M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Colectivo de Organizaciones Sociales responsables de la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE) Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM) Foro del Agua Asociación Aspidh Arcoiris Mesa de Género de Mejicanos Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA) ASOCIACIÓN SOLIDARIA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO M Y B C M Y Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC C B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C ASOCIACIÓN SOLIDARIA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Colectivo de Organizaciones Sociales responsables de la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) Con el apoyo solidario de: 18932 Portada Informe PDDH.indd 1 02/10/14 17:33 M Y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Colectivo de Organizaciones Sociales responsables de la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) Con el apoyo solidario de: Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) Licenciado David Ernesto Morales Cruz Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Colectivo de Organizaciones Sociales responsables de la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC Con el apoyo solidario de CORDAID. Octubre de 2014 San Salvador, El Salvador, América Central. Índice General 5 Mensaje del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado David Ernesto Morales Cruz Mensaje del Colectivo de Organizaciones Sociales responsables de la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC 11 Mensaje de la Señora Carmen Rosa Villa Quintana, Representante Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 55 7 13 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) (Para Lista de Recomendaciones) Anexo I 3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXq de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre los tercero, cuarto y quinto informes periódicos combinados de El Salvador 115 3 Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC Mensaje del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado David Ernesto Morales Cruz En mayo de 2014, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, durante su 52º período de sesiones (28 de abril al 23 de mayo de 2014), examinó los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Con el objetivo de enriquecer y favorecer un diálogo transparente, exhaustivo y profundo entre el Estado de El Salvador y el Comité, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y distintas organizaciones sociales, presentaron informes alternativos acerca de la situación de los derechos económicos, sociales (DESC) en el país. Ambos esfuerzos ofrecen un análisis crítico de los principales logros, deudas y desafíos que tiene el Estado salvadoreño en esta materia. Ya que si bien es cierto es posible señalar diversas iniciativas gubernamentales orientadas al cumplimiento de los DESC, la situación en que vive la mayor parte de la población salvadoreña indica que hace falta un compromiso más fuerte por atender las obligaciones estatales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. El objetivo que se persigue con esta publicación es que los aportes preparados por las organizaciones sociales y la PDDH sean conocidos por los distintos sectores de la sociedad, y contribuyan al debate nacional sobre la situación y el rumbo del país en cuanto a la vigencia de los derechos humanos. Asimismo, se reproducen acá las Observaciones Finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre los tercero, cuarto y quinto informes periódicos combinados de El Salvador –emitidas el 23 de mayo de 2014–, con el fin de apoyar en la difusión de las mismas, e invitar al Estado a continuar con este esfuerzo, promoviendo su conocimiento en todos los niveles de la sociedad; en particular entre los pueblos indígenas, las funcionarias y funcionarios públicos, las autoridades judiciales, los legisladores y legisladoras, la comunidad jurídica y las organizaciones de la sociedad civil, tal y como lo ha recomendado el propio Comité. Para la PDDH, este proceso es primordial para reforzar en la población el reconocimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales, de tal manera que los reivindique como verdaderos derechos exigibles y justiciables. A la vez, es importante para que las instituciones estatales cuenten con una base sobre la cual desarrollar planes nacionales en áreas tan importantes como la salud, educación, empleo y seguridad social, entre otras. Finalmente, debo señalar que, más allá del interés de presentar el panorama de los DESC en El Salvador, el propósito esencial de este esfuerzo es impulsar al Estado hacia la adopción de decisiones orientadas a que toda la población cuente con un sólido régimen de garantías que le permita ejercer plenamente sus derechos. En este sentido, los informes elaborados deben ser vistos como herramientas para la acción. Diversos sectores de la sociedad han demandado por décadas mejoras en los DESC y, pese a los logros obtenidos, la deuda con ellos aún es muy grande. Por tanto, es impostergable que avancemos en la construcción de un Estado cuyo fundamento sea el libre ejercicio de los derechos humanos. El cumplimiento progresivo de las recomendaciones del Comité DESC constituye una excelente oportunidad para iniciar ese esfuerzo. Esperamos que estos aportes ayuden a ese proceso y que podamos, desde hoy, caminar hacia un país pleno en oportunidades para todos sus habitantes. San Salvador, 10 de octubre de 2014 5 Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC Mensaje del Colectivo de Organizaciones de la Sociedad Civil responsables de la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC A mediados del año 2013 un grupo de organizaciones sociales salvadoreñas asistimos a una reunión convocada por la Oficina Regional para América Central, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el propósito era recordar de la existencia del espacio para presentar informes sombra ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU -en adelante el Comité-. Las organizaciones asistentes manifestaron estar en el proceso de elaboración de un informe sombra, el cual sería presentado en el tiempo establecido, y que, en efecto, se tenía conocimiento que el Comité examinaría en mayo 2014 los informes de El Salvador. El informe sombra fue enviado al Comité el 15 de marzo de 2014. En su elaboración participaron las siguientes organizaciones sociales: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE); Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU); Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM); Foro del Agua; Asociación Aspidh Arcoiris (Organización que defiende derechos de la población Trans y HsH); Mesa de Género de Mejicanos; Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL); Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA). El 14 de mayo de 2014, en Ginebra, Suiza, en el marco del 52° Período de Sesiones, el Comité examinó el Informe periódico tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado salvadoreño, de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC-. La delegación del Estado salvadoreño fue presidida por Victoria Marina Velásquez de Avilés, quien en ese momento fungía como Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante la ONU. Además, la delegación la integraron Carmen Elena Castillo, Ministra Consejera; Karla Lemus de Vásquez, Directora de Asuntos Sociales de la Dirección General de Desarrollo Social Integral del Ministerio de Relaciones Exteriores; Ana Guadalupe Medina, Magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral; y Margarita Patricia Velásquez Centeno, Fiscal General Adjunta, de la Fiscalía General de la República. La reunión de los miembros del Comité con la delegación oficial salvadoreña, y la participación de organizaciones sociales de El Salvador, representadas en ese examen por FESPAD; y organizaciones no gubernamentales internacionales, como FIAN, el Centro para los Derechos Reproductivos, y la Comisión Internacional de Juristas; se desarrolló desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. Las preguntas de los miembros del Comité se desarrollaron en tres bloques: el primer bloque fueron relativas a los artículos 1 al 5 del PIDESC; el segundo, correspondió a los artículos del 6 al 9; el tercero, a los artículos 10 al 15. La representación del Estado salvadoreño tuvo oportunidad para responder primeramente a las preguntas de los primeros dos bloques; por la tarde lo hizo con las del tercero. 7 Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC Por su parte, la presidenta de la delegación de El Salvador, inició su intervención disculpando a los ministros salvadoreños que asistirían a la reunión, pero que por motivos de transición de gobierno se vieron imposibilitados. El relator del Comité DESC para El Salvador, dio la bienvenida a la delegación salvadoreña y agradeció su presencia. Hizo un llamamiento al Estado salvadoreño para que presente oportunamente los informes al Comité, tal como lo mandata el Pacto. Ello en alusión a que esta vez El Salvador presentó un informe conjunto de tres períodos, es decir, que no presentó oportunamente dos informes, los cuales deben ser presentados cada cinco años. También hizo un llamamiento a la delegación salvadoreña para que en esa reunión se estableciera un diálogo franco, que sea útil para el Gobierno salvadoreño, pero sobre todo, para la población salvadoreña en el goce de los DESC. Asimismo, el Relator agradeció al Estado la información proporcionada sobre los niveles de pobreza; pero solicitó ampliación de información, en especial en lo relativo al efecto redistributivo de la política fiscal. Dijo que le gusta la idea de las políticas fiscales progresivas. Manifestó que reconocía que El Salvador es el primer Estado que presenta su informe luego de la ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC. Invitó a las organizaciones de la sociedad civil a hacer uso de ese protocolo para la presentación de casos ante el Comité. También, hizo fuertes señalamientos al Estado examinado, refiriéndose a la lista escrita de respuestas presentadas por éste, ya que según dijo fueron entregadas sólo diez días antes y en un solo idioma, y que esa acción no contribuye en nada al establecimiento de un diálogo franco tal y como lo propuso la presidenta de la delegación. Por el contrario, la presentación con mayor antelación sí permite el diálogo franco. Además, que en la misma lista, algunas respuestas son muy heterogéneas, algunas preguntas no se responden, otras sí, pero de manera insatisfactoria para el Comité. También, uno a uno, mujeres y hombres miembros del Comité se mostraron muy interesados en el informe del Estado salvadoreño, ante lo cual, la delegación salvadoreña estuvo muy demandada en cuanto a dar respuestas a inquietudes como las siguientes: En el tema de los pueblos indígenas, se trajo a la memoria las recomendaciones que el Comité hiciera al Estado salvadoreño en 2006. En ese momento se planteaba sobre que no se sabía cuánta era la población indígena en El Salvador. El Comité observó en ese momento que no había un censo sobre la población. Y que, además, el Estado informó posteriormente que lo haría en 2012, pero que tampoco se ha hecho hasta la fecha. Por lo que se expresó que el Estado debe cuantificar primero la población indígena para dimensionar mejor la situación en la que se encuentra. También hubo referencias a lo que en su momento el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial –CERD- consideró como un “etnocidio estadístico” al hecho de haber incluido una desatinada pregunta en el Censo de Población realizado en El Salvador en 2007. Se solicitó ampliación de la información sobre el uso que el sistema judicial hace del PIDESC al momento de fundamentar sus resoluciones. 8 Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC El Comité mostró mucho interés en el tema de derechos reproductivos y la criminalización del aborto, al grado que en repetidas oportunidades le preguntó al Estado sobre la situación de la criminalización total del aborto en el país y el impacto en los derechos a la salud de las mujeres. Indicó que el país, después de 8 años de haber recibido una recomendación para que despenalizara el aborto en al menos 3 circunstancias, aún mantiene la criminalización del mismo. También se recordó al Estado salvadoreño que el Comité externó su preocupación en las recomendaciones de 2006 sobre los efectos del CAFTA-DR. Que si bien el Comité no tiene una postura ideológica sobre los tratados comerciales, sí tiene una postura en cuanto a que la ratificación de los tratados tengan respeto de los Derechos Humanos. En este caso El Salvador no ha informado sobre eso. Asimismo, solicitaron ampliación sobre los impactos en los DESC provocados por las políticas macroeconómicas del Estado. Se preguntó si el Estado abrió la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del informe presentado por el Estado, el cual es objeto de examen. El Comité solicitó información sobre el tema de la violencia social y delincuencial donde se involucran maras y pandillas y que en consecuencia impacta en el goce de los DESC. Una violencia que la ejercen unas 60 mil personas. Solicitó ampliación de información sobre la facilitación del gobierno en la tregua entre pandillas. También preguntó ¿Qué ha hecho el Estado salvadoreño para la reducción de los homicidios? Y si hay una reforma al sistema penitenciario salvadoreño para mejorar las condiciones de los privados de libertad. El Comité externó que a su juicio el Estado proporcionó información que en apariencia es contradictoria, y es la referida a que por un lado se afirma que los magistrados se dicen independientes, pero que quien los elige es la Asamblea Legislativa, y ello pareciera ser que hace perder tal independencia. El Comité se refirió a que El Salvador estableció reservas a la Convención de Personas con Discapacidad; razón por la cual cuestionó si luego de la práctica el Estado no estaría en la disposición de renunciar a esas reservas. El Comité solicitó dar cifras de desempleo de personas con discapacidad. Que tiene conocimiento de la Ley de Equiparación de Oportunidades, pero que también tiene conocimiento de su incumplimiento y que las multas que aplica son muy bajas pues según el Código de Trabajo son imponibles hasta 500 colones (57.14 dólares). En cuanto al salario mínimo, el Comité solicitó información para saber si la palabra “revisión” de los salarios mínimos cada tres años, contenida en la Constitución, implica la posibilidad real de un aumento o no. En ese sentido preguntó el Comité ¿Qué sentido le da el Estado a la palabra “revisión” en este caso? Y, además preguntó ¿Cuál es la razón de tener varios salarios mínimos?, y si los montos de éstos permiten vivir digna y decentemente a quienes los reciben. Asimismo, interrogó sobre cómo el Estado garantiza la inclusión de campesinos en las pensiones. El Comité preguntó en relación a la regulación que establece el Código de Trabajo en el artículo 480 relativo a procedimientos para conflictos colectivos. Si efectivamente el derecho a huelga está legalizado 9 Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC sólo en cierta etapa del proceso y que por lo tanto los jueces de lo laboral siempre han declarado ilegales las huelgas. Puntualmente pidió respuesta a ¿cuántas huelgas se han declarado como legales en el país? Por momentos, la delegación del Estado pareció no estar preparada para dar algunas respuestas ya que afloraron imprecisiones como cuando, entre otras, afirmaron que la ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC abrió la posibilidad de que los ciudadanos hagan sus denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. O cuando respondieron a la pregunta de si el Estado ha tomado medidas para implementar los Derechos al Agua y Alimentación, en este último caso la delegación se limitó a decir que existen planes y políticas para llevarlos a cabo, cuando en verdad ya existe una reforma constitucional al respecto la cual está pendiente su ratificación por parte de la Asamblea Legislativa, y que además, ya hay proyectos de ley presentados en la Asamblea Legislativa, para ambos casos. También aseguraron que dos altos funcionarios están condenados y en prisión por delitos de corrupción: Carlos Perla y un Viceministro de Vivienda. En realidad, sólo el primero ha sido condenado. Los demás sólo tienen procesos abiertos pero no han sido condenados todavía. Igual condición de imprecisión mostró la delegación para brindar información sobre el tema de la criminalización del aborto. Luego de la última ronda de respuestas por parte de la delegación del Estado, el Comité tomó la palabra para hacer las últimas repreguntas, ante lo cual la delegación optó por entregar las respuestas por escrito en un lapso no mayor de 48 horas. Con fecha 23 de mayo de 2014, el Comité hizo públicas sus observaciones y recomendaciones al informe presentado por el Estado. En ellas se recogen algunos planteamientos hechos en el informe sombra elaborado por las organizaciones sociales y también por el informe elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Debido a que en El Salvador son muy poco promocionadas, y por lo tanto desconocidas, estas observaciones y recomendaciones hechas al Estado salvadoreño, se ha tomado a bien realizar la publicación del informe sombra de las organizaciones sociales, juntamente con el informe presentado por la PDDH, y las observaciones y recomendaciones del Comité; todo con el propósito de contribuir al seguimiento que se debe dar al cumplimiento de las mismas por parte del Estado salvadoreño. San Salvador, 10 de octubre de 2014 10 Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC Mensaje de la Señora Carmen Rosa Villa Quintana, Representante Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos En la Tercera Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en 1993, 171 Estados adoptaron por consenso la Declaración y el Programa de Acción de Viena, bajo los principios de que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Hoy, estos principios han sido incorporados y asimilados en las observaciones finales formuladas por diversos Órganos de Tratados de las Naciones Unidas. Si bien esta ocasión está orientada a destacar las observaciones del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el caso de El Salvador, invito a analizar de forma conjunta e integral las observaciones finales y recomendaciones formuladas en el presente año por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (agosto 2014), el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (mayo 2014), el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (abril 2014) y el Comité sobre los derechos de las Personas con Discapacidad del pasado año. Al hacerlo de esta forma podemos advertir claramente la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Paso a compartir algunos ejemplos: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) ha hecho una clara recomendación sobre la necesidad de garantizar el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, y en esa misma línea, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) ha exhortado al Estado a mejorar el disfrute de estos mismos derechos por parte de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El Comité DESC ha recomendado al Estado salvadoreño la integración al mercado laboral de las personas con discapacidad, en el mismo sentido que lo hace el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así mismo, los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la participación en la vida política, a la protección social han sido materia de pronunciamiento en los cuatro documentos que contienen las observaciones finales de los Comités ya mencionados. Los desafíos que actualmente enfrenta el Estado salvadoreño en materia de respeto y de protección de los derechos humanos deben ser vistos de manera integral, pues sólo así se podrá contar con todos los elementos necesarios para formular leyes, políticas públicas y planes dirigidos a superar efectiva y eficientemente las situaciones que obstaculizan el pleno disfrute de todos los derechos humanos. El llamado que han formulado los Órganos de Tratado de Derechos Humanos de la ONU al Estado salvadoreño ha hecho énfasis en la importancia de difundir las referidas observaciones finales en las instituciones públicas, los poderes del Estado, las organizaciones no gubernamentales, la academia y la ciudadanía en general. Ello tiene como finalidad principal de promover el conocimiento de la situación de los derechos humanos en el país, propiciar la participación activa de la sociedad civil y la puesta en marcha de mecanismos de evaluación y monitoreo sobre los avances u obstáculos en la implementación de sus recomendaciones y es expresión del involucramiento, en esta ocasión, de la sociedad civil representada por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y del compromiso de la Procuradu11 Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC ría para la Defensa los Derechos Humanos (PDDH) por dar difusión a las recomendaciones del Comité DESC. Es necesario destacar que la participación de la sociedad civil y el diálogo fluido y permanente de ésta con las instituciones del Estado son un pilar fundamental de un Estado Democrático de Derecho cuyo fruto contribuirá al fortalecimiento de la nación Salvadoreña, lo que inclusive tendrá una positiva proyección sobre la promoción de los derechos humanos en la región Centroamericana. La creación de un mecanismo interinstitucional en el participe la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, las organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los Órganos de Tratado y Procedimientos Especiales sería el espacio propicio para un diálogo de país dirigido al respecto, protección y garantía de los derechos humanos en el país. Confío en que a la brevedad El Salvador cuente con ese mecanismo. Finalmente, como Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en América Central reitero nuestro compromiso de apoyo a las instituciones del Estado para fortalecer sus capacidades y hacer efectivos y plenamente vigentes los derechos humanos. Asimismo expreso nuestra disposición para continuar apoyando los esfuerzos de la sociedad civil en la defensa y promoción de los derechos humanos. El Salvador, 10 de octubre de 2014 12 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 15 de marzo de 2014 Presentado por las siguientes organizaciones: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL); Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA); Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE); Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU); Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM); Foro del Agua; Asociación Aspidh Arcoiris (Organización que defiende derechos de la población Trans y HsH); Mesa de Género de Mejicanos. 13 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC Índice Páginas Siglas utilizadas I. Introducción ..................................................................... 19 – 20 II. Aplicación de los artículos del Pacto Artículo 1 .......................................................................... 20 – 22 Artículo 3 .......................................................................... 23 – 24 Artículos 6 y 7 ................................................................. 24 – 26 Artículo 8 .......................................................................... 27 – 29 Artículo 9 .......................................................................... 29 – 30 Artículo 10 ........................................................................ 30 – 32 Artículo 11 ........................................................................ 32 – 36 Artículo 12 ........................................................................ 37 – 39 Artículo 13 y 14 ............................................................... 39 – 40 Artículo 15 ........................................................................ 40 – 41 III. Conclusiones ................................................................... 41 – 45 IV. Recomendaciones ........................................................... 45 – 50 Fuentes de información 15 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC Siglas ASPRODE Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo CIADI Centro Internacional de Acuerdo de Diferencias por Inversiones CIFCO Centro Internacional de Ferias y Convenciones CNSM Consejo Nacional del Salario Mínimo CONNA Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia CSJ Corte Suprema de Justicia DIGESTYC Dirección General de Estadísticas y Censos EHPM Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples FESPAD Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FGR Fiscalía General de la República FUNDAFAM Fundación de Apoyo Familiar FUNDE Fundación Nacional para el Desarrollo IMU Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISTA Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria Las Mélidas Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes LEPINA Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia LGTB Personas lesbianas, gays, transgénero y bisexuales MINED Ministerio de Educación MINTRAB Ministerio de Trabajo y Previsión Social MOVITIERRA Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra MPJL Mesa Permanente por la Justicia Laboral NNA Niños, Niñas y Adolescentes OIT Organización Internacional del Trabajo PEA Población Económicamente Activa PIB Producto Interno Bruto PNC Policía Nacional Civil PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PREPAZ Dirección para la Prevención de la Violencia REINSAL Red de Educación Inicial y Parvularia de El Salvador SDDT Sub Secretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización TSE Tribunal Supremo Electoral UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 17 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC I. Introducción 1.- El periodo que comprende este informe, el Estado salvadoreño se ha visto enmarcado en un contexto que representa una transición hacia un cambio de paradigmas y un hacer distinto en políticas públicas. En tanto ello, ineludible es referirse al tema del déficit fiscal que preludia el período examinado. Aún en esas condiciones, en este período ha habido una inversión social mayor, lo que para algunos sectores conservadores del país es visto como un elevado gasto público, y para quienes ya no hay posibilidades de aumentar los ingresos públicos. 2.- Sin embargo, para poder seguir invirtiendo más en las áreas sociales y para mejorar los niveles de vida de la población, las organizaciones sociales creemos que el Estado debe buscar los mecanismos para elevar sus ingresos ya que éste apenas capta el 15% del PIB, las personas que trabajan (cientos de miles) captan el 25% bajo la forma de salario y 6,000 empresarios grandes y medianos se quedan con el 60%. Esa distribución muestra que la riqueza se concentra en una minoría de empresarios. La carga tributaria de El Salvador es una de las más bajas de América Latina, donde el promedio supera el 20%. Los gobiernos de Brasil y Argentina captan el 34% del PIB. Los de Francia, Italia y Bélgica, captan entre el 42 y el 45 por ciento del PIB. Esos y otros gobiernos tienen altos ingresos y pueden cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar, salud, educación y otros DESC a la población. En cambio en El Salvador sucede lo contrario. 3.- Actualmente, en materia socio económica, El Salvador se perfila hacia diversos proyectos de inversión pública-privada, lo cual, desde la óptica del Estado, busca encaminar al país por el sendero del desarrollo; sin embargo, la ejecución de estos proyectos trae aparejada una colisión directa con los derechos humanos de la población más vulnerable, y de manera indirecta, con los derechos humanos de la población en general. 4.- Una de las tres situaciones que el PNUD identifica de manera recurrente en la sociedad salvadoreña y que no ha sido resuelta en el país es “la tolerancia con la pérdida, desperdicio y fuga de su principal riqueza: la gente”1, Se considera que ante la falta de oportunidades económicas, cerca de uno de cada tres salvadoreños emigra, esto trae consecuencias negativas tales como: la desintegración familiar, la desprotección de las familias, especialmente de las mujeres, quienes se ven obligadas a ser jefas de familias monoparentales; se desprotege a niños, niñas y adolescentes, que no reciben una atención adecuada; asimismo puede favorecer un aumento de violencia e incorporación a grupos delincuenciales. 5.- Según la medición tradicional de ingresos, el 34.5 % de hogares salvadoreños vive en pobreza2. Eso pone de manifiesto la gran desigualdad en la distribución de la riqueza en El Salvador y que la polarización entre ricos y pobres tiende a mantenerse y acrecentarse. Esa desigualdad se ve profundizada cuando de comparar las zonas rurales y urbanas se trata, especialmente en cuanto a servicios médicos, educación, salarios y la calidad de la canasta básica. 6.- La pobreza total afecta a 2,521,776 personas (de un total de 6,249,262), de las cuales 1,764,001 están en pobreza relativa y 757,775 en pobreza absoluta3, impactando principalmente al área rural. Sin embargo, es de analizar que frente a este grupo considerable de personas, concretamente 40.6 % de los hogares en situación de pobreza que no tienen acceso a la canasta básica ampliada. 19 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 7.- En los 262 municipios del país hay pobreza extrema. Y en 12 de los 14 departamentos la pobreza total supera el 40%.4 Estos datos parecen sugerir que El Salvador no será capaz de alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio para 2015 que es erradicar la pobreza extrema y el hambre. 8.- El presente informe recoge una valoración y evaluación desde el punto de referencia que distintas organizaciones sociales tenemos del cumplimiento de los compromisos en derechos económicos, sociales y culturales que el Estado salvadoreño ha asumido al ser signatario de distintos Tratados Internacionales de Derechos Humanos. II. Aplicación de los artículos del Pacto Artículo 1 9.- El Estado salvadoreño no ha elaborado un estudio sobre el impacto que ha tenido el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana -CAFTA-DR- el cual determine de manera particular la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales; y sobre las medidas que se han tomado para compensar sus consecuencias negativas. Lejos de ello, en 2013 entró en vigor un nuevo tratado comercial denominado Acuerdo de Asociación con la Unión Europea –AdA-, el cual profundiza más el impacto de los tratados comerciales en los derechos humanos, especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales. 10.- Pese a que en 2007 fue admitida una demanda de inconstitucionalidad en contra del CAFTADR, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha dado su resolución definitiva al respecto. 11.- Como si fuera poco, el Estado salvadoreño también firmó un acuerdo político con los Estados Unidos, denominado Asocio para el Crecimiento, el cual, entre otras cosas ha condicionado a El Salvador para que, entre otros asuntos, reforme el marco legal interno en lo referente a permitir la asociatividad pública privada, la reforma de la función pública, las leyes de comercio electrónico, el acceso a la información pública, la extinción del dominio, entre otras. De no cumplirse tales condicionantes, no se aprueban fondos no reembolsables como los son los Fomilenio I y II. 12.- La institucionalidad jurisdiccional salvadoreña ha avanzado muy poco en cuanto a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Es de reconocer que la actual conformación de la Sala de lo Constitucional ha emitido algunas resoluciones en donde prepondera este tipo de derechos ante derechos de particulares; sin embargo, otros tribunales de menor rango no los tutelan por distintas razones entre las cuales destacan los vacíos legales y la exigibilidad misma por parte de la población. Esto último deriva en parte por la poca promoción y enseñanza de los Derechos Humanos que se hace desde el Estado, a pesar de ser un mandato constitucional. 13.- Pese al reconocimiento jurídico que de los pueblos indígenas se tiene, sus derechos económicos, sociales y culturales no están garantizados en la práctica. Desde 1930 el Estado salvadoreño no ha realizado un censo de las poblaciones indígenas, esa falta de estadísticas impide evaluar el ejercicio efectivo de sus derechos. 20 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 14.- El Estado salvadoreño no ha seguido los pasos específicos para formalizar el reconocimiento legal y político en el país de los pueblos indígenas tanto en el ámbito nacional como local. En ese sentido, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, expresó que la mayor parte de las iniciativas de Gobierno que tienen que ver con los pueblos indígenas están todavía en una fase incipiente. En 2011 el Relator llamó al Gobierno a adoptar las reformas a la Constitución actualmente bajo consideración, que asegurarían el reconocimiento legal de los pueblos indígenas. Ello, junto con la ratificación del Convenio 169 de la OIT5. Sin embargo en el período examinado tales recomendaciones no tuvieron cumplimiento. 15.- A nivel normativo los pueblos indígenas continúan siendo invisibilizados a tal punto que no son reconocidos constitucionalmente sus derechos, a la fecha de redacción de este informe, a pesar de la exigencia de los pueblos originarios,6 no se ha ratificado la reforma constitucional aprobada el 25 de abril de 2012, de los art 62 y 63, con la que se reconocerían los derechos de estos pueblos. 16.- En relación a la normativa internacional que regulan sus derechos se encuentra la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas. El primero de los cuerpos normativos fue firmado por el gobierno de El Salvador en el año 2007 del cual falta su ratificación; y el segundo no ha sido suscrito aún. 17.- La ausencia de cuerpos normativos que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas da paso al desinterés del Estado en asumir el deber que tienen de garantizar los derechos de las comunidades ancestrales. El relator de las Naciones Unidas James Anaya observó la necesidad de que el Estado impulse acciones más concretas de las existentes, orientadas al rescate de las manifestaciones culturales como la lengua y las tradiciones ancestrales y su incorporación en los sistemas de protección social, en particular los referidos a salud, educación, los programas de asistencia económica para el crecimiento productivo, así como los programas de tenencia de tierra, que deben ser acordes a patrones culturales y necesidades de los pueblos indígenas.7 18.- Los pueblos originarios históricamente han sido despojados de sus tierras de forma violenta o “legal” esto se agrava cuando en la actualidad no hay políticas públicas orientadas a reconocer, garantizar y proteger los territorios indígenas. Para el 2011, se estimó que sólo el 5% de las personas indígenas en El Salvador tenían seguridad jurídica sobre la tierra, con lo que se identifica la carencia de acceso a la misma. Los esfuerzos que desarrolló el gobierno actual en El Salvador para la titulación de la tierra entre el 2009 y junio 2012 han beneficiado a 28,000 personas, de las cuales, solamente 307 familias identificadas como indígenas fueron beneficiadas8. Sin embargo esto no elimina la deuda histórica de este reconocimiento. 19.- Sumando a ello, de acuerdo al Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya indica que los territorios donde se encuentran los pueblos originarios se ven amenazados por proyectos hidráulicos como los desarrollados en el río Sensunapán afectando a los municipios de Juayua, Salcoatitán, Nahuizalco, Sonzacate, San Antonio del Monte, Sonsonate y Acajutla, que se encuentran a la ribera del río, afectando con ello a las comunidades indígenas en el acceso al agua para consumo, uso agropecuario y doméstico. Asimismo, identifica la amenaza de la explotación minera en los territorios de asentamientos indígenas debido a que sólo hay una norma transitoria que prohíbe otorgar licencias para dichos fines.9 21 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 20.- A pesar de las agresiones históricas acaecidas hacia los pueblos indígenas, en la actualidad existen alrededor de 24 organizaciones10 indígenas que luchan por la defensa de sus derechos, las cuales identifican como prioridad lo siguiente: “Que el Estado Salvadoreño se comprometa a aportar la cuota en el organismo internacional denominado Fondo de Población Indígena; generar un proceso de incidencia en la sociedad para visibilizar lo indígena desde diferentes ángulos; desarrollar acciones legales que posibiliten reformar la Constitución; generar un proceso en el movimiento social acerca de la necesidad de incorporar en sus acciones la premisa de lo indígena como parte de las propuestas que se impulsen a nivel local, municipal, departamental y nacional; resistencia y rechazo a la implementación de los Tratados de Libre Comercio; generar acciones enrumbadas al derecho de los pueblos a la seguridad y soberanía alimentaria; lucha y demanda de reformas legales y constitucionales por el derecho a la tierra”11. De igual forma, en agosto el 2012 y mediante la Declaración de Cuscatlán, las organizaciones indígenas sentaron posición en defensa de la madre tierra que se ve amenazada por las industrias extractivas12. No obstante, una amenaza emergente que tienen los pueblos indígenas es el interés del gobierno de mercantilizar su cultura promoviendo el turismo. 21.- En cuanto a la participación política de los pueblos indígenas en los comicios electorales presidenciales del 2014 se reconoció el avance que representó para la población indígena el voto residencial. Organizaciones indígenas de Nahuizalco manifiestan que el voto residencial les facilitó el acceso al sufragio y les garantizó mayor respeto para la población indigna, al manifestar que “muchas veces hemos sentido la intolerancia, la discriminación y la agresividad por parte de las personas en el pueblo que nos ven de menos. Ahora que votamos en el cantón y somos todos del mismo lugar nos tenemos respeto y hay menos conflictos, a pesar de las diferencias políticas. 22.- No obstante, la organizaciones indígenas del referido municipio identifican un nivel de abstencionismo en la población debido a que muchas persona les correspondía votar en un cantón distinto al que habitan, según el registro electoral, teniendo que trasladarse grandes distancia para ejercer su derecho al voto. Por lo anterior consideran que es parte de la discriminación racial, al manifestar que “sospechamos que las dificultades y el desorden no tienen fundamentos técnicos, sino que reflejan la intención de reducir el voto indígena y nuestra partición política, de ser así estaríamos entonces ante un caso de discriminación racial”. 23.- Una amenaza emergente que tienen los pueblos indígenas es el interés del gobierno de mercantilizar su cultura. Muestra de lo anterior es que sin tomar en cuenta la participación indígena en la formulación de los procesos de desarrollo, los representantes de los Ministerios de Turismo de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, miembros de la Organización Mundo Maya -OMM-, firmaron el 16 de agosto de 2012, en San Salvador, una declaración en la que se comprometen a impulsar como destino turístico la ruta maya, con el propósito de recibir 30 millones de turistas en el 2012.13 24.- La ausencia de cuerpos normativos que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas da paso al desinterés del Estado en asumir el deber que tienen de garantizar los derechos de las comunidades indígenas. El relator de las Naciones Unidas James Anaya observó la necesidad de que el Estado impulse acciones más concretas de las existentes, orientadas al rescate de las manifestaciones culturales como la lengua y las tradiciones ancestrales y su incorporación en los sistemas de protección social, en particular los referidos a salud, educación, los programas de asistencia económica para el crecimiento productivo, así como los programas de tenencia de tierra, que deben ser acordes a patrones culturales y necesidades de los pueblos indígenas.14 22 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC Artículo 3 25.- Son notorios los esfuerzos del Estado en cuanto a asegurar la plena aplicación del principio de no discriminación, el derecho a la igualdad y la promoción de los derechos de las mujeres. Es loable la creación de instituciones como la Secretaría de Inclusión Social y el proyecto Ciudad Mujer. Asimismo se reconoce la aprobación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres15, además del marco normativo internacional que protege el ejercicio de los derechos de las mujeres ratificado por El Salvador. También destaca la apertura para que organizaciones sociales que trabajan el tema de la mujer participen en el diseño, ejecución y evaluación de la Política Nacional de la Mujer. 26.- La discriminación de la que son víctimas las mujeres en El Salvador, aún se ve perpetuada por los prejuicios y condiciones sociales tradicionales de la cultura patriarcal, a pesar del considerable número de instrumentos jurídicos y programas adoptados por el Estado salvadoreño. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en oficios domésticos, conocidas legalmente como trabajadoras del servicio doméstico conforme lo establece el artículo 77 del Código de Trabajo. Pese a las regulaciones del Código de Trabajo, no se garantiza el respeto de sus derechos como trabajadoras, siguen sin ninguna protección laboral, donde no se garantiza contrato por escrito, carecen de protección sobre la garantía de tener un salario mínimo, no están sujetas a un horario de 8 horas diarias, sino las que el patrono estime convenientes o necesarias para la prestación de los servicios, obligándolas a prestar sus servicios en días de asueto, sin percibir el pago que les corresponde por ley; se señalan condiciones de discriminación y de “esclavitud” pues según lo establece el artículo 83 ordinal 3º se consideran causas de terminación de contrato sin responsabilidad para el patrono el “cometer el trabajador actos de insubordinación contra el patrono, su cónyuge, ascendientes, descendientes u otras personas que habiten permanentemente en el hogar”, situación que claramente violenta los derechos humanos y laborales de las trabajadoras domésticas reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. 27.- Las mujeres siguen devengando menos del salario mínimo, y sin ser incluidas en el sistema de seguridad social. Tampoco el Estado ha establecido un mecanismo eficiente que permita dar cumplimiento al principio constitucional que establece que a igual trabajo igual remuneración, especialmente cuando de mujeres se trata. 28.- Si bien, las inspecciones laborales han aumentado en El Salvador sobre todo porque se ha aumentado la contratación de más inspectores de trabajo, aún persiste la precaria situación laboral de ciertas personas, especialmente de las mujeres que trabajan en las maquiladoras textiles, en muchas de las cuales no se respetan las reglas de contratación y las condiciones de trabajo establecidas en el Código del Trabajo. 29.- Sobre la participación política de las mujeres, El Salvador está a un nivel ligeramente inferior al promedio de América Latina y el Caribe que es de 20.7%. De acuerdo con el Censo de Población 2007, en El Salvador las mujeres constituían el 52.7% de la población. Sin embargo su participación en los poderes públicos era desigual. Su participación en el Órgano Legislativo continúa siendo una de las más bajas en la región, aunque aumentó del 9% en el período 2000-2003 al 9% a 19% en el período 20092012. Una mayor presencia de mujeres (33.3%) se encuentra en la actual bancada de El Salvador en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). 23 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 30.- Si bien es cierto que durante los últimos cuatro años se ha avanzado en acciones conjuntas entre el Gobierno con la sociedad civil que se encaminan a erradicar progresivamente las prácticas y actitudes discriminatorias en los distintos ámbitos en contra de las mujeres, las personas lesbianas, gays, transgénero y bisexuales (LGTB), así como también en perjuicio de las personas viviendo con VIHSIDA. No obstante, aún persisten prácticas y conductas institucionalizadas de intolerancia y discriminación en razón de la orientación sexual. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa aún discute la aprobación de una prohibición constitucional para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. 31.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las asociaciones de la comunidad LGBTI firmaron un acuerdo el 7 de marzo de 2014, con el fin de no entorpecer el derecho del sufragio a los miembros de la misma en las elecciones presidenciales del día 9 del mismo mes. El día de las elecciones, por ejemplo a Rubí López Moz, transgénero cuyo Documento Único de Identidad figura a nombre de Rubén López Moz, se le permitió votar sin ningún impedimento en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). 32.- La Asamblea Legislativa aún no ha ratificado el protocolo facultativo de la CEDAW, debido a la presión que han ejercido los grupos conservadores nacionales y extranjeros. 33.- Las personas privadas de libertad, a febrero de 2014 se contabilizaban en 26,702. De los cuales 21,083 (78.96%) se encontraban condenados y 5,619 se encontraban procesados. Del total de privados de libertad 24,197 eran hombres y 2,505 eran mujeres.16 Los 19 centros de internamiento que conforman el sistema penitenciario salvadoreño tienen una capacidad para albergar 8,490 internos, por lo que se estima una sobrepoblación de 18,212 personas. 34.- La situación de hacinamiento en el caso del penal que alberga mujeres es crítico, ya que su capacidad es para albergar a 220 internas, pero a julio del 2013 registraba una población de 2084 personas. 35.- El presupuesto para el 2012 era de USD$1.96 diarios para alimentación por privado de libertad, es decir, USD$ 0.65 por cada comida. 36.- El sistema penitenciario registra 2,662 (9.92%) mujeres privadas de libertad, al 15 abril de 2013. Están albergadas en Cárcel de Mujeres de Ilopango, y en los Centros Penales de Quezaltepeque, Sensuntepeque, Apanteos y San Miguel. Artículos 6 y 7 37.- En el país sólo 1 de cada 5 trabajos es decente17, por lo que la mayoría de estos no garantizan tres condiciones básicas para convertirse en herramientas que construyan progreso: ofrecer una remuneración justa, dar protección social para el trabajador y su familia y garantizar condiciones de seguridad.18 38.- Según datos oficiales, para el 2013, de cada 100 personas en condiciones de trabajar, 59 estaban plenamente ocupadas, 31 son subempleadas y sólo 6 no contaban con acceso a un empleo (en términos brutos, 165,439 estaban desempleadas y 836,499.478 subempleadas). La tasa de desempleo fue del 6.07% de la Población Económicamente Activa (PEA) que para ese año era de 2,724.754 personas. Con base a 24 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC tales datos, el desempleo se habría reducido en un 0.53% en el mismo año. En 2009 la cifra de desempleo era de 7.3% de la PEA, es decir que durante el período examinado el desempleo se redujo en 1.23% de la PEA.19 39.- Los indicadores señalan un avance en la reducción del desempleo; sin embargo, ello no ha sido suficiente para disminuirlo sustancialmente. A pesar de que los indicadores reflejen un avance para mejorar el acceso al trabajo, el reto sigue siendo significativo pues si se toma en cuenta el desempleo (6.07%) y el subempleo (31%) existente, se tiene un 36% de la PEA que no tiene garantías de un empleo a mediano o largo plazo, ya sea porque no tiene acceso a uno o porque éste no es permanente. 40.- Aunque la tendencia de la tasa de desempleo ha sido a la baja en el período examinado, la magnitud de trabajo en el sector informal sigue siendo alarmante. Sobre todo porque ha habido una disminución de la tasa de desempleo, pero contrariamente ha aumentado la tasa de subempleo. Con el agravante que el sector informal no es cubierto por la seguridad social ni previsional. A pesar de que, en términos generales, los indicadores reflejen un avance para mejorar el acceso al trabajo, el reto sigue siendo significativo pues si se toma en cuenta el desempleo (6.07%) y el subempleo (30.7%) existente, tenemos poco más de un 36% de la PEA que no tiene garantías de un empleo a mediano o largo plazo, ya sea porque no tiene acceso a uno o porque éste no es permanente. 41.