuarenta años desde este de sesenta, que entrará comenzados a
…(está tachado)… contar sobre lo cual les encargo la conciencia y
pasados aquellos cuarenta años, si vieren que conviene para el bien
de los indios de España, la puedan mandar imprimir para Gloria de
Dios y manifestación de la verdad principalmente”
Creo que con eso, ¿no?
Dra. Sara González Hernández: Muchas gracias.
Entonces, vemos que el tema de la Clasificación es un tema que se
remite al comienzo de la llegada de los españoles a nuestro territorio.
Un segundo punto que quiero dejar bastante claro es que los Archivos
Históricos, como todos sabemos, constituyen esperas de acceso al
conocimiento, de los quehaceres que determinan la vida de las
instituciones públicas y privadas y de quienes las dirigen y manejan.
Hablando hoy con Michael y en otras ocasiones, hemos visto que si
nosotros no conservamos nuestros Archivos abiertos al público,
abiertos a las investigaciones, nos vamos a ver abocados a que sean
otros quienes escriban nuestra Historia.
En el caso de Colombia, por ejemplo, la mayor información sobre el
tema de la pérdida del Canal de Panamá está en los Archivos
Diplomáticos de Francia porque resulta que Francia siempre ha tenido
una política archivística bastante fuerte y allá, hasta ahora, hasta la
actualidad, ningún diplomático puede salir al exterior sin antes haber
sido capacitado en el tema de Archivos.
Es decir, saben qué deben enviar, cómo lo deben enviar, cuál es la
información primordial. Por eso en este momento, sobre el tema de los
Archivos del Canal de Panamá, toda la información se encuentra en
los Archivos de Francia.
Respecto a otro punto que también trae a colación Michel, podemos
ver cómo una empresa aparentemente inofensiva, una empresa
bananera que se llama Chiquita Brans, apoyó durante siempre -y
dependiendo del momento histórico- a la guerrilla, apoyó a los
paramilitares, apoyó al Gobierno.
Michael tuvo el acierto de entregar estos documentos en Colombia a
finales del año pasado, eran aproximadamente nueve mil documentos
que no tenía Colombia y que ahora se encuentran en el Centro
Nacional de Memoria Histórica.
Con estas consideraciones, vamos a empezar a hablar de lo que
consideramos son Archivos Confidenciales.
Yo comparto la idea de la persona que habló anteriormente, de
Artículo 19, sobre el hecho de que el tema de Archivos Históricos
Confidenciales es antagónico porque si son históricos es porque ya
han perdido su valor administrativo, judicial, etcétera.
¿Quiénes poseen Archivos Confidenciales?
Aquí hemos hablado de que quien posee Archivos Confidenciales es
casi siempre el Estado, pero yo no creo -todos lo sabemos- que por
ejemplo, los Archivos de las empresas, los Archivos de los sindicatos,
los Archivos de las comunidades laicas y religiosas, de las familias y
de otros grupos generadores de información no sean importantes para
la construcción de la Historia de un país.
Entonces, al abordar el tema de los Archivos Clasificados es necesario
abarcar todo el conjunto y no simplemente limitarnos a los archivos del
estado, porque la información es sistémica y esa información puede
encontrarse en cualquier archivo.
Nos hablaban de los archivos confidenciales de Guatemala, donde en
las listas que menos pensaban que estuviera la información, como el
registro de gasolina de unos automóviles, ahí se encontró quiénes
eran los culpables de muchos crímenes, quiénes estaban involucrados
en esos crímenes.
Y a quién se le ocurre o a quién se le hubiera ocurrido pensar que
unos documentos de una gasolinera pudieran aportar una prueba
contra alguien en ese caso.
Entonces creo que nuestras leyes deben ser mucho más generosas,
en el contenido mucho más amplias en su capacidad de influir en la
sociedad.
Vamos a plantear algunas consideraciones generales.
Los archivos confidenciales son documentos que por lo general
ocultan el dolor y el castigo. Y en consecuencia, son destruidos tan
pronto como ocurren las crisis y los cambios políticos dentro de los
estados o dentro de las familias, porque en las familias también
tenemos nuestros archivos confidenciales.
Lo saben y conocen muy bien los partidarios de las dictaduras y de los
regímenes antidemocráticos y quienes han hecho de la infidelidad un
acto de confidencialidad.
Por eso son tan importantes tanto los archivos familiares y personales,
como los archivos de la represión y la inquisición.
