1. Educación

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Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
Colectivo de Organizaciones Sociales responsables
de la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC:
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE)
Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU)
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM)
Foro del Agua
Asociación Aspidh Arcoiris
Mesa de Género de Mejicanos
Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL)
Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA)
ASOCIACIÓN SOLIDARIA
PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO HUMANO
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Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco
del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC
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ASOCIACIÓN SOLIDARIA
PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO HUMANO
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
Colectivo de Organizaciones Sociales responsables de la elaboración del Informe
Sombra presentado al Comité DESC
Informes de las organizaciones sociales y la PDDH
al Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, en el marco
del examen de los Informes Periódicos Tercero,
Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre
la aplicación del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
Con el apoyo solidario de:
18932 Portada Informe PDDH.indd 1
02/10/14 17:33
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Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
Colectivo de Organizaciones Sociales responsables de la elaboración del Informe
Sombra presentado al Comité DESC
Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto
y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
Con el apoyo solidario de:
Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador
sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
Licenciado David Ernesto Morales Cruz
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
Colectivo de Organizaciones Sociales responsables
de la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC
Con el apoyo solidario de CORDAID.
Octubre de 2014
San Salvador, El Salvador, América Central.
Índice General
5
Mensaje del Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos, licenciado David Ernesto
Morales Cruz
Mensaje del Colectivo de
Organizaciones Sociales responsables
de la elaboración del Informe Sombra
presentado al Comité DESC
11
Mensaje de la Señora Carmen Rosa Villa
Quintana, Representante Regional para
América Central del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Informe sombra presentado por
organizaciones de la sociedad civil
salvadoreña en el marco de los
Informes periódicos tercero, cuarto y
quinto presentados por el Estado de
El Salvador, de conformidad con los
artículos 16 y 17 del PIDESC
55
7
13
Informe Alternativo de la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos sobre
la aplicación del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
en El Salvador (2006 - 2013) (Para Lista de
Recomendaciones)
Anexo I
3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXq
de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales sobre los tercero,
cuarto y quinto informes periódicos
combinados de El Salvador
115
3
Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los
Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC
Mensaje del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos,
licenciado David Ernesto Morales Cruz
En mayo de 2014, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
durante su 52º período de sesiones (28 de abril al 23 de mayo de 2014), examinó los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Con el objetivo de enriquecer y favorecer un
diálogo transparente, exhaustivo y profundo entre el Estado de El Salvador y el Comité, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y distintas organizaciones sociales, presentaron informes alternativos acerca de la situación de los derechos económicos, sociales (DESC) en el país.
Ambos esfuerzos ofrecen un análisis crítico de los principales logros, deudas y desafíos que tiene
el Estado salvadoreño en esta materia. Ya que si bien es cierto es posible señalar diversas iniciativas
gubernamentales orientadas al cumplimiento de los DESC, la situación en que vive la mayor parte de
la población salvadoreña indica que hace falta un compromiso más fuerte por atender las obligaciones
estatales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos.
El objetivo que se persigue con esta publicación es que los aportes preparados por las organizaciones
sociales y la PDDH sean conocidos por los distintos sectores de la sociedad, y contribuyan al debate
nacional sobre la situación y el rumbo del país en cuanto a la vigencia de los derechos humanos. Asimismo, se reproducen acá las Observaciones Finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales sobre los tercero, cuarto y quinto informes periódicos combinados de El Salvador –emitidas
el 23 de mayo de 2014–, con el fin de apoyar en la difusión de las mismas, e invitar al Estado a continuar con este esfuerzo, promoviendo su conocimiento en todos los niveles de la sociedad; en particular
entre los pueblos indígenas, las funcionarias y funcionarios públicos, las autoridades judiciales, los legisladores y legisladoras, la comunidad jurídica y las organizaciones de la sociedad civil, tal y como lo ha
recomendado el propio Comité.
Para la PDDH, este proceso es primordial para reforzar en la población el reconocimiento de sus
derechos económicos, sociales y culturales, de tal manera que los reivindique como verdaderos derechos
exigibles y justiciables. A la vez, es importante para que las instituciones estatales cuenten con una base
sobre la cual desarrollar planes nacionales en áreas tan importantes como la salud, educación, empleo y
seguridad social, entre otras.
Finalmente, debo señalar que, más allá del interés de presentar el panorama de los DESC en El Salvador, el propósito esencial de este esfuerzo es impulsar al Estado hacia la adopción de decisiones orientadas a que toda la población cuente con un sólido régimen de garantías que le permita ejercer plenamente sus derechos. En este sentido, los informes elaborados deben ser vistos como herramientas para
la acción. Diversos sectores de la sociedad han demandado por décadas mejoras en los DESC y, pese a
los logros obtenidos, la deuda con ellos aún es muy grande. Por tanto, es impostergable que avancemos
en la construcción de un Estado cuyo fundamento sea el libre ejercicio de los derechos humanos. El
cumplimiento progresivo de las recomendaciones del Comité DESC constituye una excelente oportunidad para iniciar ese esfuerzo.
Esperamos que estos aportes ayuden a ese proceso y que podamos, desde hoy, caminar hacia un país
pleno en oportunidades para todos sus habitantes.
San Salvador, 10 de octubre de 2014
5
Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los
Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC
Mensaje del Colectivo de Organizaciones de la Sociedad Civil
responsables de la elaboración del Informe Sombra presentado al
Comité DESC
A mediados del año 2013 un grupo de organizaciones sociales salvadoreñas asistimos a una reunión
convocada por la Oficina Regional para América Central, de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el propósito era recordar de la existencia del espacio para
presentar informes sombra ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU
-en adelante el Comité-. Las organizaciones asistentes manifestaron estar en el proceso de elaboración
de un informe sombra, el cual sería presentado en el tiempo establecido, y que, en efecto, se tenía conocimiento que el Comité examinaría en mayo 2014 los informes de El Salvador.
El informe sombra fue enviado al Comité el 15 de marzo de 2014. En su elaboración participaron
las siguientes organizaciones sociales: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD);
Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE); Instituto de Investigación, Capacitación y
Desarrollo de la Mujer (IMU); Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM); Foro del Agua;
Asociación Aspidh Arcoiris (Organización que defiende derechos de la población Trans y HsH); Mesa
de Género de Mejicanos; Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL); Movimiento Nacional en
Defensa de la Tierra (MOVITIERRA).
El 14 de mayo de 2014, en Ginebra, Suiza, en el marco del 52° Período de Sesiones, el Comité examinó el Informe periódico tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado salvadoreño, de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
–PIDESC-.
La delegación del Estado salvadoreño fue presidida por Victoria Marina Velásquez de Avilés, quien
en ese momento fungía como Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante la ONU.
Además, la delegación la integraron Carmen Elena Castillo, Ministra Consejera; Karla Lemus de Vásquez, Directora de Asuntos Sociales de la Dirección General de Desarrollo Social Integral del Ministerio
de Relaciones Exteriores; Ana Guadalupe Medina, Magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral;
y Margarita Patricia Velásquez Centeno, Fiscal General Adjunta, de la Fiscalía General de la República.
La reunión de los miembros del Comité con la delegación oficial salvadoreña, y la participación de
organizaciones sociales de El Salvador, representadas en ese examen por FESPAD; y organizaciones no
gubernamentales internacionales, como FIAN, el Centro para los Derechos Reproductivos, y la Comisión Internacional de Juristas; se desarrolló desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde.
Las preguntas de los miembros del Comité se desarrollaron en tres bloques: el primer bloque fueron
relativas a los artículos 1 al 5 del PIDESC; el segundo, correspondió a los artículos del 6 al 9; el tercero,
a los artículos 10 al 15.
La representación del Estado salvadoreño tuvo oportunidad para responder primeramente a las preguntas de los primeros dos bloques; por la tarde lo hizo con las del tercero.
7
Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los
Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC
Por su parte, la presidenta de la delegación de El Salvador, inició su intervención disculpando a los
ministros salvadoreños que asistirían a la reunión, pero que por motivos de transición de gobierno se
vieron imposibilitados.
El relator del Comité DESC para El Salvador, dio la bienvenida a la delegación salvadoreña y agradeció su presencia. Hizo un llamamiento al Estado salvadoreño para que presente oportunamente los
informes al Comité, tal como lo mandata el Pacto. Ello en alusión a que esta vez El Salvador presentó
un informe conjunto de tres períodos, es decir, que no presentó oportunamente dos informes, los cuales
deben ser presentados cada cinco años.
También hizo un llamamiento a la delegación salvadoreña para que en esa reunión se estableciera
un diálogo franco, que sea útil para el Gobierno salvadoreño, pero sobre todo, para la población salvadoreña en el goce de los DESC.
Asimismo, el Relator agradeció al Estado la información proporcionada sobre los niveles de pobreza;
pero solicitó ampliación de información, en especial en lo relativo al efecto redistributivo de la política
fiscal. Dijo que le gusta la idea de las políticas fiscales progresivas.
Manifestó que reconocía que El Salvador es el primer Estado que presenta su informe luego de la ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC. Invitó a las organizaciones de la sociedad civil a hacer
uso de ese protocolo para la presentación de casos ante el Comité. También, hizo fuertes señalamientos
al Estado examinado, refiriéndose a la lista escrita de respuestas presentadas por éste, ya que según dijo
fueron entregadas sólo diez días antes y en un solo idioma, y que esa acción no contribuye en nada al
establecimiento de un diálogo franco tal y como lo propuso la presidenta de la delegación. Por el contrario, la presentación con mayor antelación sí permite el diálogo franco. Además, que en la misma lista,
algunas respuestas son muy heterogéneas, algunas preguntas no se responden, otras sí, pero de manera
insatisfactoria para el Comité.
También, uno a uno, mujeres y hombres miembros del Comité se mostraron muy interesados en
el informe del Estado salvadoreño, ante lo cual, la delegación salvadoreña estuvo muy demandada en
cuanto a dar respuestas a inquietudes como las siguientes:
En el tema de los pueblos indígenas, se trajo a la memoria las recomendaciones que el Comité hiciera al Estado salvadoreño en 2006. En ese momento se planteaba sobre que no se sabía cuánta era la
población indígena en El Salvador. El Comité observó en ese momento que no había un censo sobre la
población. Y que, además, el Estado informó posteriormente que lo haría en 2012, pero que tampoco
se ha hecho hasta la fecha. Por lo que se expresó que el Estado debe cuantificar primero la población
indígena para dimensionar mejor la situación en la que se encuentra. También hubo referencias a lo que
en su momento el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial –CERD- consideró como un
“etnocidio estadístico” al hecho de haber incluido una desatinada pregunta en el Censo de Población
realizado en El Salvador en 2007.
Se solicitó ampliación de la información sobre el uso que el sistema judicial hace del PIDESC al momento de fundamentar sus resoluciones.
8
Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los
Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC
El Comité mostró mucho interés en el tema de derechos reproductivos y la criminalización del
aborto, al grado que en repetidas oportunidades le preguntó al Estado sobre la situación de la criminalización total del aborto en el país y el impacto en los derechos a la salud de las mujeres. Indicó que
el país, después de 8 años de haber recibido una recomendación para que despenalizara el aborto en al
menos 3 circunstancias, aún mantiene la criminalización del mismo.
También se recordó al Estado salvadoreño que el Comité externó su preocupación en las recomendaciones de 2006 sobre los efectos del CAFTA-DR. Que si bien el Comité no tiene una postura ideológica sobre los tratados comerciales, sí tiene una postura en cuanto a que la ratificación de los tratados
tengan respeto de los Derechos Humanos. En este caso El Salvador no ha informado sobre eso.
Asimismo, solicitaron ampliación sobre los impactos en los DESC provocados por las políticas macroeconómicas del Estado.
Se preguntó si el Estado abrió la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del informe presentado por el Estado, el cual es objeto de examen.
El Comité solicitó información sobre el tema de la violencia social y delincuencial donde se involucran maras y pandillas y que en consecuencia impacta en el goce de los DESC. Una violencia que la
ejercen unas 60 mil personas. Solicitó ampliación de información sobre la facilitación del gobierno en la
tregua entre pandillas. También preguntó ¿Qué ha hecho el Estado salvadoreño para la reducción de los
homicidios? Y si hay una reforma al sistema penitenciario salvadoreño para mejorar las condiciones de
los privados de libertad.
El Comité externó que a su juicio el Estado proporcionó información que en apariencia es contradictoria, y es la referida a que por un lado se afirma que los magistrados se dicen independientes, pero
que quien los elige es la Asamblea Legislativa, y ello pareciera ser que hace perder tal independencia.
El Comité se refirió a que El Salvador estableció reservas a la Convención de Personas con Discapacidad; razón por la cual cuestionó si luego de la práctica el Estado no estaría en la disposición de renunciar a esas reservas.
El Comité solicitó dar cifras de desempleo de personas con discapacidad. Que tiene conocimiento
de la Ley de Equiparación de Oportunidades, pero que también tiene conocimiento de su incumplimiento y que las multas que aplica son muy bajas pues según el Código de Trabajo son imponibles hasta 500 colones (57.14 dólares).
En cuanto al salario mínimo, el Comité solicitó información para saber si la palabra “revisión” de los
salarios mínimos cada tres años, contenida en la Constitución, implica la posibilidad real de un aumento o no. En ese sentido preguntó el Comité ¿Qué sentido le da el Estado a la palabra “revisión” en este
caso? Y, además preguntó ¿Cuál es la razón de tener varios salarios mínimos?, y si los montos de éstos
permiten vivir digna y decentemente a quienes los reciben. Asimismo, interrogó sobre cómo el Estado
garantiza la inclusión de campesinos en las pensiones.
El Comité preguntó en relación a la regulación que establece el Código de Trabajo en el artículo 480
relativo a procedimientos para conflictos colectivos. Si efectivamente el derecho a huelga está legalizado
9
Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los
Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC
sólo en cierta etapa del proceso y que por lo tanto los jueces de lo laboral siempre han declarado ilegales las huelgas. Puntualmente pidió respuesta a ¿cuántas huelgas se han declarado como legales en el
país?
Por momentos, la delegación del Estado pareció no estar preparada para dar algunas respuestas ya
que afloraron imprecisiones como cuando, entre otras, afirmaron que la ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC abrió la posibilidad de que los ciudadanos hagan sus denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. O cuando respondieron a la pregunta de si el Estado
ha tomado medidas para implementar los Derechos al Agua y Alimentación, en este último caso la delegación se limitó a decir que existen planes y políticas para llevarlos a cabo, cuando en verdad ya existe
una reforma constitucional al respecto la cual está pendiente su ratificación por parte de la Asamblea
Legislativa, y que además, ya hay proyectos de ley presentados en la Asamblea Legislativa, para ambos
casos. También aseguraron que dos altos funcionarios están condenados y en prisión por delitos de corrupción: Carlos Perla y un Viceministro de Vivienda. En realidad, sólo el primero ha sido condenado.
Los demás sólo tienen procesos abiertos pero no han sido condenados todavía. Igual condición de imprecisión mostró la delegación para brindar información sobre el tema de la criminalización del aborto.
Luego de la última ronda de respuestas por parte de la delegación del Estado, el Comité tomó la palabra para hacer las últimas repreguntas, ante lo cual la delegación optó por entregar las respuestas por
escrito en un lapso no mayor de 48 horas.
Con fecha 23 de mayo de 2014, el Comité hizo públicas sus observaciones y recomendaciones al informe presentado por el Estado. En ellas se recogen algunos planteamientos hechos en el informe sombra elaborado por las organizaciones sociales y también por el informe elaborado por la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos.
Debido a que en El Salvador son muy poco promocionadas, y por lo tanto desconocidas, estas observaciones y recomendaciones hechas al Estado salvadoreño, se ha tomado a bien realizar la publicación del informe sombra de las organizaciones sociales, juntamente con el informe presentado por la
PDDH, y las observaciones y recomendaciones del Comité; todo con el propósito de contribuir al seguimiento que se debe dar al cumplimiento de las mismas por parte del Estado salvadoreño.
San Salvador, 10 de octubre de 2014
10
Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los
Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC
Mensaje de la Señora Carmen Rosa Villa Quintana, Representante
Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
En la Tercera Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en 1993, 171 Estados adoptaron por consenso la Declaración y el Programa de Acción de Viena, bajo los principios de que los
derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Hoy,
estos principios han sido incorporados y asimilados en las observaciones finales formuladas por diversos Órganos de Tratados de las Naciones Unidas.
Si bien esta ocasión está orientada a destacar las observaciones del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el caso de El Salvador, invito a analizar de forma conjunta e integral las
observaciones finales y recomendaciones formuladas en el presente año por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (agosto 2014), el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (mayo 2014), el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus
Familiares (abril 2014) y el Comité sobre los derechos de las Personas con Discapacidad del pasado año.
Al hacerlo de esta forma podemos advertir claramente la interdependencia e indivisibilidad entre los
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
Paso a compartir algunos ejemplos: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) ha hecho una clara recomendación sobre la necesidad de garantizar el goce efectivo de los
derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, y en esa misma línea, el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) ha exhortado al Estado a mejorar el disfrute
de estos mismos derechos por parte de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El Comité DESC ha
recomendado al Estado salvadoreño la integración al mercado laboral de las personas con discapacidad,
en el mismo sentido que lo hace el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así
mismo, los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la participación en la
vida política, a la protección social han sido materia de pronunciamiento en los cuatro documentos que
contienen las observaciones finales de los Comités ya mencionados.
Los desafíos que actualmente enfrenta el Estado salvadoreño en materia de respeto y de protección
de los derechos humanos deben ser vistos de manera integral, pues sólo así se podrá contar con todos
los elementos necesarios para formular leyes, políticas públicas y planes dirigidos a superar efectiva y
eficientemente las situaciones que obstaculizan el pleno disfrute de todos los derechos humanos.
El llamado que han formulado los Órganos de Tratado de Derechos Humanos de la ONU al Estado
salvadoreño ha hecho énfasis en la importancia de difundir las referidas observaciones finales en las
instituciones públicas, los poderes del Estado, las organizaciones no gubernamentales, la academia y la
ciudadanía en general.
Ello tiene como finalidad principal de promover el conocimiento de la situación de los derechos
humanos en el país, propiciar la participación activa de la sociedad civil y la puesta en marcha de mecanismos de evaluación y monitoreo sobre los avances u obstáculos en la implementación de sus recomendaciones y es expresión del involucramiento, en esta ocasión, de la sociedad civil representada por
la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y del compromiso de la Procuradu11
Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los
Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC
ría para la Defensa los Derechos Humanos (PDDH) por dar difusión a las recomendaciones del Comité
DESC.
Es necesario destacar que la participación de la sociedad civil y el diálogo fluido y permanente de
ésta con las instituciones del Estado son un pilar fundamental de un Estado Democrático de Derecho
cuyo fruto contribuirá al fortalecimiento de la nación Salvadoreña, lo que inclusive tendrá una positiva
proyección sobre la promoción de los derechos humanos en la región Centroamericana.
La creación de un mecanismo interinstitucional en el participe la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, las organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los
Órganos de Tratado y Procedimientos Especiales sería el espacio propicio para un diálogo de país dirigido al respecto, protección y garantía de los derechos humanos en el país. Confío en que a la brevedad
El Salvador cuente con ese mecanismo.
Finalmente, como Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en América Central reitero nuestro compromiso de apoyo a las instituciones del Estado para
fortalecer sus capacidades y hacer efectivos y plenamente vigentes los derechos humanos. Asimismo expreso nuestra disposición para continuar apoyando los esfuerzos de la sociedad civil en la defensa y
promoción de los derechos humanos.
El Salvador, 10 de octubre de 2014
12
Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil
salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y
quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con
los artículos 16 y 17 del PIDESC
15 de marzo de 2014
Presentado por las siguientes organizaciones: Fundación de Estudios para la Aplicación
del Derecho (FESPAD); Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL); Movimiento
Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA); Asesoría a Programas y Proyectos de
Desarrollo (ASPRODE); Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer
(IMU); Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM); Foro del Agua; Asociación
Aspidh Arcoiris (Organización que defiende derechos de la población Trans y HsH); Mesa
de Género de Mejicanos.
13
Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
Índice
Páginas
Siglas utilizadas
I.
Introducción .....................................................................
19 – 20
II. Aplicación de los artículos del Pacto
Artículo 1 ..........................................................................
20 – 22
Artículo 3 ..........................................................................
23 – 24
Artículos 6 y 7 .................................................................
24 – 26
Artículo 8 ..........................................................................
27 – 29
Artículo 9 ..........................................................................
29 – 30
Artículo 10 ........................................................................
30 – 32
Artículo 11 ........................................................................
32 – 36
Artículo 12 ........................................................................
37 – 39
Artículo 13 y 14 ...............................................................
39 – 40
Artículo 15 ........................................................................
40 – 41
III. Conclusiones ...................................................................
41 – 45
IV. Recomendaciones ...........................................................
45 – 50
Fuentes de información
15
Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
Siglas
ASPRODE
Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo
CIADI
Centro Internacional de Acuerdo de Diferencias por Inversiones
CIFCO
Centro Internacional de Ferias y Convenciones
CNSM
Consejo Nacional del Salario Mínimo
CONNA
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia
CSJ
Corte Suprema de Justicia
DIGESTYC
Dirección General de Estadísticas y Censos
EHPM
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
FESPAD
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho
FGR
Fiscalía General de la República
FUNDAFAM
Fundación de Apoyo Familiar
FUNDE
Fundación Nacional para el Desarrollo
IMU
Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer
ISSS
Instituto Salvadoreño del Seguro Social
ISTA
Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria
Las Mélidas
Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes
LEPINA
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
LGTB
Personas lesbianas, gays, transgénero y bisexuales
MINED
Ministerio de Educación
MINTRAB
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
MOVITIERRA
Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra
MPJL
Mesa Permanente por la Justicia Laboral
NNA
Niños, Niñas y Adolescentes
OIT
Organización Internacional del Trabajo
PEA
Población Económicamente Activa
PIB
Producto Interno Bruto
PNC
Policía Nacional Civil
PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PREPAZ
Dirección para la Prevención de la Violencia
REINSAL
Red de Educación Inicial y Parvularia de El Salvador
SDDT
Sub Secretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización
TSE
Tribunal Supremo Electoral
UNICEF
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
17
Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
I.
Introducción
1.- El periodo que comprende este informe, el Estado salvadoreño se ha visto enmarcado en un contexto que representa una transición hacia un cambio de paradigmas y un hacer distinto en políticas públicas. En tanto ello, ineludible es referirse al tema del déficit fiscal que preludia el período examinado.
Aún en esas condiciones, en este período ha habido una inversión social mayor, lo que para algunos
sectores conservadores del país es visto como un elevado gasto público, y para quienes ya no hay posibilidades de aumentar los ingresos públicos.
2.- Sin embargo, para poder seguir invirtiendo más en las áreas sociales y para mejorar los niveles
de vida de la población, las organizaciones sociales creemos que el Estado debe buscar los mecanismos
para elevar sus ingresos ya que éste apenas capta el 15% del PIB, las personas que trabajan (cientos de
miles) captan el 25% bajo la forma de salario y 6,000 empresarios grandes y medianos se quedan con
el 60%. Esa distribución muestra que la riqueza se concentra en una minoría de empresarios. La carga
tributaria de El Salvador es una de las más bajas de América Latina, donde el promedio supera el 20%.
Los gobiernos de Brasil y Argentina captan el 34% del PIB. Los de Francia, Italia y Bélgica, captan entre
el 42 y el 45 por ciento del PIB. Esos y otros gobiernos tienen altos ingresos y pueden cumplir con sus
obligaciones constitucionales de garantizar, salud, educación y otros DESC a la población. En cambio en
El Salvador sucede lo contrario.
3.- Actualmente, en materia socio económica, El Salvador se perfila hacia diversos proyectos de inversión pública-privada, lo cual, desde la óptica del Estado, busca encaminar al país por el sendero del
desarrollo; sin embargo, la ejecución de estos proyectos trae aparejada una colisión directa con los derechos humanos de la población más vulnerable, y de manera indirecta, con los derechos humanos de la
población en general.
4.- Una de las tres situaciones que el PNUD identifica de manera recurrente en la sociedad salvadoreña y que no ha sido resuelta en el país es “la tolerancia con la pérdida, desperdicio y fuga de su
principal riqueza: la gente”1, Se considera que ante la falta de oportunidades económicas, cerca de uno
de cada tres salvadoreños emigra, esto trae consecuencias negativas tales como: la desintegración familiar, la desprotección de las familias, especialmente de las mujeres, quienes se ven obligadas a ser jefas
de familias monoparentales; se desprotege a niños, niñas y adolescentes, que no reciben una atención
adecuada; asimismo puede favorecer un aumento de violencia e incorporación a grupos delincuenciales.
5.- Según la medición tradicional de ingresos, el 34.5 % de hogares salvadoreños vive en pobreza2.
Eso pone de manifiesto la gran desigualdad en la distribución de la riqueza en El Salvador y que la polarización entre ricos y pobres tiende a mantenerse y acrecentarse. Esa desigualdad se ve profundizada
cuando de comparar las zonas rurales y urbanas se trata, especialmente en cuanto a servicios médicos,
educación, salarios y la calidad de la canasta básica.
6.- La pobreza total afecta a 2,521,776 personas (de un total de 6,249,262), de las cuales 1,764,001
están en pobreza relativa y 757,775 en pobreza absoluta3, impactando principalmente al área rural. Sin
embargo, es de analizar que frente a este grupo considerable de personas, concretamente 40.6 % de los
hogares en situación de pobreza que no tienen acceso a la canasta básica ampliada.
19
Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
7.- En los 262 municipios del país hay pobreza extrema. Y en 12 de los 14 departamentos la pobreza
total supera el 40%.4 Estos datos parecen sugerir que El Salvador no será capaz de alcanzar el primer
Objetivo de Desarrollo del Milenio para 2015 que es erradicar la pobreza extrema y el hambre.
8.- El presente informe recoge una valoración y evaluación desde el punto de referencia que distintas organizaciones sociales tenemos del cumplimiento de los compromisos en derechos económicos,
sociales y culturales que el Estado salvadoreño ha asumido al ser signatario de distintos Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
II.
Aplicación de los artículos del Pacto
Artículo 1
9.- El Estado salvadoreño no ha elaborado un estudio sobre el impacto que ha tenido el Tratado
de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana -CAFTA-DR- el cual
determine de manera particular la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales; y sobre las medidas que se han tomado para compensar sus consecuencias negativas. Lejos de ello, en 2013
entró en vigor un nuevo tratado comercial denominado Acuerdo de Asociación con la Unión Europea
–AdA-, el cual profundiza más el impacto de los tratados comerciales en los derechos humanos, especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales.
10.- Pese a que en 2007 fue admitida una demanda de inconstitucionalidad en contra del CAFTADR, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha dado su resolución definitiva al
respecto.
11.- Como si fuera poco, el Estado salvadoreño también firmó un acuerdo político con los Estados
Unidos, denominado Asocio para el Crecimiento, el cual, entre otras cosas ha condicionado a El Salvador para que, entre otros asuntos, reforme el marco legal interno en lo referente a permitir la asociatividad pública privada, la reforma de la función pública, las leyes de comercio electrónico, el acceso a la
información pública, la extinción del dominio, entre otras. De no cumplirse tales condicionantes, no se
aprueban fondos no reembolsables como los son los Fomilenio I y II.
12.- La institucionalidad jurisdiccional salvadoreña ha avanzado muy poco en cuanto a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Es de reconocer que la actual conformación de
la Sala de lo Constitucional ha emitido algunas resoluciones en donde prepondera este tipo de derechos
ante derechos de particulares; sin embargo, otros tribunales de menor rango no los tutelan por distintas
razones entre las cuales destacan los vacíos legales y la exigibilidad misma por parte de la población.
Esto último deriva en parte por la poca promoción y enseñanza de los Derechos Humanos que se hace
desde el Estado, a pesar de ser un mandato constitucional.
13.- Pese al reconocimiento jurídico que de los pueblos indígenas se tiene, sus derechos económicos,
sociales y culturales no están garantizados en la práctica. Desde 1930 el Estado salvadoreño no ha realizado un censo de las poblaciones indígenas, esa falta de estadísticas impide evaluar el ejercicio efectivo
de sus derechos.
20
Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
14.- El Estado salvadoreño no ha seguido los pasos específicos para formalizar el reconocimiento legal y político en el país de los pueblos indígenas tanto en el ámbito nacional como local. En ese sentido,
el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, expresó que la mayor parte de las iniciativas de Gobierno que tienen que ver con los pueblos indígenas están todavía en una fase incipiente. En
2011 el Relator llamó al Gobierno a adoptar las reformas a la Constitución actualmente bajo consideración, que asegurarían el reconocimiento legal de los pueblos indígenas. Ello, junto con la ratificación
del Convenio 169 de la OIT5. Sin embargo en el período examinado tales recomendaciones no tuvieron
cumplimiento.
15.- A nivel normativo los pueblos indígenas continúan siendo invisibilizados a tal punto que no
son reconocidos constitucionalmente sus derechos, a la fecha de redacción de este informe, a pesar de
la exigencia de los pueblos originarios,6 no se ha ratificado la reforma constitucional aprobada el 25 de
abril de 2012, de los art 62 y 63, con la que se reconocerían los derechos de estos pueblos.
16.- En relación a la normativa internacional que regulan sus derechos se encuentra la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas. El primero de los cuerpos normativos fue firmado por el gobierno de El Salvador en
el año 2007 del cual falta su ratificación; y el segundo no ha sido suscrito aún.
17.- La ausencia de cuerpos normativos que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas da
paso al desinterés del Estado en asumir el deber que tienen de garantizar los derechos de las comunidades ancestrales. El relator de las Naciones Unidas James Anaya observó la necesidad de que el Estado
impulse acciones más concretas de las existentes, orientadas al rescate de las manifestaciones culturales
como la lengua y las tradiciones ancestrales y su incorporación en los sistemas de protección social, en
particular los referidos a salud, educación, los programas de asistencia económica para el crecimiento
productivo, así como los programas de tenencia de tierra, que deben ser acordes a patrones culturales y
necesidades de los pueblos indígenas.7
18.- Los pueblos originarios históricamente han sido despojados de sus tierras de forma violenta o
“legal” esto se agrava cuando en la actualidad no hay políticas públicas orientadas a reconocer, garantizar y proteger los territorios indígenas. Para el 2011, se estimó que sólo el 5% de las personas indígenas
en El Salvador tenían seguridad jurídica sobre la tierra, con lo que se identifica la carencia de acceso
a la misma. Los esfuerzos que desarrolló el gobierno actual en El Salvador para la titulación de la tierra entre el 2009 y junio 2012 han beneficiado a 28,000 personas, de las cuales, solamente 307 familias
identificadas como indígenas fueron beneficiadas8. Sin embargo esto no elimina la deuda histórica de
este reconocimiento.
19.- Sumando a ello, de acuerdo al Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas,
James Anaya indica que los territorios donde se encuentran los pueblos originarios se ven amenazados
por proyectos hidráulicos como los desarrollados en el río Sensunapán afectando a los municipios de
Juayua, Salcoatitán, Nahuizalco, Sonzacate, San Antonio del Monte, Sonsonate y Acajutla, que se encuentran a la ribera del río, afectando con ello a las comunidades indígenas en el acceso al agua para consumo, uso agropecuario y doméstico. Asimismo, identifica la amenaza de la explotación minera
en los territorios de asentamientos indígenas debido a que sólo hay una norma transitoria que prohíbe
otorgar licencias para dichos fines.9
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
20.- A pesar de las agresiones históricas acaecidas hacia los pueblos indígenas, en la actualidad existen alrededor de 24 organizaciones10 indígenas que luchan por la defensa de sus derechos, las cuales
identifican como prioridad lo siguiente: “Que el Estado Salvadoreño se comprometa a aportar la cuota
en el organismo internacional denominado Fondo de Población Indígena; generar un proceso de incidencia en la sociedad para visibilizar lo indígena desde diferentes ángulos; desarrollar acciones legales
que posibiliten reformar la Constitución; generar un proceso en el movimiento social acerca de la necesidad de incorporar en sus acciones la premisa de lo indígena como parte de las propuestas que se
impulsen a nivel local, municipal, departamental y nacional; resistencia y rechazo a la implementación
de los Tratados de Libre Comercio; generar acciones enrumbadas al derecho de los pueblos a la seguridad y soberanía alimentaria; lucha y demanda de reformas legales y constitucionales por el derecho a
la tierra”11. De igual forma, en agosto el 2012 y mediante la Declaración de Cuscatlán, las organizaciones indígenas sentaron posición en defensa de la madre tierra que se ve amenazada por las industrias
extractivas12. No obstante, una amenaza emergente que tienen los pueblos indígenas es el interés del
gobierno de mercantilizar su cultura promoviendo el turismo.
21.- En cuanto a la participación política de los pueblos indígenas en los comicios electorales presidenciales del 2014 se reconoció el avance que representó para la población indígena el voto residencial.
Organizaciones indígenas de Nahuizalco manifiestan que el voto residencial les facilitó el acceso al sufragio y les garantizó mayor respeto para la población indigna, al manifestar que “muchas veces hemos
sentido la intolerancia, la discriminación y la agresividad por parte de las personas en el pueblo que nos
ven de menos. Ahora que votamos en el cantón y somos todos del mismo lugar nos tenemos respeto y
hay menos conflictos, a pesar de las diferencias políticas.
22.- No obstante, la organizaciones indígenas del referido municipio identifican un nivel de abstencionismo en la población debido a que muchas persona les correspondía votar en un cantón distinto
al que habitan, según el registro electoral, teniendo que trasladarse grandes distancia para ejercer su
derecho al voto. Por lo anterior consideran que es parte de la discriminación racial, al manifestar que
“sospechamos que las dificultades y el desorden no tienen fundamentos técnicos, sino que reflejan la
intención de reducir el voto indígena y nuestra partición política, de ser así estaríamos entonces ante un
caso de discriminación racial”.
23.- Una amenaza emergente que tienen los pueblos indígenas es el interés del gobierno de mercantilizar su cultura. Muestra de lo anterior es que sin tomar en cuenta la participación indígena en la
formulación de los procesos de desarrollo, los representantes de los Ministerios de Turismo de México,
Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, miembros de la Organización Mundo Maya -OMM-, firmaron el 16 de agosto de 2012, en San Salvador, una declaración en la que se comprometen a impulsar
como destino turístico la ruta maya, con el propósito de recibir 30 millones de turistas en el 2012.13
24.- La ausencia de cuerpos normativos que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas da
paso al desinterés del Estado en asumir el deber que tienen de garantizar los derechos de las comunidades indígenas. El relator de las Naciones Unidas James Anaya observó la necesidad de que el Estado
impulse acciones más concretas de las existentes, orientadas al rescate de las manifestaciones culturales
como la lengua y las tradiciones ancestrales y su incorporación en los sistemas de protección social, en
particular los referidos a salud, educación, los programas de asistencia económica para el crecimiento
productivo, así como los programas de tenencia de tierra, que deben ser acordes a patrones culturales y
necesidades de los pueblos indígenas.14
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
Artículo 3
25.- Son notorios los esfuerzos del Estado en cuanto a asegurar la plena aplicación del principio de
no discriminación, el derecho a la igualdad y la promoción de los derechos de las mujeres. Es loable la
creación de instituciones como la Secretaría de Inclusión Social y el proyecto Ciudad Mujer. Asimismo
se reconoce la aprobación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra
las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres15, además del
marco normativo internacional que protege el ejercicio de los derechos de las mujeres ratificado por El
Salvador. También destaca la apertura para que organizaciones sociales que trabajan el tema de la mujer
participen en el diseño, ejecución y evaluación de la Política Nacional de la Mujer.
26.- La discriminación de la que son víctimas las mujeres en El Salvador, aún se ve perpetuada por
los prejuicios y condiciones sociales tradicionales de la cultura patriarcal, a pesar del considerable número de instrumentos jurídicos y programas adoptados por el Estado salvadoreño. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en oficios domésticos, conocidas legalmente como trabajadoras del servicio doméstico conforme lo establece el artículo 77 del Código de Trabajo. Pese a las regulaciones del Código de
Trabajo, no se garantiza el respeto de sus derechos como trabajadoras, siguen sin ninguna protección
laboral, donde no se garantiza contrato por escrito, carecen de protección sobre la garantía de tener un
salario mínimo, no están sujetas a un horario de 8 horas diarias, sino las que el patrono estime convenientes o necesarias para la prestación de los servicios, obligándolas a prestar sus servicios en días de
asueto, sin percibir el pago que les corresponde por ley; se señalan condiciones de discriminación y de
“esclavitud” pues según lo establece el artículo 83 ordinal 3º se consideran causas de terminación de
contrato sin responsabilidad para el patrono el “cometer el trabajador actos de insubordinación contra
el patrono, su cónyuge, ascendientes, descendientes u otras personas que habiten permanentemente en
el hogar”, situación que claramente violenta los derechos humanos y laborales de las trabajadoras domésticas reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.
27.- Las mujeres siguen devengando menos del salario mínimo, y sin ser incluidas en el sistema de
seguridad social. Tampoco el Estado ha establecido un mecanismo eficiente que permita dar cumplimiento al principio constitucional que establece que a igual trabajo igual remuneración, especialmente
cuando de mujeres se trata.
28.- Si bien, las inspecciones laborales han aumentado en El Salvador sobre todo porque se ha aumentado la contratación de más inspectores de trabajo, aún persiste la precaria situación laboral de ciertas personas, especialmente de las mujeres que trabajan en las maquiladoras textiles, en muchas de las
cuales no se respetan las reglas de contratación y las condiciones de trabajo establecidas en el Código
del Trabajo.
29.- Sobre la participación política de las mujeres, El Salvador está a un nivel ligeramente inferior al
promedio de América Latina y el Caribe que es de 20.7%. De acuerdo con el Censo de Población 2007,
en El Salvador las mujeres constituían el 52.7% de la población. Sin embargo su participación en los
poderes públicos era desigual. Su participación en el Órgano Legislativo continúa siendo una de las más
bajas en la región, aunque aumentó del 9% en el período 2000-2003 al 9% a 19% en el período 20092012. Una mayor presencia de mujeres (33.3%) se encuentra en la actual bancada de El Salvador en el
Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
30.- Si bien es cierto que durante los últimos cuatro años se ha avanzado en acciones conjuntas entre el Gobierno con la sociedad civil que se encaminan a erradicar progresivamente las prácticas y actitudes discriminatorias en los distintos ámbitos en contra de las mujeres, las personas lesbianas, gays,
transgénero y bisexuales (LGTB), así como también en perjuicio de las personas viviendo con VIHSIDA. No obstante, aún persisten prácticas y conductas institucionalizadas de intolerancia y discriminación en razón de la orientación sexual. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa aún discute la aprobación
de una prohibición constitucional para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.
31.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las asociaciones de la comunidad LGBTI firmaron un
acuerdo el 7 de marzo de 2014, con el fin de no entorpecer el derecho del sufragio a los miembros de
la misma en las elecciones presidenciales del día 9 del mismo mes. El día de las elecciones, por ejemplo
a Rubí López Moz, transgénero cuyo Documento Único de Identidad figura a nombre de Rubén López
Moz, se le permitió votar sin ningún impedimento en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones
(CIFCO).
32.- La Asamblea Legislativa aún no ha ratificado el protocolo facultativo de la CEDAW, debido a la
presión que han ejercido los grupos conservadores nacionales y extranjeros.
33.- Las personas privadas de libertad, a febrero de 2014 se contabilizaban en 26,702. De los cuales
21,083 (78.96%) se encontraban condenados y 5,619 se encontraban procesados. Del total de privados
de libertad 24,197 eran hombres y 2,505 eran mujeres.16 Los 19 centros de internamiento que conforman el sistema penitenciario salvadoreño tienen una capacidad para albergar 8,490 internos, por lo que
se estima una sobrepoblación de 18,212 personas.
34.- La situación de hacinamiento en el caso del penal que alberga mujeres es crítico, ya que su
capacidad es para albergar a 220 internas, pero a julio del 2013 registraba una población de 2084 personas.
35.- El presupuesto para el 2012 era de USD$1.96 diarios para alimentación por privado de libertad,
es decir, USD$ 0.65 por cada comida.
36.- El sistema penitenciario registra 2,662 (9.92%) mujeres privadas de libertad, al 15 abril de 2013.
Están albergadas en Cárcel de Mujeres de Ilopango, y en los Centros Penales de Quezaltepeque, Sensuntepeque, Apanteos y San Miguel.
Artículos 6 y 7
37.- En el país sólo 1 de cada 5 trabajos es decente17, por lo que la mayoría de estos no garantizan tres condiciones básicas para convertirse en herramientas que construyan progreso: ofrecer una
remuneración justa, dar protección social para el trabajador y su familia y garantizar condiciones de
seguridad.18
38.- Según datos oficiales, para el 2013, de cada 100 personas en condiciones de trabajar, 59 estaban
plenamente ocupadas, 31 son subempleadas y sólo 6 no contaban con acceso a un empleo (en términos
brutos, 165,439 estaban desempleadas y 836,499.478 subempleadas). La tasa de desempleo fue del 6.07%
de la Población Económicamente Activa (PEA) que para ese año era de 2,724.754 personas. Con base a
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
tales datos, el desempleo se habría reducido en un 0.53% en el mismo año. En 2009 la cifra de desempleo era de 7.3% de la PEA, es decir que durante el período examinado el desempleo se redujo en 1.23%
de la PEA.19
39.- Los indicadores señalan un avance en la reducción del desempleo; sin embargo, ello no ha sido suficiente para disminuirlo sustancialmente. A pesar de que los indicadores reflejen un avance para
mejorar el acceso al trabajo, el reto sigue siendo significativo pues si se toma en cuenta el desempleo
(6.07%) y el subempleo (31%) existente, se tiene un 36% de la PEA que no tiene garantías de un empleo
a mediano o largo plazo, ya sea porque no tiene acceso a uno o porque éste no es permanente.
40.- Aunque la tendencia de la tasa de desempleo ha sido a la baja en el período examinado, la
magnitud de trabajo en el sector informal sigue siendo alarmante. Sobre todo porque ha habido una
disminución de la tasa de desempleo, pero contrariamente ha aumentado la tasa de subempleo. Con el
agravante que el sector informal no es cubierto por la seguridad social ni previsional. A pesar de que,
en términos generales, los indicadores reflejen un avance para mejorar el acceso al trabajo, el reto sigue
siendo significativo pues si se toma en cuenta el desempleo (6.07%) y el subempleo (30.7%) existente,
tenemos poco más de un 36% de la PEA que no tiene garantías de un empleo a mediano o largo plazo,
ya sea porque no tiene acceso a uno o porque éste no es permanente.
41.- El porcentaje de jóvenes que no estudia ni trabaja se mantiene en 21%, y no hay signos que indiquen que esto cambiará. La recién aprobada Ley de Juventud ofrece incentivos y programas enfocados
en este sector, pero para quienes no encuentran oportunidades de desarrollo todo se queda en el plano
de lo escrito. Muchos siguen considerando el arriesgado camino de la migración como una salida para
“sacar adelante a la familia.20
42.- Entre los años 2009 y 2013 se han registrado tres aumentos al salario mínimo21. El último fue
avalado por el presidente Mauricio Funes en julio de 2013 luego de una intensa disputa con los representantes de la empresa privada en el Consejo Nacional del Salario Mínimo -CNSM-. El aumento aprobado fue del 12% para el sector privado pero que será aplicado en tres momentos: 4% en julio de 2013,
4% en enero de 2014, 4% en enero de 2015.
43.- Con el aumento del 4% correspondiente al año 2013, los salarios mínimos vigentes para ese
año en El Salvador son: (1) sector comercio e industria: $233.06; (2) sector maquila textil: $ 195.00; (3)
sector industrial $ 228.07; (4) sector agrícola: $109.20. Para enero del año 2015, el aumento del 12% se
concretará en su totalidad y los salarios mínimos quedarán así: 1) sector comercio e industria: $250.99;
2) Sector maquila textil: $ 210.00; 3) sector industria: $ 245.61; 4) sector agrícola: $117.60.
44.- Aún con estos aumentos y comparado con la canasta de mercado22, los salarios siguen siendo
insuficientes, especialmente en el sector privado, lo que no permite a los trabajadores y a sus familias
vivir adecuadamente.
