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Organización administrativa y función pública
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIÓN PÚBLICA
TEMAS 17 a 32
1.- Dentro de la estructura de los estados de gastos de los Presupuestos Generales
del Estado, en los créditos para operaciones corrientes, se distinguirán:
a. Las inversiones reales y las transferencias de capital.
b. Las de activos financieros y las de pasivos financieros.
c. Las transferencias corrientes y los gastos corrientes en bienes y servicios.
d. Los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos
financieros y las transferencias corrientes.
2.- Cuando, en el desempeño de la función interventora, una intervención delegada
formule algún reparo a un acto económico del sector público y el órgano gestor no
acepte dicho reparo, la competencia para conocer la discrepancia será de:
a. La Intervención General de la Administración del Estado.
b. El Ministro de Hacienda.
c. El Consejo de Ministros.
d. La Intervención Territorial que corresponda a la Comunidad Autónoma donde
radique el Centro Gestor.
3.- Las transferencias de crédito establecidas en el artículo 52 de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria, llevan implícitas una serie de restricciones.
Determinar cuál de las enumeradas a continuación no es correcta:
a. No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de
créditos.
b. No podrán realizarse desde créditos para operaciones de capital a créditos para
operaciones corrientes.
c. No podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias.
d. No podrán realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto.
4.- Conforme a la Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia
retroactiva a los actos administrativos:
a. Cuando aún afectando a terceros no afecten a derechos subjetivos de los
interesados.
b- Únicamente cuando se trate de actos dictados por el Consejo de Ministros.
c. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
d. Cuando no afecten a terceros ni a derechos fundamentales del interesado en el
procedimiento.
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5.- Entre las causas de finalización del procedimiento administrativo, establecidas
en el Art. 87 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, no se halla establecido:
a. El desistimiento.
b. La declaración de caducidad.
c. El silencio administrativo.
d. La renuncia del derecho en que se funde la solicitud.
6.- Señale la respuesta incorrecta respecto a las medidas provisionales adoptadas
durante la tramitación de un procedimiento administrativo:
a. Pueden ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento.
b. Pueden ser adoptadas de oficio o a instancia de parte.
c. Pueden ser adoptadas antes la iniciación del procedimiento por el órgano
competente.
d. No se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al
procedimiento.
7.- La notificación mediante medios electrónicos, conforme a la Ley 11/2007, se
entenderá rechazada, cuando teniendo constancia de su puesta a disposición
transcurran:
a. 10 días naturales sin que se acceda a su contenido.
b. 15 días naturales sin que se acceda a su contenido.
c. 20 días naturales sin que se acceda a su contenido.
d. 30 días naturales sin que se acceda a su contenido.
8.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general podrá interponerse:
a. Recurso de alzada.
b. Recurso de apelación.
c. Recurso de alzada potestativo de reposición.
d. Recurso contencioso-administrativo.
9.- ¿Puede la Administración prescindir del trámite de audiencia al interesado en la
tramitación de los procedimientos administrativos?:
a. Cuando el interesado no haya formulado propuesta de práctica de pruebas.
b. En ningún caso. Su omisión produciría indefensión.
c. Cuando no figure en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución,
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
d. Cuando en el inicio del procedimiento así lo manifieste el interesado y a lo largo del
mismo no formule práctica de prueba alguna ni alegaciones.
10.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho cuando:
a. Se dicten siguiendo el procedimiento legalmente establecido.
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b. Se dicten por el órgano competente por razón de materia o territorio.
c. Sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
d. Carezcan de algún requisito formal que de lugar a indefensión.
11.- La fiscalización previa realizada por la Intervención General del Estado forma
parte de:
a. El control financiero permanente.
b. La auditoría pública.
c. La intervención formal de la ordenación del pago.
d. La función interventora.
12.- Qué tipo de los gastos que se relacionan a continuación están exentos de
fiscalización previa:
a. Las subvenciones.
b. Las subvenciones nominativas.
c. Los contratos de gestión de servicios públicos.
d. Los contratos de obras.
13.- La verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de
la actividad económico-financiera del sector público estatal, según el artículo 162 de
la Ley General Presupuestaria, recibe el nombre de:
a. Auditoria publica.
b. Función interventora.
c. Control de legalidad.
d. Control financiero permanente.
14.- La clasificación económica de los estados de gastos de los Presupuestos
Generales del Estado establecida en el artículo 40.1 de la Ley General
Presupuestaria, agrupará:
a. Los créditos por capítulos separando los asignados a los distintos centros gestores
del gasto.
b. Los créditos por secciones.
c. Los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las
financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.
d. Los créditos por conceptos separando las operaciones corrientes, las de capital, las
financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.