Un caso cercano es el del historiador español Francisco Espinoza
Maestre, quien ha dejado un relato dramático de lo que era necesario
hacer y dejar de hacer, para acceder en los años 80 a los archivos que
daban cuenta de lo realizado por la dictadura franquista, durante los
40 años de gobierno.
Ustedes saben que recientemente fue creado el “Archivo de la Guerra
Civil Española”, que tiene su sede en Salamanca y que ha causado
toda clase de luchas internas, porque había documentos de Cataluña,
que los catalanes no querían entregar al Archivo General de la Guerra
Civil Española, por temor a que se destruyeran o se ocultaran o fueran
mal utilizados.
Hay varios casos de archivos españoles bastantes importantes.
En el Departamento de Asuntos Exteriores, un investigador alemán
tuvo que acudir a la Audiencia Nacional, para que le permitieran
consultar los expedientes de los nazis protegidos por Franco, porque
también se aducía que eran documentos privados.
Los archiveros que habían callado las brutalidades y crímenes del
régimen, mantenían confidencialidad de los archivos para
salvaguardar el honor y la intimida de las personas y gobernantes tan
progresistas como Felipe González, decidieron mejor no hablar del
pasado.
Y otros más apasionados con la España de la transición, prefirieron
una necesaria suspensión de la memoria. Es decir, “borrón y cuenta
nueva”. O como decimos en Colombia ahora con el problema de las
negociaciones de paz, “suspensión de la memoria, perdón y olvido”.
Es evidente que sin los archivos confidenciales no es posible construir
imágenes más o menos acertadas del rostro de la economía de un
país de la sociedad, de la cultura y la política, ni los ritmos de sus
movimientos cíclicos que contribuyan a dar luz a las coyunturas
expansivas o depresivas de nuestro presente o de una época pasada.
Tampoco es posible hablar con certeza del carácter de quienes como
empresarios, intelectuales, políticos o personas normales han dado
muestras de ser amantes de la discrecionalidad y del engaño.
Por ello, cuando hablamos de archivos confidenciales y de cómo
acceder a ellos, estamos en la boca de un punto negro, en una galaxia
desconocida que deberá ser objeto de mayor preocupación y
conocimiento por parte de los trajinantes de los archivos, de la
investigación y de las ciencias afines.
Archivos privados. Confidencialidad o escándalo.
Sabemos que fueron dos fondos básicos, el de inquisición infidencias
del Archivo General de la Nación de México, los que permitieron a
Manuel Esparza reconstruir aventuras amorosas de los monjes
Dominicos de la Orden de los Dominicos en el siglo pasado.
Igualmente Frederick Katz encontró en el Archivo General Amaru, una
carta de Salas Barraza, diputado de la Legislatura de Durango, quien
manifestó: “Yo voy a matar a ese bandido”, y el bandido era nada
menos que Francisco Villa. El investigador lo consideró como un
crimen de Estado.
En Colombia, un papel enviado a los criminales del General Antonio
José de Sucre, en las montañas de Berruecos, comprometió al
General Ovando como autor intelectual del crimen de quien era el
héroe de Ayacucho y sería el sucesor de Bolívar.
Ustedes imagínense esos documentos
permanecieron ocultos durante tanto tiempo.
tan
importantes
que
La desclasificación o levantamiento de la reserva.
Con la desclasificación de los archivos, la condición de
confidencialidad puede desaparecer, pero queda el testimonio que
fundamenta el discurso sancionatorio de la justicia.
Es evidente que cuando algo confidencial se desclasifica y se pone al
servicio de los investigadores, su contenido pierde el aroma de
desagrado, de misterioso, de secreto, de desconocido, pero el impacto
de lo privado que se hace público dependerá de los traumas que
pueda causar en las instituciones y las personas.
Y son estos temores los que privilegian el aislamiento de los llamados
archivos confidenciales.
Vale la pena preguntar si los archivos confidenciales son referencias
para dirimir conflictos y abrir caminos para la convivencia ciudadana.
Por ejemplo. En la relevación de los archivos confidenciales del
Departamento de Estado de Estados Unidos, en el tema de WikiLeaks,
hicieron mella en las relaciones internacionales, pero una mella casi
nada importante que se derivó en que la Unión Soviética resolviera
retornar a la máquina de escribir, para preservar la privacidad de su
diplomacia en detrimento de la internet. Y Estados Unidos hizo la
promesa de que no vigilarían, nunca más en secreto, a los Gobiernos
amigos.