45.- Al margen de las discusiones de la suficiencia o no del monto de los salarios vigentes, el gobierno ha realizado esfuerzos significativos por garantizar que se respeten los salarios mínimos legalmente
establecidos. Entre junio de 2012 y marzo de 2013 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social registró y
conoció de 1,477 casos de violación al salario mínimo. En concordancia con ello, impuso multas que en
total suman $22,813.74.
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
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46.- En cuanto a la permanencia en el empleo, la legalidad del despido de hecho en la legislación
salvadoreña es una amenaza constante para el sector privado. Por su parte, en el sector público también
se han registrado múltiples vulneraciones a este derecho, principalmente en las Alcaldías Municipales.
47.- En el sector privado, la incertidumbre laboral es constante pues el artículo 38 ordinal 11° de la
Constitución de la República y el artículo 58 y siguientes del Código de Trabajo, legalizan la posibilidad
de que los trabajadores y trabajadoras pierdan su puesto de trabajo sin motivo alguno. Ello se traduce
en la inexistencia del derecho de permanencia en el empleo para el sector privado. Asimismo, esa posibilidad deriva en múltiples violaciones a derechos laborales, algunas que no son denunciadas, precisamente, ante la posibilidad del despido de hecho.
48.- La gran mayoría de los casos de despidos de hecho en el sector privado no son registrados
estadísticamente pues son parte de la dinámica “natural” de la oferta y demanda laboral. Sólo aquellos
casos en que se reclama la respectiva indemnización son registrados en las estadísticas de las instituciones gubernamentales. Para el caso, al final del año 2012 estaban en trámite 7,877 juicios individuales
de trabajo por diversas violaciones a derechos laborales, entre ellas, el reclamo de indemnización ante
despidos de hecho.
49.- En el sector público, las vulneraciones a la permanencia en el trabajo han persistido, sobre todo,
con la utilización de la figura de contratación mediante la modalidad de “servicios personales”, sin embargo, en el año 2012, el grueso de violaciones en el sector público se dio en diversas municipalidades
del país luego del cambio de gobiernos municipales, valiéndose de las figuras de “supresión de plaza o
cargo” y de “puestos de confianza”, ambas contempladas en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM).
50.- Un aspecto que contribuyó en forma relevante con la estabilidad laboral de los empleados públicos en el período, fue gracias al cambio de precedente de la Sala de lo Constitucional que estableció
la existencia de la estabilidad laboral aún en casos en que el servidor público estuviera bajo contrato,
con lo que rompió con la jurisprudencia anterior que no lo aceptaba. Esto posibilito que varios servidores públicos bajo contrato que fueron despedidos fueran amparados, incluyendo al sindicalista de la
Asamblea Legislativa, Luis Alberto Ortega, que fue despedido y la Sala ordenó su restitución.
51.- A finales del año 2012, el número de despedidos en las comunas sumaba más de 600 (casos públicos), en alcaldías como: Soyapango, Ilopango, Ayutuxtepeque, San Martin, Mejicanos, Izalco, San Luis
Talpa, Chinameca y La Unión.
52.- Las estadísticas judiciales reflejaron que en el año 2012 ingresaron 62 casos de solicitud de autorización de despido de empleados públicos y se presentaron 477 procesos de nulidad de despido23 El
número de solicitudes de autorización para efectuar despidos contrasta con los más de 600 casos de
despidos que se conocieron públicamente y con la cantidad de procesos de nulidad de despidos de empleados municipales incoados en el mismo año.
53.- En julio de 2012, la Asamblea Legislativa aprobó la denominada “Ley de Incentivo para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado”. La legislación detalla que los beneficiarios de esta normativa serán jóvenes entre los 18 y 29 años, que no tengan experiencia laboral, ni
registro de cotizantes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
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Artículo 8
54.- Desde la entrada en vigencia de los Convenios 87 y 98 de la OIT, ha habido un aumento de
contratación colectiva de trabajo en el sector público; sin embargo, persiste el obstáculo que limita su
materialización ya que generalmente el Ministerio de Hacienda no lo incluye en el presupuesto financiero para su materialización. Es decir que ha aumentado la contratación colectiva pero existen obstáculos
presupuestarios para cumplirlos.
55.- Desde el 2010 Las organizaciones de mujeres han trabajado para que el Estado salvadoreño ratifique el convenio 189 que garantiza los derechos de las trabajadoras domésticas, hasta la fecha no se ha
logrado.
56.- En cuanto a la conformación de organizaciones sindicales se refiere, los datos son bastante positivos. Hasta diciembre de 2013 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB- reporta 89
sindicatos inscritos en el sector público de los cuales 74 están activos. En el sector privado -incluyendo
autónomas- existen 344 sindicatos inscritos y sólo 182 activos. Asimismo, 192 organizaciones sindicales
del sector independiente inscritas de las cuales únicamente 167 están activas. A esos datos se agregan 32
nuevas juntas directivas en proceso de acreditación, 11 en el sector público, 11 en el privado y autónomas y 10 en el sector independiente.
57.- En contraste, en el año 2009 existían un total de 243 sindicatos, todos del sector privado24, es
decir, que entre 2009 y 2013 se conformaron 382 nuevas organizaciones (89 del sector público). Ese dato es mucho más significativo si se compara con el número de nuevos sindicatos creados en el periodo
2005 al 2009, el cual refleja un aumento de tan sólo 68 sindicatos (en 2005 habían 175 sindicatos y 243
en 2009)25.
58.- En total, a finales de 2013 existían 625 sindicatos inscritos de los cuales 423 están activos, 170
en acefalía (27.2 %) y 32 nuevas juntas directivas en proceso de acreditación26. Dichos sindicatos se
encuentran distribuidos en 35 federaciones y 6 confederaciones del sector privado; 5 federaciones y 1
confederación del sector público.27 No obstante, y pese al aumento de organizaciones, el Estado no tutela los derechos de sindicación tal como debiera tanto en el sector público como en el privado, ya que
aun cuando tiene conocimiento de destituciones por motivos organizativos sindicales, así como destitución de directivos sindicales protegidos con fuero, su intervención no ha garantizado el respeto de
tales derechos.
59.- Aún cuando la libertad sindical y el derecho de huelga están reconocidos en la Constitución, en
Tratados y en el Código del Trabajo, en la práctica, el ejercicio de estos derechos encuentra una serie de
obstáculos. También, existen limitaciones al derecho de huelga, ya que toda suspensión laboral que desarrollan los trabajadores trae como consecuencia que la mayoría de las huelgas sean declaradas ilegales
judicialmente.
60.- En el sector privado también se registran violaciones a la libertad sindical. En este sector existe
la tendencia a una menor denuncia pública de los casos que se presentan por la mayor vulnerabilidad
de la estabilidad laboral existente; no obstante, diversos casos se registraron. Según el “Balance anual
de denuncias por violaciones a derechos laborales 2013” publicado por diversas organizaciones defensoras de derechos laborales, se registraron casos de discriminación sindical en empresas como: Electric
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
Desings, Fabrica Florensi, Fabrica Samsew, Impresion Apparel, S.A de C.V, López Hermanos, Representaciones LYS, entre otros.28
61.- En febrero de 2013 se aprobaron una serie de reformas a la Ley de Zonas Francas, la cuales29
están orientadas a beneficiar a la empresa privada mediante el otorgamiento de mejores condiciones a
las inversiones extranjeras. Esos nuevos beneficios responden a compromisos adquiridos por el Órgano
Ejecutivo con la empresa privada en el año 201130; “El paquete de 46 cambios incluye exonerar a las empresas del pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, del impuesto de la renta e impuestos municipales
por 10 años si la zona franca está ubicada en el Área Metropolitana de San Salvador, y 15 años si está
fuera de ese sector. La exención se basará en la inversión que realicen las empresas y en la cantidad de
fuentes de trabajo que se generen, debido a que la Organización Mundial del Comercio -OMC- prohíbe
que la dispensa de pagar tributos sea en base a las exportaciones.
62.- Con la aprobación de estas reformas, se estaría otorgando una salida a problemática que representa el hecho de que en 2016 se vence el compromiso que el Gobierno adquirió con la OMC para
desmantelar zonas francas. Además, el Gobierno afirma que la Ley de Zonas Francas servirá para atraer
inversión extranjera, aunque la administración actual finalice en 12 meses.”31
63.- En el 2012 fue presentada a la Asamblea Legislativa la denominada “Ley de Asocio Público Privado” -LAPP-. La propuesta despertó la reacción negativa de diversos sectores de la sociedad salvadoreña que la catalogaron como una medida dictada desde el extranjero y como herramienta para impulsar
nuevas privatizaciones en el país. Dicha ley establece la posibilidad de que el Estado traslade a la empresa privada la prestación de servicios, la explotación de recursos naturales y la realización de obras
mediante la figura de la concesión.
64.- La normativa -denominada como Ley Especial de Asocios Público Privados- fue aprobada unánimemente (84 votos) por la Asamblea Legislativa el 23 de mayo de 2013 a pesar del desacuerdo expresado por organizaciones sindicales como el FESS,32 la CSTS33 y la MPJL.34 La ley no fue consultada con
los trabajadores ni con la población en general a pesar del impacto económico de la misma. Posterior a
la aprobación, diversos sindicatos mantuvieron los cuestionamientos a la normativa.35
65.- La aprobación de la mencionada ley abre la posibilidad de que el Estado sea desplazado por las
grandes empresas para que éstas se beneficien de las concesiones que se otorguen, esto pone en tela de
juicio el papel del Estado como responsable del bienestar de la persona humana y la efectiva tutela de
los derechos de los trabajadores ante grandes poderes económicos.
66.- Mediante resolución de la Sala de lo Constitucional36 se ordenó a la Asamblea Legislativa emitir
una ley que regulara el derecho de los trabajadores a gozar de una compensación económica al renunciar a su trabajo de manera voluntaria. Esto con el objetivo de dar cumplimiento al derecho establecido
en el artículo 38 ordinal 12º de la Constitución, mismo que se encuentra condicionado a la emisión de
una ley según lo establecido en el artículo 252 de la misma normativa.
67.- El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea aprobó la denominada “Ley Reguladora de Prestación
Económica por Renuncia Voluntaria” y varias reformas a la Ley de Servicio Civil y Ley de la Carrera
Administrativa Municipal.37 En la normativa emitida para el sector privado predominaron los intereses
de la empresa privada. El primer lugar, se acordó que la misma entrara en vigencia hasta el año 2015
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con el objetivo de que las empresas no tengan obligación de pagar el beneficio a los trabajadores. Además, el montó al que tendrá derecho el trabajador será sólo el de 15 días de salario sin que éste pueda
exceder de dos salarios mínimos, contrario a la propuesta de los trabajadores quienes propusieron que
fuese de 30 días de salario por cada año de trabajo sin límites de años y con un techo de 6 salarios mínimos. Además, como condición para tener derecho a la compensación se estableció que se debe acreditar por lo menos 2 años de trabajo.
68.- En el sector privado, los sindicatos han mostrado poca actividad reivindicativa a pesar de que
ese sector es el menos favorecido en cuanto a salarios y estabilidad laboral. Precisamente, esta última
incide negativamente en la creación y desempeño de los sindicatos en este sector. Por otra parte, los
sindicatos que emprenden alguna reivindicación, muchas veces se enfrentan con la ineficacia de las instituciones para canalizar sus peticiones por vías legales.
Artículo 9
69.- En comparación a la situación del año 2009, el año 2013 reporta avances en la cobertura del
sistema de pensiones. Tanto el número de afiliados como el de cotizantes se ha incrementado en ese
período. Las afiliaciones crecieron alrededor del 21% y las cotizaciones en más del 13%. Para febrero de
2013 se contabilizaban 2.386.599 afiliados y 627,749 cotizantes38 al sistema privado de pensiones, mientras que en junio de 2009 la afiliación era de 1,970,806 afiliados y 551,520 personas cotizantes, es decir,
hubo un aumento de más de 400 mil afiliaciones y de 76 mil cotizantes.39
70.- No obstante, en cuanto a la sostenibilidad financiera del sistema40 en su conjunto y a la calidad
de los montos de las pensiones no existe certeza alguna. El costo para honrar las pensiones está impactando fuertemente a las finanzas públicas. El Estado ha afirmado que no cuenta con un estudio completo con propuestas concretas sobre la situación actual y futura del sistema de pensiones. Eso lleva a una
incertidumbre a las personas jubiladas y por jubilarse. Para resolver el problema de la insostenibilidad
de las pensiones, en el corto plazo se prevé una reforma al sistema que busca ampliar en cinco años la
edad para jubilación tanto para mujeres como hombres. El Estado debería evaluar profundamente si el
Sistema Privado de Pensiones que inició en 1998 ha favorecido a trabajadores y pensionados, o si por el
contrario conviene volver mixto el sistema previsional. Asimismo debería revisar si el sistema privado
favorece más a las Administradoras que a los trabajadores.
71.- Pese a algunos intentos realizados, continúa la exclusión de los beneficios de seguridad social a
sectores vulnerables como el doméstico e independiente. El sistema de seguridad social que fue adoptado en 1998 en El Salvador y que otorgó la administración del fondo de pensiones a organismos privados, eliminó el principio de solidaridad del sistema redistributivo público. Dicho sistema no establece
los mecanismos necesarios para garantizar el acceso de los trabajadores agrícolas y empleados domésticos, y no beneficia de manera equitativa a hombres y mujeres.
72.- En el año 2012 se contabilizaban sólo 1800 personas dedicadas a realizar trabajo en el hogar
que estaban afiliadas al ISSS (93% de ellas mujeres)41 La iniciativa de dar cobertura social a trabajadores
del hogar fue lanzada en el año 2010 y para septiembre del 2013 el ISSS reportaba 2,614 personas afiliadas, promediando poco más de 650 inscripciones anuales. Abrir la posibilidad de brindar seguridad
social a las personas que se dedican a desarrollar los trabajos del hogar resulta significativo a la luz de la
universalidad de los derechos humanos; sin embargo, la cifra de afiliación es muy baja si se parte de las
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proyecciones que en su momento se hicieron en relación de la afiliación esperada (más de 10 mil) y del
número de personas que se dedican a esa labor (alrededor de 100 mil)42 El marco legal para extender el
beneficio es aún muy débil, ya que se dejó a discreción de los patronos hacerlo o no; por ello es imprescindible fortalecerlo si se quiere producir efectos tangibles en ese ámbito de la población trabajadora.
73.- La indebida retención de los aportes de los trabajadores persiste a pesar de los esfuerzos de las
instituciones para contrarrestarlo. En el período comprendido entre junio de 2009 a septiembre de 2013
el ISSS multó a 8,122 patronos por una cantidad que asciende a $1,019,861.14 en virtud de no trasladar
los aportes a la seguridad social. Entre enero y septiembre de 2013 se reportaban casi dos millones y
medio de dólares ($ 2,499,901.50) en concepto de aportes que no fueron traslados por 408 patronos,
situación a la que las autoridades del ISSS le dan seguimiento a través del Departamento Jurídico.43
74.- Entre junio de 2012 y lo que va de 2013 no se han presentado variaciones significativas en la
situación de la previsión social en El Salvador. La insostenibilidad financiera que se puso de relieve en
el marco de la reformas a la Ley de Pensiones en marzo de 2012 sigue latente. La reforma implicó una
ampliación del monto de las cotizaciones de los trabajadores de las cuales el Estado podía echar mano y
una reducción del monto que las AFP cobran en concepto de comisión. El hecho de utilizar los fondos
de pensiones para gastos del Estado revela la profunda crisis económica salvadoreña y el inminente riesgo que para la sostenibilidad financiera de las pensiones ello implica. Y es que si el Estado no impulsa
cambios económicos acertados será imposible que restituya el dinero que ha tomado de las cotizaciones
de los trabajadores y trabajadoras.
Artículo 10
75.- En cuanto al cumplimiento de dos grandes compromisos de país en relación a la implementación de la LEPINA, se destacan los avances significativos en el marco del cumplimiento de los derechos
de los niños, las niñas y adolescentes con el diseño y aprobación de la Ley de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia -LEPINA- en abril del 2009, y la puesta en práctica en su totalidad en enero de
2011, dicha ley propone un enfoque sistémico de la protección integral, evitando una visión fragmentada de la niñez. Adicionalmente se puede mencionar como avance importante la formulación y aprobación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la cual fue diseñada
a través de un proceso participativo, democrático e inclusivo a nivel nacional donde más del 50% de la
población consultada fueron NNA. También se cuenta con la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia y el reconocimiento al derecho a la educación es sustancial. En la
LEPINA se encuentran definidas las funciones y niveles para la organización del Sistema de Protección
Integral a nivel nacional y local, que están más desarrollados en los reglamentos y procedimientos.
76.- En cuanto a los principales indicadores de niñez (desarrollo y pobreza), se atienden a nivel de
parvularia al 54% de niñas y niños de 5 a 7 años. Se atienden a nivel de educación inicial 2.4% de niñas
y niños de cero a 4 años; sin embargo, el país debería invertir en educación el 6% de PIB para mejorar
sustancialmente la educación.
77.- Como retos y desafíos se identifica que los vacíos dentro de la LEPINA han tenido como consecuencia la falta de una clara definición de las jurisdicciones y responsabilidades de las instancias
responsables de echar a andar los sistemas locales de protección. Así, las municipalidades cuestionan
su responsabilidad directa en éstos y las organizaciones no gubernamentales trabajando a nivel local
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aún no visualizan la importancia de su registro al Sistema Nacional de Registro de Entidades de Atención, obligación por mandamiento de la ley como un requisito para integrar los Comités Locales de
Protección lo que ha retardado su instalación. Asimismo, debe ampliarse la sensibilización y compromiso de autoridades, funcionarios y servidores públicos para darle prioridad a la atención integral de la
niñez con base en la LEPINA, que debe expresarse en presupuestos visibles y programas territoriales.
78.- El Salvador aún no ha superado el reto de la transición para llegar al cambio de paradigmas que
asegure una articulación del Sistema de Protección Integral que garantice el Interés Superior de la Niñez
como el centro para las decisiones que afectan a la NNA. Para la Articulación del Sistema es vital que
todas las instancias y actores, a distintos niveles: institucionales locales, departamentales y nacionales se
apropien de los Principios enunciados en la LEPINA -entre ellos el de corresponsabilidad- y de la nueva
estructura y funcionamiento a fin de reorientarlos y/o modificarlos en cuanto a su jurisdicción y otros
aspectos para la aplicación de la misma.
79.- En cuanto a la violencia contra la niñez, El Salvador no cuenta con un sistema de reunión de
datos integrado lo cual complejiza una mirada integral de la problemática de la violencia contra la niñez; sin embargo se puede asegurar que la niñez y adolescencia en el país viven bajo una constante exposición a diferentes formas de violencia, esto se ve reflejado en las estadísticas del Informe del Estado
de Niñez y Adolescencia del CONNA que reporta que en el 2011 hubo 102 homicidios de NNA, logrando reducirse para el año 2012 en un 50% y sólo como resultado de una tregua de las pandillas, pero recientemente ha incrementado debido a que este proceso no fue lo suficientemente sólido. La comunidad
y los centros escolares siguen amenazados por las pandillas.
80.- La implementación del Sistema de Protección Social Universal ya ha comenzado a rendir frutos, se han ampliado programas de atención como: las transferencias monetarias condicionadas de educación y salud, que se entregan a familias pobres a cambio de que envíen a los niños y las niñas a la
escuela y reciban un cuidado adecuado; la Pensión Básica Universal, una ayuda de 50 dólares mensuales que reciben las personas de 70 años y más, el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, que brinda
asistencia por seis meses a mujeres y a jóvenes, Ciudad Mujer que da atención integral a mujeres; los
programas de dotación de útiles escolares, uniformes y zapatos, que favorecen a estudiantes de escuelas
públicas; y el programa de dotación de semillas, que subvenciona a campesinos y campesinas pobres.
81.- A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en El Salvador, su
aplicación y difusión aún son retos para las autoridades y organizaciones.44 Según el Índice de Equidad de Género (IEG) que todos los años elabora Social Watch y que mide la brecha entre hombres y
mujeres en la educación, participación económica y el empoderamiento político, El Salvador está entre
los tres países de América Latina y el Caribe en peor situación, en una escala en que 100 representa la
igualdad total, el país se sitúa en la posición 62, Guatemala en la 49 y Haití en la 48.
82.- Las personas adultas mayores constituyen uno de los grupos poblacionales en mayores condiciones de vulnerabilidad. Según los datos del último Censo Nacional (2007), cerca de la mitad de las
personas adultas mayores son pobres. La precariedad del mercado del empleo y del trabajo, y en particular la desprotección social del sector agropecuario, determinan que la mayoría de la población carezca
de prestaciones laborales y por tanto, una vez alcanzan la edad de jubilación, también de pensión básica
que les permita una vejez digna e independiente.
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Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
83.- Para el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en El Salvador las personas
adultas mayores se encuentran en una situación de vulneración y exclusión por factores inherentes a su
condición, porque no reciben atención suficiente del Estado o porque éste o algunos de sus integrantes
violan sus derechos humanos y porque la sociedad ignora o desconoce la dura realidad que viven.45 Los
adultos mayores constituyen un 11% de la población y en 15 años se proyecta constituyan un 20%, de
ahí que se plantea la necesidad de que el Estado le garantice una vejez digna y segura.
84.- Actualmente el gobierno brinda una pensión básica que le ha sido otorgada a ancianos en 70
de los municipios más pobres, pero debido a las grandes necesidades de estos resulta insuficiente, es
necesario hacer una revalorización de las pensiones que les permita un retiro digno, el derecho a una
pensión básica universal para aquellas personas mayores que no cuenten con otro ingreso. Este programa presidencial inició en 2009 con 7 mil beneficiarios de los 32 municipios más pobres del país, luego
fue extendido a 16,800 adultos mayores de los 53 municipios, y ahora su cobertura llega a un total de 75
municipios, los beneficiados, que son personas mayores de 70 años, reciben una pensión de 50 dólares
mensuales, así como una atención integral que incluye, entre otros, consulta odontológica, vacunación y
apoyo nutricional.
Artículo 11
85.- El Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, da cuenta que el déficit habitacional
es de 360,301 viviendas. Donde 315,918 unidades conforman el déficit cualitativo y 44,383, el déficit
cuantitativo.46
86.- En el período que se examina, el Estado no ha logrado construir el número de viviendas de
interés social proyectado en cinco años, lo que a su vez le ha impedido disminuir el déficit habitacional
cuantitativo y cualitativo. Al evaluar este programa, a un año que finalice el quinquenio de la actual administración presidencial, resulta que el proyecto tiene una deficiente ejecución, ya que si en cinco años
se proyectaba construir 25,000 unidades de vivienda, se supone que en un año corresponde la construcción de 5,000; meta que si de disminuir el déficit habitacional se trata, es muy baja, y sumado a ello
dista mucho de las viviendas que el gobierno ha podido construir.
87.- El 61% de los hogares tienen viviendas con al menos una carencia en servicios o materialidad47
en muchos casos, las viviendas son tan precarias que no brindan la mínima seguridad y confort a sus
habitantes. La población rural tiene menor proporción de oportunidades de mejorar su vivienda que la
de la zona urbana (44% versus 61%)48
88.- Se reconoce que el Estado salvadoreño ha otorgado títulos de propiedad a familias que no contaban con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra; no obstante ello, existen aún miles de familias49
que mantienen una situación precaria y que no cuentan con una vivienda adecuada y en especial de
aquellas que se instalan a lo largo de la línea férrea, zonas volcánicas, zonas verdes y terrenos privados.
89.- En 2009, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 23 que contiene la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles50, que establece un procedimiento expedito para que se pueda desalojar a cualquier persona que no posea título de propiedad. Decreto que violenta el
derecho de audiencia, defensa, presunción de inocencia y la protección jurisdiccional del derecho a la
propiedad y posesión. Este decreto, se emitió en un momento de la vida del país, en la que buena parte
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
de la población en situación de pobreza, se encuentra amenazada de desalojo, o bien por particulares, o
bien por entidades del Estado; algunas de las causas de esta situación son las siguientes: mega proyectos
de inversión tales como el turismo, la reactivación del ferrocarril, las presas hidroeléctricas, la minería,
la planta de gas licuado de La Unión, la Carretera Longitudinal del Norte. Pero también hay causas anteriores, que tienen en inseguridad jurídica, en cuanto a la posesión y propiedad de la tierra, a un buen
sector poblacional: tierras del ISTA, tierras propiedad de las cooperativas, lotificaciones ilegales, resoluciones judiciales, personas desalojadas de sus tierras de origen, grupo familiares de personas indígenas
entre otros.
90.- La incertidumbre de las personas que carecen de títulos de propiedad se ve acrecentada por el
desarrollo del programa denominado Casa Segura (iniciado en 2013 y que continúa en 2014), el cual
es impulsado por miembros de la Policía Nacional Civil, en aras de mejorar la situación de inseguridad
ciudadana. Las comunidades son visitadas casa por casa y sus habitantes deben probar que son propietarios del inmueble que ocupan mediante la presentación de facturas de pago de servicios (agua y
energía eléctrica), y además, el título de propiedad del inmueble. Miles de familias carecen de títulos de
propiedad, lo que potencialmente les vuelve candidatas para desalojos.
91.- El Salvador, es considerado el país con menor extensión territorial y con la densidad poblacional más alta a nivel de América continental. No obstante, en los últimas dos décadas los gobiernos han
pasado por alto un factor de carácter multidimensional como es la seguridad jurídica en la tenencia de
la tierra en el plano individual y colectivo y la posibilidad de acceso a la misma; invisibilizando que es
una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas, que hace entrar en juego aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos, y garantiza la existencia digna de
todo ser humano. No obstante, es una problemática que a todas luces ha socavado y continúa socavando a los sectores más vulnerables y más vulnerados de la sociedad.
92.- En el país se calcula que cerca de 250 mil campesinos no poseen tierra, es por ello que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), tiene previsto otorgar cerca de 90 mil escrituras
de propiedad, en el período del quinquenio del gobierno actual.51 Al filo de cumplirse el cuarto año de
gobierno, se estima que se han entregado 37 mil escrituras en los cuatro años de gestión. Sin embargo,
el problema de las personas sin tierra para construir sus viviendas y cultivar sus productos es cada vez
más grave.
93.- Día con día se incrementa la cantidad de familias amenazadas de desalojo por la ejecución de
megaproyectos de inversión, tales como: presas hidroeléctricas, carreteras, proyectos turísticos, minas
entre otros. Amenazadas por acciones de entidades del Estado, de particulares, resoluciones judiciales
perjudiciales a los intereses de las comunidades, y la entrada en vigencia de leyes que atentan contra la
seguridad jurídica de la propiedad y posesión de inmuebles de sectores en situación de pobreza como
es la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, conocida como
Decreto 23.
94.- Puede mencionarse como ejemplo lo que dicha normativa está generando los primeros impactos a nivel nacional. En medio de golpes, gas lacrimógeno, atropellos y un uso excesivo de la fuerza,
la jueza Ingrid Berríos del Juzgado de Paz de Intipucá procedió al desalojo de un aproximado de 90
familias, campesinos y campesinas sin tierra que desde inicios del proceso de reforma agraria se había
asentado con fines de vivienda en el inmueble conocido como “Hacienda San Ramón”, en el municipio
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
de Intipucá, Departamento de La Unión. Desde el 18 de junio de 2012, un año después de ejecutado el
desalojo por la aplicación del Decreto 23, los campesinos y campesinas de la Comunidad Los Ranchos
en Intipucá, continúan sobreviviendo a la orilla de la carretera a la espera que el Instituto Salvadoreño
de Transformación Agraria (ISTA) entregue los tan ansiados títulos de propiedad que a la fecha se encuentran en la etapa de medición de los terrenos.
95.- El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano fundamental no reconocido
expresamente en la Constitución de la República salvadoreña, pero si consagrado explícitamente en
múltiples instrumentos de derechos humanos, que son leyes nacionales al haber sido suscritos y ratificados por El Salvador.
96.- La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, realizada por el Ministerio de Economía en
el 2011, muestra que la pobreza afecta al 47.5% de la población (47.6% de las mujeres y 47.3% de los
hombres), la cual no puede consumir la Canasta Básica Ampliada (CBA), que se compone de 11 alimentos esenciales, de la vivienda, los vestuarios y los servicios básicos. El 32.03% de esa población está
en pobreza relativa, porque aunque no cubre con sus ingresos toda la CBA, consume los alimentos, y
el 15.47% está en pobreza absoluta o extrema52, porque con sus ingresos no consume ni siquiera los
alimentos de la CBA. En cantidad de población, la pobreza total afecta a 2,952,494 personas (de un total
de 6,213,730), de las cuales 1,990,940 están en pobreza relativa y 961,554 en pobreza absoluta: 498,646
mujeres y 462,908 hombres. La pobreza es mayor en el área rural.
97.- El Salvador tiene hoy, casi el mismo número de niños, mujeres y hombres desnutridos que el
que tenía hace veinte años. Los progresos realizados hacia el logro de la meta de reducir a la mitad el
número de personas desnutridas han sido, por tanto, desalentadores. La prevalencia del hambre en el
país es muy similar a los datos mundiales: 1 de cada 8 personas en El Salvador no tienen suficientes alimentos para comer, ni en calidad, ni en cantidad.53
98.- En El Salvador, la falta de una alimentación adecuada es la principal causa de los altos índices
de desnutrición, que afectan sobre todo a los niños y niñas de 6 a 24 meses, el 38% de los cuales sufre
anemia; la situación se agrava por las condiciones de pobreza, la escasa producción de alimentos, los bajos niveles de ingreso y de empleo, las medidas neoliberales adoptadas por los gobiernos en las últimas
décadas, la limitada inversión social del gobierno, entre otras.54
99.- En los cálculos del gobierno, una familia del área urbana debe consumir 11 alimentos para no
ser pobre absoluta: pan francés, tortillas, arroz, carnes (res, cerdo, aves), grasas (aceite margarina, aceite
vegetal), huevos, leche fluida, frutas (naranja, plátano y guineo), frijoles, azúcar y verduras (papa, cebolla, chile verde, tomate, güisquil y repollo). En el área rural la familia solo debe consumir 9 (se excluyen el pan francés y las verduras). Aunque se trata de los alimentos mínimos que se necesitan para
sobrevivir, no para tener una dieta alimenticia adecuada, casi el 9% de los hogares urbanos y el 18.4%
de los hogares rurales no puede consumirlos. Por eso, entre otras razones, la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), estima que el 12% de la población salvadoreña está
subnutrida55, o sea, tiene una ingesta de alimentos insuficiente para satisfacer las necesidades de energía
alimentaria de manera continua.
100.- La falta de una alimentación adecuada es la principal causa de los altos índices de desnutrición, que afectan sobre todo a niños y niñas de 6 a 24 meses, el 38% de los cuales sufre anemia.56 Las
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
principales causas de la pobreza y de la mala alimentación son la escasa producción de alimentos y la
imposibilidad que tiene una amplia franja de la población de satisfacer sus necesidades de consumo,
debido a sus bajos niveles de ingreso y de empleo y a la limitada inversión social del gobierno. Pero el
trasfondo de esa injusta situación es la concentración de la riqueza en una minoría de la población.
101.- La caída de la producción de alimentos y la cada vez mayor dependencia de alimentos importados se debe principalmente a la política económica aplicada entre los años 1989 y 2009, que afectó
a la pequeña producción campesina y estimuló las importaciones. La reducción de aranceles, la liberalización y encarecimiento de los insumos, la supresión de los precios de garantía a los productores
y productoras, la disminución de la asistencia técnica y la reducción del crédito al agro, condujeron a
un desplome de la producción de arroz, hortalizas, carne, huevos y lácteos y a un estancamiento de la
producción de maíz. En 1990, El Salvador producía el 93% de los granos básicos que consumía y en la
actualidad produce el 28% del arroz, el 54% del maíz y el 62% del frijol. Los porcentajes restantes se importan. En el caso de las hortalizas las importaciones cubren el 70% del consumo.57
102.- Muchas comunidades tienen carencias alimenticias, debido a que no poseen tierras para cultivar, ni recursos para hacerlo, no tienen acceso a créditos, viven en condiciones de extrema marginalidad
y están amenazadas de desalojo por la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra.
103.- En el 2012, el Banco Mundial58 consideraba que en El Salvador 1 de cada 5 niños y niñas tenía
retraso en el crecimiento y el 38% de los que tenían edades de 6 a 24 meses sufrían de anemia. La mortalidad infantil de menos de cinco años era de 16 por mil59 y el estudio del Banco Mundial indica que la
tercera parte de las muertes de niños y niñas se debía a la desnutrición; el 27% de niños y niñas en edad
preescolar y el 21% de mujeres embarazadas sufrían de anemia. El estudio concluye que “el consumo
de una dieta variada y nutritiva es un reto en El Salvador, como la reflejan las tasas de retraso de crecimiento y anemia.
104.- En el país la diferenciación entre CBA urbana y rural no está definida a partir de un estudio
que permita su justificación. El argumento generalmente utilizado para hacer la referida distinción es a
partir de la afirmación que en la zona rural se producen los alimentos y muchas personas participan en
ese proceso por lo que no deben comprarlos, lo que reduce el número de alimentos que la componen y
el costo de la misma. Sin embargo, existen muchas personas que habitan en las zonas rurales y que no
cultivan ningún tipo de alimento teniendo que comprarlos y consumirlos al mismo costo que las personas que viven en la zona urbana.
105.- La caficultura salvadoreña cuenta con una superficie cafetalera boscosa de 229,921manzanas
que equivalen a 160,944 hectáreas, conformada con una población total de aproximadamente 626.5 millones de cafetos60. Per se, el cultivo o producción del café no está vinculada directamente con el derecho a una alimentación adecuada; No obstante, cuando la producción de éste es afectada por cualquier
causa, se reduce la capacidad adquisitiva de los trabajadores del campo que participan en el proceso de
producción, lo que genera falta de acceso a los alimentos de dichas personas.
106.- La roya es una plaga que ha afectado fuertemente los cultivos de café, esta se caracteriza porque al reverso de las hojas se producen manchas cubiertas con un polvillo color anaranjado lo que provoca la caída prematura del grano; lo anterior genera una disminución en la cantidad y calidad de la
cosecha. Al final del 2012, el Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG- reportó el peor brote de
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roya del café de los últimos 50 años, generando una reducción de al menos 400,000 mil quintales, 61 lo
que se ha traducido en la reducción de contratación de personas que participan en las cortas de café y
estas a su vez no pueden satisfacer sus necesidades primarias atentando contra la seguridad alimentaria
y nutricional de las mismas.
107.- El Programa Mundial de Alimentos identifica alrededor de 113,000 hogares dependientes del
jornal agrícola de los cuales un 44% (50,000 hogares) son considerados como vulnerables a la inseguridad alimentaria, en un perímetro de 5 Km alrededor de las áreas de cultivo de café. De igual forma,
señala que el número de familias que depende directamente de la cosecha de café y que son vulnerables
a la reducción de la producción debido a la roya son 12,87162 lo que tiene un estimado de 64, 355 personas entre mujeres, niños, niñas y hombres de todas las edades. Los métodos químicos usados en la
agricultura para controlar las plagas que afectan a las cosechas impactan directamente en la salud de
la población, mayoritariamente masculina, que se dedica a esa labor. En el país se registran entre 500 y
700 casos anuales de insuficiencia renal crónica por los cuales el Estado gasta anualmente $17 millones
para tratar el padecimiento, las autoridades de del Ministerio de Salud han manifestado que una de las
principales causas de esta enfermedad es la ocupación de agroquímicos63.
108.- En ese marco, el 5 de septiembre del año 2013 la Asamblea Legislativa aprobó con cuarenta y
cinco votos a favor, de los ochenta y cuatro diputados que la componen, la reforma a la Ley de Control
de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario y la Ley de Sanidad Vegetal y Animal,
con las que se prohibiría y sancionaría la venta, distribución, importación y uso de 53 agroquímicos en
el país.64
109.- El proyecto de reforma no fue aprobado por el Presidente Mauricio Funes y lo regreso con
observaciones a la Asamblea Legislativa alegando que no está comprobado científicamente que los 11
agrotóxicos que se pretende prohibir y circulan en el mercado afecten la salud de las personas65, dejando
de lado los indicadores que se han dado en el país con la utilización de estos químicos. A la fecha de
redacción del informe no se ha definido nada en relación a tema.
110.- Es de reconocer que el Estado salvadoreño, consciente de la problemática por la que atraviesa
una franja importante de la población, a través del actual gobierno, que inició en junio de 2009, ha
puesto énfasis en el aumento de la inversión social y vinculó las compras del Ministerio de Educación
con pequeñas empresas que producen uniformes y calzados y con ganaderos que le venden leche. También ha entregado 33,000 títulos de propiedad a pequeños y pequeñas agricultores y créditos a intereses
de 4% a varios miles de agricultores. Incluso creó el Banco de Desarrollo, que canalizará créditos hacia
las micro y pequeñas empresas. Y en materia fiscal liberó del pago de renta a 82,000 personas asalariadas que ganan entre 317 y 503 dólares al mes. Sin embargo, a pesar de lo positivo de esas acciones, se
dan en el marco de un estancamiento de la inversión privada y del Producto Interno Bruto (PIB) que
afecta sus limitados alcances. Por eso, a pesar del énfasis social de la política del gobierno, la pobreza
total aumentó de 44%6 en el 2009 a 47.5% en el 2011 y la pobreza extrema se mantuvo en 15%.66
111.- El Programa de Agricultura Familiar (PAF) dotó de herramientas e insumos a 24 mil 471 productores para dinamizar las cadenas productivas y de esa forma apoyar el autoempleo. Para el 2012, se
estima que unos 1.300 grupos familiares producirán granos básicos que serán comprados por el gobierno para brindar la alimentación en los centros escolares.
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Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
Artículo 12
112.- Si bien se reconoce que las cifras relacionadas con la respuesta que El Salvador está dando al
VIH son alentadoras, persisten algunos inconvenientes como el provocado por la reducción global del
Presupuesto General de la Nación que ha afectado el presupuesto asignado al sector salud y que sigue
siendo insuficiente para cubrir adecuadamente a la población, en particular a los grupos en situación de
vulnerabilidad. Tal es el caso de la reducción del 45% (USD $810,000) que para el 2013 sufrió el presupuesto que se tenía asignado para la compra de medicamentos antirretrovirales para personas viviendo
con VIH. Hasta diciembre de 2013 había un registro de 30,500 personas viviendo con VIH en el país,
de los cuales 7,970 reciben tratamiento antirretroviral en el sistema público de salud. A pesar de los esfuerzos en la prevención, todavía se reportan anualmente alrededor de 1,600 casos nuevos.67
113.- Es de reconocer que en los últimos tres años se lleva un descenso sostenido de casos detectados de VIH. El registro es de cuatro nuevos casos diarios detectados, lo que indica una disminución de
200 y 300 casos nuevos por año. No obstante, la reducción del presupuesto para la prevención, atención
y estrategias de sensibilización sobre VIH no debería menguar. Mucho menos no se debería creer que el
VIH ya no es un problema y que ya no es un peligro.
114.- El aborto sigue siendo ilegal cualesquiera sean las circunstancias que lo motiven,68 incluyendo
cuando está en peligro la vida de la madre, aborto terapéutico, incesto y violación; lo que propende a
que se siga practicando el aborto clandestino y éste siga siendo una de las causas principales de muerte
de las mujeres. No ha habido avances de reformas a la legislación sobre el aborto.
115.- Hay episodios de prácticas discriminatorias en los hospitales públicos de maternidad en contra
de mujeres que dan a luz y que son portadoras del VIH. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y organizaciones sociales registran casos de pacientes69 que son coaccionadas a autorizar
su esterilización como una forma de evitar que madres viviendo con VIH sigan teniendo hijos e hijas.
116.- El tema de la salud pública de la población salvadoreña, debe de pasar por revisar desde una
perspectiva de concebir la salud como un valor social, cuyo goce da sentido y dignidad a la vida humana y garantiza el pleno desarrollo de las personas y de la sociedad.
117.- En El Salvador, existe una enfermedad que está ocurriendo fundamentalmente a nivel de las
comunidades agrícolas y que afecta eminentemente en predominio al hombre agricultor como es la Enfermedad Renal Crónica No Tradicional, (ERCNT), que está relacionada a la presencia de sustancias
toxicas en suelo, agua, plantas, y animales, de las comunidades agrícolas donde existen determinantes
sociales fundamentales como la pobreza y baja actividad económica. La pobreza es uno de los rasgos
que caracteriza las comunidades agrícolas de nuestro país, a esto se añade el hecho demostrado de que
existe un alto nivel de contaminación ambiental.
118.- En nuestro país, los agricultores trabajan sin ningún tipo de chequeo de protección, a veces
sin camisa, sin mascarillas, ni capas, ni guantes, ni botas, hasta descalzos, los mismos agricultores expresan que el movimiento de la bomba va girando en su espalda con los agroquímicos adentro y les
moja todo sus cuerpo de los plaguicidas, estas sustancias se van al suelo, se acumulan en el suelo contaminándose los mantos freáticos, ríos, pozos de abastecimiento de las comunidades rurales lo que genera
una exposición de contaminación no sólo con el agricultor que recibe de forma directa el agroquímico,
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Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
sino también los animales que consumen el agua, las plantas, el suelo y el resto de la comunidad que se
abastece del recursos hídrico de los ríos y del nacimientos de agua o pozos de abastecimiento. Además,
existe una agravante: los trabajadores del campo no son beneficiarios de seguridad social, y al enfermarse deben acudir al sistema público de salud, que de por sí presta una atención deficiente.
119.- Después de una década de haber sido presentada una propuesta a la Asamblea Legislativa, la
Ley de Medicamentos se aprobó casi por unanimidad, 80 de los 84 diputados que conforman el parlamento votaron a favor de la Ley. El objetivo de la ley aprobada fundamentalmente es bajar el precio de
los medicamentos tanto de marca como genéricos, además de mejorar el control calidad de éstos y la
creación de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), ente rector que debe verificar el cumplimiento de la ley.
120.- Además, busca garantizar la institucionalidad para favorecer la accesibilidad, el registro, calidad, disponibilidad, eficiencia y seguridad de los medicamentos para la población, así como el uso racional de los medicamentos. Los datos oficiales precisan que la población será beneficiada con la rebaja
de los costos de los productos farmacéuticos que oscilara entre 35% y un 69%, en 4,406 medicamentos
distribuidos en 1,233 Conjuntos Homogéneos, es decir que tengan el mismo principio activo.
121.- El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos consideró que la creación de la Ley
tuvo enorme relevancia, dado que ha sido ampliamente conocido que el sector de medicamentos salvadoreño se ha caracterizado por una deficiente regulación y vigilancia, lo que ha permitido, por ejemplo,
una serie de arbitrariedades por parte de las empresas farmacéuticas a la hora de establecer los precios
de venta al público, y la inexistencia de mecanismos adecuados para ejercer control de calidad.
122.- Está claro que el gobierno salvadoreño busca atraer inversión extranjera directa a través de la
generación de distintas condiciones para que empresas y corporaciones mercantiles transnacionales que
se dedican a diversos rubros comerciales y financieros lo hagan. En agosto de 2012 el gobierno presentó
el proyecto de Ley de Suspensión Administrativa de los Permisos de Exploración Minera; la cual, de
aprobarse, estaría estableciendo la posibilidad para la explotación minera en el país.
123.- La Asamblea Legislativa período 2012-2015 no ha ratificado la reforma constitucional que fue
aprobada por mayoría legislativa en sesión plenaria del día 19 de abril 2012 por la legislatura 2009-2012,
la cual busca garantizar el derecho humano a la alimentación y al agua. Tampoco se han aprobado la
Ley por la Soberanía Alimentaria, y la Ley General de Agua; ambas han sido propuestas por organizaciones sociales y actualmente se encuentran en las comisiones legislativas respectivas.
124.- Igualmente, el Estado no ha aprobado un marco jurídico que regule la gestión sustentable del
agua, a pesar de la situación crítica de estrés hídrico en que se encuentra el país.
125.- El Salvador mantiene una potencial amenaza por proyectos mineros ubicados en zonas fronterizas con otros países vecinos, y hasta el momento no ha adoptado medidas para la defensa de la no
contaminación de los cuerpos de agua nacionales.