- El porcentaje de jóvenes que no estudia ni trabaja se mantiene en 21%, y no hay signos que indiquen que esto cambiará. La recién aprobada Ley de Juventud ofrece incentivos y programas enfocados en este sector, pero para quienes no encuentran oportunidades de desarrollo todo se queda en el plano de lo escrito. Muchos siguen considerando el arriesgado camino de la migración como una salida para “sacar adelante a la familia.20 42.- Entre los años 2009 y 2013 se han registrado tres aumentos al salario mínimo21. El último fue avalado por el presidente Mauricio Funes en julio de 2013 luego de una intensa disputa con los representantes de la empresa privada en el Consejo Nacional del Salario Mínimo -CNSM-. El aumento aprobado fue del 12% para el sector privado pero que será aplicado en tres momentos: 4% en julio de 2013, 4% en enero de 2014, 4% en enero de 2015. 43.- Con el aumento del 4% correspondiente al año 2013, los salarios mínimos vigentes para ese año en El Salvador son: (1) sector comercio e industria: $233.06; (2) sector maquila textil: $ 195.00; (3) sector industrial $ 228.07; (4) sector agrícola: $109.20. Para enero del año 2015, el aumento del 12% se concretará en su totalidad y los salarios mínimos quedarán así: 1) sector comercio e industria: $250.99; 2) Sector maquila textil: $ 210.00; 3) sector industria: $ 245.61; 4) sector agrícola: $117.60. 44.- Aún con estos aumentos y comparado con la canasta de mercado22, los salarios siguen siendo insuficientes, especialmente en el sector privado, lo que no permite a los trabajadores y a sus familias vivir adecuadamente. 45.- Al margen de las discusiones de la suficiencia o no del monto de los salarios vigentes, el gobierno ha realizado esfuerzos significativos por garantizar que se respeten los salarios mínimos legalmente establecidos. Entre junio de 2012 y marzo de 2013 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social registró y conoció de 1,477 casos de violación al salario mínimo. En concordancia con ello, impuso multas que en total suman $22,813.74. 25 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 46.- En cuanto a la permanencia en el empleo, la legalidad del despido de hecho en la legislación salvadoreña es una amenaza constante para el sector privado. Por su parte, en el sector público también se han registrado múltiples vulneraciones a este derecho, principalmente en las Alcaldías Municipales. 47.- En el sector privado, la incertidumbre laboral es constante pues el artículo 38 ordinal 11° de la Constitución de la República y el artículo 58 y siguientes del Código de Trabajo, legalizan la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras pierdan su puesto de trabajo sin motivo alguno. Ello se traduce en la inexistencia del derecho de permanencia en el empleo para el sector privado. Asimismo, esa posibilidad deriva en múltiples violaciones a derechos laborales, algunas que no son denunciadas, precisamente, ante la posibilidad del despido de hecho. 48.- La gran mayoría de los casos de despidos de hecho en el sector privado no son registrados estadísticamente pues son parte de la dinámica “natural” de la oferta y demanda laboral. Sólo aquellos casos en que se reclama la respectiva indemnización son registrados en las estadísticas de las instituciones gubernamentales. Para el caso, al final del año 2012 estaban en trámite 7,877 juicios individuales de trabajo por diversas violaciones a derechos laborales, entre ellas, el reclamo de indemnización ante despidos de hecho. 49.- En el sector público, las vulneraciones a la permanencia en el trabajo han persistido, sobre todo, con la utilización de la figura de contratación mediante la modalidad de “servicios personales”, sin embargo, en el año 2012, el grueso de violaciones en el sector público se dio en diversas municipalidades del país luego del cambio de gobiernos municipales, valiéndose de las figuras de “supresión de plaza o cargo” y de “puestos de confianza”, ambas contempladas en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM). 50.- Un aspecto que contribuyó en forma relevante con la estabilidad laboral de los empleados públicos en el período, fue gracias al cambio de precedente de la Sala de lo Constitucional que estableció la existencia de la estabilidad laboral aún en casos en que el servidor público estuviera bajo contrato, con lo que rompió con la jurisprudencia anterior que no lo aceptaba. Esto posibilito que varios servidores públicos bajo contrato que fueron despedidos fueran amparados, incluyendo al sindicalista de la Asamblea Legislativa, Luis Alberto Ortega, que fue despedido y la Sala ordenó su restitución. 51.- A finales del año 2012, el número de despedidos en las comunas sumaba más de 600 (casos públicos), en alcaldías como: Soyapango, Ilopango, Ayutuxtepeque, San Martin, Mejicanos, Izalco, San Luis Talpa, Chinameca y La Unión. 52.- Las estadísticas judiciales reflejaron que en el año 2012 ingresaron 62 casos de solicitud de autorización de despido de empleados públicos y se presentaron 477 procesos de nulidad de despido23 El número de solicitudes de autorización para efectuar despidos contrasta con los más de 600 casos de despidos que se conocieron públicamente y con la cantidad de procesos de nulidad de despidos de empleados municipales incoados en el mismo año. 53.- En julio de 2012, la Asamblea Legislativa aprobó la denominada “Ley de Incentivo para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado”. La legislación detalla que los beneficiarios de esta normativa serán jóvenes entre los 18 y 29 años, que no tengan experiencia laboral, ni registro de cotizantes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 26 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC Artículo 8 54.- Desde la entrada en vigencia de los Convenios 87 y 98 de la OIT, ha habido un aumento de contratación colectiva de trabajo en el sector público; sin embargo, persiste el obstáculo que limita su materialización ya que generalmente el Ministerio de Hacienda no lo incluye en el presupuesto financiero para su materialización. Es decir que ha aumentado la contratación colectiva pero existen obstáculos presupuestarios para cumplirlos. 55.- Desde el 2010 Las organizaciones de mujeres han trabajado para que el Estado salvadoreño ratifique el convenio 189 que garantiza los derechos de las trabajadoras domésticas, hasta la fecha no se ha logrado. 56.- En cuanto a la conformación de organizaciones sindicales se refiere, los datos son bastante positivos. Hasta diciembre de 2013 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB- reporta 89 sindicatos inscritos en el sector público de los cuales 74 están activos. En el sector privado -incluyendo autónomas- existen 344 sindicatos inscritos y sólo 182 activos. Asimismo, 192 organizaciones sindicales del sector independiente inscritas de las cuales únicamente 167 están activas. A esos datos se agregan 32 nuevas juntas directivas en proceso de acreditación, 11 en el sector público, 11 en el privado y autónomas y 10 en el sector independiente. 57.- En contraste, en el año 2009 existían un total de 243 sindicatos, todos del sector privado24, es decir, que entre 2009 y 2013 se conformaron 382 nuevas organizaciones (89 del sector público). Ese dato es mucho más significativo si se compara con el número de nuevos sindicatos creados en el periodo 2005 al 2009, el cual refleja un aumento de tan sólo 68 sindicatos (en 2005 habían 175 sindicatos y 243 en 2009)25. 58.- En total, a finales de 2013 existían 625 sindicatos inscritos de los cuales 423 están activos, 170 en acefalía (27.2 %) y 32 nuevas juntas directivas en proceso de acreditación26. Dichos sindicatos se encuentran distribuidos en 35 federaciones y 6 confederaciones del sector privado; 5 federaciones y 1 confederación del sector público.27 No obstante, y pese al aumento de organizaciones, el Estado no tutela los derechos de sindicación tal como debiera tanto en el sector público como en el privado, ya que aun cuando tiene conocimiento de destituciones por motivos organizativos sindicales, así como destitución de directivos sindicales protegidos con fuero, su intervención no ha garantizado el respeto de tales derechos. 59.- Aún cuando la libertad sindical y el derecho de huelga están reconocidos en la Constitución, en Tratados y en el Código del Trabajo, en la práctica, el ejercicio de estos derechos encuentra una serie de obstáculos. También, existen limitaciones al derecho de huelga, ya que toda suspensión laboral que desarrollan los trabajadores trae como consecuencia que la mayoría de las huelgas sean declaradas ilegales judicialmente. 60.- En el sector privado también se registran violaciones a la libertad sindical. En este sector existe la tendencia a una menor denuncia pública de los casos que se presentan por la mayor vulnerabilidad de la estabilidad laboral existente; no obstante, diversos casos se registraron. Según el “Balance anual de denuncias por violaciones a derechos laborales 2013” publicado por diversas organizaciones defensoras de derechos laborales, se registraron casos de discriminación sindical en empresas como: Electric 27 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC Desings, Fabrica Florensi, Fabrica Samsew, Impresion Apparel, S.A de C.V, López Hermanos, Representaciones LYS, entre otros.28 61.- En febrero de 2013 se aprobaron una serie de reformas a la Ley de Zonas Francas, la cuales29 están orientadas a beneficiar a la empresa privada mediante el otorgamiento de mejores condiciones a las inversiones extranjeras. Esos nuevos beneficios responden a compromisos adquiridos por el Órgano Ejecutivo con la empresa privada en el año 201130; “El paquete de 46 cambios incluye exonerar a las empresas del pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, del impuesto de la renta e impuestos municipales por 10 años si la zona franca está ubicada en el Área Metropolitana de San Salvador, y 15 años si está fuera de ese sector. La exención se basará en la inversión que realicen las empresas y en la cantidad de fuentes de trabajo que se generen, debido a que la Organización Mundial del Comercio -OMC- prohíbe que la dispensa de pagar tributos sea en base a las exportaciones. 62.- Con la aprobación de estas reformas, se estaría otorgando una salida a problemática que representa el hecho de que en 2016 se vence el compromiso que el Gobierno adquirió con la OMC para desmantelar zonas francas. Además, el Gobierno afirma que la Ley de Zonas Francas servirá para atraer inversión extranjera, aunque la administración actual finalice en 12 meses.”31 63.- En el 2012 fue presentada a la Asamblea Legislativa la denominada “Ley de Asocio Público Privado” -LAPP-. La propuesta despertó la reacción negativa de diversos sectores de la sociedad salvadoreña que la catalogaron como una medida dictada desde el extranjero y como herramienta para impulsar nuevas privatizaciones en el país. Dicha ley establece la posibilidad de que el Estado traslade a la empresa privada la prestación de servicios, la explotación de recursos naturales y la realización de obras mediante la figura de la concesión. 64.- La normativa -denominada como Ley Especial de Asocios Público Privados- fue aprobada unánimemente (84 votos) por la Asamblea Legislativa el 23 de mayo de 2013 a pesar del desacuerdo expresado por organizaciones sindicales como el FESS,32 la CSTS33 y la MPJL.34 La ley no fue consultada con los trabajadores ni con la población en general a pesar del impacto económico de la misma. Posterior a la aprobación, diversos sindicatos mantuvieron los cuestionamientos a la normativa.35 65.- La aprobación de la mencionada ley abre la posibilidad de que el Estado sea desplazado por las grandes empresas para que éstas se beneficien de las concesiones que se otorguen, esto pone en tela de juicio el papel del Estado como responsable del bienestar de la persona humana y la efectiva tutela de los derechos de los trabajadores ante grandes poderes económicos. 66.- Mediante resolución de la Sala de lo Constitucional36 se ordenó a la Asamblea Legislativa emitir una ley que regulara el derecho de los trabajadores a gozar de una compensación económica al renunciar a su trabajo de manera voluntaria. Esto con el objetivo de dar cumplimiento al derecho establecido en el artículo 38 ordinal 12º de la Constitución, mismo que se encuentra condicionado a la emisión de una ley según lo establecido en el artículo 252 de la misma normativa. 67.- El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea aprobó la denominada “Ley Reguladora de Prestación Económica por Renuncia Voluntaria” y varias reformas a la Ley de Servicio Civil y Ley de la Carrera Administrativa Municipal.37 En la normativa emitida para el sector privado predominaron los intereses de la empresa privada. El primer lugar, se acordó que la misma entrara en vigencia hasta el año 2015 28 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC con el objetivo de que las empresas no tengan obligación de pagar el beneficio a los trabajadores. Además, el montó al que tendrá derecho el trabajador será sólo el de 15 días de salario sin que éste pueda exceder de dos salarios mínimos, contrario a la propuesta de los trabajadores quienes propusieron que fuese de 30 días de salario por cada año de trabajo sin límites de años y con un techo de 6 salarios mínimos. Además, como condición para tener derecho a la compensación se estableció que se debe acreditar por lo menos 2 años de trabajo. 68.- En el sector privado, los sindicatos han mostrado poca actividad reivindicativa a pesar de que ese sector es el menos favorecido en cuanto a salarios y estabilidad laboral. Precisamente, esta última incide negativamente en la creación y desempeño de los sindicatos en este sector. Por otra parte, los sindicatos que emprenden alguna reivindicación, muchas veces se enfrentan con la ineficacia de las instituciones para canalizar sus peticiones por vías legales. Artículo 9 69.- En comparación a la situación del año 2009, el año 2013 reporta avances en la cobertura del sistema de pensiones. Tanto el número de afiliados como el de cotizantes se ha incrementado en ese período. Las afiliaciones crecieron alrededor del 21% y las cotizaciones en más del 13%. Para febrero de 2013 se contabilizaban 2.386.599 afiliados y 627,749 cotizantes38 al sistema privado de pensiones, mientras que en junio de 2009 la afiliación era de 1,970,806 afiliados y 551,520 personas cotizantes, es decir, hubo un aumento de más de 400 mil afiliaciones y de 76 mil cotizantes.39 70.- No obstante, en cuanto a la sostenibilidad financiera del sistema40 en su conjunto y a la calidad de los montos de las pensiones no existe certeza alguna. El costo para honrar las pensiones está impactando fuertemente a las finanzas públicas. El Estado ha afirmado que no cuenta con un estudio completo con propuestas concretas sobre la situación actual y futura del sistema de pensiones. Eso lleva a una incertidumbre a las personas jubiladas y por jubilarse. Para resolver el problema de la insostenibilidad de las pensiones, en el corto plazo se prevé una reforma al sistema que busca ampliar en cinco años la edad para jubilación tanto para mujeres como hombres. El Estado debería evaluar profundamente si el Sistema Privado de Pensiones que inició en 1998 ha favorecido a trabajadores y pensionados, o si por el contrario conviene volver mixto el sistema previsional. Asimismo debería revisar si el sistema privado favorece más a las Administradoras que a los trabajadores. 71.- Pese a algunos intentos realizados, continúa la exclusión de los beneficios de seguridad social a sectores vulnerables como el doméstico e independiente. El sistema de seguridad social que fue adoptado en 1998 en El Salvador y que otorgó la administración del fondo de pensiones a organismos privados, eliminó el principio de solidaridad del sistema redistributivo público. Dicho sistema no establece los mecanismos necesarios para garantizar el acceso de los trabajadores agrícolas y empleados domésticos, y no beneficia de manera equitativa a hombres y mujeres. 72.- En el año 2012 se contabilizaban sólo 1800 personas dedicadas a realizar trabajo en el hogar que estaban afiliadas al ISSS (93% de ellas mujeres)41 La iniciativa de dar cobertura social a trabajadores del hogar fue lanzada en el año 2010 y para septiembre del 2013 el ISSS reportaba 2,614 personas afiliadas, promediando poco más de 650 inscripciones anuales. Abrir la posibilidad de brindar seguridad social a las personas que se dedican a desarrollar los trabajos del hogar resulta significativo a la luz de la universalidad de los derechos humanos; sin embargo, la cifra de afiliación es muy baja si se parte de las 29 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC proyecciones que en su momento se hicieron en relación de la afiliación esperada (más de 10 mil) y del número de personas que se dedican a esa labor (alrededor de 100 mil)42 El marco legal para extender el beneficio es aún muy débil, ya que se dejó a discreción de los patronos hacerlo o no; por ello es imprescindible fortalecerlo si se quiere producir efectos tangibles en ese ámbito de la población trabajadora. 73.- La indebida retención de los aportes de los trabajadores persiste a pesar de los esfuerzos de las instituciones para contrarrestarlo. En el período comprendido entre junio de 2009 a septiembre de 2013 el ISSS multó a 8,122 patronos por una cantidad que asciende a $1,019,861.14 en virtud de no trasladar los aportes a la seguridad social. Entre enero y septiembre de 2013 se reportaban casi dos millones y medio de dólares ($ 2,499,901.50) en concepto de aportes que no fueron traslados por 408 patronos, situación a la que las autoridades del ISSS le dan seguimiento a través del Departamento Jurídico.43 74.- Entre junio de 2012 y lo que va de 2013 no se han presentado variaciones significativas en la situación de la previsión social en El Salvador. La insostenibilidad financiera que se puso de relieve en el marco de la reformas a la Ley de Pensiones en marzo de 2012 sigue latente. La reforma implicó una ampliación del monto de las cotizaciones de los trabajadores de las cuales el Estado podía echar mano y una reducción del monto que las AFP cobran en concepto de comisión. El hecho de utilizar los fondos de pensiones para gastos del Estado revela la profunda crisis económica salvadoreña y el inminente riesgo que para la sostenibilidad financiera de las pensiones ello implica. Y es que si el Estado no impulsa cambios económicos acertados será imposible que restituya el dinero que ha tomado de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras. Artículo 10 75.- En cuanto al cumplimiento de dos grandes compromisos de país en relación a la implementación de la LEPINA, se destacan los avances significativos en el marco del cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes con el diseño y aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia -LEPINA- en abril del 2009, y la puesta en práctica en su totalidad en enero de 2011, dicha ley propone un enfoque sistémico de la protección integral, evitando una visión fragmentada de la niñez. Adicionalmente se puede mencionar como avance importante la formulación y aprobación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la cual fue diseñada a través de un proceso participativo, democrático e inclusivo a nivel nacional donde más del 50% de la población consultada fueron NNA. También se cuenta con la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia y el reconocimiento al derecho a la educación es sustancial. En la LEPINA se encuentran definidas las funciones y niveles para la organización del Sistema de Protección Integral a nivel nacional y local, que están más desarrollados en los reglamentos y procedimientos. 76.- En cuanto a los principales indicadores de niñez (desarrollo y pobreza), se atienden a nivel de parvularia al 54% de niñas y niños de 5 a 7 años. Se atienden a nivel de educación inicial 2.4% de niñas y niños de cero a 4 años; sin embargo, el país debería invertir en educación el 6% de PIB para mejorar sustancialmente la educación. 77.- Como retos y desafíos se identifica que los vacíos dentro de la LEPINA han tenido como consecuencia la falta de una clara definición de las jurisdicciones y responsabilidades de las instancias responsables de echar a andar los sistemas locales de protección. Así, las municipalidades cuestionan su responsabilidad directa en éstos y las organizaciones no gubernamentales trabajando a nivel local 30 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC aún no visualizan la importancia de su registro al Sistema Nacional de Registro de Entidades de Atención, obligación por mandamiento de la ley como un requisito para integrar los Comités Locales de Protección lo que ha retardado su instalación. Asimismo, debe ampliarse la sensibilización y compromiso de autoridades, funcionarios y servidores públicos para darle prioridad a la atención integral de la niñez con base en la LEPINA, que debe expresarse en presupuestos visibles y programas territoriales. 78.- El Salvador aún no ha superado el reto de la transición para llegar al cambio de paradigmas que asegure una articulación del Sistema de Protección Integral que garantice el Interés Superior de la Niñez como el centro para las decisiones que afectan a la NNA. Para la Articulación del Sistema es vital que todas las instancias y actores, a distintos niveles: institucionales locales, departamentales y nacionales se apropien de los Principios enunciados en la LEPINA -entre ellos el de corresponsabilidad- y de la nueva estructura y funcionamiento a fin de reorientarlos y/o modificarlos en cuanto a su jurisdicción y otros aspectos para la aplicación de la misma. 79.- En cuanto a la violencia contra la niñez, El Salvador no cuenta con un sistema de reunión de datos integrado lo cual complejiza una mirada integral de la problemática de la violencia contra la niñez; sin embargo se puede asegurar que la niñez y adolescencia en el país viven bajo una constante exposición a diferentes formas de violencia, esto se ve reflejado en las estadísticas del Informe del Estado de Niñez y Adolescencia del CONNA que reporta que en el 2011 hubo 102 homicidios de NNA, logrando reducirse para el año 2012 en un 50% y sólo como resultado de una tregua de las pandillas, pero recientemente ha incrementado debido a que este proceso no fue lo suficientemente sólido. La comunidad y los centros escolares siguen amenazados por las pandillas. 80.- La implementación del Sistema de Protección Social Universal ya ha comenzado a rendir frutos, se han ampliado programas de atención como: las transferencias monetarias condicionadas de educación y salud, que se entregan a familias pobres a cambio de que envíen a los niños y las niñas a la escuela y reciban un cuidado adecuado; la Pensión Básica Universal, una ayuda de 50 dólares mensuales que reciben las personas de 70 años y más, el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, que brinda asistencia por seis meses a mujeres y a jóvenes, Ciudad Mujer que da atención integral a mujeres; los programas de dotación de útiles escolares, uniformes y zapatos, que favorecen a estudiantes de escuelas públicas; y el programa de dotación de semillas, que subvenciona a campesinos y campesinas pobres. 81.- A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en El Salvador, su aplicación y difusión aún son retos para las autoridades y organizaciones.44 Según el Índice de Equidad de Género (IEG) que todos los años elabora Social Watch y que mide la brecha entre hombres y mujeres en la educación, participación económica y el empoderamiento político, El Salvador está entre los tres países de América Latina y el Caribe en peor situación, en una escala en que 100 representa la igualdad total, el país se sitúa en la posición 62, Guatemala en la 49 y Haití en la 48. 82.- Las personas adultas mayores constituyen uno de los grupos poblacionales en mayores condiciones de vulnerabilidad. Según los datos del último Censo Nacional (2007), cerca de la mitad de las personas adultas mayores son pobres. La precariedad del mercado del empleo y del trabajo, y en particular la desprotección social del sector agropecuario, determinan que la mayoría de la población carezca de prestaciones laborales y por tanto, una vez alcanzan la edad de jubilación, también de pensión básica que les permita una vejez digna e independiente. 31 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 83.- Para el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en El Salvador las personas adultas mayores se encuentran en una situación de vulneración y exclusión por factores inherentes a su condición, porque no reciben atención suficiente del Estado o porque éste o algunos de sus integrantes violan sus derechos humanos y porque la sociedad ignora o desconoce la dura realidad que viven.45 Los adultos mayores constituyen un 11% de la población y en 15 años se proyecta constituyan un 20%, de ahí que se plantea la necesidad de que el Estado le garantice una vejez digna y segura. 84.- Actualmente el gobierno brinda una pensión básica que le ha sido otorgada a ancianos en 70 de los municipios más pobres, pero debido a las grandes necesidades de estos resulta insuficiente, es necesario hacer una revalorización de las pensiones que les permita un retiro digno, el derecho a una pensión básica universal para aquellas personas mayores que no cuenten con otro ingreso. Este programa presidencial inició en 2009 con 7 mil beneficiarios de los 32 municipios más pobres del país, luego fue extendido a 16,800 adultos mayores de los 53 municipios, y ahora su cobertura llega a un total de 75 municipios, los beneficiados, que son personas mayores de 70 años, reciben una pensión de 50 dólares mensuales, así como una atención integral que incluye, entre otros, consulta odontológica, vacunación y apoyo nutricional. Artículo 11 85.- El Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, da cuenta que el déficit habitacional es de 360,301 viviendas. Donde 315,918 unidades conforman el déficit cualitativo y 44,383, el déficit cuantitativo.46 86.- En el período que se examina, el Estado no ha logrado construir el número de viviendas de interés social proyectado en cinco años, lo que a su vez le ha impedido disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo. Al evaluar este programa, a un año que finalice el quinquenio de la actual administración presidencial, resulta que el proyecto tiene una deficiente ejecución, ya que si en cinco años se proyectaba construir 25,000 unidades de vivienda, se supone que en un año corresponde la construcción de 5,000; meta que si de disminuir el déficit habitacional se trata, es muy baja, y sumado a ello dista mucho de las viviendas que el gobierno ha podido construir. 87.- El 61% de los hogares tienen viviendas con al menos una carencia en servicios o materialidad47 en muchos casos, las viviendas son tan precarias que no brindan la mínima seguridad y confort a sus habitantes. La población rural tiene menor proporción de oportunidades de mejorar su vivienda que la de la zona urbana (44% versus 61%)48 88.- Se reconoce que el Estado salvadoreño ha otorgado títulos de propiedad a familias que no contaban con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra; no obstante ello, existen aún miles de familias49 que mantienen una situación precaria y que no cuentan con una vivienda adecuada y en especial de aquellas que se instalan a lo largo de la línea férrea, zonas volcánicas, zonas verdes y terrenos privados. 89.- En 2009, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 23 que contiene la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles50, que establece un procedimiento expedito para que se pueda desalojar a cualquier persona que no posea título de propiedad. Decreto que violenta el derecho de audiencia, defensa, presunción de inocencia y la protección jurisdiccional del derecho a la propiedad y posesión. Este decreto, se emitió en un momento de la vida del país, en la que buena parte 32 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC de la población en situación de pobreza, se encuentra amenazada de desalojo, o bien por particulares, o bien por entidades del Estado; algunas de las causas de esta situación son las siguientes: mega proyectos de inversión tales como el turismo, la reactivación del ferrocarril, las presas hidroeléctricas, la minería, la planta de gas licuado de La Unión, la Carretera Longitudinal del Norte. Pero también hay causas anteriores, que tienen en inseguridad jurídica, en cuanto a la posesión y propiedad de la tierra, a un buen sector poblacional: tierras del ISTA, tierras propiedad de las cooperativas, lotificaciones ilegales, resoluciones judiciales, personas desalojadas de sus tierras de origen, grupo familiares de personas indígenas entre otros. 90.- La incertidumbre de las personas que carecen de títulos de propiedad se ve acrecentada por el desarrollo del programa denominado Casa Segura (iniciado en 2013 y que continúa en 2014), el cual es impulsado por miembros de la Policía Nacional Civil, en aras de mejorar la situación de inseguridad ciudadana. Las comunidades son visitadas casa por casa y sus habitantes deben probar que son propietarios del inmueble que ocupan mediante la presentación de facturas de pago de servicios (agua y energía eléctrica), y además, el título de propiedad del inmueble. Miles de familias carecen de títulos de propiedad, lo que potencialmente les vuelve candidatas para desalojos. 91.- El Salvador, es considerado el país con menor extensión territorial y con la densidad poblacional más alta a nivel de América continental. No obstante, en los últimas dos décadas los gobiernos han pasado por alto un factor de carácter multidimensional como es la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en el plano individual y colectivo y la posibilidad de acceso a la misma; invisibilizando que es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas, que hace entrar en juego aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos, y garantiza la existencia digna de todo ser humano. No obstante, es una problemática que a todas luces ha socavado y continúa socavando a los sectores más vulnerables y más vulnerados de la sociedad. 92.- En el país se calcula que cerca de 250 mil campesinos no poseen tierra, es por ello que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), tiene previsto otorgar cerca de 90 mil escrituras de propiedad, en el período del quinquenio del gobierno actual.51 Al filo de cumplirse el cuarto año de gobierno, se estima que se han entregado 37 mil escrituras en los cuatro años de gestión. Sin embargo, el problema de las personas sin tierra para construir sus viviendas y cultivar sus productos es cada vez más grave. 93.- Día con día se incrementa la cantidad de familias amenazadas de desalojo por la ejecución de megaproyectos de inversión, tales como: presas hidroeléctricas, carreteras, proyectos turísticos, minas entre otros. Amenazadas por acciones de entidades del Estado, de particulares, resoluciones judiciales perjudiciales a los intereses de las comunidades, y la entrada en vigencia de leyes que atentan contra la seguridad jurídica de la propiedad y posesión de inmuebles de sectores en situación de pobreza como es la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, conocida como Decreto 23. 94.- Puede mencionarse como ejemplo lo que dicha normativa está generando los primeros impactos a nivel nacional. En medio de golpes, gas lacrimógeno, atropellos y un uso excesivo de la fuerza, la jueza Ingrid Berríos del Juzgado de Paz de Intipucá procedió al desalojo de un aproximado de 90 familias, campesinos y campesinas sin tierra que desde inicios del proceso de reforma agraria se había asentado con fines de vivienda en el inmueble conocido como “Hacienda San Ramón”, en el municipio 33 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC de Intipucá, Departamento de La Unión. Desde el 18 de junio de 2012, un año después de ejecutado el desalojo por la aplicación del Decreto 23, los campesinos y campesinas de la Comunidad Los Ranchos en Intipucá, continúan sobreviviendo a la orilla de la carretera a la espera que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) entregue los tan ansiados títulos de propiedad que a la fecha se encuentran en la etapa de medición de los terrenos. 95.- El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano fundamental no reconocido expresamente en la Constitución de la República salvadoreña, pero si consagrado explícitamente en múltiples instrumentos de derechos humanos, que son leyes nacionales al haber sido suscritos y ratificados por El Salvador. 96.- La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, realizada por el Ministerio de Economía en el 2011, muestra que la pobreza afecta al 47.5% de la población (47.6% de las mujeres y 47.3% de los hombres), la cual no puede consumir la Canasta Básica Ampliada (CBA), que se compone de 11 alimentos esenciales, de la vivienda, los vestuarios y los servicios básicos. El 32.03% de esa población está en pobreza relativa, porque aunque no cubre con sus ingresos toda la CBA, consume los alimentos, y el 15.47% está en pobreza absoluta o extrema52, porque con sus ingresos no consume ni siquiera los alimentos de la CBA. En cantidad de población, la pobreza total afecta a 2,952,494 personas (de un total de 6,213,730), de las cuales 1,990,940 están en pobreza relativa y 961,554 en pobreza absoluta: 498,646 mujeres y 462,908 hombres. La pobreza es mayor en el área rural. 97.- El Salvador tiene hoy, casi el mismo número de niños, mujeres y hombres desnutridos que el que tenía hace veinte años. Los progresos realizados hacia el logro de la meta de reducir a la mitad el número de personas desnutridas han sido, por tanto, desalentadores. La prevalencia del hambre en el país es muy similar a los datos mundiales: 1 de cada 8 personas en El Salvador no tienen suficientes alimentos para comer, ni en calidad, ni en cantidad.53 98.- En El Salvador, la falta de una alimentación adecuada es la principal causa de los altos índices de desnutrición, que afectan sobre todo a los niños y niñas de 6 a 24 meses, el 38% de los cuales sufre anemia; la situación se agrava por las condiciones de pobreza, la escasa producción de alimentos, los bajos niveles de ingreso y de empleo, las medidas neoliberales adoptadas por los gobiernos en las últimas décadas, la limitada inversión social del gobierno, entre otras.54 99.- En los cálculos del gobierno, una familia del área urbana debe consumir 11 alimentos para no ser pobre absoluta: pan francés, tortillas, arroz, carnes (res, cerdo, aves), grasas (aceite margarina, aceite vegetal), huevos, leche fluida, frutas (naranja, plátano y guineo), frijoles, azúcar y verduras (papa, cebolla, chile verde, tomate, güisquil y repollo). En el área rural la familia solo debe consumir 9 (se excluyen el pan francés y las verduras). Aunque se trata de los alimentos mínimos que se necesitan para sobrevivir, no para tener una dieta alimenticia adecuada, casi el 9% de los hogares urbanos y el 18.4% de los hogares rurales no puede consumirlos. Por eso, entre otras razones, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), estima que el 12% de la población salvadoreña está subnutrida55, o sea, tiene una ingesta de alimentos insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria de manera continua. 100.- La falta de una alimentación adecuada es la principal causa de los altos índices de desnutrición, que afectan sobre todo a niños y niñas de 6 a 24 meses, el 38% de los cuales sufre anemia.56 Las 34 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC principales causas de la pobreza y de la mala alimentación son la escasa producción de alimentos y la imposibilidad que tiene una amplia franja de la población de satisfacer sus necesidades de consumo, debido a sus bajos niveles de ingreso y de empleo y a la limitada inversión social del gobierno. Pero el trasfondo de esa injusta situación es la concentración de la riqueza en una minoría de la población. 101.- La caída de la producción de alimentos y la cada vez mayor dependencia de alimentos importados se debe principalmente a la política económica aplicada entre los años 1989 y 2009, que afectó a la pequeña producción campesina y estimuló las importaciones. La reducción de aranceles, la liberalización y encarecimiento de los insumos, la supresión de los precios de garantía a los productores y productoras, la disminución de la asistencia técnica y la reducción del crédito al agro, condujeron a un desplome de la producción de arroz, hortalizas, carne, huevos y lácteos y a un estancamiento de la producción de maíz. En 1990, El Salvador producía el 93% de los granos básicos que consumía y en la actualidad produce el 28% del arroz, el 54% del maíz y el 62% del frijol. Los porcentajes restantes se importan. En el caso de las hortalizas las importaciones cubren el 70% del consumo.57 102.- Muchas comunidades tienen carencias alimenticias, debido a que no poseen tierras para cultivar, ni recursos para hacerlo, no tienen acceso a créditos, viven en condiciones de extrema marginalidad y están amenazadas de desalojo por la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. 103.- En el 2012, el Banco Mundial58 consideraba que en El Salvador 1 de cada 5 niños y niñas tenía retraso en el crecimiento y el 38% de los que tenían edades de 6 a 24 meses sufrían de anemia. La mortalidad infantil de menos de cinco años era de 16 por mil59 y el estudio del Banco Mundial indica que la tercera parte de las muertes de niños y niñas se debía a la desnutrición; el 27% de niños y niñas en edad preescolar y el 21% de mujeres embarazadas sufrían de anemia. El estudio concluye que “el consumo de una dieta variada y nutritiva es un reto en El Salvador, como la reflejan las tasas de retraso de crecimiento y anemia. 104.- En el país la diferenciación entre CBA urbana y rural no está definida a partir de un estudio que permita su justificación. El argumento generalmente utilizado para hacer la referida distinción es a partir de la afirmación que en la zona rural se producen los alimentos y muchas personas participan en ese proceso por lo que no deben comprarlos, lo que reduce el número de alimentos que la componen y el costo de la misma. Sin embargo, existen muchas personas que habitan en las zonas rurales y que no cultivan ningún tipo de alimento teniendo que comprarlos y consumirlos al mismo costo que las personas que viven en la zona urbana. 105.- La caficultura salvadoreña cuenta con una superficie cafetalera boscosa de 229,921manzanas que equivalen a 160,944 hectáreas, conformada con una población total de aproximadamente 626.5 millones de cafetos60. Per se, el cultivo o producción del café no está vinculada directamente con el derecho a una alimentación adecuada; No obstante, cuando la producción de éste es afectada por cualquier causa, se reduce la capacidad adquisitiva de los trabajadores del campo que participan en el proceso de producción, lo que genera falta de acceso a los alimentos de dichas personas. 106.- La roya es una plaga que ha afectado fuertemente los cultivos de café, esta se caracteriza porque al reverso de las hojas se producen manchas cubiertas con un polvillo color anaranjado lo que provoca la caída prematura del grano; lo anterior genera una disminución en la cantidad y calidad de la cosecha. Al final del 2012, el Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG- reportó el peor brote de 35 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC roya del café de los últimos 50 años, generando una reducción de al menos 400,000 mil quintales, 61 lo que se ha traducido en la reducción de contratación de personas que participan en las cortas de café y estas a su vez no pueden satisfacer sus necesidades primarias atentando contra la seguridad alimentaria y nutricional de las mismas. 107.- El Programa Mundial de Alimentos identifica alrededor de 113,000 hogares dependientes del jornal agrícola de los cuales un 44% (50,000 hogares) son considerados como vulnerables a la inseguridad alimentaria, en un perímetro de 5 Km alrededor de las áreas de cultivo de café. De igual forma, señala que el número de familias que depende directamente de la cosecha de café y que son vulnerables a la reducción de la producción debido a la roya son 12,87162 lo que tiene un estimado de 64, 355 personas entre mujeres, niños, niñas y hombres de todas las edades. Los métodos químicos usados en la agricultura para controlar las plagas que afectan a las cosechas impactan directamente en la salud de la población, mayoritariamente masculina, que se dedica a esa labor. En el país se registran entre 500 y 700 casos anuales de insuficiencia renal crónica por los cuales el Estado gasta anualmente $17 millones para tratar el padecimiento, las autoridades de del Ministerio de Salud han manifestado que una de las principales causas de esta enfermedad es la ocupación de agroquímicos63. 108.- En ese marco, el 5 de septiembre del año 2013 la Asamblea Legislativa aprobó con cuarenta y cinco votos a favor, de los ochenta y cuatro diputados que la componen, la reforma a la Ley de Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario y la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, con las que se prohibiría y sancionaría la venta, distribución, importación y uso de 53 agroquímicos en el país.64 109.- El proyecto de reforma no fue aprobado por el Presidente Mauricio Funes y lo regreso con observaciones a la Asamblea Legislativa alegando que no está comprobado científicamente que los 11 agrotóxicos que se pretende prohibir y circulan en el mercado afecten la salud de las personas65, dejando de lado los indicadores que se han dado en el país con la utilización de estos químicos. A la fecha de redacción del informe no se ha definido nada en relación a tema. 110.- Es de reconocer que el Estado salvadoreño, consciente de la problemática por la que atraviesa una franja importante de la población, a través del actual gobierno, que inició en junio de 2009, ha puesto énfasis en el aumento de la inversión social y vinculó las compras del Ministerio de Educación con pequeñas empresas que producen uniformes y calzados y con ganaderos que le venden leche. También ha entregado 33,000 títulos de propiedad a pequeños y pequeñas agricultores y créditos a intereses de 4% a varios miles de agricultores. Incluso creó el Banco de Desarrollo, que canalizará créditos hacia las micro y pequeñas empresas. Y en materia fiscal liberó del pago de renta a 82,000 personas asalariadas que ganan entre 317 y 503 dólares al mes. Sin embargo, a pesar de lo positivo de esas acciones, se dan en el marco de un estancamiento de la inversión privada y del Producto Interno Bruto (PIB) que afecta sus limitados alcances. Por eso, a pesar del énfasis social de la política del gobierno, la pobreza total aumentó de 44%6 en el 2009 a 47.5% en el 2011 y la pobreza extrema se mantuvo en 15%.66 111.- El Programa de Agricultura Familiar (PAF) dotó de herramientas e insumos a 24 mil 471 productores para dinamizar las cadenas productivas y de esa forma apoyar el autoempleo. Para el 2012, se estima que unos 1.300 grupos familiares producirán granos básicos que serán comprados por el gobierno para brindar la alimentación en los centros escolares. 36 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC Artículo 12 112.- Si bien se reconoce que las cifras relacionadas con la respuesta que El Salvador está dando al VIH son alentadoras, persisten algunos inconvenientes como el provocado por la reducción global del Presupuesto General de la Nación que ha afectado el presupuesto asignado al sector salud y que sigue siendo insuficiente para cubrir adecuadamente a la población, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad. Tal es el caso de la reducción del 45% (USD $810,000) que para el 2013 sufrió el presupuesto que se tenía asignado para la compra de medicamentos antirretrovirales para personas viviendo con VIH. Hasta diciembre de 2013 había un registro de 30,500 personas viviendo con VIH en el país, de los cuales 7,970 reciben tratamiento antirretroviral en el sistema público de salud. A pesar de los esfuerzos en la prevención, todavía se reportan anualmente alrededor de 1,600 casos nuevos.67 113.- Es de reconocer que en los últimos tres años se lleva un descenso sostenido de casos detectados de VIH. El registro es de cuatro nuevos casos diarios detectados, lo que indica una disminución de 200 y 300 casos nuevos por año. No obstante, la reducción del presupuesto para la prevención, atención y estrategias de sensibilización sobre VIH no debería menguar. Mucho menos no se debería creer que el VIH ya no es un problema y que ya no es un peligro. 114.- El aborto sigue siendo ilegal cualesquiera sean las circunstancias que lo motiven,68 incluyendo cuando está en peligro la vida de la madre, aborto terapéutico, incesto y violación; lo que propende a que se siga practicando el aborto clandestino y éste siga siendo una de las causas principales de muerte de las mujeres. No ha habido avances de reformas a la legislación sobre el aborto. 115.- Hay episodios de prácticas discriminatorias en los hospitales públicos de maternidad en contra de mujeres que dan a luz y que son portadoras del VIH. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y organizaciones sociales registran casos de pacientes69 que son coaccionadas a autorizar su esterilización como una forma de evitar que madres viviendo con VIH sigan teniendo hijos e hijas. 116.- El tema de la salud pública de la población salvadoreña, debe de pasar por revisar desde una perspectiva de concebir la salud como un valor social, cuyo goce da sentido y dignidad a la vida humana y garantiza el pleno desarrollo de las personas y de la sociedad. 117.- En El Salvador, existe una enfermedad que está ocurriendo fundamentalmente a nivel de las comunidades agrícolas y que afecta eminentemente en predominio al hombre agricultor como es la Enfermedad Renal Crónica No Tradicional, (ERCNT), que está relacionada a la presencia de sustancias toxicas en suelo, agua, plantas, y animales, de las comunidades agrícolas donde existen determinantes sociales fundamentales como la pobreza y baja actividad económica. La pobreza es uno de los rasgos que caracteriza las comunidades agrícolas de nuestro país, a esto se añade el hecho demostrado de que existe un alto nivel de contaminación ambiental. 118.- En nuestro país, los agricultores trabajan sin ningún tipo de chequeo de protección, a veces sin camisa, sin mascarillas, ni capas, ni guantes, ni botas, hasta descalzos, los mismos agricultores expresan que el movimiento de la bomba va girando en su espalda con los agroquímicos adentro y les moja todo sus cuerpo de los plaguicidas, estas sustancias se van al suelo, se acumulan en el suelo contaminándose los mantos freáticos, ríos, pozos de abastecimiento de las comunidades rurales lo que genera una exposición de contaminación no sólo con el agricultor que recibe de forma directa el agroquímico, 37 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC sino también los animales que consumen el agua, las plantas, el suelo y el resto de la comunidad que se abastece del recursos hídrico de los ríos y del nacimientos de agua o pozos de abastecimiento. Además, existe una agravante: los trabajadores del campo no son beneficiarios de seguridad social, y al enfermarse deben acudir al sistema público de salud, que de por sí presta una atención deficiente. 119.- Después de una década de haber sido presentada una propuesta a la Asamblea Legislativa, la Ley de Medicamentos se aprobó casi por unanimidad, 80 de los 84 diputados que conforman el parlamento votaron a favor de la Ley. El objetivo de la ley aprobada fundamentalmente es bajar el precio de los medicamentos tanto de marca como genéricos, además de mejorar el control calidad de éstos y la creación de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), ente rector que debe verificar el cumplimiento de la ley. 120.- Además, busca garantizar la institucionalidad para favorecer la accesibilidad, el registro, calidad, disponibilidad, eficiencia y seguridad de los medicamentos para la población, así como el uso racional de los medicamentos. Los datos oficiales precisan que la población será beneficiada con la rebaja de los costos de los productos farmacéuticos que oscilara entre 35% y un 69%, en 4,406 medicamentos distribuidos en 1,233 Conjuntos Homogéneos, es decir que tengan el mismo principio activo. 121.- El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos consideró que la creación de la Ley tuvo enorme relevancia, dado que ha sido ampliamente conocido que el sector de medicamentos salvadoreño se ha caracterizado por una deficiente regulación y vigilancia, lo que ha permitido, por ejemplo, una serie de arbitrariedades por parte de las empresas farmacéuticas a la hora de establecer los precios de venta al público, y la inexistencia de mecanismos adecuados para ejercer control de calidad. 122.