Posiblemente en el futuro, también los enamorados tendrán que
encontrar, volver a escribir a mano para evitar que todas sus
declaraciones de amor sean usadas por la oposición y los medios, si el
destino les depara un cargo político.
Ustedes saben que apenas aparece un candidato, salen todos esos
documentos que han estado en la internet.
Bueno, otros aspecto relacionado con los archivos clasificados y que
es un tema bastante espinoso es el de los custodios.
Los custodios no siempre son archivistas, me gusta más usar la
palabra custodios. Custodio es el que protege, el que cuida. Pero
resulta que esos custodios muchas veces hemos, y caigo en ese
mundo, hemos debido aceptar que existen documentos ciegos,
papeles mudos, un universo de registros que es y no es, al que no le
debemos poner atención.
Por eso, quienes preservan, organizan, conservan archivos
confidenciales, muchas veces deben renunciar a su democratización,
hacer del silencio un principio de solidaridad con los gestores y actores
de esos archivos y apostar a cierta complicidad que fundamenta la
razón de ser de los archivos confidenciales.
Pero, sabemos también que la limitación a la consulta es muy grave.
La limitación a la consulta de documentos genera prácticas de
impunidad, de injusticia, de corrupción, de arbitrariedad y de falta de
transparencia.
Entonces, hay que llegar a un acuerdo entre esos dos puntos, y yo
privilegiaría el segundo, es decir, la apertura, la consulta pública para
evitar esos problemas.
El caso de Colombia, que yo creo que es muy cercano para todos
ustedes, somos un país, yo no diría que de legistas, sino un poco de
leguleyos, que nos hemos dedicado a hacer leyes y de ver la manera
cómo las infringimos.
Pero al ver esos niveles tan altos de corrupción y de impunidad, pues
esto ha hecho que el Gobierno se haya preocupado por emitir varias
leyes relacionadas con el acceso a los documentos.
Quisiera que viéramos un poco qué ha pasado a nivel internacional.
Noventa países tienen leyes de acceso a la información o de
transparencia, le dan varios nombres, pero dentro de ellos hay cinco
que producen como cierta inquietud: España, Malta, Luxemburgo y
Chipre.
El primer país que emitió su Ley de Transparencia, fue Suecia y lo
hizo en 1766 y estamos en el 2015.
Noruega lo hizo en 1970; Eslovenia lo hizo a raíz de la separación de
los países de la Unión Soviética y de la Glasnost y la Perestroika, que
además la apertura y la reconstrucción del país, emitió la Ley en el
2003 y como dato curioso, la Ley incluye la multa a las entidades
gubernamentales que ocultan información.
Creo que es una de las únicas leyes que incluyen este tema.
En China, China la emitió en el 2007 y tiene muy poco reconocimiento
a los derechos de la información.
Y México, pues no les voy a contar todo el cuento, pero sí veo que hay
unos temas bien importantes de la Ley de Acceso a la Información de
México, y es como la creación del IFAI-INAI.
En Colombia, en el 2014, fue emitida la Ley de Transparencia, pero no
le crearon un doliente, como decimos nosotros. Entonces, ¿quién la va
a materializar?
Ustedes han tenido la suerte de que la Ley contempló quién se
dedicará a darle vida a esa Ley.
Como ustedes lo han dicho y no lo digo yo, para evitar problemas de
interpretación, tiene sus problemas, claro, es una ley nueva, una ley
que hay que reglamentar, pero tiene muchas cosas muy beneficiosas.
Dentro de ellas es la creación de esta entidad tan importante, con esa
categoría en la administración pública, con los recursos para hacerlo,
porque si no la dotan de recursos, pues no se haría nada, con esa
planta de personal tan capacitada, especialistas, y otro punto bien
importante, es que la ley de ustedes contempla que el IFAI o el INAI,
junto con el Archivo General de la Nación de México, van a definir la
política archivística de los documentos clasificados o reservados, y el
acceso a esa información.
Esto es bien importante, porque si no se crea un conflicto de intereses
entre las instituciones que después no los salva nadie, no lo supera
nadie y es muy agradable ver sentadas aquí en una misma Mesa a la
Comisionada del IFAI, y a la Directora del Archivo General de la
Nación, actuando conjuntamente y viendo cómo solucionan los
problemas de acceso a la información.
Y hoy pues he tenido, no sabía que se va a crear el Sistema Nacional
de Transparencia.
Eso yo creo que es muy importante, porque es llevar la normatividad a
todo el país. Ustedes saben que existe a nivel de los archivos, el
Sistema Nacional de Archivos.