126.- El Estado salvadoreño hasta la fecha, ha sido demandado en dos ocasiones ante el CIADI, por
dos empresas mineras internacionales, las cuales demandan una indemnización por expropiación indirecta que suman los 500 millones de dólares. Si bien no se han perdido los casos, la defensa de El Sal38
Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
vador en los arbitrajes interpuestos por las empresas mineras transnacionales, son cubiertos del erario
nacional y se vuelven un gasto significativo innecesario. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
ha reiterado que las demandas millonarias contra el Estado salvadoreño constituyen el reflejo evidente
de las injusticias inherentes a los Tratados de Libre Comercio y de los intereses que se defienden en tribunales como el CIADI.
127.- El actual Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se ha pronunciado por la urgente aprobación de las propuestas de Ley de Prohibición de la Minería Metálica y de la Ley General de
Agua.
128.- El Salvador ha sido considerado uno de los países con mayor contaminación y degradación
ambiental a nivel latinoamericano, siendo la población en situación de pobreza y vulnerabilidad las que
sufren los embates de estas condiciones que se profundizan con el cambio climático, los problemas relacionados con el recurso hídrico, los desplazamientos humanos para dar espacio a los megaproyectos específicamente represas y minerías y a la escasez de alimentos, en definitiva haciendo más difícil el goce
de los derechos humanos más fundamentales como es la vida digna, la salud, la alimentación adecuada
y el medio ambiente.70
129.- El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, lamentó que históricamente no se
hayan atendido los problemas medioambientales que ahora irrespetan los derechos humanos de la población salvadoreña, entre los que se encuentran sectores que demandan se les respete el derecho a ser
informada sobre proyectos como los mineros o hidroeléctricos, pero a la vez, a participar en la toma de
decisiones. También subrayó la importancia de garantizar a las y los salvadoreños el derecho de acceder
a la justicia ambiental.71
Artículos 13 y 14
130.- En El Salvador, la tasa de asistencia escolar para el 2011, fue de 32.4% del total de población
de 4 años y más, lo que representó un total de 1,884,913 alumnos que asistieron a un centro educativo
formal en todo el territorio nacional. La tasa de asistencia escolar específica de los hombres a nivel nacional es de 34.9% y de las mujeres de 30.1%. En el área urbana, la asistencia escolar específica de los
hombres es de 35.4% y de las mujeres de 30.1%; en el área rural el 34.2% de los hombres asisten a un
centro escolar; las mujeres lo hacen en 30.2%.
131.- Las estadísticas indican que en el 2011, el acceso institucional a centros de educación inicial
entre los niños y niñas menores de 3 años era inferior al 2%; el acceso a la educación parvularia era
del 54.2% y de sólo poco más de un tercio en bachillerato72. Por su parte, mientras la matrícula neta en
educación básica equivale al 93.7 % de los niños y niñas, la de media alcanza solo el 35.4%. Estas tasas
tan bajas en los ciclos superiores reflejan las dificultades de permanecer y avanzar en el sistema educativo, lo que vuelve muy difícil que la educación se convierta en la llave del futuro para todos.73
132.- En el Informe del Grupo de Trabajo del EPU a El Salvador en 201074 se sostuvo que en lo que
concierne al derecho a la educación, específicamente en cuanto a mejorar las condiciones de acceso a
la educación secundaria con especial énfasis en las zonas rurales, el Gobierno dispuso de los recursos
suficientes para mejorar la calidad de la educación tanto primaria como secundaria a nivel nacional,
incluyendo las zonas rurales. No obstante, y pese que han transcurrido casi cuatro años, la inversión en
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Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
educación sigue siendo baja75, sobre todo en educación secundaria rural, no ha permitido mejorar la
cobertura.
133.- No hay inclusión dentro de la currícula educativa de las temáticas de derechos sexuales y reproductivos para intentar disminuir no solamente los embarazos no deseados en adolescentes sino también para prevenir el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
134.- Se reconoce que en el período examinado, el MINED creó en su interior la Coordinación de
Educación en Derechos Humanos, para dar cumplimiento al mandato constitucional de la enseñanza de
los Derechos Humanos; no obstante, la enseñanza de los mismos sigue siendo muy limitada en todos
los niveles educativos y a nivel nacional.
135.- Es destacable que las familias de los alumnos en educación pública primaria no deben pagar
cuotas escolares, y que se les proporciona uniformes y zapatos escolares; también es bien vista la aprobación de una ley que permite la dotación diaria de un vaso de leche a los estudiantes de ese nivel educativo. También es destacable el impulso de la Escuela Inclusiva a Tiempo Pleno que busca la formación
integral de los estudiantes; sin embargo, esta Escuela debería abarcar todo el país, lo que necesariamente
pasa antes por aumentar la inversión en educación.
136.- Durante los primeros meses de 2013, un 98% de los estudiantes de los centros educativos habían recibido los útiles escolares, uniformes y zapatos. El porcentaje equivale a 4,863 centros educativos
a nivel nacional, de los 4,968 que son beneficiados con el programa. De acuerdo al Gobierno, el programa de Paquete Escolar favorece a más de 1.3 millones de estudiantes y más de 4 mil proveedores, como
uno de los programas sociales más relevantes de la actual gestión bajo el Sistema de Protección Social
Universal -SPSU-.
137.- Para el 2011, se calculaba que 652,928 personas de 10 años y más no sabían leer ni escribir, lo
que representó una tasa de analfabetismo de aproximadamente el 12.8% a nivel nacional,76 de este, el
8.0% en relación con las mujeres, mientras 4.8% en relación con los hombres.
138.- De acuerdo a los titulares del MINED, en los últimos tres años se ha aumentado la inversión
educativa, la cual pasó del 2.9 al 3.45 por ciento del PIB en los últimos tres años. En 2013, el gobierno
invierte un promedio de 52 dólares por estudiante, mientras que en administraciones anteriores este
rubro no llegaba a los 30 dólares. Este aumento ha permitido que, entre otras puntos destacables, el programa de Alimentación Escolar brinde un refrigerio que contiene arroz, frijol, aceite, azúcar, leche en
polvo y bebida fortificada dos veces por semana a un millón 339 mil estudiantes de parvularia a noveno
grado en 4,960 escuelas y 233 centros del Instituto para la Niñez y la Adolescencia -ISNA-.
Artículo 15
139.- En el período que se informa, la institución rectora de las actividades culturales en el país ha
desarrollado distintas acciones encaminadas a volver accesible la vida cultural y el acceso a ésta, lo que
ha beneficiado a la población, principalmente a la urbana; no obstante, falta desarrollar esas acciones a
nivel comunitario y también en las zonas rurales que son las menos favorecidas.
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Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
140.- La Ley Especial de Protección al Patrimonio Nacional no contiene los mecanismos que permitan verdaderamente proteger el patrimonio nacional. En este período ha habido, existen registros trascendentes donde no hubo intervención oportuna de la Secretaría de Cultura: destrucción del mural de
catedral metropolitana; el archivo histórico de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador; destrucción de sitios arqueológicos para construcción de proyectos habitacionales; destrucción de
casas, edificios o templos religiosos declarados como bienes culturales; hurto y tráfico de imaginería y
piezas arqueológicas, entre otras.
141.- No obstante haberse realizado desde el Gobierno esfuerzos por descentralizar las actividades
culturales, existen muy pocos espacios para la participación cultural de las personas, especialmente de
las que habitan en las zonas rurales. También, son muy pocos los sitios de esparcimiento para la población, en las zonas urbanas.
III. Conclusiones
Artículo 1
142.- Durante el período que se informa se han registrado importantes avances en las políticas públicas dirigidas a cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Falta mucho por hacer pero hay mejorías.
143.- El Estado continúa negando el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, mediante la casi nula protección jurídica ya sea por la adopción o ratificación de los tratados internacionales que garantizan sus derechos o por la inexistente normativa interna general. Lo anterior coloca a los
pueblos originarios en una posición de vulnerabilidad frente a las amenazas de los proyectos hidráulicos
y extractivos, al no hacer las respectivas consultas previas por no estar regulado dicho derecho.
144.- El Estado necesita aplicar lo estipulado en la Constitución de la República cuando establece
que todas las personas ya sean éstas naturales o jurídicas, tienen derecho al acceso a la tierra; por lo que
las comunidades Indígenas como tales no están limitadas a adquirir propiedades. No existen registros
de tierras a favor de comunidades indígenas.
145.- En cuanto a la no discriminación contra la mujer, existen suficientes leyes aprobadas que lo
regulan, al igual que suficientes instituciones para tales fines; no obstante, no se han creado los mecanismos para materializarlo efectivamente, lo que permite que se sigan dando hechos de violencia contra las
mujeres sobre la base de su condición de mujeres.
146.- Se reconoce el avance que se ha dado durante el período en cuanto a la inclusión de la comunidad LGTBI; pese a ello siguen muy presentes las prácticas discriminatorias para este sector.
Artículo 3
147.- Se reconoce como positivo que se haya aprobado legislación orientada a erradicar las brechas
de género, principalmente la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en
2010, y la Ley de Igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, en 2011;
así como la puesta en marcha de iniciativas como el programa “Ciudad Mujer”, el cual provee a las mujeres
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servicios especializados para salud, mejora de oportunidades económicas, acceso a la justicia y educación no formal.
148.- No obstante lo anterior aún existen sensibles obstáculos para que las mujeres puedan desenvolverse en un contexto libre de discriminación y desigualdad, particularmente en el área rural. Las
mujeres salvadoreñas continúan teniendo mayores problemas que los hombres para acceder a empleos
remunerados y bajo condiciones dignas.
149.- Se pueden destacar dos acciones importantes: La creación del Banco de Desarrollo de El Salvador, de propiedad estatal, aprobado por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2011 y que comenzó a operar en el 2012. Dicho banco le otorgará créditos a largo plazo y a bajos intereses a las micro,
pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la banca de desarrollo tiene una cobertura muy limitada,
pues el capital con que operará es muy pequeño. Y en el caso del programa PATI, además de ser de asistencia, no es permanente para las personas.
150.- Es loable la iniciativa del programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), creado a principios
de mayo de 2010 y que beneficia a más de 15 mil personas, sobre todo mujeres jefas de hogar y jóvenes
de los 25 municipios más vulnerables del país, a quienes se les otorga un bono en efectivo de 100 dólares al mes, durante seis meses, y se les capacita en determinados oficios.
Artículo 6 y 7
151.- En los últimos cinco años se han registrado acciones positivas en torno a algunos derechos
laborales, no obstante, estas no han sido suficientes para lograr pleno goce y respeto a los mismos. La
consolidación de los derechos laborales y sindicales requieren un papel más activo de parte del Estado,
tanto en generar las condiciones materiales necesarias para garantizar los derechos consagrados a favor
de los trabajadores y trabajadoras, como para fomentar una cultura de respecto entre funcionarios patronos y trabajadores.
152.- Instituciones como el Ministerio de Gobernación hicieron más expeditos los trámites para
otorgarle personalidad jurídica a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Entre julio y agosto
de 2009 se legalizaron 51 organizaciones, entre ONG, iglesias cristiana, fundaciones y asociaciones. Una
de las instituciones legalizadas fue la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS),
que llevaba 25 años tramitando su legalidad. Ello contribuye con la generación de empleo.
153.- En el 2013 únicamente se registró aumento en el salario del sector privado y no en el sector
público. Dicho aumento es positivo en cuanto a capacidad adquisitiva, no obstante, éste no se determinó sobre las base de las necesidades materiales de la clase trabajadora. Además, a pesar de las buenas intenciones del Ejecutivo en relación a que el aumento fuere más sustancioso e inmediato, los intereses de
la empresa privada prevalecieron en la determinación del aumento. Un factor que permitió lo anterior
es la falta de una clase trabajadora que reaccionara con fuerza para inclinar la balanza a sus intereses.
154.- A pesar del aumento, los salarios existentes no garantizan que los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades materiales, morales y culturales de conformidad a lo establecido en el artículo 38
ordinal 2o de nuestra Constitución.
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155.- Es importante señalar que el aumento escalonado del salario mínimo que se aprobó en 2013
anuncia un estancamiento de los salarios hasta enero de 2015, situación que va en detrimento de las
condiciones de vida de la clase trabajadora salvadoreña.
Artículo 8
156.- Hay avances tangibles en relación a la libertad de conformar organizaciones sindicales, sobre
todo en el sector público. En cuanto a libre ejercicio de la labor sindical se han registrado problemáticas
emblemáticas, tanto en el sector público como en el privado.
157.- El Estado ha mejorado las condiciones para la creación de nuevas organizaciones sindicales,
en el período que se informa se han registrado 382 nuevas organizaciones sindicales mientras que en el
anterior únicamente 68. En total, para 2013 existen 423 organizaciones sindicales activas, 40 federaciones y 7 confederaciones.
158.- No obstante lo anterior, los obstáculos al trabajo sindical -tanto por el Estado como por patronos privados- han sido reiterados en el 2013, ello ha incluido desde pocas facilidades para el goce de los
permisos sindicales hasta el despido de directivos o la amenaza de tomar represalias contra ellos a pesar
de la garantía de estabilidad laboral que la Constitución establece.
159.- Las organizaciones sindicales tienen sus propias valoraciones y preocupaciones sobre el anunciado aumento al salario mínimo. Entre ellas figura de manera constante la insuficiencia del aumento
planteado y la falta de control sobre el eventual aumento de precios por parte de la empresa privada.
160.- Se han constado varios casos de claras violaciones a la garantía de estabilidad laboral que el
artículo 47 inciso sexto de la Constitución reconoce a los directivos de organizaciones sindicales.
161.- La negociación de contratos colectivos aún no es vista como un proceso inherente a las buenas
relaciones laborales pues se siguen poniendo obstáculos a la misma. Tampoco se ha logrado que éstos
sirvan para uniformizar las condiciones de trabajo de la manera prescrita en el artículo 39 de la Constitución.
162.- La propuesta de Código Procesal del Trabajo y el borrador de anteproyecto de Ley de la Función Pública son de especial relevancia para los trabajadores y trabajadoras de todo el país pues en ellos
están inmersos los derechos e intereses de la mayoría de la clase trabajadora salvadoreña.
163.- El desenlace de esa normativa incidirá negativa o positivamente en millones de salvadoreños y
salvadoreñas. De ahí que ambas normativas son trascendentales y deberían ser abordadas por el Estado
desde una perspectiva de Derechos Humanos. Por su parte, para las organizaciones sindicales las normativas tendrían que ser prioridades en sus agendas de trabajo.
164.- La aplicación de la Ley Especial de Asocio Público Privado, ésta impactará sobre los empleados públicos pues con ella se trasladará responsabilidades estatales al sector privado. Asimismo, las condiciones laborales de amplios sectores de la población estarán determinados por los capitales -aparentemente extranjeros- que resulten beneficiados de las concesiones.
43
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Artículo 9
165.- En cuanto a la seguridad social se refiere, resulta positivo el aumento de más de 94 mil cotizantes al seguro social durante el período que se informa; sin embargo, hay que señalar que el total de
afiliados al Seguro Social (773.627 personas) no representa el total de las personas que se supone están
empleadas en El Salvador (1, 722, 815.52 personas). Es decir que no se ha logrado la correlación entre
contar con un empleo y el acceso a los servicios de salud que la ley señala.
166.- Entre los esfuerzo gubernamentales de ampliar la cobertura del ISSS está la iniciativa de extender el beneficio al trabajo doméstico. El resultado de la iniciativa ha sido mínimo pues a septiembre de
2013 únicamente se contaban con 2,614 personas afiliadas al ISSS a pesar de que el número aproximado
de personas que se dedican a esa labor ronda las 100 mil.
167.- Es relevante mencionar que el Estado debe aplicar mecanismos para que la práctica patronal
de no trasladar los aportes de seguridad social al Estado no siga siendo un factor altamente negativo para la seguridad social. Sólo en el año 2013 se reportaron alrededor de dos millones y medio de dólares
que no fueron traslados al Estado por 408 patronos y según las autoridades del ISSS, de 1951 a 2013, el
monto retenido indebidamente ronda los 96 millones de dólares.
Artículo 11
168.- Los programas sociales que buscan una mayor producción de alimentos para garantizarle el
derecho humano a la alimentación adecuada a la ciudadanía en general deben de estar combinados con
políticas públicas que busquen aumentar sus impactos, ya que se ven minimizados por encontrarse en
el marco un modelo económico que permite aumentar la riqueza de elites económicas y no reducir los
precios de la CBA.
169.- Debido a que el acceso a vivienda digna requiere de seguridad jurídica de tenencia de la tierra,
el gobierno debería garantizar el acceso a la propiedad y posesión de la tierra a familias amenazadas por
desalojos.
Artículo 12
170.- La política pública de Salud, ha sido una de las mejor desarrolladas en el actual gobierno, pese a
que se han enfrentado serios y diversos obstáculos, el mayor quizá ha sido el mismo modelo económico.
171.- En El Salvador, el servicio de agua y de saneamiento es irregular, de baja calidad o inexistente.
Las fuentes superficiales y subterráneas están contaminadas, los acuíferos sobre explotados y las cuencas
hidrográficas degradadas, lo que afecta a la vulnerabilidad del terreno aumentando la situación de riesgo en la que vive la población y se desarrollan las actividades productivas.77
172.- Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es el país del menor
porcentaje de agua dulce por persona al año a nivel de Centroamérica.78
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Artículos 13 y 14
173.- El Estado salvadoreño ha continuado incrementando la inversión en el Ramo de educación;
sin embargo el incremento no es suficiente para ampliar los programas sociales a favor de la educación.
El porcentaje con relación al PIB de la inversión en educación sigue estando bajo del promedio latinoamericano.
174.- Destacan los esfuerzos por erradicar el analfabetismo. La declaratoria de municipios libre de
analfabetismo es loable; no obstante, la tasa de analfabetismo sigue siendo considerablemente alta.
175.- Pese a los esfuerzos estatales, el sistema educativo salvadoreño sigue mostrando muchas dificultades en cuanto a inversión, cobertura deserción escolar, repitencia, aumento de la escolaridad promedio, infraestructura escolar, calidad de la educación, condiciones de trabajo de los profesores y profesoras, entre otras.
Artículo 15
176.- Pese a los esfuerzos realizados por las instituciones culturales estatales por abrir la participación cultural, convergen factores que lo imposibilitan, tal es el caso del bajo presupuesto para la entidad
rectora. Lo anterior lleva a que los espacios público culturales como parques, museos, bibliotecas, casa
de la cultura, teatros, entre otros, no sean suficientes para la población.
IV. Recomendaciones
Artículo 1
177.- Con el propósito de garantizar los derechos de los pueblos indígenas el Estado salvadoreño
por medio de la Asamblea Legislativa, debe ratificar la reforma al artículo 63 de la Constitución, ratificar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y suscribir y
ratificar el Convenio 169 de la OIT, con el fin de reconocer los derechos humanos de los pueblos originarios. Mientras no se reconozca normativamente el derecho de consulta de los pueblos originarios se
deben adoptar todos los mecanismos administrativos que permitan hacer las consultas previas cuando
los proyectos afecten de forma positiva o negativa a dichos pueblos.
178.- El Estado salvadoreño debe crear mecanismos para que no se siga invisibilizando de manera
general a la población originaria; y debería crear políticas públicas que permitan el pleno goce de sus
derechos.
Artículo 3
179.- El Estado salvadoreño no debería limitarse sólo a la mera aprobación de leyes y creación de
instituciones que buscan erradicar la discriminación que padecen las mujeres en El Salvador. Más allá
de eso, debería trascender a materializar las acciones que permitan erradicar los prejuicios y condiciones sociales tradicionales que den resultados concretos como la disminución de violencia contra ellas.
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180.- El Estado salvadoreño debe fortalecer la legislación y hacer un cumplimiento efectivo para que
las mujeres que trabajan en oficios domésticos obtengan protección laboral, en cuanto al salario, pasivo
laboral y seguridad social.
181.- Debe dar cumplimiento efectivo al principio constitucional que establece que a igual trabajo
igual remuneración, especialmente cuando de mujeres se trata.
Artículo 6 y 7
182.- El Estado debería tener un rol más activo en la generación de empleo productivo. Esto implica
revisar la política económica de El Salvador y determinar acciones tendientes a la generación de fuentes
de trabajo en el sector público y privado. Ello encuentra fundamento en los artículo 2, 37 y 101 de la
Constitución de la República, según los cuales los habitantes tienen derecho al trabajo y el Estado el
deber de poner todos sus recursos en función de generarlo y de establecer un orden económico que garantice una existencia digna para el ser humano.
183.- La generación de empleos en el sector público pasa por evaluar -de acuerdo a las necesidades
y posibilidades políticas y económicas- cuáles áreas de la económica deberían ser retomadas o desarrolladas por el Estado con el objetivo de generan empleo e ingresos a la hacienda pública, tal es el caso de
la explotación de algunos recursos naturales o la prestación de ciertos servicios.
184.- Para generar empleo en el sector privado debería identificarse ámbitos de la economía que
pueden ser desarrollados por la iniciativa privada y dar las facilidades financieras y administrativas para
ello, tal es el caso del comercio en pequeño y el turismo, principalmente en las zonas menos desarrolladas del país.
185.- Por los pocos avances en la reducción del desempleo y subempleo, son miles las personas que
se ven en dificultades para acceder al mismo. Ello debe llevar a la reflexión de cuáles han de ser los
cambios en materia económica que permitan emplear -dignamente- a la totalidad o la mayor parte de
PEA a la brevedad posible. Esto deviene como un imperativo desde la misma concepción del Estado
plasmada en el artículo 1 de la Constitución de la República.
186.- El Estado salvadoreño debe sincerar las estadísticas relativas al empleo, desempleo y subempleo. Aunque la tasa de desempleo ha disminuido en los últimos años en El Salvador, la magnitud de
trabajo en el sector informal sigue siendo alarmante. Sobre todo porque ciertamente ha habido una disminución de la tasa de desempleo, pero contrariamente ha aumentado la tasa de subempleo.
187.- El Estado y las organizaciones sindicales deben hacer los esfuerzos necesarios para determinar
el monto de los salarios mínimos sobre la base de criterios objetivos según lo dispuesto en el artículo 38
ordinal 2o de la Constitución, esto es, un salario suficiente “para satisfacer las necesidades normales del
hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural”.
188.- Junto a la generación de empleos debe existir un salario digno. Cualquier acción que genere
empleo sin garantizar un salario digno no representa otra cosa que no sea una mala política de empleo
que se debe corregir. El Estado no debe sobreponer la atracción de inversión extranjera directa por medio de tratados comerciales, a costa de bajos salarios para los y las trabajadoras.
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
189.- Lo determinante para medir el éxito o fracaso de las acciones para generar empleo es el nivel
de vida que ello permite a la población salvadoreña, situación que se mide, entre otras cosas, por la
capacidad adquisitiva del salario mínimo y su incidencia en índices de desarrollo como la salud, la educación y la vivienda.
Artículo 8
190.- El Estado Salvadoreño debe dar irrestricto cumplimiento a la garantía de estabilidad laboral
que la Constitución establece en su artículo 47. Ello implica una institucionalidad capaz de evitar que
dicha garantía se vea afectada. A esto podría contribuir también la creación de mecanismos idóneos para evitar y solventar conflictos laborales que puedan desembocar en la vulneración la libertad sindical.
Por lo tanto, debe reformar la normativa que obliga a jueces a declarar las huelgas como ilegales.
191.- Como parte de la institucionalidad que el Estado necesita para garantizar el respeto de la libertad sindical, se recomienda crear en la Fiscalía General de la República una unidad especializada
para conocer de los delitos relativos a derechos laborales y de asociación.
192.- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debería tener los mecanismos necesarios para prevenir, sancionar y solventar cualquier vulneración a la libertad sindical de manera expedita.
194.- Se sugiere que instituciones como la Procuraduría General de la República, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales, en coordinación con
el Órgano Ejecutivo impulsen una política de respeto a la libertad sindical mediante la sensibilización
de funcionarios y patrones al respecto.
195.- El Estado debe abstenerse de obstaculizar el cumplimiento de los contratos colectivos una vez
estos han sido suscritos por las partes. El Estado debería de tomar de base los contratos colectivos vigentes para mejorar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras en idénticas circunstancias,
de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Constitución de la República.
Artículo 9
196.- Se debe garantizar que toda la población empleada sea inscrita goce de seguridad social de
conformidad con la ley. Para ello habría que establecer una coordinación entre las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Fiscalía General de la República, y el Ejecutivo.
197.- El Estado debe darle prioridad a sancionar administrativa y penalmente a los privados que
irresponsablemente retengan los aportes a la seguridad social.
198.- En cuanto al beneficio de seguridad social para empleados y empleadas del hogar se sugiere
establecer un mecanismo eficaz que permita la seguridad social universal.
199.- El Estado Salvadoreño debe emitir nuevas leyes laborales como el “Código Procesal de Trabajo” y la “Ley de la Función Pública” desde una perspectiva de derechos humanos, esto es estableciendo
regulaciones que garanticen la más amplia tutela de los derechos de los trabajadores sobre la base de la
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
dignidad humana y la participación de estos en las decisiones de la administración pública. Ello implica
procesos de formación de ley ampliamente democráticos.
200.- En relación a la Ley Especial de Asocio Público Privado se recomienda al Estado Salvadoreño
hacer una revisión a la luz de las necesidades de un desarrollo económico soberano. El contenido de la
normativa está orientado al debilitamiento del Estado y al fomento de la iniciativa privada de los grandes capitales, misma que hasta la fecha no ha dejado resultados positivos para las condiciones de vida
de las amplias mayorías populares.
201.- La situación financiera del Estado llama urgentemente la intervención de la empresa privada
nacional e internacional como un co inversor; no obstante, antes de entregar los activos públicos a manos privadas, el Estado salvadoreño debería ampliar la base tributaria de manera progresiva.
Artículo 10
202.- La familia salvadoreña sigue afrontando múltiples obstáculos para vivir en contextos libres de
violencia y exclusión, por lo que el trabajo infantil, la migración, la desintegración familiar y la violencia
intrafamiliar son problemas de gran magnitud en el país. Por lo que El Estado debe buscar y promover
la prevención primaria de la violencia a través de la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales.
203.- Se deben tomar las medidas eficaces para erradicar el trabajo infantil y garantizar que niños y
niñas asistan a la escuela. Son alarmantes las cifras del trabajo Para 2013 se calculaba que 191,599 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años edad, realizaban alguna actividad laboral en el país.
Artículo 11
204.- Si el Estado redujera en un 65% la evasión de impuestos, obtendría el 75% de los recursos necesarios para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, las cuales serían de un promedio anual
de 1,480 millones.
205.- Si el Estado salvadoreño controlara la evasión de impuestos podría generar buena parte de los
recursos que necesita para hacer efectivo el derecho a la alimentación adecuada de la población. Para
ello tendría que desarrollar con recursos públicos la banca estatal, garantizar crédito para la producción
de alimentos básicos, crear canales de comercialización que les ofrezcan buenos precios a la pequeña
producción campesina y garanticen una dotación continua de alimentos, ampliar la asistencia técnica
y aumentar sustancialmente la inversión en salud, educación, vivienda, medio ambiente, agua y saneamiento y caminos rurales.
206.- La política fiscal, aunque ha tenido algunos cambios por la vía impositiva y la orientación de
la inversión pública, no ha eliminado las causas que socavan el derecho de cientos de miles de personas
a una alimentación adecuada. La carga tributaria apenas llega al 15% del PIB y el sistema impositivo
es regresivo, pues el 65% de los ingresos tributarios del gobierno proviene de impuestos indirectos y el
35% de impuestos directos. Además, la mitad de la renta la pagan las personas naturales y la otra mitad
proviene de la ganancia de los empresarios, a pesar de que la ganancia representa el 60% del PIB. A su
vez, los empresarios evaden el 35% de los impuestos, que en términos monetarios significa una pérdida
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
para el gobierno de 1,719 millones de dólares, cifra superior a la inversión requerida para superar la pobreza extrema y garantizarle una alimentación adecuada a toda la población. Los empresarios también
se benefician de 26 leyes que les permiten no pagar impuestos por 1,200 millones de dólares al año.
207.- Si el Estado controlara la evasión de impuestos podría generar buena parte de los recursos que
necesita para hacer efectivo el derecho a la alimentación de la población. Para ello tendría que desarrollar con recursos públicos la banca estatal, garantizar crédito para la producción de alimentos básicos,
crear canales de comercialización que les ofrezcan buenos precios a la pequeña producción campesina y
garanticen una dotación continua de alimentos, ampliar la asistencia técnica y aumentar sustancialmente la inversión en salud, educación, vivienda, medio ambiente, agua y saneamiento y caminos rurales.
208.- El Estado por medio de la Asamblea Legislativa debe de adoptar los mecanismos normativos
constitucionales y legales para garantizar el derecho humano a la alimentación, tales como: la reforma
al Art. 69 de la Constitución, la prohibición de los agrotóxicos, regular los precios de la CBA y eliminar
los impuestos de la misma.
209.- Para sacar de la pobreza extrema a 961,554 personas se requiere una fuerte inversión pública
que genere empleo, mejore los salarios y las pensiones y eleve la dotación de alimentos básicos. Hay que
aumentar la oferta y generar una mayor demanda. No basta levantar la producción si la mayoría de la
gente pobre no eleva sus ingresos, es decir, su capacidad de consumo. Un plan de cinco años debe incluir una inversión promedio anual de 1,480 millones de dólares.
210.- El Estado debe derogar la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de
Inmuebles (Decreto 23), para que no se continúe con los desalojos forzosos de personas que no poseen
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.
Artículo 12
211.- El Estado salvadoreño debe aumentar la recaudación fiscal para así aumentar el presupuesto
en salud, lo que permitirá brindar acceso efectivo a medicamentos y a servicios de salud.
212.- Si bien, la aprobación de la Ley de Medicamentos posibilitó un abaratamiento de los precios
de medicinas; no se garantiza el acceso a medicamentos a las personas que no pueden pagar por ellos.
213.- El Estado salvadoreño debe mantener fuera de los Asocios Público Privados los servicios de
salud pública y el agua, para así evitar que el acceso a la salud sea mucho más restringida especialmente
para los sectores menos favorecidos. Debe ratificar las reformas constitucionales para garantizar los derechos a alimentación y agua; además, debe aprobar la legislación secundaria para tutelar el derecho al
agua, la soberanía alimentaria, y prohibir la minería metálica.
Artículo 13 y 14
214.- Si se relacionan los datos que para 2011 emitió la EHPM con los datos más recientes del Informe sobre Desarrollo Humano 2013, que sostiene que los años promedio de escolaridad llega a 7.5,
se infiere que transcurridos dos años desde la última Encuesta de Hogares, se perciben mejoras sustan-
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
ciales en el promedio de escolaridad, posiblemente este aumento obedezca a la ejecución del Programa
Educativo Vamos a la Escuela.
215.- La entrega de paquetes escolares incluye la dotación de útiles escolares, uniformes y calzado;
es, quizá, el programa insignia del Ministerio de Educación, ya sea por la cobertura mediática del mismo o por su impacto que provoca en la población, de manera particular en las familias de escasos recursos.
216.- No es suficiente haber aumentado el presupuesto en educación, si su distribución continúa
favoreciendo aspectos accesorios de la educación, que aunque importantes, lo son menos respecto de la
inversión en la formación y desempeño docente, ambientes educativos, mediación pedagógica, tecnología y mejor conocimiento.
217.- El Estado salvadoreño debe mantener fuera de los Asocios Público Privados los servicios de
educación, para así evitar que el acceso a la educación sea mucho más restringida especialmente para
los sectores menos favorecidos, especialmente a la educación universitaria.
Artículo 15
218.- Se recomienda al Estado salvadoreño realizar las gestiones necesarias para que la Asamblea
Legislativa ratifique la reforma aprobada a la Constitución la cual reconoce a los pueblos indígenas, la
cual agrega al artículo 63 el inciso siguiente: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará
políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”. Además se recomienda la inclusión taxativa de sus derechos en las distintas leyes nacionales.
219.- El Salvador debe ratificar de manera inmediata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.
220.- El Salvador debe desarrollar y actualizar la información estadística sobre la situación económica y social de los pueblos indígenas, particularmente en cuanto a pobreza, desnutrición, escolaridad
y rendimiento escolar, empleo, salarios, tenencia de la tierra y acceso a servicios básicos. También debe
desarrollar un registro específico que permita identificar a la población indígena en el país.
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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
Notas
1
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- El
Salvador. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013,
p. 17
2
Dirección General de Estadística y Censos –DIGESTYC-, Ministerio de Economía
3
4
5
17
Ministerio de Economía. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012. Pág 3.
De acuerdo a la OIT, el Trabajo Decente se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en
FIRI½GMS HI XSHSW ] GVIGMQMIRXS IGSRzQMGS UYI EYQIRXE PEW
oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/
lang--es/index.htm
18
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Impactos
HI PE )ZEWMzR ] IPYWMzR ½WGEP IR IP HIVIGLS E YRE EPMQIRXEGMzR
adecuada. Fespad Ediciones. 2013.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- El
Salvador. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013, p.
10
19
La situación de los pueblos indígenas en El Salvador. Informe del
Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. Junio de 2013.
DIGESTYC (2012). Encuesta de hogares de propósitos múltiples.
Recuperado de: http://www.digestyc.gob.sv/EHPM2012/digestyc/
resultado.pdf
20
Ibid supra p. 14
21
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (2013). Salario Mínimo en El Salvador 2009-2013. Recuperado de: http://issuu.com/
prensamtps/docs/salario_minimo_comparativo_2009-201311/8?e=3394211/3240738
22
De acuerdo al Centro de Estudios para la Inversión y Comercio,
CEICOM, el monto de la canasta de mercado para el 2012 era de
:IV IR LXXT[[[GIMGSQSVKWZTHJCGS]YRXYVE
REGMSREPCE'SWHIJYRIWZJTHJ
(MVIGGMzR HI 4PERM½GEGMzR -RWXMXYGMSREP HI PE 'SVXI 7YTVIQE HI
Justicia. Informe estadístico de procesos laborales del año 2012.
Proporcionado en formato electrónico vía mail por el licenciado
'EQMPS+YIZEVE1SVjR(MVIGXSVHI4PERM½GEGMzR-RWXMXYGMSREP
24
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Informe sobre la situación laboral y Sindical. El Salvador 2012. San Salvador, El
Salvador.
25
Ibid supra
-RJSVQEGMzR HI PE 3½GMRE HI )WXEHuWXMGE I -RJSVQjXMGE ] HIP (I
partamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, proporcionada mediante resolución 118-2013, de
las trece horas y treinta minutos del once de noviembre de 2013.
27
Ibid supra
0E 4VIRWE +Vj½GE HI IRIVS Balance anual de denuncias
por violaciones de derechos laborales. Pág. 42.
29
Elsalvador.com (2013, 21 de febrero). Asamblea Legislativa reforma
Ley de zonas francas. Recuperado de: http://www.elsalvador.com/
mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7705287
30
Elsalvador.com (2011, 10 de octubre). Reformas a ley de zoREW JVERGEW QSHM½GER IP IWUYIQE HI MRGIRXMZSW Recuperado de:
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.
asp?idCat=47861&idArt=6279465
31
Elsalvador.com (2013, 21 de febrero). Asamblea Legislativa reforma
Ley de zonas francas. Recuperado de: http://www.elsalvador.com/
mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7705287
32
Verdad Digital (2013, 12 de marzo de 2013). Organizaciones sindicales rechazan Asocio Público Privado. Recuperado de: http://www.
verdaddigital.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=3092:organizaciones-sindicales-exigen-que-no-se-apruebe-elasocio-publico-privado&catid=1:nacional&Itemid=27
0EYVE &IVREP HI%FVMP ±(IQERHER VEXM½GEGMzR E VIJSV
ma constitucional de pueblos originarios”. Colatino. http://www.
diariocolatino.com/es/20130411/nacionales/114612/DemandanVEXM½GEGM'&REVIJSVQEGSRWXMXYGMSREPHITYIFPSWSVMKMRE
rios.htm
7
PNUD El Salvador, (21
de agosto de 2012). “Declaración del Relator
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas” http://www.
pnud.org.sv/2007/content/view/1402/
8
Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas
de El Salvador
9
Ibídem.
10
Mata, Mario; Martínez, Julio. Análisis del movimiento social Organizaciones campesinas, indígenas y trabajadores/as del campo El Salvador, 2009, PAG. 37. Recuperado el 1 de mayo del 2013 de http://
es.scribd.com/doc/71504259/Movimientos-sociales-de-campesinose-indigenas-en-El-Salvador
11
Ibídem.
12
Colatino, (28/08/2012) “Pueblos indígenas rechazan políticas extractivas de transnacionales”. Recuperado el 30 de abril de 2013,
de http://www.diariocolatino.com/es/20120828/nacionales/107024/
4YIFPSWMRH'%(KIREWVIGLE^ERTSP'%(XMGEWI\XVEGXMZEW
de-transnacionales.htm
13
14
15
16
Inventa Turismo. (17/08/2012). “Región busca nuevo impulso al
multidestino Mundo Maya”. Recuperado el 21 de agosto de 2012
ONU. (17/08/2012.) “Declaración a los medios del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas al concluir su visita a El Salvador”. Recuperado el 20 de
abril del año 2013.
Pese a que El Salvador cuenta con la Ley Especial Integral para
una Vida libre de Violencia para las Mujeres y Ley de Igualdad,
Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres, estas dos leyes no están siendo aplicadas por algunas instituciones
del Estado, especialmente por el órgano judicial, frente a todo ello
es claro que hay una visión aun muy reservada para erradicar la
violencia contra las mujeres desde su raíz más profunda que es la
desigualdad.
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Dirección General de
Centros Penales. Estadística Penitenciaria al 24 de febrero de 2014.
51
Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
33
Voces (2013, 9 de mayo). Sindicalistas contra Ley de Asocio Público
Privado. Recuperado de: http://voces.org.sv/2013/05/09/sindicalescontra-ley-de-asocio-publico-privado/
48
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUDEl Salvador. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013, p.
10
34
FESPAD (2012, 27 de marzo). MPJL se opone a Ley de Asocio Público
Privado. Recuperado de: http://www.fespad.org.sv/mpjl-se-opone-aley-de-asocio-publico-privado/
49
35
FESPAD (2013, 13 de junio). MPJL rechaza aprobación de ley especial de Asocio Público Privados. Recuperado de: http://www.fespad.
org.sv/mpjl-rechaza-aprobacion-de-ley-especial-de-asocios-publicoprivados/
BID. Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en
América Latina y el Caribe en 2012 El Salvador presentaba un dé½GMX HI ZMZMIRHE HIP TIVWSREW UYI RS XMIRIR YR XIGLS TEVE
vivir o que habitan en viviendas de mala calidad).
50
Decreto Legislativo N|° 23 del 25 de junio de 2009, publicado en
IP(MEVMS3½GMEP2S8SQS2SHI
51
http://www.diariocolatino.com/es/20110511/nacionales/92344/
El-ISTA-pretende-entregar-90-mil-títulos-de-propiedad-durante-lagestión-Funes.htm
52
En los cálculos del gobierno, una familia del área urbana debe consumir 11 alimentos para no ser pobre absoluta: pan francés, tortillas, arroz, carnes (res, cerdo, aves), grasas (aceite margarina, aceite
ZIKIXEPLYIZSWPIGLI¾YMHEJVYXEWREVERNETPjXERS]KYMRISJVMNS
les, azúcar y verduras (papa, cebolla, chile verde, tomate, güisquil y
repollo). En el área rural la familia solo debe consumir 9 (se excluyen el pan francés y las verduras)
53
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Impactos de
PE)ZEWMzR]IPYWMzR½WGEPIRIPHIVIGLSEYREEPMQIRXEGMzREHIGYE
da. Fespad Ediciones. 2013. P. 11
54
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Impactos de
PE)ZEWMzR]IPYWMzR½WGEPIRIPHIVIGLSEYREEPMQIRXEGMzREHIGYE
da. Fespad Ediciones. 2013. P. 11
55
http://www.fao.org/hunger/hunger-home/es/
56
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Impactos de
PE)ZEWMzR]IPYWMzR½WGEPIRIPHIVIGLSEYREEPMQIRXEGMzREHIGYE
da. Fespad Ediciones. 2013.
57
Ibid supra
58
Nutrición de un Vistazo, El Salvador” http://siteresources.worldbank.org/NUTRITION/Resources/281846-1271963823772/ElSalvadorSPA91311web.pdf
59
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). http://
www.unicef.org/spanish/infobycountry/ lsalvador_statistics.html
463'%*)±0E GE½GYPXYVE PE QE]SV VIWIVZE JSVIWXEP HI IP WEPZEHSV
una barrera contra el cambio climático” San Salvador, El Salvador,
2009, Pag. 8
61
Programa Mundial de Alimentos, “Evaluación rápida sobre el efecto de la roya del café en poblaciones vulnerables dependientes del
sector en El Salvador” Mayo 2013.
62
Ibídem
+IVWSR 'LjZI^ EKSWXS ±6IE½VQER UYI IRJIVQIHEH
renal la causan agroquímicos”. El Mundo. http://elmundo.com.sv/
VIE½VQERUYIIRJIVQIHEHVIREPPEGEYWEREKVSUYMQMGSW
64
Itzchel Ochoa, (05 septiembre 2013) “Asamblea Legislativa aprueba reformas que prohíben pesticidas que dañan la salud”. Asamblea
Legislativa. http://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/
asamblea-legislativa-aprueba-reformas-que-prohiben-pesticidas-quedanan-la-salud
36
Proceso 52/2005 53/2005
37
Asamblea Legislativa (2013, 18 de diciembre). Asamblea aprueba Ley
Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. Recuperado de: http://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/
asamblea-aprueba-ley-reguladora-de-la-prestacion-economica-porrenuncia-voluntaria.
38
Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones - ASAFONDOS (2013). Estadísticas. Recuperado de: http://www.
asafondos.org.sv/estadisticas.asp
39
Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones - ASAFONDOS (2013). Estadísticas. Recuperado de: http://www.
asafondos.org.sv/estadisticas.asp
40
De acuerdo a la Fundación Nacional para el Desarrollo –Funde-:
http://www.repo.funde.org/571/1/S-FIS-2013.pdf Un factor determinante de la deuda pública es la responsabilidad del gobierno central de asumir la obligación de pagar a las pensiones del Sistema
Público de Pensiones a partir del agotamiento de las reservas técnicas del ISSS e INPEP, mismas que al entrar en vigor la reforma
previsional en mayo de 1998, solo duraron hasta cubrir una parte
de las prestaciones de 2001, por lo que desde ese año, se agregó
YRE GEVKE ½RERGMIVE QjW EP )WXEHS HI EPVIHIHSV HI HIP 4-&
anual y para lo cual se ha tenido que emitir deuda por un total de
US$4,500 millones. El saldo de la deuda previsional del gobierno
con el FOP a diciembre de 2011 llegó a más de US$3,100 millones,
PSUYIIUYMZEPIEPHIP4-&
41
Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones - ASAFONDOS (2013). Estadísticas. Recuperado de: http://www.
asafondos.org.sv/estadisticas.asp
42
FESPAD. (2013). Informe sobre la Situación de los Derechos Laborales y
Sindicales. El Salvador 2012. El Salvador: Ediciones FESPAD. Pág. 16
43
Información de la División de aseguramiento, recaudación y bene½GMSW IGSRzQMGSW TVSTSVGMSREHE TSV 3½GMRE HI%GGIWS E PE -R
formación del ISSS, mediante resolución 0509/2013, de fecha 11 de
noviembre de 2013.
44
Informe de Social Watch (2012) http://www.socialwatch.org/es/informe2012
45
Periódico Digital Voces (29-01-2013) http://voces.org.sv/2013/01/29/
pddh-rinde-informe-sobre-situacion-actual-de-adultos-mayor/
46
h t t p : / / w w w. n a c i o n e s u n i d a s . o r g . s v / f o d m - a p u s / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=79
47
Dirección General de Estadística y Censo –DIGESTYC-. Encuesta
de Hogares de Propósitos Múltiples 2012.