- Está claro que el gobierno salvadoreño busca atraer inversión extranjera directa a través de la generación de distintas condiciones para que empresas y corporaciones mercantiles transnacionales que se dedican a diversos rubros comerciales y financieros lo hagan. En agosto de 2012 el gobierno presentó el proyecto de Ley de Suspensión Administrativa de los Permisos de Exploración Minera; la cual, de aprobarse, estaría estableciendo la posibilidad para la explotación minera en el país. 123.- La Asamblea Legislativa período 2012-2015 no ha ratificado la reforma constitucional que fue aprobada por mayoría legislativa en sesión plenaria del día 19 de abril 2012 por la legislatura 2009-2012, la cual busca garantizar el derecho humano a la alimentación y al agua. Tampoco se han aprobado la Ley por la Soberanía Alimentaria, y la Ley General de Agua; ambas han sido propuestas por organizaciones sociales y actualmente se encuentran en las comisiones legislativas respectivas. 124.- Igualmente, el Estado no ha aprobado un marco jurídico que regule la gestión sustentable del agua, a pesar de la situación crítica de estrés hídrico en que se encuentra el país. 125.- El Salvador mantiene una potencial amenaza por proyectos mineros ubicados en zonas fronterizas con otros países vecinos, y hasta el momento no ha adoptado medidas para la defensa de la no contaminación de los cuerpos de agua nacionales. 126.- El Estado salvadoreño hasta la fecha, ha sido demandado en dos ocasiones ante el CIADI, por dos empresas mineras internacionales, las cuales demandan una indemnización por expropiación indirecta que suman los 500 millones de dólares. Si bien no se han perdido los casos, la defensa de El Sal38 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC vador en los arbitrajes interpuestos por las empresas mineras transnacionales, son cubiertos del erario nacional y se vuelven un gasto significativo innecesario. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ha reiterado que las demandas millonarias contra el Estado salvadoreño constituyen el reflejo evidente de las injusticias inherentes a los Tratados de Libre Comercio y de los intereses que se defienden en tribunales como el CIADI. 127.- El actual Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se ha pronunciado por la urgente aprobación de las propuestas de Ley de Prohibición de la Minería Metálica y de la Ley General de Agua. 128.- El Salvador ha sido considerado uno de los países con mayor contaminación y degradación ambiental a nivel latinoamericano, siendo la población en situación de pobreza y vulnerabilidad las que sufren los embates de estas condiciones que se profundizan con el cambio climático, los problemas relacionados con el recurso hídrico, los desplazamientos humanos para dar espacio a los megaproyectos específicamente represas y minerías y a la escasez de alimentos, en definitiva haciendo más difícil el goce de los derechos humanos más fundamentales como es la vida digna, la salud, la alimentación adecuada y el medio ambiente.70 129.- El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, lamentó que históricamente no se hayan atendido los problemas medioambientales que ahora irrespetan los derechos humanos de la población salvadoreña, entre los que se encuentran sectores que demandan se les respete el derecho a ser informada sobre proyectos como los mineros o hidroeléctricos, pero a la vez, a participar en la toma de decisiones. También subrayó la importancia de garantizar a las y los salvadoreños el derecho de acceder a la justicia ambiental.71 Artículos 13 y 14 130.- En El Salvador, la tasa de asistencia escolar para el 2011, fue de 32.4% del total de población de 4 años y más, lo que representó un total de 1,884,913 alumnos que asistieron a un centro educativo formal en todo el territorio nacional. La tasa de asistencia escolar específica de los hombres a nivel nacional es de 34.9% y de las mujeres de 30.1%. En el área urbana, la asistencia escolar específica de los hombres es de 35.4% y de las mujeres de 30.1%; en el área rural el 34.2% de los hombres asisten a un centro escolar; las mujeres lo hacen en 30.2%. 131.- Las estadísticas indican que en el 2011, el acceso institucional a centros de educación inicial entre los niños y niñas menores de 3 años era inferior al 2%; el acceso a la educación parvularia era del 54.2% y de sólo poco más de un tercio en bachillerato72. Por su parte, mientras la matrícula neta en educación básica equivale al 93.7 % de los niños y niñas, la de media alcanza solo el 35.4%. Estas tasas tan bajas en los ciclos superiores reflejan las dificultades de permanecer y avanzar en el sistema educativo, lo que vuelve muy difícil que la educación se convierta en la llave del futuro para todos.73 132.- En el Informe del Grupo de Trabajo del EPU a El Salvador en 201074 se sostuvo que en lo que concierne al derecho a la educación, específicamente en cuanto a mejorar las condiciones de acceso a la educación secundaria con especial énfasis en las zonas rurales, el Gobierno dispuso de los recursos suficientes para mejorar la calidad de la educación tanto primaria como secundaria a nivel nacional, incluyendo las zonas rurales. No obstante, y pese que han transcurrido casi cuatro años, la inversión en 39 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC educación sigue siendo baja75, sobre todo en educación secundaria rural, no ha permitido mejorar la cobertura. 133.- No hay inclusión dentro de la currícula educativa de las temáticas de derechos sexuales y reproductivos para intentar disminuir no solamente los embarazos no deseados en adolescentes sino también para prevenir el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. 134.- Se reconoce que en el período examinado, el MINED creó en su interior la Coordinación de Educación en Derechos Humanos, para dar cumplimiento al mandato constitucional de la enseñanza de los Derechos Humanos; no obstante, la enseñanza de los mismos sigue siendo muy limitada en todos los niveles educativos y a nivel nacional. 135.- Es destacable que las familias de los alumnos en educación pública primaria no deben pagar cuotas escolares, y que se les proporciona uniformes y zapatos escolares; también es bien vista la aprobación de una ley que permite la dotación diaria de un vaso de leche a los estudiantes de ese nivel educativo. También es destacable el impulso de la Escuela Inclusiva a Tiempo Pleno que busca la formación integral de los estudiantes; sin embargo, esta Escuela debería abarcar todo el país, lo que necesariamente pasa antes por aumentar la inversión en educación. 136.- Durante los primeros meses de 2013, un 98% de los estudiantes de los centros educativos habían recibido los útiles escolares, uniformes y zapatos. El porcentaje equivale a 4,863 centros educativos a nivel nacional, de los 4,968 que son beneficiados con el programa. De acuerdo al Gobierno, el programa de Paquete Escolar favorece a más de 1.3 millones de estudiantes y más de 4 mil proveedores, como uno de los programas sociales más relevantes de la actual gestión bajo el Sistema de Protección Social Universal -SPSU-. 137.- Para el 2011, se calculaba que 652,928 personas de 10 años y más no sabían leer ni escribir, lo que representó una tasa de analfabetismo de aproximadamente el 12.8% a nivel nacional,76 de este, el 8.0% en relación con las mujeres, mientras 4.8% en relación con los hombres. 138.- De acuerdo a los titulares del MINED, en los últimos tres años se ha aumentado la inversión educativa, la cual pasó del 2.9 al 3.45 por ciento del PIB en los últimos tres años. En 2013, el gobierno invierte un promedio de 52 dólares por estudiante, mientras que en administraciones anteriores este rubro no llegaba a los 30 dólares. Este aumento ha permitido que, entre otras puntos destacables, el programa de Alimentación Escolar brinde un refrigerio que contiene arroz, frijol, aceite, azúcar, leche en polvo y bebida fortificada dos veces por semana a un millón 339 mil estudiantes de parvularia a noveno grado en 4,960 escuelas y 233 centros del Instituto para la Niñez y la Adolescencia -ISNA-. Artículo 15 139.- En el período que se informa, la institución rectora de las actividades culturales en el país ha desarrollado distintas acciones encaminadas a volver accesible la vida cultural y el acceso a ésta, lo que ha beneficiado a la población, principalmente a la urbana; no obstante, falta desarrollar esas acciones a nivel comunitario y también en las zonas rurales que son las menos favorecidas. 40 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 140.- La Ley Especial de Protección al Patrimonio Nacional no contiene los mecanismos que permitan verdaderamente proteger el patrimonio nacional. En este período ha habido, existen registros trascendentes donde no hubo intervención oportuna de la Secretaría de Cultura: destrucción del mural de catedral metropolitana; el archivo histórico de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador; destrucción de sitios arqueológicos para construcción de proyectos habitacionales; destrucción de casas, edificios o templos religiosos declarados como bienes culturales; hurto y tráfico de imaginería y piezas arqueológicas, entre otras. 141.- No obstante haberse realizado desde el Gobierno esfuerzos por descentralizar las actividades culturales, existen muy pocos espacios para la participación cultural de las personas, especialmente de las que habitan en las zonas rurales. También, son muy pocos los sitios de esparcimiento para la población, en las zonas urbanas. III. Conclusiones Artículo 1 142.- Durante el período que se informa se han registrado importantes avances en las políticas públicas dirigidas a cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Falta mucho por hacer pero hay mejorías. 143.- El Estado continúa negando el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, mediante la casi nula protección jurídica ya sea por la adopción o ratificación de los tratados internacionales que garantizan sus derechos o por la inexistente normativa interna general. Lo anterior coloca a los pueblos originarios en una posición de vulnerabilidad frente a las amenazas de los proyectos hidráulicos y extractivos, al no hacer las respectivas consultas previas por no estar regulado dicho derecho. 144.- El Estado necesita aplicar lo estipulado en la Constitución de la República cuando establece que todas las personas ya sean éstas naturales o jurídicas, tienen derecho al acceso a la tierra; por lo que las comunidades Indígenas como tales no están limitadas a adquirir propiedades. No existen registros de tierras a favor de comunidades indígenas. 145.- En cuanto a la no discriminación contra la mujer, existen suficientes leyes aprobadas que lo regulan, al igual que suficientes instituciones para tales fines; no obstante, no se han creado los mecanismos para materializarlo efectivamente, lo que permite que se sigan dando hechos de violencia contra las mujeres sobre la base de su condición de mujeres. 146.- Se reconoce el avance que se ha dado durante el período en cuanto a la inclusión de la comunidad LGTBI; pese a ello siguen muy presentes las prácticas discriminatorias para este sector. Artículo 3 147.- Se reconoce como positivo que se haya aprobado legislación orientada a erradicar las brechas de género, principalmente la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en 2010, y la Ley de Igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, en 2011; así como la puesta en marcha de iniciativas como el programa “Ciudad Mujer”, el cual provee a las mujeres 41 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC servicios especializados para salud, mejora de oportunidades económicas, acceso a la justicia y educación no formal. 148.- No obstante lo anterior aún existen sensibles obstáculos para que las mujeres puedan desenvolverse en un contexto libre de discriminación y desigualdad, particularmente en el área rural. Las mujeres salvadoreñas continúan teniendo mayores problemas que los hombres para acceder a empleos remunerados y bajo condiciones dignas. 149.- Se pueden destacar dos acciones importantes: La creación del Banco de Desarrollo de El Salvador, de propiedad estatal, aprobado por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2011 y que comenzó a operar en el 2012. Dicho banco le otorgará créditos a largo plazo y a bajos intereses a las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la banca de desarrollo tiene una cobertura muy limitada, pues el capital con que operará es muy pequeño. Y en el caso del programa PATI, además de ser de asistencia, no es permanente para las personas. 150.- Es loable la iniciativa del programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), creado a principios de mayo de 2010 y que beneficia a más de 15 mil personas, sobre todo mujeres jefas de hogar y jóvenes de los 25 municipios más vulnerables del país, a quienes se les otorga un bono en efectivo de 100 dólares al mes, durante seis meses, y se les capacita en determinados oficios. Artículo 6 y 7 151.- En los últimos cinco años se han registrado acciones positivas en torno a algunos derechos laborales, no obstante, estas no han sido suficientes para lograr pleno goce y respeto a los mismos. La consolidación de los derechos laborales y sindicales requieren un papel más activo de parte del Estado, tanto en generar las condiciones materiales necesarias para garantizar los derechos consagrados a favor de los trabajadores y trabajadoras, como para fomentar una cultura de respecto entre funcionarios patronos y trabajadores. 152.- Instituciones como el Ministerio de Gobernación hicieron más expeditos los trámites para otorgarle personalidad jurídica a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Entre julio y agosto de 2009 se legalizaron 51 organizaciones, entre ONG, iglesias cristiana, fundaciones y asociaciones. Una de las instituciones legalizadas fue la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), que llevaba 25 años tramitando su legalidad. Ello contribuye con la generación de empleo. 153.- En el 2013 únicamente se registró aumento en el salario del sector privado y no en el sector público. Dicho aumento es positivo en cuanto a capacidad adquisitiva, no obstante, éste no se determinó sobre las base de las necesidades materiales de la clase trabajadora. Además, a pesar de las buenas intenciones del Ejecutivo en relación a que el aumento fuere más sustancioso e inmediato, los intereses de la empresa privada prevalecieron en la determinación del aumento. Un factor que permitió lo anterior es la falta de una clase trabajadora que reaccionara con fuerza para inclinar la balanza a sus intereses. 154.- A pesar del aumento, los salarios existentes no garantizan que los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades materiales, morales y culturales de conformidad a lo establecido en el artículo 38 ordinal 2o de nuestra Constitución. 42 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 155.- Es importante señalar que el aumento escalonado del salario mínimo que se aprobó en 2013 anuncia un estancamiento de los salarios hasta enero de 2015, situación que va en detrimento de las condiciones de vida de la clase trabajadora salvadoreña. Artículo 8 156.- Hay avances tangibles en relación a la libertad de conformar organizaciones sindicales, sobre todo en el sector público. En cuanto a libre ejercicio de la labor sindical se han registrado problemáticas emblemáticas, tanto en el sector público como en el privado. 157.- El Estado ha mejorado las condiciones para la creación de nuevas organizaciones sindicales, en el período que se informa se han registrado 382 nuevas organizaciones sindicales mientras que en el anterior únicamente 68. En total, para 2013 existen 423 organizaciones sindicales activas, 40 federaciones y 7 confederaciones. 158.- No obstante lo anterior, los obstáculos al trabajo sindical -tanto por el Estado como por patronos privados- han sido reiterados en el 2013, ello ha incluido desde pocas facilidades para el goce de los permisos sindicales hasta el despido de directivos o la amenaza de tomar represalias contra ellos a pesar de la garantía de estabilidad laboral que la Constitución establece. 159.- Las organizaciones sindicales tienen sus propias valoraciones y preocupaciones sobre el anunciado aumento al salario mínimo. Entre ellas figura de manera constante la insuficiencia del aumento planteado y la falta de control sobre el eventual aumento de precios por parte de la empresa privada. 160.- Se han constado varios casos de claras violaciones a la garantía de estabilidad laboral que el artículo 47 inciso sexto de la Constitución reconoce a los directivos de organizaciones sindicales. 161.- La negociación de contratos colectivos aún no es vista como un proceso inherente a las buenas relaciones laborales pues se siguen poniendo obstáculos a la misma. Tampoco se ha logrado que éstos sirvan para uniformizar las condiciones de trabajo de la manera prescrita en el artículo 39 de la Constitución. 162.- La propuesta de Código Procesal del Trabajo y el borrador de anteproyecto de Ley de la Función Pública son de especial relevancia para los trabajadores y trabajadoras de todo el país pues en ellos están inmersos los derechos e intereses de la mayoría de la clase trabajadora salvadoreña. 163.- El desenlace de esa normativa incidirá negativa o positivamente en millones de salvadoreños y salvadoreñas. De ahí que ambas normativas son trascendentales y deberían ser abordadas por el Estado desde una perspectiva de Derechos Humanos. Por su parte, para las organizaciones sindicales las normativas tendrían que ser prioridades en sus agendas de trabajo. 164.- La aplicación de la Ley Especial de Asocio Público Privado, ésta impactará sobre los empleados públicos pues con ella se trasladará responsabilidades estatales al sector privado. Asimismo, las condiciones laborales de amplios sectores de la población estarán determinados por los capitales -aparentemente extranjeros- que resulten beneficiados de las concesiones. 43 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC Artículo 9 165.- En cuanto a la seguridad social se refiere, resulta positivo el aumento de más de 94 mil cotizantes al seguro social durante el período que se informa; sin embargo, hay que señalar que el total de afiliados al Seguro Social (773.627 personas) no representa el total de las personas que se supone están empleadas en El Salvador (1, 722, 815.52 personas). Es decir que no se ha logrado la correlación entre contar con un empleo y el acceso a los servicios de salud que la ley señala. 166.- Entre los esfuerzo gubernamentales de ampliar la cobertura del ISSS está la iniciativa de extender el beneficio al trabajo doméstico. El resultado de la iniciativa ha sido mínimo pues a septiembre de 2013 únicamente se contaban con 2,614 personas afiliadas al ISSS a pesar de que el número aproximado de personas que se dedican a esa labor ronda las 100 mil. 167.- Es relevante mencionar que el Estado debe aplicar mecanismos para que la práctica patronal de no trasladar los aportes de seguridad social al Estado no siga siendo un factor altamente negativo para la seguridad social. Sólo en el año 2013 se reportaron alrededor de dos millones y medio de dólares que no fueron traslados al Estado por 408 patronos y según las autoridades del ISSS, de 1951 a 2013, el monto retenido indebidamente ronda los 96 millones de dólares. Artículo 11 168.- Los programas sociales que buscan una mayor producción de alimentos para garantizarle el derecho humano a la alimentación adecuada a la ciudadanía en general deben de estar combinados con políticas públicas que busquen aumentar sus impactos, ya que se ven minimizados por encontrarse en el marco un modelo económico que permite aumentar la riqueza de elites económicas y no reducir los precios de la CBA. 169.- Debido a que el acceso a vivienda digna requiere de seguridad jurídica de tenencia de la tierra, el gobierno debería garantizar el acceso a la propiedad y posesión de la tierra a familias amenazadas por desalojos. Artículo 12 170.- La política pública de Salud, ha sido una de las mejor desarrolladas en el actual gobierno, pese a que se han enfrentado serios y diversos obstáculos, el mayor quizá ha sido el mismo modelo económico. 171.- En El Salvador, el servicio de agua y de saneamiento es irregular, de baja calidad o inexistente. Las fuentes superficiales y subterráneas están contaminadas, los acuíferos sobre explotados y las cuencas hidrográficas degradadas, lo que afecta a la vulnerabilidad del terreno aumentando la situación de riesgo en la que vive la población y se desarrollan las actividades productivas.77 172.- Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es el país del menor porcentaje de agua dulce por persona al año a nivel de Centroamérica.78 44 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC Artículos 13 y 14 173.- El Estado salvadoreño ha continuado incrementando la inversión en el Ramo de educación; sin embargo el incremento no es suficiente para ampliar los programas sociales a favor de la educación. El porcentaje con relación al PIB de la inversión en educación sigue estando bajo del promedio latinoamericano. 174.- Destacan los esfuerzos por erradicar el analfabetismo. La declaratoria de municipios libre de analfabetismo es loable; no obstante, la tasa de analfabetismo sigue siendo considerablemente alta. 175.- Pese a los esfuerzos estatales, el sistema educativo salvadoreño sigue mostrando muchas dificultades en cuanto a inversión, cobertura deserción escolar, repitencia, aumento de la escolaridad promedio, infraestructura escolar, calidad de la educación, condiciones de trabajo de los profesores y profesoras, entre otras. Artículo 15 176.- Pese a los esfuerzos realizados por las instituciones culturales estatales por abrir la participación cultural, convergen factores que lo imposibilitan, tal es el caso del bajo presupuesto para la entidad rectora. Lo anterior lleva a que los espacios público culturales como parques, museos, bibliotecas, casa de la cultura, teatros, entre otros, no sean suficientes para la población. IV. Recomendaciones Artículo 1 177.- Con el propósito de garantizar los derechos de los pueblos indígenas el Estado salvadoreño por medio de la Asamblea Legislativa, debe ratificar la reforma al artículo 63 de la Constitución, ratificar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y suscribir y ratificar el Convenio 169 de la OIT, con el fin de reconocer los derechos humanos de los pueblos originarios. Mientras no se reconozca normativamente el derecho de consulta de los pueblos originarios se deben adoptar todos los mecanismos administrativos que permitan hacer las consultas previas cuando los proyectos afecten de forma positiva o negativa a dichos pueblos. 178.- El Estado salvadoreño debe crear mecanismos para que no se siga invisibilizando de manera general a la población originaria; y debería crear políticas públicas que permitan el pleno goce de sus derechos. Artículo 3 179.- El Estado salvadoreño no debería limitarse sólo a la mera aprobación de leyes y creación de instituciones que buscan erradicar la discriminación que padecen las mujeres en El Salvador. Más allá de eso, debería trascender a materializar las acciones que permitan erradicar los prejuicios y condiciones sociales tradicionales que den resultados concretos como la disminución de violencia contra ellas. 45 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 180.- El Estado salvadoreño debe fortalecer la legislación y hacer un cumplimiento efectivo para que las mujeres que trabajan en oficios domésticos obtengan protección laboral, en cuanto al salario, pasivo laboral y seguridad social. 181.- Debe dar cumplimiento efectivo al principio constitucional que establece que a igual trabajo igual remuneración, especialmente cuando de mujeres se trata. Artículo 6 y 7 182.- El Estado debería tener un rol más activo en la generación de empleo productivo. Esto implica revisar la política económica de El Salvador y determinar acciones tendientes a la generación de fuentes de trabajo en el sector público y privado. Ello encuentra fundamento en los artículo 2, 37 y 101 de la Constitución de la República, según los cuales los habitantes tienen derecho al trabajo y el Estado el deber de poner todos sus recursos en función de generarlo y de establecer un orden económico que garantice una existencia digna para el ser humano. 183.- La generación de empleos en el sector público pasa por evaluar -de acuerdo a las necesidades y posibilidades políticas y económicas- cuáles áreas de la económica deberían ser retomadas o desarrolladas por el Estado con el objetivo de generan empleo e ingresos a la hacienda pública, tal es el caso de la explotación de algunos recursos naturales o la prestación de ciertos servicios. 184.- Para generar empleo en el sector privado debería identificarse ámbitos de la economía que pueden ser desarrollados por la iniciativa privada y dar las facilidades financieras y administrativas para ello, tal es el caso del comercio en pequeño y el turismo, principalmente en las zonas menos desarrolladas del país. 185.- Por los pocos avances en la reducción del desempleo y subempleo, son miles las personas que se ven en dificultades para acceder al mismo. Ello debe llevar a la reflexión de cuáles han de ser los cambios en materia económica que permitan emplear -dignamente- a la totalidad o la mayor parte de PEA a la brevedad posible. Esto deviene como un imperativo desde la misma concepción del Estado plasmada en el artículo 1 de la Constitución de la República. 186.- El Estado salvadoreño debe sincerar las estadísticas relativas al empleo, desempleo y subempleo. Aunque la tasa de desempleo ha disminuido en los últimos años en El Salvador, la magnitud de trabajo en el sector informal sigue siendo alarmante. Sobre todo porque ciertamente ha habido una disminución de la tasa de desempleo, pero contrariamente ha aumentado la tasa de subempleo. 187.- El Estado y las organizaciones sindicales deben hacer los esfuerzos necesarios para determinar el monto de los salarios mínimos sobre la base de criterios objetivos según lo dispuesto en el artículo 38 ordinal 2o de la Constitución, esto es, un salario suficiente “para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural”. 188.- Junto a la generación de empleos debe existir un salario digno. Cualquier acción que genere empleo sin garantizar un salario digno no representa otra cosa que no sea una mala política de empleo que se debe corregir. El Estado no debe sobreponer la atracción de inversión extranjera directa por medio de tratados comerciales, a costa de bajos salarios para los y las trabajadoras. 46 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 189.- Lo determinante para medir el éxito o fracaso de las acciones para generar empleo es el nivel de vida que ello permite a la población salvadoreña, situación que se mide, entre otras cosas, por la capacidad adquisitiva del salario mínimo y su incidencia en índices de desarrollo como la salud, la educación y la vivienda. Artículo 8 190.- El Estado Salvadoreño debe dar irrestricto cumplimiento a la garantía de estabilidad laboral que la Constitución establece en su artículo 47. Ello implica una institucionalidad capaz de evitar que dicha garantía se vea afectada. A esto podría contribuir también la creación de mecanismos idóneos para evitar y solventar conflictos laborales que puedan desembocar en la vulneración la libertad sindical. Por lo tanto, debe reformar la normativa que obliga a jueces a declarar las huelgas como ilegales. 191.- Como parte de la institucionalidad que el Estado necesita para garantizar el respeto de la libertad sindical, se recomienda crear en la Fiscalía General de la República una unidad especializada para conocer de los delitos relativos a derechos laborales y de asociación. 192.- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debería tener los mecanismos necesarios para prevenir, sancionar y solventar cualquier vulneración a la libertad sindical de manera expedita. 194.- Se sugiere que instituciones como la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales, en coordinación con el Órgano Ejecutivo impulsen una política de respeto a la libertad sindical mediante la sensibilización de funcionarios y patrones al respecto. 195.- El Estado debe abstenerse de obstaculizar el cumplimiento de los contratos colectivos una vez estos han sido suscritos por las partes. El Estado debería de tomar de base los contratos colectivos vigentes para mejorar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras en idénticas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Constitución de la República. Artículo 9 196.- Se debe garantizar que toda la población empleada sea inscrita goce de seguridad social de conformidad con la ley. Para ello habría que establecer una coordinación entre las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Fiscalía General de la República, y el Ejecutivo. 197.- El Estado debe darle prioridad a sancionar administrativa y penalmente a los privados que irresponsablemente retengan los aportes a la seguridad social. 198.- En cuanto al beneficio de seguridad social para empleados y empleadas del hogar se sugiere establecer un mecanismo eficaz que permita la seguridad social universal. 199.- El Estado Salvadoreño debe emitir nuevas leyes laborales como el “Código Procesal de Trabajo” y la “Ley de la Función Pública” desde una perspectiva de derechos humanos, esto es estableciendo regulaciones que garanticen la más amplia tutela de los derechos de los trabajadores sobre la base de la 47 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC dignidad humana y la participación de estos en las decisiones de la administración pública. Ello implica procesos de formación de ley ampliamente democráticos. 200.- En relación a la Ley Especial de Asocio Público Privado se recomienda al Estado Salvadoreño hacer una revisión a la luz de las necesidades de un desarrollo económico soberano. El contenido de la normativa está orientado al debilitamiento del Estado y al fomento de la iniciativa privada de los grandes capitales, misma que hasta la fecha no ha dejado resultados positivos para las condiciones de vida de las amplias mayorías populares. 201.- La situación financiera del Estado llama urgentemente la intervención de la empresa privada nacional e internacional como un co inversor; no obstante, antes de entregar los activos públicos a manos privadas, el Estado salvadoreño debería ampliar la base tributaria de manera progresiva. Artículo 10 202.- La familia salvadoreña sigue afrontando múltiples obstáculos para vivir en contextos libres de violencia y exclusión, por lo que el trabajo infantil, la migración, la desintegración familiar y la violencia intrafamiliar son problemas de gran magnitud en el país. Por lo que El Estado debe buscar y promover la prevención primaria de la violencia a través de la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. 203.- Se deben tomar las medidas eficaces para erradicar el trabajo infantil y garantizar que niños y niñas asistan a la escuela. Son alarmantes las cifras del trabajo Para 2013 se calculaba que 191,599 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años edad, realizaban alguna actividad laboral en el país. Artículo 11 204.- Si el Estado redujera en un 65% la evasión de impuestos, obtendría el 75% de los recursos necesarios para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, las cuales serían de un promedio anual de 1,480 millones. 205.- Si el Estado salvadoreño controlara la evasión de impuestos podría generar buena parte de los recursos que necesita para hacer efectivo el derecho a la alimentación adecuada de la población. Para ello tendría que desarrollar con recursos públicos la banca estatal, garantizar crédito para la producción de alimentos básicos, crear canales de comercialización que les ofrezcan buenos precios a la pequeña producción campesina y garanticen una dotación continua de alimentos, ampliar la asistencia técnica y aumentar sustancialmente la inversión en salud, educación, vivienda, medio ambiente, agua y saneamiento y caminos rurales. 206.- La política fiscal, aunque ha tenido algunos cambios por la vía impositiva y la orientación de la inversión pública, no ha eliminado las causas que socavan el derecho de cientos de miles de personas a una alimentación adecuada. La carga tributaria apenas llega al 15% del PIB y el sistema impositivo es regresivo, pues el 65% de los ingresos tributarios del gobierno proviene de impuestos indirectos y el 35% de impuestos directos. Además, la mitad de la renta la pagan las personas naturales y la otra mitad proviene de la ganancia de los empresarios, a pesar de que la ganancia representa el 60% del PIB. A su vez, los empresarios evaden el 35% de los impuestos, que en términos monetarios significa una pérdida 48 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC para el gobierno de 1,719 millones de dólares, cifra superior a la inversión requerida para superar la pobreza extrema y garantizarle una alimentación adecuada a toda la población. Los empresarios también se benefician de 26 leyes que les permiten no pagar impuestos por 1,200 millones de dólares al año. 207.- Si el Estado controlara la evasión de impuestos podría generar buena parte de los recursos que necesita para hacer efectivo el derecho a la alimentación de la población. Para ello tendría que desarrollar con recursos públicos la banca estatal, garantizar crédito para la producción de alimentos básicos, crear canales de comercialización que les ofrezcan buenos precios a la pequeña producción campesina y garanticen una dotación continua de alimentos, ampliar la asistencia técnica y aumentar sustancialmente la inversión en salud, educación, vivienda, medio ambiente, agua y saneamiento y caminos rurales. 208.- El Estado por medio de la Asamblea Legislativa debe de adoptar los mecanismos normativos constitucionales y legales para garantizar el derecho humano a la alimentación, tales como: la reforma al Art. 69 de la Constitución, la prohibición de los agrotóxicos, regular los precios de la CBA y eliminar los impuestos de la misma. 209.- Para sacar de la pobreza extrema a 961,554 personas se requiere una fuerte inversión pública que genere empleo, mejore los salarios y las pensiones y eleve la dotación de alimentos básicos. Hay que aumentar la oferta y generar una mayor demanda. No basta levantar la producción si la mayoría de la gente pobre no eleva sus ingresos, es decir, su capacidad de consumo. Un plan de cinco años debe incluir una inversión promedio anual de 1,480 millones de dólares. 210.- El Estado debe derogar la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles (Decreto 23), para que no se continúe con los desalojos forzosos de personas que no poseen seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Artículo 12 211.- El Estado salvadoreño debe aumentar la recaudación fiscal para así aumentar el presupuesto en salud, lo que permitirá brindar acceso efectivo a medicamentos y a servicios de salud. 212.- Si bien, la aprobación de la Ley de Medicamentos posibilitó un abaratamiento de los precios de medicinas; no se garantiza el acceso a medicamentos a las personas que no pueden pagar por ellos. 213.- El Estado salvadoreño debe mantener fuera de los Asocios Público Privados los servicios de salud pública y el agua, para así evitar que el acceso a la salud sea mucho más restringida especialmente para los sectores menos favorecidos. Debe ratificar las reformas constitucionales para garantizar los derechos a alimentación y agua; además, debe aprobar la legislación secundaria para tutelar el derecho al agua, la soberanía alimentaria, y prohibir la minería metálica. Artículo 13 y 14 214.- Si se relacionan los datos que para 2011 emitió la EHPM con los datos más recientes del Informe sobre Desarrollo Humano 2013, que sostiene que los años promedio de escolaridad llega a 7.5, se infiere que transcurridos dos años desde la última Encuesta de Hogares, se perciben mejoras sustan- 49 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC ciales en el promedio de escolaridad, posiblemente este aumento obedezca a la ejecución del Programa Educativo Vamos a la Escuela. 215.- La entrega de paquetes escolares incluye la dotación de útiles escolares, uniformes y calzado; es, quizá, el programa insignia del Ministerio de Educación, ya sea por la cobertura mediática del mismo o por su impacto que provoca en la población, de manera particular en las familias de escasos recursos. 216.- No es suficiente haber aumentado el presupuesto en educación, si su distribución continúa favoreciendo aspectos accesorios de la educación, que aunque importantes, lo son menos respecto de la inversión en la formación y desempeño docente, ambientes educativos, mediación pedagógica, tecnología y mejor conocimiento. 217.- El Estado salvadoreño debe mantener fuera de los Asocios Público Privados los servicios de educación, para así evitar que el acceso a la educación sea mucho más restringida especialmente para los sectores menos favorecidos, especialmente a la educación universitaria. Artículo 15 218.- Se recomienda al Estado salvadoreño realizar las gestiones necesarias para que la Asamblea Legislativa ratifique la reforma aprobada a la Constitución la cual reconoce a los pueblos indígenas, la cual agrega al artículo 63 el inciso siguiente: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”. Además se recomienda la inclusión taxativa de sus derechos en las distintas leyes nacionales. 219.- El Salvador debe ratificar de manera inmediata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. 220.- El Salvador debe desarrollar y actualizar la información estadística sobre la situación económica y social de los pueblos indígenas, particularmente en cuanto a pobreza, desnutrición, escolaridad y rendimiento escolar, empleo, salarios, tenencia de la tierra y acceso a servicios básicos. También debe desarrollar un registro específico que permita identificar a la población indígena en el país. 50 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC Notas 1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- El Salvador. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013, p. 17 2 Dirección General de Estadística y Censos –DIGESTYC-, Ministerio de Economía 3 4 5 17 Ministerio de Economía. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012. Pág 3. De acuerdo a la OIT, el Trabajo Decente se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en FIRI½GMS HI XSHSW ] GVIGMQMIRXS IGSRzQMGS UYI EYQIRXE PEW oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/ lang--es/index.htm 18 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Impactos HI PE )ZEWMzR ] IPYWMzR ½WGEP IR IP HIVIGLS E YRE EPMQIRXEGMzR adecuada. Fespad Ediciones. 2013. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- El Salvador. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013, p. 10 19 La situación de los pueblos indígenas en El Salvador. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. Junio de 2013. DIGESTYC (2012). Encuesta de hogares de propósitos múltiples. Recuperado de: http://www.digestyc.gob.sv/EHPM2012/digestyc/ resultado.pdf 20 Ibid supra p. 14 21 Ministerio de Trabajo y Previsión Social (2013). Salario Mínimo en El Salvador 2009-2013. Recuperado de: http://issuu.com/ prensamtps/docs/salario_minimo_comparativo_2009-201311/8?e=3394211/3240738 22 De acuerdo al Centro de Estudios para la Inversión y Comercio, CEICOM, el monto de la canasta de mercado para el 2012 era de :IV IR LXXT[[[GIMGSQSVKWZTHJCGS]YRXYVE REGMSREPCE'SWHIJYRIWZJTHJ (MVIGGMzR HI 4PERM½GEGMzR -RWXMXYGMSREP HI PE 'SVXI 7YTVIQE HI Justicia. Informe estadístico de procesos laborales del año 2012. Proporcionado en formato electrónico vía mail por el licenciado 'EQMPS+YIZEVE1SVjR(MVIGXSVHI4PERM½GEGMzR-RWXMXYGMSREP 24 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Informe sobre la situación laboral y Sindical. El Salvador 2012. San Salvador, El Salvador. 25 Ibid supra -RJSVQEGMzR HI PE 3½GMRE HI )WXEHuWXMGE I -RJSVQjXMGE ] HIP (I partamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, proporcionada mediante resolución 118-2013, de las trece horas y treinta minutos del once de noviembre de 2013. 27 Ibid supra 0E 4VIRWE +Vj½GE HI IRIVS Balance anual de denuncias por violaciones de derechos laborales. Pág. 42. 29 Elsalvador.com (2013, 21 de febrero). Asamblea Legislativa reforma Ley de zonas francas. Recuperado de: http://www.elsalvador.com/ mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7705287 30 Elsalvador.com (2011, 10 de octubre). Reformas a ley de zoREW JVERGEW QSHM½GER IP IWUYIQE HI MRGIRXMZSW Recuperado de: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa. asp?idCat=47861&idArt=6279465 31 Elsalvador.com (2013, 21 de febrero). Asamblea Legislativa reforma Ley de zonas francas. Recuperado de: http://www.elsalvador.com/ mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7705287 32 Verdad Digital (2013, 12 de marzo de 2013). Organizaciones sindicales rechazan Asocio Público Privado. Recuperado de: http://www. verdaddigital.com/index.php?option=com_content&view=article &id=3092:organizaciones-sindicales-exigen-que-no-se-apruebe-elasocio-publico-privado&catid=1:nacional&Itemid=27 0EYVE &IVREP HI%FVMP ±(IQERHER VEXM½GEGMzR E VIJSV ma constitucional de pueblos originarios”. Colatino. http://www. diariocolatino.com/es/20130411/nacionales/114612/DemandanVEXM½GEGM'&REVIJSVQEGSRWXMXYGMSREPHITYIFPSWSVMKMRE rios.htm 7 PNUD El Salvador, (21 de agosto de 2012). “Declaración del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas” http://www. pnud.org.sv/2007/content/view/1402/ 8 Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas de El Salvador 9 Ibídem. 10 Mata, Mario; Martínez, Julio. Análisis del movimiento social Organizaciones campesinas, indígenas y trabajadores/as del campo El Salvador, 2009, PAG. 37. Recuperado el 1 de mayo del 2013 de http:// es.scribd.com/doc/71504259/Movimientos-sociales-de-campesinose-indigenas-en-El-Salvador 11 Ibídem. 12 Colatino, (28/08/2012) “Pueblos indígenas rechazan políticas extractivas de transnacionales”. Recuperado el 30 de abril de 2013, de http://www.diariocolatino.com/es/20120828/nacionales/107024/ 4YIFPSWMRH'%(KIREWVIGLE^ERTSP'%(XMGEWI\XVEGXMZEW de-transnacionales.htm 13 14 15 16 Inventa Turismo. (17/08/2012). “Región busca nuevo impulso al multidestino Mundo Maya”. Recuperado el 21 de agosto de 2012 ONU. (17/08/2012.) “Declaración a los medios del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al concluir su visita a El Salvador”. Recuperado el 20 de abril del año 2013. Pese a que El Salvador cuenta con la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres y Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres, estas dos leyes no están siendo aplicadas por algunas instituciones del Estado, especialmente por el órgano judicial, frente a todo ello es claro que hay una visión aun muy reservada para erradicar la violencia contra las mujeres desde su raíz más profunda que es la desigualdad. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Dirección General de Centros Penales. Estadística Penitenciaria al 24 de febrero de 2014. 51 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 33 Voces (2013, 9 de mayo). Sindicalistas contra Ley de Asocio Público Privado. Recuperado de: http://voces.org.sv/2013/05/09/sindicalescontra-ley-de-asocio-publico-privado/ 48 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUDEl Salvador. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013, p. 10 34 FESPAD (2012, 27 de marzo). MPJL se opone a Ley de Asocio Público Privado. Recuperado de: http://www.fespad.org.sv/mpjl-se-opone-aley-de-asocio-publico-privado/ 49 35 FESPAD (2013, 13 de junio). MPJL rechaza aprobación de ley especial de Asocio Público Privados. Recuperado de: http://www.fespad. org.sv/mpjl-rechaza-aprobacion-de-ley-especial-de-asocios-publicoprivados/ BID. Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe en 2012 El Salvador presentaba un dé½GMX HI ZMZMIRHE HIP TIVWSREW UYI RS XMIRIR YR XIGLS TEVE vivir o que habitan en viviendas de mala calidad). 50 Decreto Legislativo N|° 23 del 25 de junio de 2009, publicado en IP(MEVMS3½GMEP2S8SQS2SHI 51 http://www.diariocolatino.com/es/20110511/nacionales/92344/ El-ISTA-pretende-entregar-90-mil-títulos-de-propiedad-durante-lagestión-Funes.htm 52 En los cálculos del gobierno, una familia del área urbana debe consumir 11 alimentos para no ser pobre absoluta: pan francés, tortillas, arroz, carnes (res, cerdo, aves), grasas (aceite margarina, aceite ZIKIXEPLYIZSWPIGLI¾YMHEJVYXEWREVERNETPjXERS]KYMRISJVMNS les, azúcar y verduras (papa, cebolla, chile verde, tomate, güisquil y repollo). En el área rural la familia solo debe consumir 9 (se excluyen el pan francés y las verduras) 53 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Impactos de PE)ZEWMzR]IPYWMzR½WGEPIRIPHIVIGLSEYREEPMQIRXEGMzREHIGYE da. Fespad Ediciones. 2013. P. 11 54 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Impactos de PE)ZEWMzR]IPYWMzR½WGEPIRIPHIVIGLSEYREEPMQIRXEGMzREHIGYE da. Fespad Ediciones. 2013. P. 11 55 http://www.fao.org/hunger/hunger-home/es/ 56 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Impactos de PE)ZEWMzR]IPYWMzR½WGEPIRIPHIVIGLSEYREEPMQIRXEGMzREHIGYE da. Fespad Ediciones. 2013. 57 Ibid supra 58 Nutrición de un Vistazo, El Salvador” http://siteresources.worldbank.org/NUTRITION/Resources/281846-1271963823772/ElSalvadorSPA91311web.pdf 59 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). http:// www.unicef.org/spanish/infobycountry/ lsalvador_statistics.html 463'%*)±0E GE½GYPXYVE PE QE]SV VIWIVZE JSVIWXEP HI IP WEPZEHSV una barrera contra el cambio climático” San Salvador, El Salvador, 2009, Pag. 8 61 Programa Mundial de Alimentos, “Evaluación rápida sobre el efecto de la roya del café en poblaciones vulnerables dependientes del sector en El Salvador” Mayo 2013. 62 Ibídem +IVWSR 'LjZI^ EKSWXS ±6IE½VQER UYI IRJIVQIHEH renal la causan agroquímicos”. El Mundo. http://elmundo.com.sv/ VIE½VQERUYIIRJIVQIHEHVIREPPEGEYWEREKVSUYMQMGSW 64 Itzchel Ochoa, (05 septiembre 2013) “Asamblea Legislativa aprueba reformas que prohíben pesticidas que dañan la salud”. Asamblea Legislativa. http://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/ asamblea-legislativa-aprueba-reformas-que-prohiben-pesticidas-quedanan-la-salud 36 Proceso 52/2005 53/2005 37 Asamblea Legislativa (2013, 18 de diciembre). Asamblea aprueba Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. Recuperado de: http://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/ asamblea-aprueba-ley-reguladora-de-la-prestacion-economica-porrenuncia-voluntaria. 38 Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones - ASAFONDOS (2013). Estadísticas. Recuperado de: http://www. asafondos.org.sv/estadisticas.asp 39 Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones - ASAFONDOS (2013). Estadísticas. Recuperado de: http://www. asafondos.org.sv/estadisticas.asp 40 De acuerdo a la Fundación Nacional para el Desarrollo –Funde-: http://www.repo.funde.org/571/1/S-FIS-2013.pdf Un factor determinante de la deuda pública es la responsabilidad del gobierno central de asumir la obligación de pagar a las pensiones del Sistema Público de Pensiones a partir del agotamiento de las reservas técnicas del ISSS e INPEP, mismas que al entrar en vigor la reforma previsional en mayo de 1998, solo duraron hasta cubrir una parte de las prestaciones de 2001, por lo que desde ese año, se agregó YRE GEVKE ½RERGMIVE QjW EP )WXEHS HI EPVIHIHSV HI HIP 4-& anual y para lo cual se ha tenido que emitir deuda por un total de US$4,500 millones. El saldo de la deuda previsional del gobierno con el FOP a diciembre de 2011 llegó a más de US$3,100 millones, PSUYIIUYMZEPIEPHIP4-& 41 Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones - ASAFONDOS (2013). Estadísticas. Recuperado de: http://www. asafondos.org.sv/estadisticas.asp 42 FESPAD. (2013). Informe sobre la Situación de los Derechos Laborales y Sindicales. El Salvador 2012. El Salvador: Ediciones FESPAD. Pág. 16 43 Información de la División de aseguramiento, recaudación y bene½GMSW IGSRzQMGSW TVSTSVGMSREHE TSV 3½GMRE HI%GGIWS E PE -R formación del ISSS, mediante resolución 0509/2013, de fecha 11 de noviembre de 2013. 44 Informe de Social Watch (2012) http://www.socialwatch.org/es/informe2012 45 Periódico Digital Voces (29-01-2013) http://voces.org.sv/2013/01/29/ pddh-rinde-informe-sobre-situacion-actual-de-adultos-mayor/ 46 h t t p : / / w w w. n a c i o n e s u n i d a s . o r g . s v / f o d m - a p u s / i n d e x . php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=79 47 Dirección General de Estadística y Censo –DIGESTYC-. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012. 52 Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC 65 Miguel Vaquerano. (01 Octubre 2013) “Presidente observa reforma a prohibición de agrotóxicos”. Verdad Digital. http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/6579-funes-observa-reforma-a-prohibicion-de-agrotoxicos 66 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Impactos HI PE )ZEWMzR ] IPYWMzR ½WGEP IR IP HIVIGLS E YRE EPMQIRXEGMzR adecuada. Fespad Ediciones. 