Realmente por acá estaba José Antonio Ramírez de León, que fue
uno de los Directores del Sistema Nacional de Archivos de México,
pionero en América Latina, pero realmente en Colombia este Sistema
Nacional de Archivos no ha tenido mucha repercusión.
Allá se crean los Archivos, ellos tienen autonomía administrativa pero
tienen que seguir la legislación del Archivo General y esto es muy
difícil que lo hagan.
Pero ya a nivel del INAI y del Archivo General de la Nación, en cuanto
a la aplicación de la normatividad a través del Sistema Nacional de
Transparencia, yo creo que ustedes van a llegar bastante lejos.
En el caso colombiano, existen muchísimas Leyes. Yo creo que
Bolívar se equivocó cuando dijo que Venezuela era un Cuartel y
Colombia era una Universidad.
Sí, era una Universidad pero de Leyes nada más; las Universidades
eran o de Medicina o de Leyes y las de Leyes eran muchísimo más;
entonces, tenemos una tradición legislativa completamente amplia, se
contradicen, etcétera.
He traído algunos ejemplos de Leyes que tienen que ver con el tema
de la Conferencia:
En el año 2000 surgió la Ley General de Archivos -la Ley 594- y quiero
enfatizar en que todos ustedes saben que la situación de Colombia es
una situación muy difícil en torno al conflicto que viene desde los años
de 1945 hasta ahora.
En aquél entonces nadie se imaginaba cómo en un país con tantos
problemas de conflicto interno, un Director de un Archivo y su equipo
podría convencer al Senado o al Congreso de la República de que
aprobaran una Ley de Archivos. Esto era un poco incongruente pero la
tenacidad del Director, del doctor Jorge Palacios y su equipo, en
aquella su época, lo lograron
Esta Ley ha tenido muchos problemas: Esta Ley ha tenido
deficiencias, se considera que fue una Ley hecha para tiempos de paz
en medio de un conflicto pero existe y en consecuencia, es necesario
desarrollarla.
Luego vino la Ley de Protección de Datos Personales en el año 2012,
la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia y también la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información -que ya les comentaba que
es la más reciente- en el año 2014.
Como anteriormente alguien decía aquí, la Ley General de Archivos
establece el acceso y la consulta de documentos porque fue creada
para todos los Archivos del país; pero además del acceso y la consulta
a los documentos, dice que hay documentos que son confidenciales.
Las autoridades responsables de los Archivos Públicos y Privados
garantizan el Derecho a la Intimidad Personal y Familiar, honra el buen
nombre de las personas y demás Derechos consagrados en la Ley.
Pero inmediatamente, otro Artículo habla de la Reserva Legal sobre
cualquier documento y dice que cesará a los 30 años de su
expedición. Esto en la Ley General de Archivos.
Pero dice algo que nos puede aclarar un poco la situación acá:
“Cumplidos éstos -o sea, los 30 años- el documento por este solo
hecho no adquiere carácter histórico y podrá ser consultado por
cualquier ciudadano y la autoridad que tenga su posesión adquiere la
obligación de expedir, a quien lo demanda, copias o fotocopias del
mismo”.
Asimismo, la Ley estableció algunas restricciones que están referidas
más a la salud del documento que a criterios políticos y entonces, dice
que habrá restricciones por razones de conservación:
“Cuando los documentos históricos presenten deterioro físico, tal que
su estado de conservación impida su acceso directo, las instituciones
suministrarán la información contenida”, no se puede ocultar
aduciendo el problema de conservación.
Entonces, dice: “…suministrará la información contenida en éstos
mediante un sistema de reproducción que no afecte la conservación
del documento”.
Más tarde entonces, esto fue en el 2000, en el 2014 salió la Ley de
Transparencia, en el sentido de que se crea y ratifica el Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones. Luego esta ley fue reglamentada en el 2015.
El objeto de esa ley es regular el derecho a la información, pero
también las excepciones a la publicidad de esa información.
Entonces como se dijo aquí, hay una contradicción y es necesario
ponernos de acuerdo. ¿O se permite el acceso no se le da prioridad a
las excepciones en esa publicación?
Tuve la oportunidad de participar antes de que saliera la ley en una
audiencia púbica para presentar el proyecto de ley a los periodistas, a
los investigadores de las distintas ramas de las ciencias sociales.