15.- Contra el acuerdo adoptado por un órgano administrativo de acumular el
procedimiento a otro con el que guarda íntima conexión podrá interponerse:
a. Recurso extraordinario de revisión.
b. Recurso de alzada.
c. No procederá recurso alguno.
d. Recurso contencioso-administrativo.
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16.- La creación de los Organismos Autónomos estatales debe hacerse por:
a. Decreto del Consejo de Ministros.
b. Ley de Cortes Generales
c. Orden del Ministerio al que se adscriban.
d. Decreto del Presidente del Gobierno.
17.- Señale cual de los siguientes no es un órgano del Tribunal de Cuentas:
a. La Fiscalía.
b. El Consejo de Gobierno.
c. El Pleno.
d. La Sección de Enjuiciamiento.
18.- ¿A quien compete aprobar el Plan General de Contabilidad Pública?:
a. Al Gobierno.
b. Al Ministro de Hacienda a propuesta de la Intervención
de la Administración del Estado.
c. Al Ministro de Hacienda.
d. A la Intervención General de la Administración del Estado.
General
19.- ¿Qué sucedería si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara
antes del primer día del ejercicio económico correspondiente?:
a. Se habilitaría un presupuesto extraordinario equivalente a 1/3 del presupuesto
inicial del ejercicio anterior y así, sucesivamente, hasta la aprobación del nuevo
presupuesto.
b. Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del
ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el Boletín oficial
del Estado.
c. Se habilitaría un presupuesto extraordinario equivalente a 1/4 del presupuesto
inicial del ejercicio anterior y así, sucesivamente, hasta la aprobación del nuevo
presupuesto.
d. Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del
ejercicio anterior, en una cuantía máxima de 1/3 del mismo, hasta la aprobación y
publicación de los nuevos en el Boletín oficial del Estado.
20.- La auditoria consistente en la revisión y verificación de la información y
documentación contable con el objeto de comprobar su adecuación a la normativa
contable y, en su caso, presupuestaria que le sea de aplicación es la:
a. Auditoria operativa.
b. Auditoria de regularidad contable.
c. Auditoria de cumplimiento.
d. Auditoria formal.
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21.- No son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Pública en los
casos siguientes:
a. Los que lesionen los derechos fundamentales.
b. Los constitutivos de infracción penal.
c. Los realizados fuera de plazo.
d. Los dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
22.- Si el recurso de alzada se presenta ante el órgano administrativo que dictó el
acto impugnado éste deberá remitirlo al competente para resolverlo en el plazo de:
a. Quince días.
b. Diez días.
c. Un mes.
d. Cinco días.
23.- No ponen fin a la vía administrativa:
a. Las resoluciones de los recursos de alzada.
b. Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior
jerárquico.
c. Los actos administrativos de los miembros y órganos de Gobierno, salvo lo que
pueda establecer una Ley especial.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
24.- Según la Ley 3/2007, 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, en relación a las medidas de igualdad en el empleo para la Administración
General del Estado y para los organismos públicos vinculados o dependientes de
ella:
a. El Gobierno aprobará, anualmente, un Plan para la Igualdad entre mujeres y
hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos
vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento sera evaluado anualmente por el
Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
b. El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre
mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado
anualmente por el Consejo de Ministros.
c. El Gobierno aprobará, anualmente, un Plan para la Igualdad entre mujeres y
hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos
vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado al finalizar la
legislatura por el Consejo de Ministros.
d. El Gobierno aprobará, cada dos años, un Plan para la Igualdad entre mujeres y
hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos
vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado al finalizar la
legislatura por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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25.- Los actos administrativos de trámite podrán ser recurridos:
a. En todo caso.
b. Únicamente en vía contencioso- administrativa.
c. En caso de que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o
produzcan indefensión.
d. En ningún caso pueden ser objeto de impugnación.
26.- El periodo de prueba en el procedimiento administrativo común tendrá una
duración:
a. No superior a 10 días ni inferior a 5.
b. No inferior a 15 días.
c. No inferior a 30 días.
d. No superior a 30 días ni inferior a 10.
27.- ¿Antes de qué fecha debe remitir el Gobierno a la Mesa del Congreso de los
Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del año
siguiente?:
a. Antes del 1 de noviembre del año anterior
b. Antes del 1 de octubre del año anterior.
c. Antes del 15 de septiembre del año anterior.
d. Antes de la finalización del ejercicio vigente.