52
Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el
Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC
65
Miguel Vaquerano. (01 Octubre 2013) “Presidente observa reforma
a prohibición de agrotóxicos”. Verdad Digital. http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/6579-funes-observa-reforma-a-prohibicion-de-agrotoxicos
66
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Impactos
HI PE )ZEWMzR ] IPYWMzR ½WGEP IR IP HIVIGLS E YRE EPMQIRXEGMzR
adecuada. Fespad Ediciones. 2013. Pág. 18
67
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-.
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Informe
del diálogo nacional de El Salvador sobre el VIH y el Derecho.
2013. Pág. 7
El Código Penal, en su artículo 133 estipula que “El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que
provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo
practicare, serán sancionados con prisión de dos a ocho años.
68
69
Como el caso que registra la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, bajo referencia SS-0545-12. Caso de la joven
G.E. Morales Hernández. Denuncia registrada en la Procuraduría
en noviembre de 2012.
70
Informe PDDH “La situación del medio ambiente y sus impactos
en los derechos humanos en El Salvador” http://issuu.com/shandow/docs/pddh#download
71
Informe PDDH “La situación del medio ambiente y sus impactos
en los derechos humanos en El Salvador” http://issuu.com/shandow/docs/pddh#download
72
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2013. Con base en
datos del Ministerio de Educación, Censo Escolar, y Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples –EHPM- 2011
73
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUDEl Salvador. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013,
p. 10
74
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 8 de junio 2010
75
De acuerdo al Banco Mundial, el gasto público en educación como
porcentaje del PIB ha sido: en 2009 (4.0); en 2010 (3.5); en 2011
(3.4). Recuperado en: http://datos.bancomundial.org/indicador/
SE.XPD.TOTL.GD.ZS
76
Para calcular el analfabetismo en El Salvador, el Ministerio de Educación, toma como base el censo 2007, el cual estableció como
población total 5,744,113, de habitantes. Y una población mayor de
15 años 3,797,146; la población analfabeta mayor de 15 años según estas cifras es de 682,399 personas, lo que arroja un índice de
EREPJEFIXMWQSHI
77
PNUD. (15/04/13). “Una misión francesa experta en gestión territorial del agua visitó el país para intercambiar experiencias y buscar posibles programas de apoyo en coordinación con el Gobierno de El Salvador”. Recuperado el 15 de abril de 2013, en http://
www.pnud.org.sv/2007/content/view/1611/
78
Prensa Latina, (22/04/13). “Urgen en El Salvador aprobación
de ley para proteger el agua”. Recuperado el 24 de abril de
2013. http://www.prensa latina. cu/index.php?option=com_
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53
PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador
(2006 - 2013)
(Para Lista de Recomendaciones)
A presentarse al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
San Salvador, El Salvador, Centroamérica, abril de 2014
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Introducción
El presente informe ha sido elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para ser presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC), con el objetivo de externar la opinión de la institución
en cuanto al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El
Salvador.
A lo largo del mismo se señalan los principales avances registrados en el país, entre 2006 y 2013, para fortalecer el cumplimiento de los derechos contemplados en el Pacto, a la vez que se detallan los desafíos más importantes que tiene el Estado salvadoreño para garantizar el pleno ejercicio de los mismos,
sin discriminación y de forma progresiva.
Sumado a esto, con respecto a cada uno de los derechos evaluados, la Procuraduría puntualiza una
serie de recomendaciones al Estado orientadas a fortalecer su cumplimiento en el país, haciendo énfasis
en la atención de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad.
Artículo 1. Derecho a la libre determinación
Derecho a la libre determinación y pueblos indígenas
El Salvador ha realizado algunos esfuerzos para fortalecer la participación de distintos sectores de la
sociedad en el quehacer gubernamental. Existen espacios de participación en distintos ministerios del
Órgano Ejecutivo en los que se ha facilitado y promovido el involucramiento de la población en el diseño de las políticas públicas. Dentro de este contexto, particularmente importante ha sido observar que
se están generando ciertas oportunidades para que los pueblos indígenas sean partícipes de la toma de
decisiones tanto a nivel del Gobierno central, como a nivel municipal.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, en el informe sobre su visita al país en agosto de 2012, ha destacado la creación de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas dentro de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República, la
cual inició sus actividades en octubre de 2011. A partir de esta iniciativa, se ha facilitado la coordinación entre el Estado y los pueblos indígenas, y se han generado espacios de trabajo conjunto dentro del
Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Educación (MINED), el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para diseñar e
implementar programas que den respuesta a algunas de sus demandas1.
Estos avances se han enmarcado en un contexto general de mayor aceptación del Estado salvadoreño en cuanto al reconocimiento de la existencia de diversidad cultural en su territorio. Uno de los
primeros reflejos de evolución positiva en este sentido, fue el voto a favor de parte de El Salvador en
relación a la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en septiembre de
20072. Posteriormente, tanto en el informe al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Dis1
2
Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en
El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/
PDF/G1315014.pdf?OpenElement
United Nations (2007). General Assembly adopts declaration on rights of indigenous peoples. Documento recuperado de http://www.un.org/News/
Press/docs/2007/ga10612.doc.htm
57
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
criminación Racial (CERD) en 2009, y en el informe oficial enviado al Comité DESC en 2010 (en adelante, informe oficial), El Salvador ha cambiado la posición sostenida anteriormente, en la que negaba la
existencia de grupos raciales diversos en su territorio. Asimismo, es importante señalar como un avance
las declaraciones del Presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, durante el Primer
Congreso Nacional Indígena, en octubre de 2010, en las que reivindicó a El Salvador como una “sociedad multiétnica y pluricultural” y pidió perdón a las comunidades indígenas por la persecución y las
prácticas de exclusión y exterminio de las que han sido víctimas3.
De forma paralela a estos esfuerzos, en la zona occidental del país, dos municipios han impulsado
iniciativas novedosas en este mismo sentido. En octubre de 2010, el Concejo Municipal de Nahuizalco,
del Departamento de Sonsonate, decretó la “Ordenanza Municipal sobre Derechos de las comunidades
indígenas asentadas en el municipio de Nahuizalco”4, la cual tiene el objetivo de “promover el desarrollo
integral en lo económico, social, cultural, y participación efectiva en el ejercicio de los derechos civiles
y políticos de las comunidades indígenas del municipio de Nahuizalco lo que incluye la protección y
preservación de su propia cultura, de su tierra y territorio, y especialmente de los recursos naturales
renovables, y no renovables que constituyen el entorno ecológico de dichas comunidades” (art. 1). En
esta ordenanza se reconoce expresamente la existencia de los pueblos indígenas en el municipio y se
estipula que gozan de todos los derechos establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas (art. 4), a la vez que se consigna una serie de derechos para los
mismos. Una ordenanza similar fue aprobada el 11 de abril de 2012 por el Consejo Municipal de Izalco,
Departamento de Sonsonate5.
Al respecto, el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas ha señalado de forma muy
positiva el potencial de dichas ordenanzas, dado que establecen un marco legal e institucional para la
participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones a nivel local6. De lograrse una implementación efectiva de las mismas, indudablemente representarían pasos importantes en torno al ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en dichos municipios, especialmente si
se rescatan y respetan las formas tradicionales de organización y representación indígena7.
De manera similar, para esta Procuraduría ha sido de enorme importancia el progreso logrado por
el país, en abril de 2012, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la reforma para reconocer a los pueblos
indígenas en la Constitución, la cual agrega al art. 63 el inciso siguiente: “El Salvador reconoce a los
pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural,
cosmovisión, valores y espiritualidad”8.
Pese a estos importantes logros, es necesario señalar que la reforma constitucional aún no ha sido ratificada y que debido a la poca atención que han recibido los pueblos indígenas en el país, sus
derechos no han sido contemplados de forma especial en legislación nacional. Incluso leyes recientes,
como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) (2009) y la Ley de Igual3
Presidencia de la República (2010). Inauguración del Primer Congreso Nacional Indígena. Documento recuperado de http://www.presidencia.gob.
WZMRHI\TLTRSZIHEHIWHMWGYVWSWHMWGYVWSWMXIQMREYKYVEGM'&RHIPTVMQIVGSRKVIWSREGMSREPMRH'%(KIRELXQP
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Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en
El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/
PDF/G1315014.pdf?OpenElement
Ibíd.
Asamblea Legislativa (2012). Acuerdo de reformas constitucionales No. 5. 25 de abril de 2012.
6
7
8
58
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
dad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (2011), si bien es cierto contienen disposiciones aisladas que están orientadas a fomentar el respeto de la identidad cultural y de
las diferencias étnicas y culturales, no abordan de forma específica e integral los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la LEPINA únicamente hace referencia a que en la educación que brinde el Estado se debe fomentar el respeto a la identidad cultural propia (art. 81.2) y el conocimiento y
respeto del idioma castellano, la identidad cultural y de otras manifestaciones culturales (art. 86, literal g). Por su parte, la Ley de Igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres solamente estipula que las acciones educativas que desarrolle el Estado para garantizar la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres deben contemplar -entre otros criterios- la “promoción del respeto a las diferencias étnicas, culturales y entre hombres y mujeres” y la “eliminación de
actitudes discriminatorias basadas en factores étnicos, sexuales, raciales, religiosos o discapacidades”
(art. 17).
En 2012, la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de Pueblos Indígenas presentó un informe en el que se consignan algunas de las principales demandas de los pueblos indígenas en materia de
legislación9. Entre las más importantes se pueden mencionar la aprobación de reformas a la Ley General
de Educación y a la Ley de Educación Superior, para incluir en los planes de estudio contenidos relacionados a la identidad cultural nacional y promover los estudios sobre pueblos indígenas. También se ha
señalado la necesidad de armonizar la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador
con los derechos de los pueblos indígenas, a fin de que los elementos considerados como parte de la
cultura indígena sean protegidos por una ley diferente fundamentada en la cosmovisión de los pueblos
indígenas. Igualmente, se ha identificado la necesidad de incorporar la perspectiva indígena en la legislación medioambiental y de fortalecer la protección de los recursos, medios de vida y conocimientos de
los pueblos indígenas frente a las leyes de propiedad intelectual y patentes.
Sumado a estos vacíos en el marco jurídico nacional, ha sido lamentable para esta Procuraduría que
a la fecha no haya sido ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
relativo a Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes10. Dar este paso sería importante para
iniciar un camino diferente en materia legislativa, y serviría para poder promover una revisión integral
del marco jurídico. Cabe recordar también que, en 2010, el CERD llamó la atención al país sobre la
existencia de deficiencias fundamentales en la legislación interna ya que la misma se limita a la declaración del principio general de no discriminación, carece de una definición de discriminación racial y no
contiene disposiciones legales explícitas que prohíban la segregación racial, la existencia de organizaciones racistas y la incitación al odio racial.
Cabe mencionar que estas deficiencias son especialmente importantes dado que en el país se ha
invisibilizado y marginado a los pueblos indígenas de forma constante, y esta exclusión sistemática ha
generado que se menosprecie el valor de ciertas expresiones de diversidad cultural, a tal punto de cons9
10
PDDH (2012). Informe situacional sobre los derechos de los pueblos indígenas en El Salvador. San Salvador: Autor.
Esto resulta preocupante dado que ya se cuenta con un estudio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) en el que se determinó que la adopción de dicho Convenio sería viable, dado que no contravenía ninguna ley existente. Ver Anaya, J. (2013). Informe del Relator
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25
de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/PDF/G1315014.pdf?Open Element.
4SV WY TEVXI PE 4((, LE QERMJIWXEHS WY STMRMzR E JEZSV HI PE VEXM½GEGMzR HIP QMWQS IR HMZIVWEW SGEWMSRIW )R RSZMIQFVI HI E VEu^
HI YRE TIXMGMzR HI STMRMzR HI TEVXI HIP 1MRMWXIVMS HI 6IPEGMSRIW )\XIVMSVIW QIHMERXI GSQYRMGEGMzR S½GMEP PE 4((, I\TVIWz RYIZEQIRXI
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CI/0093/2013, del 6 de noviembre de 2013).
59
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
tituir actos de discriminación. Por ejemplo, en junio de 2013, un grupo de representantes de los pueblos
indígenas manifestaron públicamente su rechazo a las expresiones contenidas en un editorial11 de uno
de los periódicos de mayor circulación en El Salvador, El Diario de Hoy, por considerar que constituían
actos de discriminación contra la población indígena del país. En dicho editorial se hace referencia a la
situación de muchos idiomas en el mundo que se encuentran en peligro de desaparición, pero se afirma
que, dado que apenas son utilizados por grupos muy reducidos de personas, este hecho no debe ser visto como una tragedia y que la conservación de los mismos no tiene ningún valor12. El texto hace alusión
directa al náhuat -una de las lenguas identificadas en situación de peligro13- cuestionando su valor y
menospreciando esfuerzos dirigidos hacia su rescate.
Pese al debate público que surgió alrededor del texto14, se ha observado una total pasividad de parte
del Estado al respecto, lo cual resulta preocupante por las implicaciones que tiene la permisibilidad ante
la difusión de este tipo de mensajes de intolerancia e irrespeto a la diversidad cultural y a los pueblos
indígenas. Al referirse al tema, el Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y Coordinador del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, Roberto Valent, de
forma muy acertada, señaló su preocupación por este hecho y el significado que tiene para la sociedad
salvadoreña:
El mencionado editorial y las reacciones que ha provocado por parte de académicos, organizaciones
de la sociedad civil y ciudadanos a través de las redes sociales, es una muestra de los conflictos que
pueden surgir si de manera simplista y provocadora se celebra la eventual desaparición de una lengua.
Este tipo de opiniones resultan ser muy destructivas para la cohesión social en culturas que, como la
salvadoreña, se reconoce heredera de un rico legado ancestral que incluye la lengua náhuat15.
Todo esto refleja los enormes retos que tiene el país para garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a la libre determinación. La invisibilización de la diversidad cultural del país
continúa siendo profunda. Incluso, tal y como lo ha reconocido el Estado salvadoreño (párrafo 13 del
informe oficial), las cifras sobre la población indígena continúan siendo imprecisas. Es por ello que el
CERD ha señalado al país su preocupación por la existencia de información contradictoria al respecto, y
ha recomendado mejorar la metodología censal16.
11
12
13
14
15
16
60
Editorial (2013, 13 de junio) ¿Siete mil idiomas en el mundo? ¿Cuántos merecen conservarse? El Diario de Hoy. Documento recuperado de
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50838&idArt=7963811
A continuación se reproduce un fragmento del texto en mención: “En el mundo se hablan siete mil idiomas, ‘la mayoría de los cuales estará
I\XMRXEE½REPIWHIIWXIWMKPS´HMGIYRGEFPIRSXMGMSWS=EPHIWETEVIGIVQYGLSHIPSUYIKYEVHIRHIWYTVSTMELMWXSVMEWYPMXIVEXYVE]JSVQEW
de vida, también morirá.
No es una gran tragedia, pues hay lenguas y dialectos que apenas los habla un centenar de personas, que nada tienen de valor por conservar
y que, inclusive, carecen de escritura. Lo que poseen de tradiciones está ya traducido y recopilado, pero en un par de siglos nadie se acordará de ellos.
Eso va a ocurrir con el nahuatl pese a los intentos de un exministro comunista de obligar a jóvenes a aprender sus rudimentos, aunque no
se saca provecho de poder decir “iré a comprar tortillas” en nahuatl cuando puede también decirse en español. Y leer la historia del Cipitío
en nahuatl no se diferencia en nada de leerla traducido al español. Al fenecer el nahuatl, Dios mediante también se extingan los caites y los
tapescos”.
Moseley, C. (2010). Atlas de las lenguas del mundo en peligro (3ª Ed.). París: Ediciones UNESCO. Versión en línea: http://www.unesco.org/culture/
en/endangeredlanguages/atlas
Valent, R. (2013, 29 de junio) ¿Debe morir la lengua náhuat? El Faro. Documento recuperado de http://www.elfaro.net/es/201306/opinion/12538/
Ibíd.
CERD (2010). )\EQIR HI PSW MRJSVQIW TVIWIRXEHSW TSV PSW )WXEHSW 4EVXIW HI GSRJSVQMHEH GSR IP EVXuGYPS HI PE 'SRZIRGMzR 3FWIVZEGMSRIW ½REPIW
del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. El Salvador (CERD/C/SLV/CO/14-15). p. 2.
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
En este contexto, la falta de información específica persiste como uno de los mayores obstáculos para poder visibilizar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y el cumplimiento de sus derechos
económicos, sociales y culturales. Como bien ha señalado el Relator Especial sobre los derechos de los
pueblos indígenas, esta situación dificulta tanto la evaluación de cambios en las condiciones de vida de
los pueblos indígenas a través de los años, o en comparación a otros sectores de la población, como la
formulación de políticas públicas para responder a sus necesidades específicas17.
En cualquier caso, la información disponible indica que los pueblos indígenas afrontan importantes
obstáculos al ejercicio de sus derechos, lo cual los sitúa en graves condiciones de exclusión. Por ejemplo,
las cifras del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007, junto con otras estimaciones, indican que
las personas indígenas en El Salvador tienen mucha mayor probabilidad de vivir en hogares en pobreza,
con servicios sanitarios deficientes, sin acceso a energía eléctrica del sistema público y servicios de agua
inadecuados18.
A partir de lo anterior, se debe señalar que pese a los avances mencionados, para esta Procuraduría
existen retos enormes para el ejercicio del derecho a la libre determinación, entendido como el derecho
de los pueblos “a participar con igualdad en la constitución y desarrollo del orden institucional gobernante bajo el que viven y […] que ese orden de gobierno sea uno en el que puedan vivir y desarrollarse
libremente de manera continuada”19. En este marco, aún es necesario que la apertura mostrada en los
últimos años hacia la diversidad cultural se traduzca en acciones efectivas que tengan un impacto sensible en los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente, la institucionalidad responsable de dar respuesta a las demandas de este grupo es aún muy débil, y afronta serias limitaciones presupuestarias y de
recursos en general20. Debido a ello, son pocas las iniciativas destinadas específicamente a la población
indígena, y las que existen son de carácter aislado, no cuentan con una base legal y tienen un alcance
muy bajo.
Derecho a la libre determinación y acuerdos de inversión comercial
Por otra parte, el derecho a la libre determinación también se ha visto obstaculizado en el contexto
de las obligaciones adquiridas por el Estado salvadoreño en materia de comercio internacional. En el
informe alternativo presentado al Comité DESC en 2006, esta Procuraduría ya anticipaba que con la
aprobación y entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR por sus siglas en inglés) se vislumbraba una “pérdida de la
autonomía del Estado salvadoreño en su capacidad de garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales –incluso dentro de su propio territorio– frente a las condiciones y a los nuevos escenarios de
su competencia y jurisdiccionalidad que éste le reconoce y en la medida en que, en su calidad de trata17
18
19
20
Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en
El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/
PDF/G1315014.pdf?OpenElement
Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI) (2012). Nota técnica de país sobre cuestiones de los pueblos indígenas. República de El Salvador. Documento recuperado de www.ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/elsalvador.pdf; Anaya, J.
(2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/PDF/
G1315014.pdf?OpenElement.
Anaya, J. (2010). El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación tras la adopción de la declaración. En C. Charters & R. Stavenhagen (Eds.), El Desafío de la Declaración. Historia y futuro de la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas (pp. 194-209). p. 200.
Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en
El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/
PDF/G1315014.pdf?OpenElement.
61
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
do internacional, se constituye en ley de la República prevaleciendo respecto a la legislación secundaria
local (arts. 144 y 145, Cn.)”21.
Desde los años previos a la aprobación de dicho Tratado, la PDDH ha sido de la opinión que el
mismo debilita de forma significativa la soberanía nacional en cuanto a la definición de políticas públicas, debido a que “conmina a que prevalezcan las obligaciones comerciales, de inversión, propiedad
intelectual y otras, en detrimento de los compromisos y deberes nacionales e internacionales en materia
de derechos económicos, sociales y culturales”22. En este sentido, cabe señalar que de forma reciente se
han empezado a observar algunas de los posibles efectos negativos del mismo en los DESC, y de forma
general, también se puede afirmar que, en otros casos fuera del CAFTA-DR, el establecimiento del arbitraje internacional como vía para la solución de conflictos entre empresas multinacionales y Estado,
ha representado amenazas importantes para la protección del patrimonio y los derechos humanos de la
población salvadoreña.
En primer lugar, se pueden mencionar dos casos en que empresas mineras (Pac Rim Cayman LCC,
subsidiaria de Pacific Rim Mining Corporation, en junio 200923; y Commerce Group Corp junto a Sebastian Gold Mines, Inc. en agosto de 200924), amparadas en el capítulo de inversiones del CAFTA-DR han
demandado al Estado salvadoreño por US$ 77 y $100 millones de dólares respectivamente, ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Las empresas han argumentado
que al no entregarles un permiso de explotación para sus proyectos mineros, el Estado ha afectado a sus
inversiones y ha interferido en sus ganancias potenciales25. Aunque dichas demandas no han prosperado
al invocar las cláusulas del CAFTA-DR, debido a fallos de las empresas en el cumplimiento de los requisitos procesales, en el caso de la demanda impuesta por Pac Rim Cayman LCC, el litigio continúa, amparándose en disposiciones de la Ley de Inversiones y la empresa ha aumentado el monto de la demanda a
$ 314 millones de dólares26. La audiencia final en este caso está prevista para septiembre de 2014 por lo
que aún existe incertidumbre del impacto que tendrá en el país dicho proceso.
De manera similar, en meses recientes el Estado salvadoreño ha estado siendo presionado para que
dé marcha atrás en su iniciativa de dar prioridad a productores y productoras nacionales como proveedores de semillas para el programa estatal de entrega de insumos agrícolas para favorecer a la agricultura familiar27. Este esfuerzo es parte de una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
21
22
23
24
25
26
27
62
PDDH (2006). Informe Especial de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Doctora Beatrice Alamanni de Carrillo, presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (1995-2005). 8 de noviembre de 2006. p. 19.
Ibíd.
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QIQSVMEPSRXLIQIVMXWERHUYERXYQ 29 de marzo de 2013. Documento recuperado de http://www.italaw.com/cases/783
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+Vj½GE (SGYQIRXS VIGYTIVEHS HI LXXT[[[PETVIRWEKVE½GEGSQJEPXEREGGMSRIWGPEZIERXIWHIJSQMPIRMSMM 1EKEyE= de abril). Control antilavado a PEP es clave para Fomilenio: MCC. Diario El Mundo. Documento recuperado de http://elmundo.com.sv/controlantilavado-a-pep-es-clave-para-fomilenio-mcc Quintanilla, L. (2014, 16 de abril). Venta de semilla, condición FOMILENIO. 0E 4VIRWE +Vj½GE.
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Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
para la reactivación del sector agropecuario nacional, el cual se encuentra sumamente necesitado de
apoyo, debido a que con la implementación del modelo neoliberal en el país se desmanteló gran parte de la estructura gubernamental que existía para el fomento agropecuario, situando al sector en una
situación de extremo abandono. Pese a ello, en este caso se argumenta que la medida implica una violación a las obligaciones asumidas por el Estado de acuerdo al capítulo 9 del CAFTA-DR - referente a los
procesos de contratación pública - ya que se le está brindando un trato menos favorable a proveedores
extranjeros28.
En este sentido, cabe señalar nuevamente la pertinencia de las observaciones realizadas por esta
Procuraduría en su informe al Comité DESC en 2006, ya que en esa ocasión se señaló con preocupación el hecho de que El Salvador fue el país que menos límites estipuló en cuanto a los bienes y servicios públicos sujetos al CAFTA-DR, y en cuanto a protección específica para microempresas, mujeres
o minorías29. De hecho, casi todos los países miembros del CAFTA-DR, exceptuando El Salvador, establecieron que las disposiciones del capítulo sobre compras públicas no aplica en ciertos casos como
los programas destinados a micro y pequeñas empresas, programas de apoyo al sector agropecuario o
programas de alimentación escolar30.
Igualmente, el Estado salvadoreño ha sido afectado por una diputa surgida entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana Enel Green Power, debido a que, mediante un acuerdo de accionistas firmado en junio de 2002, se le había otorgado a la última la posibilidad
de convertirse en el socio mayoritario de Geotérmica Salvadoreña, S.A. de C.V. (GESAL, ahora LaGeo)
31
, empresa nacional generadora de energía eléctrica con base en recursos geotérmicos. No obstante, a
inicios de 2008, cuando Enel intentó obtener la mayoría de las acciones de LaGeo a partir de la capitalización de sus inversiones en la misma, la CEL se negó a cumplir con lo establecido en el contrato32,
argumentando que acceder a ello sería sumamente lesivo para los intereses del Estado salvadoreño y
contrario a la Constitución de la República33.
Ante tal decisión, ese mismo año, Enel Green Power presentó una demanda por 120 millones de
dólares ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus
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29
30
31
32
33
Quintanilla, L. (2013, 11 de enero). Privados piden balance en compra semilla. 0E 4VIRWE +Vj½GE, Documento recuperado de http://www.
PETVIRWEKVE½GEGSQTVMZEHSWTMHIRFEPERGIIRGSQTVEWIQMPPE 5YMRXERMPPE 0 HI JIFVIVS HI +SFMIVRS )9% EREPM^E HIGVIXS
de semillas. 0E4VIRWE+Vj½GE (SGYQIRXSVIGYTIVEHSHI LXXT[[[PETVIRWEKVE½GEGSQKSFMIVRSIYEEREPM^EHIGVIXSHIWIQMPPEW*YRHEGMzR
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) (2014). Posición institucional No. 39. La compra de semilla mejorada debe ser
transparente y competida (SGYQIRXS VIGYTIVEHS HI LXXT[[[JYWEHIWSVKMRHI\TLT#STXMSR!GSQCNHS[RPSEHW
-XIQMH!
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GMH
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PDDH (2006). Informe Especial de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Doctora Beatrice Alamanni de Carrillo, presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (1995-2005). 8 de noviembre de 2006. pp. 19-20.
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Asamblea Legislativa (2013, 15 de agosto). Primer informe parcial de la Comisión especial para investigar todo lo relacionado al contrato suscrito
entre la hoy CEL, y la empresa italiana Enel Green Power, en la administración del entonces presidente de la CEL, Guillermo Sol Bang, en el mandato
presidencial de Francisco Flores Pérez.
En el Green Power (2013, 31 de diciembre). )P7EPZEHSV 'SQTER]TVS½PI. Documento recuperado de http://www.enelgreenpower.com/en-GB/
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a Cel cumplir el contrato de LaGeo. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.
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Molina, C. (2008, 20 de mayo). Cel no teme amenaza de arbitraje de Enel. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2405178; Choto, D. (2011, 15 de febrero). Posponen millonario fallo arbitraje entre Cel y Enel. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.
asp?idCat=6374&idArt=5580234
63
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
siglas en inglés) debido al incumplimiento del contrato34. En mayo de 2011, el tribunal falló a favor de
Enel35, y ordenó que se le permitiera a la empresa italiana realizar la inversión que le permitiría apropiarse de la mayoría de las acciones de LaGeo36. Pese a que, en agosto de 2011, la CEL presentó un
recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de París, el mismo fue rechazado en enero de 201337.
Actualmente, el conflicto entre la CEL y Enel continúa, ya que el Estado salvadoreño se ha negado a cumplir con el laudo arbitral internacional, argumentando que el acuerdo de accionistas firmado
por los funcionarios de la época contradice la Constitución de la República38, y de aceptar el fallo, se
entregaría patrimonio de toda la población salvadoreña a un ente privado, violando la propia Constitución39. En consecuencia, en agosto de 2013, la empresa italiana demandó al Estado frente al CIADI40
amparándose en la Ley de Inversiones41. Paralelamente, a nivel nacional, la disputa ha motivado incluso
investigaciones especiales dentro de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República (FGR),
y en noviembre de 2013 se ha iniciado un proceso judicial en el que la FGR ha acusado a un grupo de
exfuncionarios y a las sociedades Enel Green Power S.p.A. y Enel Green Power El Salvador S.A. de C.V.
por perjuicio económico hacia el Estado. Asimismo, en diciembre de 2013, la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda que busca la nulidad del contrato
entre la CEL y la empresa italiana, y ordenó suspender provisionalmente el traspaso de acciones mientras se tramita el proceso42.
A partir de todo lo anterior, es importante resaltar cómo los acuerdos de inversión comercial en
efecto se encuentran limitando las capacidades del Estado salvadoreño en cuanto a la toma de decisiones a favor de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y los recursos estratégicos
nacionales. En estos casos, se puede observar como las autoridades gubernamentales están siendo condicionadas y presionadas por entes privados, ante la adopción de medidas como la revocación de per34
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42
64
Enel Green Power (2013, 31 de diciembre). )P 7EPZEHSV 'SQTER] TVS½PI. Documento recuperado de http://www.enelgreenpower.com/en-GB/
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demanda al gobierno por caso LaGeo. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.
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Enel Green Power (2013, 31 de diciembre). )P 7EPZEHSV 'SQTER] TVS½PI. Documento recuperado de http://www.enelgreenpower.com/en-GB/
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En el Green Power (2011, 6 de julio). Press release. International Arbitration Court unveils ruling favourable to Enel Green Power on the LaGeo Case.
Documento recuperado de http://www.enelgreenpower.com/en-gb/media_investor/press_releases/release.aspx?iddoc=1645485
En el Green Power (2013, 9 de enero). Press release. Paris Court of Appeals upholds International Court of Arbitration ruling in favour of Enel Green
Power in LaGeo case. Documento recuperado de http://www.enel.com/eWCM/salastampa/comunicati_eng/1657045-1_PDF-1.pdf
Asamblea Legislativa (2013, 15 de agosto). Primer informe parcial de la Comisión especial para investigar todo lo relacionado al contrato suscrito
entre la hoy CEL, y la empresa italiana Enel Green Power, en la administración del entonces presidente de la CEL, Guillermo Sol Bang, en el mandato
presidencial de Francisco Flores Pérez.
La Constitución salvadoreña establece en su artículo 103, inciso tercero, que “el subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación”, pero además señala en los artículos 120 y 131, ordinal 30º, que este tipo de concesiones deben ser sometidas
a aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. De hecho, en junio de 2012, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
mediante la Inc. 28-2008 del 27-VI-2012 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 5 y 12 de la Ley General de Electricidad y de los
artículos 12 y 51 del Reglamento de dicha ley, dado que adjudicaban a un órgano de la Administración Pública la potestad de otorgar concesiones que por mandato constitucional debían ser autorizadas por la Asamblea Legislativa, y adicionalmente estipulaban que las mismas eran
de carácter permanente.
Case Details. Enel Green Power S.p.A. v. Republic of El Salvador (ICSID Case No. ARB/13/18). Documento recuperado de https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet
Karadelis, K. (2013, 13 de agosto). Enel brings El Salvador claim to ICSID. Global arbitration review. Documento recuperado de http://
ZZSPXIVVE½IXXE\KYVYGSQHSGW+PSFEPC%VFMXVEXMSRC6IZMI[THJ
Transparencia activa (2013, 10 de diciembre). Presidente Funes celebra admisión de la demanda contra contrato CEL-ENEL por Sala de lo Contencioso Administrativo. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/presidente-funes-celebra-admision-de-la-demandacontra-contrato-cel-enel-por-sala-de-lo-contencioso-administrativo/; Ávalos, J. (2013, 7 de diciembre). CSJ admite demanda de contrato CEL-Enel.
0E 4VIRWE +Vj½GE (SGYQIRXS VIGYTIVEHS HI LXXT[[[PETVIRWEKVE½GEGSQ GWNEHQMXIHIQERHEHIGSRXVEXSGIPIRIP >SQIXE
J. (2013, 7 de diciembre). Abogado de Enel: No hay mérito para anular contrato. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.
elsalvador.com/mwedh/nota/ nota_completa.asp?idCat=47673&idArt= 8388236
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
misos de explotación minera o el impulso de programas especiales de apoyo a productores y productoras nacionales.
A futuro, es claro que decisiones de este tipo - aunque buscan proteger los derechos humanos, promover el desarrollo social y garantizar la sustentabilidad ambiental- podrían llevar al Estado a enfrentar
numerosos litigios internacionales, bajo el supuesto de que afectan las ganancias o las expectativas de
ganancias de alguna empresa. Más allá de eso, también se ha comenzado a advertir cómo este tipo de
arbitrajes han supuesto al Estado la erogación de importantes recursos financieros obtenidos de los y
las contribuyentes. Esta situación es en extremo preocupante ya que en este tipo de litigios los Estados
se encuentran en gran desventaja, dado que las instancias que dirimen los conflictos han sido diseñadas precisamente para privilegiar y proteger las inversiones. Por tanto, resulta inaceptable que se tenga
que privilegiar la asignación de fondos públicos a este tipo de procesos, cuando el presupuesto público
afronta enormes dificultades y ni siquiera alcanza para cumplir con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Recomendaciones:
Que el Estado salvadoreño ratifique la reforma al artículo 63 de la Constitución de la República, aprobada en abril de 2012, que reconoce a los pueblos indígenas en su territorio y que establece la obligación de
adoptar políticas para su libre desarrollo.
Que el Estado salvadoreño ratifique el Convenio 169 de la OIT, relativo a Pueblos Indígenas y Tribales
en países independientes.
Que el Estado salvadoreño desarrolle un amplio proceso participativo con los pueblos indígenas para analizar y elaborar propuestas de modificación al marco jurídico nacional, orientadas a garantizar los
derechos humanos de los pueblos indígenas, especialmente en la legislación relativa a educación, salud, recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, diversidad biológica, propiedad, acceso a la tierra,
protección de la niñez y la adolescencia, erradicación de la discriminación, patrimonio cultural, medio ambiente, consulta previa y formación de asociaciones.
Que el Estado salvadoreño fortalezca los espacios de diálogo y órganos de consulta que se han generado
con los pueblos indígenas, dotando de mayor estabilidad y recursos a la institucionalidad encargada de su
organización y administración.
Que el Estado salvadoreño brinde mayor atención a las demandas y necesidades de los pueblos indígenas en el diseño, reforma y evaluación de las políticas públicas. De manera especial, el Estado debería
propiciar el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones representativas propiamente indígenas, a
fin de que puedan tener una mayor incidencia en la toma de decisiones.
Que el Estado salvadoreño atienda las recomendaciones del CERD en cuanto al mejoramiento de la
legislación nacional para garantizar la no discriminación, principalmente en lo referente a la adopción de
una definición de discriminación racial y de disposiciones legales explícitas que prohíban la segregación
racial, la existencia de organizaciones racistas y la incitación al odio racial.
65
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Que el Estado salvadoreño realice mayores esfuerzos por obtener información estadística sobre la situación económica y social de los pueblos indígenas, particularmente en cuanto a pobreza, desnutrición,
escolaridad y rendimiento escolar, empleo, salarios, tenencia de la tierra y acceso a servicios básicos.
Que el Estado salvadoreño realice un diagnóstico sobre las limitaciones que han generado los acuerdos
de inversión comercial en las posibilidades de adoptar decisiones para garantizar el cumplimiento de los
derechos contemplados en el Pacto. Asimismo, que se diseñe un plan orientado a corregir o compensar los
efectos negativos de los mismos.
Artículo 3. Igualdad entre hombres y mujeres
Desde su nacimiento como república, la historia de El Salvador ha estado marcada por esquemas
machistas y patriarcales43. En este sentido, el logro de la equidad de género es uno de los mayores retos
para el país. Aunque no cabe duda que en las últimas décadas El Salvador ha logrado algunos avances
en materia de equidad de género, es necesario recalcar que todavía existe una enorme disparidad entre
hombres y mujeres y en ciertas áreas específicas el progreso ha sido menos acentuado.
A pesar de lo anterior, para esta Procuraduría ha sido muy positivo que en los últimos años se hayan adoptado decisiones importantes que pueden incidir en la construcción de un país con mejores
oportunidades para las mujeres. Se debe reconocer como un avance fundamental la aprobación de legislación orientada a erradicar las brechas de género, principalmente la Ley Especial Integral para una
Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en diciembre de 2010, y la Ley de Igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, en marzo de 2011. En el primero de los casos, se establecen obligaciones específicas de distintas instituciones estatales para garantizar el derecho a una vida
libre de violencia para las mujeres, lo cual resulta primordial para un país como El Salvador, en el que
las agresiones contra las mujeres son recurrentes, y la impunidad ante las mismas es sumamente alta44.
Por su parte, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres
contempla medidas para promover la equidad entre mujeres y hombres en materia de educación, participación política y económica, empleo, salud integral, salud sexual y reproductiva, seguridad social,
entre otras. Asimismo, incluye disposiciones para fomentar el reconocimiento del trabajo doméstico y
del cuidado; la inclusión social de mujeres en situación de vulnerabilidad; la igualdad de oportunidades
para el acceso, manejo, uso y control de los recursos naturales; el acceso equitativo a nuevas tecnologías;
y sobre los derechos de las mujeres en el desarrollo rural.
Sumado a esto, se debe reconocer que ha sido satisfactorio que la Ley de Partidos Políticos, aprobada en febrero de 2013, incluya una disposición que establece la obligación de los partidos políticos de
incluir al menos a un treinta por ciento de mujeres en sus planillas para la elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano y representantes en Concejos Municipales (art.
37). Esta medida sería un primer paso hacia garantizar mayores oportunidades para la participación
política de las mujeres, lo cual es destacable debido a que ha sido una de las áreas en las que la brecha
de género es notable.
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66
PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:
Autor. p. 52
Manjoo, R. (2011). Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Rashida Manjoo. Misión a El
Salvador. A/HRC/17/26/Add.2. 14 de febrero de 2011. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/112/40/
PDF/G1111240.pdf?OpenElement
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
También se puede mencionar como positivo el trabajo realizado en torno a la formulación de la Política Nacional de las Mujeres y del Plan Nacional de Equidad e Igualdad para las Mujeres Salvadoreñas,
la instalación del Sistema Nacional de Datos Estadísticos e Información sobre Violencia hacia las Mujeres, así como también la puesta en marcha de iniciativas novedosas como el programa “Ciudad Mujer”,
el cual otorga a las mujeres servicios especializados para salud, mejora de oportunidades económicas,
acceso a la justicia y educación no formal45.
Pese a todo lo anterior, es necesario señalar que el ejercicio de la igualdad real entre mujeres y hombres aún es una realidad muy lejana para El Salvador. Resulta evidente que existen importantes obstáculos para que las mujeres puedan desenvolverse en un entorno libre de discriminación y desigualdad,
particularmente en el área rural. En la actualidad, las mujeres salvadoreñas continúan teniendo mayores
problemas que los hombres para acceder a empleos remunerados y bajo condiciones dignas, y en el caso de obtenerlo afrontan una doble o triple carga laboral que es invisibilizada por la falta de reconocimiento y valoración del trabajo reproductivo, doméstico y del cuidado. Además de esto, la población
femenina presenta menores salarios, mayores tasas de analfabetismo, menor acceso y control de activos
y recursos productivos (vivienda, tierra, crédito, etc.), menor participación política y menores tasas de
asistencia escolar; en comparación a la población masculina46.
Por ejemplo, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres persiste, aún para las mujeres con mayores niveles educativos47. De acuerdo a datos de 2011, las mujeres ganan, en promedio, aproximadamente un 16.3% menos que los hombres, y en los puestos directivos la diferencia incluso se amplía, ya
que los hombres ganan un 26.65% más que las mujeres48. Más allá de eso, es lamentable que al observar
los datos de los últimos años, la brecha salarial permanece estable, sin que se pueda identificar una tendencia hacia su reducción49.
Por otra parte, la falta de autonomía económica de muchas mujeres salvadoreñas también es causa de preocupación para esta Procuraduría. Se ha encontrado que en 2012 el porcentaje de mujeres
sin ingresos propios (33.9%) superaba en más de dos veces el de los hombres en la misma condición
(14.3%)50. La situación de las mujeres en el área rural es particularmente grave, ya que aproximadamente el 42.7% no reporta ingresos propios, mientras que únicamente el 16.4% de los hombres se encuentra
en esa condición51.
Sumado a esto, se ha encontrado que las mujeres aún enfrentan mayores obstáculos en cuanto a
sindicalización, alfabetización, propiedad de vivienda, propiedad de la tierra con vocación agrícola y
participación política. Por ejemplo, se ha registrado que las mujeres únicamente representan el 23.2%
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51
Gobierno de El Salvador (GOES) (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. p. 93.
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) (2011). Política nacional de las mujeres. Actualizada: medidas al 2014. San Salvador: Autor; Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) (2013). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012. San Salvador:
Autor; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2010). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza
y el consumismo al bienestar de la gente. Propuestas para un nuevo modelo de desarrollo. San Salvador: Autor.
ISDEMU (2011). Política nacional de las mujeres. Actualizada: medidas al 2014. San Salvador: Autor. p. 32; Lara, E (2013). Estado de los indicadores de género en el mercado laboral. En Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Mujer y mercado laboral
2012 (pp. 5 – 28). San Salvador: ORMUSA. p. 23.
Lara, E (2013). Estado de los indicadores de género en el mercado laboral. En Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
(ORMUSA), Mujer y mercado laboral 2012 (pp. 5 – 28). San Salvador: ORMUSA. p. 23.
Ibíd.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (s/f). CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Disponible en: http://
estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp?idioma=e. Información revisada al 13 de febrero de 2014.
Ibíd.
67
de las personas afiliadas a un sindicato52. A la vez, la tasa de analfabetismo es más alta para las mujeres
(14.7%) que para los hombres (9.9%)53. Por otra parte, se ha observado que entre las personas mayores
de 18 años, el porcentaje de hombres que afirma tener vivienda en propiedad (33.9%) es considerablemente más alto que el de las mujeres (19.2%)54; y que aproximadamente más del 80% de las personas
dueñas de la tierra con vocación agrícola son hombres55. Asimismo, las mujeres ocupan solamente el
10% de los puestos de alcaldes y alcaldesas municipales56, el 12.1% de los puestos ministeriales del Órgano Ejecutivo57, el 27.4% de los escaños parlamentarios58, y el 40% de los puestos en la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) (máximo tribunal de justicia del país)59. Al respecto, se debe reconocer que a partir de
2006 la participación de las mujeres ha ido creciendo tanto en la Asamblea Legislativa como en la CSJ,
pero todavía es muy dispar60.
Al comparar los avances que han logrado otros países en estas áreas, se constata que en los últimos
años, El Salvador no ha hecho suficientes esfuerzos por promover la participación económica y política
de las mujeres, aunque sí ha logrado ir cerrando las brechas en cuanto a salud y educación. Con todo,
al hacer un balance general se observa que distintos países han avanzado mucho más en la reducción
de las brechas de género. Por ejemplo, en 2006, de acuerdo al Índice Global de la Brecha de Género
(GGGI) del World Economic Forum (WEF)61, El Salvador (con un GGGI de 0.6837) se colocó en la
posición 39 de una lista de 115 países ordenados de acuerdo a su brecha de género62 mientras que para
2013 (con un GGGI de 0.6610) retrocedió hasta la posición 96, de una lista de 136 países63. De hecho,
en 2013, de acuerdo a este indicador, de 26 países latinoamericanos estudiados, únicamente Guatemala,
Surinam y Belice poseen brechas de género mayores a la de El Salvador64.
Resulta muy revelador comprobar que en el mismo periodo, países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Madagascar, Malawi, Eslovenia, Camerún, Uganda, Lesoto, Kenia, Mongolia y Luxemburgo, que en
2006 presentaban brechas similares o incluso más amplias que las de El Salvador, en 2013 muestran
reducciones mayores en las brechas de género en las áreas contempladas. Aunque El Salvador refleja
una equidad similar o incluso superior que algunos de estos países en cuanto a salud y educación, los
retrocesos observados en los últimos años en cuanto a participación y oportunidades de las mujeres
en la economía y en la política, han limitado su avance hacia mejores resultados65. Con todo, es muy
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Lara, E (2013). Estado de los indicadores de género en el mercado laboral. En Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
(ORMUSA), Mujer y mercado laboral 2012 (pp. 5 – 28). San Salvador: ORMUSA. p. 27.
DIGESTYC) (2013). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012. San Salvador: Autor. p. 4.
PNUD (2010). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza y el consumismo al bienestar de la gente. Propuestas para un
nuevo modelo de desarrollo. San Salvador: Autor. p 208.
Ibíd. p. 211.
CEPAL (s/f). CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Disponible en: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp?idioma=e. Información revisada al 26 de diciembre de 2013.
Ibíd.
PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:
Autor. p. 291.
CEPAL (s/f). CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Disponible en: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp?idioma=e. Información revisada al 29 de noviembre de 2013.
Ibíd.
El GGGI (Global Gender Gap Index) mide la brecha de desigualdad de género en cuatro áreas: participación y oportunidades en la actividad
económica, participación política, salud y educación. El índice toma valores entre 1 y 0, donde los valores cercanos al 1 representan una menor brecha de género en las áreas contempladas, y los valores cercanos al cero indican brechas mayores.
Los primeros lugares son ocupados por los países con mayor equidad de género en las áreas contempladas por el índice.
WEF (2013). The Global Gender Gap Report 2013. Documento recuperado de http://www3.weforum.org/docs/WEF_ GenderGap_Report_2013.pdf
Ibíd.
Cabe señalar que las comparaciones entre países deben ser tomadas con cautela pues varían de acuerdo a los distintos indicadores. Se ha
destacado lo referente al índice elaborado por el WEF principalmente por la posibilidad de dar seguimiento a su evolución durante varios
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
preocupante el hecho de que al hacer una comparación de los resultados de 110 países entre 2006 y
2013, el WEF reporta que El Salvador ha sido el país que más ha retrocedido en el GGGI66.
Ante esta situación, resulta preocupante para la PDDH que en las políticas públicas todavía no se
incorpore de mejor forma el enfoque de género, principalmente en lo relativo a generar condiciones para que las mujeres puedan acceder al poder económico, social y político. A la vez, es importante señalar
que todavía hace falta integrar a las políticas públicas componentes orientados a la construcción de una
nueva masculinidad que abone a la erradicación de la desigualdad de género en todos los ámbitos de la
sociedad.
Por ejemplo, debe señalarse que existen programas gubernamentales que están basados o reproducen las disparidades de género. El propio Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) ha afirmado que la puesta en marcha del Sistema de Protección Social Universal (SPSU) –el
cual constituye el fundamento de la política social actual-, hasta cierto punto, ha incrementado la carga
global de trabajo de las mujeres que participan en el mismo:
… este sistema aún no se ha completado en su totalidad y sigue desarrollándose bajo un esquema de
acciones focalizadas hacia la atención y superación de la pobreza, sin incluir en el modelo acciones
dirigidas al fomento de la corresponsabilidad en las tareas del cuidado entre hombres, mujeres, Estado
y sociedad, incrementando de esta manera, en cierta medida, la carga global de trabajo de las mujeres
beneficiarias de los programas que componen el SPSU67.
Esto indica que hace falta un mayor esfuerzo para abordar la desigualdad entre hombres y mujeres
de manera integral. El programa Ciudad Mujer es un avance positivo al respecto, dado que instituciones
del Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial y Ministerio Público han creado oficinas especializadas dentro
de las sedes del mismo68. No obstante, un reto primordial es que de forma paralela, todas las instancias
gubernamentales, en sus distintas sedes ordinarias a nivel nacional y local, organicen sus planes, programas y servicios de tal forma que respondan al enfoque de género.
Finalmente, es importante mencionar que hace falta una mayor atención a la eliminación de los obstáculos que dificultan a las mujeres el acceso a la justicia. La PDDH ha señalado a las instancias correspondientes la persistencia de distintas barreras legales, procedimentales, institucionales y culturales que
impiden que las mujeres accedan a la justicia en igualdad de condiciones. Esto se ha observado en distintos procesos penales y de familia, especialmente cuando se refieren a casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar, entre otros69. Teniendo en cuenta esto, también se ha señalado en reiteradas ocasiones
la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las for-
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EySW]TSVQIHMVIWTIGu½GEQIRXIPEWFVIGLEWHIKqRIVS3XVSWMRHMGEHSVIWTEVEQIHMVHIWMKYEPHEHHIKqRIVSSJVIGIRVIWYPXEHSWWMQMPEVIWS
diferentes, de acuerdo a los subíndices que contemplan.
WEF (2013). The Global Gender Gap Report 2013. Documento recuperado de http://www3.weforum.org/docs/WEF_ GenderGap_Report_2013.pdf
ISDEMU (2012). 4PERREGMSREPHIMKYEPHEH IUYMHEH]RSHMWGVMQMREGMzRTEVEPEWQYNIVIWWEPZEHSVIyEW. San Salvador: Autor. p. 44.
Actualmente, un total de 16 instituciones estatales, entre ellas, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Policía Nacional Civil, el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República
y la Procuraduría General de la República, ofrecen servicios especializados para mujeres dentro de las sedes creadas para el programa Ciudad Mujer. Información adicional sobre esta iniciativa se puede encontrar en el sitio web: http://www.ciudadmujer.gob.sv/.
PDDH (2011). Informe especial sobre acceso a la justicia para las mujeres en el ámbito laboral, penal y familiar. San Salvador: Autor.
69
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
mas de discriminación contra la mujer (CEDAW)70, con lo cual se reforzaría el régimen de garantías a
favor de la equidad de género en el país. Lastimosamente, hasta la fecha el mismo no ha sido ratificado.
Recomendaciones:
Que el Estado salvadoreño brinde prioridad en los próximos años a la estricta aplicación de la legislación, políticas y planes recientes a favor de la equidad de género. Se recomienda que adopte medidas
inmediatas para reducir progresivamente y eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, garantizando el principio de igual salario por trabajo de igual valor. Asimismo, se debe poner énfasis en el
aumento de la participación política de las mujeres y en acrecentar representación de las mujeres en puestos de toma de decisiones, tanto en el sector público como en el sector privado.
Que el Estado salvadoreño impulse acciones concretas para reducir la carga laboral extra que afrontan las
mujeres, aumentar su autonomía económica, y dar un mayor reconocimiento y valor al trabajo reproductivo,
doméstico y del cuidado.
Que el Estado salvadoreño adopte medidas especiales orientadas a reducir las disparidades de género en
el área rural, principalmente en cuanto a autonomía económica, propiedad de la tierra, propiedad de la vivienda, alfabetización y acceso a recursos productivos.
Que el Estado salvadoreño ejecute medidas concretas orientadas a facilitar y fomentar el cumplimiento
equitativo entre hombres y mujeres, de los compromisos en el trabajo reproductivo, doméstico y del cuidado
familiar, principalmente en el área rural.
Que el Estado salvadoreño diseñe todas las políticas públicas tomando en cuenta el enfoque de género, a
fin de evitar prácticas que reproduzcan o estén basadas en las disparidades de género, integrando en las mismas componentes para la construcción de una nueva masculinidad que fomente la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres.
Que el Estado salvadoreño ratifique el Protocolo Facultativo de la CEDAW y que implemente un plan
para eliminar los obstáculos políticos, legales, procedimentales, institucionales y culturales que dificultan a las
mujeres el acceso a la justicia en condiciones igualitarias, especialmente en los casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar.
Que el Estado salvadoreño organice campañas públicas y procesos de formación dirigidos hacia hombres,
que tengan como fin combatir las actitudes y comportamientos discriminatorios y agresivos hacia las mujeres.
Art. 6, 7 y 8. Derechos laborales y libertades sindicales
En materia de derechos laborales, en los últimos años se han desarrollado algunos esfuerzos que
si bien es cierto no son suficientes para resolver la problemática estructural de falta de trabajo decente
en el país, han servido para paliar levemente las serias deficiencias que posee el país en cuanto a generación de empleo, insuficiencia de salarios mínimos e inestabilidad laboral. En este sentido, se puede
destacar que a la fecha el país ya ha podido recuperar los 40 mil empleos perdidos en 2009 a causa de la
70
70
Ibíd. p. 98.
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
crisis económica y financiera internacional. Más allá de eso, es destacable que las cifras sobre inserción
laboral formal continúen mejorando en la actualidad71.
Igualmente, se han aplicado leves incrementos a los salarios mínimos del sector privado en noviembre de 2007, junio de 2008, enero de 2009, mayo de 2011, julio de 2013 y enero de 2014. De forma particular, en las últimas modificaciones, se puede resaltar como positivo que el sector maquila ha recibido
un porcentaje de aumento igual al del resto de sectores de la economía, cuando tradicionalmente había
sido menos beneficiado, tal y como se observa en el anexo 4 del informe oficial. Añadido a esto, en enero de 2015 se aplicará un nuevo incremento a los salarios mínimos72.
Por otra parte, se pueden destacar también algunos esfuerzos realizados en los últimos años en la
elaboración e impulso de políticas sectoriales para el fomento del empleo y la producción73. Igualmente,
ha representado un logro importante la entrada en vigencia de la Ley General de Prevención de Riesgos
en los Lugares de Trabajo en 2012, aunque para su estricta aplicación es necesario que el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) asuma un rol muy activo en la promoción y vigilancia de su
cumplimiento, y en la aplicación de las sanciones respectivas a las violaciones que se realicen.
De manera similar, se puede señalar como un avance la aprobación, en diciembre de 2013, de la Ley
Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, y de las reformas a la Ley del Servicio Civil y la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, con el objetivo de regular la compensación
laboral por renuncia en el sector privado, el sector público y las municipalidades. Aunque es importante
resaltar que las mismas deben ser objeto de revisión y mejora, se espera que con la entrada en vigencia
de las nuevas disposiciones74, se fortalezcan en cierta medida las garantías para los trabajadores y las
trabajadoras, ya que anteriormente, al finalizar una relación laboral a través de renuncia, no recibían
una indemnización por el tiempo de servicio.
En cuanto a las libertades sindicales, el avance más importante ha sido la ratificación de la reforma
al artículo 47 de la Constitución de la República, en mayo de 2009, a fin de reconocer el derecho de formar sindicatos en el sector público y en las municipalidades75. Esta reforma ha posibilitado y facilitado
la constitución de 84 sindicatos en el sector público y las municipalidades entre junio de 2009 y mayo
de 201376.
Asimismo, ha sido sumamente importante para la protección del derecho a la estabilidad laboral,
que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de forma muy reciente haya modificado en su jurisprudencia la interpretación sobre el alcance del mismo, para fortalecer la protección de la
estabilidad laboral de los empleados públicos vinculados con el Estado mediante un contrato77. Con este
giro, se espera que los numerosos despidos que se llevan a cabo en el contexto de cambios de administración en el sector público sean controlados y se facilite el acceso a la justicia de parte de las personas
afectadas.
71
72
73
74
75
76
77
GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. p. 167.
PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador:
Autor. p. 79
GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. pp. 123-177.
En el sector público se encuentran vigentes a partir de 2014, mientras que en el sector privado entrarán en vigencia en 2015.
Decreto legislativo No. 33, 27 de mayo de 2009.
GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor.
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de amparo 1-2011, del 19-XII-2012.
71
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Pese a todo lo anterior, es necesario señalar que el cumplimiento progresivo de los derechos laborales y sindicales en El Salvador enfrenta numerosos obstáculos. Por varios años, esta Procuraduría ha
venido llamando la atención del Estado salvadoreño sobre distintos aspectos que necesitan un abordaje inmediato, sin embargo, lastimosamente, las áreas de preocupación continúan siendo prácticamente
las mismas: alta incidencia de subutilización laboral (desempleo y subempleo), bajos niveles de trabajo
decente, salarios mínimos que no concuerdan con el costo de la vida, despidos en el sector público y
privado sin un procedimiento acorde a la legislación laboral, irrespeto a las libertades sindicales, desalojos violentos de comerciantes informales y desprotección de los trabajadores y trabajadoras del sector
agropecuario y del sector de servicios domésticos.
En este contexto, las violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales, tanto en el sector
público y como en el sector privado, continúan siendo recurrentes, mientras que las instancias del Estado
con competencia en la materia, no han sido capaces de implementar y fortalecer los mecanismos administrativos y jurisdiccionales de control, que permitan erradicar tales violaciones a derechos humanos.
En este mismo orden de ideas, se ha venido observando que, en cuanto a generación de empleo, los
esfuerzos realizados son totalmente insuficientes para avanzar de forma sustancial en la reducción del
subempleo y el desempleo. Por ejemplo, aunque entre junio de 2009 y mayo de 2013 se han creado un
total de 88,094 empleos78, de acuerdo al Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 del Gobierno de El
Salvador, sería necesario crear 48,000 empleos nuevos cada año, al menos para alcanzar a absorber a
las generaciones que se van incorporando a la población económicamente activa79. Teniendo en cuenta esto, resultan sumamente preocupantes las cifras sobre generación de empleo, ya que entre 2009 y
2013 deberían haberse creado un mínimo de 192,000 puestos de trabajo. Más allá de eso, para lograr un
avance significativo en la disminución del subempleo, habría que agregar a esta cifra una considerable
cantidad de puestos de trabajo.
Por lo anterior, no resulta sorprendente que las cifras sobre desempleo y subempleo sigan siendo
preocupantes. Si bien es cierto, la tendencia general ha sido que la tasa de desempleo abierto se mantenga baja (6.1% en 201280), esto no debe ocultar que El Salvador presenta enormes deficiencias en su capacidad para ofrecer oportunidades de trabajo decente para su población. Los datos sobre la evolución del
subempleo y la ocupación plena en el área urbana reflejan que existe una gran cantidad de población
que no ha logrado obtener un empleo formal. Para 2012, el PNUD ha estimado la tasa de subempleo
a nivel nacional en un 44.7%, en el área urbana se ubica en 33.4% y en el área rural asciende al 65.9%
(Ver Tabla I)81.
78
79
80
81
72
En junio de 2009 el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) registró 679,003 cotizantes activos, mientras que en mayo de 2013 la cifra
ascendió a 767,097. Ver ISSS (2013). Informe de rendición de cuentas Junio 2012- Mayo 2013. Documento recuperado de http://www.transTEVIRGMEEGXMZEKSFWZ[TGSRXIRXYTPSEHW-7774VIWIRXEGM '&RTHJ 1jW VIGMIRXIQIRXI PSW VIKMWXVSW S½GMEPIW MRHMGER UYI IRXVI
diciembre de 2009 y octubre de 2013 se crearon 109,969 empleos. Ver Transparencia activa (2013, 14 de diciembre). Gobierno del Presidente Funes crea 110 mil nuevas plazas en su gestión. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/gobierno-del-presidentefunes-crea-110-mil-nuevas-plazas-en-su-gestion/
GOES (2010). 4PER5YMRUYIREPHI(IWEVVSPPS¯. San Salvador: Autor.
DIGESTYC (2013). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012. San Salvador: Autor. p. 13
PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:
Autor. pp. 314-315.
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Tabla I
Evolución del subempleo, desempleo y subutilización laboral 2006-2012
(En porcentajes)
2006
Tasa de subempleo
Nacional
43.3
Urbano
36.9
Rural
54.2
Tasa de desempleo
Nacional
6.6
Urbano
5.7
Rural
8.0
Tasa de subutilización laboral
Nacional
49.9
Urbano
42.6
Rural
62.2
2007
2008
2009
2010
2011
2012
39.8
28.5
61.7
40.6
31.9
58.9
44.3
34.0
64.6
42.1
31.5
62.6
41.5
31.8
68.2
44.7
33.4
65.9
6.3
5.8
7.4
5.9
5.5
6.7
7.3
7.1
7.6
7.0
6.7
7.4
6.6
6.6
6.6
6.0
6.2
5.7
46.1
34.3
69.1
46.5
37.4
65.6
51.6
41.1
72.2
49.1
38.2
70.0
48.1
38.4
74.8
50.7
39.6
71.6
Fuente: PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo
posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. pp. 314-315.
Si tomamos en cuenta el desempleo y el subempleo de forma conjunta, se observa que más de la
mitad de la población no está encontrando oportunidades de acceder a un trabajo formal, pero aún
más preocupante es la situación en el área rural, donde el porcentaje alcanza a más del 70%. De forma
específica, el PNUD ha calculado que la tasa de subutilización laboral a nivel nacional es del 50.7%, en
el área urbana de 39.6% y en el área rural de 71.6%82.
Como puede observarse existe un gran segmento de la población que no puede acceder a un empleo
formal. Sin embargo, todavía es más crítica la situación al analizar los niveles de trabajo decente. De
acuerdo al PNUD, apenas el 23.8% de la población económicamente activa, es decir, aproximadamente
1 de cada 5 trabajadores en el país, posee un trabajo decente. Añadido a esto, existe una gran desigualdad de oportunidades, ya que el nivel de trabajo decente en el área urbana es tres veces mayor al del
área rural83.
Con todo, también se debe señalar que acceder a un trabajo en El Salvador no garantiza poder acceder a nivel de vida adecuado. El país ha avanzado muy poco en la reducción de la población ocupada
que se encuentra en situación de pobreza o indigencia (Ver Tabla II). Por ejemplo, en 1995, el porcentaje nacional de la población ocupada que se encontraba en situación de pobreza ascendía al 41.5%,
mientras que para 2010, únicamente se había logrado reducir al 35.8%. En el área rural, la situación es
especialmente grave, dado que en 2010, el porcentaje de la población ocupada en situación de pobreza
alcanzó el 44.8%.
82
83
Ibíd.
Ibíd. p. 32
73
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Tabla II
Población ocupada en situación de indigencia y pobreza, según área geográfica
(Porcentaje sobre la población de 15 años y más)
Nacional
Urbana
Rural
Indigencia
Pobreza
Indigencia
Pobreza
Indigencia
Pobreza
1995
13.5
41.5
8.8
34.5
20.5
52.1
1997
15
43.5
9.3
34.6
23.7
57.1
1999
14.2
37.9
7.9
28.7
25.1
53.9
2000
13.7
36.2
7.5
27.8
24.5
50.9
2001
14.6
37.6
8.9
29.3
24.3
51.8
2004
11.9
36.2
8.4
31
18.4
45.7
2009
11.5
37.1
8.1
32.3
18.4
46.7
2010
10.8
35.8
7.9
31.3
16.6
44.8
Fuente: CEPAL (s/f). CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Disponible en: http://
estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp?idioma=e. Información revisada al 11
de abril de 2013.
Por otro lado, también es causa de preocupación para esta Procuraduría que desde hace mucho
tiempo la generalidad de los salarios en El Salvador no va en consonancia con la realidad socioeconómica y el costo de la vida. De forma específica, en el caso de los salarios mínimos en el sector privado84,
como ya se mencionó anteriormente, no cabe duda que los aumentos aplicados en los últimos años son
positivos, ya que han ayudado a paliar levemente las enormes carencias que atraviesa gran parte de la
población; no obstante, es claro que los acuerdos logrados son a todas luces insuficientes para representar un verdadero ajuste del salario mínimo a lo establecido en la Constitución, en la cual se estipula que
el mismo deberá determinarse de acuerdo al costo de la vida y “ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural” (art. 38, ord. 2º).
Por ejemplo, en el sector agropecuario el salario mínimo ($113.70) permanece incluso por debajo
del costo de la Canasta Básica Alimentaria Rural ($123.26 en febrero de 2014), mientras que en el resto
de sectores, la Canasta Básica Alimentaria Urbana ocupa un alto porcentaje del salario mínimo. Según
datos de la DIGESTYC, para febrero de 2014, el costo de la Canasta Básica Alimentaria Urbana alcanzó
los $175.47, lo que representa el 72% del salario mínimo del sector comercio y servicios ($242.40), el
74% del salario mínimo en la industria ($237.00), y el 85% del salario mínimo para el sector maquila
textil y confección ($202.80).
Al respecto, es evidente que una gran cantidad de familias salvadoreñas no cuentan con ingresos suficientes para acceder a todos los bienes y servicios primordiales para satisfacer sus necesidades básicas,
más allá de la alimentación. Un estudio especializado estableció que una canasta básica ampliada que
incluyera todos estos bienes y servicios costaría alrededor de $579.7185, lo que supera, por mucho, incluso el salario mínimo del sector comercio y servicios. Lo alarmante de la situación queda reflejado en
84
85
74
A partir de enero 2014, el salario mínimo mensual vigente para el sector agropecuario es de $113.70, mientras que para el sector maquila
textil y confección es de $202.80. En el sector industria el monto determinado es de $237.00 y para el sector comercio y servicios es de
$242.40.
'SQMWMzRTEVEPE:IVM½GEGMzRHI'zHMKSWHI'SRHYGXEIXEP9REETVS\MQEGMzREPWEPEVMSHIZMHEIRIPWIGXSVQEUYMPEIR'IRXVSEQqVMGE.
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la_America_Central_2013-10-01-1.pdf
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
dicho estudio, cuando se establece que un trabajador o una trabajadora del sector maquila tendría que
trabajar más de 200 horas extra al mes para llegar a cubrir este monto86.
En este contexto, también se debe tener en cuenta que, desde su instauración, los salarios mínimos
han reflejado una tendencia a la disminución de su poder adquisitivo. De manera específica, el PNUD
reporta que el salario mínimo agrícola ha perdido un 77% de su poder adquisitivo entre 1965 y 2012. A
la vez, los salarios mínimos en el comercio, la industria y los servicios han perdido un 65% entre 1978 y
201287. Esto refleja que es urgente la realización de un ajuste en los salarios mínimos para que cumplan
con lo establecido en la Constitución y el Código de Trabajo en relación a que el mismo debe alcanzar
para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y las trabajadoras, y que su modificación atenderá al costo de la vida (arts. 144-146 del Código de Trabajo).
Asimismo, tal y como esta Procuraduría lo ha señalado en distintas ocasiones, es necesario reducir
las enormes diferencias que existen entre los salarios mínimos de las distintas ramas de la actividad económica. Un caso especialmente preocupante es el del salario mínimo del sector agropecuario, ya que de
acuerdo a los montos vigentes, representa menos de la mitad del establecido para los sectores comercio
y servicios e industria. A la vez, el salario mínimo para el sector de maquila textil y confección, si bien
es cierto es significativamente mayor al del sector agropecuario, también presenta una gran diferencia
con respecto a estos dos sectores. Lastimosamente, los incrementos acordados en los últimos años ni
siquiera han contemplado una reducción de estas disparidades, ya que su modificación se ha basado
en un aumento porcentual con respecto al monto vigente para cada sector, pero utilizando un idéntico
porcentaje para todos los sectores.
Por otra parte, también se debe señalar como motivo de preocupación la persistencia de constantes
violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales tanto en el sector privado, como en el sector
público y las municipalidades. En general, todos los años se presentan numerosas denuncias por violaciones como despidos sin causa justificada, acoso laboral, discriminación por afiliación sindical y por
embarazo, falta de pago de horas extra, vacaciones, aguinaldos o indemnizaciones; y por retención de
cuotas de seguridad social y fondos de pensiones sin el correspondiente reporte88.
En este sentido, ha sido preocupante observar que pese a los continuos señalamientos de esta Procuraduría, cada inicio de año, o en el contexto de cambios de administración en el sector público y municipal, la institución recibe numerosas denuncias por parte de trabajadores y trabajadoras que han sido
despedidas de sus lugares de trabajo sin que se haya seguido el debido proceso. Aún más preocupante es
la situación en el sector privado, ya que los atentados contra la estabilidad son incluso más frecuentes,
mientras que las instancias competentes no han sido capaces de implementar y fortalecer los mecanismos para evitarlos.
Sumado a esto, también son constantes las restricciones a las libertades sindicales. En el sector privado, las violaciones a la libertad sindical son fuertes incluso desde antes de la formación de los sindi-
86
87
88
Ibíd. p. 23.
PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:
Autor. p. 104.
ORMUSA (2014). La boletina de ORMUSA. Observatorio Laboral y Económico. No. 01/2014. Documento recuperado de http://observatoriolaboral.ormusa.org/boletinas/2014_01_Boletina_ECL.pdf. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) (2013). Informe sobre la
situación de los derechos laborales y sindicales. El Salvador 2012. San Salvador: Autor.
75
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
catos, lo que sitúa a los trabajadores y trabajadoras en una situación de especial vulnerabilidad por los
problemas de estabilidad laboral antes señalados. Al respecto, FESPAD ha señalado que:
En el sector privado la violación de la libertad sindical es más abierta; pero no por ello los niveles de
denuncias son elevados en razón de la vulnerabilidad de los trabajadores, producto de la legalidad del
despido de hecho. En este sector la violación de la libertad sindical se manifiesta, principalmente, en
la obstrucción de la formación de organizaciones sindicales mediante las amenazas de represalias o el
despido de hecho de aquellos que tengan la intención de sindicalizarse89.
Por su parte, en el sector público también se han observado violaciones a las libertades sindicales. El
irrespeto e incumplimiento de las disposiciones constitucionales que protegen el fuero y el trabajo sindical, ha sido constatado en casos de despidos, amenazas o detenciones de dirigentes sindicales90. Instituciones de todo el sector público, tales como la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Alcaldía Municipal
de San Salvador, la Alcaldía Municipal de Mejicanos, la Alcaldía Municipal de Soyapango y la Alcaldía
Municipal de Ilopango, entre otras, han cometido violaciones en contra de los derechos y libertades de
directivos y directivas sindicales91.
Por todo lo anterior, es importante acotar que si bien se han ratificado los convenios 87 y 98 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Constitución de la República los reconoce como
normas jurídicas internas, todavía el Estado salvadoreño dista mucho de reconocer y dar todo el apoyo
al sector sindical, tanto en el sector público y municipal, como en el privado. Asimismo, todavía hace
falta efectuar numerosas modificaciones al marco legal nacional para adecuarlo a las obligaciones internacionales en esta materia92 y existen numerosas barreras para el acceso a la justicia por parte de los
trabajadores y trabajadoras93.
En este sentido, queda en evidencia que los sindicatos continúan enfrentando numerosos obstáculos
en el desempeño de su labor, no sólo desde el sector patronal de las empresas, sino también de parte de
las instituciones gubernamentales que deberían velar por el cumplimiento de la legislación laboral. En
89
90
91
92
93
76
(FESPAD) (2013). Informe sobre la situación de los derechos laborales y sindicales. El Salvador 2012. San Salvador: Autor. p. 18.
Ibíd.
PDDH (2011, 1 de mayo). Mensaje del Procurador en ocasión de conmemorarse el día internacional de la clase trabajadora. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menuareas/menueco/218-mensaje-del-procurador-en-ocasion-de-conmemorarse-el-dia-internacional-de-laclase-trabajadora; PDDH (2012, 15 de mayo). Pronunciamiento de la PDDH ante los despidos en las Alcaldías a partir del 1 de mayo de 2012.
Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/315-pronunciamiento-de-la-pddh-ante-los-despidos-en-las-alcaldias-a-partir-del-1-de-mayo-de-2012; PDDH (2012, 31 de octubre). Mensaje del Procurador con motivo del Día del Sindicalismo en El Salvador.
Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/435-mensaje-del-procurador-con-motivo-del-dia-del-sindicalismoen-el-salvador; PDDH (2013, 8 de abril). PDDH presenta resolución sobre violación a libertades sindicales en Órgano Judicial PDDH. Documento
recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/487-pddh-presenta-resolucion-sobre-violacion-a-libertades-sindicales-en-organojudicial; PDDH (2013, 29 de abril). Procurador da a conocer resolución inicial ante despidos en Alcaldía de Apopa. Documento recuperado de
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/498-procurador-da-a-conocer-resolucion-inicial-ante-despidos-en-alcaldia-de-apopa;
PDDH
(2013, 1 de mayo). Mensaje del Procurador en el marco del Día Internacional del Trabajo 2013. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.
sv/41-noticias/conferencias/499-mensaje-del-procurador-en-le-marco-del-dia-internacional-del-trabajo-2013.
Por ejemplo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, ha hecho varios señalamientos
de reformas necesarias a la legislación para adecuarla a los Convenios 87 y 98. Ver http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::
234C'311)28C-(4C'39286=C-(4C'39286=C2%1)4C'311)28C=)%6)P
Salvador,2013 y http://www.ilo.org/ dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_
'39286=C2%1)4C'311)28C=)%6)P7EPZEHSV 2yI^ ) HI SGXYFVI Libertad sindical en El
Salvador. Necesidad de reformas a la legislación. Ponencia presentada en el Foro “Presente y Futuro del Sindicalismo en El Salvador”, organizado
por la PDDH. San Salvador, El Salvador.
Comisión Internacional de Juristas (CIJ) (2013). Acceso a la justicia. Recursos contra las violaciones de los derechos sociales en El Salvador. Ginebra:
Autor.
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
la actualidad, persisten numerosas prácticas orientadas a limitar el ejercicio de las libertades sindicales y
los derechos laborales en el sector privado, en el sector público y en las municipalidades.
Por otro lado, cabe agregar que los trabajadores y las trabajadoras del sector agropecuario, del sector
de servicios domésticos, y del sector informal, se encuentran en un nivel de desprotección sumamente
grave en cuanto a sus derechos laborales, sindicales y riesgos laborales. La mayor parte de personas que
se desempeñan en estos sectores no pueden acceder a los sistemas de seguros de salud ni de pensiones
contributivas, por lo que incluso se ven obligadas a trabajar hasta edades muy avanzadas94 y en condiciones extremadamente precarias.
Resulta muy preocupante que a pesar de lo importante que resulta la agricultura para el desarrollo
del país, no se han desarrollado esfuerzos verdaderos por establecer un marco de protección especial
para la fuerza laboral de este sector, y más bien se mantienen las peligrosas condiciones en las que se
desempeñan. Los bajos salarios, la carencia de seguridad social, el incumplimiento de los derechos laborales95, y los elevados riesgos ocupacionales, colocan a los trabajadores y trabajadoras del sector agropecuario como una población a la que se le violan de forma sistemática los derechos laborales.
La generación de empleos de acuerdo a los criterios de trabajo decente es una de las principales
deudas con el sector agropecuario, y hasta el momento no se observan iniciativas por reducir la exclusión bajo la que se desenvuelve. No obstante, la única forma de renovar el interés de las nuevas generaciones en las oportunidades laborales dentro de este sector, será establecer mejores condiciones de trabajo, en concordancia con los beneficios que se obtienen en otras áreas de actividad como la industria,
el comercio y los servicios.
Igualmente, en materia de servicios domésticos es lamentable que El Salvador no haya ratificado el
Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.
Esto indica que hace falta un compromiso real en cuanto al reconocimiento del valor de este tipo de
trabajo. Tampoco la legislación nacional ha sido modificada para fortalecer el cumplimiento de los derechos laborales en este sector.
Finalmente, es necesario indicar que resulta preocupante que en El Salvador, aun y cuando es ampliamente conocido que ante la falta de oportunidades laborales una gran parte de la población se inserta en el sector informal, continúen presentándose vulneraciones a derechos humanos en los desalojos
de puestos de venta comercial informal en espacios públicos que se llevan a cabo dentro del marco de
procesos de reordenamiento que desarrollan las alcaldías municipales. Si bien es cierto a los gobiernos
municipales les asisten potestades para llevar a cabo dichos procesos, los mismos deben realizarse bajo
el estricto respeto de la dignidad humana, la integridad personal, el debido proceso legal, el derecho al
trabajo, el ejercicio lícito de actividades comerciales y el goce de un nivel de vida digno. Lastimosamente, este no ha sido el caso, y los procesos de desalojo se han caracterizado por la falta de diálogo, uso
excesivo de la fuerza, y por el poco esfuerzo por buscar alternativas creativas y novedosas que beneficien a toda la ciudadanía y permitan acceder a los vendedores informales a otras opciones para obtener
ingresos. Más allá de eso, es importante señalar que ni siquiera los resultados pueden utilizarse como
94
95
PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:
Autor. pp. 183-185.
Sauma, P. (2012). Caso de El Salvador. En F. Soto & E. Klein, Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina. Tomo I (pp. 227 –
263). Roma: FAO.
77
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
justificación para estas medidas, ya que ha resultado evidente que los desalojos no constituyen una verdadera solución a los fenómenos del comercio informal.
Recomendaciones:
Que el Estado salvadoreño redoble sus esfuerzos en materia de reducción del desempleo y el subempleo,
mediante una evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas y el diseño de una estrategia a largo
plazo para incrementar los niveles de trabajo decente, prestando atención especial a los grupos en situación
de mayor vulnerabilidad, como las personas que residen en el área rural y en los asentamientos urbanos
precarios, las mujeres, las personas con discapacidad, la juventud, las personas en la adultez media, y las
personas con bajos niveles de escolaridad.
Que el Estado salvadoreño adopte medidas especiales para la inclusión laboral de las personas que llevan mucho tiempo desempleadas y en las regiones con mayores niveles de desempleo y subempleo, ofreciendo una mayor diversidad de programas de formación profesional y facilitando el acceso a los mismos.
Que el Estado salvadoreño efectúe una revisión de los salarios mínimos vigentes, en consonancia con lo
establecido en la Constitución de la República y el Código de Trabajo, a fin de garantizar que los mismos
sean suficientes para que todos los trabajadores, las trabajadoras y sus familias tengan un nivel de vida
adecuado. Asimismo, se debe establecer un mecanismo para que los salarios mínimos se ajusten al costo
de la vida periódicamente. Además de ello, es indispensable que se diseñe un plan para eliminar progresivamente las enormes diferencias que existen entre los salarios mínimos de acuerdo a la rama de actividad
económica.
Que el Estado salvadoreño adopte medidas para facilitar la formación de sindicatos, protegiendo a los
trabajadores y trabajadoras de cualquier tipo de amenaza, coacción o intimidación. Asimismo, que el Estado respete la labor y el fuero sindical, absteniéndose de realizar despidos injustificados de líderes y lideresas sindicales, y brindando las condiciones apropiadas para que puedan desempeñar su trabajo sindical en
condiciones de libertad, independencia y seguridad.
Que el Estado salvadoreño erradique y sancione las constantes violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales, a través de la adecuación de su marco jurídico en consonancia con la legislación internacional, la aplicación estricta de la legislación vigente, y el fortalecimiento de la institucionalidad, independencia y eficiencia de los mecanismos de inspección laboral y de los tribunales en la materia. Además,
se recomienda el establecimiento de mecanismos especiales para garantizar una adecuada vigilancia de las
condiciones de trabajo en el sector agropecuario y en el sector de servicios domésticos, así como la revisión
de la idoneidad de las sanciones estipuladas por violaciones a la legislación laboral, a fin de que las mismas representen verdaderos desincentivos ante la comisión de infracciones.
Que el Estado salvadoreño ratifique el Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.
Que el Estado salvadoreño aborde el fenómeno del trabajo informal, bajo un irrestricto respeto de los
derechos humanos, y mediante soluciones integrales y concertadas que beneficien a toda la población. Particularmente debe abstenerse de hacer un uso excesivo de la fuerza durante los procesos de reordenamiento
del espacio público, privilegiando los mecanismos de diálogo y mediación entre los sectores involucrados.
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Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Artículo 9. Derecho a la seguridad social
El cumplimiento del derecho a la seguridad social es uno de los que mayor preocupación genera a
esta Procuraduría. Si bien es cierto el país ha avanzado en los últimos años añadiendo un esquema de
seguridad social no contributivo, el mismo tiene un alcance sumamente limitado, mientras que el esquema contributivo afronta gravísimas deficiencias.
Ya en 2006, el Comité DESC expresó al Estado su preocupación debido a que la reforma del sistema
de pensiones efectuada en 1998 eliminó el principio de solidaridad del sistema y, además, porque la cobertura mínima prevista en este no garantizaba un nivel de vida digno96. En este sentido, se debe señalar
que dichos problemas persisten y que, aunque la privatización del sistema se planteó como la alternativa
para asegurar la sostenibilidad de la seguridad social en el país, mejorar la cobertura, y garantizar pensiones adecuadas, ninguna de estas proyecciones ha sido cumplida.
Lastimosamente, en la actualidad, El Salvador se ubica entre los países latinoamericanos con menor
cobertura en cuanto a la seguridad social, tanto entre la población económicamente activa (PEA) como
entre la población adulta mayor97. Al respecto, un diagnóstico reciente establece que:
Uno de los principales retos para el sistema de pensiones es el de incrementar la cobertura. Para el
período 1998-2011, la cobertura del sistema contributivo se ha estancado en alrededor del 23,6% de la
PEA de acuerdo con las cifras institucionales, y el 30,7% según las encuestas de hogares. Estos datos
muestran una baja cobertura de los cotizantes activos al sistema de pensiones. De la población adulta
mayor, de acuerdo a los datos del Censo de 2007, solo el 20,5% de la PEI [Población económicamente
inactiva] reciben pensiones. Es decir, no obstante haber alcanzado las edades de retiro, solo un bajo
porcentaje de la población adulta mayor logra acceder a una pensión98.
Estas cifras reflejan la gravedad de la situación en el país, ya que únicamente un sector muy reducido de la población accede al sistema de seguridad social. De cualquier forma, se debe señalar que este
desempeño en cuanto a la cobertura había sido anticipado por diversos diagnósticos incluso antes de
que se implementara la reforma99. El predominio del sector informal, el enorme aumento en la cotización de los trabajadores y trabajadoras, y las experiencias previas de otros países, indicaban que una
ampliación significativa en la cobertura era poco probable100. No obstante, pese a las advertencias tempranas, no se han tomado acciones para dar respuesta a tales dificultades.
La situación es especialmente grave para los trabajadores y trabajadoras del sector informal, del sector agropecuario y del sector de servicios domésticos. Aunque la Constitución de la República establece
que “los trabajadores agrícolas y domésticos tienen derecho a protección en materia de salarios, jornada de trabajo, descansos, vacaciones, seguridad social, indemnizaciones por despido y, en general, a las
prestaciones sociales”; y que la extensión y naturaleza de estos derechos se determinarán por ley “de
96
97
98
99
100
Comité DESC (2007). Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del pacto. Observaciones
½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW 7SGMEPIW]'YPXYVEPIW )P7EPZEHSV (E/C.12/SLV/CO/2). 27 de junio de 2007.
Rofman, R., Apella, I. y Vezza, E. (2013). Introducción. En Más allá de las pensiones contributivas. Catorce experiencias en América Latina (pp. 9-59).
Buenos Aires: Banco Mundial.
Córdova, R. (2013). El Salvador. En R. Rofman, I, Apella y E. Vezza, M., Más allá de las pensiones contributivas. Catorce experiencias en América
Latina (pp. 287-312). Buenos Aires: Banco Mundial. p. 309.
Mesa-Lago, C., Córdova, R. y López, C. (1994). El Salvador: Diagnóstico y propuesta de la reforma de la seguridad social. San Salvador: FUNDAUNGO; Mesa-Lago, C. (2011). Diagnóstico del sistema de pensiones en El Salvador (1998-2010). San Salvador: FUNDAUNGO. p. 18.
Ibíd.
79
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
acuerdo con las condiciones y peculiaridades del trabajo” (art. 45 Cn.), la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP), aprobada en 1996, únicamente estipula que estos sectores serían incorporados
mediante un reglamento especial que tendría en cuenta sus particularidades (art. 9). No obstante, pese a
que la falta de regulación de estos aspectos dentro de la misma ley era ya una omisión importante, hasta
la fecha –es decir más de 16 años después de su entrada en vigencia- ni siquiera se ha cumplido con la
obligación de elaborar dichos reglamentos101. Esto refleja claramente la desatención y negligencia estatal
con respecto a la protección de estos sectores.
Sumado a esto, la cobertura de personas que trabajan en el sector informal es muy limitada, ya que
si bien es cierto podrían afiliarse como independientes, además de pagar su cotización, asumirían adicionalmente el monto de la cotización otorgado normalmente por el empleador y la comisión administrativa. Esto implica serios desincentivos para la afiliación y cotización en el sector, ya que representa
más del doble de lo que pagan los asalariados formales en sus cotizaciones102.
Todo esto refleja la enorme desatención que ha existido en torno a la problemática del derecho a
la seguridad social en el país, y debido a ello, muchas personas adultas mayores continúan trabajando
hasta edades muy avanzadas con el fin de obtener ingresos para subsistir. De acuerdo a los datos del VI
Censo de Población y V de Vivienda 2007, se calcula que entre los hogares con jefaturas de personas
adultas mayores, el 38.1% es parte de la PEA y el 61.9% de la PEI103. Por tanto, es claro que una gran
parte de la población adulta mayor está siendo afectada directamente por la falta de cobertura de la
seguridad social, y se ven obligadas a buscar un empleo –muchas veces en condiciones precarias o inadecuadas para su edad- con el fin de obtener un ingreso mínimo.
Ante estas claras deficiencias estructurales en el mercado laboral y el sistema de pensiones contributivo, debe reconocerse como un avance muy positivo el hecho de que desde 2009 se esté implementando el esquema de pensiones no contributivas denominado “Pensión Básica Universal”. Este programa
consiste en la entrega de un apoyo mensual de $50 que brinda el Gobierno a personas mayores de 70
años que vivan en uno de los 75 municipios que presentan mayores niveles de pobreza, que sean de
escasos recursos económicos o vivan en situaciones de abandono y que se encuentren fuera de los sistemas de seguridad social contributivos.
También se puede destacar que desde el inicio del programa se han realizado esfuerzos por mejorarlo104, aunque no se puede obviar que el mismo continúa teniendo una cobertura y un presupuesto
sumamente bajos105, y que el monto de la pensión otorgada no es suficiente para la satisfacción de las
necesidades básicas. De cualquier forma, es un paso inicial hacia la construcción de un sistema solidario de protección social, y el mismo debería fortalecerse de forma inmediata, debido a que la población
que se beneficia de este necesita una atención urgente. Para ello, es necesario que se le dé al mismo un
mayor respaldo, y que llegue a ser verdaderamente universal y no focalizado, como se ha hecho hasta el
momento. En este sentido, a juicio de esta Procuraduría, el programa debería convertirse en un derecho
101
102
103
Ibíd. p. 25
Ibíd. p. 25.
Córdova, R., Burgos, D., Tablas, V. y Rodríguez, F. (2010). 0EW XIRHIRGMEW HIQSKVj½GEW HI PE TSFPEGMzR EHYPXE QE]SV ] WY MRGMHIRGME IR PEW TSPuXMGEW
públicas en materia de seguridad social. San Salvador: FUNDAUNGO. p. 59.
104 GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. pp. 86-87.
105 Rofman, R., Apella, I. y Vezza, E. (2013). Introducción. En Más allá de las pensiones contributivas. Catorce experiencias en América Latina (pp. 9-59).
Buenos Aires: Banco Mundial; Córdova, R. (2013). El Salvador. En R. Rofman, I, Apella y E. Vezza, M., Más allá de las pensiones contributivas. Catorce experiencias en América Latina (pp. 287-312). Buenos Aires: Banco Mundial.
80
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
a una pensión universal, que cubra a toda la población adulta mayor, es decir, mayores de 60 años, que
no se encuentre cubierta por otro esquema previsional.
Por otra parte, la suficiencia de las pensiones también es causa de enorme preocupación para esta
Procuraduría, tanto en lo que se refiere a los montos entregados actualmente y las pensiones que se
entregarán a los futuros pensionados y pensionadas. En primer lugar, con respecto a las pensiones actuales, aunque se han aplicado aumentos a las pensiones mínimas en 2007, 2009 y 2011, solo los últimos
dos han sido significativos. Para 2011, la pensión mínima por vejez e invalidez total aumentó de $143.64
a $207.6, mientras que la de invalidez parcial aumentó de $100.55 a $145.32 106.
No obstante, aún con estos progresos, desde 2011 no se ha registrado un nuevo incremento, pese a
que la situación sigue siendo bastante precaria. Por ejemplo, para el ejercicio financiero fiscal 2014, el
monto de las pensiones mínimas por vejez o invalidez total se situó nuevamente en $207.60 mensuales107, con lo cual se alcanzaría a cubrir la canasta básica alimentaria108 (umbral de pobreza extrema), pero no la canasta básica ampliada (umbral de pobreza)109. Por su parte, la pensión mínima por invalidez
parcial (US$145.32), no es suficiente ni siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria urbana.
Añadido a esto, lamentablemente la Ley SAP no establece un mecanismo efectivo que proteja a las
personas pensionadas frente al aumento del costo de la vida, lo cual afecta de forma importante a la suficiencia de las pensiones. Al respecto, se ha afirmado:
En términos generales, la normativa del SAP [Sistema de ahorro de pensiones] no contempla indexaciones o ajustes por inflación a las pensiones […] La recurrente alza en los precios de los últimos años
(producto, entre otras causas, de los incrementos en los precios de los alimentos y del petróleo) tiene
efectos importantes en la capacidad adquisitiva de las pensiones actuales y futuras, que no están siendo cuantificados y que no serán compensados110.