Resulta que uno de los principios que tiene esa ley es bastante
discutido, porque dice: Predomina el Principio de Máxima Publicidad y
que no podrá ser reservada o limitada, sino por disposición
constitucional o por disposición legal de conformidad con la ley y que
se deberá adoptar el criterio de razonabilidad y proporcionalidad.
¿Quién me puede decir cuáles son las categorías para aplicar el
criterio de razonabilidad? ¿Razonabilidad para quién? ¿Para quién
requiere la información o para quien la quiere ocultar?
Entonces, por ejemplo, los periodistas en Colombia se opusieron
muchísimo a algunos artículos de esa ley, porque no está claro. Y yo
creo que en cuestión de leyes no se debe dejar nada a la imaginación,
todo debe ser muy concreto, debe tener plazos, debe tener términos
precisos, debe manejarse en un contexto razonable.
Lo mismo de proporcionalidad.
¿La proporcionalidad de qué, para qué?
Entonces estos dos principios de nuestra ley crean bastante discusión.
Otro principio es el de la transparencia, el de la buena fe, el de la
facilitación; que es facilitar el ejercicio del derecho de Acceso a la
Información Pública, pero excluyendo las exigencias o requisitos que
puedan obstruirlo o impedirlo.
El principio de no discriminación. Pues que a todo el mundo se le
debe dar acceso, en igualdad de condiciones.
El principio de gratuidad. Ese busca que la información pública sea
suministrada de forma gratuita y que no se podrá cobrar valores
adicionales al costo de reproducción de la información.
Sobre eso tenemos un texto muy bonito de la Ley Militar de 1930,
que decía: “Que quien pida copias, debe traer el papel y pagar el
tiempo del trabajo del funcionario que lo haga y no crear problemas en
las oficinas que van a suministrar la información”.
Ojalá pudiéramos volver a esas condiciones y no ahondar en estos
problemas.
Otro es el principio de celeridad, de eficacia, de calidad de la
información. Y nos dice algo bien importante, y es el principio de la
divulgación proactiva de esa información.
Es decir, que las entidades que tengan información clasificada deben
difundirla en forma rutinaria, deben estar informando constantemente
qué tienen, qué les ha llegado y cómo se puede consultar.
No les voy a leer las definiciones, porque eso ustedes la saben de
sobra, pero quisiera compartirles un poco la experiencia ya en el tema
documental.
El Artículo 20 de la Ley de Transparencia, dice y ratifica una solicitud
que hizo alguien presente esta mañana, que los sujetos obligados
deben mantener un índice actualizado sobre los documentos e
informaciones calificadas como clasificadas y darlos constantemente,
ponerlos al servicio de los interesados.
Entonces, es bien importante tener estos índices, pues el índice
incluirá la denominación de la información, la motivación de por qué se
considera clasificada, individualizar el acto en que conste tal
calificación –no podemos decir que es una información calificada sin
tener un argumento legal fuerte para poderlo soportar-.
La documentación clasificada debe ser objeto del mismo
procedimiento archivístico que cualquier otra, pero cuando se hace un
inventario de esta información clasificada o reservada, pues se debe
incluir una categoría que diga “categoría de la información clasificada
o no clasificada y medio de conservación, tiempo o periodo de
clasificación, y cuando se va a dar a la consulta por parte de la
entidad”
Y quisiera compartir con ustedes, Michael es asesor de este tema, y
es que ninguna de las leyes que he mencionado contemplaba el
acceso a la información sobre violación a los derechos humanos.
¿Cómo es que se llama el Centro? Centro Nacional de Memoria
Histórica de Derechos Humanos y Graves Violaciones a los Derechos
Humanos y la Historia del Conflicto. Se le incluyó el tema de la historia
del conflicto porque ninguna otra ley lo contemplaba.
Y yo he asistido a varias reuniones de ellos, y estaba invitada a esta
reunión la Coordinadora del Archivo, desafortunadamente no pudo
venir porque ellos están haciendo un documento que creo, va a tener
una gran repercusión y es una política pública de archivos, de
derechos humanos y del conflicto.
Por lo menos en Colombia esta es la primera vez que se trabaja el
tema desde un punto de vista académico, desde un punto de vista
jurídico, desde un punto de vista social y en el marco del conflicto,
porque estamos con el conflicto vivo.
Implica varias consideraciones. Algunas de ellas por ejemplo: ellos
están elaborando un protocolo de gestión de archivos con el Archivo
General de la Nación, pero hay un conflicto de intereses ahí, porque la
Ley dice que el Archivo General de la Nación es el ente rector de la
política archivística en el país, pero si no contempla el tema de
derechos humanos pues es necesario que alguien le ayude, una
entidad especializada en eso.