2013. Pág. 18 67 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Informe del diálogo nacional de El Salvador sobre el VIH y el Derecho. 2013. Pág. 7 El Código Penal, en su artículo 133 estipula que “El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de dos a ocho años. 68 69 Como el caso que registra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, bajo referencia SS-0545-12. Caso de la joven G.E. Morales Hernández. Denuncia registrada en la Procuraduría en noviembre de 2012. 70 Informe PDDH “La situación del medio ambiente y sus impactos en los derechos humanos en El Salvador” http://issuu.com/shandow/docs/pddh#download 71 Informe PDDH “La situación del medio ambiente y sus impactos en los derechos humanos en El Salvador” http://issuu.com/shandow/docs/pddh#download 72 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2013. Con base en datos del Ministerio de Educación, Censo Escolar, y Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples –EHPM- 2011 73 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUDEl Salvador. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013, p. 10 74 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 8 de junio 2010 75 De acuerdo al Banco Mundial, el gasto público en educación como porcentaje del PIB ha sido: en 2009 (4.0); en 2010 (3.5); en 2011 (3.4). Recuperado en: http://datos.bancomundial.org/indicador/ SE.XPD.TOTL.GD.ZS 76 Para calcular el analfabetismo en El Salvador, el Ministerio de Educación, toma como base el censo 2007, el cual estableció como población total 5,744,113, de habitantes. Y una población mayor de 15 años 3,797,146; la población analfabeta mayor de 15 años según estas cifras es de 682,399 personas, lo que arroja un índice de EREPJEFIXMWQSHI 77 PNUD. (15/04/13). “Una misión francesa experta en gestión territorial del agua visitó el país para intercambiar experiencias y buscar posibles programas de apoyo en coordinación con el Gobierno de El Salvador”. Recuperado el 15 de abril de 2013, en http:// www.pnud.org.sv/2007/content/view/1611/ 78 Prensa Latina, (22/04/13). “Urgen en El Salvador aprobación de ley para proteger el agua”. Recuperado el 24 de abril de 2013. http://www.prensa latina. cu/index.php?option=com_ GSRXIRX XEWO!ZMI[ MHMSQE! MH! -XIQMH! 53 PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) (Para Lista de Recomendaciones) A presentarse al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) San Salvador, El Salvador, Centroamérica, abril de 2014 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Introducción El presente informe ha sido elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para ser presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC), con el objetivo de externar la opinión de la institución en cuanto al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador. A lo largo del mismo se señalan los principales avances registrados en el país, entre 2006 y 2013, para fortalecer el cumplimiento de los derechos contemplados en el Pacto, a la vez que se detallan los desafíos más importantes que tiene el Estado salvadoreño para garantizar el pleno ejercicio de los mismos, sin discriminación y de forma progresiva. Sumado a esto, con respecto a cada uno de los derechos evaluados, la Procuraduría puntualiza una serie de recomendaciones al Estado orientadas a fortalecer su cumplimiento en el país, haciendo énfasis en la atención de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Artículo 1. Derecho a la libre determinación Derecho a la libre determinación y pueblos indígenas El Salvador ha realizado algunos esfuerzos para fortalecer la participación de distintos sectores de la sociedad en el quehacer gubernamental. Existen espacios de participación en distintos ministerios del Órgano Ejecutivo en los que se ha facilitado y promovido el involucramiento de la población en el diseño de las políticas públicas. Dentro de este contexto, particularmente importante ha sido observar que se están generando ciertas oportunidades para que los pueblos indígenas sean partícipes de la toma de decisiones tanto a nivel del Gobierno central, como a nivel municipal. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, en el informe sobre su visita al país en agosto de 2012, ha destacado la creación de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas dentro de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República, la cual inició sus actividades en octubre de 2011. A partir de esta iniciativa, se ha facilitado la coordinación entre el Estado y los pueblos indígenas, y se han generado espacios de trabajo conjunto dentro del Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Educación (MINED), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para diseñar e implementar programas que den respuesta a algunas de sus demandas1. Estos avances se han enmarcado en un contexto general de mayor aceptación del Estado salvadoreño en cuanto al reconocimiento de la existencia de diversidad cultural en su territorio. Uno de los primeros reflejos de evolución positiva en este sentido, fue el voto a favor de parte de El Salvador en relación a la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en septiembre de 20072. Posteriormente, tanto en el informe al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Dis1 2 Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/ PDF/G1315014.pdf?OpenElement United Nations (2007). General Assembly adopts declaration on rights of indigenous peoples. Documento recuperado de http://www.un.org/News/ Press/docs/2007/ga10612.doc.htm 57 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) criminación Racial (CERD) en 2009, y en el informe oficial enviado al Comité DESC en 2010 (en adelante, informe oficial), El Salvador ha cambiado la posición sostenida anteriormente, en la que negaba la existencia de grupos raciales diversos en su territorio. Asimismo, es importante señalar como un avance las declaraciones del Presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, durante el Primer Congreso Nacional Indígena, en octubre de 2010, en las que reivindicó a El Salvador como una “sociedad multiétnica y pluricultural” y pidió perdón a las comunidades indígenas por la persecución y las prácticas de exclusión y exterminio de las que han sido víctimas3. De forma paralela a estos esfuerzos, en la zona occidental del país, dos municipios han impulsado iniciativas novedosas en este mismo sentido. En octubre de 2010, el Concejo Municipal de Nahuizalco, del Departamento de Sonsonate, decretó la “Ordenanza Municipal sobre Derechos de las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Nahuizalco”4, la cual tiene el objetivo de “promover el desarrollo integral en lo económico, social, cultural, y participación efectiva en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las comunidades indígenas del municipio de Nahuizalco lo que incluye la protección y preservación de su propia cultura, de su tierra y territorio, y especialmente de los recursos naturales renovables, y no renovables que constituyen el entorno ecológico de dichas comunidades” (art. 1). En esta ordenanza se reconoce expresamente la existencia de los pueblos indígenas en el municipio y se estipula que gozan de todos los derechos establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (art. 4), a la vez que se consigna una serie de derechos para los mismos. Una ordenanza similar fue aprobada el 11 de abril de 2012 por el Consejo Municipal de Izalco, Departamento de Sonsonate5. Al respecto, el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas ha señalado de forma muy positiva el potencial de dichas ordenanzas, dado que establecen un marco legal e institucional para la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones a nivel local6. De lograrse una implementación efectiva de las mismas, indudablemente representarían pasos importantes en torno al ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en dichos municipios, especialmente si se rescatan y respetan las formas tradicionales de organización y representación indígena7. De manera similar, para esta Procuraduría ha sido de enorme importancia el progreso logrado por el país, en abril de 2012, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la reforma para reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución, la cual agrega al art. 63 el inciso siguiente: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”8. Pese a estos importantes logros, es necesario señalar que la reforma constitucional aún no ha sido ratificada y que debido a la poca atención que han recibido los pueblos indígenas en el país, sus derechos no han sido contemplados de forma especial en legislación nacional. Incluso leyes recientes, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) (2009) y la Ley de Igual3 Presidencia de la República (2010). Inauguración del Primer Congreso Nacional Indígena. Documento recuperado de http://www.presidencia.gob. WZMRHI\TLTRSZIHEHIWHMWGYVWSWHMWGYVWSWMXIQMREYKYVEGM'&RHIPTVMQIVGSRKVIWSREGMSREPMRH'%(KIRELXQP 4YFPMGEHEIPHINYPMSHIIRIP(MEVMS3½GMEP8SQS2S2QIVS 4YFPMGEHEIPHIEFVMPHIIRIP(MEVMS3½GMEP8SQS2S2QIVS Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/ PDF/G1315014.pdf?OpenElement Ibíd. Asamblea Legislativa (2012). Acuerdo de reformas constitucionales No. 5. 25 de abril de 2012. 6 7 8 58 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) dad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (2011), si bien es cierto contienen disposiciones aisladas que están orientadas a fomentar el respeto de la identidad cultural y de las diferencias étnicas y culturales, no abordan de forma específica e integral los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la LEPINA únicamente hace referencia a que en la educación que brinde el Estado se debe fomentar el respeto a la identidad cultural propia (art. 81.2) y el conocimiento y respeto del idioma castellano, la identidad cultural y de otras manifestaciones culturales (art. 86, literal g). Por su parte, la Ley de Igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres solamente estipula que las acciones educativas que desarrolle el Estado para garantizar la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres deben contemplar -entre otros criterios- la “promoción del respeto a las diferencias étnicas, culturales y entre hombres y mujeres” y la “eliminación de actitudes discriminatorias basadas en factores étnicos, sexuales, raciales, religiosos o discapacidades” (art. 17). En 2012, la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de Pueblos Indígenas presentó un informe en el que se consignan algunas de las principales demandas de los pueblos indígenas en materia de legislación9. Entre las más importantes se pueden mencionar la aprobación de reformas a la Ley General de Educación y a la Ley de Educación Superior, para incluir en los planes de estudio contenidos relacionados a la identidad cultural nacional y promover los estudios sobre pueblos indígenas. También se ha señalado la necesidad de armonizar la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador con los derechos de los pueblos indígenas, a fin de que los elementos considerados como parte de la cultura indígena sean protegidos por una ley diferente fundamentada en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Igualmente, se ha identificado la necesidad de incorporar la perspectiva indígena en la legislación medioambiental y de fortalecer la protección de los recursos, medios de vida y conocimientos de los pueblos indígenas frente a las leyes de propiedad intelectual y patentes. Sumado a estos vacíos en el marco jurídico nacional, ha sido lamentable para esta Procuraduría que a la fecha no haya sido ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes10. Dar este paso sería importante para iniciar un camino diferente en materia legislativa, y serviría para poder promover una revisión integral del marco jurídico. Cabe recordar también que, en 2010, el CERD llamó la atención al país sobre la existencia de deficiencias fundamentales en la legislación interna ya que la misma se limita a la declaración del principio general de no discriminación, carece de una definición de discriminación racial y no contiene disposiciones legales explícitas que prohíban la segregación racial, la existencia de organizaciones racistas y la incitación al odio racial. Cabe mencionar que estas deficiencias son especialmente importantes dado que en el país se ha invisibilizado y marginado a los pueblos indígenas de forma constante, y esta exclusión sistemática ha generado que se menosprecie el valor de ciertas expresiones de diversidad cultural, a tal punto de cons9 10 PDDH (2012). Informe situacional sobre los derechos de los pueblos indígenas en El Salvador. San Salvador: Autor. Esto resulta preocupante dado que ya se cuenta con un estudio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) en el que se determinó que la adopción de dicho Convenio sería viable, dado que no contravenía ninguna ley existente. Ver Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/PDF/G1315014.pdf?Open Element. 4SV WY TEVXI PE 4((, LE QERMJIWXEHS WY STMRMzR E JEZSV HI PE VEXM½GEGMzR HIP QMWQS IR HMZIVWEW SGEWMSRIW )R RSZMIQFVI HI E VEu^ HI YRE TIXMGMzR HI STMRMzR HI TEVXI HIP 1MRMWXIVMS HI 6IPEGMSRIW )\XIVMSVIW QIHMERXI GSQYRMGEGMzR S½GMEP PE 4((, I\TVIWz RYIZEQIRXI UYI WY VEXM½GEGMzR IVE ZMEFPI ] RIGIWEVME±IR ZMWXE UYI IWXI MQTPMGEVuE TEVE PSW TYIFPSW MRHuKIREW HI RYIWXVS TEuW YR QEVGS HI TVSXIGGMzR IWTIGMEP HI WYW HIVIGLSW GSRZMVXMqRHSWI E WY ZI^ IR YRE LIVVEQMIRXE HI HIJIRWE VIWTIXS ] GSRWIVZEGMzR HI PSW QMWQSW² 3½GMS 4%( CI/0093/2013, del 6 de noviembre de 2013). 59 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) tituir actos de discriminación. Por ejemplo, en junio de 2013, un grupo de representantes de los pueblos indígenas manifestaron públicamente su rechazo a las expresiones contenidas en un editorial11 de uno de los periódicos de mayor circulación en El Salvador, El Diario de Hoy, por considerar que constituían actos de discriminación contra la población indígena del país. En dicho editorial se hace referencia a la situación de muchos idiomas en el mundo que se encuentran en peligro de desaparición, pero se afirma que, dado que apenas son utilizados por grupos muy reducidos de personas, este hecho no debe ser visto como una tragedia y que la conservación de los mismos no tiene ningún valor12. El texto hace alusión directa al náhuat -una de las lenguas identificadas en situación de peligro13- cuestionando su valor y menospreciando esfuerzos dirigidos hacia su rescate. Pese al debate público que surgió alrededor del texto14, se ha observado una total pasividad de parte del Estado al respecto, lo cual resulta preocupante por las implicaciones que tiene la permisibilidad ante la difusión de este tipo de mensajes de intolerancia e irrespeto a la diversidad cultural y a los pueblos indígenas. Al referirse al tema, el Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Coordinador del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, Roberto Valent, de forma muy acertada, señaló su preocupación por este hecho y el significado que tiene para la sociedad salvadoreña: El mencionado editorial y las reacciones que ha provocado por parte de académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos a través de las redes sociales, es una muestra de los conflictos que pueden surgir si de manera simplista y provocadora se celebra la eventual desaparición de una lengua. Este tipo de opiniones resultan ser muy destructivas para la cohesión social en culturas que, como la salvadoreña, se reconoce heredera de un rico legado ancestral que incluye la lengua náhuat15. Todo esto refleja los enormes retos que tiene el país para garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a la libre determinación. La invisibilización de la diversidad cultural del país continúa siendo profunda. Incluso, tal y como lo ha reconocido el Estado salvadoreño (párrafo 13 del informe oficial), las cifras sobre la población indígena continúan siendo imprecisas. Es por ello que el CERD ha señalado al país su preocupación por la existencia de información contradictoria al respecto, y ha recomendado mejorar la metodología censal16. 11 12 13 14 15 16 60 Editorial (2013, 13 de junio) ¿Siete mil idiomas en el mundo? ¿Cuántos merecen conservarse? El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50838&idArt=7963811 A continuación se reproduce un fragmento del texto en mención: “En el mundo se hablan siete mil idiomas, ‘la mayoría de los cuales estará I\XMRXEE½REPIWHIIWXIWMKPS´HMGIYRGEFPIRSXMGMSWS=EPHIWETEVIGIVQYGLSHIPSUYIKYEVHIRHIWYTVSTMELMWXSVMEWYPMXIVEXYVE]JSVQEW de vida, también morirá. No es una gran tragedia, pues hay lenguas y dialectos que apenas los habla un centenar de personas, que nada tienen de valor por conservar y que, inclusive, carecen de escritura. Lo que poseen de tradiciones está ya traducido y recopilado, pero en un par de siglos nadie se acordará de ellos. Eso va a ocurrir con el nahuatl pese a los intentos de un exministro comunista de obligar a jóvenes a aprender sus rudimentos, aunque no se saca provecho de poder decir “iré a comprar tortillas” en nahuatl cuando puede también decirse en español. Y leer la historia del Cipitío en nahuatl no se diferencia en nada de leerla traducido al español. Al fenecer el nahuatl, Dios mediante también se extingan los caites y los tapescos”. Moseley, C. (2010). Atlas de las lenguas del mundo en peligro (3ª Ed.). París: Ediciones UNESCO. Versión en línea: http://www.unesco.org/culture/ en/endangeredlanguages/atlas Valent, R. (2013, 29 de junio) ¿Debe morir la lengua náhuat? El Faro. Documento recuperado de http://www.elfaro.net/es/201306/opinion/12538/ Ibíd. CERD (2010). )\EQIR HI PSW MRJSVQIW TVIWIRXEHSW TSV PSW )WXEHSW 4EVXIW HI GSRJSVQMHEH GSR IP EVXuGYPS HI PE 'SRZIRGMzR 3FWIVZEGMSRIW ½REPIW del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. El Salvador (CERD/C/SLV/CO/14-15). p. 2. Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) En este contexto, la falta de información específica persiste como uno de los mayores obstáculos para poder visibilizar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y el cumplimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales. Como bien ha señalado el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, esta situación dificulta tanto la evaluación de cambios en las condiciones de vida de los pueblos indígenas a través de los años, o en comparación a otros sectores de la población, como la formulación de políticas públicas para responder a sus necesidades específicas17. En cualquier caso, la información disponible indica que los pueblos indígenas afrontan importantes obstáculos al ejercicio de sus derechos, lo cual los sitúa en graves condiciones de exclusión. Por ejemplo, las cifras del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007, junto con otras estimaciones, indican que las personas indígenas en El Salvador tienen mucha mayor probabilidad de vivir en hogares en pobreza, con servicios sanitarios deficientes, sin acceso a energía eléctrica del sistema público y servicios de agua inadecuados18. A partir de lo anterior, se debe señalar que pese a los avances mencionados, para esta Procuraduría existen retos enormes para el ejercicio del derecho a la libre determinación, entendido como el derecho de los pueblos “a participar con igualdad en la constitución y desarrollo del orden institucional gobernante bajo el que viven y […] que ese orden de gobierno sea uno en el que puedan vivir y desarrollarse libremente de manera continuada”19. En este marco, aún es necesario que la apertura mostrada en los últimos años hacia la diversidad cultural se traduzca en acciones efectivas que tengan un impacto sensible en los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente, la institucionalidad responsable de dar respuesta a las demandas de este grupo es aún muy débil, y afronta serias limitaciones presupuestarias y de recursos en general20. Debido a ello, son pocas las iniciativas destinadas específicamente a la población indígena, y las que existen son de carácter aislado, no cuentan con una base legal y tienen un alcance muy bajo. Derecho a la libre determinación y acuerdos de inversión comercial Por otra parte, el derecho a la libre determinación también se ha visto obstaculizado en el contexto de las obligaciones adquiridas por el Estado salvadoreño en materia de comercio internacional. En el informe alternativo presentado al Comité DESC en 2006, esta Procuraduría ya anticipaba que con la aprobación y entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR por sus siglas en inglés) se vislumbraba una “pérdida de la autonomía del Estado salvadoreño en su capacidad de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales –incluso dentro de su propio territorio– frente a las condiciones y a los nuevos escenarios de su competencia y jurisdiccionalidad que éste le reconoce y en la medida en que, en su calidad de trata17 18 19 20 Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/ PDF/G1315014.pdf?OpenElement Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI) (2012). Nota técnica de país sobre cuestiones de los pueblos indígenas. República de El Salvador. Documento recuperado de www.ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/elsalvador.pdf; Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/PDF/ G1315014.pdf?OpenElement. Anaya, J. (2010). El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación tras la adopción de la declaración. En C. Charters & R. Stavenhagen (Eds.), El Desafío de la Declaración. Historia y futuro de la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas (pp. 194-209). p. 200. Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/ PDF/G1315014.pdf?OpenElement. 61 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) do internacional, se constituye en ley de la República prevaleciendo respecto a la legislación secundaria local (arts. 144 y 145, Cn.)”21. Desde los años previos a la aprobación de dicho Tratado, la PDDH ha sido de la opinión que el mismo debilita de forma significativa la soberanía nacional en cuanto a la definición de políticas públicas, debido a que “conmina a que prevalezcan las obligaciones comerciales, de inversión, propiedad intelectual y otras, en detrimento de los compromisos y deberes nacionales e internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales”22. En este sentido, cabe señalar que de forma reciente se han empezado a observar algunas de los posibles efectos negativos del mismo en los DESC, y de forma general, también se puede afirmar que, en otros casos fuera del CAFTA-DR, el establecimiento del arbitraje internacional como vía para la solución de conflictos entre empresas multinacionales y Estado, ha representado amenazas importantes para la protección del patrimonio y los derechos humanos de la población salvadoreña. En primer lugar, se pueden mencionar dos casos en que empresas mineras (Pac Rim Cayman LCC, subsidiaria de Pacific Rim Mining Corporation, en junio 200923; y Commerce Group Corp junto a Sebastian Gold Mines, Inc. en agosto de 200924), amparadas en el capítulo de inversiones del CAFTA-DR han demandado al Estado salvadoreño por US$ 77 y $100 millones de dólares respectivamente, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Las empresas han argumentado que al no entregarles un permiso de explotación para sus proyectos mineros, el Estado ha afectado a sus inversiones y ha interferido en sus ganancias potenciales25. Aunque dichas demandas no han prosperado al invocar las cláusulas del CAFTA-DR, debido a fallos de las empresas en el cumplimiento de los requisitos procesales, en el caso de la demanda impuesta por Pac Rim Cayman LCC, el litigio continúa, amparándose en disposiciones de la Ley de Inversiones y la empresa ha aumentado el monto de la demanda a $ 314 millones de dólares26. La audiencia final en este caso está prevista para septiembre de 2014 por lo que aún existe incertidumbre del impacto que tendrá en el país dicho proceso. De manera similar, en meses recientes el Estado salvadoreño ha estado siendo presionado para que dé marcha atrás en su iniciativa de dar prioridad a productores y productoras nacionales como proveedores de semillas para el programa estatal de entrega de insumos agrícolas para favorecer a la agricultura familiar27. Este esfuerzo es parte de una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 21 22 23 24 25 26 27 62 PDDH (2006). Informe Especial de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Doctora Beatrice Alamanni de Carrillo, presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (1995-2005). 8 de noviembre de 2006. p. 19. Ibíd. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) (s/f). Case details. Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador (ICSID Case No. ARB/09/12) Documento recuperado de https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=viewCase&r eqFrom=Home&caseId=C661&tab=Tab3 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) (s/f). Case details. Commerce Group Corp. and San Sebastian Gold Mines, Inc. v. Republic of El Salvador (ICSID Case No. ARB/09/17). Documento recuperado de https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet Moreno, R. (2012). Promesas y realidades. CAFTA-DR a seis años de vigencia en El Salvador. Documento recuperado de http://alainet.org/active/58008 PAC RIM CAYMAN LLC, Claimant, v. REPUBLIC OF EL SALVADOR, Respondent. ICSID Case No. ARB/09/12. Claimant Pac Rim Cayman LLC’s QIQSVMEPSRXLIQIVMXWERHUYERXYQ 29 de marzo de 2013. Documento recuperado de http://www.italaw.com/cases/783 Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) (2014). Posición institucional No. 39. La compra de semilla mejorada debe ser transparente y competida. Documento recuperado de http://www.fusades.org/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=95& ZMI[!½RMWL GMH! GEXMH! PERK!IW 5YMRXERMPPE 0 &IPPSWS 1 HI EFVMP *EPXER EGGMSRIW GPEZI ERXIW HI *SQMPIRMS --. La Prensa +Vj½GE (SGYQIRXS VIGYTIVEHS HI LXXT[[[PETVIRWEKVE½GEGSQJEPXEREGGMSRIWGPEZIERXIWHIJSQMPIRMSMM 1EKEyE= de abril). Control antilavado a PEP es clave para Fomilenio: MCC. Diario El Mundo. Documento recuperado de http://elmundo.com.sv/controlantilavado-a-pep-es-clave-para-fomilenio-mcc Quintanilla, L. (2014, 16 de abril). Venta de semilla, condición FOMILENIO. 0E 4VIRWE +Vj½GE. (SGYQIRXSVIGYTIVEHSHILXXT[[[PETVIRWEKVE½GEGSQZIRXEHIWIQMPPEGSRHMGMSRJSQMPIRMS Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) para la reactivación del sector agropecuario nacional, el cual se encuentra sumamente necesitado de apoyo, debido a que con la implementación del modelo neoliberal en el país se desmanteló gran parte de la estructura gubernamental que existía para el fomento agropecuario, situando al sector en una situación de extremo abandono. Pese a ello, en este caso se argumenta que la medida implica una violación a las obligaciones asumidas por el Estado de acuerdo al capítulo 9 del CAFTA-DR - referente a los procesos de contratación pública - ya que se le está brindando un trato menos favorable a proveedores extranjeros28. En este sentido, cabe señalar nuevamente la pertinencia de las observaciones realizadas por esta Procuraduría en su informe al Comité DESC en 2006, ya que en esa ocasión se señaló con preocupación el hecho de que El Salvador fue el país que menos límites estipuló en cuanto a los bienes y servicios públicos sujetos al CAFTA-DR, y en cuanto a protección específica para microempresas, mujeres o minorías29. De hecho, casi todos los países miembros del CAFTA-DR, exceptuando El Salvador, establecieron que las disposiciones del capítulo sobre compras públicas no aplica en ciertos casos como los programas destinados a micro y pequeñas empresas, programas de apoyo al sector agropecuario o programas de alimentación escolar30. Igualmente, el Estado salvadoreño ha sido afectado por una diputa surgida entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana Enel Green Power, debido a que, mediante un acuerdo de accionistas firmado en junio de 2002, se le había otorgado a la última la posibilidad de convertirse en el socio mayoritario de Geotérmica Salvadoreña, S.A. de C.V. (GESAL, ahora LaGeo) 31 , empresa nacional generadora de energía eléctrica con base en recursos geotérmicos. No obstante, a inicios de 2008, cuando Enel intentó obtener la mayoría de las acciones de LaGeo a partir de la capitalización de sus inversiones en la misma, la CEL se negó a cumplir con lo establecido en el contrato32, argumentando que acceder a ello sería sumamente lesivo para los intereses del Estado salvadoreño y contrario a la Constitución de la República33. Ante tal decisión, ese mismo año, Enel Green Power presentó una demanda por 120 millones de dólares ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus 28 29 30 31 32 33 Quintanilla, L. (2013, 11 de enero). Privados piden balance en compra semilla. 0E 4VIRWE +Vj½GE, Documento recuperado de http://www. PETVIRWEKVE½GEGSQTVMZEHSWTMHIRFEPERGIIRGSQTVEWIQMPPE 5YMRXERMPPE 0 HI JIFVIVS HI +SFMIVRS )9% EREPM^E HIGVIXS de semillas. 0E4VIRWE+Vj½GE (SGYQIRXSVIGYTIVEHSHI LXXT[[[PETVIRWEKVE½GEGSQKSFMIVRSIYEEREPM^EHIGVIXSHIWIQMPPEW*YRHEGMzR Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) (2014). Posición institucional No. 39. La compra de semilla mejorada debe ser transparente y competida (SGYQIRXS VIGYTIVEHS HI LXXT[[[JYWEHIWSVKMRHI\TLT#STXMSR!GSQCNHS[RPSEHW -XIQMH! ZMI[!½RMWL GMH =948&catid=38&lang=es PDDH (2006). Informe Especial de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Doctora Beatrice Alamanni de Carrillo, presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (1995-2005). 8 de noviembre de 2006. pp. 19-20. Osterlof, D., Villasuso, A. & Sacasa, M. (2011). Las regulaciones sobre compras públicas en los Tratados de Libre Comercio de Centroamérica y las Mipymes. Documento recuperado de http://www10.iadb.org/intal/ intalcdi/PE/2013/12717.pdf Asamblea Legislativa (2013, 15 de agosto). Primer informe parcial de la Comisión especial para investigar todo lo relacionado al contrato suscrito entre la hoy CEL, y la empresa italiana Enel Green Power, en la administración del entonces presidente de la CEL, Guillermo Sol Bang, en el mandato presidencial de Francisco Flores Pérez. En el Green Power (2013, 31 de diciembre). )P7EPZEHSV 'SQTER]TVS½PI. Documento recuperado de http://www.enelgreenpower.com/en-GB/ company/worldwide/el_salvador/; Karadelis, K. (2013, 13 de agosto). Enel brings El Salvador claim to ICSID. Global arbitration review. DocumenXSVIGYTIVEHSHILXXTZZSPXIVVE½IXXE\KYVYGSQHSGW+PSFEPC%VFMXVEXMSRC6IZMI[THJ'LSXS(HIIRIVS)RIPI\MKI a Cel cumplir el contrato de LaGeo. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa. asp?idCat=6342&idArt=1980511 Molina, C. (2008, 20 de mayo). Cel no teme amenaza de arbitraje de Enel. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2405178; Choto, D. (2011, 15 de febrero). Posponen millonario fallo arbitraje entre Cel y Enel. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa. asp?idCat=6374&idArt=5580234 63 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) siglas en inglés) debido al incumplimiento del contrato34. En mayo de 2011, el tribunal falló a favor de Enel35, y ordenó que se le permitiera a la empresa italiana realizar la inversión que le permitiría apropiarse de la mayoría de las acciones de LaGeo36. Pese a que, en agosto de 2011, la CEL presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de París, el mismo fue rechazado en enero de 201337. Actualmente, el conflicto entre la CEL y Enel continúa, ya que el Estado salvadoreño se ha negado a cumplir con el laudo arbitral internacional, argumentando que el acuerdo de accionistas firmado por los funcionarios de la época contradice la Constitución de la República38, y de aceptar el fallo, se entregaría patrimonio de toda la población salvadoreña a un ente privado, violando la propia Constitución39. En consecuencia, en agosto de 2013, la empresa italiana demandó al Estado frente al CIADI40 amparándose en la Ley de Inversiones41. Paralelamente, a nivel nacional, la disputa ha motivado incluso investigaciones especiales dentro de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República (FGR), y en noviembre de 2013 se ha iniciado un proceso judicial en el que la FGR ha acusado a un grupo de exfuncionarios y a las sociedades Enel Green Power S.p.A. y Enel Green Power El Salvador S.A. de C.V. por perjuicio económico hacia el Estado. Asimismo, en diciembre de 2013, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda que busca la nulidad del contrato entre la CEL y la empresa italiana, y ordenó suspender provisionalmente el traspaso de acciones mientras se tramita el proceso42. A partir de todo lo anterior, es importante resaltar cómo los acuerdos de inversión comercial en efecto se encuentran limitando las capacidades del Estado salvadoreño en cuanto a la toma de decisiones a favor de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y los recursos estratégicos nacionales. En estos casos, se puede observar como las autoridades gubernamentales están siendo condicionadas y presionadas por entes privados, ante la adopción de medidas como la revocación de per34 35 36 37 38 39 40 41 42 64 Enel Green Power (2013, 31 de diciembre). )P 7EPZEHSV 'SQTER] TVS½PI. Documento recuperado de http://www.enelgreenpower.com/en-GB/ company/worldwide/el_salvador/; Karadelis, K. (2013, 13 de agosto). Enel brings El Salvador claim to ICSID. Global arbitration review. DocuQIRXSVIGYTIVEHSHILXXTZZSPXIVVE½IXXE\KYVYGSQHSGW+PSFEPC%VFMXVEXMSRC6IZMI[THJ'LSXS(HISGXYFVI)RIP demanda al gobierno por caso LaGeo. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa. asp?idCat=6374&idArt=2977328 Enel Green Power (2013, 31 de diciembre). )P 7EPZEHSV 'SQTER] TVS½PI. Documento recuperado de http://www.enelgreenpower.com/en-GB/ company/worldwide/el_salvador/ En el Green Power (2011, 6 de julio). Press release. International Arbitration Court unveils ruling favourable to Enel Green Power on the LaGeo Case. Documento recuperado de http://www.enelgreenpower.com/en-gb/media_investor/press_releases/release.aspx?iddoc=1645485 En el Green Power (2013, 9 de enero). Press release. Paris Court of Appeals upholds International Court of Arbitration ruling in favour of Enel Green Power in LaGeo case. Documento recuperado de http://www.enel.com/eWCM/salastampa/comunicati_eng/1657045-1_PDF-1.pdf Asamblea Legislativa (2013, 15 de agosto). Primer informe parcial de la Comisión especial para investigar todo lo relacionado al contrato suscrito entre la hoy CEL, y la empresa italiana Enel Green Power, en la administración del entonces presidente de la CEL, Guillermo Sol Bang, en el mandato presidencial de Francisco Flores Pérez. La Constitución salvadoreña establece en su artículo 103, inciso tercero, que “el subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación”, pero además señala en los artículos 120 y 131, ordinal 30º, que este tipo de concesiones deben ser sometidas a aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. De hecho, en junio de 2012, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la Inc. 28-2008 del 27-VI-2012 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 5 y 12 de la Ley General de Electricidad y de los artículos 12 y 51 del Reglamento de dicha ley, dado que adjudicaban a un órgano de la Administración Pública la potestad de otorgar concesiones que por mandato constitucional debían ser autorizadas por la Asamblea Legislativa, y adicionalmente estipulaban que las mismas eran de carácter permanente. Case Details. Enel Green Power S.p.A. v. Republic of El Salvador (ICSID Case No. ARB/13/18). Documento recuperado de https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet Karadelis, K. (2013, 13 de agosto). Enel brings El Salvador claim to ICSID. Global arbitration review. Documento recuperado de http:// ZZSPXIVVE½IXXE\KYVYGSQHSGW+PSFEPC%VFMXVEXMSRC6IZMI[THJ Transparencia activa (2013, 10 de diciembre). Presidente Funes celebra admisión de la demanda contra contrato CEL-ENEL por Sala de lo Contencioso Administrativo. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/presidente-funes-celebra-admision-de-la-demandacontra-contrato-cel-enel-por-sala-de-lo-contencioso-administrativo/; Ávalos, J. (2013, 7 de diciembre). CSJ admite demanda de contrato CEL-Enel. 0E 4VIRWE +Vj½GE (SGYQIRXS VIGYTIVEHS HI LXXT[[[PETVIRWEKVE½GEGSQ GWNEHQMXIHIQERHEHIGSRXVEXSGIPIRIP >SQIXE J. (2013, 7 de diciembre). Abogado de Enel: No hay mérito para anular contrato. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www. elsalvador.com/mwedh/nota/ nota_completa.asp?idCat=47673&idArt= 8388236 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) misos de explotación minera o el impulso de programas especiales de apoyo a productores y productoras nacionales. A futuro, es claro que decisiones de este tipo - aunque buscan proteger los derechos humanos, promover el desarrollo social y garantizar la sustentabilidad ambiental- podrían llevar al Estado a enfrentar numerosos litigios internacionales, bajo el supuesto de que afectan las ganancias o las expectativas de ganancias de alguna empresa. Más allá de eso, también se ha comenzado a advertir cómo este tipo de arbitrajes han supuesto al Estado la erogación de importantes recursos financieros obtenidos de los y las contribuyentes. Esta situación es en extremo preocupante ya que en este tipo de litigios los Estados se encuentran en gran desventaja, dado que las instancias que dirimen los conflictos han sido diseñadas precisamente para privilegiar y proteger las inversiones. Por tanto, resulta inaceptable que se tenga que privilegiar la asignación de fondos públicos a este tipo de procesos, cuando el presupuesto público afronta enormes dificultades y ni siquiera alcanza para cumplir con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Recomendaciones: Que el Estado salvadoreño ratifique la reforma al artículo 63 de la Constitución de la República, aprobada en abril de 2012, que reconoce a los pueblos indígenas en su territorio y que establece la obligación de adoptar políticas para su libre desarrollo. Que el Estado salvadoreño ratifique el Convenio 169 de la OIT, relativo a Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. Que el Estado salvadoreño desarrolle un amplio proceso participativo con los pueblos indígenas para analizar y elaborar propuestas de modificación al marco jurídico nacional, orientadas a garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, especialmente en la legislación relativa a educación, salud, recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, diversidad biológica, propiedad, acceso a la tierra, protección de la niñez y la adolescencia, erradicación de la discriminación, patrimonio cultural, medio ambiente, consulta previa y formación de asociaciones. Que el Estado salvadoreño fortalezca los espacios de diálogo y órganos de consulta que se han generado con los pueblos indígenas, dotando de mayor estabilidad y recursos a la institucionalidad encargada de su organización y administración. Que el Estado salvadoreño brinde mayor atención a las demandas y necesidades de los pueblos indígenas en el diseño, reforma y evaluación de las políticas públicas. De manera especial, el Estado debería propiciar el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones representativas propiamente indígenas, a fin de que puedan tener una mayor incidencia en la toma de decisiones. Que el Estado salvadoreño atienda las recomendaciones del CERD en cuanto al mejoramiento de la legislación nacional para garantizar la no discriminación, principalmente en lo referente a la adopción de una definición de discriminación racial y de disposiciones legales explícitas que prohíban la segregación racial, la existencia de organizaciones racistas y la incitación al odio racial. 65 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Que el Estado salvadoreño realice mayores esfuerzos por obtener información estadística sobre la situación económica y social de los pueblos indígenas, particularmente en cuanto a pobreza, desnutrición, escolaridad y rendimiento escolar, empleo, salarios, tenencia de la tierra y acceso a servicios básicos. Que el Estado salvadoreño realice un diagnóstico sobre las limitaciones que han generado los acuerdos de inversión comercial en las posibilidades de adoptar decisiones para garantizar el cumplimiento de los derechos contemplados en el Pacto. Asimismo, que se diseñe un plan orientado a corregir o compensar los efectos negativos de los mismos. Artículo 3. Igualdad entre hombres y mujeres Desde su nacimiento como república, la historia de El Salvador ha estado marcada por esquemas machistas y patriarcales43. En este sentido, el logro de la equidad de género es uno de los mayores retos para el país. Aunque no cabe duda que en las últimas décadas El Salvador ha logrado algunos avances en materia de equidad de género, es necesario recalcar que todavía existe una enorme disparidad entre hombres y mujeres y en ciertas áreas específicas el progreso ha sido menos acentuado. A pesar de lo anterior, para esta Procuraduría ha sido muy positivo que en los últimos años se hayan adoptado decisiones importantes que pueden incidir en la construcción de un país con mejores oportunidades para las mujeres. Se debe reconocer como un avance fundamental la aprobación de legislación orientada a erradicar las brechas de género, principalmente la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en diciembre de 2010, y la Ley de Igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, en marzo de 2011. En el primero de los casos, se establecen obligaciones específicas de distintas instituciones estatales para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, lo cual resulta primordial para un país como El Salvador, en el que las agresiones contra las mujeres son recurrentes, y la impunidad ante las mismas es sumamente alta44. Por su parte, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres contempla medidas para promover la equidad entre mujeres y hombres en materia de educación, participación política y económica, empleo, salud integral, salud sexual y reproductiva, seguridad social, entre otras. Asimismo, incluye disposiciones para fomentar el reconocimiento del trabajo doméstico y del cuidado; la inclusión social de mujeres en situación de vulnerabilidad; la igualdad de oportunidades para el acceso, manejo, uso y control de los recursos naturales; el acceso equitativo a nuevas tecnologías; y sobre los derechos de las mujeres en el desarrollo rural. Sumado a esto, se debe reconocer que ha sido satisfactorio que la Ley de Partidos Políticos, aprobada en febrero de 2013, incluya una disposición que establece la obligación de los partidos políticos de incluir al menos a un treinta por ciento de mujeres en sus planillas para la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano y representantes en Concejos Municipales (art. 37). Esta medida sería un primer paso hacia garantizar mayores oportunidades para la participación política de las mujeres, lo cual es destacable debido a que ha sido una de las áreas en las que la brecha de género es notable. 43 44 66 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. p. 52 Manjoo, R. (2011). Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Rashida Manjoo. Misión a El Salvador. A/HRC/17/26/Add.2. 14 de febrero de 2011. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/112/40/ PDF/G1111240.pdf?OpenElement Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) También se puede mencionar como positivo el trabajo realizado en torno a la formulación de la Política Nacional de las Mujeres y del Plan Nacional de Equidad e Igualdad para las Mujeres Salvadoreñas, la instalación del Sistema Nacional de Datos Estadísticos e Información sobre Violencia hacia las Mujeres, así como también la puesta en marcha de iniciativas novedosas como el programa “Ciudad Mujer”, el cual otorga a las mujeres servicios especializados para salud, mejora de oportunidades económicas, acceso a la justicia y educación no formal45. Pese a todo lo anterior, es necesario señalar que el ejercicio de la igualdad real entre mujeres y hombres aún es una realidad muy lejana para El Salvador. Resulta evidente que existen importantes obstáculos para que las mujeres puedan desenvolverse en un entorno libre de discriminación y desigualdad, particularmente en el área rural. En la actualidad, las mujeres salvadoreñas continúan teniendo mayores problemas que los hombres para acceder a empleos remunerados y bajo condiciones dignas, y en el caso de obtenerlo afrontan una doble o triple carga laboral que es invisibilizada por la falta de reconocimiento y valoración del trabajo reproductivo, doméstico y del cuidado. Además de esto, la población femenina presenta menores salarios, mayores tasas de analfabetismo, menor acceso y control de activos y recursos productivos (vivienda, tierra, crédito, etc.), menor participación política y menores tasas de asistencia escolar; en comparación a la población masculina46. Por ejemplo, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres persiste, aún para las mujeres con mayores niveles educativos47. De acuerdo a datos de 2011, las mujeres ganan, en promedio, aproximadamente un 16.3% menos que los hombres, y en los puestos directivos la diferencia incluso se amplía, ya que los hombres ganan un 26.65% más que las mujeres48. Más allá de eso, es lamentable que al observar los datos de los últimos años, la brecha salarial permanece estable, sin que se pueda identificar una tendencia hacia su reducción49. Por otra parte, la falta de autonomía económica de muchas mujeres salvadoreñas también es causa de preocupación para esta Procuraduría. Se ha encontrado que en 2012 el porcentaje de mujeres sin ingresos propios (33.9%) superaba en más de dos veces el de los hombres en la misma condición (14.3%)50. La situación de las mujeres en el área rural es particularmente grave, ya que aproximadamente el 42.7% no reporta ingresos propios, mientras que únicamente el 16.4% de los hombres se encuentra en esa condición51. Sumado a esto, se ha encontrado que las mujeres aún enfrentan mayores obstáculos en cuanto a sindicalización, alfabetización, propiedad de vivienda, propiedad de la tierra con vocación agrícola y participación política. Por ejemplo, se ha registrado que las mujeres únicamente representan el 23.2% 45 46 47 48 49 50 51 Gobierno de El Salvador (GOES) (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. p. 93. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) (2011). Política nacional de las mujeres. Actualizada: medidas al 2014. San Salvador: Autor; Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) (2013). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012. San Salvador: Autor; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2010). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza y el consumismo al bienestar de la gente. Propuestas para un nuevo modelo de desarrollo. San Salvador: Autor. ISDEMU (2011). Política nacional de las mujeres. Actualizada: medidas al 2014. San Salvador: Autor. p. 32; Lara, E (2013). Estado de los indicadores de género en el mercado laboral. En Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Mujer y mercado laboral 2012 (pp. 5 – 28). San Salvador: ORMUSA. p. 23. Lara, E (2013). Estado de los indicadores de género en el mercado laboral. En Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Mujer y mercado laboral 2012 (pp. 5 – 28). San Salvador: ORMUSA. p. 23. Ibíd. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (s/f). CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Disponible en: http:// estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp?idioma=e. Información revisada al 13 de febrero de 2014. Ibíd. 67 de las personas afiliadas a un sindicato52. A la vez, la tasa de analfabetismo es más alta para las mujeres (14.7%) que para los hombres (9.9%)53. Por otra parte, se ha observado que entre las personas mayores de 18 años, el porcentaje de hombres que afirma tener vivienda en propiedad (33.9%) es considerablemente más alto que el de las mujeres (19.2%)54; y que aproximadamente más del 80% de las personas dueñas de la tierra con vocación agrícola son hombres55. Asimismo, las mujeres ocupan solamente el 10% de los puestos de alcaldes y alcaldesas municipales56, el 12.1% de los puestos ministeriales del Órgano Ejecutivo57, el 27.4% de los escaños parlamentarios58, y el 40% de los puestos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) (máximo tribunal de justicia del país)59. Al respecto, se debe reconocer que a partir de 2006 la participación de las mujeres ha ido creciendo tanto en la Asamblea Legislativa como en la CSJ, pero todavía es muy dispar60. Al comparar los avances que han logrado otros países en estas áreas, se constata que en los últimos años, El Salvador no ha hecho suficientes esfuerzos por promover la participación económica y política de las mujeres, aunque sí ha logrado ir cerrando las brechas en cuanto a salud y educación. Con todo, al hacer un balance general se observa que distintos países han avanzado mucho más en la reducción de las brechas de género. Por ejemplo, en 2006, de acuerdo al Índice Global de la Brecha de Género (GGGI) del World Economic Forum (WEF)61, El Salvador (con un GGGI de 0.6837) se colocó en la posición 39 de una lista de 115 países ordenados de acuerdo a su brecha de género62 mientras que para 2013 (con un GGGI de 0.6610) retrocedió hasta la posición 96, de una lista de 136 países63. De hecho, en 2013, de acuerdo a este indicador, de 26 países latinoamericanos estudiados, únicamente Guatemala, Surinam y Belice poseen brechas de género mayores a la de El Salvador64. Resulta muy revelador comprobar que en el mismo periodo, países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Madagascar, Malawi, Eslovenia, Camerún, Uganda, Lesoto, Kenia, Mongolia y Luxemburgo, que en 2006 presentaban brechas similares o incluso más amplias que las de El Salvador, en 2013 muestran reducciones mayores en las brechas de género en las áreas contempladas. Aunque El Salvador refleja una equidad similar o incluso superior que algunos de estos países en cuanto a salud y educación, los retrocesos observados en los últimos años en cuanto a participación y oportunidades de las mujeres en la economía y en la política, han limitado su avance hacia mejores resultados65. Con todo, es muy 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Lara, E (2013). Estado de los indicadores de género en el mercado laboral. En Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Mujer y mercado laboral 2012 (pp. 5 – 28). San Salvador: ORMUSA. p. 27. DIGESTYC) (2013). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012. San Salvador: Autor. p. 4. PNUD (2010). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza y el consumismo al bienestar de la gente. Propuestas para un nuevo modelo de desarrollo. San Salvador: Autor. p 208. Ibíd. p. 211. CEPAL (s/f). CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Disponible en: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp?idioma=e. Información revisada al 26 de diciembre de 2013. Ibíd. PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. p. 291. CEPAL (s/f). CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Disponible en: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp?idioma=e. Información revisada al 29 de noviembre de 2013. Ibíd. El GGGI (Global Gender Gap Index) mide la brecha de desigualdad de género en cuatro áreas: participación y oportunidades en la actividad económica, participación política, salud y educación. El índice toma valores entre 1 y 0, donde los valores cercanos al 1 representan una menor brecha de género en las áreas contempladas, y los valores cercanos al cero indican brechas mayores. Los primeros lugares son ocupados por los países con mayor equidad de género en las áreas contempladas por el índice. WEF (2013). The Global Gender Gap Report 2013. Documento recuperado de http://www3.weforum.org/docs/WEF_ GenderGap_Report_2013.pdf Ibíd. Cabe señalar que las comparaciones entre países deben ser tomadas con cautela pues varían de acuerdo a los distintos indicadores. Se ha destacado lo referente al índice elaborado por el WEF principalmente por la posibilidad de dar seguimiento a su evolución durante varios Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) preocupante el hecho de que al hacer una comparación de los resultados de 110 países entre 2006 y 2013, el WEF reporta que El Salvador ha sido el país que más ha retrocedido en el GGGI66. Ante esta situación, resulta preocupante para la PDDH que en las políticas públicas todavía no se incorpore de mejor forma el enfoque de género, principalmente en lo relativo a generar condiciones para que las mujeres puedan acceder al poder económico, social y político. A la vez, es importante señalar que todavía hace falta integrar a las políticas públicas componentes orientados a la construcción de una nueva masculinidad que abone a la erradicación de la desigualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, debe señalarse que existen programas gubernamentales que están basados o reproducen las disparidades de género. El propio Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) ha afirmado que la puesta en marcha del Sistema de Protección Social Universal (SPSU) –el cual constituye el fundamento de la política social actual-, hasta cierto punto, ha incrementado la carga global de trabajo de las mujeres que participan en el mismo: … este sistema aún no se ha completado en su totalidad y sigue desarrollándose bajo un esquema de acciones focalizadas hacia la atención y superación de la pobreza, sin incluir en el modelo acciones dirigidas al fomento de la corresponsabilidad en las tareas del cuidado entre hombres, mujeres, Estado y sociedad, incrementando de esta manera, en cierta medida, la carga global de trabajo de las mujeres beneficiarias de los programas que componen el SPSU67. Esto indica que hace falta un mayor esfuerzo para abordar la desigualdad entre hombres y mujeres de manera integral. El programa Ciudad Mujer es un avance positivo al respecto, dado que instituciones del Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial y Ministerio Público han creado oficinas especializadas dentro de las sedes del mismo68. No obstante, un reto primordial es que de forma paralela, todas las instancias gubernamentales, en sus distintas sedes ordinarias a nivel nacional y local, organicen sus planes, programas y servicios de tal forma que respondan al enfoque de género. Finalmente, es importante mencionar que hace falta una mayor atención a la eliminación de los obstáculos que dificultan a las mujeres el acceso a la justicia. La PDDH ha señalado a las instancias correspondientes la persistencia de distintas barreras legales, procedimentales, institucionales y culturales que impiden que las mujeres accedan a la justicia en igualdad de condiciones. Esto se ha observado en distintos procesos penales y de familia, especialmente cuando se refieren a casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar, entre otros69. Teniendo en cuenta esto, también se ha señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las for- 66 67 68 69 EySW]TSVQIHMVIWTIGu½GEQIRXIPEWFVIGLEWHIKqRIVS3XVSWMRHMGEHSVIWTEVEQIHMVHIWMKYEPHEHHIKqRIVSSJVIGIRVIWYPXEHSWWMQMPEVIWS diferentes, de acuerdo a los subíndices que contemplan. WEF (2013). The Global Gender Gap Report 2013. Documento recuperado de http://www3.weforum.org/docs/WEF_ GenderGap_Report_2013.pdf ISDEMU (2012). 4PERREGMSREPHIMKYEPHEH IUYMHEH]RSHMWGVMQMREGMzRTEVEPEWQYNIVIWWEPZEHSVIyEW. San Salvador: Autor. p. 44. Actualmente, un total de 16 instituciones estatales, entre ellas, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Policía Nacional Civil, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República, ofrecen servicios especializados para mujeres dentro de las sedes creadas para el programa Ciudad Mujer. Información adicional sobre esta iniciativa se puede encontrar en el sitio web: http://www.ciudadmujer.gob.sv/. PDDH (2011). Informe especial sobre acceso a la justicia para las mujeres en el ámbito laboral, penal y familiar. San Salvador: Autor. 69 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) mas de discriminación contra la mujer (CEDAW)70, con lo cual se reforzaría el régimen de garantías a favor de la equidad de género en el país. Lastimosamente, hasta la fecha el mismo no ha sido ratificado. Recomendaciones: Que el Estado salvadoreño brinde prioridad en los próximos años a la estricta aplicación de la legislación, políticas y planes recientes a favor de la equidad de género. Se recomienda que adopte medidas inmediatas para reducir progresivamente y eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, garantizando el principio de igual salario por trabajo de igual valor. Asimismo, se debe poner énfasis en el aumento de la participación política de las mujeres y en acrecentar representación de las mujeres en puestos de toma de decisiones, tanto en el sector público como en el sector privado. Que el Estado salvadoreño impulse acciones concretas para reducir la carga laboral extra que afrontan las mujeres, aumentar su autonomía económica, y dar un mayor reconocimiento y valor al trabajo reproductivo, doméstico y del cuidado. Que el Estado salvadoreño adopte medidas especiales orientadas a reducir las disparidades de género en el área rural, principalmente en cuanto a autonomía económica, propiedad de la tierra, propiedad de la vivienda, alfabetización y acceso a recursos productivos. Que el Estado salvadoreño ejecute medidas concretas orientadas a facilitar y fomentar el cumplimiento equitativo entre hombres y mujeres, de los compromisos en el trabajo reproductivo, doméstico y del cuidado familiar, principalmente en el área rural. Que el Estado salvadoreño diseñe todas las políticas públicas tomando en cuenta el enfoque de género, a fin de evitar prácticas que reproduzcan o estén basadas en las disparidades de género, integrando en las mismas componentes para la construcción de una nueva masculinidad que fomente la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Que el Estado salvadoreño ratifique el Protocolo Facultativo de la CEDAW y que implemente un plan para eliminar los obstáculos políticos, legales, procedimentales, institucionales y culturales que dificultan a las mujeres el acceso a la justicia en condiciones igualitarias, especialmente en los casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar. Que el Estado salvadoreño organice campañas públicas y procesos de formación dirigidos hacia hombres, que tengan como fin combatir las actitudes y comportamientos discriminatorios y agresivos hacia las mujeres. Art. 6, 7 y 8. Derechos laborales y libertades sindicales En materia de derechos laborales, en los últimos años se han desarrollado algunos esfuerzos que si bien es cierto no son suficientes para resolver la problemática estructural de falta de trabajo decente en el país, han servido para paliar levemente las serias deficiencias que posee el país en cuanto a generación de empleo, insuficiencia de salarios mínimos e inestabilidad laboral. En este sentido, se puede destacar que a la fecha el país ya ha podido recuperar los 40 mil empleos perdidos en 2009 a causa de la 70 70 Ibíd. p. 98. Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) crisis económica y financiera internacional. Más allá de eso, es destacable que las cifras sobre inserción laboral formal continúen mejorando en la actualidad71. Igualmente, se han aplicado leves incrementos a los salarios mínimos del sector privado en noviembre de 2007, junio de 2008, enero de 2009, mayo de 2011, julio de 2013 y enero de 2014. De forma particular, en las últimas modificaciones, se puede resaltar como positivo que el sector maquila ha recibido un porcentaje de aumento igual al del resto de sectores de la economía, cuando tradicionalmente había sido menos beneficiado, tal y como se observa en el anexo 4 del informe oficial. Añadido a esto, en enero de 2015 se aplicará un nuevo incremento a los salarios mínimos72. Por otra parte, se pueden destacar también algunos esfuerzos realizados en los últimos años en la elaboración e impulso de políticas sectoriales para el fomento del empleo y la producción73. Igualmente, ha representado un logro importante la entrada en vigencia de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo en 2012, aunque para su estricta aplicación es necesario que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) asuma un rol muy activo en la promoción y vigilancia de su cumplimiento, y en la aplicación de las sanciones respectivas a las violaciones que se realicen. De manera similar, se puede señalar como un avance la aprobación, en diciembre de 2013, de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, y de las reformas a la Ley del Servicio Civil y la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, con el objetivo de regular la compensación laboral por renuncia en el sector privado, el sector público y las municipalidades. Aunque es importante resaltar que las mismas deben ser objeto de revisión y mejora, se espera que con la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones74, se fortalezcan en cierta medida las garantías para los trabajadores y las trabajadoras, ya que anteriormente, al finalizar una relación laboral a través de renuncia, no recibían una indemnización por el tiempo de servicio. En cuanto a las libertades sindicales, el avance más importante ha sido la ratificación de la reforma al artículo 47 de la Constitución de la República, en mayo de 2009, a fin de reconocer el derecho de formar sindicatos en el sector público y en las municipalidades75. Esta reforma ha posibilitado y facilitado la constitución de 84 sindicatos en el sector público y las municipalidades entre junio de 2009 y mayo de 201376. Asimismo, ha sido sumamente importante para la protección del derecho a la estabilidad laboral, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de forma muy reciente haya modificado en su jurisprudencia la interpretación sobre el alcance del mismo, para fortalecer la protección de la estabilidad laboral de los empleados públicos vinculados con el Estado mediante un contrato77. Con este giro, se espera que los numerosos despidos que se llevan a cabo en el contexto de cambios de administración en el sector público sean controlados y se facilite el acceso a la justicia de parte de las personas afectadas. 71 72 73 74 75 76 77 GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. p. 167. PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador: Autor. p. 79 GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. pp. 123-177. En el sector público se encuentran vigentes a partir de 2014, mientras que en el sector privado entrarán en vigencia en 2015. Decreto legislativo No. 33, 27 de mayo de 2009. GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de amparo 1-2011, del 19-XII-2012. 71 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Pese a todo lo anterior, es necesario señalar que el cumplimiento progresivo de los derechos laborales y sindicales en El Salvador enfrenta numerosos obstáculos. Por varios años, esta Procuraduría ha venido llamando la atención del Estado salvadoreño sobre distintos aspectos que necesitan un abordaje inmediato, sin embargo, lastimosamente, las áreas de preocupación continúan siendo prácticamente las mismas: alta incidencia de subutilización laboral (desempleo y subempleo), bajos niveles de trabajo decente, salarios mínimos que no concuerdan con el costo de la vida, despidos en el sector público y privado sin un procedimiento acorde a la legislación laboral, irrespeto a las libertades sindicales, desalojos violentos de comerciantes informales y desprotección de los trabajadores y trabajadoras del sector agropecuario y del sector de servicios domésticos. En este contexto, las violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales, tanto en el sector público y como en el sector privado, continúan siendo recurrentes, mientras que las instancias del Estado con competencia en la materia, no han sido capaces de implementar y fortalecer los mecanismos administrativos y jurisdiccionales de control, que permitan erradicar tales violaciones a derechos humanos. En este mismo orden de ideas, se ha venido observando que, en cuanto a generación de empleo, los esfuerzos realizados son totalmente insuficientes para avanzar de forma sustancial en la reducción del subempleo y el desempleo. Por ejemplo, aunque entre junio de 2009 y mayo de 2013 se han creado un total de 88,094 empleos78, de acuerdo al Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 del Gobierno de El Salvador, sería necesario crear 48,000 empleos nuevos cada año, al menos para alcanzar a absorber a las generaciones que se van incorporando a la población económicamente activa79. Teniendo en cuenta esto, resultan sumamente preocupantes las cifras sobre generación de empleo, ya que entre 2009 y 2013 deberían haberse creado un mínimo de 192,000 puestos de trabajo. Más allá de eso, para lograr un avance significativo en la disminución del subempleo, habría que agregar a esta cifra una considerable cantidad de puestos de trabajo. Por lo anterior, no resulta sorprendente que las cifras sobre desempleo y subempleo sigan siendo preocupantes. Si bien es cierto, la tendencia general ha sido que la tasa de desempleo abierto se mantenga baja (6.1% en 201280), esto no debe ocultar que El Salvador presenta enormes deficiencias en su capacidad para ofrecer oportunidades de trabajo decente para su población. Los datos sobre la evolución del subempleo y la ocupación plena en el área urbana reflejan que existe una gran cantidad de población que no ha logrado obtener un empleo formal. Para 2012, el PNUD ha estimado la tasa de subempleo a nivel nacional en un 44.7%, en el área urbana se ubica en 33.4% y en el área rural asciende al 65.9% (Ver Tabla I)81. 78 79 80 81 72 En junio de 2009 el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) registró 679,003 cotizantes activos, mientras que en mayo de 2013 la cifra ascendió a 767,097. Ver ISSS (2013). Informe de rendición de cuentas Junio 2012- Mayo 2013. Documento recuperado de http://www.transTEVIRGMEEGXMZEKSFWZ[TGSRXIRXYTPSEHW-7774VIWIRXEGM '&RTHJ 1jW VIGMIRXIQIRXI PSW VIKMWXVSW S½GMEPIW MRHMGER UYI IRXVI diciembre de 2009 y octubre de 2013 se crearon 109,969 empleos. Ver Transparencia activa (2013, 14 de diciembre). Gobierno del Presidente Funes crea 110 mil nuevas plazas en su gestión. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/gobierno-del-presidentefunes-crea-110-mil-nuevas-plazas-en-su-gestion/ GOES (2010). 4PER5YMRUYIREPHI(IWEVVSPPS¯. San Salvador: Autor. DIGESTYC (2013). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012. San Salvador: Autor. p. 13 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. pp. 314-315. Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Tabla I Evolución del subempleo, desempleo y subutilización laboral 2006-2012 (En porcentajes) 2006 Tasa de subempleo Nacional 43.3 Urbano 36.9 Rural 54.2 Tasa de desempleo Nacional 6.6 Urbano 5.7 Rural 8.0 Tasa de subutilización laboral Nacional 49.9 Urbano 42.6 Rural 62.2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 39.8 28.5 61.7 40.6 31.9 58.9 44.3 34.0 64.6 42.1 31.5 62.6 41.5 31.8 68.2 44.7 33.4 65.9 6.3 5.8 7.4 5.9 5.5 6.7 7.3 7.1 7.6 7.0 6.7 7.4 6.6 6.6 6.6 6.0 6.2 5.7 46.1 34.3 69.1 46.5 37.4 65.6 51.6 41.1 72.2 49.1 38.2 70.0 48.1 38.4 74.8 50.7 39.6 71.6 Fuente: PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. pp. 314-315. Si tomamos en cuenta el desempleo y el subempleo de forma conjunta, se observa que más de la mitad de la población no está encontrando oportunidades de acceder a un trabajo formal, pero aún más preocupante es la situación en el área rural, donde el porcentaje alcanza a más del 70%. De forma específica, el PNUD ha calculado que la tasa de subutilización laboral a nivel nacional es del 50.7%, en el área urbana de 39.6% y en el área rural de 71.6%82. Como puede observarse existe un gran segmento de la población que no puede acceder a un empleo formal. Sin embargo, todavía es más crítica la situación al analizar los niveles de trabajo decente. De acuerdo al PNUD, apenas el 23.8% de la población económicamente activa, es decir, aproximadamente 1 de cada 5 trabajadores en el país, posee un trabajo decente. Añadido a esto, existe una gran desigualdad de oportunidades, ya que el nivel de trabajo decente en el área urbana es tres veces mayor al del área rural83. Con todo, también se debe señalar que acceder a un trabajo en El Salvador no garantiza poder acceder a nivel de vida adecuado. El país ha avanzado muy poco en la reducción de la población ocupada que se encuentra en situación de pobreza o indigencia (Ver Tabla II). Por ejemplo, en 1995, el porcentaje nacional de la población ocupada que se encontraba en situación de pobreza ascendía al 41.5%, mientras que para 2010, únicamente se había logrado reducir al 35.8%. En el área rural, la situación es especialmente grave, dado que en 2010, el porcentaje de la población ocupada en situación de pobreza alcanzó el 44.8%. 82 83 Ibíd. Ibíd. p. 32 73 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Tabla II Población ocupada en situación de indigencia y pobreza, según área geográfica (Porcentaje sobre la población de 15 años y más) Nacional Urbana Rural Indigencia Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia Pobreza 1995 13.5 41.5 8.8 34.5 20.5 52.1 1997 15 43.5 9.3 34.6 23.7 57.1 1999 14.2 37.9 7.9 28.7 25.1 53.9 2000 13.7 36.2 7.5 27.8 24.5 50.9 2001 14.6 37.6 8.9 29.3 24.3 51.8 2004 11.9 36.2 8.4 31 18.4 45.7 2009 11.5 37.1 8.1 32.3 18.4 46.7 2010 10.8 35.8 7.9 31.3 16.6 44.8 Fuente: CEPAL (s/f). CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Disponible en: http:// estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp?idioma=e. Información revisada al 11 de abril de 2013. Por otro lado, también es causa de preocupación para esta Procuraduría que desde hace mucho tiempo la generalidad de los salarios en El Salvador no va en consonancia con la realidad socioeconómica y el costo de la vida. De forma específica, en el caso de los salarios mínimos en el sector privado84, como ya se mencionó anteriormente, no cabe duda que los aumentos aplicados en los últimos años son positivos, ya que han ayudado a paliar levemente las enormes carencias que atraviesa gran parte de la población; no obstante, es claro que los acuerdos logrados son a todas luces insuficientes para representar un verdadero ajuste del salario mínimo a lo establecido en la Constitución, en la cual se estipula que el mismo deberá determinarse de acuerdo al costo de la vida y “ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural” (art. 38, ord. 2º). Por ejemplo, en el sector agropecuario el salario mínimo ($113.70) permanece incluso por debajo del costo de la Canasta Básica Alimentaria Rural ($123.26 en febrero de 2014), mientras que en el resto de sectores, la Canasta Básica Alimentaria Urbana ocupa un alto porcentaje del salario mínimo. Según datos de la DIGESTYC, para febrero de 2014, el costo de la Canasta Básica Alimentaria Urbana alcanzó los $175.47, lo que representa el 72% del salario mínimo del sector comercio y servicios ($242.40), el 74% del salario mínimo en la industria ($237.00), y el 85% del salario mínimo para el sector maquila textil y confección ($202.80). Al respecto, es evidente que una gran cantidad de familias salvadoreñas no cuentan con ingresos suficientes para acceder a todos los bienes y servicios primordiales para satisfacer sus necesidades básicas, más allá de la alimentación. Un estudio especializado estableció que una canasta básica ampliada que incluyera todos estos bienes y servicios costaría alrededor de $579.7185, lo que supera, por mucho, incluso el salario mínimo del sector comercio y servicios. Lo alarmante de la situación queda reflejado en 84 85 74 A partir de enero 2014, el salario mínimo mensual vigente para el sector agropecuario es de $113.70, mientras que para el sector maquila textil y confección es de $202.80. En el sector industria el monto determinado es de $237.00 y para el sector comercio y servicios es de $242.40. 'SQMWMzRTEVEPE:IVM½GEGMzRHI'zHMKSWHI'SRHYGXEIXEP9REETVS\MQEGMzREPWEPEVMSHIZMHEIRIPWIGXSVQEUYMPEIR'IRXVSEQqVMGE. (SGYQIRXS VIGYTIVEHS HI LXXTIWQEUYMPEWSPMHEVMX]SVKWMXIWIWQEUYMPEWSPMHEVMX]SVK ½PIW9RECETVS\MQEGMSRCECWEPEVMSCHICZMHECQEUYM la_America_Central_2013-10-01-1.pdf Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) dicho estudio, cuando se establece que un trabajador o una trabajadora del sector maquila tendría que trabajar más de 200 horas extra al mes para llegar a cubrir este monto86. En este contexto, también se debe tener en cuenta que, desde su instauración, los salarios mínimos han reflejado una tendencia a la disminución de su poder adquisitivo. De manera específica, el PNUD reporta que el salario mínimo agrícola ha perdido un 77% de su poder adquisitivo entre 1965 y 2012. A la vez, los salarios mínimos en el comercio, la industria y los servicios han perdido un 65% entre 1978 y 201287. Esto refleja que es urgente la realización de un ajuste en los salarios mínimos para que cumplan con lo establecido en la Constitución y el Código de Trabajo en relación a que el mismo debe alcanzar para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y las trabajadoras, y que su modificación atenderá al costo de la vida (arts. 144-146 del Código de Trabajo). Asimismo, tal y como esta Procuraduría lo ha señalado en distintas ocasiones, es necesario reducir las enormes diferencias que existen entre los salarios mínimos de las distintas ramas de la actividad económica. Un caso especialmente preocupante es el del salario mínimo del sector agropecuario, ya que de acuerdo a los montos vigentes, representa menos de la mitad del establecido para los sectores comercio y servicios e industria. A la vez, el salario mínimo para el sector de maquila textil y confección, si bien es cierto es significativamente mayor al del sector agropecuario, también presenta una gran diferencia con respecto a estos dos sectores. Lastimosamente, los incrementos acordados en los últimos años ni siquiera han contemplado una reducción de estas disparidades, ya que su modificación se ha basado en un aumento porcentual con respecto al monto vigente para cada sector, pero utilizando un idéntico porcentaje para todos los sectores. Por otra parte, también se debe señalar como motivo de preocupación la persistencia de constantes violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales tanto en el sector privado, como en el sector público y las municipalidades. En general, todos los años se presentan numerosas denuncias por violaciones como despidos sin causa justificada, acoso laboral, discriminación por afiliación sindical y por embarazo, falta de pago de horas extra, vacaciones, aguinaldos o indemnizaciones; y por retención de cuotas de seguridad social y fondos de pensiones sin el correspondiente reporte88. En este sentido, ha sido preocupante observar que pese a los continuos señalamientos de esta Procuraduría, cada inicio de año, o en el contexto de cambios de administración en el sector público y municipal, la institución recibe numerosas denuncias por parte de trabajadores y trabajadoras que han sido despedidas de sus lugares de trabajo sin que se haya seguido el debido proceso. Aún más preocupante es la situación en el sector privado, ya que los atentados contra la estabilidad son incluso más frecuentes, mientras que las instancias competentes no han sido capaces de implementar y fortalecer los mecanismos para evitarlos. Sumado a esto, también son constantes las restricciones a las libertades sindicales. En el sector privado, las violaciones a la libertad sindical son fuertes incluso desde antes de la formación de los sindi- 86 87 88 Ibíd. p. 23. PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. p. 104. ORMUSA (2014). La boletina de ORMUSA. Observatorio Laboral y Económico. No. 01/2014. Documento recuperado de http://observatoriolaboral.ormusa.org/boletinas/2014_01_Boletina_ECL.pdf. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) (2013). Informe sobre la situación de los derechos laborales y sindicales. El Salvador 2012. San Salvador: Autor. 75 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) catos, lo que sitúa a los trabajadores y trabajadoras en una situación de especial vulnerabilidad por los problemas de estabilidad laboral antes señalados. Al respecto, FESPAD ha señalado que: En el sector privado la violación de la libertad sindical es más abierta; pero no por ello los niveles de denuncias son elevados en razón de la vulnerabilidad de los trabajadores, producto de la legalidad del despido de hecho. En este sector la violación de la libertad sindical se manifiesta, principalmente, en la obstrucción de la formación de organizaciones sindicales mediante las amenazas de represalias o el despido de hecho de aquellos que tengan la intención de sindicalizarse89. Por su parte, en el sector público también se han observado violaciones a las libertades sindicales. El irrespeto e incumplimiento de las disposiciones constitucionales que protegen el fuero y el trabajo sindical, ha sido constatado en casos de despidos, amenazas o detenciones de dirigentes sindicales90. Instituciones de todo el sector público, tales como la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Alcaldía Municipal de San Salvador, la Alcaldía Municipal de Mejicanos, la Alcaldía Municipal de Soyapango y la Alcaldía Municipal de Ilopango, entre otras, han cometido violaciones en contra de los derechos y libertades de directivos y directivas sindicales91. Por todo lo anterior, es importante acotar que si bien se han ratificado los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Constitución de la República los reconoce como normas jurídicas internas, todavía el Estado salvadoreño dista mucho de reconocer y dar todo el apoyo al sector sindical, tanto en el sector público y municipal, como en el privado. Asimismo, todavía hace falta efectuar numerosas modificaciones al marco legal nacional para adecuarlo a las obligaciones internacionales en esta materia92 y existen numerosas barreras para el acceso a la justicia por parte de los trabajadores y trabajadoras93. En este sentido, queda en evidencia que los sindicatos continúan enfrentando numerosos obstáculos en el desempeño de su labor, no sólo desde el sector patronal de las empresas, sino también de parte de las instituciones gubernamentales que deberían velar por el cumplimiento de la legislación laboral. En 89 90 91 92 93 76 (FESPAD) (2013). Informe sobre la situación de los derechos laborales y sindicales. El Salvador 2012. San Salvador: Autor. p. 18. Ibíd. PDDH (2011, 1 de mayo). Mensaje del Procurador en ocasión de conmemorarse el día internacional de la clase trabajadora. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menuareas/menueco/218-mensaje-del-procurador-en-ocasion-de-conmemorarse-el-dia-internacional-de-laclase-trabajadora; PDDH (2012, 15 de mayo). Pronunciamiento de la PDDH ante los despidos en las Alcaldías a partir del 1 de mayo de 2012. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/315-pronunciamiento-de-la-pddh-ante-los-despidos-en-las-alcaldias-a-partir-del-1-de-mayo-de-2012; PDDH (2012, 31 de octubre). Mensaje del Procurador con motivo del Día del Sindicalismo en El Salvador. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/435-mensaje-del-procurador-con-motivo-del-dia-del-sindicalismoen-el-salvador; PDDH (2013, 8 de abril). PDDH presenta resolución sobre violación a libertades sindicales en Órgano Judicial PDDH. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/487-pddh-presenta-resolucion-sobre-violacion-a-libertades-sindicales-en-organojudicial; PDDH (2013, 29 de abril). Procurador da a conocer resolución inicial ante despidos en Alcaldía de Apopa. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/498-procurador-da-a-conocer-resolucion-inicial-ante-despidos-en-alcaldia-de-apopa; PDDH (2013, 1 de mayo). Mensaje del Procurador en el marco del Día Internacional del Trabajo 2013. Documento recuperado de http://www.pddh.gob. sv/41-noticias/conferencias/499-mensaje-del-procurador-en-le-marco-del-dia-internacional-del-trabajo-2013. Por ejemplo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, ha hecho varios señalamientos de reformas necesarias a la legislación para adecuarla a los Convenios 87 y 98. Ver http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0:: 234C'311)28C-(4C'39286=C-(4C'39286=C2%1)4C'311)28C=)%6)P Salvador,2013 y http://www.ilo.org/ dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_ '39286=C2%1)4C'311)28C=)%6)P7EPZEHSV 2yI^ ) HI SGXYFVI Libertad sindical en El Salvador. Necesidad de reformas a la legislación. Ponencia presentada en el Foro “Presente y Futuro del Sindicalismo en El Salvador”, organizado por la PDDH. San Salvador, El Salvador. Comisión Internacional de Juristas (CIJ) (2013). Acceso a la justicia. Recursos contra las violaciones de los derechos sociales en El Salvador. Ginebra: Autor. Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) la actualidad, persisten numerosas prácticas orientadas a limitar el ejercicio de las libertades sindicales y los derechos laborales en el sector privado, en el sector público y en las municipalidades. Por otro lado, cabe agregar que los trabajadores y las trabajadoras del sector agropecuario, del sector de servicios domésticos, y del sector informal, se encuentran en un nivel de desprotección sumamente grave en cuanto a sus derechos laborales, sindicales y riesgos laborales. La mayor parte de personas que se desempeñan en estos sectores no pueden acceder a los sistemas de seguros de salud ni de pensiones contributivas, por lo que incluso se ven obligadas a trabajar hasta edades muy avanzadas94 y en condiciones extremadamente precarias. Resulta muy preocupante que a pesar de lo importante que resulta la agricultura para el desarrollo del país, no se han desarrollado esfuerzos verdaderos por establecer un marco de protección especial para la fuerza laboral de este sector, y más bien se mantienen las peligrosas condiciones en las que se desempeñan. Los bajos salarios, la carencia de seguridad social, el incumplimiento de los derechos laborales95, y los elevados riesgos ocupacionales, colocan a los trabajadores y trabajadoras del sector agropecuario como una población a la que se le violan de forma sistemática los derechos laborales. La generación de empleos de acuerdo a los criterios de trabajo decente es una de las principales deudas con el sector agropecuario, y hasta el momento no se observan iniciativas por reducir la exclusión bajo la que se desenvuelve. No obstante, la única forma de renovar el interés de las nuevas generaciones en las oportunidades laborales dentro de este sector, será establecer mejores condiciones de trabajo, en concordancia con los beneficios que se obtienen en otras áreas de actividad como la industria, el comercio y los servicios. Igualmente, en materia de servicios domésticos es lamentable que El Salvador no haya ratificado el Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Esto indica que hace falta un compromiso real en cuanto al reconocimiento del valor de este tipo de trabajo. Tampoco la legislación nacional ha sido modificada para fortalecer el cumplimiento de los derechos laborales en este sector. Finalmente, es necesario indicar que resulta preocupante que en El Salvador, aun y cuando es ampliamente conocido que ante la falta de oportunidades laborales una gran parte de la población se inserta en el sector informal, continúen presentándose vulneraciones a derechos humanos en los desalojos de puestos de venta comercial informal en espacios públicos que se llevan a cabo dentro del marco de procesos de reordenamiento que desarrollan las alcaldías municipales. Si bien es cierto a los gobiernos municipales les asisten potestades para llevar a cabo dichos procesos, los mismos deben realizarse bajo el estricto respeto de la dignidad humana, la integridad personal, el debido proceso legal, el derecho al trabajo, el ejercicio lícito de actividades comerciales y el goce de un nivel de vida digno. Lastimosamente, este no ha sido el caso, y los procesos de desalojo se han caracterizado por la falta de diálogo, uso excesivo de la fuerza, y por el poco esfuerzo por buscar alternativas creativas y novedosas que beneficien a toda la ciudadanía y permitan acceder a los vendedores informales a otras opciones para obtener ingresos. Más allá de eso, es importante señalar que ni siquiera los resultados pueden utilizarse como 94 95 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. pp. 183-185. Sauma, P. (2012). Caso de El Salvador. En F. Soto & E. Klein, Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina. Tomo I (pp. 227 – 263). Roma: FAO. 77 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) justificación para estas medidas, ya que ha resultado evidente que los desalojos no constituyen una verdadera solución a los fenómenos del comercio informal. Recomendaciones: Que el Estado salvadoreño redoble sus esfuerzos en materia de reducción del desempleo y el subempleo, mediante una evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas y el diseño de una estrategia a largo plazo para incrementar los niveles de trabajo decente, prestando atención especial a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como las personas que residen en el área rural y en los asentamientos urbanos precarios, las mujeres, las personas con discapacidad, la juventud, las personas en la adultez media, y las personas con bajos niveles de escolaridad. Que el Estado salvadoreño adopte medidas especiales para la inclusión laboral de las personas que llevan mucho tiempo desempleadas y en las regiones con mayores niveles de desempleo y subempleo, ofreciendo una mayor diversidad de programas de formación profesional y facilitando el acceso a los mismos. Que el Estado salvadoreño efectúe una revisión de los salarios mínimos vigentes, en consonancia con lo establecido en la Constitución de la República y el Código de Trabajo, a fin de garantizar que los mismos sean suficientes para que todos los trabajadores, las trabajadoras y sus familias tengan un nivel de vida adecuado. Asimismo, se debe establecer un mecanismo para que los salarios mínimos se ajusten al costo de la vida periódicamente. Además de ello, es indispensable que se diseñe un plan para eliminar progresivamente las enormes diferencias que existen entre los salarios mínimos de acuerdo a la rama de actividad económica. Que el Estado salvadoreño adopte medidas para facilitar la formación de sindicatos, protegiendo a los trabajadores y trabajadoras de cualquier tipo de amenaza, coacción o intimidación. Asimismo, que el Estado respete la labor y el fuero sindical, absteniéndose de realizar despidos injustificados de líderes y lideresas sindicales, y brindando las condiciones apropiadas para que puedan desempeñar su trabajo sindical en condiciones de libertad, independencia y seguridad. Que el Estado salvadoreño erradique y sancione las constantes violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales, a través de la adecuación de su marco jurídico en consonancia con la legislación internacional, la aplicación estricta de la legislación vigente, y el fortalecimiento de la institucionalidad, independencia y eficiencia de los mecanismos de inspección laboral y de los tribunales en la materia. Además, se recomienda el establecimiento de mecanismos especiales para garantizar una adecuada vigilancia de las condiciones de trabajo en el sector agropecuario y en el sector de servicios domésticos, así como la revisión de la idoneidad de las sanciones estipuladas por violaciones a la legislación laboral, a fin de que las mismas representen verdaderos desincentivos ante la comisión de infracciones. Que el Estado salvadoreño ratifique el Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Que el Estado salvadoreño aborde el fenómeno del trabajo informal, bajo un irrestricto respeto de los derechos humanos, y mediante soluciones integrales y concertadas que beneficien a toda la población. Particularmente debe abstenerse de hacer un uso excesivo de la fuerza durante los procesos de reordenamiento del espacio público, privilegiando los mecanismos de diálogo y mediación entre los sectores involucrados. 78 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Artículo 9. Derecho a la seguridad social El cumplimiento del derecho a la seguridad social es uno de los que mayor preocupación genera a esta Procuraduría. Si bien es cierto el país ha avanzado en los últimos años añadiendo un esquema de seguridad social no contributivo, el mismo tiene un alcance sumamente limitado, mientras que el esquema contributivo afronta gravísimas deficiencias. Ya en 2006, el Comité DESC expresó al Estado su preocupación debido a que la reforma del sistema de pensiones efectuada en 1998 eliminó el principio de solidaridad del sistema y, además, porque la cobertura mínima prevista en este no garantizaba un nivel de vida digno96. En este sentido, se debe señalar que dichos problemas persisten y que, aunque la privatización del sistema se planteó como la alternativa para asegurar la sostenibilidad de la seguridad social en el país, mejorar la cobertura, y garantizar pensiones adecuadas, ninguna de estas proyecciones ha sido cumplida. Lastimosamente, en la actualidad, El Salvador se ubica entre los países latinoamericanos con menor cobertura en cuanto a la seguridad social, tanto entre la población económicamente activa (PEA) como entre la población adulta mayor97. Al respecto, un diagnóstico reciente establece que: Uno de los principales retos para el sistema de pensiones es el de incrementar la cobertura. Para el período 1998-2011, la cobertura del sistema contributivo se ha estancado en alrededor del 23,6% de la PEA de acuerdo con las cifras institucionales, y el 30,7% según las encuestas de hogares. Estos datos muestran una baja cobertura de los cotizantes activos al sistema de pensiones. De la población adulta mayor, de acuerdo a los datos del Censo de 2007, solo el 20,5% de la PEI [Población económicamente inactiva] reciben pensiones. Es decir, no obstante haber alcanzado las edades de retiro, solo un bajo porcentaje de la población adulta mayor logra acceder a una pensión98. Estas cifras reflejan la gravedad de la situación en el país, ya que únicamente un sector muy reducido de la población accede al sistema de seguridad social. De cualquier forma, se debe señalar que este desempeño en cuanto a la cobertura había sido anticipado por diversos diagnósticos incluso antes de que se implementara la reforma99. El predominio del sector informal, el enorme aumento en la cotización de los trabajadores y trabajadoras, y las experiencias previas de otros países, indicaban que una ampliación significativa en la cobertura era poco probable100. No obstante, pese a las advertencias tempranas, no se han tomado acciones para dar respuesta a tales dificultades. La situación es especialmente grave para los trabajadores y trabajadoras del sector informal, del sector agropecuario y del sector de servicios domésticos. Aunque la Constitución de la República establece que “los trabajadores agrícolas y domésticos tienen derecho a protección en materia de salarios, jornada de trabajo, descansos, vacaciones, seguridad social, indemnizaciones por despido y, en general, a las prestaciones sociales”; y que la extensión y naturaleza de estos derechos se determinarán por ley “de 96 97 98 99 100 Comité DESC (2007). Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del pacto. Observaciones ½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW 7SGMEPIW]'YPXYVEPIW )P7EPZEHSV (E/C.12/SLV/CO/2). 27 de junio de 2007. Rofman, R., Apella, I. y Vezza, E. (2013). Introducción. En Más allá de las pensiones contributivas. Catorce experiencias en América Latina (pp. 9-59). Buenos Aires: Banco Mundial. Córdova, R. (2013). El Salvador. En R. Rofman, I, Apella y E. Vezza, M., Más allá de las pensiones contributivas. Catorce experiencias en América Latina (pp. 287-312). Buenos Aires: Banco Mundial. p. 309. Mesa-Lago, C., Córdova, R. y López, C. (1994). El Salvador: Diagnóstico y propuesta de la reforma de la seguridad social. San Salvador: FUNDAUNGO; Mesa-Lago, C. (2011). Diagnóstico del sistema de pensiones en El Salvador (1998-2010). San Salvador: FUNDAUNGO. p. 18. Ibíd. 79 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) acuerdo con las condiciones y peculiaridades del trabajo” (art. 45 Cn.), la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP), aprobada en 1996, únicamente estipula que estos sectores serían incorporados mediante un reglamento especial que tendría en cuenta sus particularidades (art. 9). No obstante, pese a que la falta de regulación de estos aspectos dentro de la misma ley era ya una omisión importante, hasta la fecha –es decir más de 16 años después de su entrada en vigencia- ni siquiera se ha cumplido con la obligación de elaborar dichos reglamentos101. Esto refleja claramente la desatención y negligencia estatal con respecto a la protección de estos sectores. Sumado a esto, la cobertura de personas que trabajan en el sector informal es muy limitada, ya que si bien es cierto podrían afiliarse como independientes, además de pagar su cotización, asumirían adicionalmente el monto de la cotización otorgado normalmente por el empleador y la comisión administrativa. Esto implica serios desincentivos para la afiliación y cotización en el sector, ya que representa más del doble de lo que pagan los asalariados formales en sus cotizaciones102. Todo esto refleja la enorme desatención que ha existido en torno a la problemática del derecho a la seguridad social en el país, y debido a ello, muchas personas adultas mayores continúan trabajando hasta edades muy avanzadas con el fin de obtener ingresos para subsistir. De acuerdo a los datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007, se calcula que entre los hogares con jefaturas de personas adultas mayores, el 38.1% es parte de la PEA y el 61.9% de la PEI103. Por tanto, es claro que una gran parte de la población adulta mayor está siendo afectada directamente por la falta de cobertura de la seguridad social, y se ven obligadas a buscar un empleo –muchas veces en condiciones precarias o inadecuadas para su edad- con el fin de obtener un ingreso mínimo. Ante estas claras deficiencias estructurales en el mercado laboral y el sistema de pensiones contributivo, debe reconocerse como un avance muy positivo el hecho de que desde 2009 se esté implementando el esquema de pensiones no contributivas denominado “Pensión Básica Universal”. Este programa consiste en la entrega de un apoyo mensual de $50 que brinda el Gobierno a personas mayores de 70 años que vivan en uno de los 75 municipios que presentan mayores niveles de pobreza, que sean de escasos recursos económicos o vivan en situaciones de abandono y que se encuentren fuera de los sistemas de seguridad social contributivos. También se puede destacar que desde el inicio del programa se han realizado esfuerzos por mejorarlo104, aunque no se puede obviar que el mismo continúa teniendo una cobertura y un presupuesto sumamente bajos105, y que el monto de la pensión otorgada no es suficiente para la satisfacción de las necesidades básicas. De cualquier forma, es un paso inicial hacia la construcción de un sistema solidario de protección social, y el mismo debería fortalecerse de forma inmediata, debido a que la población que se beneficia de este necesita una atención urgente. Para ello, es necesario que se le dé al mismo un mayor respaldo, y que llegue a ser verdaderamente universal y no focalizado, como se ha hecho hasta el momento. En este sentido, a juicio de esta Procuraduría, el programa debería convertirse en un derecho 101 102 103 Ibíd. p. 25 Ibíd. p. 25. Córdova, R., Burgos, D., Tablas, V. y Rodríguez, F. (2010). 0EW XIRHIRGMEW HIQSKVj½GEW HI PE TSFPEGMzR EHYPXE QE]SV ] WY MRGMHIRGME IR PEW TSPuXMGEW públicas en materia de seguridad social. San Salvador: FUNDAUNGO. p. 59. 104 GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. pp. 86-87. 105 Rofman, R., Apella, I. y Vezza, E. (2013). Introducción. En Más allá de las pensiones contributivas. Catorce experiencias en América Latina (pp. 9-59). Buenos Aires: Banco Mundial; Córdova, R. (2013). El Salvador. En R. Rofman, I, Apella y E. Vezza, M., Más allá de las pensiones contributivas. Catorce experiencias en América Latina (pp. 287-312). Buenos Aires: Banco Mundial. 