Este vacío en la Ley SAP representa un problema importante, dado que deja una enorme discreción
al Ministerio de Hacienda en cuanto a la aplicación de ajustes en las pensiones mínimas del Sistema de
Ahorro para Pensiones (SAP) (art. 145) y en la revalorización de los montos de las pensiones que entrega el Sistema Pensiones Público (SPP) (art. 210).
Añadido a esto, otro aspecto que indica problemas en la suficiencia de las pensiones es que la tasa
de reemplazo, es decir, la relación entre el monto de la pensión recibida y los salarios recibidos previos a
la jubilación, se ha estimado en 28% y el 32% para los hombres y entre el 30% y el 34% entre las mujeres, lo cual es inferior a la norma mínima establecida por la OIT, equivalente al 40% para pensiones por
vejez111, de acuerdo al Convenio No. 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social112.
106
107
108
109
110
111
112
Decreto legislativo No. 514/2010. 0I]HITVIWYTYIWXSTEVEIPINIVGMGMS½WGEPUYIWIMRMGMEIPYRSHIIRIVS]GSRGPY]IIPXVIMRXE]YRSHIHMGMIQFVIHI
dos mil onceHIRSZMIQFVIHI4YFPMGEHSIRIP(MEVMS3½GMEP8SQS2S2QIVSHIHMGMIQFVIHI
Decreto legislativo No. 522/2013. 0I]HITVIWYTYIWXSTEVEIPINIVGMGMS½WGEPUYIWIMRMGMEIPYRSHIIRIVS]GSRGPY]IIPXVIMRXE]YRSHIHMGMIQFVIHI
dos mil catorceHISGXYFVIHI(MEVMSS½GMEP8SQS2ž2QIVSHIHMGMIQFVIHI
En febrero de 2014, la canasta básica alimentaria urbana costaba $175.47 y la rural $123.26.
El costo de la canasta básica ampliada equivale al doble del costo de la canasta básica alimentaria. Por ejemplo, para febrero de 2014, la canasta básica ampliada en el área urbana costaba aproximadamente $351.00.
Argueta, N. (2011). ERXVIIPMRHMZMHYS]IP)WXEHS 'SRHMGMSRERXIW½RERGMIVSWHIPWMWXIQEHITIRWMSRIWIR)P7EPZEHSV. San Salvador: FUNDAUNGO.
p. 36.
Ibíd. p. 37.
:EPIPETIyEWIyEPEVUYIPEWXMQSWEQIRXI)P7EPZEHSVRSLEVEXM½GEHSIWXI'SRZIRMS
81
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Por otra parte, con respecto a las pensiones futuras, la PDDH también ha identificado importantes
amenazas en cuanto a su suficiencia. La preocupación principal se debe a que en septiembre de 2006,
con el objetivo de aliviar la carga que suponía el pago de las pensiones del SPP con fondos del Presupuesto General de la Nación, se aprobó la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, mediante
la cual se autorizó que dicho Fideicomiso emitiera Certificados de Inversión Previsionales (CIP), títulos
valores que han sido utilizados para financiar el enorme costo de la transición al SAP. A la vez, la ley
estableció que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) estaban obligadas a invertir en los
CIP. En consecuencia, con el Fideicomiso, el Estado aseguró que las AFP inviertan los fondos en títulos
de deuda pública, financiando así parte del déficit fiscal, pero bajo unas condiciones muy desfavorables
para la rentabilidad de los fondos de los y las cotizantes.
Pese a ello, a inicios de 2012, nuevamente debido a la situación fiscal, se aprobaron reformas a la Ley
SAP con el fin de elevar la proporción de los fondos que deben invertir las AFP en los CIP113, yendo claramente en contra de los intereses de la población cotizante. Ante esta decisión, es necesario recalcar la
obligación del Estado de buscar una solución integral –y no solamente coyuntural- al desafío de cubrir
los compromisos financieros con el SPP114. Si bien es cierto en esta ocasión también se introdujo una
reforma que disminuyó la comisión que cobran las AFP, esto no justifica las pérdidas en cuanto a rentabilidad que el Estado está generando en las cuentas de los y las cotizantes.
Como puede observarse, estas acciones han sido enmarcadas en uno de los problemas fundamentales que afronta el sistema de la seguridad social en el país: la sostenibilidad. Se han identificado serios
problemas de financiamiento tanto en el SPP como en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Incluso las autoridades gubernamentales han reconocido la gravedad de la problemática, situando la sostenibilidad del sistema como uno de los principales desafíos del país en materia fiscal115. Y no
es para menos, si se ha estimado que la deuda de pensiones crece en un millón de dólares por cada día
y que en 2017 podría crecer hasta alrededor de unos dos millones de dólares diariamente116.
Dicho todo esto, es claro que con la reforma de los años noventa no se ha avanzado significativamente en la generación de opciones reales de bienestar y calidad de vida para las personas en edad de
jubilación, y tampoco se ha podido asegurar la sostenibilidad del sistema117. A la vez, el sistema actual
ha acentuado algunas disparidades de género, ha reducido la solidaridad social y no ha podido garantizar la cobertura en el sector agropecuario, en el de servicios domésticos ni en el sector informal118.
113
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116
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118
82
Rivera, E. (2012, 30 de marzo). Reforman cuatro artículos de la ley de ahorro de pensiones. Diario El Mundo, p. 8; Quintanilla, L. (2012, 30
de marzo). Aprueban reformas a ley de pensiones. 0E4VIRWE+Vj½GE, pp. 12-14 Mendoza, R. (2012, 30 de marzo). Asamblea reforma la ley de
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Flores, R. (2012, 30 de marzo). Presidente asegura que reformas al sistema de pensiones eran necesarias. Diario CoLatino, p. 5; Henríquez, A.
(2011, 7 de agosto). “Las AFP están regalando al Estado el dinero de los cotizantes”. Entrevista a Carmelo Mesa-Lago. El Faro. Documento
recuperado de http://www.elfaro.net/es/ 201107/ noticias/5027/; Flores, R. (2012, 29 de marzo). “El sistema de pensiones socializó las pérdidas
y privatizó las ganancias”. Entrevista a Lorena Peña. Diario CoLatino, p. 2.
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LXXTIPQYRHSGSQWZLEGMIRHETVS\MQSKSFMIVRSRSTSHVETEKEVTIRWMSRIW 3VIPPERE 0 ] 6MZIVE ) HI QE]S *YRIW GEPM½GE HI
urgentes las reformas a pensiones. Diario El Mundo(SGYQIRXSVIGYTIVEHSHILXXTIPQYRHSGSQWZJYRIWGEPM½GEHIYVKIRXIWPEWVIJSVQEW
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IPMRHMZMHYS]IP)WXEHS 'SRHMGMSRERXIW½RERGMIVSWHIPWMWXIQEHITIRWMSRIWIR)P7EPZEHSV. San Salvador: FUNDAUNGO.
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
El sistema de pensiones actual resulta más bien un reproductor y amplificador de la exclusión social
y de las desigualdades de género que existen en las condiciones de vida de la población. Por ello, no
resulta sorprendente que El Salvador sea uno de los países de América Latina en los que las pensiones
prácticamente no tienen incidencia en la reducción de la pobreza entre las personas adultas mayores.
Un estudio especializado basado en cifras de 2006 determinó que en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica y Uruguay, la simulación de la desaparición de las transferencias en concepto de pensiones elevaba la pobreza entre las personas mayores de 65 años de forma dramática. Por ejemplo, en
Argentina y Costa Rica la pobreza en ese grupo incrementaba del 3.7% al 46.5% y del 18.7% al 44.3%119,
respectivamente. Por el contrario, en El Salvador, la pobreza entre ese mismo grupo solamente aumentaba del 20.7% al 24.6%, cuando en promedio para toda la región, aumentaba del 20.1% al 35.8%120. En
cambio, al hacer un ejercicio similar midiendo el impacto que tendría la desaparición de transferencias
como las remesas, El Salvador aparece como uno de los países más afectados. En este caso, la pobreza
aumentaría del 20.7% al 39.4%121.
Bajo este panorama, se vuelve impostergable la implementación de una nueva reforma al sistema
de pensiones –acompañada de una reforma fiscal de carácter progresivo- que aborde todos estos problemas, pero que a la vez garantice que no se afecten los derechos adquiridos. Dentro de la misma se
debería tener en cuenta también la necesidad de articular el sistema contributivo y el no contributivo, y
de atender las desigualdades de género, el duopolio de las AFP, y los defectos estructurales del mercado
laboral salvadoreño. De igual manera, se deben resolver otros problemas que están afectando constantemente a muchas personas cotizantes o pensionadas, tales como la aprobación o retención ilegal de las
cuotas previsionales, la evasión y la mora previsional122, el extenso período que tienen que esperar las
personas que se jubilan para empezar a recibir su pensión y reducciones drásticas en las pensiones debido a errores administrativos123.
Recomendaciones
Que el Estado salvadoreño elabore de forma inmediata un diagnóstico integral de la situación de la
seguridad social en el país, desde un enfoque de derechos y bajo una amplia participación social. Este diagnóstico debe efectuarse bajo una visión de largo plazo, pero que a la vez contenga medidas a corto plazo
para atender las problemáticas más urgentes y que amenazan el derecho a la seguridad social de la población, tales como la insuficiencia de las pensiones, la falta de ajuste de las mismas al costo de la vida, la
baja rentabilidad que están obteniendo los fondos, entre otras.
Que el Estado salvadoreño efectúe una nueva reforma al sistema de pensiones, bajo la perspectiva de la
seguridad social como un derecho humano, garantizando el respeto de los derechos adquiridos, y de acuerdo a previsiones realistas del comportamiento fiscal, económico y laboral del país. Se debe construir un
119
Cotlear, D. & Tornarolli, L. (2010). Poverty, the Aging, and the Life Cycle in Latin America. En D. Cotlear (Ed.) Population aging. Is Latin America
ready? (pp. 79- 134). Washington, DC: World Bank. p. 109.
120 Ibíd. p. 109.
121 Ibíd. p. 112.
122 Mesa-Lago, C (2011). Diagnóstico del sistema de pensiones en El Salvador (1998 - 2010). San Salvador: FUNDAUNGO.
123 Esta Procuraduría ha recibido reiteradas denuncias de personas a quienes se les ha retrasado de forma excesiva el inicio de entrega de la
pensión después de su jubilación. Asimismo, se han recibido denuncias de personas que después de varios años de recibir su pensión, de
JSVQEVITIRXMRE¯]IREPKYRSWGEWSWWMRTVIZMERSXM½GEGMzRLERWMHSEJIGXEHEWTSVHVjWXMGEWVIHYGGMSRIWIRIPQSRXSHIPEQMWQEHIFMHS
a problemas administrativos. En estos casos, usualmente las instituciones han cometido errores en el cálculo inicial del monto que le correspondía al pensionado o pensionada, y con el objetivo de restituir a la institución los montos otorgados de forma equivocada, optan por
QSHM½GEVPETIRWMzRHIJSVQEMRGSRWYPXE]HIXEPQERIVEUYIEJIGXERWIVMEQIRXIPEIGSRSQuEHIPEWTIVWSREWTIRWMSREHEW
83
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
nuevo sistema de pensiones que tenga cobertura universal y que esté basado en la solidaridad, con el fin
de que toda la población cuente con los recursos suficientes para mantener un nivel de vida digno, aunque
afronte estados de necesidad (pobreza, invalidez, desempleo, vejez, etc.). En esta reforma resulta primordial
que se asegure la sostenibilidad, la equidad entre mujeres y hombres, y que se diseñen mecanismos novedosos para que los trabajadores y las trabajadoras del sector agropecuario, del sector de servicios domésticos,
independientes, y del sector informal, tengan acceso a la seguridad social.
Que el Estado salvadoreño aumente la cobertura de la Pensión Básica Universal, para que llegue a ser
verdaderamente universal y no focalizada, como se ha hecho hasta el momento. En este sentido, el Estado
debe disponer los mecanismos y recursos financieros, institucionales y legales para que este programa se
convierta en un derecho a una pensión universal, que cubra a toda la población adulta mayor (es decir,
mayores de 60 años) que se encuentra fuera de los sistemas de seguridad social, y no solamente a las personas mayores de 70 años.
Que el Estado salvadoreño ratifique el Convenio número 102 de la OIT relativo a la norma mínima de
la seguridad social.
Artículo 10. Protección a la familia
Las familias salvadoreñas continúan afrontando múltiples obstáculos para vivir en contextos libres
de violencia y exclusión social, por lo que la inseguridad pública, la desintegración familiar, la migración, la violencia intrafamiliar y el trabajo infantil son problemas de gran magnitud en el país. En primer lugar, se debe mencionar que la situación de violencia e inseguridad continúa siendo alarmante a
pesar de la reducción que se ha registrado en el número de homicidios a partir de marzo de 2012124. La
tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, continúa siendo muy alta (Ver Tabla III) y otros delitos
frecuentes como las extorsiones (Ver Tabla IV), las lesiones y las violaciones siguen afectando a un gran
número de familias.
Esto se enmarca en una situación de extrema gravedad, ya que los grupos delincuenciales organizados han adquirido un enorme poder y han ido ampliando el control territorial en el país. Sumado a esto, la impunidad generalizada frente a la criminalidad y la violencia es alarmante, y resulta un problema
sistémico, dado que involucra deficiencias en la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial, que se han visto totalmente sobrepasados por la delincuencia.
124
84
Es necesario señalar que a partir del segundo semestre de 2013 se ha observado un importante repunte en el número de homicidios registrados.
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Tabla III
Homicidios registrados 2006-2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Número total
de homicidios
registrados
3,928
3,497
3,179
4,382
4,006
4,371
2,576
2,490
788
Tasa de homicidios
(por cada 100,000
habitantes)
65
57
52
71
65
70
41
-
Promedio diario
de homicidios
11
10
9
12
11
12
7
7
9
*Las cifras de 2014 corresponden a los registrados entre el 1 de enero y 31 de marzo.
Fuente: elaboración propia de acuerdo a datos de FUNDAUNGO, GOES, PNUD
y reportes de medios de comunicación125.
Tabla IV
Extorsiones registradas
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Número total
de extorsiones
registradas
2,525
2,497
2,729
4,528
3,992
3,296
2,937
Tasa de extorsiones
Promedio diario
(por cada 100,000
de extorsiones
habitantes
42
7
41
7
45
7
74
12
64
11
53
9
47
8
Fuente: elaboración propia de acuerdo a datos de PNUD126.
En este contexto, es relevante mencionar que el entorno de inseguridad del país ha impactado de
forma importante en la desintegración familiar ya que un gran número de familias han perdido a varios
de sus integrantes en actos de violencia. No obstante, de forma general se puede afirmar que no existen
de parte de las autoridades gubernamentales acciones de apoyo y seguimiento idóneas para las familias
125
126
Para el número de homicidios entre 2006 y 2008, ver FUNDAUNGO (2012). Atlas de la violencia en El Salvador (2005-2011). San Salvador:
Autor; para 2009-2012 ver GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor; para 2013,
ver Santos, J. (2014, 2 de enero). 2013 cerró con 2,490 muertes violentas. 0E4VIRWE+Vj½GE, p.8; y para 2014 ver Santos, J. (2014, 5 de abril).
Los homicidios se concentran en 146 municipios. 0E 4VIRWE +Vj½GE, p. 12. Ver también PNUD (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano
2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina. Anexo estadístico-metodológico. Panamá: Autor.
PNUD (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano. Diagnóstico y propuestas para América
Latina. Anexo estadístico-metodológico. Panamá: Autor.
85
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
afectadas por este tipo de crímenes, ni siquiera para los niños, niñas y adolescentes han quedado en
situación de orfandad127.
Añadido a esto, se debe señalar que incluso los centros escolares se han vuelto entornos inseguros
para los niños, las niñas y adolescentes debido al acoso e infiltración por parte de las pandillas128. Se
han denunciado continuamente extorsiones y amenazas contra estudiantes y docentes129. En 2011, las
autoridades gubernamentales estimaban que al menos 300 centros escolares habían sido infiltrados por
las pandillas130.
El PNUD ha señalado su preocupación por estos hechos dado que ponen en riesgo el papel de la
escuela en la sociedad, ya que se ha debilitado el rol y la capacidad de incidencia del personal docente,
y a la vez, se pone en cuestión la figura de la escuela como agente de cambio131. Pese a esto, el MINED
en muchas ocasiones ha sido negligente en cuanto a la protección de profesores y profesoras que han
recibido amenazas de las pandillas. La PDDH ha tenido que intervenir en distintos casos para incidir en
el traslado de docentes que se encuentran en situación de peligro132.
Por otro lado, también se debe señalar que la violencia intrafamiliar continúa siendo un fenómeno
muy frecuente. Pese a que ha sido positiva la aprobación de instrumentos normativos como la Ley de
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (2009) y la Ley Especial Integral para una Vida Libre
de Violencia para las Mujeres (2010), los cuales han entrado en vigencia de forma bastante reciente,
todavía no se registra un avance significativo en la reducción de la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito doméstico.
Por ejemplo, de acuerdo al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), entre 2011 y
2012, la Fiscalía General de la Republica “recibió 2,149 denuncias por delitos cometidos contra niñez y
adolescencia vinculados al derecho de la integridad personal en el ámbito de las relaciones familiares”133.
Las principales causas de las denuncias fueron “incumplimiento de los deberes de asistencia económica,
el maltrato infantil, el abandono y desamparo de la persona, y violencia intrafamiliar”134. Asimismo, en
cuanto a violencia contra las mujeres, la Policía Nacional Civil registró 2,493 denuncias por violencia
intrafamiliar durante el 2012135, es decir casi 7 denuncias diarias; mientras que durante el primer semestre de 2013, esta misma institución recibió 1,490 denuncias por casos similares136, lo que equivale a más
de ocho denuncias diarias.
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
86
Ramírez, S. (2014, 6 de abril). El país de los huérfanos. 6IZMWXE7qTXMQS7IRXMHS 0E4VIRWE+Vj½GE. pp. 6-11.
PDDH y la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA) (2012). Informe situacional sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia
en un contexto de violencia. San Salvador: Autor.
Ibíd.
Rivas, G. (2011, 25 de mayo). Pandilleros inscritos en 300 escuelas. 0E4VIRWE+Vj½GE, pp. 2 - 4.
PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:
Autor. pp. 221-223.
Joma, S. (2011, 23 de diciembre). Dos veces ha cambiado de escuela por las amenazas. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://
www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6497688
CONNA (2013). Estado de situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 75.
Ibíd.
PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador:
Autor. p.130.
Sosa, B. (2013, 18 de agosto). Registran 84 feminicidios a junio de 2013. 0E4VIRWE+Vj½GE. Documento recuperado de http://www.laprensagra½GEGSQVIKMWXVERJIQMRMGMHMSWENYRMSHI
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Con todo, debe reconocerse que, de forma reciente, mediante le puesta en marcha del programa
Ciudad Mujer y la construcción del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, se han dado pasos importantes para el abordaje de la violencia intrafamiliar.
Por otra parte, la exclusión social también ha incidido en la persistencia de otras problemáticas como la emigración y el trabajo infantil. Un gran número de personas siguen optando por dejar el país
principalmente en busca de oportunidades de empleo137, y de forma reciente, también se ha empezado
a poner mayor atención en las familias que abandonan el país debido a la inseguridad y amenazas del
crimen organizado138. Al mismo tiempo, se debe señalar que, en los últimos años, las rutas que utilizan
los salvadoreños y salvadoreñas que emigran de forma ilegal hacia Estados Unidos, se han vuelto extremadamente peligrosas, especialmente durante su tránsito por México, debido a que grupos de crimen
organizado han encontrado en el secuestro de migrantes y la extorsión a sus familias, una fuente de
ingresos muy lucrativa139.
Pese a la gravedad de la situación, el Estado no ha desarrollado acciones orientadas a garantizar la
protección de los y las migrantes durante su tránsito hacia Estados Unidos y tampoco ha avanzado de
forma significativa en la generación de condiciones para alentar a la población a permanecer en el país.
De manera similar, no se han observado esfuerzos significativos por desarrollar programas integrales de
asistencia para los niños, niñas y adolescentes cuyos padres han emigrado, tal y como lo recomendó el
Comité DESC en 2006140.
Por otra parte, también resulta preocupante que el trabajo infantil continúa siendo un fenómeno
extendido en el país y que prácticamente no ha cambiado desde 2005141. Se calcula que actualmente
191,599 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años edad, realizan alguna actividad laboral en el país.
De esta cifra, solamente 28,022 cuentan con un permiso de trabajo, mientras que un total de 110,626 se
encuentra desempeñando “trabajos peligrosos”142.
Lamentablemente, una gran cantidad de niños y niñas se ven expuestos a condiciones de trabajo
precarias (sobre todo en la agricultura) y a largas jornadas, lo cual afecta su salud, desarrollo integral y
asistencia escolar. Por ejemplo, el 85% de los niños y niñas entre 7 y 13 años que trabajan en el sector
agropecuario está expuesto al menos a una condición peligrosa (por ej. exposición al polvo, humo, temperaturas extremas, cargas pesadas, herramientas peligrosas, químicos, etc.)143. Asimismo, se calcula que
al menos 6,500 niños y niñas trabajan más de 40 horas a la semana144.
137
138
139
140
141
142
143
144
Se estima que 55 mil salvadoreños y salvadoreñas emigran cada año hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos. Ver Marroquín,
C. (2013, 18 de abril). Migración: ¿remesas a qué costo? ContraPunto. Documento recuperado de http://www.contrapunto.com.sv/migracion/
migracion-remesas-a-que-costo
Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (2012). Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección, generados
por nuevas formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica (SGYQIRXS VIGYTIVEHS HI LXXT[[[RERWIRMRMXMEXMZISVKWMXIWHIJEYPX½PIW
%'296)WXYHMS)74%'30THJ
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2011). Informe especial sobre secuestro de migrantes en México. Documento recuperado de
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2011_secmigrante s_0.pdf
Comité DESC (2007). Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del pacto. Observaciones
½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW 7SGMEPIW]'YPXYVEPIW )P7EPZEHSV (E/C.12/SLV/CO/2). 27 de junio de 2007.
Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. p. 18.
Morán, G. (2013, 14 de junio). El trabajo infantil en la cotidianeidad. Revista Cruzcalle, Contrapunto. Documento recuperado de http://www.rcc.
contrapunto.com.sv/index.php/sociedad/el-trabajo-infantil-en-la-cotidianeidad
Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. pp. 19-20.
Ibíd.
87
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Sumado a esto, para la PDDH es pertinente señalar que el sector de servicios domésticos continúa
siendo uno de los que somete a la niñez a mayores riesgos y en los cuales la desprotección es muy grave. Se ha estimado que en 2012, al menos 4,909 niñas y niños estaban realizando trabajo doméstico en
casa de terceros145, de este total el 83.8% eran niñas146. De esta manera, resulta evidente que los esfuerzos no han sido suficientes para erradicar el trabajo infantil en este sector, lo cual somete a un gran
número de niñas y adolescentes a condiciones de trabajo sumamente precarias, y en total desprotección
frente a la explotación, el acoso y el abuso sexual, y la violencia en general.
Por otro lado, también se han observado limitantes para lograr una protección adecuada a la familia
al analizar la situación de las licencias por maternidad y paternidad, y la disponibilidad de servicios de
cuidado. En primer lugar, se debe señalar que existen serias limitantes a la protección a la maternidad.
El Salvador no ha ratificado el Convenio 103 de la OIT relativo a esta materia, y si bien es cierto de
acuerdo al Código de Trabajo y normativas recientes como la LEPINA (2009) y la Ley de Promoción,
Protección y Apoyo a la Lactancia Materna (2013), las mujeres gozan de ciertos beneficios laborales durante el embarazo y la lactancia, en la práctica su cumplimiento no está totalmente garantizado. Aunado
a esto, tal y como se reconoce en el informe oficial (párrafos 207 al 210), la desprotección de la maternidad es prácticamente total en el sector informal, en el sector de servicios domésticos y en el sector
agropecuario.
Con todo, se debe reconocer que recientemente ha habido un avance en cuanto al otorgamiento de
licencia por paternidad. En marzo de 2013, se aprobó una reforma al artículo 29 del Código de Trabajo,
en la que se establece que los trabajadores tendrán derecho a tres días de licencia en caso de nacimiento
o adopción147. De cualquier forma, cabe señalar que aún con este beneficio, existe una gran disparidad
entre las facilidades que se brindan a las madres cuando se trata de maternidad por nacimiento y cuando se trata de adopción. En este último caso, más allá de los tres días de licencia establecidos en la
reforma mencionada más arriba, la legislación actual no establece beneficios para facilitar a los padres y
las madres la generación y consolidación del vínculo familiar con el niño o la niña recién adoptada.
En segundo lugar, también es muy lamentable la falta de servicios que faciliten el cumplimiento de
la corresponsabilidad entre el Estado y las familias en cuanto al trabajo reproductivo, doméstico y del
cuidado de personas dependientes148. Las mujeres son las más afectadas por estas carencias, debido a
que la persistencia de actitudes patriarcales en la sociedad salvadoreña les genera una sobrecarga en
cuanto a las tareas relacionadas al cuidado de la niñez, de personas adultas mayores y personas con discapacidad.
La falta de servicios estatales suficientes y accesibles para apoyar a las familias en el cumplimiento
de estas responsabilidades es profunda en todo el país, pero es mucho más grave en el área rural. La
situación de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad resulta particularmente
145 Este dato debería tomarse con cautela, ya que seguramente el número es mucho mayor. Ver Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013).
Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. pp. 19-20.
146 0E 4VIRWE +Vj½GE HI NYRMS 329 XVEFENS MRJERXMP HSQqWXMGS IW±JSVQE HI ZMSPIRGME² GSRXVE RMySW 0E 4VIRWE +Vj½GE. Documento
VIGYTIVEHSHILXXT[[[PETVIRWEKVE½GEGSQSRYXVEFENSMRJERXMPHSQIWXMGSIWJSVQEHIZMSPIRGMEGSRXVERMRSW
147 Decreto legislativo No. 332, del 14 de marzo de 2013.
148 Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales (2012). II Congreso Nacional de las Mujeres Rurales de El Salvador. “Luchando
por la soberanía y seguridad alimentaria”. San Salvador: Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU); ISDEMU (2011).
Política nacional de las mujeres. Actualizada: medidas al 2014. San Salvador: Autor
88
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
preocupante, por la falta de mecanismos y programas destinados a garantizar su bienestar y su acceso a
la asistencia social.
Recomendaciones:
Que el Estado salvadoreño adopte de forma urgente un plan nacional para mejorar la seguridad ciudadana, que contemple estrategias novedosas para la prevención e investigación del delito. De forma especial
debe diseñarse una estrategia para garantizar la seguridad de los y las estudiantes, sus familias, docentes, y
personal de los centros escolares del país.
Que el Estado salvadoreño aplique de forma estricta la legislación reciente en materia de protección de
las mujeres frente a la violencia, poniendo énfasis tanto en la prevención como en la investigación, enjuiciamiento y sanción de los delitos contra las mujeres. Igualmente, se debe garantizar que el sistema judicial
aplique la nueva normativa de forma correcta, erradicando la cultura de impunidad que existe en torno a
la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Se deben realizar procesos sistemáticos de capacitación
en la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, jueces y juezas, para promover la estricta
observancia de las nuevas leyes y garantizar la asistencia adecuada a las víctimas.
Que el Estado salvadoreño implemente políticas públicas integrales que generen oportunidades de empleo decente y crecimiento personal y profesional para hombres y mujeres, con el fin de reducir la emigración en condiciones de riesgo y la desintegración familiar. Asimismo, desarrollar programas para fomentar
el mantenimiento de lazos familiares en las áreas con mayores tasas de emigración.
Que el Estado salvadoreño redoble sus esfuerzos en la erradicación del trabajo infantil, aplicando de
forma estricta la legislación sobre derechos de los niños y las niñas, reforzando los mecanismos de vigilancia, sobre todo en el área rural, en el sector agropecuario y en el sector de servicios domésticos y otras formas graves de explotación infantil. En los casos de violación a las leyes debe garantizarse la investigación,
enjuiciamiento y sanción a las personas responsables. Para ello, se debe destinar recursos suficientes para
que las instituciones del Sistema Nacional de Protección de niños, niñas y adolescentes puedan ejercer las
atribuciones que les ha conferido la LEPINA.
Que el Estado salvadoreño reforme de forma inmediata la legislación nacional, especialmente el Código
de Trabajo, con el fin de garantizar la protección y los beneficios por maternidad para las trabajadoras del
sector informal, del sector de servicios domésticos y del sector agropecuario. Asimismo, se debe reformar la
legislación para equiparar los beneficios que se brindan en casos de maternidad por nacimiento y los que
se otorgan en casos de maternidad por adopción.
Que el Estado salvadoreño construya un sistema nacional de cuidados de personas dependientes, que
facilite el acceso de mujeres y hombres a servicios orientados a lograr una distribución equitativa del trabajo reproductivo, doméstico y del cuidado. De forma urgente, se necesita ampliar la oferta de servicios de
este tipo en el área rural, garantizando que existan al menos guarderías asequibles y de alta calidad para
niños y niñas. Paralelamente, se deben desarrollar programas orientados a que los hombres se involucren
mucho más en el cumplimiento de las responsabilidades familiares.
89
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Artículo 11. Derecho a un nivel de vida adecuado: mejora continua de las condiciones
de existencia, alimentación, agua y vivienda
Al analizar el cumplimiento de este derecho, en primer lugar es necesario reconocer que en los últimos años el Estado salvadoreño ha realizado un mayor esfuerzo por atender algunas de las limitaciones
que la población salvadoreña enfrenta en cuanto a ingresos, alimentación, salud y educación. En este
sentido, se ha registrado un importante aumento en la inversión social. Sin duda alguna, es un logro valioso de los últimos años, la puesta en marcha del Sistema de Protección Social Universal (SPSU), en el
que se enmarcan distintos programas para aliviar la pobreza, garantizar la alimentación en las escuelas
públicas, colaborar en el gasto familiar en educación, proteger a las personas adultas mayores que no
reciben una pensión del sistema contributivo, proveer un centro de atención especializada para mujeres,
y brindar apoyo económico y formativo a mujeres y jóvenes.
Igualmente, se debe destacar como un avance fundamental la aprobación, en abril de 2012, de la reforma al artículo 69 de la Constitución de la República, para incorporar el derecho a una alimentación
adecuada y el derecho al agua como derechos fundamentales149. Desafortunadamente, hasta el momento
la reforma no ha sido ratificada por la actual legislatura. También han sido positivos los progresos que
ha tenido la Asamblea Legislativa en la construcción de legislación secundaria para desarrollar estos derechos, particularmente en lo referente a la Ley General de Aguas y la Ley de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional, aunque ambas normativas todavía se encuentran en proceso de discusión.
De cualquier forma, es necesario reconocer también que en los últimos años la reactivación de la
agricultura ha ido retomando importancia en la agenda gubernamental y que se han logrado incrementos notables en las cosechas de maíz y frijol. Sumado a esto, es importante que a través de los programas
de alimentación escolar implementados se esté fomentando la producción del sector agropecuario nacional, principalmente de pequeños productores y pequeñas productoras.
Pese a todo lo anterior, de forma general se puede afirmar que en la política social gubernamental
continúa prevaleciendo una lógica compensatoria, más que un abordaje estructural e integral. La implementación del SPSU, el cual constituye la base de la política social actual, se ha concentrado en dar continuidad a programas de transferencias monetarias iniciados en años anteriores, ampliando su cobertura
e incluyendo a otros grupos no considerados anteriormente, pero manteniendo un esquema focalizado
que deja desprotegidas a muchas familias que están igualmente necesitadas de apoyo.
La debilidad e insuficiencia de estos esfuerzos por mejorar la protección social han quedado en evidencia tanto entre 2007 y 2008, como entre 2010 y 2011, cuando debido a la crisis económica y financiera
internacional, incrementos en los precios de los alimentos y el impacto de desastres asociados a fenómenos socionaturales, los niveles de pobreza tuvieron incrementos significativos (Ver Tabla V). Entre 2006 y
2008, el porcentaje de hogares en pobreza aumentó del 30.7% al 40.0%. Posteriormente, después de registrar algunas reducciones en 2009 y 2010, la pobreza volvió a aumentar del 36.5% al 40.6% en 2011150.
149
150
90
Acuerdo de Reformas Constitucionales No. 3, 19 de abril de 2012.
PDDH (2012). Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 121.
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Tabla V
Evolución de la pobreza 2006-2012
(porcentaje de hogares)
Pobreza total
Pobreza relativa
Pobreza extrema
2006
30.7%
21.2%
9.6%
2007
34.6%
23.8%
10.8%
2008
40.0%
27.6%
12.4%
2009
37.8%
25.8%
12.0%
2010
36.5%
25.3%
11.2%
2011
40.6%
28.3%
12.2%
2012
34.5%
25.6%
8.9%
Fuente: elaboración propia de acuerdo a cifras de las encuestas de hogares de propósitos múltiples de la
DIGESTYC 2006-2012.
De forma desagregada, cabe señalar que para 2011 la pobreza relativa aumentó en tres puntos porcentuales, pasando del 25.3% al 28.3%, mientras que la pobreza extrema tuvo un incremento de un punto porcentual, subiendo del 11.2% al 12.2%151. Por un lado, esto indica que los programas de protección
social sí están ejerciendo cierto grado de protección para los grupos en peor situación de pobreza. No
obstante, también evidencia que existe una franja poblacional que, dadas las restrictivas condiciones de
focalización de los programas sociales, no recibe sus beneficios, pese a afrontar carencias importantes.
Esto los sitúa en una situación de alta vulnerabilidad ante constantes e inminentes amenazas como desastres, aumentos en el precio de los alimentos, desempleo o enfermedades crónicas, entre otras; por lo
que, al verse afectados por uno o más de estos incidentes, fácilmente se ven arrojados a la pobreza.
Afortunadamente, en 2012 se registró un descenso en los niveles de pobreza, debido a la disminución de los precios de los alimentos. De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012, el porcentaje total de hogares en pobreza disminuyó del 40.6% al 34.5%. Tanto en
el nivel de pobreza extrema como en el de pobreza relativa se observó un descenso de alrededor de tres
puntos porcentuales, ubicándose en 8.9% y 25.6% respectivamente152.
Por otro lado, resulta sumamente preocupante para esta Procuraduría que las cifras oficiales continúan
registrando una enorme disparidad entre los niveles de pobreza en el área rural (43.3%) y en el área urbana
(29.9%)153 (Ver Tabla VI). Aunado a esto, se ha observado que los avances en la reducción de la pobreza en
el área rural no difieren en gran medida de los logros en el área urbana. Si bien es cierto, entre 2011 y 2012,
la pobreza extrema en el área rural se redujo en 4.83 puntos porcentuales, mientras que en el área urbana
sólo descendió 2.43 puntos; la pobreza relativa tuvo una reducción de 3.11 puntos porcentuales en el área
urbana, mientras que en el área rural solamente se observa una reducción de 1.94 puntos porcentuales.
Tabla VI
Evolución de la pobreza según área geográfica 2006-2012
(porcentaje de hogares)
Pobreza urbana
Pobreza rural
2006
27.7%
35.8%
2007
29.9%
43.8%
2008
35.7%
49.0%
2009
33.3%
46.5%
2010
33.0%
43.2%
2011
35.4%
50.2%
2012
29.9%
43.3%
Fuente: elaboración propia de acuerdo a cifras de las encuestas de hogares de propósitos múltiples de la
DIGESTYC 2006-2012.
151
152
153
Ibíd.
DIGESTYC (2013). Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012. San Salvador: Autor. p. 22.
Ibíd.
91
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Esto indica que, pese a los esfuerzos realizados, hace falta una mayor voluntad por atender de forma específica la pobreza rural, ya que para lograr eliminar la enorme discrepancia que existe entre las
condiciones de vida en el área rural y urbana, los avances tendrían que ser mucho más acelerados en la
primera. En este punto cabe mencionar también que es necesario eliminar la distinción que se hace entre
una canasta básica alimentaria para el área rural y otra para el área urbana, pues teniendo en cuenta que
el costo de la canasta básica es el parámetro que se utiliza para definir la pobreza y la indigencia, lo ideal
sería que se utilizara el mismo parámetro. En cualquier caso, para resolver esta y otras dificultades en
cuanto a la medición de la pobreza, lo ideal sería que el país adopte de forma oficial un sistema de medición de carácter multidimensional, ya que hasta la fecha se ha continuado utilizando un sistema de medición por ingresos, el cual, a juicio de esta Procuraduría, representa un obstáculo tanto para dimensionar
la problemática de forma más precisa, como para su abordaje.
Aunado a esto, se debe señalar que el combate a la desnutrición infantil es todavía un enorme reto
para el país. Se estima que a nivel nacional la desnutrición crónica afecta aproximadamente a un 20% de
la población menor de cinco años154. Según el Mapa del Hambre elaborado por el Programa Mundial de
Alimentos en 2011, existen siete municipios en los que el porcentaje de desnutrición se encuentra arriba
del 38% y otros 28 que presentan un porcentaje superior al 29%155. Lo más preocupante es que existen
zonas como el municipio de Tacuba en el Departamento de Ahuachapán, que desde hace mucho tiempo
han sido especialmente afectadas por la desnutrición y que pese a ello, continúan mostrando resultados
alarmantes.
En realidad, pese a los esfuerzos gubernamentales, la población salvadoreña sigue enfrentando numerosos obstáculos en cuanto a disponibilidad y acceso a una alimentación adecuada. Aunque se han
realizado acciones para dinamizar el sector agropecuario, la situación es preocupante, dado que la inversión en las instituciones dedicadas al fomento de la producción de alimentos es muy baja. Igualmente, el
apoyo a pequeños productores y pequeñas productoras sigue siendo mínimo, por lo que sus oportunidades para acceder a recursos productivos como la tierra, el crédito, la asistencia técnica, infraestructura
productiva y sistemas de riego, son muy limitadas156. No se ha implementado una estrategia de desarrollo
integral que permita abordar todas estas carencias.
Conviene señalar que aunque en los últimos años el Estado salvadoreño ha brindado una mayor
atención al apoyo al sector agropecuario con el objetivo de incrementar la producción nacional, debe tenerse claro que el incremento en la producción agrícola o los aumentos de precios de los alimentos, no
necesariamente reducen la pobreza rural157. En consecuencia, las iniciativas de reactivación económica en
este sector deben complementarse con una política de desarrollo rural integral diseñada específicamente
para reducir la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la carencia de servicios básicos, a la vez que promueva la generación de mejores oportunidades educativas y laborales.
Cabe agregar también en este punto que para esta Procuraduría existen en la actualidad algunas iniciativas que representarían graves amenazas al derecho a la alimentación en el país158. Por ejemplo, se
154
155
PDDH (2012). Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 89.
PMA (2011). Mapa del Hambre El Salvador 2011 Brochure. Documento recuperado el 23 de abril de 2012 de http://www.satcaweb.org/san/
index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=99&Itemid=58
156 PDDH (2012). Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador. San Salvador: Autor.
157 Klein, E. (2012). Mercado de trabajo y pobreza rural: los desafíos pendientes. En F. Soto & E. Klein, Políticas de mercado de trabajo y pobreza
rural en América Latina. Tomo II (pp. 346 – 353). Roma: FAO. p. 347.
158 PDDH (2012). Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador. San Salvador: Autor.
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Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
ha detectado como un riesgo el posible incentivo de la producción de agrocombustibles, dado que han
existido iniciativas en este sentido, incluso de parte de las autoridades gubernamentales159. Al respecto es
necesario afirmar que una decisión de este tipo representaría un retroceso y un obstáculo adicional para
que el país avance en el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a este derecho.
Por otra parte, también se observa que el Estado salvadoreño continúa teniendo retos importantes
en cuanto a brindar servicios de energía eléctrica y agua por cañería para toda la población. En primer
lugar, para 2012, las cifras oficiales indican que a nivel nacional solamente el 83.4% de los hogares contaban con servicio de alumbrado eléctrico propio. En el área urbana, el 90.7% gozaba de este servicio,
mientras que en el área rural únicamente lo poseía el 69.5%160.
En segundo lugar, las cifras oficiales registran que el porcentaje de viviendas con tenencia de agua
por cañería (propia) se ubica en 75.9%. En el área urbana este porcentaje asciende al 85.9%, mientras
que en el área rural únicamente alcanza al 56.7%161. De hecho, la PDDH registra numerosas denuncias
con respecto al derecho de acceso al agua, principalmente debido a la aplicación de cobros excesivos o
indebidos, y también por desabastecimiento, irregularidad o restricciones ilegales para acceder al servicio
y por contaminación.
Se debe puntualizar también que El Salvador no ha protegido de forma adecuada sus recursos hídricos y que actualmente existen serias amenazas para profundizar más la problemática. De forma particular se debe mencionar el riesgo que implica la minería metálica para el país, ya que de acuerdo a estudios
especializados, la aprobación de proyectos de explotación de este tipo comprometería gravemente la disponibilidad y calidad del agua en todo el territorio salvadoreño162.
Ante esto, en 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio
de Economía, presentaron a la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley Especial para la Suspensión
de los Procedimientos Administrativos Relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica. No obstante, esta propuesta de ley, la cual fue elaborada y presentada de manera inconsulta,
no constituye una verdadera solución al problema, dado que únicamente establece una suspensión temporal de procedimientos administrativos para la exploración y explotación de minería metálica. Para esta
Procuraduría existe evidencia suficiente para poder afirmar que los proyectos de este tipo no son viables
en el país bajo ninguna circunstancia y, por tanto, es imprescindible establecer una prohibición total para los mismos163. Desafortunadamente, en la Asamblea Legislativa todavía no se ha iniciado la discusión
sobre la prohibición de la minería, pese a las constantes demandas de distintas organizaciones sociales y
esta Procuraduría al respecto.
Sumado a esto, también se ha identificado como una amenaza al derecho al agua, la posible inclusión
de los servicios de agua potable dentro de los proyectos que el Estado puede desarrollar mediante asocios público-privados. Distintos sectores y grupos influyentes han insistido en la necesidad de reformar la
159 Flores, R (2012, 19 de junio). Ley de biocombustibles a un paso de Asamblea. ContraPunto. Documento recuperado el 19 de junio de 2012 de
http://www.contrapunto.com.sv/ambiente/ley-de-biocombustibles-a-un-paso-de-asamblea
160 DIGESTYC (2013). Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012. San Salvador: Autor. p. 19
161 Ibíd. p. 20.
162 PDDH (2012). Informe sobre la minería metálica y los derechos humanos en la República de El Salvador. Documento recuperado de http://www.
THHLKSFWZGSQTSRIRXNHS[RPSEHW½RMWLMRJSVQIWIWTIGMEPIWMRJSQIWSFVIPEQMRIVMEQIXEPMGE]PSWHIVIGLSWLYQERSWIRPEVITYFPM
ca-de-el-salvador?Itemid=135
163 Ibíd.
93
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Ley de Asocios Público Privados (recién aprobada en 2013), con el objetivo de incluir a este sector en el
ámbito de aplicación de la ley. No obstante, a juicio de la PDDH, este sería un paso sumamente negativo,
dado que representa un enorme riesgo de profundizar la mercantilización y privatización de un bien común como el agua.
Por otra parte, con respecto al derecho a una vivienda adecuada, para esta Procuraduría es preocupante que por muchos años el sector vivienda ha sido uno de los que menor atención ha recibido en el
quehacer estatal. Lastimosamente, alrededor del tema ha existido poca claridad sobre la magnitud del
déficit habitacional (entre 360,301 y 477,908 viviendas de acuerdo a diferentes estimaciones)164, sobre las
metas gubernamentales165 y sobre los resultados alcanzados a la fecha166, lo cual dificulta poder efectuar
un análisis preciso sobre los logros obtenidos en esta área.
Más allá de eso, existen numerosas problemáticas que dificultan el cumplimiento de este derecho en
el país, tales como la insuficiencia del presupuesto asignado a las instituciones estatales con responsabilidades en materia de vivienda, la falta de una ley secundaria para la vivienda de interés social, las dificultades de la población para acceder a créditos para vivienda, los bajos salarios y alto costo de las viviendas167. Todo esto ha generado que el déficit habitacional en el país se mantenga muy alto. Se ha calculado
que para 2009, el déficit de vivienda (incluyendo déficit cualitativo y cuantitativo) alcanzaba al 58% de
los hogares168. En el área urbana se situó en el 50%, mientras que en el área rural ascendía al 74%. Al
desagregar los datos según quintiles de ingreso en el área urbana, se reflejó que en el quintil con menores
ingresos, el déficit alcanzaba al 78% de los hogares.