Ellos han recibido unas declaraciones de desmovilizados, de la
guerrilla o de los paramilitares, y es un fondo que se llama Acuerdos
de la Verdad. Estos Acuerdos de la Verdad tienen una restricción de
consulta de reserva por 10 años, porque son documentos que
actualmente están activos, que son parte de toda la normatividad para
acceder a beneficios, para restaurar la memoria de las víctimas,
etcétera, pero tiene un pequeño inciso que dice que el Presidente de
la República tiene la potestad de aumentar el plazo de reserva por 15
años más.
Ustedes saben que las decisiones de los Presidentes, cuando son de
un momento a otro, son un poco peligrosas, porque no conocen todo
el proceso, los antecedentes.
Entonces, de un plumazo, de un momento a otro puede decir “se
cierran estos archivos por 15 años más”.
Bueno, el Archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, creado
en el año 2012, tiene un artículo muy importante que dice que se debe
priorizar la protección, preservación y consulta de los documentos de
derechos humanos para evitar el silenciamiento, la sustracción,
destrucción y falsificación de los hechos en los procesos de
impunidad.
Todo lo que permanece oculto es muy factible de destrucción, de
sustracción, falsificación.
Las normas contemplan la máxima atención a las víctimas a sus
familiares. Ellos dicen que pueden conocer las causas, los actores, las
prácticas y eso facilita la labor de la justicia, la no impunidad y es
garantía de no repetición.
Yo no estoy de acuerdo con quien dice que es necesario mirar hacia
atrás para no repetir el pasado.
Yo creo que todos necesitamos mirar hacia atrás para aprovechar lo
que hicieron antes de nosotros, lo que hicieron bien y potencializarlo,
sacarlo adelante.
Entonces, los archivos tienen esa doble misión.
Hay una metáfora muy bonita y dice que cuando nosotros vamos
conduciendo un automóvil y vamos a rebasar al que viene adelante,
qué es lo primero que hacemos para poder avanzar: mirar hacia atrás
para hacerlo con seguridad.
Entonces, eso debemos hacer nosotros, consultar los archivos para no
repetir los errores del pasado, pero también para aprovechar lo que
han hecho bien.
El archivo de derechos humanos, se hace para recuperar la memoria,
para la investigación, para la reparación de las víctimas, y establecer
responsabilidades penales. Esto quiere decir que son archivos activos,
son archivos vivos.
El Centro Nacional de Memoria Histórica, se ha basado en todas sus
consideraciones y en su política, en las declaraciones de derechos
universales a la verdad y a la justicia de la ONU, de 2005, a la
resolución de no impunidad, a la declaración universal sobre derechos
humanos, de la reunión de la UNESCO, de noviembre de 2011, y dice
que hay que facilitar la consulta, salvaguardando los derechos
humanos.
Hay que establecer acuerdos de cooperación para restituir los archivos
que es lo que se está haciendo con el Centro donde trabaja Michael.
Hay que apoyar a las personas para saber si están enlistados
estatales para que impugnen su permanencia en esos listados.
Resulta que la reserva bancaria existe, y si uno se atrasa en el pago
de una cuota, aparece en rojo y no puede volver a pasar su tarjeta.
Pero qué pasa si aparece en un listado estatal de unan forma que no
es legal, que lo han confundido con otro que tenga un homónimo.
Entonces, las personas tenemos derecho de saber si estamos o no en
esos listados.
Y hay algo bien importante y es que contempla que quien cause daño
o deterioro a los archivos de derechos humanos, incurre en una falta
gravísima que para el derecho colombiano eso es bastante elevado y
es objeto de sanciones disciplinarias y legales.
Entonces, me parece que a las leyes siempre hay que darles esta
potestad, si no, quedamos en letra muerta.
Bueno, quiero terminar esto por ahora y pues decir que si tienen
preguntas y yo puedo responderlas, pues con mucho gusto lo haré,
porque una cosa es que tengan preguntas, pero otra cosa es que yo
pueda responderlas.
Dra. Issa Luna Pla: Bueno, seguramente sí podrá.
Llegó solamente una pregunta y yo quiero redondear también la idea
en relación a algunos cuestionamientos que surgieron de la Mesa
anterior quizá podemos cuadrarlos mejor en esta mesa.