80 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) a una pensión universal, que cubra a toda la población adulta mayor, es decir, mayores de 60 años, que no se encuentre cubierta por otro esquema previsional. Por otra parte, la suficiencia de las pensiones también es causa de enorme preocupación para esta Procuraduría, tanto en lo que se refiere a los montos entregados actualmente y las pensiones que se entregarán a los futuros pensionados y pensionadas. En primer lugar, con respecto a las pensiones actuales, aunque se han aplicado aumentos a las pensiones mínimas en 2007, 2009 y 2011, solo los últimos dos han sido significativos. Para 2011, la pensión mínima por vejez e invalidez total aumentó de $143.64 a $207.6, mientras que la de invalidez parcial aumentó de $100.55 a $145.32 106. No obstante, aún con estos progresos, desde 2011 no se ha registrado un nuevo incremento, pese a que la situación sigue siendo bastante precaria. Por ejemplo, para el ejercicio financiero fiscal 2014, el monto de las pensiones mínimas por vejez o invalidez total se situó nuevamente en $207.60 mensuales107, con lo cual se alcanzaría a cubrir la canasta básica alimentaria108 (umbral de pobreza extrema), pero no la canasta básica ampliada (umbral de pobreza)109. Por su parte, la pensión mínima por invalidez parcial (US$145.32), no es suficiente ni siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria urbana. Añadido a esto, lamentablemente la Ley SAP no establece un mecanismo efectivo que proteja a las personas pensionadas frente al aumento del costo de la vida, lo cual afecta de forma importante a la suficiencia de las pensiones. Al respecto, se ha afirmado: En términos generales, la normativa del SAP [Sistema de ahorro de pensiones] no contempla indexaciones o ajustes por inflación a las pensiones […] La recurrente alza en los precios de los últimos años (producto, entre otras causas, de los incrementos en los precios de los alimentos y del petróleo) tiene efectos importantes en la capacidad adquisitiva de las pensiones actuales y futuras, que no están siendo cuantificados y que no serán compensados110. Este vacío en la Ley SAP representa un problema importante, dado que deja una enorme discreción al Ministerio de Hacienda en cuanto a la aplicación de ajustes en las pensiones mínimas del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) (art. 145) y en la revalorización de los montos de las pensiones que entrega el Sistema Pensiones Público (SPP) (art. 210). Añadido a esto, otro aspecto que indica problemas en la suficiencia de las pensiones es que la tasa de reemplazo, es decir, la relación entre el monto de la pensión recibida y los salarios recibidos previos a la jubilación, se ha estimado en 28% y el 32% para los hombres y entre el 30% y el 34% entre las mujeres, lo cual es inferior a la norma mínima establecida por la OIT, equivalente al 40% para pensiones por vejez111, de acuerdo al Convenio No. 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social112. 106 107 108 109 110 111 112 Decreto legislativo No. 514/2010. 0I]HITVIWYTYIWXSTEVEIPINIVGMGMS½WGEPUYIWIMRMGMEIPYRSHIIRIVS]GSRGPY]IIPXVIMRXE]YRSHIHMGMIQFVIHI dos mil onceHIRSZMIQFVIHI4YFPMGEHSIRIP(MEVMS3½GMEP8SQS2S2QIVSHIHMGMIQFVIHI Decreto legislativo No. 522/2013. 0I]HITVIWYTYIWXSTEVEIPINIVGMGMS½WGEPUYIWIMRMGMEIPYRSHIIRIVS]GSRGPY]IIPXVIMRXE]YRSHIHMGMIQFVIHI dos mil catorceHISGXYFVIHI(MEVMSS½GMEP8SQS22QIVSHIHMGMIQFVIHI En febrero de 2014, la canasta básica alimentaria urbana costaba $175.47 y la rural $123.26. El costo de la canasta básica ampliada equivale al doble del costo de la canasta básica alimentaria. Por ejemplo, para febrero de 2014, la canasta básica ampliada en el área urbana costaba aproximadamente $351.00. Argueta, N. (2011). ERXVIIPMRHMZMHYS]IP)WXEHS 'SRHMGMSRERXIW½RERGMIVSWHIPWMWXIQEHITIRWMSRIWIR)P7EPZEHSV. San Salvador: FUNDAUNGO. p. 36. Ibíd. p. 37. :EPIPETIyEWIyEPEVUYIPEWXMQSWEQIRXI)P7EPZEHSVRSLEVEXM½GEHSIWXI'SRZIRMS 81 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Por otra parte, con respecto a las pensiones futuras, la PDDH también ha identificado importantes amenazas en cuanto a su suficiencia. La preocupación principal se debe a que en septiembre de 2006, con el objetivo de aliviar la carga que suponía el pago de las pensiones del SPP con fondos del Presupuesto General de la Nación, se aprobó la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, mediante la cual se autorizó que dicho Fideicomiso emitiera Certificados de Inversión Previsionales (CIP), títulos valores que han sido utilizados para financiar el enorme costo de la transición al SAP. A la vez, la ley estableció que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) estaban obligadas a invertir en los CIP. En consecuencia, con el Fideicomiso, el Estado aseguró que las AFP inviertan los fondos en títulos de deuda pública, financiando así parte del déficit fiscal, pero bajo unas condiciones muy desfavorables para la rentabilidad de los fondos de los y las cotizantes. Pese a ello, a inicios de 2012, nuevamente debido a la situación fiscal, se aprobaron reformas a la Ley SAP con el fin de elevar la proporción de los fondos que deben invertir las AFP en los CIP113, yendo claramente en contra de los intereses de la población cotizante. Ante esta decisión, es necesario recalcar la obligación del Estado de buscar una solución integral –y no solamente coyuntural- al desafío de cubrir los compromisos financieros con el SPP114. Si bien es cierto en esta ocasión también se introdujo una reforma que disminuyó la comisión que cobran las AFP, esto no justifica las pérdidas en cuanto a rentabilidad que el Estado está generando en las cuentas de los y las cotizantes. Como puede observarse, estas acciones han sido enmarcadas en uno de los problemas fundamentales que afronta el sistema de la seguridad social en el país: la sostenibilidad. Se han identificado serios problemas de financiamiento tanto en el SPP como en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Incluso las autoridades gubernamentales han reconocido la gravedad de la problemática, situando la sostenibilidad del sistema como uno de los principales desafíos del país en materia fiscal115. Y no es para menos, si se ha estimado que la deuda de pensiones crece en un millón de dólares por cada día y que en 2017 podría crecer hasta alrededor de unos dos millones de dólares diariamente116. Dicho todo esto, es claro que con la reforma de los años noventa no se ha avanzado significativamente en la generación de opciones reales de bienestar y calidad de vida para las personas en edad de jubilación, y tampoco se ha podido asegurar la sostenibilidad del sistema117. A la vez, el sistema actual ha acentuado algunas disparidades de género, ha reducido la solidaridad social y no ha podido garantizar la cobertura en el sector agropecuario, en el de servicios domésticos ni en el sector informal118. 113 114 115 116 117 118 82 Rivera, E. (2012, 30 de marzo). Reforman cuatro artículos de la ley de ahorro de pensiones. Diario El Mundo, p. 8; Quintanilla, L. (2012, 30 de marzo). Aprueban reformas a ley de pensiones. 0E4VIRWE+Vj½GE, pp. 12-14 Mendoza, R. (2012, 30 de marzo). Asamblea reforma la ley de pensiones. El Diario de Hoy, pp. 2–3. Flores, R. (2012, 30 de marzo). Presidente asegura que reformas al sistema de pensiones eran necesarias. Diario CoLatino, p. 5; Henríquez, A. (2011, 7 de agosto). “Las AFP están regalando al Estado el dinero de los cotizantes”. Entrevista a Carmelo Mesa-Lago. El Faro. Documento recuperado de http://www.elfaro.net/es/ 201107/ noticias/5027/; Flores, R. (2012, 29 de marzo). “El sistema de pensiones socializó las pérdidas y privatizó las ganancias”. Entrevista a Lorena Peña. Diario CoLatino, p. 2. Diario El Mundo (2013, 2 de julio). Hacienda: el próximo gobierno no podrá pagar pensiones. Diario El Mundo. Documento recuperado de LXXTIPQYRHSGSQWZLEGMIRHETVS\MQSKSFMIVRSRSTSHVETEKEVTIRWMSRIW 3VIPPERE 0 ] 6MZIVE ) HI QE]S *YRIW GEPM½GE HI urgentes las reformas a pensiones. Diario El Mundo(SGYQIRXSVIGYTIVEHSHILXXTIPQYRHSGSQWZJYRIWGEPM½GEHIYVKIRXIWPEWVIJSVQEW a-pensiones; Quintanilla, L. (2013, 20 de mayo). Deuda por pensiones ha acumulado 20,000 mill. 0E4VIRWE+Vj½GE. Documento recuperado de LXXT[[[PETVIRWEKVE½GEGSQHIYHETSVTIRWMSRIWLEEGYQYPEHSQMPP Hernández, G. (2012, 15 de junio). Acevedo: La deuda de pensiones crece un millón de dólares diarios. El Diario de Hoy, p. 3. Aguilar, A. Aguilar, V. y Méndez, M. (2012). II. Panorama nacional. 7. El Salvador. En G. Escobar y J. López, Pensiones. IX Informe sobre Derechos Humanos de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (pp. 231- 244). Madrid: Trama; Mesa-Lago, C (2011). Diagnóstico del sistema de pensiones en El Salvador (1998 - 2010). San Salvador: FUNDAUNGO. Mesa-Lago, C (2011). Diagnóstico del sistema de pensiones en El Salvador (1998 - 2010). San Salvador: FUNDAUNGO; Argueta, N. (2011). Entre IPMRHMZMHYS]IP)WXEHS 'SRHMGMSRERXIW½RERGMIVSWHIPWMWXIQEHITIRWMSRIWIR)P7EPZEHSV. San Salvador: FUNDAUNGO. Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) El sistema de pensiones actual resulta más bien un reproductor y amplificador de la exclusión social y de las desigualdades de género que existen en las condiciones de vida de la población. Por ello, no resulta sorprendente que El Salvador sea uno de los países de América Latina en los que las pensiones prácticamente no tienen incidencia en la reducción de la pobreza entre las personas adultas mayores. Un estudio especializado basado en cifras de 2006 determinó que en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica y Uruguay, la simulación de la desaparición de las transferencias en concepto de pensiones elevaba la pobreza entre las personas mayores de 65 años de forma dramática. Por ejemplo, en Argentina y Costa Rica la pobreza en ese grupo incrementaba del 3.7% al 46.5% y del 18.7% al 44.3%119, respectivamente. Por el contrario, en El Salvador, la pobreza entre ese mismo grupo solamente aumentaba del 20.7% al 24.6%, cuando en promedio para toda la región, aumentaba del 20.1% al 35.8%120. En cambio, al hacer un ejercicio similar midiendo el impacto que tendría la desaparición de transferencias como las remesas, El Salvador aparece como uno de los países más afectados. En este caso, la pobreza aumentaría del 20.7% al 39.4%121. Bajo este panorama, se vuelve impostergable la implementación de una nueva reforma al sistema de pensiones –acompañada de una reforma fiscal de carácter progresivo- que aborde todos estos problemas, pero que a la vez garantice que no se afecten los derechos adquiridos. Dentro de la misma se debería tener en cuenta también la necesidad de articular el sistema contributivo y el no contributivo, y de atender las desigualdades de género, el duopolio de las AFP, y los defectos estructurales del mercado laboral salvadoreño. De igual manera, se deben resolver otros problemas que están afectando constantemente a muchas personas cotizantes o pensionadas, tales como la aprobación o retención ilegal de las cuotas previsionales, la evasión y la mora previsional122, el extenso período que tienen que esperar las personas que se jubilan para empezar a recibir su pensión y reducciones drásticas en las pensiones debido a errores administrativos123. Recomendaciones Que el Estado salvadoreño elabore de forma inmediata un diagnóstico integral de la situación de la seguridad social en el país, desde un enfoque de derechos y bajo una amplia participación social. Este diagnóstico debe efectuarse bajo una visión de largo plazo, pero que a la vez contenga medidas a corto plazo para atender las problemáticas más urgentes y que amenazan el derecho a la seguridad social de la población, tales como la insuficiencia de las pensiones, la falta de ajuste de las mismas al costo de la vida, la baja rentabilidad que están obteniendo los fondos, entre otras. Que el Estado salvadoreño efectúe una nueva reforma al sistema de pensiones, bajo la perspectiva de la seguridad social como un derecho humano, garantizando el respeto de los derechos adquiridos, y de acuerdo a previsiones realistas del comportamiento fiscal, económico y laboral del país. Se debe construir un 119 Cotlear, D. & Tornarolli, L. (2010). Poverty, the Aging, and the Life Cycle in Latin America. En D. Cotlear (Ed.) Population aging. Is Latin America ready? (pp. 79- 134). Washington, DC: World Bank. p. 109. 120 Ibíd. p. 109. 121 Ibíd. p. 112. 122 Mesa-Lago, C (2011). Diagnóstico del sistema de pensiones en El Salvador (1998 - 2010). San Salvador: FUNDAUNGO. 123 Esta Procuraduría ha recibido reiteradas denuncias de personas a quienes se les ha retrasado de forma excesiva el inicio de entrega de la pensión después de su jubilación. Asimismo, se han recibido denuncias de personas que después de varios años de recibir su pensión, de JSVQEVITIRXMRE¯]IREPKYRSWGEWSWWMRTVIZMERSXM½GEGMzRLERWMHSEJIGXEHEWTSVHVjWXMGEWVIHYGGMSRIWIRIPQSRXSHIPEQMWQEHIFMHS a problemas administrativos. En estos casos, usualmente las instituciones han cometido errores en el cálculo inicial del monto que le correspondía al pensionado o pensionada, y con el objetivo de restituir a la institución los montos otorgados de forma equivocada, optan por QSHM½GEVPETIRWMzRHIJSVQEMRGSRWYPXE]HIXEPQERIVEUYIEJIGXERWIVMEQIRXIPEIGSRSQuEHIPEWTIVWSREWTIRWMSREHEW 83 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) nuevo sistema de pensiones que tenga cobertura universal y que esté basado en la solidaridad, con el fin de que toda la población cuente con los recursos suficientes para mantener un nivel de vida digno, aunque afronte estados de necesidad (pobreza, invalidez, desempleo, vejez, etc.). En esta reforma resulta primordial que se asegure la sostenibilidad, la equidad entre mujeres y hombres, y que se diseñen mecanismos novedosos para que los trabajadores y las trabajadoras del sector agropecuario, del sector de servicios domésticos, independientes, y del sector informal, tengan acceso a la seguridad social. Que el Estado salvadoreño aumente la cobertura de la Pensión Básica Universal, para que llegue a ser verdaderamente universal y no focalizada, como se ha hecho hasta el momento. En este sentido, el Estado debe disponer los mecanismos y recursos financieros, institucionales y legales para que este programa se convierta en un derecho a una pensión universal, que cubra a toda la población adulta mayor (es decir, mayores de 60 años) que se encuentra fuera de los sistemas de seguridad social, y no solamente a las personas mayores de 70 años. Que el Estado salvadoreño ratifique el Convenio número 102 de la OIT relativo a la norma mínima de la seguridad social. Artículo 10. Protección a la familia Las familias salvadoreñas continúan afrontando múltiples obstáculos para vivir en contextos libres de violencia y exclusión social, por lo que la inseguridad pública, la desintegración familiar, la migración, la violencia intrafamiliar y el trabajo infantil son problemas de gran magnitud en el país. En primer lugar, se debe mencionar que la situación de violencia e inseguridad continúa siendo alarmante a pesar de la reducción que se ha registrado en el número de homicidios a partir de marzo de 2012124. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, continúa siendo muy alta (Ver Tabla III) y otros delitos frecuentes como las extorsiones (Ver Tabla IV), las lesiones y las violaciones siguen afectando a un gran número de familias. Esto se enmarca en una situación de extrema gravedad, ya que los grupos delincuenciales organizados han adquirido un enorme poder y han ido ampliando el control territorial en el país. Sumado a esto, la impunidad generalizada frente a la criminalidad y la violencia es alarmante, y resulta un problema sistémico, dado que involucra deficiencias en la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial, que se han visto totalmente sobrepasados por la delincuencia. 124 84 Es necesario señalar que a partir del segundo semestre de 2013 se ha observado un importante repunte en el número de homicidios registrados. Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Tabla III Homicidios registrados 2006-2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Número total de homicidios registrados 3,928 3,497 3,179 4,382 4,006 4,371 2,576 2,490 788 Tasa de homicidios (por cada 100,000 habitantes) 65 57 52 71 65 70 41 - Promedio diario de homicidios 11 10 9 12 11 12 7 7 9 *Las cifras de 2014 corresponden a los registrados entre el 1 de enero y 31 de marzo. Fuente: elaboración propia de acuerdo a datos de FUNDAUNGO, GOES, PNUD y reportes de medios de comunicación125. Tabla IV Extorsiones registradas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Número total de extorsiones registradas 2,525 2,497 2,729 4,528 3,992 3,296 2,937 Tasa de extorsiones Promedio diario (por cada 100,000 de extorsiones habitantes 42 7 41 7 45 7 74 12 64 11 53 9 47 8 Fuente: elaboración propia de acuerdo a datos de PNUD126. En este contexto, es relevante mencionar que el entorno de inseguridad del país ha impactado de forma importante en la desintegración familiar ya que un gran número de familias han perdido a varios de sus integrantes en actos de violencia. No obstante, de forma general se puede afirmar que no existen de parte de las autoridades gubernamentales acciones de apoyo y seguimiento idóneas para las familias 125 126 Para el número de homicidios entre 2006 y 2008, ver FUNDAUNGO (2012). Atlas de la violencia en El Salvador (2005-2011). San Salvador: Autor; para 2009-2012 ver GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor; para 2013, ver Santos, J. (2014, 2 de enero). 2013 cerró con 2,490 muertes violentas. 0E4VIRWE+Vj½GE, p.8; y para 2014 ver Santos, J. (2014, 5 de abril). Los homicidios se concentran en 146 municipios. 0E 4VIRWE +Vj½GE, p. 12. Ver también PNUD (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina. Anexo estadístico-metodológico. Panamá: Autor. PNUD (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina. Anexo estadístico-metodológico. Panamá: Autor. 85 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) afectadas por este tipo de crímenes, ni siquiera para los niños, niñas y adolescentes han quedado en situación de orfandad127. Añadido a esto, se debe señalar que incluso los centros escolares se han vuelto entornos inseguros para los niños, las niñas y adolescentes debido al acoso e infiltración por parte de las pandillas128. Se han denunciado continuamente extorsiones y amenazas contra estudiantes y docentes129. En 2011, las autoridades gubernamentales estimaban que al menos 300 centros escolares habían sido infiltrados por las pandillas130. El PNUD ha señalado su preocupación por estos hechos dado que ponen en riesgo el papel de la escuela en la sociedad, ya que se ha debilitado el rol y la capacidad de incidencia del personal docente, y a la vez, se pone en cuestión la figura de la escuela como agente de cambio131. Pese a esto, el MINED en muchas ocasiones ha sido negligente en cuanto a la protección de profesores y profesoras que han recibido amenazas de las pandillas. La PDDH ha tenido que intervenir en distintos casos para incidir en el traslado de docentes que se encuentran en situación de peligro132. Por otro lado, también se debe señalar que la violencia intrafamiliar continúa siendo un fenómeno muy frecuente. Pese a que ha sido positiva la aprobación de instrumentos normativos como la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (2009) y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2010), los cuales han entrado en vigencia de forma bastante reciente, todavía no se registra un avance significativo en la reducción de la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito doméstico. Por ejemplo, de acuerdo al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), entre 2011 y 2012, la Fiscalía General de la Republica “recibió 2,149 denuncias por delitos cometidos contra niñez y adolescencia vinculados al derecho de la integridad personal en el ámbito de las relaciones familiares”133. Las principales causas de las denuncias fueron “incumplimiento de los deberes de asistencia económica, el maltrato infantil, el abandono y desamparo de la persona, y violencia intrafamiliar”134. Asimismo, en cuanto a violencia contra las mujeres, la Policía Nacional Civil registró 2,493 denuncias por violencia intrafamiliar durante el 2012135, es decir casi 7 denuncias diarias; mientras que durante el primer semestre de 2013, esta misma institución recibió 1,490 denuncias por casos similares136, lo que equivale a más de ocho denuncias diarias. 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 86 Ramírez, S. (2014, 6 de abril). El país de los huérfanos. 6IZMWXE7qTXMQS7IRXMHS 0E4VIRWE+Vj½GE. pp. 6-11. PDDH y la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA) (2012). Informe situacional sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en un contexto de violencia. San Salvador: Autor. Ibíd. Rivas, G. (2011, 25 de mayo). Pandilleros inscritos en 300 escuelas. 0E4VIRWE+Vj½GE, pp. 2 - 4. PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. pp. 221-223. Joma, S. (2011, 23 de diciembre). Dos veces ha cambiado de escuela por las amenazas. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http:// www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6497688 CONNA (2013). Estado de situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 75. Ibíd. PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador: Autor. p.130. Sosa, B. (2013, 18 de agosto). Registran 84 feminicidios a junio de 2013. 0E4VIRWE+Vj½GE. Documento recuperado de http://www.laprensagra½GEGSQVIKMWXVERJIQMRMGMHMSWENYRMSHI Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Con todo, debe reconocerse que, de forma reciente, mediante le puesta en marcha del programa Ciudad Mujer y la construcción del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, se han dado pasos importantes para el abordaje de la violencia intrafamiliar. Por otra parte, la exclusión social también ha incidido en la persistencia de otras problemáticas como la emigración y el trabajo infantil. Un gran número de personas siguen optando por dejar el país principalmente en busca de oportunidades de empleo137, y de forma reciente, también se ha empezado a poner mayor atención en las familias que abandonan el país debido a la inseguridad y amenazas del crimen organizado138. Al mismo tiempo, se debe señalar que, en los últimos años, las rutas que utilizan los salvadoreños y salvadoreñas que emigran de forma ilegal hacia Estados Unidos, se han vuelto extremadamente peligrosas, especialmente durante su tránsito por México, debido a que grupos de crimen organizado han encontrado en el secuestro de migrantes y la extorsión a sus familias, una fuente de ingresos muy lucrativa139. Pese a la gravedad de la situación, el Estado no ha desarrollado acciones orientadas a garantizar la protección de los y las migrantes durante su tránsito hacia Estados Unidos y tampoco ha avanzado de forma significativa en la generación de condiciones para alentar a la población a permanecer en el país. De manera similar, no se han observado esfuerzos significativos por desarrollar programas integrales de asistencia para los niños, niñas y adolescentes cuyos padres han emigrado, tal y como lo recomendó el Comité DESC en 2006140. Por otra parte, también resulta preocupante que el trabajo infantil continúa siendo un fenómeno extendido en el país y que prácticamente no ha cambiado desde 2005141. Se calcula que actualmente 191,599 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años edad, realizan alguna actividad laboral en el país. De esta cifra, solamente 28,022 cuentan con un permiso de trabajo, mientras que un total de 110,626 se encuentra desempeñando “trabajos peligrosos”142. Lamentablemente, una gran cantidad de niños y niñas se ven expuestos a condiciones de trabajo precarias (sobre todo en la agricultura) y a largas jornadas, lo cual afecta su salud, desarrollo integral y asistencia escolar. Por ejemplo, el 85% de los niños y niñas entre 7 y 13 años que trabajan en el sector agropecuario está expuesto al menos a una condición peligrosa (por ej. exposición al polvo, humo, temperaturas extremas, cargas pesadas, herramientas peligrosas, químicos, etc.)143. Asimismo, se calcula que al menos 6,500 niños y niñas trabajan más de 40 horas a la semana144. 137 138 139 140 141 142 143 144 Se estima que 55 mil salvadoreños y salvadoreñas emigran cada año hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos. Ver Marroquín, C. (2013, 18 de abril). Migración: ¿remesas a qué costo? ContraPunto. Documento recuperado de http://www.contrapunto.com.sv/migracion/ migracion-remesas-a-que-costo Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (2012). Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección, generados por nuevas formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica (SGYQIRXS VIGYTIVEHS HI LXXT[[[RERWIRMRMXMEXMZISVKWMXIWHIJEYPX½PIW %'296)WXYHMS)74%'30THJ Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2011). Informe especial sobre secuestro de migrantes en México. Documento recuperado de http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2011_secmigrante s_0.pdf Comité DESC (2007). Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del pacto. Observaciones ½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW 7SGMEPIW]'YPXYVEPIW )P7EPZEHSV (E/C.12/SLV/CO/2). 27 de junio de 2007. Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. p. 18. Morán, G. (2013, 14 de junio). El trabajo infantil en la cotidianeidad. Revista Cruzcalle, Contrapunto. Documento recuperado de http://www.rcc. contrapunto.com.sv/index.php/sociedad/el-trabajo-infantil-en-la-cotidianeidad Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. pp. 19-20. Ibíd. 87 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Sumado a esto, para la PDDH es pertinente señalar que el sector de servicios domésticos continúa siendo uno de los que somete a la niñez a mayores riesgos y en los cuales la desprotección es muy grave. Se ha estimado que en 2012, al menos 4,909 niñas y niños estaban realizando trabajo doméstico en casa de terceros145, de este total el 83.8% eran niñas146. De esta manera, resulta evidente que los esfuerzos no han sido suficientes para erradicar el trabajo infantil en este sector, lo cual somete a un gran número de niñas y adolescentes a condiciones de trabajo sumamente precarias, y en total desprotección frente a la explotación, el acoso y el abuso sexual, y la violencia en general. Por otro lado, también se han observado limitantes para lograr una protección adecuada a la familia al analizar la situación de las licencias por maternidad y paternidad, y la disponibilidad de servicios de cuidado. En primer lugar, se debe señalar que existen serias limitantes a la protección a la maternidad. El Salvador no ha ratificado el Convenio 103 de la OIT relativo a esta materia, y si bien es cierto de acuerdo al Código de Trabajo y normativas recientes como la LEPINA (2009) y la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna (2013), las mujeres gozan de ciertos beneficios laborales durante el embarazo y la lactancia, en la práctica su cumplimiento no está totalmente garantizado. Aunado a esto, tal y como se reconoce en el informe oficial (párrafos 207 al 210), la desprotección de la maternidad es prácticamente total en el sector informal, en el sector de servicios domésticos y en el sector agropecuario. Con todo, se debe reconocer que recientemente ha habido un avance en cuanto al otorgamiento de licencia por paternidad. En marzo de 2013, se aprobó una reforma al artículo 29 del Código de Trabajo, en la que se establece que los trabajadores tendrán derecho a tres días de licencia en caso de nacimiento o adopción147. De cualquier forma, cabe señalar que aún con este beneficio, existe una gran disparidad entre las facilidades que se brindan a las madres cuando se trata de maternidad por nacimiento y cuando se trata de adopción. En este último caso, más allá de los tres días de licencia establecidos en la reforma mencionada más arriba, la legislación actual no establece beneficios para facilitar a los padres y las madres la generación y consolidación del vínculo familiar con el niño o la niña recién adoptada. En segundo lugar, también es muy lamentable la falta de servicios que faciliten el cumplimiento de la corresponsabilidad entre el Estado y las familias en cuanto al trabajo reproductivo, doméstico y del cuidado de personas dependientes148. Las mujeres son las más afectadas por estas carencias, debido a que la persistencia de actitudes patriarcales en la sociedad salvadoreña les genera una sobrecarga en cuanto a las tareas relacionadas al cuidado de la niñez, de personas adultas mayores y personas con discapacidad. La falta de servicios estatales suficientes y accesibles para apoyar a las familias en el cumplimiento de estas responsabilidades es profunda en todo el país, pero es mucho más grave en el área rural. La situación de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad resulta particularmente 145 Este dato debería tomarse con cautela, ya que seguramente el número es mucho mayor. Ver Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. pp. 19-20. 146 0E 4VIRWE +Vj½GE HI NYRMS 329 XVEFENS MRJERXMP HSQqWXMGS IW±JSVQE HI ZMSPIRGME² GSRXVE RMySW 0E 4VIRWE +Vj½GE. Documento VIGYTIVEHSHILXXT[[[PETVIRWEKVE½GEGSQSRYXVEFENSMRJERXMPHSQIWXMGSIWJSVQEHIZMSPIRGMEGSRXVERMRSW 147 Decreto legislativo No. 332, del 14 de marzo de 2013. 148 Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales (2012). II Congreso Nacional de las Mujeres Rurales de El Salvador. “Luchando por la soberanía y seguridad alimentaria”. San Salvador: Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU); ISDEMU (2011). Política nacional de las mujeres. Actualizada: medidas al 2014. San Salvador: Autor 88 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) preocupante, por la falta de mecanismos y programas destinados a garantizar su bienestar y su acceso a la asistencia social. Recomendaciones: Que el Estado salvadoreño adopte de forma urgente un plan nacional para mejorar la seguridad ciudadana, que contemple estrategias novedosas para la prevención e investigación del delito. De forma especial debe diseñarse una estrategia para garantizar la seguridad de los y las estudiantes, sus familias, docentes, y personal de los centros escolares del país. Que el Estado salvadoreño aplique de forma estricta la legislación reciente en materia de protección de las mujeres frente a la violencia, poniendo énfasis tanto en la prevención como en la investigación, enjuiciamiento y sanción de los delitos contra las mujeres. Igualmente, se debe garantizar que el sistema judicial aplique la nueva normativa de forma correcta, erradicando la cultura de impunidad que existe en torno a la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Se deben realizar procesos sistemáticos de capacitación en la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, jueces y juezas, para promover la estricta observancia de las nuevas leyes y garantizar la asistencia adecuada a las víctimas. Que el Estado salvadoreño implemente políticas públicas integrales que generen oportunidades de empleo decente y crecimiento personal y profesional para hombres y mujeres, con el fin de reducir la emigración en condiciones de riesgo y la desintegración familiar. Asimismo, desarrollar programas para fomentar el mantenimiento de lazos familiares en las áreas con mayores tasas de emigración. Que el Estado salvadoreño redoble sus esfuerzos en la erradicación del trabajo infantil, aplicando de forma estricta la legislación sobre derechos de los niños y las niñas, reforzando los mecanismos de vigilancia, sobre todo en el área rural, en el sector agropecuario y en el sector de servicios domésticos y otras formas graves de explotación infantil. En los casos de violación a las leyes debe garantizarse la investigación, enjuiciamiento y sanción a las personas responsables. Para ello, se debe destinar recursos suficientes para que las instituciones del Sistema Nacional de Protección de niños, niñas y adolescentes puedan ejercer las atribuciones que les ha conferido la LEPINA. Que el Estado salvadoreño reforme de forma inmediata la legislación nacional, especialmente el Código de Trabajo, con el fin de garantizar la protección y los beneficios por maternidad para las trabajadoras del sector informal, del sector de servicios domésticos y del sector agropecuario. Asimismo, se debe reformar la legislación para equiparar los beneficios que se brindan en casos de maternidad por nacimiento y los que se otorgan en casos de maternidad por adopción. Que el Estado salvadoreño construya un sistema nacional de cuidados de personas dependientes, que facilite el acceso de mujeres y hombres a servicios orientados a lograr una distribución equitativa del trabajo reproductivo, doméstico y del cuidado. De forma urgente, se necesita ampliar la oferta de servicios de este tipo en el área rural, garantizando que existan al menos guarderías asequibles y de alta calidad para niños y niñas. Paralelamente, se deben desarrollar programas orientados a que los hombres se involucren mucho más en el cumplimiento de las responsabilidades familiares. 89 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Artículo 11. Derecho a un nivel de vida adecuado: mejora continua de las condiciones de existencia, alimentación, agua y vivienda Al analizar el cumplimiento de este derecho, en primer lugar es necesario reconocer que en los últimos años el Estado salvadoreño ha realizado un mayor esfuerzo por atender algunas de las limitaciones que la población salvadoreña enfrenta en cuanto a ingresos, alimentación, salud y educación. En este sentido, se ha registrado un importante aumento en la inversión social. Sin duda alguna, es un logro valioso de los últimos años, la puesta en marcha del Sistema de Protección Social Universal (SPSU), en el que se enmarcan distintos programas para aliviar la pobreza, garantizar la alimentación en las escuelas públicas, colaborar en el gasto familiar en educación, proteger a las personas adultas mayores que no reciben una pensión del sistema contributivo, proveer un centro de atención especializada para mujeres, y brindar apoyo económico y formativo a mujeres y jóvenes. Igualmente, se debe destacar como un avance fundamental la aprobación, en abril de 2012, de la reforma al artículo 69 de la Constitución de la República, para incorporar el derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua como derechos fundamentales149. Desafortunadamente, hasta el momento la reforma no ha sido ratificada por la actual legislatura. También han sido positivos los progresos que ha tenido la Asamblea Legislativa en la construcción de legislación secundaria para desarrollar estos derechos, particularmente en lo referente a la Ley General de Aguas y la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aunque ambas normativas todavía se encuentran en proceso de discusión. De cualquier forma, es necesario reconocer también que en los últimos años la reactivación de la agricultura ha ido retomando importancia en la agenda gubernamental y que se han logrado incrementos notables en las cosechas de maíz y frijol. Sumado a esto, es importante que a través de los programas de alimentación escolar implementados se esté fomentando la producción del sector agropecuario nacional, principalmente de pequeños productores y pequeñas productoras. Pese a todo lo anterior, de forma general se puede afirmar que en la política social gubernamental continúa prevaleciendo una lógica compensatoria, más que un abordaje estructural e integral. La implementación del SPSU, el cual constituye la base de la política social actual, se ha concentrado en dar continuidad a programas de transferencias monetarias iniciados en años anteriores, ampliando su cobertura e incluyendo a otros grupos no considerados anteriormente, pero manteniendo un esquema focalizado que deja desprotegidas a muchas familias que están igualmente necesitadas de apoyo. La debilidad e insuficiencia de estos esfuerzos por mejorar la protección social han quedado en evidencia tanto entre 2007 y 2008, como entre 2010 y 2011, cuando debido a la crisis económica y financiera internacional, incrementos en los precios de los alimentos y el impacto de desastres asociados a fenómenos socionaturales, los niveles de pobreza tuvieron incrementos significativos (Ver Tabla V). Entre 2006 y 2008, el porcentaje de hogares en pobreza aumentó del 30.7% al 40.0%. Posteriormente, después de registrar algunas reducciones en 2009 y 2010, la pobreza volvió a aumentar del 36.5% al 40.6% en 2011150. 149 150 90 Acuerdo de Reformas Constitucionales No. 3, 19 de abril de 2012. PDDH (2012). Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 121. Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Tabla V Evolución de la pobreza 2006-2012 (porcentaje de hogares) Pobreza total Pobreza relativa Pobreza extrema 2006 30.7% 21.2% 9.6% 2007 34.6% 23.8% 10.8% 2008 40.0% 27.6% 12.4% 2009 37.8% 25.8% 12.0% 2010 36.5% 25.3% 11.2% 2011 40.6% 28.3% 12.2% 2012 34.5% 25.6% 8.9% Fuente: elaboración propia de acuerdo a cifras de las encuestas de hogares de propósitos múltiples de la DIGESTYC 2006-2012. De forma desagregada, cabe señalar que para 2011 la pobreza relativa aumentó en tres puntos porcentuales, pasando del 25.3% al 28.3%, mientras que la pobreza extrema tuvo un incremento de un punto porcentual, subiendo del 11.2% al 12.2%151. Por un lado, esto indica que los programas de protección social sí están ejerciendo cierto grado de protección para los grupos en peor situación de pobreza. No obstante, también evidencia que existe una franja poblacional que, dadas las restrictivas condiciones de focalización de los programas sociales, no recibe sus beneficios, pese a afrontar carencias importantes. Esto los sitúa en una situación de alta vulnerabilidad ante constantes e inminentes amenazas como desastres, aumentos en el precio de los alimentos, desempleo o enfermedades crónicas, entre otras; por lo que, al verse afectados por uno o más de estos incidentes, fácilmente se ven arrojados a la pobreza. Afortunadamente, en 2012 se registró un descenso en los niveles de pobreza, debido a la disminución de los precios de los alimentos. De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012, el porcentaje total de hogares en pobreza disminuyó del 40.6% al 34.5%. Tanto en el nivel de pobreza extrema como en el de pobreza relativa se observó un descenso de alrededor de tres puntos porcentuales, ubicándose en 8.9% y 25.6% respectivamente152. Por otro lado, resulta sumamente preocupante para esta Procuraduría que las cifras oficiales continúan registrando una enorme disparidad entre los niveles de pobreza en el área rural (43.3%) y en el área urbana (29.9%)153 (Ver Tabla VI). Aunado a esto, se ha observado que los avances en la reducción de la pobreza en el área rural no difieren en gran medida de los logros en el área urbana. Si bien es cierto, entre 2011 y 2012, la pobreza extrema en el área rural se redujo en 4.83 puntos porcentuales, mientras que en el área urbana sólo descendió 2.43 puntos; la pobreza relativa tuvo una reducción de 3.11 puntos porcentuales en el área urbana, mientras que en el área rural solamente se observa una reducción de 1.94 puntos porcentuales. Tabla VI Evolución de la pobreza según área geográfica 2006-2012 (porcentaje de hogares) Pobreza urbana Pobreza rural 2006 27.7% 35.8% 2007 29.9% 43.8% 2008 35.7% 49.0% 2009 33.3% 46.5% 2010 33.0% 43.2% 2011 35.4% 50.2% 2012 29.9% 43.3% Fuente: elaboración propia de acuerdo a cifras de las encuestas de hogares de propósitos múltiples de la DIGESTYC 2006-2012. 151 152 153 Ibíd. DIGESTYC (2013). Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012. San Salvador: Autor. p. 22. Ibíd. 91 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Esto indica que, pese a los esfuerzos realizados, hace falta una mayor voluntad por atender de forma específica la pobreza rural, ya que para lograr eliminar la enorme discrepancia que existe entre las condiciones de vida en el área rural y urbana, los avances tendrían que ser mucho más acelerados en la primera. En este punto cabe mencionar también que es necesario eliminar la distinción que se hace entre una canasta básica alimentaria para el área rural y otra para el área urbana, pues teniendo en cuenta que el costo de la canasta básica es el parámetro que se utiliza para definir la pobreza y la indigencia, lo ideal sería que se utilizara el mismo parámetro. En cualquier caso, para resolver esta y otras dificultades en cuanto a la medición de la pobreza, lo ideal sería que el país adopte de forma oficial un sistema de medición de carácter multidimensional, ya que hasta la fecha se ha continuado utilizando un sistema de medición por ingresos, el cual, a juicio de esta Procuraduría, representa un obstáculo tanto para dimensionar la problemática de forma más precisa, como para su abordaje. Aunado a esto, se debe señalar que el combate a la desnutrición infantil es todavía un enorme reto para el país. Se estima que a nivel nacional la desnutrición crónica afecta aproximadamente a un 20% de la población menor de cinco años154. Según el Mapa del Hambre elaborado por el Programa Mundial de Alimentos en 2011, existen siete municipios en los que el porcentaje de desnutrición se encuentra arriba del 38% y otros 28 que presentan un porcentaje superior al 29%155. Lo más preocupante es que existen zonas como el municipio de Tacuba en el Departamento de Ahuachapán, que desde hace mucho tiempo han sido especialmente afectadas por la desnutrición y que pese a ello, continúan mostrando resultados alarmantes. En realidad, pese a los esfuerzos gubernamentales, la población salvadoreña sigue enfrentando numerosos obstáculos en cuanto a disponibilidad y acceso a una alimentación adecuada. Aunque se han realizado acciones para dinamizar el sector agropecuario, la situación es preocupante, dado que la inversión en las instituciones dedicadas al fomento de la producción de alimentos es muy baja. Igualmente, el apoyo a pequeños productores y pequeñas productoras sigue siendo mínimo, por lo que sus oportunidades para acceder a recursos productivos como la tierra, el crédito, la asistencia técnica, infraestructura productiva y sistemas de riego, son muy limitadas156. No se ha implementado una estrategia de desarrollo integral que permita abordar todas estas carencias. Conviene señalar que aunque en los últimos años el Estado salvadoreño ha brindado una mayor atención al apoyo al sector agropecuario con el objetivo de incrementar la producción nacional, debe tenerse claro que el incremento en la producción agrícola o los aumentos de precios de los alimentos, no necesariamente reducen la pobreza rural157. En consecuencia, las iniciativas de reactivación económica en este sector deben complementarse con una política de desarrollo rural integral diseñada específicamente para reducir la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la carencia de servicios básicos, a la vez que promueva la generación de mejores oportunidades educativas y laborales. Cabe agregar también en este punto que para esta Procuraduría existen en la actualidad algunas iniciativas que representarían graves amenazas al derecho a la alimentación en el país158. Por ejemplo, se 154 155 PDDH (2012). Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 89. PMA (2011). Mapa del Hambre El Salvador 2011 Brochure. Documento recuperado el 23 de abril de 2012 de http://www.satcaweb.org/san/ index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=99&Itemid=58 156 PDDH (2012). Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador. San Salvador: Autor. 157 Klein, E. (2012). Mercado de trabajo y pobreza rural: los desafíos pendientes. En F. Soto & E. Klein, Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina. Tomo II (pp. 346 – 353). Roma: FAO. p. 347. 158 PDDH (2012). Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador. San Salvador: Autor. 92 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) ha detectado como un riesgo el posible incentivo de la producción de agrocombustibles, dado que han existido iniciativas en este sentido, incluso de parte de las autoridades gubernamentales159. Al respecto es necesario afirmar que una decisión de este tipo representaría un retroceso y un obstáculo adicional para que el país avance en el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a este derecho. Por otra parte, también se observa que el Estado salvadoreño continúa teniendo retos importantes en cuanto a brindar servicios de energía eléctrica y agua por cañería para toda la población. En primer lugar, para 2012, las cifras oficiales indican que a nivel nacional solamente el 83.4% de los hogares contaban con servicio de alumbrado eléctrico propio. En el área urbana, el 90.7% gozaba de este servicio, mientras que en el área rural únicamente lo poseía el 69.5%160. En segundo lugar, las cifras oficiales registran que el porcentaje de viviendas con tenencia de agua por cañería (propia) se ubica en 75.9%. En el área urbana este porcentaje asciende al 85.9%, mientras que en el área rural únicamente alcanza al 56.7%161. De hecho, la PDDH registra numerosas denuncias con respecto al derecho de acceso al agua, principalmente debido a la aplicación de cobros excesivos o indebidos, y también por desabastecimiento, irregularidad o restricciones ilegales para acceder al servicio y por contaminación. Se debe puntualizar también que El Salvador no ha protegido de forma adecuada sus recursos hídricos y que actualmente existen serias amenazas para profundizar más la problemática. De forma particular se debe mencionar el riesgo que implica la minería metálica para el país, ya que de acuerdo a estudios especializados, la aprobación de proyectos de explotación de este tipo comprometería gravemente la disponibilidad y calidad del agua en todo el territorio salvadoreño162. Ante esto, en 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Economía, presentaron a la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley Especial para la Suspensión de los Procedimientos Administrativos Relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica. No obstante, esta propuesta de ley, la cual fue elaborada y presentada de manera inconsulta, no constituye una verdadera solución al problema, dado que únicamente establece una suspensión temporal de procedimientos administrativos para la exploración y explotación de minería metálica. Para esta Procuraduría existe evidencia suficiente para poder afirmar que los proyectos de este tipo no son viables en el país bajo ninguna circunstancia y, por tanto, es imprescindible establecer una prohibición total para los mismos163. Desafortunadamente, en la Asamblea Legislativa todavía no se ha iniciado la discusión sobre la prohibición de la minería, pese a las constantes demandas de distintas organizaciones sociales y esta Procuraduría al respecto. Sumado a esto, también se ha identificado como una amenaza al derecho al agua, la posible inclusión de los servicios de agua potable dentro de los proyectos que el Estado puede desarrollar mediante asocios público-privados. Distintos sectores y grupos influyentes han insistido en la necesidad de reformar la 159 Flores, R (2012, 19 de junio). Ley de biocombustibles a un paso de Asamblea. ContraPunto. Documento recuperado el 19 de junio de 2012 de http://www.contrapunto.com.sv/ambiente/ley-de-biocombustibles-a-un-paso-de-asamblea 160 DIGESTYC (2013). Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012. San Salvador: Autor. p. 19 161 Ibíd. p. 20. 162 PDDH (2012). Informe sobre la minería metálica y los derechos humanos en la República de El Salvador. Documento recuperado de http://www. THHLKSFWZGSQTSRIRXNHS[RPSEHW½RMWLMRJSVQIWIWTIGMEPIWMRJSQIWSFVIPEQMRIVMEQIXEPMGE]PSWHIVIGLSWLYQERSWIRPEVITYFPM ca-de-el-salvador?Itemid=135 163 Ibíd. 93 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Ley de Asocios Público Privados (recién aprobada en 2013), con el objetivo de incluir a este sector en el ámbito de aplicación de la ley. No obstante, a juicio de la PDDH, este sería un paso sumamente negativo, dado que representa un enorme riesgo de profundizar la mercantilización y privatización de un bien común como el agua. Por otra parte, con respecto al derecho a una vivienda adecuada, para esta Procuraduría es preocupante que por muchos años el sector vivienda ha sido uno de los que menor atención ha recibido en el quehacer estatal. Lastimosamente, alrededor del tema ha existido poca claridad sobre la magnitud del déficit habitacional (entre 360,301 y 477,908 viviendas de acuerdo a diferentes estimaciones)164, sobre las metas gubernamentales165 y sobre los resultados alcanzados a la fecha166, lo cual dificulta poder efectuar un análisis preciso sobre los logros obtenidos en esta área. Más allá de eso, existen numerosas problemáticas que dificultan el cumplimiento de este derecho en el país, tales como la insuficiencia del presupuesto asignado a las instituciones estatales con responsabilidades en materia de vivienda, la falta de una ley secundaria para la vivienda de interés social, las dificultades de la población para acceder a créditos para vivienda, los bajos salarios y alto costo de las viviendas167. Todo esto ha generado que el déficit habitacional en el país se mantenga muy alto. Se ha calculado que para 2009, el déficit de vivienda (incluyendo déficit cualitativo y cuantitativo) alcanzaba al 58% de los hogares168. En el área urbana se situó en el 50%, mientras que en el área rural ascendía al 74%. Al desagregar los datos según quintiles de ingreso en el área urbana, se reflejó que en el quintil con menores ingresos, el déficit alcanzaba al 78% de los hogares. La desatención estatal a las problemáticas de vivienda resulta especialmente preocupante porque en algunos casos ha llegado a propiciar vulneraciones a derechos humanos sumamente graves. Por ejemplo, se han registrado afectaciones durante desalojos generados en el marco de procesos judiciales por posesión de inmuebles sin documentación que ampare la propiedad de los mismos. Uno de los más relevantes ha sido el desalojo llevado a cabo en junio de 2012, en el Caserío Los Ranchos, Cantón La Leona, Municipio de Intipucá, Departamento de La Unión, cuando se efectuó el desalojo forzoso de más de un centenar de personas en la Hacienda San Ramón El Coyolito, en el marco de un proceso penal condenatorio por invasión de propiedad que únicamente involucraba a 21 personas169. En la resolución sobre este caso la PDDH170 ha establecido que durante el desalojo se cometieron múltiples violaciones a derechos humanos ya que una gran cantidad de personas fueron despojadas de sus pertenencias, viviendas, y sufrieron la destrucción de sus cultivos, bajo un operativo en el que los cuerpos de seguridad hicieron uso excesivo 164 165 166 167 168 169 170 94 PDDH (2011). Análisis situacional por áreas temáticas de derechos humanos. En Informe de labores Junio 2010 - Mayo 2011 (pp. 28-153). San Salvador: Autor. p. 133; ContraPunto (2013, 10 de junio). La demanda de vivienda crece en 15 mil cada año. ContraPunto. Documento recuperado de http://www.contrapunto.com.sv/coyuntura/la-demanda-de-vivienda-crece-en-15-mil-cada-ano. El programa “Casa para todos” ha sido particularmente criticado por la poca claridad que ha existido en torno a sus metas y logros. Ver: PDDH (2012). Análisis situacional por áreas temáticas de derechos humanos. Informe de labores Junio 2011- Mayo 2012 (pp. 35-157). San Salvador: Autor. p. 133; *PSVIW 6 HI QEV^S +zGLI^±)P Hq½GMX HI ZMZMIRHE HMWQMRYMVj ² ContraPunto. Documento recuperado de LXXT[[[GSRXVETYRXSGSQWZKSFMIVRSKSGLI^IPHI½GMXHIZMZMIRHEHMWQMRYMVE *YRHEGMzR 7EPZEHSVIyE TEVE IP (IWEVVSPPS )GSRzQMGS ] Social (FUSADES) (2013). Cuarto año de gobierno del presidente Funes. Apreciación general. San Salvador: Autor. Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) (2013). Cuarto año de gobierno del presidente Funes. Apreciación general. San Salvador: Autor. PDDH (2012). Análisis situacional por áreas temáticas de derechos humanos. Informe de labores Junio 2011- Mayo 2012 (pp. 35-157). San Salvador: Autor. San Salvador: Autor; Bouillion, C. (2012). Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Bouillion, C. (2012). Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). PDDH (2012). Comunicado de prensa. Violaciones a los derechos humanos en desalojo forzoso de Intipucá, La Unión, los días 18, 19 y 20 de junio 2012. 9 de julio de 2012. PDDH (2012). Resolución del 9 de julio de 2012, Expediente LU-0244-2011. Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) de la fuerza. Lastimosamente, hasta la fecha las familias desalojadas no han recibido una atención oportuna y adecuada del Estado y continúan viviendo en condiciones extremadamente precarias, en estructuras provisionales construidas por sí mismas al lado de la carretera171. A la vez, también es causa de preocupación para esta Procuraduría que existan algunas prácticas discriminatorias para las personas con VIH/sida en materia de acceso a la vivienda172. Durante 2012, se ha brindado seguimiento a un caso en el cual una persona con VIH se ha visto imposibilitada para acceder a un crédito en el Fondo Social para la Vivienda (FSV), debido a la exigencia de esta institución de contar con una Póliza de Seguro Colectivo de Deuda otorgada por una aseguradora privada. La aseguradora privada ha establecido que la persona no cumple los requisitos de asegurabilidad para esa póliza debido a que padece de VIH y, en consecuencia, el FSV le ha denegado el crédito solicitado. Pese a las gestiones realizadas por esta Procuraduría ante la aseguradora, el FSV y la Superintendencia del Sistema Financiero, no se ha podido resolver de forma adecuada la problemática. A inicios de 2013, el FSV ha informado sobre la realización de una modificación en sus normas de crédito para que en este tipo de casos el crédito se trámite a través de un codeudor solidario que sea asegurable y que cuente con suficiente capacidad de pago; no obstante, para esta Procuraduría, aun con esta alternativa persiste la violación del derecho a la vivienda en conexión con el derecho a la igualdad, ya que las condiciones establecidas por el FSV y la aseguradora son claramente discriminatorias hacia las personas con VIH y les impiden acceder a una vivienda digna aún teniendo los recursos para hacerlo. En síntesis, se puede afirmar que de forma general la PDDH observa algunos avances en el cumplimiento de las obligaciones mínimas del Estado en materia de derecho a un nivel de vida adecuado. No obstante, es necesario señalar que tanto el derecho a un nivel de vida adecuado, como el derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua se encuentran entre los derechos con un menor nivel de protección en el país, dada su falta de reconocimiento y desarrollo, lo cual ha dificultado su exigibilidad y justiciabilidad. El derecho a la vivienda, si bien es cierto cuenta con un mayor reconocimiento y una institucionalidad encargada de impulsar iniciativas alrededor del mismo, ha sido desatendido en la práctica. Por tanto, es necesario recalcar la necesidad de que el Gobierno construya un nuevo modelo de desarrollo económico y social fundamentado en el cumplimiento de todos los derechos humanos y que permita a toda la población salvadoreña contar con las posibilidades para construir un proyecto de vida digno. Hace falta dar prioridad a medidas dirigidas a combatir las causas de la exclusión y la pobreza, pues se ha brindado una mayor atención a atenuar las consecuencias que tiene el modelo económico excluyente que predomina en el país. Recomendaciones: Que el Estado salvadoreño intensifique su lucha contra la pobreza, en particular en el área rural y entre los grupos en situación de vulnerabilidad. Es necesario que continúe con la implementación de los progra171 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) (2013). A un año del desalojo en Intipucá: Las familias continúan viviendo a la orilla de la carretera. Documento recuperado de http://www.fespad.org.sv/actualidad-a-un-ano-del-desalojo-en-intipuca-las-familias-desalojadascontinuan-viviendo-a-la-orilla-de-la-carretera/; Fuentes, L. (2013, 20 de mayo). Familias a la intemperie casi un año tras desalojo. La Prensa +Vj½GELXXT[[[PETVIRWEKVE½GEGSQJEQMPMEWEPEMRXIQTIVMIGEWMYRERSXVEWHIWEPSNS 172 PDDH (2012). Análisis situacional por áreas temáticas de derechos humanos. En Informe de labores Junio 2011- Mayo 2012 (pp. 35-157). San Salvador: Autor; PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador: Autor. p. 151. 95 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) mas focalizados del Sistema de Protección Social Universal, pero que a la vez se complementen con políticas sociales universales orientadas a la creación de empleos decentes, el fortalecimiento de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, la ampliación de la cobertura de la seguridad social, facilitar la accesibilidad a establecimientos de salud y educación con alta calidad en sus servicios, y a la inversión en infraestructura social básica. Que el Órgano Ejecutivo integre en todos los programas que formen parte de la política social y del Sistema de Protección Social Universal, el enfoque de derechos humanos, estableciendo mecanismos para dar cumplimiento a los principios de derechos humanos: participación, transparencia, dignidad humana, rendición de cuentas, no discriminación, acceso a la justicia y empoderamiento. Es imperativo que la población cuente con espacios para participar en el diseño, la implementación, la evaluación y la fiscalización de dichos programas. A la vez, se debe dirigir este tipo de intervenciones hacia el logro de una mayor conciencia de la población acerca de sus derechos, es decir, que en el marco de las intervenciones se reconozcan como sujetos de derecho y no como meros beneficiarios o beneficiarias. Además, se debe garantizar que las personas excluidas de estos programas tengan acceso a recursos para solicitar su incorporación. Que el Estado salvadoreño construya un régimen de protección especial para las familias y las personas se encuentran en riesgo de caer en pobreza y las clases medias emergentes, que si bien es cierto no son cubiertas dentro de los programas actuales dedicados a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión, pueden verse especialmente afectadas en cualquier momento por incrementos en el costo de la vida, desempleo por un largo período de tiempo, desastres socionaturales, u otros eventos de ese tipo. Que el Estado salvadoreño adopte de forma oficial un sistema de medición de pobreza de carácter multidimensional, y que establezca una sola canasta básica alimentaria tanto para el área rural como el área urbana. Que el Estado salvadoreño redoble sus esfuerzos para reducir la desnutrición infantil, especialmente en el área rural y en los municipios identificados con altos niveles de desnutrición, impulsando acciones que se enmarquen en el reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada y que se encuentren dirigidas especialmente para los niños y niñas menores de cinco años. Que el Estado salvadoreño ratifique la reforma al artículo 69 de la Constitución que reconoce el derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua; y que apruebe la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la Ley General de Aguas, estableciendo disposiciones que cubran las obligaciones estatales de respetar, proteger y realizar ambos derechos, y mecanismos para garantizar su exigibilidad y justiciabilidad. Que el Estado salvadoreño refuerce sus acciones de apoyo a las personas que se dedican a la pequeña agricultura, a través de la implementación de una Política Integral de Desarrollo Rural. A partir de ella se deberá elaborar un plan que contemple acciones orientadas a mejorar la asistencia técnica, la infraestructura productiva, el acceso al crédito, la asociatividad, la tenencia de la tierra y el conocimiento de prácticas agroecológicas. En este marco, también se deben enfatizar las acciones destinadas a generar empleos y proveer servicios de educación y salud bajo las mismas condiciones que en el área urbana. Que el Estado salvadoreño prohíba el desarrollo de proyectos de minería metálica en el territorio nacional y que se abstenga de someter un bien común como el agua a regímenes de carácter privatizador como 96 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) los asocios público-privados. Asimismo, que se abstenga de fomentar la producción de agrocombustibles y que previo a la implementación de cualquier medida que tenga un impacto ya sea en el medio ambiente o en los derechos económicos, sociales y culturales, se desarrollen procesos de consulta amplios y evaluaciones de impacto en los derechos humanos. Que el Estado salvadoreño intensifique sus esfuerzos por garantizar un acceso universal al agua potable, en especial en el área rural, garantizando la inocuidad y calidad del servicio. Asimismo, que desarrolle acciones efectivas para proteger los recursos hídricos frente a la contaminación y su desperdicio. Que el Estado salvadoreño diseñe e implemente una estrategia integral de vivienda a nivel nacional para garantizar el acceso de todas las personas una vivienda adecuada. Dicha estrategia debe abordar tanto el déficit cualitativo como el cuantitativo, y enfocarse en la población de bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad. Se recomienda incrementar la inversión pública en esta área y la aprobación de una ley especial dirigida a facilitar el acceso de la población en situación de pobreza a una vivienda adecuada. Que el Estado salvadoreño adopte medidas para armonizar la legislación y los procedimientos nacionales de regulación de desalojos, con la Observación general Nº 7 del Comité DESC (1997) sobre los desalojos forzosos; y que establezca mecanismos de monitoreo sobre los procesos de desalojo y de reubicación y su impacto en el disfrute del derecho a la vivienda. Que el Estado salvadoreño adopte medidas para combatir la discriminación en el sector vivienda, especialmente la que existe hacia las personas con VIH. Artículo 12. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental En primer lugar, debe reconocerse que en los últimos años, el Ramo de salud ha venido adquiriendo una mayor importancia en el presupuesto nacional. Para 2007 el presupuesto para el Ministerio de Salud (MINSAL) fue de $ 371.4 millones, mientras que para 2013 asciende a $ 625.5 millones173. De acuerdo a las cifras oficiales, esto ha representado que el presupuesto modificado para este sector pase de ser el 1.8% del PIB en 2007, al 2.5% en 2013. También se ha observado que en el marco del proceso denominado “Reforma de Salud” - iniciado en 2010 - se han realizado esfuerzos importantes en materia de reconstrucción de la red hospitalaria, contratación de personal de salud, y en cuanto a facilitación del acceso, aumento de la cobertura y el despliegue territorial de los servicios de salud174. Añadido a esto, uno de los principales logros del Estado salvadoreño en materia de salud se ha registrado en cuanto a la regulación y control de la venta de medicamentos. La aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Medicamentos en 2012, y las acciones implementadas para su aplicación han tenido enorme relevancia para favorecer el cumplimiento del derecho a la salud en el país, ya que ha sido ampliamente conocido que el sector de medicamentos salvadoreño se ha caracterizado por una deficiente regulación y vigilancia, lo que ha permitido, por ejemplo, arbitrariedades por parte de las empresas farmacéuticas a la hora de establecer los precios de venta al público, y la inexistencia de mecanismos adecuados para ejercer control de calidad. 173 174 MINSAL (2013). Informe de labores 2012 – 2013. San Salvador: Autor. p. 42. PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador: Autor. p. 67. 97 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Esta Procuraduría ha expresado en diferentes ocasiones su satisfacción por el hecho de que el Gobierno de la República, a través del trabajo de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), se encuentre desarrollando esfuerzos importantes para la aplicación de esta normativa175. Se ha constatado que con la entrada en vigencia de los nuevos precios para los medicamentos -establecidos de acuerdo al “Reglamento para la Determinación de los Precios de venta máxima al público de los medicamentos y su verificación”se han presentado reducciones significativas en los costos de muchos fármacos176, lo cual es un logro fundamental de parte del Estado salvadoreño en la consolidación de un régimen de garantías que proteja de forma efectiva el derecho a la salud. Dicho todo esto, también se debe señalar que se ha constatado nuevamente que los avances logrados, aunque son positivos, aún distan mucho de ser suficientes para dar respuesta a las necesidades de la población en materia de derecho a la salud. Esta Procuraduría desde hace muchos años ha venido señalando las deficiencias y dificultades presentes en el sistema de salud, el cual se ha caracterizado por la insuficiencia de presupuesto, medicamentos, recursos y personal; alta segmentación, inequidad y fragmentación; limitaciones en el alcance geográfico; y serios problemas de calidad y calidez en la atención. En este punto es importante señalar que el origen de la problemática radica en la asignación misma de recursos al rubro de salud y en las bases sobre las que se ha construido el sistema de salud salvadoreño. La inversión en salud aún es muy baja, apenas rondando el 2.5% del PIB, cuando debería alcanzar entre el 5 - 8% del PIB. Tal y como lo ha afirmado el representante de la Organización Panamericana de la Salud en El Salvador, Doctor José Ruales, “el presupuesto sigue siendo insuficiente para las necesidades de salud del país, ningún país ha logrado una cobertura adecuada de sus servicios con un gasto nacional en salud menor al 8% del PIB”177. Desde el inicio de su gestión, las autoridades actuales del MINSAL recomendaron elevar la inversión en salud hasta un 5% del PIB entre 2009 y 2014178. No obstante, hasta la fecha los resultados son muy lejanos a esta cifra. Por ejemplo, para 2012, si se hubiese adjudicado a esta cartera de Estado un presupuesto que representara el 5% del PIB, el mismo tendría que ascender a 1,189.3 millones, lo cual está muy lejos de los 625.5 millones asignados en el presupuesto para 2013. Es por ello que, a juicio de esta Procuraduría, las limitaciones presupuestarias constituyen el obstáculo primordial para que el Estado salvadoreño pueda mejorar la atención en salud, disminuir la brecha de recursos humanos, reducir los problemas de desabastecimiento de medicamentos y mejorar la cobertura en todo el país. Mientras no se atienda de forma adecuada esta problemática, continuarán siendo cotidianas las expresiones de inconformidad de la población ante la insuficiencia y el deterioro de los insumos y el equipo médico, la falta de medicamentos y de personal en salud, los prolongados intervalos de espera para las citas con especialistas, la negligencia y baja calidad en la atención por parte del personal, la saturación de los establecimientos y el deterioro de la infraestructura. En realidad, la situación del sistema de salud es tal que esta Procuraduría constantemente recibe denuncias tanto de usuarios y usuarias, como de parte del personal que trabaja en las instituciones de salud. En el primer caso, las denuncias se refieren principalmente a negligencia y baja calidad en la atención. De 175 Ibíd. 176 GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. p. 105. 177 OPS (2013). Cuatro años de gestión en Salud. Entrevista al Dr. José Ruales, Representante de OPS, por la periodista Lilian Martínez del Diario de Hoy. 29 de mayo de 2013. Documento recuperado de https://www.paho.org/els/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1256&I temid=99999999 178 Rodríguez, M. (2009). Construyendo la esperanza. Estrategias y recomendaciones en salud 2009-2014. San Salvador: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 98 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) forma particular se pueden mencionar los problemas causados por desabastecimiento de medicamentos. Aunque las autoridades gubernamentales han realizado esfuerzos por mejorar la situación, existen periodos en los que el desabastecimiento aumenta179. También hay casos especiales como el de los pacientes con hemofilia, quienes regularmente se ven afectados por la falta de medicamentos. El CONNA, al analizar la situación del derecho a la salud en la niñez y la adolescencia, ha afirmado que la disponibilidad presupuestaria ha sido la causa de los problemas de desabastecimiento registrados en los últimos años en la red pública de salud, situaciones en las que se ha puesto en riesgo la salud de niñas, niños y adolescentes180. En este mismo contexto, también existe un número considerable de denuncias por casos de posible mala praxis o negligencia médica181. Lastimosamente, nuestro país ni siquiera cuenta con una regulación idónea para este tipo de casos. El Código Penal únicamente contiene los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo, y establece que cuando sean causados en el ejercicio de la profesión médica o paramédica, se impondrá adicionalmente una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad, ya sea por un término de seis meses a dos años, en el caso de las lesiones (art. 146); o de dos a cuatro años, en el caso de homicidio (art. 132). Por tanto, a juicio de esta Procuraduría, dichas figuras no son las más adecuadas para valorar todos los elementos de un caso de negligencia médica o mala praxis médica como los que han sido denunciados182. Con todo, lo más preocupante es que la omisión de regular de forma específica este tipo de actos, ha generado que las víctimas enfrenten numerosos obstáculos para poder denunciar y acceder a la justicia frente a dichas violaciones. Sumado a esto, también son frecuentes las protestas y denuncias de parte de trabajadores y trabajadoras del sector salud, debido a la falta de recursos, equipo e infraestructura adecuada para desempeñar sus labores. Asimismo, de forma periódica se registran conflictos entre autoridades y personal de los centros de salud, debido a la falta de atención a reivindicaciones laborales. Lastimosamente, conflictos de este tipo en reiteradas ocasiones han afectado los servicios que se brindan a los usuarios y usuarias del sistema. Por otra parte, esta Procuraduría también ha venido señalado por varios años que el sistema de salud salvadoreño presenta importantes problemas en cuanto a la equidad y no discriminación. La deficiencia fundamental se encuentra en la fragmentación y segmentación del mismo, lo cual ha generado que la población reciba asistencia en salud de calidad muy diferente. Actualmente existen seis instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud: el Ministerio de Salud (MINSAL), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), el Comando de Sanidad Militar (COSAM), el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y el Instituto Salvadoreño de Rehabilita- 179 180 181 182 Herrera, M. (2013). 0SW HIWEJuSW TEVE YRE TVSZMWMzR IJIGXMZE TEVE IP EGGIWS E QIHMGEQIRXSW 6I¾I\MSRIW TEVE IP GEWS HI )P 7EPZEHSV Documento VIGYTIVEHSHILXXT[[[JYWEHIWSVKMRHI\TLT#STXMSR!GSQCNHS[RPSEHW -XIQMH! ZMI[!½RMWL GMH! GEXMH! PERK!IW CONNA (2013). Estado de situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 47. PDDH (2011). Pronunciamiento Público del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ante las denuncias de violación al derecho a la salud por casos de negligencia médica en los distintos hospitales del sistema de salud en nuestro país. 3 de octubre de 2011. Documento VIGYTIVEHS HI LXXT[[[THHLKSFWZGSQTSRIRX NHS[RPSEHW½RMWLTVSRYRGMEQMIRXSWTVSRYRGMEQMIRXSERXIHIRYRGMEWTSVGEWSWHI negligencia-medica-en-el-sistema-de-salud?Itemid=51; PDDH (2013). Funcionarios atienden invitación de Procurador para abordar casos de mala praxis médica. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/488-funcionarios-atienden-invitacion-de-procuradorpara-abordar-casos-de-mala-praxis-medica PDDH (2011). Pronunciamiento Público del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ante las denuncias de violación al derecho a la salud por casos de negligencia médica en los distintos hospitales del sistema de salud en nuestro país. 3 de octubre de 2011. Documento VIGYTIVEHS HI LXXT[[[THHLKSFWZGSQTSRIRX NHS[RPSEHW½RMWLTVSRYRGMEQMIRXSWTVSRYRGMEQMIRXSERXIHIRYRGMEWTSVGEWSWHI negligencia-medica-en-el-sistema-de-salud?Itemid=51 99 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) ción Integral (ISRI)183. Cada una de ellas atiende a un segmento de la población y cuenta con presupuesto diferente, lo que hace que la inversión por persona de cada una de ellas sea muy dispar. Por ejemplo, en el caso del MINSAL –entidad que atiende a la mayor parte de la población y a la que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad- el gasto per cápita durante 2012 fue de 114 dólares, lo cual resulta muy lejano a lo que reportan el resto de instituciones. Para ese mismo año, el gasto per cápita en el ISSS fue de $237, en el COSAM de $251 y en el ISBM de $528184. Por tanto, resulta evidente que es necesario atender de forma urgente la inequidad que existe en el sistema, dado que toda la población debería acceder a servicios públicos de similar calidad. Como puede observarse, existen importantes obstáculos para el pleno ejercicio del derecho a la salud en el país, y todavía hay muchas áreas que deben ser fortalecidas. Por ejemplo, se puede mencionar entre ellas la salud mental, las afectaciones a la salud causadas por contaminación y riesgos ocupacionales, y la salud sexual y reproductiva. En este último caso, es necesario señalar que pese a algunas iniciativas positivas como la aprobación la Política de Salud Sexual y Reproductiva en 2012, el Estado salvadoreño no ha avanzado de forma significativa en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por un lado, la tasa de embarazos en adolescentes es preocupante, actualmente asciende a 89 por cada 1,000 mujeres en edades entre 15 y 19 años, siendo alta incluso en comparación al resto de países de América Latina185. Añadido a esto, se ha observado que los suicidios representan una de las principales causas de fallecimiento entre las madres adolescentes186. Asimismo, se debe señalar que el Estado no ha atendido los reiterados señalamientos y recomendaciones de distintos comités de derechos humanos de Naciones Unidas (por ejemplo, el Comité DESC en 2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2008, el Comité contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en 2009 y el Comité de Derechos del Niño en 2010) sobre las consecuencias negativas que tiene la penalización absoluta del aborto y sobre la necesidad de revisar la legislación respectiva. Al día de hoy, el aborto sigue siendo considerado un delito en cualquiera de sus formas, incluso cuando el embarazo genera riesgo para la vida de la madre y en casos de violación o incesto187. Recomendaciones: Que el Estado salvadoreño incremente su inversión pública en salud al menos hasta un 5% del PIB, a fin de garantizar que toda la población acceda a centros de atención que cuenten con insumos, equipo y personal suficiente, y que reciban una atención oportuna, de alta calidad y sin discriminación. De forma especial se debe aumentar la inversión en el área rural y en los municipios de alta densidad poblacional. Asimismo, que se mejoren los servicios de salud mental y la protección de la salud frente a la contaminación ambiental y riesgos ocupacionales. 183 En El Salvador también funcionan agentes privados que brindan servicios de salud, pero no forman parte del Sistema Nacional de Salud. Ver Capítulo I de la Ley de creación del Sistema Nacional de Salud). 184 MINSAL (2013). Informe de labores 2012 – 2013. San Salvador: Autor. p. 57. 185 MINSAL (2013). Boletín de prensa. Ministra entrega regalos a las primeras madres en su día. 10 de mayo de 2013. 186 MINSAL (2012). Boletín de prensa. MINSAL inauguró taller de investigación regional para prevenir suicidios en el embarazo. 16 de abril de 2012; Morán, G. (2012, 16 de abril). Buscan prevenir suicidio en adolescentes embarazadas. ContraPunto. Documento recuperado de http://www. archivocp.contrapunto.com.sv//derechoshumanos/buscan-prevenir-suicidio-en-adolescentes-embarazadas; MINSAL (2013). Boletín de prensa. Ministra entrega regalos a las primeras madres en su día. 10 de mayo de 2013. 187 Centro de Derechos Reproductivos (2013). Excluidas, perseguidas, encarceladas. El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador. Nueva York: Autor. 100 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Que el Estado salvadoreño unifique el sistema de salud con el fin de garantizar la equidad en los servicios que reciben las personas, independientemente de sus ingresos, su condición laboral y su profesión. Que el Estado salvadoreño continúe e intensifique sus esfuerzos para garantizar que la población tenga acceso oportuno a medicamentos, tanto en el sistema público, como en el privado. Que el Estado salvadoreño adopte medidas para garantizar una mejor atención en los centros de salud, mejorando sus mecanismos de control y evaluación del desempeño del personal, y fortaleciendo la vigilancia frente a los casos de negligencia médica. Asimismo, es necesario que se reforme la legislación para tipificar de forma específica los delitos de negligencia y mala praxis. Se debe asegurar que las investigaciones de denuncias sobre casos de negligencia y mala praxis se desarrollen de manera imparcial e independiente, dirimiendo responsabilidades e indemnizando a las víctimas de forma oportuna. Que el Estado salvadoreño adopte medidas para mejorar las condiciones laborales del personal de los centros de salud y que mejore los mecanismos de diálogo y negociación con los trabajadores y las trabajadoras, con el fin de evitar que los servicios se vean afectados a raíz de conflictos laborales. Que el Estado salvadoreño intensifique su labor para reducir la alta tasa de embarazos en adolescentes y que a la vez preste servicios de apoyo integral a las adolescentes embarazadas. Igualmente, que redoble sus esfuerzos en materia de salud sexual y reproductiva, especialmente en las zonas rurales y en los asentamientos urbanos precarios. Que el Estado salvadoreño dé cumplimiento a las recomendaciones de los distintos comités de Naciones Unidas en torno a la necesidad de realizar un diálogo nacional sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, reformar la legislación que criminaliza la interrupción del embarazo en todas las circunstancias y de abordar las consecuencias negativas que la misma tiene en los derechos humanos de las mujeres, especialmente en las mujeres adolescentes y jóvenes. Artículos 13 y 14: Derecho a la educación En los últimos años, el Estado salvadoreño ha continuado incrementando la inversión en el Ramo de educación. En 2008, por ejemplo, el presupuesto votado para este rubro fue de $635.0 millones, mientras que en 2013 ascendió a $864 millones188. Se han realizado esfuerzos destacables en cuanto a garantizar la educación gratuita hasta el bachillerato, y mediante la ejecución de los programas de entrega de paquetes escolares, alimentación escolar, el programa “vaso de leche”189, el mejoramiento de la infraestructura escolar y la implementación del modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno190. Para esta Procuraduría, no 188 PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador: Autor. p. 70. 189 A la fecha, el programa de paquetes escolares (que incluye la dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares en centros educativos púFPMGSW FIRI½GME E QMPPSRIW HI IWXYHMERXIW QMIRXVEW UYI IP TVSKVEQE HI EPMQIRXEGMzR IWGSPEV GYFVI QMPPSRIW )P TVSKVEQE:EWS HI Leche favorece a 821,000 estudiantes en 2,289 escuelas públicas de 10 departamentos del país. Ver Transparencia Activa (2013, 3 de junio). Discurso del Presidente Mauricio Funes a 4 años de gestión. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/discurso-del-presidente-mauricio-funes-a-4-anos-de-gestion/ 190 Este modelo se caracteriza por fortalecer la organización entre los centros escolares de una misma zona para ofrecer nuevas propuestas pedagógicas extracurriculares a la población estudiantil y por fomentar la integración entre la familia, la comunidad y las escuelas en el proceso educativo. Se tiene previsto que, en el lapso de un año, el modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno pase de implementarse en 145 escuelas en 52 municipios, a 1,365 centros escolares en 57 municipios. Ver Transparencia Activa (2013, 3 de junio). Discurso del Presidente Mauricio Funes a 4 años de gestión. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/discurso-del-presidente-mauricio-funes-a4-anos-de-gestion/; GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. 101 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) cabe duda que estas apuestas gubernamentales han constituido un importante apoyo para las familias salvadoreñas, dado que las restricciones económicas son una de las principales causas de la deserción escolar. A la vez, los programas que favorecen una mejor alimentación y nutrición entre los y las estudiantes son fundamentales para combatir la desnutrición y mejorar el rendimiento escolar. También se han observado logros positivos en cuanto a alfabetización, principalmente en el área rural. Hasta junio de 2013, 15 municipios han sido declarados libres de analfabetismo191, y la tasa de analfabetismo ha disminuido del 14% en 2009, al 12.4% en 2012. En ese mismo periodo, en el área urbana, la disminución ha sido de un punto porcentual (pasando de 9.2% a 8.2%), mientras que en el área rural se observa una reducción de tres puntos porcentuales (de 22.7% a 19.9%)192. No obstante, la diferencia en los niveles de analfabetismo entre el área rural y urbana continúa siendo muy marcada. De cualquier forma, a pesar de todos estos logros en materia de derecho a la educación, es necesario señalar que el sistema educativo salvadoreño sigue presentando muchas dificultades en cuanto a inversión, cobertura (principalmente en parvularia, tercer ciclo y educación media), disminución de la deserción escolar, aumento de la escolaridad promedio, infraestructura escolar, calidad de la educación, condiciones de trabajo de los profesores y profesoras, entre otras. En primer lugar, se debe recalcar que pese a los aumentos presupuestarios destinados al rubro de Educación, la inversión sigue siendo baja. Por ejemplo, para 2012 el presupuesto votado apenas alcanzó el 3.17% del PIB193, cuando de forma general se recomienda que la inversión en educación sea al menos equivalente al 6% del PIB194. De acuerdo a este criterio, la asignación presupuestaria para 2012 debería haber sido de al menos $1,417 millones, cuando en realidad fue de $827.7 millones. Sumado a esto, la necesidad de invertir más en educación se hace mucho más evidente al observar que de acuerdo a algunos estudios especializados, países desarrollados como Suecia o Suiza llegan a invertir alrededor de 140 veces más que El Salvador por cada estudiante de primaria, y alrededor de 168 veces más por cada estudiante de secundaria195. A consecuencia de la baja inversión, también existen numerosos retos en cuanto a la cobertura y la calidad educativa. Por ejemplo, si bien es cierto es innegable que la tasa de matrícula en educación primaria es bastante alta, tanto en el área urbana como en el área rural (alrededor del 93% en 2012)196, la cobertura en el resto de niveles –desde la educación inicial hasta la educación superior- es bastante deficitaria (Ver Tabla VII). Por ejemplo, la tasa neta de cobertura en educación inicial fue de apenas 0.6% en 2011. Para ese mismo año, la cobertura neta en educación parvularia fue de 54%, es decir que alrededor del 46% de la niñez entre 4 y 6 años no está asistiendo a un centro escolar197. 191 192 193 194 195 196 197 Transparencia Activa (2013, 3 de junio). Discurso del Presidente Mauricio Funes a 4 años de gestión. Documento recuperado de http://www. transparenciaactiva.gob.sv/discurso-del-presidente-mauricio-funes-a-4-anos-de-gestion/ DIGESTYC (2013). Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012. San Salvador: Autor. GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. Tomasevski, K. (2004). Informe presentado por Katarina Tomasevski, Relatora Especial sobre el derecho a la educación. Los derechos económicos, sociales y culturales: el derecho a la educación. Comisión de Derechos Humanos, 60 periodo de sesiones. E/CN.4/2004/45. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ G04/103/31/PDF/G0410331.pdf?OpenElement Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2011). Informe de seguimiento a la EPT en el munHS 9REGVMWMWIRGYFMIVXE 'SR¾MGXSWEVQEHSW]IHYGEGMzR. París: Autor. GOES y Sistema de Naciones Unidas en El Salvador (2014). 3er informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. El Salvador. San Salvador: Autor. pp. 44-45. PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. p. 132. 102 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Al respecto, también conviene puntualizar que aunque el país ha logrado un elevado acceso a la primaria, sigue teniendo problemas para retener a una gran cantidad de niños y niñas en la escuela. Lastimosamente, la deserción inicia desde la misma primaria. De acuerdo a las cifras oficiales, el porcentaje de estudiantes que comienzan el primer grado y logran llegar hasta el último grado de la primaria (6º grado) es de 84%198. No obstante, en el área rural el abandono escolar es mucho mayor, ya que solamente el 77% logra finalizar la primaria, mientras que en el área urbana logra hacerlo el 93%. Las principales causas de deserción son el desinterés en la escuela, las demandas de trabajo doméstico o participación en la producción económica, y la insuficiencia de recursos económicos199, aunque de forma reciente las autoridades gubernamentales también han señalado la inseguridad y la delincuencia en los centros educativos como un factor primordial200. Por otra parte, también persisten algunos problemas de repitencia escolar y de sobreedad. Por ejemplo, para 2011, la repitencia en el primer grado fue de 12.5% (en el área rural ascendía hasta el 14%), mientras que la sobreedad en sexto grado fue de 11.5%201 Tabla VII Tasas netas de cobertura por nivel educativo 2006-2011 Niveles educativos Inicial Parvularia I y II ciclos III ciclo Total básica Media Secundaria* Superior** Tasa bruta 2006 50.3 94.8 51.1 92.3 33.3 54.6 23.0 2007 48.9 95.0 51.8 92.5 32.9 54.4 23.9 2008 50.3 95.3 53.9 92.8 32.2 55.1 24.5 2009 0.4 50.3 95.0 56.3 92.9 32.6 56.4 24.8 2010 0.4 54.7 94.8 59.8 94.0 33.3 59.1 25.3 2011 0.6 54.2 93.7 62.2 93.7 35.4 61.6 - 2012 93.1 63.8 - *Incluye desde el séptimo grado hasta Educación Media **Para la Educación superior no se calcula la tasa neta de cobertura, solamente la tasa bruta. Fuente: Adaptado de MINED, Fundación de Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2013). El financiamiento de la educación en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 13; y de GOES y Sistema de Naciones Unidas en El Salvador (2014). 3er informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. El Salvador. San Salvador: Autor. pp. 44-45. Por todo lo anterior, la cobertura sigue siendo baja en el tercer ciclo de la educación básica (62.2%) y en la educación media (35.4%). Asimismo, solamente un pequeño grupo de la población logra acceder a la educación universitaria. De acuerdo al PNUD, la tasa neta de matrícula universitaria es de 14.8%, 198 GOES y Sistema de Naciones Unidas en El Salvador (2014). 3er informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. El Salvador. San Salvador: Autor. p. 39. 199 Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. p. 39. 200 Segura, B. (2012, 4 de junio). La delincuencia: principal factor para la disminución de la matrícula escolar. Diario CoLatino, p. 8. 201 GOES y Sistema de Naciones Unidas en El Salvador (2014). 3er informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. El Salvador. San Salvador: Autor; MINED, FIECA y UNICEF (2013). )P½RERGMEQMIRXSHIPEIHYGEGMzRIR)P7EPZEHSV. San Salvador: Autor. 103 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) es decir, únicamente 1 de cada 10 jóvenes en la edad oficial accede la educación superior202. En este sentido, resulta evidente que gran parte de la población salvadoreña continúa enfrentando importantes obstáculos para acceder a la educación. Sumado a esto, resulta extremadamente preocupante que de acuerdo a algunas estimaciones, en 2011, un total de 67,887 niños y niñas de edades entre los 11 y los 15 años no se encontraban escolarizados203. De esa cifra, 26,245 se encontraban en situación de “pobreza educativa”, es decir, no alcanzaban los cuatro años de escolaridad (tiempo que de acuerdo a la UNESCO es el necesario para la adquisición de habilidades básicas de alfabetización204), y 14,767 en situación de “pobreza educativa extrema”, ya que ni siquiera contaban con dos años de escolaridad. Cabe mencionar también que resulta alarmante la persitencia de grandes brechas educativas entre el área rural y el área urbana, ya que, por ejemplo, para 2012, la escolaridad promedio en el área urbana fue de 7.5 años, mientras que en el área rural fue de 4.6205. Esta situación refleja las pocas posibilidades de la población –especialmente en el área rural- para obtener ingresos que les aseguren una existencia digna, ya que en 2006 se estimó que una persona salvadoreña necesitaba aproximadamente 10 años de estudio para tener una menor probabilidad de vivir en situación pobreza que la persona promedio, y 12 años de estudio para tener ingresos laborales mayores al promedio206. Igualmente, las brechas en escolaridad de acuerdo a los ingresos son bastante amplias207. En 2012, el 10% de la población más pobre había completado apenas 3 años de escolaridad, mientras que el 10 por ciento más rico, había completado casi 10 años208. Por otro lado, es importante mencionar que los problemas en la calidad educativa son muy graves tanto en el sector público como el sector privado. Desde su creación, tanto la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES209) y la Prueba de Evaluación de Logros de Aprendizaje en Educación Básica (PAESITA210), han reflejado serias deficiencias en el sistema educativo211. Por ejemplo, la nota promedio en la PAES de 2012 fue de 5.0 (en una escala de 0 a 10), superior solamente en 0.2 a la obtenida en 2011, cuando fue de 4.8212. Al comparar los resultados en el sector privado y el sector público, se observa que existen diferencias notables en el desempeño. Por ejemplo, la nota promedio para el sector público fue de 4.8, mientras que para el privado fue de 5.6 (Ver Tabla VIII). 202 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. p. 156. 203 Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. p. 40 204 Ibíd. 205 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. pp. 301-302. 206 CEPAL (2008). Juventud y cohesión social en Iberoamérica. Un modelo para armar. Santiago de Chile: Autor. p. 143. 207 PNUD (2010). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza y el consumismo al bienestar de la gente. Propuestas para un nuevo modelo de desarrollo. San Salvador: Autor. p 132. 208 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. p. 156. 209 La PAES es una prueba obligatoria que se utiliza para evaluar cumplimiento de los objetivos del sistema educativo nacional y obtener información sobre los niveles de logro de aprendizaje alcanzados por los y las estudiantes de bachillerato de todo el país en las diferentes áreas curriculares. 210 La PAESITA se aplica a una muestra de estudiantes de tercer grado, sexto grado y noveno grado, y evalúa el desempeño en Lenguaje y Matemática. 211 Los graves problemas de calidad en la educación salvadoreña han quedado también en evidencia cuando el país ha participado en la aplicación de pruebas internacionales estandarizadas. Por ejemplo, en 2007, participó en la prueba Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). El Salvador fue uno de los países con desempeño más pobre en la prueba. Ver FUSADES (2011). Informe de Coyuntura Social. Abril 2011. La Libertad: Autor. p. 29. 212 Ministerio de Educación (MINED) (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf 104 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) De cualquier forma, pese a que normalmente se suele enfatizar en las deficiencias de calidad en el sector público, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que los resultados en los centros escolares privados solo son mejores comparativamente, pero de ninguna forma pueden ser calificados como satisfactorios, ya que incluso en este sector todas las áreas evaluadas reflejan notas bajas (Ver Tabla IX). Esto indica que las causas de la baja calidad van más allá de las diferencias que existen entre ambos sectores y, además, que un abordaje integral del fenómeno requiere de modificaciones en el sistema como conjunto. En realidad, en la gran mayoría de casos, el acceso a una mejor calidad educativa depende principalmente de la capacidad familiar de asumir las tarifas de los centros escolares de mayor costo a nivel nacional. Por esta misma razón, el número de niñas y niños que puede acceder a los mismos es muy limitado213. Tabla VIII Comparación de resultados en la PAES 2011 y 2012, por sector Sector Público Privado 2011 4.7 5.3 2012 4.8 5.6 Fuente: MINED (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de http://www.transparencia activa.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/Resultados -PAES-2012-resumido-1.pdf Tabla IX Resultados por sector, PAES - 2012 No. alumnos Matemática Estudios Sociales Lenguaje y Literatura Ciencias Naturales Global Público 60,911 4.3 5.8 4.8 5.1 4.8 Privado 19,199 4.8 6.4 5.5 5.7 5.6 Diferencia 0.5 0.6 0.7 0.6 0.8 Fuente: MINED (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/ Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta evidente que la formación que recibe la gran mayoría de la población salvadoreña está muy lejos de los niveles de calidad necesarios para situar a la educación como una herramienta transformadora de la sociedad. Con todo, lo más preocupante es que, aunque desde hace varios años se cuenta con los resultados de la PAES como parámetros para diseñar una estrategia integral que aborde el tema de la calidad educativa, hasta la fecha no se tiene conocimiento de una propuesta clara del Ministerio de Educación (MINED) sobre cómo se mejorará el nivel de aprendizaje en los centros escolares públicos y privados. Una muestra de la falta de atención a estos aspectos se 213 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. p. 143. 105 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) refleja en el hecho de que entre 2005 y 2012, la nota global promedio de la PAES solamente ha aumentado de 3.7 a 5.0, es decir un incremento de apenas 1.3 puntos214. En este punto también cabe agregar que uno de los factores que preocupa de forma especial a esta Procuraduría es la situación de los profesores y profesoras en cuanto a remuneraciones, recursos y condiciones de trabajo, formación profesional y evaluación de su desempeño. En primer lugar, en cuanto a remuneraciones y condiciones de trabajo, la PDDH ha recibido constantemente de parte del magisterio, demandas para incidir en la mejora de las mismas. Ante ello, es pertinente señalar que efectivamente es necesario elevar la valoración del trabajo de los docentes, dada la importante función que desempeñan. Tal y como lo ha afirmado el PNUD de forma reciente, si bien es cierto los salarios que devengan los profesores y profesoras no son los “más bajos del mercado laboral […] tampoco constituyen incentivos para que los mejores estudiantes del sistema escolar con vocación docente estudien la carrera”215. Debido a estas dificultades, un buen número de profesores o profesoras optan por hacer un doble turno o buscar un trabajo adicional, lo que en muchos casos podría estar afectando su desempeño, y por ende, la calidad de la educación. En este mismo sentido, además de un incremento salarial, sería prioritario mejorar las condiciones de trabajo, ya que muchos centros escolares no cuentan con la infraestructura adecuada, ni con materiales educativos idóneos y suficientes para poder desarrollar los programas asignados. Igualmente, en reiteradas ocasiones, maestros y maestras tienen a su cargo un gran número de estudiantes, incluso de grados distintos, lo que dificulta una atención más cercana e individualizada de parte de los y las docentes. También se requiere mejorar las oportunidades de formación de las y los docentes, y su estabilidad laboral. Se ha registrado que solamente un 85% del personal docente en el país cuenta con formación pedagógica de nivel superior, lo cual si bien es cierto se acerca a la media regional, se aleja mucho de los avances logrados por países como Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Uruguay, Chile y Cuba216. Asimismo, se ha constatado que El Salvador es uno de los países que tiene un menor porcentaje de docentes (solamente el 57%) que cuentan con un contrato de trabajo por tiempo indefinido, es decir, los profesores y profesoras salvadoreñas se encuentran en una particular situación de inestabilidad laboral en comparación a lo que sucede otros países de América Latina217. Finalmente, se debe señalar la necesidad de implementar un sistema de evaluación y monitoreo del desempeño del personal docente, ya que de ello depende en gran parte el aprendizaje de las y los estudiantes. Recomendaciones: Que el Estado salvadoreño eleve la inversión en educación al menos al 6% del PIB, y que intensifique sus esfuerzos para extender la cobertura en la educación inicial, secundaria, media y superior, principalmente en el área rural y entre la población de menores ingresos. Es necesario que se combata de forma 214 Ministerio de Educación (MINED) (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf 215 Los salarios de los docentes en el sistema público oscilan entre los $429 y $775 al mes. Ver PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. p. 148. 216 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. pp. 146-147. 