La desatención estatal a las problemáticas de vivienda resulta especialmente preocupante porque en
algunos casos ha llegado a propiciar vulneraciones a derechos humanos sumamente graves. Por ejemplo,
se han registrado afectaciones durante desalojos generados en el marco de procesos judiciales por posesión de inmuebles sin documentación que ampare la propiedad de los mismos. Uno de los más relevantes
ha sido el desalojo llevado a cabo en junio de 2012, en el Caserío Los Ranchos, Cantón La Leona, Municipio de Intipucá, Departamento de La Unión, cuando se efectuó el desalojo forzoso de más de un centenar de personas en la Hacienda San Ramón El Coyolito, en el marco de un proceso penal condenatorio
por invasión de propiedad que únicamente involucraba a 21 personas169. En la resolución sobre este caso
la PDDH170 ha establecido que durante el desalojo se cometieron múltiples violaciones a derechos humanos ya que una gran cantidad de personas fueron despojadas de sus pertenencias, viviendas, y sufrieron
la destrucción de sus cultivos, bajo un operativo en el que los cuerpos de seguridad hicieron uso excesivo
164
165
166
167
168
169
170
94
PDDH (2011). Análisis situacional por áreas temáticas de derechos humanos. En Informe de labores Junio 2010 - Mayo 2011 (pp. 28-153). San
Salvador: Autor. p. 133; ContraPunto (2013, 10 de junio). La demanda de vivienda crece en 15 mil cada año. ContraPunto. Documento recuperado de http://www.contrapunto.com.sv/coyuntura/la-demanda-de-vivienda-crece-en-15-mil-cada-ano.
El programa “Casa para todos” ha sido particularmente criticado por la poca claridad que ha existido en torno a sus metas y logros. Ver:
PDDH (2012). Análisis situacional por áreas temáticas de derechos humanos. Informe de labores Junio 2011- Mayo 2012 (pp. 35-157). San Salvador: Autor. p. 133; *PSVIW 6 HI QEV^S +zGLI^±)P Hq½GMX HI ZMZMIRHE HMWQMRYMVj ² ContraPunto. Documento recuperado de
LXXT[[[GSRXVETYRXSGSQWZKSFMIVRSKSGLI^IPHI½GMXHIZMZMIRHEHMWQMRYMVE *YRHEGMzR 7EPZEHSVIyE TEVE IP (IWEVVSPPS )GSRzQMGS ]
Social (FUSADES) (2013). Cuarto año de gobierno del presidente Funes. Apreciación general. San Salvador: Autor.
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) (2013). Cuarto año de gobierno del presidente Funes. Apreciación general. San Salvador: Autor.
PDDH (2012). Análisis situacional por áreas temáticas de derechos humanos. Informe de labores Junio 2011- Mayo 2012 (pp. 35-157). San
Salvador: Autor. San Salvador: Autor; Bouillion, C. (2012). Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe.
Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Bouillion, C. (2012). Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
PDDH (2012). Comunicado de prensa. Violaciones a los derechos humanos en desalojo forzoso de Intipucá, La Unión, los días 18, 19 y 20 de junio
2012. 9 de julio de 2012.
PDDH (2012). Resolución del 9 de julio de 2012, Expediente LU-0244-2011.
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
de la fuerza. Lastimosamente, hasta la fecha las familias desalojadas no han recibido una atención oportuna y adecuada del Estado y continúan viviendo en condiciones extremadamente precarias, en estructuras provisionales construidas por sí mismas al lado de la carretera171.
A la vez, también es causa de preocupación para esta Procuraduría que existan algunas prácticas discriminatorias para las personas con VIH/sida en materia de acceso a la vivienda172. Durante 2012, se ha
brindado seguimiento a un caso en el cual una persona con VIH se ha visto imposibilitada para acceder
a un crédito en el Fondo Social para la Vivienda (FSV), debido a la exigencia de esta institución de contar con una Póliza de Seguro Colectivo de Deuda otorgada por una aseguradora privada. La aseguradora
privada ha establecido que la persona no cumple los requisitos de asegurabilidad para esa póliza debido a
que padece de VIH y, en consecuencia, el FSV le ha denegado el crédito solicitado.
Pese a las gestiones realizadas por esta Procuraduría ante la aseguradora, el FSV y la Superintendencia del Sistema Financiero, no se ha podido resolver de forma adecuada la problemática. A inicios de
2013, el FSV ha informado sobre la realización de una modificación en sus normas de crédito para que
en este tipo de casos el crédito se trámite a través de un codeudor solidario que sea asegurable y que
cuente con suficiente capacidad de pago; no obstante, para esta Procuraduría, aun con esta alternativa
persiste la violación del derecho a la vivienda en conexión con el derecho a la igualdad, ya que las condiciones establecidas por el FSV y la aseguradora son claramente discriminatorias hacia las personas con
VIH y les impiden acceder a una vivienda digna aún teniendo los recursos para hacerlo.
En síntesis, se puede afirmar que de forma general la PDDH observa algunos avances en el cumplimiento de las obligaciones mínimas del Estado en materia de derecho a un nivel de vida adecuado. No
obstante, es necesario señalar que tanto el derecho a un nivel de vida adecuado, como el derecho a una
alimentación adecuada y el derecho al agua se encuentran entre los derechos con un menor nivel de protección en el país, dada su falta de reconocimiento y desarrollo, lo cual ha dificultado su exigibilidad y
justiciabilidad. El derecho a la vivienda, si bien es cierto cuenta con un mayor reconocimiento y una institucionalidad encargada de impulsar iniciativas alrededor del mismo, ha sido desatendido en la práctica.
Por tanto, es necesario recalcar la necesidad de que el Gobierno construya un nuevo modelo de desarrollo económico y social fundamentado en el cumplimiento de todos los derechos humanos y que
permita a toda la población salvadoreña contar con las posibilidades para construir un proyecto de vida
digno. Hace falta dar prioridad a medidas dirigidas a combatir las causas de la exclusión y la pobreza,
pues se ha brindado una mayor atención a atenuar las consecuencias que tiene el modelo económico excluyente que predomina en el país.
Recomendaciones:
Que el Estado salvadoreño intensifique su lucha contra la pobreza, en particular en el área rural y entre
los grupos en situación de vulnerabilidad. Es necesario que continúe con la implementación de los progra171 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) (2013). A un año del desalojo en Intipucá: Las familias continúan viviendo a la
orilla de la carretera. Documento recuperado de http://www.fespad.org.sv/actualidad-a-un-ano-del-desalojo-en-intipuca-las-familias-desalojadascontinuan-viviendo-a-la-orilla-de-la-carretera/; Fuentes, L. (2013, 20 de mayo). Familias a la intemperie casi un año tras desalojo. La Prensa
+Vj½GELXXT[[[PETVIRWEKVE½GEGSQJEQMPMEWEPEMRXIQTIVMIGEWMYRERSXVEWHIWEPSNS
172 PDDH (2012). Análisis situacional por áreas temáticas de derechos humanos. En Informe de labores Junio 2011- Mayo 2012 (pp. 35-157). San
Salvador: Autor; PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174).
San Salvador: Autor. p. 151.
95
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
mas focalizados del Sistema de Protección Social Universal, pero que a la vez se complementen con políticas sociales universales orientadas a la creación de empleos decentes, el fortalecimiento de la soberanía
y la seguridad alimentaria y nutricional, la ampliación de la cobertura de la seguridad social, facilitar la
accesibilidad a establecimientos de salud y educación con alta calidad en sus servicios, y a la inversión en
infraestructura social básica.
Que el Órgano Ejecutivo integre en todos los programas que formen parte de la política social y del Sistema de Protección Social Universal, el enfoque de derechos humanos, estableciendo mecanismos para dar
cumplimiento a los principios de derechos humanos: participación, transparencia, dignidad humana, rendición de cuentas, no discriminación, acceso a la justicia y empoderamiento. Es imperativo que la población
cuente con espacios para participar en el diseño, la implementación, la evaluación y la fiscalización de dichos programas. A la vez, se debe dirigir este tipo de intervenciones hacia el logro de una mayor conciencia
de la población acerca de sus derechos, es decir, que en el marco de las intervenciones se reconozcan como
sujetos de derecho y no como meros beneficiarios o beneficiarias. Además, se debe garantizar que las personas excluidas de estos programas tengan acceso a recursos para solicitar su incorporación.
Que el Estado salvadoreño construya un régimen de protección especial para las familias y las personas se encuentran en riesgo de caer en pobreza y las clases medias emergentes, que si bien es cierto no son
cubiertas dentro de los programas actuales dedicados a las personas en mayor situación de vulnerabilidad
y exclusión, pueden verse especialmente afectadas en cualquier momento por incrementos en el costo de la
vida, desempleo por un largo período de tiempo, desastres socionaturales, u otros eventos de ese tipo.
Que el Estado salvadoreño adopte de forma oficial un sistema de medición de pobreza de carácter multidimensional, y que establezca una sola canasta básica alimentaria tanto para el área rural como el área
urbana.
Que el Estado salvadoreño redoble sus esfuerzos para reducir la desnutrición infantil, especialmente en
el área rural y en los municipios identificados con altos niveles de desnutrición, impulsando acciones que se
enmarquen en el reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada y que se encuentren dirigidas
especialmente para los niños y niñas menores de cinco años.
Que el Estado salvadoreño ratifique la reforma al artículo 69 de la Constitución que reconoce el derecho
a una alimentación adecuada y el derecho al agua; y que apruebe la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la Ley General de Aguas, estableciendo disposiciones que cubran las obligaciones
estatales de respetar, proteger y realizar ambos derechos, y mecanismos para garantizar su exigibilidad y
justiciabilidad.
Que el Estado salvadoreño refuerce sus acciones de apoyo a las personas que se dedican a la pequeña
agricultura, a través de la implementación de una Política Integral de Desarrollo Rural. A partir de ella se
deberá elaborar un plan que contemple acciones orientadas a mejorar la asistencia técnica, la infraestructura productiva, el acceso al crédito, la asociatividad, la tenencia de la tierra y el conocimiento de prácticas
agroecológicas. En este marco, también se deben enfatizar las acciones destinadas a generar empleos y proveer servicios de educación y salud bajo las mismas condiciones que en el área urbana.
Que el Estado salvadoreño prohíba el desarrollo de proyectos de minería metálica en el territorio nacional y que se abstenga de someter un bien común como el agua a regímenes de carácter privatizador como
96
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
los asocios público-privados. Asimismo, que se abstenga de fomentar la producción de agrocombustibles y
que previo a la implementación de cualquier medida que tenga un impacto ya sea en el medio ambiente o
en los derechos económicos, sociales y culturales, se desarrollen procesos de consulta amplios y evaluaciones
de impacto en los derechos humanos.
Que el Estado salvadoreño intensifique sus esfuerzos por garantizar un acceso universal al agua potable,
en especial en el área rural, garantizando la inocuidad y calidad del servicio. Asimismo, que desarrolle acciones efectivas para proteger los recursos hídricos frente a la contaminación y su desperdicio.
Que el Estado salvadoreño diseñe e implemente una estrategia integral de vivienda a nivel nacional para
garantizar el acceso de todas las personas una vivienda adecuada. Dicha estrategia debe abordar tanto el
déficit cualitativo como el cuantitativo, y enfocarse en la población de bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad. Se recomienda incrementar la inversión pública en esta área y la aprobación de una ley especial
dirigida a facilitar el acceso de la población en situación de pobreza a una vivienda adecuada.
Que el Estado salvadoreño adopte medidas para armonizar la legislación y los procedimientos nacionales de regulación de desalojos, con la Observación general Nº 7 del Comité DESC (1997) sobre los desalojos
forzosos; y que establezca mecanismos de monitoreo sobre los procesos de desalojo y de reubicación y su impacto en el disfrute del derecho a la vivienda.
Que el Estado salvadoreño adopte medidas para combatir la discriminación en el sector vivienda, especialmente la que existe hacia las personas con VIH.
Artículo 12. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
En primer lugar, debe reconocerse que en los últimos años, el Ramo de salud ha venido adquiriendo
una mayor importancia en el presupuesto nacional. Para 2007 el presupuesto para el Ministerio de Salud
(MINSAL) fue de $ 371.4 millones, mientras que para 2013 asciende a $ 625.5 millones173. De acuerdo a
las cifras oficiales, esto ha representado que el presupuesto modificado para este sector pase de ser el 1.8%
del PIB en 2007, al 2.5% en 2013. También se ha observado que en el marco del proceso denominado “Reforma de Salud” - iniciado en 2010 - se han realizado esfuerzos importantes en materia de reconstrucción
de la red hospitalaria, contratación de personal de salud, y en cuanto a facilitación del acceso, aumento de
la cobertura y el despliegue territorial de los servicios de salud174.
Añadido a esto, uno de los principales logros del Estado salvadoreño en materia de salud se ha registrado en cuanto a la regulación y control de la venta de medicamentos. La aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Medicamentos en 2012, y las acciones implementadas para su aplicación han tenido enorme relevancia para favorecer el cumplimiento del derecho a la salud en el país, ya que ha sido ampliamente conocido que el sector de medicamentos salvadoreño se ha caracterizado por una deficiente regulación
y vigilancia, lo que ha permitido, por ejemplo, arbitrariedades por parte de las empresas farmacéuticas a la
hora de establecer los precios de venta al público, y la inexistencia de mecanismos adecuados para ejercer
control de calidad.
173
174
MINSAL (2013). Informe de labores 2012 – 2013. San Salvador: Autor. p. 42.
PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador:
Autor. p. 67.
97
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Esta Procuraduría ha expresado en diferentes ocasiones su satisfacción por el hecho de que el Gobierno de la República, a través del trabajo de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), se encuentre
desarrollando esfuerzos importantes para la aplicación de esta normativa175. Se ha constatado que con la
entrada en vigencia de los nuevos precios para los medicamentos -establecidos de acuerdo al “Reglamento
para la Determinación de los Precios de venta máxima al público de los medicamentos y su verificación”se han presentado reducciones significativas en los costos de muchos fármacos176, lo cual es un logro fundamental de parte del Estado salvadoreño en la consolidación de un régimen de garantías que proteja de
forma efectiva el derecho a la salud.
Dicho todo esto, también se debe señalar que se ha constatado nuevamente que los avances logrados,
aunque son positivos, aún distan mucho de ser suficientes para dar respuesta a las necesidades de la población en materia de derecho a la salud. Esta Procuraduría desde hace muchos años ha venido señalando las
deficiencias y dificultades presentes en el sistema de salud, el cual se ha caracterizado por la insuficiencia
de presupuesto, medicamentos, recursos y personal; alta segmentación, inequidad y fragmentación; limitaciones en el alcance geográfico; y serios problemas de calidad y calidez en la atención.
En este punto es importante señalar que el origen de la problemática radica en la asignación misma de
recursos al rubro de salud y en las bases sobre las que se ha construido el sistema de salud salvadoreño.
La inversión en salud aún es muy baja, apenas rondando el 2.5% del PIB, cuando debería alcanzar entre el
5 - 8% del PIB. Tal y como lo ha afirmado el representante de la Organización Panamericana de la Salud
en El Salvador, Doctor José Ruales, “el presupuesto sigue siendo insuficiente para las necesidades de salud
del país, ningún país ha logrado una cobertura adecuada de sus servicios con un gasto nacional en salud
menor al 8% del PIB”177. Desde el inicio de su gestión, las autoridades actuales del MINSAL recomendaron elevar la inversión en salud hasta un 5% del PIB entre 2009 y 2014178. No obstante, hasta la fecha los
resultados son muy lejanos a esta cifra. Por ejemplo, para 2012, si se hubiese adjudicado a esta cartera de
Estado un presupuesto que representara el 5% del PIB, el mismo tendría que ascender a 1,189.3 millones,
lo cual está muy lejos de los 625.5 millones asignados en el presupuesto para 2013.
Es por ello que, a juicio de esta Procuraduría, las limitaciones presupuestarias constituyen el obstáculo
primordial para que el Estado salvadoreño pueda mejorar la atención en salud, disminuir la brecha de recursos humanos, reducir los problemas de desabastecimiento de medicamentos y mejorar la cobertura en
todo el país. Mientras no se atienda de forma adecuada esta problemática, continuarán siendo cotidianas
las expresiones de inconformidad de la población ante la insuficiencia y el deterioro de los insumos y el
equipo médico, la falta de medicamentos y de personal en salud, los prolongados intervalos de espera para
las citas con especialistas, la negligencia y baja calidad en la atención por parte del personal, la saturación
de los establecimientos y el deterioro de la infraestructura.
En realidad, la situación del sistema de salud es tal que esta Procuraduría constantemente recibe denuncias tanto de usuarios y usuarias, como de parte del personal que trabaja en las instituciones de salud.
En el primer caso, las denuncias se refieren principalmente a negligencia y baja calidad en la atención. De
175 Ibíd.
176 GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. p. 105.
177 OPS (2013). Cuatro años de gestión en Salud. Entrevista al Dr. José Ruales, Representante de OPS, por la periodista Lilian Martínez del Diario de Hoy.
29 de mayo de 2013. Documento recuperado de https://www.paho.org/els/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1256&I
temid=99999999
178 Rodríguez, M. (2009). Construyendo la esperanza. Estrategias y recomendaciones en salud 2009-2014. San Salvador: Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.
98
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
forma particular se pueden mencionar los problemas causados por desabastecimiento de medicamentos.
Aunque las autoridades gubernamentales han realizado esfuerzos por mejorar la situación, existen periodos en los que el desabastecimiento aumenta179. También hay casos especiales como el de los pacientes con
hemofilia, quienes regularmente se ven afectados por la falta de medicamentos.
El CONNA, al analizar la situación del derecho a la salud en la niñez y la adolescencia, ha afirmado
que la disponibilidad presupuestaria ha sido la causa de los problemas de desabastecimiento registrados en
los últimos años en la red pública de salud, situaciones en las que se ha puesto en riesgo la salud de niñas,
niños y adolescentes180.
En este mismo contexto, también existe un número considerable de denuncias por casos de posible
mala praxis o negligencia médica181. Lastimosamente, nuestro país ni siquiera cuenta con una regulación
idónea para este tipo de casos. El Código Penal únicamente contiene los delitos de lesiones culposas y
homicidio culposo, y establece que cuando sean causados en el ejercicio de la profesión médica o paramédica, se impondrá adicionalmente una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o
actividad, ya sea por un término de seis meses a dos años, en el caso de las lesiones (art. 146); o de dos a
cuatro años, en el caso de homicidio (art. 132). Por tanto, a juicio de esta Procuraduría, dichas figuras no
son las más adecuadas para valorar todos los elementos de un caso de negligencia médica o mala praxis
médica como los que han sido denunciados182. Con todo, lo más preocupante es que la omisión de regular
de forma específica este tipo de actos, ha generado que las víctimas enfrenten numerosos obstáculos para
poder denunciar y acceder a la justicia frente a dichas violaciones.
Sumado a esto, también son frecuentes las protestas y denuncias de parte de trabajadores y trabajadoras del sector salud, debido a la falta de recursos, equipo e infraestructura adecuada para desempeñar sus
labores. Asimismo, de forma periódica se registran conflictos entre autoridades y personal de los centros
de salud, debido a la falta de atención a reivindicaciones laborales. Lastimosamente, conflictos de este tipo
en reiteradas ocasiones han afectado los servicios que se brindan a los usuarios y usuarias del sistema.
Por otra parte, esta Procuraduría también ha venido señalado por varios años que el sistema de salud salvadoreño presenta importantes problemas en cuanto a la equidad y no discriminación. La deficiencia fundamental se encuentra en la fragmentación y segmentación del mismo, lo cual ha generado que la
población reciba asistencia en salud de calidad muy diferente. Actualmente existen seis instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Salud: el Ministerio de Salud (MINSAL), el Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS), el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), el Comando de Sanidad
Militar (COSAM), el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y el Instituto Salvadoreño de Rehabilita-
179
180
181
182
Herrera, M. (2013). 0SW HIWEJuSW TEVE YRE TVSZMWMzR IJIGXMZE TEVE IP EGGIWS E QIHMGEQIRXSW 6I¾I\MSRIW TEVE IP GEWS HI )P 7EPZEHSV Documento
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CONNA (2013). Estado de situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 47.
PDDH (2011). Pronunciamiento Público del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ante las denuncias de violación al derecho
a la salud por casos de negligencia médica en los distintos hospitales del sistema de salud en nuestro país. 3 de octubre de 2011. Documento
VIGYTIVEHS HI LXXT[[[THHLKSFWZGSQTSRIRX NHS[RPSEHW½RMWLTVSRYRGMEQMIRXSWTVSRYRGMEQMIRXSERXIHIRYRGMEWTSVGEWSWHI
negligencia-medica-en-el-sistema-de-salud?Itemid=51; PDDH (2013). Funcionarios atienden invitación de Procurador para abordar casos de mala
praxis médica. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/488-funcionarios-atienden-invitacion-de-procuradorpara-abordar-casos-de-mala-praxis-medica
PDDH (2011). Pronunciamiento Público del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ante las denuncias de violación al derecho
a la salud por casos de negligencia médica en los distintos hospitales del sistema de salud en nuestro país. 3 de octubre de 2011. Documento
VIGYTIVEHS HI LXXT[[[THHLKSFWZGSQTSRIRX NHS[RPSEHW½RMWLTVSRYRGMEQMIRXSWTVSRYRGMEQMIRXSERXIHIRYRGMEWTSVGEWSWHI
negligencia-medica-en-el-sistema-de-salud?Itemid=51
99
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
ción Integral (ISRI)183. Cada una de ellas atiende a un segmento de la población y cuenta con presupuesto
diferente, lo que hace que la inversión por persona de cada una de ellas sea muy dispar.
Por ejemplo, en el caso del MINSAL –entidad que atiende a la mayor parte de la población y a la que
se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad- el gasto per cápita durante 2012 fue de 114 dólares, lo
cual resulta muy lejano a lo que reportan el resto de instituciones. Para ese mismo año, el gasto per cápita
en el ISSS fue de $237, en el COSAM de $251 y en el ISBM de $528184. Por tanto, resulta evidente que es
necesario atender de forma urgente la inequidad que existe en el sistema, dado que toda la población debería acceder a servicios públicos de similar calidad.
Como puede observarse, existen importantes obstáculos para el pleno ejercicio del derecho a la salud
en el país, y todavía hay muchas áreas que deben ser fortalecidas. Por ejemplo, se puede mencionar entre ellas la salud mental, las afectaciones a la salud causadas por contaminación y riesgos ocupacionales,
y la salud sexual y reproductiva. En este último caso, es necesario señalar que pese a algunas iniciativas
positivas como la aprobación la Política de Salud Sexual y Reproductiva en 2012, el Estado salvadoreño
no ha avanzado de forma significativa en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres. Por un lado, la tasa de embarazos en adolescentes es preocupante, actualmente asciende a 89 por
cada 1,000 mujeres en edades entre 15 y 19 años, siendo alta incluso en comparación al resto de países de
América Latina185. Añadido a esto, se ha observado que los suicidios representan una de las principales
causas de fallecimiento entre las madres adolescentes186.
Asimismo, se debe señalar que el Estado no ha atendido los reiterados señalamientos y recomendaciones de distintos comités de derechos humanos de Naciones Unidas (por ejemplo, el Comité DESC en
2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2008, el Comité contra la
Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en 2009 y el Comité de Derechos del Niño en 2010) sobre las consecuencias negativas que tiene la penalización absoluta del aborto y sobre la necesidad de revisar la legislación respectiva. Al día de hoy, el aborto sigue siendo considerado un delito en
cualquiera de sus formas, incluso cuando el embarazo genera riesgo para la vida de la madre y en casos de
violación o incesto187.
Recomendaciones:
Que el Estado salvadoreño incremente su inversión pública en salud al menos hasta un 5% del PIB, a fin
de garantizar que toda la población acceda a centros de atención que cuenten con insumos, equipo y personal
suficiente, y que reciban una atención oportuna, de alta calidad y sin discriminación. De forma especial se
debe aumentar la inversión en el área rural y en los municipios de alta densidad poblacional. Asimismo, que
se mejoren los servicios de salud mental y la protección de la salud frente a la contaminación ambiental y
riesgos ocupacionales.
183 En El Salvador también funcionan agentes privados que brindan servicios de salud, pero no forman parte del Sistema Nacional de Salud. Ver
Capítulo I de la Ley de creación del Sistema Nacional de Salud).
184 MINSAL (2013). Informe de labores 2012 – 2013. San Salvador: Autor. p. 57.
185 MINSAL (2013). Boletín de prensa. Ministra entrega regalos a las primeras madres en su día. 10 de mayo de 2013.
186 MINSAL (2012). Boletín de prensa. MINSAL inauguró taller de investigación regional para prevenir suicidios en el embarazo. 16 de abril de 2012;
Morán, G. (2012, 16 de abril). Buscan prevenir suicidio en adolescentes embarazadas. ContraPunto. Documento recuperado de http://www.
archivocp.contrapunto.com.sv//derechoshumanos/buscan-prevenir-suicidio-en-adolescentes-embarazadas; MINSAL (2013). Boletín de prensa. Ministra entrega regalos a las primeras madres en su día. 10 de mayo de 2013.
187 Centro de Derechos Reproductivos (2013). Excluidas, perseguidas, encarceladas. El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador. Nueva York: Autor.
100
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Que el Estado salvadoreño unifique el sistema de salud con el fin de garantizar la equidad en los servicios
que reciben las personas, independientemente de sus ingresos, su condición laboral y su profesión.
Que el Estado salvadoreño continúe e intensifique sus esfuerzos para garantizar que la población tenga
acceso oportuno a medicamentos, tanto en el sistema público, como en el privado.
Que el Estado salvadoreño adopte medidas para garantizar una mejor atención en los centros de salud,
mejorando sus mecanismos de control y evaluación del desempeño del personal, y fortaleciendo la vigilancia
frente a los casos de negligencia médica. Asimismo, es necesario que se reforme la legislación para tipificar de
forma específica los delitos de negligencia y mala praxis. Se debe asegurar que las investigaciones de denuncias sobre casos de negligencia y mala praxis se desarrollen de manera imparcial e independiente, dirimiendo
responsabilidades e indemnizando a las víctimas de forma oportuna.
Que el Estado salvadoreño adopte medidas para mejorar las condiciones laborales del personal de los centros de salud y que mejore los mecanismos de diálogo y negociación con los trabajadores y las trabajadoras,
con el fin de evitar que los servicios se vean afectados a raíz de conflictos laborales.
Que el Estado salvadoreño intensifique su labor para reducir la alta tasa de embarazos en adolescentes y
que a la vez preste servicios de apoyo integral a las adolescentes embarazadas. Igualmente, que redoble sus esfuerzos en materia de salud sexual y reproductiva, especialmente en las zonas rurales y en los asentamientos
urbanos precarios.
Que el Estado salvadoreño dé cumplimiento a las recomendaciones de los distintos comités de Naciones
Unidas en torno a la necesidad de realizar un diálogo nacional sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, reformar la legislación que criminaliza la interrupción del embarazo en todas las circunstancias y
de abordar las consecuencias negativas que la misma tiene en los derechos humanos de las mujeres, especialmente en las mujeres adolescentes y jóvenes.
Artículos 13 y 14: Derecho a la educación
En los últimos años, el Estado salvadoreño ha continuado incrementando la inversión en el Ramo de
educación. En 2008, por ejemplo, el presupuesto votado para este rubro fue de $635.0 millones, mientras
que en 2013 ascendió a $864 millones188. Se han realizado esfuerzos destacables en cuanto a garantizar la
educación gratuita hasta el bachillerato, y mediante la ejecución de los programas de entrega de paquetes
escolares, alimentación escolar, el programa “vaso de leche”189, el mejoramiento de la infraestructura escolar y la implementación del modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno190. Para esta Procuraduría, no
188
PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador:
Autor. p. 70.
189 A la fecha, el programa de paquetes escolares (que incluye la dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares en centros educativos púFPMGSW FIRI½GME E QMPPSRIW HI IWXYHMERXIW QMIRXVEW UYI IP TVSKVEQE HI EPMQIRXEGMzR IWGSPEV GYFVI QMPPSRIW )P TVSKVEQE:EWS HI
Leche favorece a 821,000 estudiantes en 2,289 escuelas públicas de 10 departamentos del país. Ver Transparencia Activa (2013, 3 de junio).
Discurso del Presidente Mauricio Funes a 4 años de gestión. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/discurso-del-presidente-mauricio-funes-a-4-anos-de-gestion/
190 Este modelo se caracteriza por fortalecer la organización entre los centros escolares de una misma zona para ofrecer nuevas propuestas
pedagógicas extracurriculares a la población estudiantil y por fomentar la integración entre la familia, la comunidad y las escuelas en el
proceso educativo. Se tiene previsto que, en el lapso de un año, el modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno pase de implementarse en
145 escuelas en 52 municipios, a 1,365 centros escolares en 57 municipios. Ver Transparencia Activa (2013, 3 de junio). Discurso del Presidente
Mauricio Funes a 4 años de gestión. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/discurso-del-presidente-mauricio-funes-a4-anos-de-gestion/; GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor.
101
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
cabe duda que estas apuestas gubernamentales han constituido un importante apoyo para las familias salvadoreñas, dado que las restricciones económicas son una de las principales causas de la deserción escolar.
A la vez, los programas que favorecen una mejor alimentación y nutrición entre los y las estudiantes son
fundamentales para combatir la desnutrición y mejorar el rendimiento escolar.
También se han observado logros positivos en cuanto a alfabetización, principalmente en el área rural.
Hasta junio de 2013, 15 municipios han sido declarados libres de analfabetismo191, y la tasa de analfabetismo ha disminuido del 14% en 2009, al 12.4% en 2012. En ese mismo periodo, en el área urbana, la disminución ha sido de un punto porcentual (pasando de 9.2% a 8.2%), mientras que en el área rural se observa
una reducción de tres puntos porcentuales (de 22.7% a 19.9%)192. No obstante, la diferencia en los niveles
de analfabetismo entre el área rural y urbana continúa siendo muy marcada.
De cualquier forma, a pesar de todos estos logros en materia de derecho a la educación, es necesario
señalar que el sistema educativo salvadoreño sigue presentando muchas dificultades en cuanto a inversión,
cobertura (principalmente en parvularia, tercer ciclo y educación media), disminución de la deserción escolar, aumento de la escolaridad promedio, infraestructura escolar, calidad de la educación, condiciones de
trabajo de los profesores y profesoras, entre otras.
En primer lugar, se debe recalcar que pese a los aumentos presupuestarios destinados al rubro de
Educación, la inversión sigue siendo baja. Por ejemplo, para 2012 el presupuesto votado apenas alcanzó
el 3.17% del PIB193, cuando de forma general se recomienda que la inversión en educación sea al menos
equivalente al 6% del PIB194. De acuerdo a este criterio, la asignación presupuestaria para 2012 debería
haber sido de al menos $1,417 millones, cuando en realidad fue de $827.7 millones. Sumado a esto, la
necesidad de invertir más en educación se hace mucho más evidente al observar que de acuerdo a algunos
estudios especializados, países desarrollados como Suecia o Suiza llegan a invertir alrededor de 140 veces
más que El Salvador por cada estudiante de primaria, y alrededor de 168 veces más por cada estudiante de
secundaria195.
A consecuencia de la baja inversión, también existen numerosos retos en cuanto a la cobertura y la calidad educativa. Por ejemplo, si bien es cierto es innegable que la tasa de matrícula en educación primaria
es bastante alta, tanto en el área urbana como en el área rural (alrededor del 93% en 2012)196, la cobertura
en el resto de niveles –desde la educación inicial hasta la educación superior- es bastante deficitaria (Ver
Tabla VII). Por ejemplo, la tasa neta de cobertura en educación inicial fue de apenas 0.6% en 2011. Para
ese mismo año, la cobertura neta en educación parvularia fue de 54%, es decir que alrededor del 46% de la
niñez entre 4 y 6 años no está asistiendo a un centro escolar197.
191
192
193
194
195
196
197
Transparencia Activa (2013, 3 de junio). Discurso del Presidente Mauricio Funes a 4 años de gestión. Documento recuperado de http://www.
transparenciaactiva.gob.sv/discurso-del-presidente-mauricio-funes-a-4-anos-de-gestion/
DIGESTYC (2013). Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012. San Salvador: Autor.
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Tomasevski, K. (2004). Informe presentado por Katarina Tomasevski, Relatora Especial sobre el derecho a la educación. Los derechos económicos,
sociales y culturales: el derecho a la educación. Comisión de Derechos Humanos, 60 periodo de sesiones. E/CN.4/2004/45. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ G04/103/31/PDF/G0410331.pdf?OpenElement
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2011). Informe de seguimiento a la EPT en el munHS 9REGVMWMWIRGYFMIVXE 'SR¾MGXSWEVQEHSW]IHYGEGMzR. París: Autor.
GOES y Sistema de Naciones Unidas en El Salvador (2014). 3er informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. El Salvador. San Salvador: Autor. pp. 44-45.
PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:
Autor. p. 132.
102
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Al respecto, también conviene puntualizar que aunque el país ha logrado un elevado acceso a la primaria, sigue teniendo problemas para retener a una gran cantidad de niños y niñas en la escuela. Lastimosamente, la deserción inicia desde la misma primaria. De acuerdo a las cifras oficiales, el porcentaje de
estudiantes que comienzan el primer grado y logran llegar hasta el último grado de la primaria (6º grado)
es de 84%198. No obstante, en el área rural el abandono escolar es mucho mayor, ya que solamente el 77%
logra finalizar la primaria, mientras que en el área urbana logra hacerlo el 93%. Las principales causas de
deserción son el desinterés en la escuela, las demandas de trabajo doméstico o participación en la producción económica, y la insuficiencia de recursos económicos199, aunque de forma reciente las autoridades
gubernamentales también han señalado la inseguridad y la delincuencia en los centros educativos como
un factor primordial200.
Por otra parte, también persisten algunos problemas de repitencia escolar y de sobreedad. Por ejemplo,
para 2011, la repitencia en el primer grado fue de 12.5% (en el área rural ascendía hasta el 14%), mientras
que la sobreedad en sexto grado fue de 11.5%201
Tabla VII
Tasas netas de cobertura por nivel educativo 2006-2011
Niveles educativos
Inicial
Parvularia
I y II ciclos
III ciclo
Total básica
Media
Secundaria*
Superior**
Tasa bruta
2006
50.3
94.8
51.1
92.3
33.3
54.6
23.0
2007
48.9
95.0
51.8
92.5
32.9
54.4
23.9
2008
50.3
95.3
53.9
92.8
32.2
55.1
24.5
2009
0.4
50.3
95.0
56.3
92.9
32.6
56.4
24.8
2010
0.4
54.7
94.8
59.8
94.0
33.3
59.1
25.3
2011
0.6
54.2
93.7
62.2
93.7
35.4
61.6
-
2012
93.1
63.8
-
*Incluye desde el séptimo grado hasta Educación Media
**Para la Educación superior no se calcula la tasa neta de cobertura, solamente la tasa bruta.
Fuente: Adaptado de MINED, Fundación de Innovaciones Educativas Centroamericanas
(FIECA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2013). El financiamiento
de la educación en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 13; y de GOES y Sistema de Naciones
Unidas en El Salvador (2014). 3er informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. El
Salvador. San Salvador: Autor. pp. 44-45.
Por todo lo anterior, la cobertura sigue siendo baja en el tercer ciclo de la educación básica (62.2%)
y en la educación media (35.4%). Asimismo, solamente un pequeño grupo de la población logra acceder
a la educación universitaria. De acuerdo al PNUD, la tasa neta de matrícula universitaria es de 14.8%,
198 GOES y Sistema de Naciones Unidas en El Salvador (2014). 3er informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. El Salvador. San Salvador: Autor. p. 39.
199 Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. p. 39.
200 Segura, B. (2012, 4 de junio). La delincuencia: principal factor para la disminución de la matrícula escolar. Diario CoLatino, p. 8.
201 GOES y Sistema de Naciones Unidas en El Salvador (2014). 3er informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. El Salvador. San Salvador: Autor; MINED, FIECA y UNICEF (2013). )P½RERGMEQMIRXSHIPEIHYGEGMzRIR)P7EPZEHSV. San Salvador: Autor.
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Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
es decir, únicamente 1 de cada 10 jóvenes en la edad oficial accede la educación superior202. En este
sentido, resulta evidente que gran parte de la población salvadoreña continúa enfrentando importantes
obstáculos para acceder a la educación.
Sumado a esto, resulta extremadamente preocupante que de acuerdo a algunas estimaciones, en
2011, un total de 67,887 niños y niñas de edades entre los 11 y los 15 años no se encontraban escolarizados203. De esa cifra, 26,245 se encontraban en situación de “pobreza educativa”, es decir, no alcanzaban
los cuatro años de escolaridad (tiempo que de acuerdo a la UNESCO es el necesario para la adquisición
de habilidades básicas de alfabetización204), y 14,767 en situación de “pobreza educativa extrema”, ya que
ni siquiera contaban con dos años de escolaridad.
Cabe mencionar también que resulta alarmante la persitencia de grandes brechas educativas entre el
área rural y el área urbana, ya que, por ejemplo, para 2012, la escolaridad promedio en el área urbana
fue de 7.5 años, mientras que en el área rural fue de 4.6205. Esta situación refleja las pocas posibilidades
de la población –especialmente en el área rural- para obtener ingresos que les aseguren una existencia
digna, ya que en 2006 se estimó que una persona salvadoreña necesitaba aproximadamente 10 años de
estudio para tener una menor probabilidad de vivir en situación pobreza que la persona promedio, y 12
años de estudio para tener ingresos laborales mayores al promedio206. Igualmente, las brechas en escolaridad de acuerdo a los ingresos son bastante amplias207. En 2012, el 10% de la población más pobre había completado apenas 3 años de escolaridad, mientras que el 10 por ciento más rico, había completado
casi 10 años208.
Por otro lado, es importante mencionar que los problemas en la calidad educativa son muy graves
tanto en el sector público como el sector privado. Desde su creación, tanto la Prueba de Aprendizaje y
Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES209) y la Prueba de Evaluación de Logros de Aprendizaje en Educación Básica (PAESITA210), han reflejado serias deficiencias en el sistema educativo211. Por
ejemplo, la nota promedio en la PAES de 2012 fue de 5.0 (en una escala de 0 a 10), superior solamente
en 0.2 a la obtenida en 2011, cuando fue de 4.8212. Al comparar los resultados en el sector privado y el
sector público, se observa que existen diferencias notables en el desempeño. Por ejemplo, la nota promedio para el sector público fue de 4.8, mientras que para el privado fue de 5.6 (Ver Tabla VIII).
202
PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:
Autor. p. 156.
203 Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. p. 40
204 Ibíd.
205 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:
Autor. pp. 301-302.
206 CEPAL (2008). Juventud y cohesión social en Iberoamérica. Un modelo para armar. Santiago de Chile: Autor. p. 143.
207 PNUD (2010). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza y el consumismo al bienestar de la gente. Propuestas para un
nuevo modelo de desarrollo. San Salvador: Autor. p 132.
208 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:
Autor. p. 156.
209 La PAES es una prueba obligatoria que se utiliza para evaluar cumplimiento de los objetivos del sistema educativo nacional y obtener información sobre los niveles de logro de aprendizaje alcanzados por los y las estudiantes de bachillerato de todo el país en las diferentes áreas
curriculares.
210 La PAESITA se aplica a una muestra de estudiantes de tercer grado, sexto grado y noveno grado, y evalúa el desempeño en Lenguaje y Matemática.
211 Los graves problemas de calidad en la educación salvadoreña han quedado también en evidencia cuando el país ha participado en la aplicación de pruebas internacionales estandarizadas. Por ejemplo, en 2007, participó en la prueba Trends in International Mathematics and Science
Study (TIMSS). El Salvador fue uno de los países con desempeño más pobre en la prueba. Ver FUSADES (2011). Informe de Coyuntura Social.
Abril 2011. La Libertad: Autor. p. 29.
212 Ministerio de Educación (MINED) (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf
104
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
De cualquier forma, pese a que normalmente se suele enfatizar en las deficiencias de calidad en el sector público, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que los resultados en los centros escolares
privados solo son mejores comparativamente, pero de ninguna forma pueden ser calificados como satisfactorios, ya que incluso en este sector todas las áreas evaluadas reflejan notas bajas (Ver Tabla IX). Esto
indica que las causas de la baja calidad van más allá de las diferencias que existen entre ambos sectores y,
además, que un abordaje integral del fenómeno requiere de modificaciones en el sistema como conjunto.
En realidad, en la gran mayoría de casos, el acceso a una mejor calidad educativa depende principalmente de la capacidad familiar de asumir las tarifas de los centros escolares de mayor costo a nivel nacional. Por esta misma razón, el número de niñas y niños que puede acceder a los mismos es muy limitado213.
Tabla VIII
Comparación de resultados en la PAES 2011 y 2012, por sector
Sector
Público
Privado
2011
4.7
5.3
2012
4.8
5.6
Fuente: MINED (2013). Resultados PAES 2012. Documento
recuperado de http://www.transparencia activa.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/Resultados -PAES-2012-resumido-1.pdf
Tabla IX
Resultados por sector, PAES - 2012
No. alumnos
Matemática
Estudios Sociales
Lenguaje y Literatura
Ciencias Naturales
Global
Público
60,911
4.3
5.8
4.8
5.1
4.8
Privado
19,199
4.8
6.4
5.5
5.7
5.6
Diferencia
0.5
0.6
0.7
0.6
0.8
Fuente: MINED (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado
de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/
Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf
Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta evidente que la formación que recibe la gran mayoría
de la población salvadoreña está muy lejos de los niveles de calidad necesarios para situar a la educación como una herramienta transformadora de la sociedad. Con todo, lo más preocupante es que, aunque desde hace varios años se cuenta con los resultados de la PAES como parámetros para diseñar una
estrategia integral que aborde el tema de la calidad educativa, hasta la fecha no se tiene conocimiento de
una propuesta clara del Ministerio de Educación (MINED) sobre cómo se mejorará el nivel de aprendizaje en los centros escolares públicos y privados. Una muestra de la falta de atención a estos aspectos se
213
PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:
Autor. p. 143.
105
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
refleja en el hecho de que entre 2005 y 2012, la nota global promedio de la PAES solamente ha aumentado de 3.7 a 5.0, es decir un incremento de apenas 1.3 puntos214.
En este punto también cabe agregar que uno de los factores que preocupa de forma especial a esta
Procuraduría es la situación de los profesores y profesoras en cuanto a remuneraciones, recursos y condiciones de trabajo, formación profesional y evaluación de su desempeño. En primer lugar, en cuanto a
remuneraciones y condiciones de trabajo, la PDDH ha recibido constantemente de parte del magisterio,
demandas para incidir en la mejora de las mismas. Ante ello, es pertinente señalar que efectivamente es
necesario elevar la valoración del trabajo de los docentes, dada la importante función que desempeñan.
Tal y como lo ha afirmado el PNUD de forma reciente, si bien es cierto los salarios que devengan los
profesores y profesoras no son los “más bajos del mercado laboral […] tampoco constituyen incentivos
para que los mejores estudiantes del sistema escolar con vocación docente estudien la carrera”215.
Debido a estas dificultades, un buen número de profesores o profesoras optan por hacer un doble
turno o buscar un trabajo adicional, lo que en muchos casos podría estar afectando su desempeño, y
por ende, la calidad de la educación. En este mismo sentido, además de un incremento salarial, sería
prioritario mejorar las condiciones de trabajo, ya que muchos centros escolares no cuentan con la infraestructura adecuada, ni con materiales educativos idóneos y suficientes para poder desarrollar los
programas asignados. Igualmente, en reiteradas ocasiones, maestros y maestras tienen a su cargo un
gran número de estudiantes, incluso de grados distintos, lo que dificulta una atención más cercana e
individualizada de parte de los y las docentes.