Ciertamente no hay un solo país o quizás no es una práctica legislativa
en los países de que las leyes de archivos solamente se dediquen a la
gestión y a la documentación, sino que también por lo que hemos visto
en esta exposición, todas las leyes consideran también la práctica de
la apertura y de la confidencialidad de la información.
Y veíamos que no es una práctica tan clara, por lo que nos estaban
exponiendo, pues hay criterios y hay mecanismos, no solamente para
que los Gobiernos reserven información o la clasifiquen como Datos
Personales sino también para que cuando la abran, la difundan y
busquen el mejor aprovechamiento de esa información.
Michael Evans nos pone algunos ejemplos muy concretos en esa
materia.
La pregunta es: ¿Cuáles son los países de América considerados
como que tienen la mejor o el mayor avance en materia de Acceso a la
Información y de Archivos Gubernamentales?
Yo abonaría también a esta pregunta -y pediría la participación de
ambos- el abordar sobre cuál es esa forma en la cual sería idealmente
útil un mecanismo de apertura y de cierre de información.
¿Cómo podría funcionar esto, dentro de estos marcos jurídicos, en el
contexto americano?
Michael, podemos empezar contigo y después pasamos con la
maestra para luego cerrar la Mesa con la finalidad de ser puntuales
porque ya están aquí nuestros expositores para la siguiente Mesa.
Michael, por favor.
Sr. Michael Evans: Yo solamente tengo experiencia esencialmente de
los Estados Unidos, Colombia y México; tengo colegas con mucha
experiencia que se encuentran trabajando con Leyes en otros países.
Me parece que Perú tiene un modelo bastante bueno, no sé si Sara
tiene algunos comentarios sobre la cuestión de cuál es el país en
América Latina con el mejor avance en esta materia.
Dra. Sara González Hernández: En general, en América Latina no
hay Leyes que contemplen los Archivos clasificados, las mejores
prácticas.
Existe por un lado el Archivo General de la Nación pero
afortunadamente en varios países han surgido organizaciones muy
valiosas como en Chile la Vicaría de la Solidaridad, la cual se fundó
durante la época de Pinochet y continúa trabajando en el tema y ha
logrado posicionarse y ha logrado actuar con el Archivo General de la
Nación para crear condiciones de Acceso a esa Información.
Pero el que podamos hablar de mejores o peores prácticas, creo que
es algo muy difícil porque cada país ha tenido una historia o un
contexto bastante diferente y como ustedes ven, no se parece en nada
-por ejemplo- la situación de Brasil a la situación de Colombia, como
tampoco la situación de México a la situación de Colombia.
Es que Colombia, a pesar de lo que decían los gobiernos anteriores,
donde consideraban que no había conflicto, negaban por completo el
conflicto, fue hasta que llegó el Presidente Santos -y yo no soy
santista- en que al menos se reconoció la existencia del conflicto:
Había muertos cada quince días en distintas regiones pero no era
conflicto, yo no sé a qué se debía, era como que una cosa
extraterrestre.
Entonces, hablar de mejores o peores prácticas es bastante
complicado; yo creo que hay experiencias que se pueden asimilar y
compartir, pero no hay como que una corriente en que digamos “este
es primer lugar, este llegó en segundo lugar y este en tercer lugar”.
No, porque las experiencias son diferentes y cada país ha dado
respuestas diferentes.
Dra. Issa Luna Pla: Bueno, preguntan también quién debiera regular
los Archivos Privados y en qué momento deben de convertirse en
Públicos; preguntan cuál es la experiencia en sus países.
¿Cómo se deben regular los Archivos Privados y cuándo deben de ser
Públicos?
Sr. Michael Evans: Bueno, no hay regulaciones sobre Archivos
Privados.
Pregunta: Perdón, le voy a hacer la pregunta, es mi pregunta. Una
disculpa:
Es importante este tema porque los entes públicos recabamos mucha
información y los Archivos Privados son los de los Bancos, está el
tema de instituciones públicas como los Hospitales. Por eso la
pregunta es qué pasa con toda esa información.
Yo tengo la experiencia en el tema del Sistema Bancario donde mucha
información se digitaliza desde hace muchos años pero qué pasa con
esa información.
¿Se va a la basura o quién la regula?
Debiera regular el Estado, esa información debiera pasar a la Memoria
Histórica del propio país porque también forma parte de ese acervo,
de esa Memoria que nos sirve, como decía tú y la maestra, en algún
momento para la toma de decisiones, de qué estamos haciendo mal y
más en los temas financieros.