217 Ibíd. 106 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) más efectiva la deserción escolar en todos los niveles educativos, abordando las causas de la misma como el trabajo infantil, el desinterés en la educación, la carencia de ingresos suficientes y la inseguridad. Que el Estado salvadoreño continúe desarrollando y ampliando los programas de alimentación escolar en los centros escolares públicos, y que prosiga e intensifique sus esfuerzos por erradicar el analfabetismo, especialmente en el área rural. Que el Estado salvadoreño diseñe un plan nacional para mejorar la calidad educativa, especialmente en el área rural y en las regiones más pobres del país. Que el Estado salvadoreño implemente una estrategia integral para mejorar la situación de los profesores y profesoras en el país, que contemple tanto la dignificación del magisterio, mediante remuneraciones y condiciones laborales adecuadas, como un programa de desarrollo profesional continuo y un sistema de evaluación del desempeño. Que el Estado salvadoreño desarrolle esfuerzos orientados a mejorar la infraestructura educativa, especialmente en el área rural, y a dotar a todos los centros educativos de los insumos, recursos y personal necesario para un adecuado funcionamiento. Artículo 15: Derechos culturales La Constitución de la República contiene múltiples referencias relativas a la protección y promoción de los derechos culturales. En primer lugar, estipula que “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social” (art. 1.3). Asimismo, en el título II, “Los derechos y garantías fundamentales de la persona”, capítulo II “Derechos sociales”, en la Sección Tercera, referente a “Educación, ciencia y cultura” se establece que “El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana, en consecuencia es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico” (art. 53). Además de esto, la Constitución reconoce como obligaciones del Estado: velar por la conservación y enseñanza del idioma oficial del país; preservar, difundir y respetar las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional (ya que son consideradas parte del patrimonio cultural) (art. 62); y salvaguardar y establecer leyes especiales para la conservación de la riqueza artística, histórica y arqueológica salvadoreña (art. 63). Asimismo, en el artículo 6 se estipula el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. El Estado salvadoreño ha ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos que contemplan los derechos culturales y diversos instrumentos internacionales que de forma específica hacen referencia a derechos culturales. No obstante, no ha ratificado instrumentos como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza218, ni el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes. 218 UNESCO (s/f). %QqVMGE 0EXMRE ] IP 'EVMFI 0MWXE HI GSRZIRGMSRIW VEXM½GEHEW ] RS VEXM½GEHEW TSV TEuW http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ ID=23047&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 107 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Con respecto a la legislación secundaria a nivel nacional, es importante aclarar que en el país no existe una normativa general referente a derechos culturales, aunque sí existen diversos instrumentos legales que abordan aspectos específicos relacionados a ellos, tales como la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural (1993), la Ley del Premio Nacional de Cultura (1988), la Ley del Archivo General de la Nación (1993), la Ley del Libro (1994), la Ley de Imprenta (1950), la Ley de Promoción de las Artes Plásticas (1968), la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos (2009), la Ley de Propiedad Intelectual (1993), la Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico (2012), la Ley General de Juventud (2012), entre otras. Pese a esta diversidad, es importante señalar que buena parte de esta normativa se encuentra desactualizada, y alguna incluso obsoleta. Además, su aplicación en la práctica y la supervisión de su cumplimiento dista mucho de lo contemplado en la legislación. Aspectos como la protección del patrimonio cultural; el fomento y la protección de la propiedad intelectual; la promoción del arte, la ciencia y la cultura; y la garantía de que la población goce de los beneficios del progreso científico, presentan importantes deficiencias. Sumado a esto, es importante señalar que la infraestructura pública cultural, tanto en lo que se refiere a bibliotecas, museos, teatros y otros espacios similares, es insuficiente para atender a toda la población. Por ejemplo, actualmente el país cuenta únicamente con un aproximado de 17 bibliotecas públicas para 262 municipios, la mayoría concentradas en las cabeceras departamentales, por lo que se dificulta el acceso de las personas que viven en las zonas rurales a las mismas. Añadido a esto, se debe puntualizar que en los últimos doce años se han fundado muy pocas bibliotecas públicas, la mayoría se establecieron entre 1992 y 1999219 y, de forma general, se puede afirmar que las mismas presentan carencias en cuanto a recursos y personal220. Dificultades similares se presentan en cuanto a museos, teatros y espacios de formación artística formal221, aunque sí se cuenta con un buen número de casas de la cultura222. Por otra parte, a nivel normativo, la protección del patrimonio cultural es uno de los ámbitos de derechos culturales para el cual el país cuenta con herramientas más amplias y recientes. No obstante, su aplicación en la realidad está muy lejos de ser satisfactoria. Existen muchos casos de presuntas violaciones al patrimonio cultural que no reciben un abordaje adecuado, por ejemplo referentes a destrucción y ocupación de sitios arqueológicos para construcción de viviendas223; demoliciones de casas o iglesias históricas224; omisiones de registro de bienes culturales; hurtos225, entre otros. Esto refleja que no se cuenta con los mecanismos y cuerpos de vigilancia que permitan garantizar el cumplimiento de la ley. 219 220 221 222 223 224 225 Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República (s/f) Red de bibliotecas públicas. Documento recuperado de http://www.cultura.gob.sv/ institucion/estructura-organizativa/direccion-nacional-de-bibliotecas-y-plan-de-lectura/red-de-bibliotecas-publicas.html Arias, M. y Camacho, K. (2011). Las bibliotecas públicas: Una mirada a los sistemas de bibliotecas en Centroamérica. Documento recuperado de http://sulabatsu.com/wp-content/uploads/2011-bibliotecas-centroamerica.pdf; Pleitez, T. (2012). Literatura. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. Documento recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/interactiva/30327.pdf Rosales, M. (2013). Música. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. Pleitez, T. (2012). Literatura. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. Documento recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/interactiva/30327.pdf Valencia, D. (2012, 18 de diciembre). Exdirector de Patrimonio Cultural de gobierno Saca pide disculpas al país por no cumplir su deber. El Faro. Documento recuperado de http://www.elfaro.net/es/201212/el_agora/10498/ Escobar, I. (2011, 20 de mayo). Patrimonio Cultural pide respeto a inmuebles del Centro histórico. Diario CoLatino. Documento recuperado HI LXXT[[[HMEVMSGSPEXMRSGSQIWREGMSREPIW4EXVMQSRMS'YPXYVEPTMHIVIWTIXSEMRQYIFPIWHIPGIRXVSLMWX'&VMGS htm; Labrador, G. (2012, 16 de enero). Por qué la Iglesia pudo destruir el mosaico de la Catedral. El Faro. Documento recuperado de http:// www.elfaro.net/es/201201/noticias/7196/ /MWXI * HI NYRMS8Vj½GS HI TMI^EW EVUYISPzKMGEW YR RIKSGMS VIRXEFPI IR )P 7EPZEHSV Diario El Mundo. Documento recuperado de LXXTIPQYRHSGSQWZXVE½GSHITMI^EWEVUYISPSKMGEWYRRIKSGMSVIRXEFPIIRIPWEPZEHSV 108 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) La protección de la propiedad intelectual también cuenta con un marco legal bastante amplio y actualizado. Además, es positivo que la Ley de Propiedad Intelectual incluya algunas disposiciones que establecen límites a los beneficios de la propiedad intelectual, cuando pueden afectar el cumplimiento de otros derechos como el derecho a la educación; y que la responsabilidad penal se impone cuando la violación a los derechos de autor se realiza con fines económicos y a escala comercial. No obstante, es necesario resaltar que siguen existiendo muchos problemas para la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual. En realidad, las violaciones a los derechos de propiedad intelectual son constantes y existe poco control sobre este tipo de delitos226. La piratería es un fenómeno muy extendido en el país y para muchas personas que trabajan en el sector informal se ha convertido en un medio de subsistencia. Además, hay poca conciencia entre la población en general sobre la importancia de la propiedad intelectual y desconocimiento sobre los procedimientos para su registro, protección y la justiciabilidad de este derecho227. Cabe agregar también que diversos grupos en el país sufren de condiciones de exclusión social que les generan dificultades para un ejercicio pleno de sus derechos culturales y el acceso a los beneficios del progreso científico. Principalmente se puede mencionar a las mujeres, las personas que residen en zonas rurales, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. En las mujeres, las personas de la zona rural, y las personas adultas mayores las principales dificultades están asociadas al analfabetismo y a la falta de espacios para participar en la vida cultural. Los niveles de analfabetismo son muchos más altos en estos tres grupos228, y además la realidad del país les impone limitaciones económicas, de tiempo o de accesibilidad física a espacios de desarrollo cultural y científico. En cuanto a las personas con discapacidad, la principal dificultad se encuentra en la falta de medidas que faciliten la comunicación y el acceso a centros de formación y difusión artística, cultural y científica. Los pueblos indígenas también ven limitado el ejercicio de sus derechos culturales debido a la poca atención que se brinda a la protección de la diversidad cultural y al rescate, conservación y difusión de las distintas formas de expresión cultural que existen en el país229. Un aspecto que genera una preocupación especial para esta Procuraduría es la poca atención que se ha brindado al rescate y conservación de los idiomas indígenas. De hecho, la mayoría de los idiomas indígenas del país están extintos, y el náhuat únicamente es utilizado por unas 200 personas en todo el territorio nacional230. En todo caso, si bien es cierto existen algunas iniciativas de revitalización del náhuat, hace falta un mayor apoyo de parte del Estado, y por otra parte, es necesario que se desarrollen esfuerzos similares para rescatar otros idiomas indígenas. Finalmente, se debe señalar como las principales limitantes para el ejercicio de los derechos culturales, la debilidad institucional y la baja asignación presupuestaria para el fomento del arte y la cultura. Actualmente, la institución encargada de la política estatal en materia de cultura es una Secretaría de la Presidencia de República, con bajo presupuesto y con una estructura organizativa sumamente disgrega226 Pleitez, T. (2012). Literatura. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. Documento recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/interactiva/30327.pdf 227 Ibíd. 228 DIGESTYC (2013). Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012. San Salvador: Autor. 229 PDDH (2012). Informe situacional sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en El Salvador. San Salvador: Autor. 230 Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/ PDF/G1315014.pdf?OpenElement 109 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) da. Añadido a esto, la situación de las personas que trabajan en el sector de arte y cultura es preocupante debido a que no existen mecanismos suficientes para garantizar que desarrollen su profesión bajo los criterios de trabajo decente231. Se tiene previsto que en los próximos meses la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Legislativa inicie la discusión de una Ley de Cultura, la cual se espera que aborde algunas de estas debilidades, no obstante, hasta la fecha no se reportan avances significativos en este sentido. Recomendaciones Que el Estado salvadoreño fortalezca la institucionalidad encargada de la promoción de la cultura, el arte y los derechos culturales, creando un Ministerio de Cultura, y dotándolo de suficientes recursos para que pueda impulsar la política cultural nacional, garantizar la protección del patrimonio cultural, el fomento de las artes y promueva la riqueza y la diversidad cultural. Que el Estado salvadoreño promulgue una Ley Marco sobre Derechos Culturales y que a partir de la misma se realice un proceso de revisión, actualización y armonización de la legislación en materia de arte, cultura y áreas relacionadas, reduciendo la dispersión que existe actualmente, e incorporando el enfoque de derechos. Es necesario que en el marco normativo sobre cultura se establezcan disposiciones específicas para garantizar el cumplimiento de los derechos culturales de grupos vulnerables como las mujeres, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, y los pueblos indígenas, entre otros. Que el Estado salvadoreño ratifique la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático y la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. Que el Estado salvadoreño adopte medidas efectivas para proteger los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales de los pueblos indígenas, atendiendo de forma especial y urgente la necesidad preservar y rescatar los idiomas indígenas. Que el Estado salvadoreño ponga a disposición de la población una mayor cantidad de espacios de formación profesional y difusión de las artes y la cultura, especialmente en el área rural. Igualmente, se debe garantizar que todos los procesos de construcción de nuevos espacios culturales o de adaptación de los existentes cumplan con las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad y la población adulta mayor. Que el Estado salvadoreño adopte medidas para garantizar que las personas que trabajan en el sector de arte y cultura puedan desarrollar su profesión bajo los criterios del trabajo decente. Que el Estado salvadoreño adopte medidas urgentes para garantizar un adecuado registro, conservación y protección del patrimonio cultural y la propiedad intelectual, fortaleciendo a la vez los mecanismos para sancionar las violaciones que se comentan contra los mismos. 231 Pleitez, T. (2012). Literatura. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. Documento recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/interactiva/30327.pdf 110 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Otras observaciones del Comité Para esta Procuraduría, el Estado salvadoreño tiene una enorme deuda en cuanto a la evaluación de los impactos que ha tenido el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Los resultados reportados en el informe oficial (párrafos 496-499) no profundizan en las consecuencias del mismo, y se concentran principalmente en aspectos comerciales, aún y cuando se reflejan ya algunos impactos negativos para el país. Más allá de eso, resulta preocupante que, tal y como ha sucedido en cuanto a la ratificación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA) en 2013, ha quedado evidenciado que en los procesos de toma de decisiones sobre la apertura comercial del país no se evalúa de forma adecuada los impactos de la misma en los derechos humanos232. De manera similar, tampoco se realizó una evaluación de impacto en los derechos humanos, previo a la aprobación de la Ley de Asocios Público-Privados, vigente desde 2013, ni en las actuales discusiones sobre propuestas de reforma, pese a que las mismas podrían tener efectos sumamente negativos para los derechos humanos. En este contexto, ha sido especialmente lamentable y preocupante para esta Procuraduría que, de acuerdo a las autoridades gubernamentales233, tanto la aprobación de dicha ley, como sus reformas, consisten en una especie de requisito para que el país pueda acceder a un segundo compacto de los fondos de la Cuenta del Reto del Milenio234, la cual es financiada por el Congreso de los Estados Unidos de América. Es necesario que en este tipo de decisiones se tome en cuenta la opinión de la población, y que además se elaboren y difundan ampliamente evaluaciones integrales sobre los impactos a corto y largo plazo en los derechos humanos. Por otra parte, también es importante señalar que si bien es cierto actualmente se ha constituido el Consejo Económico Social235, instancia que en alguna medida retoma el espíritu de los Acuerdos de Paz en cuanto a la creación del Foro de Concertación Económica y Social, el mismo ha presentado problemas tanto en su representatividad como en su funcionamiento236, y hasta la fecha, no ha figurado como una instancia verdaderamente preponderante en la toma de decisiones clave para el país. Recomendaciones: Que el Estado salvadoreño, previo a la toma de decisiones cruciales para el país como lo son la aprobación de tratados internacionales en materia de comercio e inversiones o iniciativas similares, evalúe cuidadosamente en todos los casos las repercusiones que ello puede pueda tener sobre los derechos reconocidos 232 233 234 235 236 Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA) (2013). Pronunciamiento. Redes europeas y latinoamericanas reiteran sus recomendaciones a la Unión Europea y a sus Estados miembros, en vistas de la inminente entrada en vigor provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación con Honduras, Panamá y Nicaragua. 31 de julio de 2013. Documento recuperado de http://www.cifca.org/IMG/pdf/PronunciamientoOSC_AcuerdoAsociacion_ ESP.pdf Presidencia de la República (2013, 5 de diciembre). 7IGVIXEVMS8qGRMGSE½VQEUYIEXVEWSIR½VQEHI*31-0)2-3--RSHIXMIRITVITEVEGMzRTEVEWY implementación (SGYQIRXS VIGYTIVEHS HI LXXT[[[TVIWMHIRGMEKSFWZMRHI\TLTRSZIHEHIWRSXMGMEWMXIQWIGVIXEVMSX'%GRMGS E½VQEUYIEXVEWSIR½VQEHIJSQMPIRMSMMRSHIXMIRITVITEVEGM'&RTEVEWYMQTPIQIRXEGM'&RLXQP8VERWTEVIRGME EGXMZE de marzo). Presidente Funes confía en pronta aprobación de reformas a Ley de Asocios Público Privados http://www.transparenciaactiva.gob.sv/ TVIWMHIRXIJYRIWGSR½EIRTVSRXEETVSFEGMSRHIVIJSVQEWEPI]HIEWSGMSWTYFPMGSTVMZEHSW Embajada de los Estados Unidos en El Salvador (2012). Embajadora promueve Asocios Público Privado. Documento recuperado de http://spanish. sansalvador.usembassy.gov/noticias/2012/10/32.html Presidencia de la República (2012). Discurso pronunciado por el Presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, durante Inauguración de la sede del Consejo Económico Social (CES), 1 de febrero de 2012. Documento recuperado el 23 de mayo de 2012 de http://www.presidencia. KSFWZMRHI\TLTRSZIHEHIWHMWGYVWSWHMWGYVWSWMXIQMREYKYVEGM'&RHIPEWIHIHIPGSRWINSIGSR'&QMGSWSGMEPGIWLXQP Iniciativa Social para la Democracia (ISD) (2011). Informe de monitoreo de transparencia al segundo año de gestión del gobierno del Presidente Mauricio Funes(SGYQIRXSVIGYTIVEHSIPHINYRMSHIHILXXTPMFVEV]JIWHITHJ½PIWFYIVSWJIWEQGIRXVEPTHJ 111 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) en el Pacto. Asimismo, que las evaluaciones de impacto e investigaciones que se realicen, sean difundidas y sometidas a una amplia consulta y discusión con la población. Que el Estado salvadoreño elabore y difunda periódicamente evaluaciones de impacto de los tratados de libre comercio como el CAFTA-DR y el AdA, en los derechos humanos, especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, que implemente medidas orientadas a compensar las consecuencias negativas de dichos acuerdos. Que el Estado salvadoreño fortalezca los mecanismos de concertación de carácter tripartito, garantizando que tengan una incidencia importante en la toma de decisiones clave para el país. Consideraciones finales Para esta Procuraduría también es fundamental señalar que la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en El Salvador es todavía muy limitada237. Pese a algunos avances recientes mencionados anteriormente, el ordenamiento jurídico actual aún presenta muchos vacíos para este tipo de casos, como por ejemplo, la falta de reconocimiento de algunos de los derechos contemplados en el Pacto. A la vez, es lamentable que incluso entre gran parte de la población no existe conciencia de los mismos como derechos, y mucho menos sobre su exigibilidad. Aunado a esto, a pesar de que los tratados internacionales como el PIDESC son leyes de la República y pueden ser invocados ante los tribunales de justicia, la aplicación de la normativa internacional no es una práctica generalizada entre los jueces y juezas. Más allá de eso, también constituye una enorme limitante el hecho que los procesos judiciales en el país generalmente tardan mucho tiempo y generan costos altos para la persona demandante. De cualquier forma, se debe señalar que ha sido muy positivo que el Estado salvadoreño haya sido uno de los primeros países en ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este sentido, debería ser un paso inicial para que El Salvador avance en el fortalecimiento de la protección y garantía de todos derechos económicos, sociales y culturales, asegurando su justiciabilidad. Recomendaciones: Que el Estado salvadoreño ratifique las reformas constitucionales que reconocen el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al agua y a los pueblos indígenas, y que además reforme la Constitución en el sentido de que todos los derechos consignados en instrumentos internacionales de derechos humanos formen parte del catálogo de derechos fundamentales protegidos por la Constitución, y que los tratados internacionales en materia de derechos humanos formen parte de la misma. Que el Estado salvadoreño realice un proceso de adaptación de la legislación y la institucionalidad de tal forma que favorezca y garantice la exigibilidad y la justiciabilidad de todos los derechos económicos, sociales y culturales, y la aplicación del Pacto en los tribunales nacionales. 237 CIJ (2013). Acceso a la justicia. Recursos contra las violaciones de los derechos sociales en El Salvador. Ginebra: Autor. 112 Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) Que el Estado salvadoreño desarrolle procesos sistemáticos de formación a los profesionales del sistema judicial en materia de derechos económicos sociales y culturales, especialmente en lo referente a la invocación del mismo ante los tribunales nacionales. Que el Estado salvadoreño mejore el conocimiento del Pacto mediante programas de enseñanza y formación en derechos humanos, para los miembros de la judicatura, y que promueva estos conocimientos entre los profesionales de la abogacía. 113 3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW7SGMEPIW]'YPXYVEPIWWSFVIPSWXIVGIVSGYEVXS]UYMRXS informes periódicos combinados de El Salvador Anexo I Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre los tercero, cuarto y quinto informes periódicos combinados de El Salvador 115 3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW7SGMEPIW]'YPXYVEPIWWSFVIPSWXIVGIVSGYEVXS]UYMRXS informes periódicos combinados de El Salvador Naciones Unidas Consejo Económico y Social E/C.12/SLV/CO/3-5 Distr. general 23 de mayo de 2014 Original: español Versión no editada avanzada Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Observaciones finales sobre los tercero, cuarto y quinto informes periódicos combinados de El Salvador* 1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el tercer, cuarto y quinto informes periódicos de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/SLV/3-5) en sus sesiones 25º y 26º, celebradas el 14 de mayo de 2014 (E/C.12/2014/SR.25 y 26), y aprobó en su 40ª sesión, celebrada el 23 de mayo de 2014, las siguientes observaciones finales. A. Introducción 2. El Comité recibe con satisfacción el tercer, cuarto y quinto informes periódicos de El Salvador y las respuestas escritas a su lista de cuestiones (E/C.12/SLV/Q/3-5/Add.1) si bien lamenta su tardío envío y la ausencia de respuestas a algunas preguntas. El Comité reconoce la actitud positiva de la delegación del Estado parte hacia el Comité y agradece que la información adicional comprometida durante el diálogo haya sido remitida. B. Aspectos positivos 3. El Comité acoge con gran satisfacción que el Estado parte haya ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y haya reconocido la competencia para conducir investigación prevista en su artículo 11. 4. También reconoce la ratificación por el Estado parte de otros instrumentos internacionales: a. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, en 2014; y b. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, en 2007. * Aprobadas por el Comité en su 52° período de sesiones (28 de abril - 23 de mayo de 2014). 117 3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW7SGMEPIW]'YPXYVEPIWWSFVIPSW8IVGIVSGYEVXS]UYMRXS informes periódicos combinados de El Salvador 5. El Comité celebra el proceso iniciado para incorporar el Derecho al Agua y el Derecho a la Alimentación, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas, en la Constitución. Asimismo, celebra la adopción de las siguientes leyes: a. Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las Mujeres (LEIV) (2012); b. Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer (LIE) (2011); y c. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) (2009). 6. El Comité observa con aprecio que el Estado parte ha realizado importantes progresos desde el último diálogo interactivo con el Comité, en 2006, y observa también con reconocimiento su voluntad de hacer de los derechos humanos y de la inclusión social un elemento central de sus políticas. En particular, el Comité celebra: a. La creación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (PNPNA) (2013); b. El establecimiento del Consejo Nacional contra la Trata de Personas (2012); y c. La creación del Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas (PNIEMS), 2012-2017. C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones Derecho de libre determinación 7. El Comité celebra que la Asamblea Legislativa haya aprobado una reforma Constitucional para otorgar reconocimiento legal a los pueblos indígenas en abril de 2012, aunque ésta aún no haya sido ratificada. Preocupa al Comité que se desconozca el número de personas indígenas existentes en el Estado parte y que los últimos Censos presenten cifras inexactas y basadas en preguntas inadecuadas. (arts. 1 y 2). El Comité insta al Estado parte que siga reforzando sus iniciativas para garantizar el disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales por los pueblos indígenas. El Comité recomienda que el Parlamento culmine el proceso ratificando la reforma para el reconocimiento legal y político de los pueblos indígenas en la Constitución. Asimismo, insta al Estado a que realice un censo actualizado sobre la población indígena. Asignación de recursos públicos 8. El Comité nota con aprecio las reformas fiscales realizadas por el Estado parte, sin embargo le preocupa que la recaudación de impuestos en el Estado parte es aún baja, lo que repercute negativamente en los ingresos nacionales y puede limitar los recursos destinados a los derechos económicos, sociales y culturales (art. 2). 118 3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW7SGMEPIW]'YPXYVEPIWWSFVIPSW8IVGIVSGYEVXS]UYMRXS informes periódicos combinados de El Salvador El Comité alienta al Estado parte a seguir profundizando en el desarrollo de una política tributaria suficiente y socialmente justa que mejore la recaudación con miras a incrementar la disponibilidad de recursos destinados a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, el Comité recomienda que la reforma fiscal y el plan de asignación de recursos se realicen de manera transparente y participativa. Personas con discapacidad 9. El Comité lamenta que la multa por incumplimiento de la normativa que establece un cupo para la contratación de personas con discapacidad es baja y no garantiza su implementación. El Comité también expresa su preocupación ante las barreras culturales y prejuicios que obstaculizan el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral y lamenta la ausencia de formación profesional dirigida a las personas con discapacidad. El Comité recomienda al Estado parte a que formule una política pública que promueva la capacitación, incluyendo la formación profesional y superior, y la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. También recomienda al Estado parte que asasegure el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad establecido por la ley y refuerce las medidas de monitoreo y certificación sobre el cumplimiento de ésta. Igualdad entre hombres y mujeres en el derecho al trabajo 10. En que pese la adopción de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer en 2011, preocupa al Comité la persistencia de estereotipos que impiden que las mujeres disfruten, en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, del derecho al trabajo. Preocupa al Comité la menor representación de las mujeres en los cargos decisorios, tanto en el sector público como en el privado. (E/C.12/SLV/CO/2, para. 28) (arts. 3 y 6). El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para combatir los estereotipos de género en la familia y en la sociedad. Asimismo, recomienda que el Estado parte promueva la igualdad de representación de hombres y mujeres en los cargos decisorios de los sectores público y privado, incluyendo con medidas especiales de carácter temporal. Asimismo, el Comité recomienda que se sensibilice a hombres y mujeres sobre el derecho a la igualdad de oportunidades en la carrera profesional. Desempleo y mercado laboral informal 11. El Comité observa con preocupación las altas tasas de desempleo, así como el gran número de trabajadores ocupados en el sector informal de la economía, sin normativa laboral básica ni protección social (arts. 2 y 6). El Comité alienta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para aumentar oportunidades en el mercado laboral formal así como tomar las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores en la economía informal se beneficien de los estándares básicos laborales y de protección social. 119 3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW7SGMEPIW]'YPXYVEPIWWSFVIPSW8IVGIVSGYEVXS]UYMRXS informes periódicos combinados de El Salvador Salario equitativo e igual por trabajo de igual valor 12. El Comité reitera que, pese a los esfuerzos desarrollados en la materia, la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres sigue siendo considerable, en contra del principio de salario igual por trabajo de igual valor que figura en el Pacto. (E/C.12/SLV/CO/2, para. 28) (arts. 3 y 7). El Comité recomienda al Estado parte que garantice la igualdad en la remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, como se dispone en artículo 7 a) i) del Pacto. Asimismo, recomienda al Estado parte que promueva capacitaciones siga educando a hombres y mujeres sobre la igualdad de oportunidades de carrera para promover la continuación de sus estudios y la capacitación en sectores distintos de los tradicionalmente dominados por uno u otro sexo, y que tome medidas específicas para promover a la mujer en el mercado de trabajo. Remuneración justa y equitativa 13. El Comité reitera su preocupación sobre los salarios mínimos establecidos en el Estado parte, los cuales son insuficientes para asegurar un nivel de vida digno (E/C.12/SLV/CO/2, para. 12 y 30). El Comité lamenta las disparidades existentes entre los salarios mínimos de las distintas ramas de la actividad económica, en particular en el sector agropecuario y de maquila textil, y lamenta que la revisión periódica de las tasas de salarios mínimos son, muchas veces, revisiones formales que no aseguran a todos los trabajadores y sus familias disfrutar de un nivel de vida digno. (arts. 6 y 7). El Comité insta al Estado parte a garantice que el salario mínimo permite un nivel de vida digno. Asimismo, el Comité recomienda al Estado parte que vele por que su revisión periódica cumpla lo establecido en el artículo 7 a) ii) del Pacto y en el artículo 32 2) de la Constitución. Derecho de huelga 14. El Comité reitera su preocupación sobre las restricciones impuestas al ejercicio del derecho de huelga y sobre el hecho de que un gran número de huelgas son declaradas ilegales por los tribunales en el Estado parte. Asimismo, lamenta no haber recibido datos precisos y actualizados sobre el número de huelgas declaradas ilegales entre 2010 y 2014 y sus causas de ilegalización (art. 8). El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para asegurar que todos los trabajadores puedan ejercer su derecho a la huelga, como establecido en el artículo 8 del Pacto. También pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, presente estadísticas detalladas y desglosadas sobre el número de huelgas que los tribunales del Estado parte han declarado ilegales y sus causas. Seguridad social 15. En que pese la recomendación anterior del Comité (E/C.12/SLV/CO/2, para. 33) y lo establecido en el Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno 2010-2014, el Comité nota con preocupación que el Estado parte aún no ha introducido un sistema universal de seguridad social. En particu120 3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW7SGMEPIW]'YPXYVEPIWWSFVIPSW8IVGIVSGYEVXS]UYMRXS informes periódicos combinados de El Salvador lar, el Comité lamenta que no se garantice la cobertura social a los trabajadores agrícolas y a los empleados domésticos. (art. 9) El Comité recomienda al Estado parte que realice una evaluación de su sistema de seguridad social con miras a establecer los mecanismos necesarios para garantizar una amplia cobertura social que asegure las prestaciones adecuadas, a todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores agrícolas y los empleados domésticos, tomando en consideración la Observación general Nº 19 (2008) sobre el derecho a la seguridad social y la Recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social Nº 202 (2012) Trabajo infantil y niños de la calle 16. El Comité reitera su preocupación por la persistencia del trabajo infantil en el Estado parte, en particular en el servicio doméstico (E/C.12/SLV/CO/2, para. 23 y 42). Asimismo, expresa su preocupación sobre los informes recibidos según los cuales una gran cantidad de niños y niñas estén expuestos a trabajos peligrosos. El Comité nota con preocupación que la situación de pobreza de las familias en zonas rurales y la limitación en el acceso a la educación secundaria aumentan el riesgo de trabajo infantil. Así mismo el Comité muestra su preocupación sobre la falta de información sobre los niños de la calle (art. 10). El Comité alienta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos mediante un plan urgente para combatir el trabajo infantil y el fenómeno de los niños de la calle. Insta al Estado a llevar a cabo inspecciones de trabajo sistemáticas y políticas públicas que tiendan a disminuir la situación de vulnerabilidad de los niños en áreas rurales y urbanas y propiciar su pleno acceso a la educación secundaria. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico le proporcione información sobre el enjuiciamiento de los delitos relativos al trabajo infantil. Violencia de género 17. El Comité observa con preocupación la problemática de la violencia de género y particularmente de la violencia doméstica, si bien toma nota de la estrategia para la prevención de violencia contra las mujeres implementada en el Estado parte. (art. 10). El Comité insta al Estado parte a reducir los niveles de violencia de género, reforzando las medidas para combatirla, entre otros medios, aplicando de manera efectiva las leyes existentes, persiguiendo más severamente los delitos y realizando campañas de concienciación y educación de la opinión pública. . Derecho a la vivienda 18. Pese a las medidas adoptadas por el Estado parte, el Comité nota con preocupación la insuficiencia del presupuesto asignado a la vivienda y el elevado déficit de unidades de vivienda social existentes, particularmente en las zonas rurales. Asimismo, al Comité le preocupa los efectos negativos que la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles (2009) pueda tener al establecer un procedimiento expedito para desalojar a cualquier persona 121 3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW7SGMEPIW]'YPXYVEPIWWSFVIPSW8IVGIVSGYEVXS]UYMRXS informes periódicos combinados de El Salvador que no posea título de propiedad. Al Comité le inquieta también la insuficiencia de servicios de agua y saneamiento, en particular en las regiones rurales (art. 11). El Comité recomienda al Estado parte que destine suficientes recursos a la realización de programas dirigidos a otorgar seguridad de la tenencia, incluyendo el acceso al crédito y subsidios para las familias de bajos ingresos y los miembros de los grupos más desfavorecidos, tomando en consideración la observación general n.º 4 (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada (art. 11 del Pacto, párr. 1). Asimismo, recomienda que el Estado parte adopte una legislación sobre los desalojos forzosos que cumpla con los estándares y directrices internacionales, incluyendo las observación general n.º 7 sobre el derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos (art. 11 del Pacto, párr. 1) El Comité insta al Estado a proporcionar servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a todas las viviendas existentes. El Comité solicita al Estado parte que proporcione información sobre el número de personas sin hogar en el Estado parte, en su próximo informe periódico. Pobreza 19. El Comité observa que, si bien el índice de pobreza nacional se redujo, el porcentaje de la población que vive en la pobreza sigue siendo alto y la disparidad entre los niveles de pobreza en el área rural y urbana es todavía alarmante. El Comité reitera su preocupación sobre la gran desigualdad en la distribución de riqueza en el Estado parte (E/C.12/SLV/CO/2, para. 17 y 35) (art. 11). El Comité recomienda al Estado parte que en los programas de lucha contra la pobreza preste debida atención a las diferencias y brechas existentes en las zonas urbanas y rurales. El Comité recomienda al Estado que mantenga sus esfuerzos en el marco de sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También le recomienda que intensifique las medidas para luchar contra la pobreza y la extrema pobreza entre las comunidades indígenas y vigile los progresos a ese respecto, entre otros medios compilando datos estadísticos desglosados. Malnutrición y derecho a la alimentación 20. El Comité acoge con satisfacción la aprobación en 2012 de las reformas constitucionales para incluir el derecho a la alimentación y el acceso al agua, que deben aún ser ratificadas. El Comité observa con profunda preocupación que la desnutrición infantil persiste y alcanza una inaceptable tasa de 20 % (art. 11) El Comité recomienda que el Parlamento culmine el proceso ratificando las reformas constitucionales para garantizar el derecho a la alimentación y el acceso al agua en la Constitución. Asimismo, insta al Estado parte que intensifique su labor para prevenir y combatir la malnutrición infantil, especialmente la que afecta a los niños que viven en zonas rurales y remotas. Derecho a la salud 21. El Comité reitera que el presupuesto destinado a la salud sigue siendo insuficiente para cubrir adecuadamente a todos grupos de la población, en particular a los que se encuentran en situa122 3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW7SGMEPIW]'YPXYVEPIWWSFVIPSW8IVGIVSGYEVXS]UYMRXS informes periódicos combinados de El Salvador ción de vulnerabilidad (E/C.12/SLV/CO/2, para. 24). El Comité nota con interés el régimen Especial de Salud y Maternidad para los trabajadores del servicio doméstico, establecido en 2010 (Decreto Ejecutivo N. 74), sin embargo lamenta que éste tenga un carácter voluntario y que no contemple otras personas empleadas en el sector informal. (art. 12). El Comité recomienda que el Estado parte incremente el presupuesto asignado a la atención a la salud y tome las medidas necesarias para consolidar un sistema nacional de salud, accesible a todos, sin discriminación alguna, de acuerdo con el artículo 12 del Pacto y tomando en consideración la Observación general Nº 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe presente información detallada y actualizada, incluyendo datos estadísticos desagregados e indicadores que permitan apreciar los avances logrados en esta área. Aborto 22. El Comité reitera su preocupación sobre la persistencia de la total prohibición del aborto, que afecta particularmente a mujeres pobres y con un nivel menor de educación, sin consideración alguna a situaciones excepcionales, lo que ha generado graves casos de sufrimiento e injusticia (E/C.12/SLV/CO/2, para. 25 y 44). Al Comité le preocupa de sobremanera los casos de mujeres que han acudido al sistema de salud en situación de grave riesgo para su salud y han sido denunciadas por sospecha de haber cometido aborto. En ciertos casos les han sido impuestas sanciones penales desproporcionadas sin que se cumpla el debido proceso . Asimismo, le preocupa el elevado número de abortos inseguros e ilegales, lo cual tiene graves consecuencias para la salud y sigue siendo una de las principales causas de la mortalidad materna. (art. 12). El Comité insta al Estado Parte a que revise su legislación respecto a la total prohibición del aborto para hacerla compatible con otros derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, así como con su dignidad. El Comité insta al Estado que proporcione atención de calidad para el tratamiento de las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo en lugar de priorizar su persecución penal. Salud sexual y reproductiva 23. Pese a los esfuerzos del Estado parte, preocupan al Comité la insuficiencia y la inadecuación de los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente para las jóvenes y las mujeres, lo que, a pesar de ciertas mejoras, sigue dando lugar a tasas de mortalidad materna elevadas y a altas tasas de embarazo en la adolescencia. (art. 12). El Comité recomienda al Estado parte que redoble su labor para reducir la alta tasa de embarazos de adolescentes y asegurar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva especialmente en las zonas rurales. Asimismo, recomienda que Estado parte amplíe y refuerce la educación, integral y apropiada a cada edad, sobre salud sexual y reproductiva en los programas escolares de la enseñanza primaria y secundaria para ambos sexos e implante programas de educación y concienciación de la opinión pública. 123 3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW7SGMEPIW]'YPXYVEPIWWSFVIPSW8IVGIVSGYEVXS]UYMRXS informes periódicos combinados de El Salvador Calidad de la educación y presupuesto 24. En que pese los aumentos presupuestarios destinados a la educación, el Comité nota con preocupación que éste sigue siendo insuficiente. En particular, al Comité le preocupan las diferencias de nivel de calidad e infraestructuras entre las escuelas de las zonas urbanas y las rurales; la baja remuneración de los docentes; y la insuficiente formación de éstos (arts. 13). El Comité recomienda que el Estado parte asegure los recursos necesarios para garantizar la calidad e infraestructura adecuadas del sistema educativo en las zonas rurales y urbanas. Asimismo, recomienda que el Estado parte mejore las condiciones materiales y salariales del cuerpo docente y su capacitación. Abandono escolar 25. En que pese los esfuerzos del Estado parte, al Comité le preocupa las elevadas tasas de abandono escolar en la educación primaria, en particular entre las niñas de las zonas rurales. Asimismo, pese a los avances, el Comité nota con preocupación la alta tasa de analfabetismo, principalmente en las zonas rurales y entre las comunidades indígenas, en particular entre las niñas y mujeres (arts. 13 y 14). El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos en el marco del plan de alfabetización y redoble sus esfuerzos en las zonas rurales y entre las comunidades indígenas. Alienta al Estado parte a desarrollar programas específicos para prevenir la deserción escolar y enfrentar las causas de la misma. Educación bilingüe intercultural 26. El Comité observa con preocupación que las comunidades indígenas no siempre disfrutan del derecho a una educación impartida en lengua indígena. Asimismo, al Comité le preocupan las limitaciones en el acceso y permanencia en la educación secundaria y la educación superior particularmente de los adolescentes y jóvenes indígenas (arts. 13 y 14). El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas eficaces para garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la educación intercultural y en sus lenguas propias y que vele por que esa educación se adapte a las necesidades específicas de esos pueblos. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas urgentes para preservar las lenguas indígenas y fomentar su uso. Derecho a la tierra y a los recursos naturales 27. Al Comité le preocupa que el Estado parte no cuente con un mecanismo legal para reconocer el derecho de los pueblos indígenas como tales a obtener títulos colectivos de propiedad sobre tierras. Asimismo, le preocupa que no se proceda de manera sistemática a la consulta efectiva y la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones relativos a la explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios tradicionales. En particular, le preocupa al Comité que todavía no haya sido ratificado el Convenio N.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (arts. 1, 2 y 15). 124 3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW7SGMEPIW]'YPXYVEPIWWSFVIPSW8IVGIVSGYEVXS]UYMRXS informes periódicos combinados de El Salvador El Comité recomienda al Estado parte que incorpore mecanismos para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales y sus recursos naturales. Asimismo, El Comité insta al Estado parte a que en el ámbito de las actividades de exploración y explotación minera e hidroeléctrica, realice consultas que incluyan la expresión libre del consentimiento de los pueblos afectados. Asimismo, recomienda al Estado parte a que agilice el proceso de adhesión al Convenio N.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de 1989 y alienta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos en promover y aplicar los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Derecho a los beneficios del progreso científico 28. Al Comité le preocupa que los medios científicos dedicados a descubrir las causas de la “enfermedad renal crónica de causas desconocidas” (CKDu), que ha provocado más de 5.000 muertes en el Estado parte, particularmente entre los trabajadores agrícolas del sector de la caña de azúcar, hayan sido hasta el momento insuficientes y no hayan dado aún resultados satisfactorios (art. 15, para. 1 b). El Comité insta al Estado parte a que en cooperación con los países vecinos, los organismos internacionales y la cooperación internacional intensifique los recursos científicos necesarios para la investigación independiente de esta enfermedad y sus causas y posteriormente aplique ese conocimiento para su prevención y cura, facilitando así el disfrute del progreso científico a las personas afectadas. D. Otras recomendaciones 29. El Comité pide al Estado parte que dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en todos los niveles de la sociedad, en particular entre los pueblos indígenas, los funcionarios públicos, las autoridades judiciales, los legisladores, los abogados y las organizaciones de la sociedad civil, e informe al Comité sobre las medidas que haya adoptado para aplicarlas en su próximo informe periódico. También lo alienta a que recabe la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los debates que se celebren a nivel nacional antes de la presentación de su próximo informe periódico. 30. El Comité invita al Estado parte a que actualice su documento básico de conformidad con las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6, cap. I). 31. El Comité pide al Estado parte que presente su sexto informe periódico de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 30 de mayo de 2019. 125 Este libro se imprimió GP6CNNGTGU)T¶ſEQU7%# GPGNOGUFGQEVWDTGFG .CGFKEKÎPEQPUVCFGGLGORNCTGU M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Colectivo de Organizaciones Sociales responsables de la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE) Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM) Foro del Agua Asociación Aspidh Arcoiris Mesa de Género de Mejicanos Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA) ASOCIACIÓN SOLIDARIA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO M Y B C M Y Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC C B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C ASOCIACIÓN SOLIDARIA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Colectivo de Organizaciones Sociales responsables de la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) Con el apoyo solidario de: 18932 Portada Informe PDDH.indd 1 02/10/14 17:33 M Y
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