También se requiere mejorar las oportunidades de formación de las y los docentes, y su estabilidad
laboral. Se ha registrado que solamente un 85% del personal docente en el país cuenta con formación
pedagógica de nivel superior, lo cual si bien es cierto se acerca a la media regional, se aleja mucho de
los avances logrados por países como Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Uruguay, Chile y
Cuba216. Asimismo, se ha constatado que El Salvador es uno de los países que tiene un menor porcentaje de docentes (solamente el 57%) que cuentan con un contrato de trabajo por tiempo indefinido, es
decir, los profesores y profesoras salvadoreñas se encuentran en una particular situación de inestabilidad
laboral en comparación a lo que sucede otros países de América Latina217.
Finalmente, se debe señalar la necesidad de implementar un sistema de evaluación y monitoreo del
desempeño del personal docente, ya que de ello depende en gran parte el aprendizaje de las y los estudiantes.
Recomendaciones:
Que el Estado salvadoreño eleve la inversión en educación al menos al 6% del PIB, y que intensifique
sus esfuerzos para extender la cobertura en la educación inicial, secundaria, media y superior, principalmente en el área rural y entre la población de menores ingresos. Es necesario que se combata de forma
214
Ministerio de Educación (MINED) (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf
215 Los salarios de los docentes en el sistema público oscilan entre los $429 y $775 al mes. Ver PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano
El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. p. 148.
216 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:
Autor. pp. 146-147.
217 Ibíd.
106
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
más efectiva la deserción escolar en todos los niveles educativos, abordando las causas de la misma como el
trabajo infantil, el desinterés en la educación, la carencia de ingresos suficientes y la inseguridad.
Que el Estado salvadoreño continúe desarrollando y ampliando los programas de alimentación escolar
en los centros escolares públicos, y que prosiga e intensifique sus esfuerzos por erradicar el analfabetismo,
especialmente en el área rural.
Que el Estado salvadoreño diseñe un plan nacional para mejorar la calidad educativa, especialmente
en el área rural y en las regiones más pobres del país.
Que el Estado salvadoreño implemente una estrategia integral para mejorar la situación de los profesores y profesoras en el país, que contemple tanto la dignificación del magisterio, mediante remuneraciones
y condiciones laborales adecuadas, como un programa de desarrollo profesional continuo y un sistema de
evaluación del desempeño.
Que el Estado salvadoreño desarrolle esfuerzos orientados a mejorar la infraestructura educativa, especialmente en el área rural, y a dotar a todos los centros educativos de los insumos, recursos y personal
necesario para un adecuado funcionamiento.
Artículo 15: Derechos culturales
La Constitución de la República contiene múltiples referencias relativas a la protección y promoción de los derechos culturales. En primer lugar, estipula que “es obligación del Estado asegurar a los
habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia
social” (art. 1.3). Asimismo, en el título II, “Los derechos y garantías fundamentales de la persona”, capítulo II “Derechos sociales”, en la Sección Tercera, referente a “Educación, ciencia y cultura” se establece
que “El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana, en consecuencia es
obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. El Estado propiciará
la investigación y el quehacer científico” (art. 53).
Además de esto, la Constitución reconoce como obligaciones del Estado: velar por la conservación y
enseñanza del idioma oficial del país; preservar, difundir y respetar las lenguas autóctonas que se hablan
en el territorio nacional (ya que son consideradas parte del patrimonio cultural) (art. 62); y salvaguardar y establecer leyes especiales para la conservación de la riqueza artística, histórica y arqueológica salvadoreña (art. 63). Asimismo, en el artículo 6 se estipula el derecho a la libertad de expresión y difusión
del pensamiento.
El Estado salvadoreño ha ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos que contemplan los derechos culturales y diversos instrumentos internacionales que de forma
específica hacen referencia a derechos culturales. No obstante, no ha ratificado instrumentos como la
Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, la Convención relativa a la Lucha
contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza218, ni el Convenio No. 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes.
218
UNESCO (s/f). %QqVMGE 0EXMRE ] IP 'EVMFI 0MWXE HI GSRZIRGMSRIW VEXM½GEHEW ] RS VEXM½GEHEW TSV TEuW http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_
ID=23047&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
107
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Con respecto a la legislación secundaria a nivel nacional, es importante aclarar que en el país no
existe una normativa general referente a derechos culturales, aunque sí existen diversos instrumentos
legales que abordan aspectos específicos relacionados a ellos, tales como la Ley Especial de Protección
al Patrimonio Cultural (1993), la Ley del Premio Nacional de Cultura (1988), la Ley del Archivo General de la Nación (1993), la Ley del Libro (1994), la Ley de Imprenta (1950), la Ley de Promoción de
las Artes Plásticas (1968), la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos (2009), la Ley
de Propiedad Intelectual (1993), la Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico (2012), la Ley General
de Juventud (2012), entre otras. Pese a esta diversidad, es importante señalar que buena parte de esta
normativa se encuentra desactualizada, y alguna incluso obsoleta. Además, su aplicación en la práctica
y la supervisión de su cumplimiento dista mucho de lo contemplado en la legislación. Aspectos como la
protección del patrimonio cultural; el fomento y la protección de la propiedad intelectual; la promoción
del arte, la ciencia y la cultura; y la garantía de que la población goce de los beneficios del progreso
científico, presentan importantes deficiencias.
Sumado a esto, es importante señalar que la infraestructura pública cultural, tanto en lo que se refiere a bibliotecas, museos, teatros y otros espacios similares, es insuficiente para atender a toda la población. Por ejemplo, actualmente el país cuenta únicamente con un aproximado de 17 bibliotecas públicas
para 262 municipios, la mayoría concentradas en las cabeceras departamentales, por lo que se dificulta
el acceso de las personas que viven en las zonas rurales a las mismas. Añadido a esto, se debe puntualizar que en los últimos doce años se han fundado muy pocas bibliotecas públicas, la mayoría se establecieron entre 1992 y 1999219 y, de forma general, se puede afirmar que las mismas presentan carencias en
cuanto a recursos y personal220. Dificultades similares se presentan en cuanto a museos, teatros y espacios de formación artística formal221, aunque sí se cuenta con un buen número de casas de la cultura222.
Por otra parte, a nivel normativo, la protección del patrimonio cultural es uno de los ámbitos de
derechos culturales para el cual el país cuenta con herramientas más amplias y recientes. No obstante,
su aplicación en la realidad está muy lejos de ser satisfactoria. Existen muchos casos de presuntas violaciones al patrimonio cultural que no reciben un abordaje adecuado, por ejemplo referentes a destrucción y ocupación de sitios arqueológicos para construcción de viviendas223; demoliciones de casas o iglesias históricas224; omisiones de registro de bienes culturales; hurtos225, entre otros. Esto refleja que no se
cuenta con los mecanismos y cuerpos de vigilancia que permitan garantizar el cumplimiento de la ley.
219
220
221
222
223
224
225
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República (s/f) Red de bibliotecas públicas. Documento recuperado de http://www.cultura.gob.sv/
institucion/estructura-organizativa/direccion-nacional-de-bibliotecas-y-plan-de-lectura/red-de-bibliotecas-publicas.html
Arias, M. y Camacho, K. (2011). Las bibliotecas públicas: Una mirada a los sistemas de bibliotecas en Centroamérica. Documento recuperado
de http://sulabatsu.com/wp-content/uploads/2011-bibliotecas-centroamerica.pdf; Pleitez, T. (2012). Literatura. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. Documento recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/interactiva/30327.pdf
Rosales, M. (2013). Música. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte.
Pleitez, T. (2012). Literatura. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. Documento recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/interactiva/30327.pdf
Valencia, D. (2012, 18 de diciembre). Exdirector de Patrimonio Cultural de gobierno Saca pide disculpas al país por no cumplir su deber. El
Faro. Documento recuperado de http://www.elfaro.net/es/201212/el_agora/10498/
Escobar, I. (2011, 20 de mayo). Patrimonio Cultural pide respeto a inmuebles del Centro histórico. Diario CoLatino. Documento recuperado
HI LXXT[[[HMEVMSGSPEXMRSGSQIWREGMSREPIW4EXVMQSRMS'YPXYVEPTMHIVIWTIXSEMRQYIFPIWHIPGIRXVSLMWX'&VMGS
htm; Labrador, G. (2012, 16 de enero). Por qué la Iglesia pudo destruir el mosaico de la Catedral. El Faro. Documento recuperado de http://
www.elfaro.net/es/201201/noticias/7196/
/MWXI * HI NYRMS8Vj½GS HI TMI^EW EVUYISPzKMGEW YR RIKSGMS VIRXEFPI IR )P 7EPZEHSV Diario El Mundo. Documento recuperado de
LXXTIPQYRHSGSQWZXVE½GSHITMI^EWEVUYISPSKMGEWYRRIKSGMSVIRXEFPIIRIPWEPZEHSV
108
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
La protección de la propiedad intelectual también cuenta con un marco legal bastante amplio y actualizado. Además, es positivo que la Ley de Propiedad Intelectual incluya algunas disposiciones que
establecen límites a los beneficios de la propiedad intelectual, cuando pueden afectar el cumplimiento
de otros derechos como el derecho a la educación; y que la responsabilidad penal se impone cuando la
violación a los derechos de autor se realiza con fines económicos y a escala comercial.
No obstante, es necesario resaltar que siguen existiendo muchos problemas para la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual. En realidad, las violaciones a los derechos de propiedad
intelectual son constantes y existe poco control sobre este tipo de delitos226. La piratería es un fenómeno
muy extendido en el país y para muchas personas que trabajan en el sector informal se ha convertido en
un medio de subsistencia. Además, hay poca conciencia entre la población en general sobre la importancia de la propiedad intelectual y desconocimiento sobre los procedimientos para su registro, protección y la justiciabilidad de este derecho227.
Cabe agregar también que diversos grupos en el país sufren de condiciones de exclusión social que
les generan dificultades para un ejercicio pleno de sus derechos culturales y el acceso a los beneficios del
progreso científico. Principalmente se puede mencionar a las mujeres, las personas que residen en zonas
rurales, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. En las mujeres, las personas de la
zona rural, y las personas adultas mayores las principales dificultades están asociadas al analfabetismo y
a la falta de espacios para participar en la vida cultural. Los niveles de analfabetismo son muchos más
altos en estos tres grupos228, y además la realidad del país les impone limitaciones económicas, de tiempo o de accesibilidad física a espacios de desarrollo cultural y científico. En cuanto a las personas con
discapacidad, la principal dificultad se encuentra en la falta de medidas que faciliten la comunicación y
el acceso a centros de formación y difusión artística, cultural y científica.
Los pueblos indígenas también ven limitado el ejercicio de sus derechos culturales debido a la poca
atención que se brinda a la protección de la diversidad cultural y al rescate, conservación y difusión de
las distintas formas de expresión cultural que existen en el país229. Un aspecto que genera una preocupación especial para esta Procuraduría es la poca atención que se ha brindado al rescate y conservación
de los idiomas indígenas. De hecho, la mayoría de los idiomas indígenas del país están extintos, y el
náhuat únicamente es utilizado por unas 200 personas en todo el territorio nacional230. En todo caso,
si bien es cierto existen algunas iniciativas de revitalización del náhuat, hace falta un mayor apoyo de
parte del Estado, y por otra parte, es necesario que se desarrollen esfuerzos similares para rescatar otros
idiomas indígenas.
Finalmente, se debe señalar como las principales limitantes para el ejercicio de los derechos culturales, la debilidad institucional y la baja asignación presupuestaria para el fomento del arte y la cultura.
Actualmente, la institución encargada de la política estatal en materia de cultura es una Secretaría de la
Presidencia de República, con bajo presupuesto y con una estructura organizativa sumamente disgrega226
Pleitez, T. (2012). Literatura. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. Documento recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/interactiva/30327.pdf
227 Ibíd.
228 DIGESTYC (2013). Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012. San Salvador: Autor.
229 PDDH (2012). Informe situacional sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en El Salvador. San Salvador: Autor.
230 Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en
El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/
PDF/G1315014.pdf?OpenElement
109
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
da. Añadido a esto, la situación de las personas que trabajan en el sector de arte y cultura es preocupante debido a que no existen mecanismos suficientes para garantizar que desarrollen su profesión bajo los
criterios de trabajo decente231. Se tiene previsto que en los próximos meses la Comisión de Educación
y Cultura de la Asamblea Legislativa inicie la discusión de una Ley de Cultura, la cual se espera que
aborde algunas de estas debilidades, no obstante, hasta la fecha no se reportan avances significativos en
este sentido.
Recomendaciones
Que el Estado salvadoreño fortalezca la institucionalidad encargada de la promoción de la cultura, el
arte y los derechos culturales, creando un Ministerio de Cultura, y dotándolo de suficientes recursos para
que pueda impulsar la política cultural nacional, garantizar la protección del patrimonio cultural, el fomento de las artes y promueva la riqueza y la diversidad cultural.
Que el Estado salvadoreño promulgue una Ley Marco sobre Derechos Culturales y que a partir de la
misma se realice un proceso de revisión, actualización y armonización de la legislación en materia de arte,
cultura y áreas relacionadas, reduciendo la dispersión que existe actualmente, e incorporando el enfoque
de derechos. Es necesario que en el marco normativo sobre cultura se establezcan disposiciones específicas
para garantizar el cumplimiento de los derechos culturales de grupos vulnerables como las mujeres, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, y los pueblos indígenas, entre otros.
Que el Estado salvadoreño ratifique la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático y la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.
Que el Estado salvadoreño adopte medidas efectivas para proteger los conocimientos tradicionales y las
expresiones culturales de los pueblos indígenas, atendiendo de forma especial y urgente la necesidad preservar y rescatar los idiomas indígenas.
Que el Estado salvadoreño ponga a disposición de la población una mayor cantidad de espacios de
formación profesional y difusión de las artes y la cultura, especialmente en el área rural. Igualmente, se
debe garantizar que todos los procesos de construcción de nuevos espacios culturales o de adaptación de
los existentes cumplan con las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad y la población
adulta mayor.
Que el Estado salvadoreño adopte medidas para garantizar que las personas que trabajan en el sector
de arte y cultura puedan desarrollar su profesión bajo los criterios del trabajo decente.
Que el Estado salvadoreño adopte medidas urgentes para garantizar un adecuado registro, conservación y protección del patrimonio cultural y la propiedad intelectual, fortaleciendo a la vez los mecanismos
para sancionar las violaciones que se comentan contra los mismos.
231
Pleitez, T. (2012). Literatura. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. Documento recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/interactiva/30327.pdf
110
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Otras observaciones del Comité
Para esta Procuraduría, el Estado salvadoreño tiene una enorme deuda en cuanto a la evaluación de
los impactos que ha tenido el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.
Los resultados reportados en el informe oficial (párrafos 496-499) no profundizan en las consecuencias
del mismo, y se concentran principalmente en aspectos comerciales, aún y cuando se reflejan ya algunos
impactos negativos para el país. Más allá de eso, resulta preocupante que, tal y como ha sucedido en
cuanto a la ratificación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA) en 2013, ha quedado
evidenciado que en los procesos de toma de decisiones sobre la apertura comercial del país no se evalúa
de forma adecuada los impactos de la misma en los derechos humanos232.
De manera similar, tampoco se realizó una evaluación de impacto en los derechos humanos, previo
a la aprobación de la Ley de Asocios Público-Privados, vigente desde 2013, ni en las actuales discusiones sobre propuestas de reforma, pese a que las mismas podrían tener efectos sumamente negativos
para los derechos humanos. En este contexto, ha sido especialmente lamentable y preocupante para esta
Procuraduría que, de acuerdo a las autoridades gubernamentales233, tanto la aprobación de dicha ley,
como sus reformas, consisten en una especie de requisito para que el país pueda acceder a un segundo
compacto de los fondos de la Cuenta del Reto del Milenio234, la cual es financiada por el Congreso de
los Estados Unidos de América. Es necesario que en este tipo de decisiones se tome en cuenta la opinión de la población, y que además se elaboren y difundan ampliamente evaluaciones integrales sobre
los impactos a corto y largo plazo en los derechos humanos.
Por otra parte, también es importante señalar que si bien es cierto actualmente se ha constituido el
Consejo Económico Social235, instancia que en alguna medida retoma el espíritu de los Acuerdos de Paz
en cuanto a la creación del Foro de Concertación Económica y Social, el mismo ha presentado problemas tanto en su representatividad como en su funcionamiento236, y hasta la fecha, no ha figurado como
una instancia verdaderamente preponderante en la toma de decisiones clave para el país.
Recomendaciones:
Que el Estado salvadoreño, previo a la toma de decisiones cruciales para el país como lo son la aprobación de tratados internacionales en materia de comercio e inversiones o iniciativas similares, evalúe cuidadosamente en todos los casos las repercusiones que ello puede pueda tener sobre los derechos reconocidos
232
233
234
235
236
Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA) (2013). Pronunciamiento. Redes europeas y latinoamericanas reiteran sus recomendaciones a la Unión Europea y a sus Estados miembros, en vistas de la inminente entrada en vigor provisional del pilar comercial del Acuerdo de
Asociación con Honduras, Panamá y Nicaragua. 31 de julio de 2013. Documento recuperado de http://www.cifca.org/IMG/pdf/PronunciamientoOSC_AcuerdoAsociacion_ ESP.pdf
Presidencia de la República (2013, 5 de diciembre). 7IGVIXEVMS8qGRMGSE½VQEUYIEXVEWSIR½VQEHI*31-0)2-3--RSHIXMIRITVITEVEGMzRTEVEWY
implementación (SGYQIRXS VIGYTIVEHS HI LXXT[[[TVIWMHIRGMEKSFWZMRHI\TLTRSZIHEHIWRSXMGMEWMXIQWIGVIXEVMSX'%GRMGS
E½VQEUYIEXVEWSIR½VQEHIJSQMPIRMSMMRSHIXMIRITVITEVEGM'&RTEVEWYMQTPIQIRXEGM'&RLXQP8VERWTEVIRGME EGXMZE de marzo). Presidente Funes confía en pronta aprobación de reformas a Ley de Asocios Público Privados http://www.transparenciaactiva.gob.sv/
TVIWMHIRXIJYRIWGSR½EIRTVSRXEETVSFEGMSRHIVIJSVQEWEPI]HIEWSGMSWTYFPMGSTVMZEHSW
Embajada de los Estados Unidos en El Salvador (2012). Embajadora promueve Asocios Público Privado. Documento recuperado de http://spanish.
sansalvador.usembassy.gov/noticias/2012/10/32.html
Presidencia de la República (2012). Discurso pronunciado por el Presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, durante Inauguración
de la sede del Consejo Económico Social (CES), 1 de febrero de 2012. Documento recuperado el 23 de mayo de 2012 de http://www.presidencia.
KSFWZMRHI\TLTRSZIHEHIWHMWGYVWSWHMWGYVWSWMXIQMREYKYVEGM'&RHIPEWIHIHIPGSRWINSIGSR'&QMGSWSGMEPGIWLXQP
Iniciativa Social para la Democracia (ISD) (2011). Informe de monitoreo de transparencia al segundo año de gestión del gobierno del Presidente
Mauricio Funes(SGYQIRXSVIGYTIVEHSIPHINYRMSHIHILXXTPMFVEV]JIWHITHJ½PIWFYIVSWJIWEQGIRXVEPTHJ
111
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
en el Pacto. Asimismo, que las evaluaciones de impacto e investigaciones que se realicen, sean difundidas y
sometidas a una amplia consulta y discusión con la población.
Que el Estado salvadoreño elabore y difunda periódicamente evaluaciones de impacto de los tratados
de libre comercio como el CAFTA-DR y el AdA, en los derechos humanos, especialmente en los derechos
económicos, sociales y culturales. Asimismo, que implemente medidas orientadas a compensar las consecuencias negativas de dichos acuerdos.
Que el Estado salvadoreño fortalezca los mecanismos de concertación de carácter tripartito, garantizando que tengan una incidencia importante en la toma de decisiones clave para el país.
Consideraciones finales
Para esta Procuraduría también es fundamental señalar que la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en El Salvador es todavía muy limitada237. Pese a algunos avances recientes
mencionados anteriormente, el ordenamiento jurídico actual aún presenta muchos vacíos para este tipo
de casos, como por ejemplo, la falta de reconocimiento de algunos de los derechos contemplados en el
Pacto.
A la vez, es lamentable que incluso entre gran parte de la población no existe conciencia de los mismos como derechos, y mucho menos sobre su exigibilidad. Aunado a esto, a pesar de que los tratados
internacionales como el PIDESC son leyes de la República y pueden ser invocados ante los tribunales
de justicia, la aplicación de la normativa internacional no es una práctica generalizada entre los jueces y
juezas. Más allá de eso, también constituye una enorme limitante el hecho que los procesos judiciales en
el país generalmente tardan mucho tiempo y generan costos altos para la persona demandante.
De cualquier forma, se debe señalar que ha sido muy positivo que el Estado salvadoreño haya sido uno de los primeros países en ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. En este sentido, debería ser un paso inicial para que El Salvador
avance en el fortalecimiento de la protección y garantía de todos derechos económicos, sociales y culturales, asegurando su justiciabilidad.
Recomendaciones:
Que el Estado salvadoreño ratifique las reformas constitucionales que reconocen el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al agua y a los pueblos indígenas, y que además reforme la Constitución
en el sentido de que todos los derechos consignados en instrumentos internacionales de derechos humanos
formen parte del catálogo de derechos fundamentales protegidos por la Constitución, y que los tratados
internacionales en materia de derechos humanos formen parte de la misma.
Que el Estado salvadoreño realice un proceso de adaptación de la legislación y la institucionalidad de
tal forma que favorezca y garantice la exigibilidad y la justiciabilidad de todos los derechos económicos,
sociales y culturales, y la aplicación del Pacto en los tribunales nacionales.
237
CIJ (2013). Acceso a la justicia. Recursos contra las violaciones de los derechos sociales en El Salvador. Ginebra: Autor.
112
Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)
Que el Estado salvadoreño desarrolle procesos sistemáticos de formación a los profesionales del sistema
judicial en materia de derechos económicos sociales y culturales, especialmente en lo referente a la invocación del mismo ante los tribunales nacionales.
Que el Estado salvadoreño mejore el conocimiento del Pacto mediante programas de enseñanza y formación en derechos humanos, para los miembros de la judicatura, y que promueva estos conocimientos
entre los profesionales de la abogacía.
113
3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW7SGMEPIW]'YPXYVEPIWWSFVIPSWXIVGIVSGYEVXS]UYMRXS
informes periódicos combinados de El Salvador
Anexo I
Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales sobre los tercero, cuarto y quinto informes periódicos
combinados de El Salvador
115
3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW7SGMEPIW]'YPXYVEPIWWSFVIPSWXIVGIVSGYEVXS]UYMRXS
informes periódicos combinados de El Salvador
Naciones Unidas
Consejo Económico y Social
E/C.12/SLV/CO/3-5
Distr. general
23 de mayo de 2014
Original: español
Versión no editada avanzada
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Observaciones finales sobre los tercero, cuarto y quinto informes periódicos
combinados de El Salvador*
1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el tercer, cuarto y quinto informes periódicos de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/SLV/3-5) en sus sesiones 25º y 26º, celebradas el 14 de
mayo de 2014 (E/C.12/2014/SR.25 y 26), y aprobó en su 40ª sesión, celebrada el 23 de mayo de
2014, las siguientes observaciones finales.
A. Introducción
2. El Comité recibe con satisfacción el tercer, cuarto y quinto informes periódicos de El Salvador
y las respuestas escritas a su lista de cuestiones (E/C.12/SLV/Q/3-5/Add.1) si bien lamenta su
tardío envío y la ausencia de respuestas a algunas preguntas. El Comité reconoce la actitud positiva de la delegación del Estado parte hacia el Comité y agradece que la información adicional
comprometida durante el diálogo haya sido remitida.
B. Aspectos positivos
3. El Comité acoge con gran satisfacción que el Estado parte haya ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y haya reconocido la
competencia para conducir investigación prevista en su artículo 11.
4. También reconoce la ratificación por el Estado parte de otros instrumentos internacionales:
a. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
destinado a abolir la pena de muerte, en 2014; y
b. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, en 2007.
*
Aprobadas por el Comité en su 52° período de sesiones (28 de abril - 23 de mayo de 2014).
117
3FWIVZEGMSRIW½REPIWHIP'SQMXqHI(IVIGLSW)GSRzQMGSW7SGMEPIW]'YPXYVEPIWWSFVIPSW8IVGIVSGYEVXS]UYMRXS
informes periódicos combinados de El Salvador
5. El Comité celebra el proceso iniciado para incorporar el Derecho al Agua y el Derecho a la Alimentación, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas, en la Constitución. Asimismo,
celebra la adopción de las siguientes leyes:
a. Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las Mujeres (LEIV) (2012);
b. Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer (LIE) (2011); y
c. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) (2009).
6. El Comité observa con aprecio que el Estado parte ha realizado importantes progresos desde el
último diálogo interactivo con el Comité, en 2006, y observa también con reconocimiento su
voluntad de hacer de los derechos humanos y de la inclusión social un elemento central de sus
políticas. En particular, el Comité celebra:
a. La creación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia
(PNPNA) (2013);
b. El establecimiento del Consejo Nacional contra la Trata de Personas (2012); y
c. La creación del Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas
(PNIEMS), 2012-2017.
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
Derecho de libre determinación
7. El Comité celebra que la Asamblea Legislativa haya aprobado una reforma Constitucional para
otorgar reconocimiento legal a los pueblos indígenas en abril de 2012, aunque ésta aún no haya
sido ratificada. Preocupa al Comité que se desconozca el número de personas indígenas existentes en el Estado parte y que los últimos Censos presenten cifras inexactas y basadas en preguntas
inadecuadas. (arts. 1 y 2).
El Comité insta al Estado parte que siga reforzando sus iniciativas para garantizar el disfrute
efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales por los pueblos indígenas. El Comité
recomienda que el Parlamento culmine el proceso ratificando la reforma para el reconocimiento
legal y político de los pueblos indígenas en la Constitución. Asimismo, insta al Estado a que realice un censo actualizado sobre la población indígena.
Asignación de recursos públicos
8. El Comité nota con aprecio las reformas fiscales realizadas por el Estado parte, sin embargo le
preocupa que la recaudación de impuestos en el Estado parte es aún baja, lo que repercute negativamente en los ingresos nacionales y puede limitar los recursos destinados a los derechos
económicos, sociales y culturales (art. 2).
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El Comité alienta al Estado parte a seguir profundizando en el desarrollo de una política tributaria suficiente y socialmente justa que mejore la recaudación con miras a incrementar la disponibilidad de recursos destinados a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, el Comité recomienda que la reforma fiscal y el plan de asignación de recursos
se realicen de manera transparente y participativa.
Personas con discapacidad
9. El Comité lamenta que la multa por incumplimiento de la normativa que establece un cupo para
la contratación de personas con discapacidad es baja y no garantiza su implementación. El Comité también expresa su preocupación ante las barreras culturales y prejuicios que obstaculizan
el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral y lamenta la ausencia de formación profesional dirigida a las personas con discapacidad.
El Comité recomienda al Estado parte a que formule una política pública que promueva la capacitación, incluyendo la formación profesional y superior, y la inserción de las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo. También recomienda al Estado parte que asasegure el
cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad establecido por la ley y refuerce
las medidas de monitoreo y certificación sobre el cumplimiento de ésta.
Igualdad entre hombres y mujeres en el derecho al trabajo
10. En que pese la adopción de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación
contra la Mujer en 2011, preocupa al Comité la persistencia de estereotipos que impiden que las
mujeres disfruten, en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, del derecho al trabajo. Preocupa al Comité la menor representación de las mujeres en los cargos decisorios, tanto en
el sector público como en el privado. (E/C.12/SLV/CO/2, para. 28) (arts. 3 y 6).
El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para combatir los estereotipos
de género en la familia y en la sociedad. Asimismo, recomienda que el Estado parte promueva la
igualdad de representación de hombres y mujeres en los cargos decisorios de los sectores público
y privado, incluyendo con medidas especiales de carácter temporal. Asimismo, el Comité recomienda que se sensibilice a hombres y mujeres sobre el derecho a la igualdad de oportunidades
en la carrera profesional.
Desempleo y mercado laboral informal
11. El Comité observa con preocupación las altas tasas de desempleo, así como el gran número de
trabajadores ocupados en el sector informal de la economía, sin normativa laboral básica ni protección social (arts. 2 y 6).
El Comité alienta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para aumentar oportunidades
en el mercado laboral formal así como tomar las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores en la economía informal se beneficien de los estándares básicos laborales y de protección
social.
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Salario equitativo e igual por trabajo de igual valor
12. El Comité reitera que, pese a los esfuerzos desarrollados en la materia, la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres sigue siendo considerable, en contra del principio de salario
igual por trabajo de igual valor que figura en el Pacto. (E/C.12/SLV/CO/2, para. 28) (arts. 3 y 7).
El Comité recomienda al Estado parte que garantice la igualdad en la remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, como se dispone en artículo 7 a) i) del Pacto. Asimismo, recomienda al Estado parte que promueva capacitaciones siga educando a hombres y mujeres sobre la igualdad de oportunidades de carrera para promover la continuación de sus estudios
y la capacitación en sectores distintos de los tradicionalmente dominados por uno u otro sexo, y
que tome medidas específicas para promover a la mujer en el mercado de trabajo.
Remuneración justa y equitativa
13. El Comité reitera su preocupación sobre los salarios mínimos establecidos en el Estado parte, los
cuales son insuficientes para asegurar un nivel de vida digno (E/C.12/SLV/CO/2, para. 12 y 30).
El Comité lamenta las disparidades existentes entre los salarios mínimos de las distintas ramas
de la actividad económica, en particular en el sector agropecuario y de maquila textil, y lamenta
que la revisión periódica de las tasas de salarios mínimos son, muchas veces, revisiones formales
que no aseguran a todos los trabajadores y sus familias disfrutar de un nivel de vida digno. (arts.
6 y 7).
El Comité insta al Estado parte a garantice que el salario mínimo permite un nivel de vida digno. Asimismo, el Comité recomienda al Estado parte que vele por que su revisión periódica
cumpla lo establecido en el artículo 7 a) ii) del Pacto y en el artículo 32 2) de la Constitución.
Derecho de huelga
14. El Comité reitera su preocupación sobre las restricciones impuestas al ejercicio del derecho de
huelga y sobre el hecho de que un gran número de huelgas son declaradas ilegales por los tribunales en el Estado parte. Asimismo, lamenta no haber recibido datos precisos y actualizados
sobre el número de huelgas declaradas ilegales entre 2010 y 2014 y sus causas de ilegalización
(art. 8).
El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para asegurar que todos los trabajadores puedan ejercer su derecho a la huelga, como establecido en el artículo 8 del
Pacto. También pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, presente estadísticas
detalladas y desglosadas sobre el número de huelgas que los tribunales del Estado parte han declarado ilegales y sus causas.
Seguridad social
15. En que pese la recomendación anterior del Comité (E/C.12/SLV/CO/2, para. 33) y lo establecido
en el Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno 2010-2014, el Comité nota con preocupación
que el Estado parte aún no ha introducido un sistema universal de seguridad social. En particu120
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lar, el Comité lamenta que no se garantice la cobertura social a los trabajadores agrícolas y a los
empleados domésticos. (art. 9)
El Comité recomienda al Estado parte que realice una evaluación de su sistema de seguridad
social con miras a establecer los mecanismos necesarios para garantizar una amplia cobertura
social que asegure las prestaciones adecuadas, a todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores agrícolas y los empleados domésticos, tomando en consideración la Observación general Nº
19 (2008) sobre el derecho a la seguridad social y la Recomendación de la OIT sobre los pisos de
protección social Nº 202 (2012)
Trabajo infantil y niños de la calle
16. El Comité reitera su preocupación por la persistencia del trabajo infantil en el Estado parte, en
particular en el servicio doméstico (E/C.12/SLV/CO/2, para. 23 y 42). Asimismo, expresa su
preocupación sobre los informes recibidos según los cuales una gran cantidad de niños y niñas
estén expuestos a trabajos peligrosos. El Comité nota con preocupación que la situación de pobreza de las familias en zonas rurales y la limitación en el acceso a la educación secundaria aumentan el riesgo de trabajo infantil. Así mismo el Comité muestra su preocupación sobre la falta
de información sobre los niños de la calle (art. 10).
El Comité alienta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos mediante un plan urgente para combatir el trabajo infantil y el fenómeno de los niños de la calle. Insta al Estado a llevar a cabo
inspecciones de trabajo sistemáticas y políticas públicas que tiendan a disminuir la situación de
vulnerabilidad de los niños en áreas rurales y urbanas y propiciar su pleno acceso a la educación
secundaria. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico le proporcione
información sobre el enjuiciamiento de los delitos relativos al trabajo infantil.
Violencia de género
17. El Comité observa con preocupación la problemática de la violencia de género y particularmente de la violencia doméstica, si bien toma nota de la estrategia para la prevención de violencia
contra las mujeres implementada en el Estado parte. (art. 10).
El Comité insta al Estado parte a reducir los niveles de violencia de género, reforzando las medidas para combatirla, entre otros medios, aplicando de manera efectiva las leyes existentes, persiguiendo más severamente los delitos y realizando campañas de concienciación y educación de la
opinión pública. .
Derecho a la vivienda
18. Pese a las medidas adoptadas por el Estado parte, el Comité nota con preocupación la insuficiencia del presupuesto asignado a la vivienda y el elevado déficit de unidades de vivienda social
existentes, particularmente en las zonas rurales. Asimismo, al Comité le preocupa los efectos negativos que la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles
(2009) pueda tener al establecer un procedimiento expedito para desalojar a cualquier persona
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que no posea título de propiedad. Al Comité le inquieta también la insuficiencia de servicios de
agua y saneamiento, en particular en las regiones rurales (art. 11).
El Comité recomienda al Estado parte que destine suficientes recursos a la realización de programas dirigidos a otorgar seguridad de la tenencia, incluyendo el acceso al crédito y subsidios para las familias de bajos ingresos y los miembros de los grupos más desfavorecidos, tomando en
consideración la observación general n.º 4 (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada (art.
11 del Pacto, párr. 1). Asimismo, recomienda que el Estado parte adopte una legislación sobre
los desalojos forzosos que cumpla con los estándares y directrices internacionales, incluyendo las
observación general n.º 7 sobre el derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos (art.
11 del Pacto, párr. 1) El Comité insta al Estado a proporcionar servicios de abastecimiento de
agua y saneamiento a todas las viviendas existentes. El Comité solicita al Estado parte que proporcione información sobre el número de personas sin hogar en el Estado parte, en su próximo
informe periódico.
Pobreza
19. El Comité observa que, si bien el índice de pobreza nacional se redujo, el porcentaje de la población que vive en la pobreza sigue siendo alto y la disparidad entre los niveles de pobreza en el
área rural y urbana es todavía alarmante. El Comité reitera su preocupación sobre la gran desigualdad en la distribución de riqueza en el Estado parte (E/C.12/SLV/CO/2, para. 17 y 35) (art.
11).
El Comité recomienda al Estado parte que en los programas de lucha contra la pobreza preste
debida atención a las diferencias y brechas existentes en las zonas urbanas y rurales. El Comité recomienda al Estado que mantenga sus esfuerzos en el marco de sus compromisos con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. También le recomienda que intensifique las medidas para
luchar contra la pobreza y la extrema pobreza entre las comunidades indígenas y vigile los progresos a ese respecto, entre otros medios compilando datos estadísticos desglosados.
Malnutrición y derecho a la alimentación
20. El Comité acoge con satisfacción la aprobación en 2012 de las reformas constitucionales para
incluir el derecho a la alimentación y el acceso al agua, que deben aún ser ratificadas. El Comité
observa con profunda preocupación que la desnutrición infantil persiste y alcanza una inaceptable tasa de 20 % (art. 11)
El Comité recomienda que el Parlamento culmine el proceso ratificando las reformas constitucionales para garantizar el derecho a la alimentación y el acceso al agua en la Constitución. Asimismo, insta al Estado parte que intensifique su labor para prevenir y combatir la malnutrición
infantil, especialmente la que afecta a los niños que viven en zonas rurales y remotas.
Derecho a la salud
21. El Comité reitera que el presupuesto destinado a la salud sigue siendo insuficiente para cubrir
adecuadamente a todos grupos de la población, en particular a los que se encuentran en situa122
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ción de vulnerabilidad (E/C.12/SLV/CO/2, para. 24). El Comité nota con interés el régimen Especial de Salud y Maternidad para los trabajadores del servicio doméstico, establecido en 2010
(Decreto Ejecutivo N. 74), sin embargo lamenta que éste tenga un carácter voluntario y que no
contemple otras personas empleadas en el sector informal. (art. 12).
El Comité recomienda que el Estado parte incremente el presupuesto asignado a la atención a
la salud y tome las medidas necesarias para consolidar un sistema nacional de salud, accesible a
todos, sin discriminación alguna, de acuerdo con el artículo 12 del Pacto y tomando en consideración la Observación general Nº 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe presente información
detallada y actualizada, incluyendo datos estadísticos desagregados e indicadores que permitan
apreciar los avances logrados en esta área.
Aborto
22. El Comité reitera su preocupación sobre la persistencia de la total prohibición del aborto, que
afecta particularmente a mujeres pobres y con un nivel menor de educación, sin consideración
alguna a situaciones excepcionales, lo que ha generado graves casos de sufrimiento e injusticia
(E/C.12/SLV/CO/2, para. 25 y 44). Al Comité le preocupa de sobremanera los casos de mujeres
que han acudido al sistema de salud en situación de grave riesgo para su salud y han sido denunciadas por sospecha de haber cometido aborto. En ciertos casos les han sido impuestas sanciones penales desproporcionadas sin que se cumpla el debido proceso . Asimismo, le preocupa
el elevado número de abortos inseguros e ilegales, lo cual tiene graves consecuencias para la salud y sigue siendo una de las principales causas de la mortalidad materna. (art. 12).
El Comité insta al Estado Parte a que revise su legislación respecto a la total prohibición del
aborto para hacerla compatible con otros derechos fundamentales como el de la salud y la vida
de la mujer, así como con su dignidad. El Comité insta al Estado que proporcione atención de
calidad para el tratamiento de las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo en lugar de priorizar su persecución penal.
Salud sexual y reproductiva
23. Pese a los esfuerzos del Estado parte, preocupan al Comité la insuficiencia y la inadecuación de
los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente para las jóvenes y las mujeres, lo que,
a pesar de ciertas mejoras, sigue dando lugar a tasas de mortalidad materna elevadas y a altas
tasas de embarazo en la adolescencia. (art. 12).
El Comité recomienda al Estado parte que redoble su labor para reducir la alta tasa de embarazos de adolescentes y asegurar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud sexual y
reproductiva especialmente en las zonas rurales. Asimismo, recomienda que Estado parte amplíe
y refuerce la educación, integral y apropiada a cada edad, sobre salud sexual y reproductiva en
los programas escolares de la enseñanza primaria y secundaria para ambos sexos e implante programas de educación y concienciación de la opinión pública.
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Calidad de la educación y presupuesto
24. En que pese los aumentos presupuestarios destinados a la educación, el Comité nota con
preocupación que éste sigue siendo insuficiente. En particular, al Comité le preocupan las diferencias de nivel de calidad e infraestructuras entre las escuelas de las zonas urbanas y las rurales;
la baja remuneración de los docentes; y la insuficiente formación de éstos (arts. 13).
El Comité recomienda que el Estado parte asegure los recursos necesarios para garantizar la calidad e infraestructura adecuadas del sistema educativo en las zonas rurales y urbanas. Asimismo,
recomienda que el Estado parte mejore las condiciones materiales y salariales del cuerpo docente
y su capacitación.
Abandono escolar
25. En que pese los esfuerzos del Estado parte, al Comité le preocupa las elevadas tasas de abandono escolar en la educación primaria, en particular entre las niñas de las zonas rurales. Asimismo, pese a los avances, el Comité nota con preocupación la alta tasa de analfabetismo, principalmente en las zonas rurales y entre las comunidades indígenas, en particular entre las niñas y
mujeres (arts. 13 y 14).
El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos en el marco del plan de alfabetización y redoble sus esfuerzos en las zonas rurales y entre las comunidades indígenas. Alienta
al Estado parte a desarrollar programas específicos para prevenir la deserción escolar y enfrentar
las causas de la misma.
Educación bilingüe intercultural
26. El Comité observa con preocupación que las comunidades indígenas no siempre disfrutan del
derecho a una educación impartida en lengua indígena. Asimismo, al Comité le preocupan las
limitaciones en el acceso y permanencia en la educación secundaria y la educación superior particularmente de los adolescentes y jóvenes indígenas (arts. 13 y 14).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas eficaces para garantizar el acceso de
los pueblos indígenas a la educación intercultural y en sus lenguas propias y que vele por que esa
educación se adapte a las necesidades específicas de esos pueblos. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas urgentes para preservar las lenguas indígenas y fomentar su uso.
Derecho a la tierra y a los recursos naturales
27. Al Comité le preocupa que el Estado parte no cuente con un mecanismo legal para reconocer
el derecho de los pueblos indígenas como tales a obtener títulos colectivos de propiedad sobre
tierras. Asimismo, le preocupa que no se proceda de manera sistemática a la consulta efectiva y
la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones relativos a la explotación de los recursos naturales existentes en sus
territorios tradicionales. En particular, le preocupa al Comité que todavía no haya sido ratificado
el Convenio N.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (arts. 1, 2 y 15).
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El Comité recomienda al Estado parte que incorpore mecanismos para reconocer los derechos
de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales y sus recursos naturales. Asimismo, El
Comité insta al Estado parte a que en el ámbito de las actividades de exploración y explotación
minera e hidroeléctrica, realice consultas que incluyan la expresión libre del consentimiento de
los pueblos afectados. Asimismo, recomienda al Estado parte a que agilice el proceso de adhesión al Convenio N.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
de 1989 y alienta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos en promover y aplicar los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas.
Derecho a los beneficios del progreso científico
28. Al Comité le preocupa que los medios científicos dedicados a descubrir las causas de la “enfermedad renal crónica de causas desconocidas” (CKDu), que ha provocado más de 5.000 muertes en el Estado parte, particularmente entre los trabajadores agrícolas del sector de la caña de
azúcar, hayan sido hasta el momento insuficientes y no hayan dado aún resultados satisfactorios
(art. 15, para. 1 b).
El Comité insta al Estado parte a que en cooperación con los países vecinos, los organismos internacionales y la cooperación internacional intensifique los recursos científicos necesarios para la investigación independiente de esta enfermedad y sus causas y posteriormente aplique ese
conocimiento para su prevención y cura, facilitando así el disfrute del progreso científico a las
personas afectadas.
D. Otras recomendaciones
29. El Comité pide al Estado parte que dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en
todos los niveles de la sociedad, en particular entre los pueblos indígenas, los funcionarios públicos, las autoridades judiciales, los legisladores, los abogados y las organizaciones de la sociedad civil, e informe al Comité sobre las medidas que haya adoptado para aplicarlas en su próximo informe periódico. También lo alienta a que recabe la participación de las organizaciones de
la sociedad civil en los debates que se celebren a nivel nacional antes de la presentación de su
próximo informe periódico.
30. El Comité invita al Estado parte a que actualice su documento básico de conformidad con las
directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6, cap. I).
31. El Comité pide al Estado parte que presente su sexto informe periódico de conformidad con
las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 30 de mayo de
2019.
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Este libro se imprimió
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Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
Colectivo de Organizaciones Sociales responsables
de la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC:
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE)
Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU)
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM)
Foro del Agua
Asociación Aspidh Arcoiris
Mesa de Género de Mejicanos
Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL)
Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA)
ASOCIACIÓN SOLIDARIA
PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO HUMANO
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Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco
del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC
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ASOCIACIÓN SOLIDARIA
PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO HUMANO
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
Colectivo de Organizaciones Sociales responsables de la elaboración del Informe
Sombra presentado al Comité DESC
Informes de las organizaciones sociales y la PDDH
al Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, en el marco
del examen de los Informes Periódicos Tercero,
Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre
la aplicación del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
Con el apoyo solidario de:
18932 Portada Informe PDDH.indd 1
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