Sr. Michael Evans: Claro que esta es una cuestión muy importante y
muy relevante.
Yo voy a hablar un poquito del caso de “Chiquita”, porque resulta de
sus acciones en Colombia, primeramente fue investigado por el
Departamento de Justicia, en los Estados Unidos. Esas fueron
investigaciones muy amplias y como parte de esas investigaciones la
compañía fue obligada a entregar mucha información de sus propios
archivos a esas entidades, agencias del Gobierno de los Estados
Unidos.
Y después de la investigación fue obvio, no sé si fue obvio, pero es
evidente que fue la posible de sacar esos documentos del gobierno,
porque resulta de que están en los archivos de los Estados Unidos,
hay la posibilidad de obtenerlos usando la Ley Nacional de
Transparencia.
Pero sobre bancos, claro que es la misma agencia, compañías,
públicos, los que están en corporaciones internacionales, grandes.
Tiene obligación de informar de aspectos de sus negocios y esos
también son archivos que están dentro de los archivos de Estados
Unidos y hay la oportunidad de obtenerlo. Pero tenemos también en
los Estados Unidos, por lo menos una extensión que cubre
información relacionada a prácticas de negocios sensibles.
Es difícil obtener este tipo de información aún de los Estados Unidos,
cuando el gobierno lo tiene. Pero en el caso de Chiquita tuvimos
bastante éxito en obtener la información, pues resulta que fueron una
investigación.
Pero es algo muy interesante. Después de Chiquita y nuestra
experiencia de Chiquita, tenemos la idea de hacer investigaciones
adicionales a este tipo, enfocado por lo menos en casos que como
HSBC aquí en México, que fue lavado de dinero por los cárteles y
también Wachobia, definitivamente a la oportunidad de obtener ese
tipo de documentos.
Pero hay otra cosa que son documentos de las cortes. Pero los
documentos de las cortes no son parte del Sistema Nacional de
Archivos y Transparencia. Es decir, que hay la posibilidad de
obtenerlo, pero sí es un sistema muy distinto.
Dra. Issa Luna Pla: Bueno, también bienvenido para la conferencia
también del doctor Ibarra Palafox, que justamente hablará sobre un
libro en el que recapitula todo el rescate de la banca. Le va a interesar.
Y para cerrar la mesa, solamente le pido a la maestra González, si
puede responder la última pregunta que tiene que ver con ¿Cómo se
protegen los datos personales dentro de los archivos históricos,
cuando tiene que ver con violaciones graves? Me Imagino.
Mtra. Sara González Hernández: La ley contempla datos sensibles,
una categoría que dice: “Datos sensibles exceptuados de la reserva,
no tienen ninguna reserva si se van a usar para la investigación
histórica estadística, científica, sin evidenciar la identidad de su autor”.
También son datos sensibles que sí se exceptúan, los que impiden la
administración efectiva de la justicia. Es decir, sí hay procesos en
curso, pues no podrá haber divulgación de esos datos.
Los derechos de la infancia y la adolescencia, la estabilidad
macroeconómica y financiera del país y datos sobre salud pública.
Esos son datos sensibles que tienen distintos manejos.
Ustedes recuerdan un escándalo que hubo, grandísimo, en Francia
porque publicaron la noticia de que el Presidente Mitterrand había
muerto por cáncer, que eso a nosotros nos parece algo muy común.
Que no debería tener confidencialidad, pero la familia protestó porque
resulta que es un dato de salud que debería estar abarcado o estar
protegido por la ley, por más de 150 años. Ese dato de salud pública.
Entonces, en Colombia son solamente esos los datos sensibles.
Dra. Issa Luna Pla: Pues muchas gracias a ambos por compartir sus
experiencias, por viajar hasta México para celebrar este foro.
Estamos muy agradecidos en nombre de todo el Comité de
organización de este evento. Y gracias a ustedes también por su
atención.
Daremos unos minutos solamente, antes de pasar a la siguiente mesa.
Presentador: Le pedimos a la doctora Luna Pla que, por favor,
entregue los reconocimientos a nuestros panelistas.
Concluye así la mesa número 2, y los invitamos a permanecer en sus
lugares para la realización de la mesa número 3.
Aprovechamos este momento para agradecer a las personas que nos
siguen por el #gestión y archivos. Se han registrado 214 personas que
nos siguen aquí, vía internet en México; cuatro en Canadá y una en
Colombia.
Muchísimas gracias a todas estas personas que nos siguen a través
de internet.
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