28.- Dentro de la fase de instrucción de un procedimiento administrativo, los
interesados, de acuerdo con lo establecido en el Art. 79 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de
juicio:
a. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
b. En el mismo acto del trámite de audiencia.
c. Antes de la resolución definitiva del asunto.
d. En el plazo de 15 días desde el inicio de la fase de instrucción.
29.- La figura jurídica conforme a la cual los actos administrativos nulos o anulables
que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto y
produzcan los efectos de éste, se denomina:
a. Convalidación.
b. Transmisibilidad.
c. Conversión de actos viciados.
d. Conservación de actos y trámites.
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30.- No produce la iniciación del procedimiento administrativo de oficio por
acuerdo del órgano competente, según establece el Art. 69 de la Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común:
a. La propia iniciativa.
b. La denuncia.
c. La querella.
d. La iniciación como consecuencia de orden superior.
31.- Cuando el procedimiento administrativo se hubiera iniciado de oficio y hayan
transcurrido 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución, producirá:
a. Renuncia del procedimiento administrativo.
b. Caducidad del procedimiento administrativo.
c. Desistimiento por silencio administrativo.
d. Imposibilidad material de terminación del procedimiento administrativo.
32.- Si un acto administrativo proviene de un órgano integrante de la
Administración Local, la declaración de lesividad del mismo será adoptada por:
a. El Delegado del Gobierno de la Provincia que corresponda.
b. El Pleno de la Corporación en todo caso.
c. El Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, el órgano colegiado superior de la
entidad.
d. El órgano competente en la materia de que se trate, de la Comunidad Autónoma
correspondiente.
33.- Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente,
de oficio o de instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección
provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes
en los supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley. Las
medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los:
a. Diez días siguientes a su adopción.
b. Treinta días siguientes a su adopción.
c. Quince días siguientes a su adopción.
d. Cinco días siguientes a su adopción.
34.- En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado,
cuando se produzca su paralización por causa que le sea imputable, la
Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento
transcurrido/s:
a. Un mes.
b. Dos meses.
c. Tres meses.
d. Seis meses.
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35.- El procedimiento administrativo se iniciará de oficio:
a. Sólo por iniciativa del órgano competente.
b. Por iniciativa del órgano competente previa orden superior exclusivamente.
c. Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia
de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
d. Ninguna respuesta es correcta.
36.- Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión, contra los actos firmes en
vía administrativa, cuando, conforme a la Ley de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común:
a. Hayan causado indefensión al interesado.
b. Hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento.
c. Al dictarlos se hubiere incurrido en error de hecho, que resulte de los propios
documentos incorporados al expediente.
d. Hayan vulnerado derechos fundamentales y libertades públicas protegidas
constitucionalmente.
37.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la designación del personal
directivo atenderá a los principios de:
a. Eficiencia y eficacia.
b. Capacidad de liderazgo y control de resultados.
c. Publicidad e igualdad de oportunidades.
d. Mérito y capacidad.
38.- En la estructura de los estados de gastos de los Presupuestos Generales del
Estado, la clasificación orgánica agrupa los créditos por:
a. Entidades de derecho público.
b. Secciones y Servicios.
c. Entidades y Organismos Públicos.
d. Centros Gestores.
39.- Se consideran contratos menores, conforme al artículo 138.3 del RD Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre:
a. Los contratos de importe inferior a 30.000 euros cuando se trate de contratos de
obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 del RD Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre.
b. Los contratos de importe inferior a 50.000 euros en todo caso.
c. Los contratos de importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de
suministros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 del RD Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.
d. Los contratos de importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de
obras y de 18.000 euros cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto
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en el artículo 206 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con las
obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
40.- Completado el expediente de contratación, conforme al artículo 110 del RD
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, se dictará resolución motivada:
a. Por el Subsecretario aprobando el mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación.
b. Por el organo de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación.
c. Por los servicios jurídicos del sector público adscritos al Ministerio de Hacienda
aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
d. De adjudicación directa, previo informe vinculante de los servicios jurídicos del
sector público adscritos al Ministerio de Hacienda.
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SOLUCIONES TEMAS 17 a 33
1 D 2 A 3 D 4 C 5 C 6 D 7 A 8 D 9 C 10 C
11 D 12 B 13 A 14 C 15 C 16 B 17 B 18 B 19 B 20 B
21 C 22 B 23 B 24 B 25 C 26 D 27 B 28 A 29 C 30 C
31 B 32 C 33 C 34 C 35 C 36 C 37 D 38 B 39 D 40 B
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