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BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D:
GENERAL
16 de marzo de 2015
Núm. 630
Pág. 1
ÍNDICE
Página
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICVEUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre sufragio de personas con discapacidad
visual ............................................................................................................
3
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre
ayuda humanitaria ...............................................................................................
4
161/003518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre
Derechos Humanos .............................................................................................
5
Comisión de Defensa
161/003514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre
el indulto a don Sergio Martínez Manzanera .......................................................
6
Comisión de Economía y Competitividad
161/003521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, sobre un cambio legislativo de las Sociedades de
Inversión de Capital Variable ...............................................................................
7
161/003516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre
inversiones del Ministerio de Fomento en la ciudad de Alicante .........................
8
161/003522 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a
la obra de Adif de canalización subterránea de una línea de alta tensión de
220.000 kW de potencia en Coira, en el límite de los Ayuntamientos de Ames y
Santiago de Compostela (A Coruña) ...................................................................
10
161/003523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, sobre establecimiento de la gratuidad de la autopista
AP-7 en los peajes Vinaròs-Ulldecona-Alcanar y L’Hospitalet de l’Infant-Móra
d’Ebre mientras no se finaliza la autovía A-7 .......................................................
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cve: BOCG-10-D-630
Comisión de Fomento
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Serie D Núm. 630
16 de marzo de 2015
161/003533 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a
la necesidad de que se reparen los daños causados por las obras de ejecución
del AVE a su paso por varias parroquias de Silleda (Pontevedra) ......................
Pág. 2
12
Comisión de Educación y Deporte
161/003519 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a
las Enseñanzas Artísticas superiores ..................................................................
13
161/003531 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, sobre el refuerzo en el sistema ALCE ........................
15
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003515 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, sobre regulación de la Renta Mínima Garantizada de
Ciudadanía ...........................................................................................................
16
161/003526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
la puesta en marcha de un Plan de Empleo urgente para Castilla-La Mancha .........
18
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003527 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre
el impulso de la eficiencia energética ..................................................................
19
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
revisión del cupo de capturas del atún rojo asignado a Canarias .......................
21
161/003532 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre
aumento de las cuotas de anchoa para el sector pesquero de cerco gallego .....
22
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre la atención de la infancia ante el brote de ébola en África
Occidental ............................................................................................................
23
Comisión de Igualdad
161/003529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa a impulsar medidas de lucha contra la violencia de género y
actuaciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en los
programas de responsabilidad social empresarial ...............................................
24
161/003530 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa a protocolos de actuación para la detección de casos de
violencia de género en el ámbito educativo .........................................................
25
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
181/003075 Pregunta formulada por el Diputado don Enrique Álvarez Sostres (GMx), sobre
previsiones acerca de la inclusión del corredor ferroviario de ancho internacional
Palencia-Gijón entre los proyectos susceptibles de cofinanciación europea con
cargo a los fondos conocidos como «Juncker» ...................................................
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cve: BOCG-10-D-630
Comisión de Fomento
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al
artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el
debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando
traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados,10 de marzo de 2015.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre sufragio de personas con
discapacidad visual, para su debate en la Comisión de Interior.
Las elecciones generales de marzo de 2008 fueron los primeros comicios en los que las personas con
discapacidad visual pudieron ejercer efectivamente su derecho a sufragio de forma autónoma y secreta.
Hasta entonces, este colectivo no había tenido esa posibilidad ya que la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General (LOREG), en su artículo 87, le obligaba a servirse de «una persona de confianza» para
escoger la papeleta e introducirla en el sobre de votación.
Con la reforma de la citada ley en 2007, se autorizó al Gobierno a regular un procedimiento que garantizara
a las personas con discapacidad visual el secreto del voto para todas las elecciones. Sin embargo, el Real
Decreto-ley 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de voto accesible que facilita
a las personas con discapacidad visual el ejercicio de sufragio, desarrolló su regulación únicamente de forma
parcial. Así, las elecciones municipales quedaron expresamente excluidas a la espera de la evaluación por
parte del Gobierno de los resultados de la aplicación del procedimiento regulado en el resto de elecciones.
A día de hoy, el Gobierno todavía no ha procedido a evaluar el funcionamiento del sistema implementado
para las elecciones generales y autonómicas. Como consecuencia de ello, tampoco se ha establecido
regulación alguna para garantizar el ejercicio del derecho a sufragio de forma autónoma y secreta a las
personas con discapacidad visual en las elecciones municipales.
Es sumamente urgente abordar la regulación del voto accesible en las elecciones municipales para
así garantizar que en los próximos comicios de mayo las personas con discapacidad visual puedan ejercer
efectivamente el derecho a sufragio autónomo y secreto.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
1. Establecer la regulación necesaria para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer
efectivamente el derecho a sufragio autónomo y secreto en todas las elecciones que se celebren, incluidas
las elecciones municipales.
2. Llevar a cabo la evaluación del sistema de voto accesible implementado para las elecciones
generales y autonómicas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.—Joan
Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
cve: BOCG-10-D-630
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
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Comisión de Asuntos Exteriores
161/003517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre ayuda humanitaria, para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
España ocupa en el próximo bienio 2015-2016 un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. Lo hace por quinta vez en su historia, en un momento especialmente difícil en el panorama
internacional. La amenaza del terrorismo islámico, la permanente crisis en Oriente Próximo, el conflicto
abierto en Ucrania son alguno de los difíciles retos a los que se enfrenta la comunidad internacional.
España tendrá una especial responsabilidad al papel que habitualmente juega como potencia media,
en términos de relaciones internacionales, en los ejes tradicionales de nuestra política exterior.
El Gobierno ya ha fijado alguna de sus prioridades que deben centrar su actuación durante su
mandato. Si gran parte del activo que pudo acreditar la candidatura española para hacerse merecedora
de la confianza de la Asamblea de Naciones Unidas fue precisamente su papel en el ámbito de mediación
en escenarios de conflicto, la defensa los derechos humanos, o la cooperación al desarrollo, estas
deben coincidir en buena parte con nuestro perfil propio en el máximo órgano de gobierno de las
Naciones Unidas.
La ayuda humanitaria se ha convertido en un reto enorme para la comunidad internacional. Los
distintos conflictos armados están provocando una situación casi sin precedentes de crisis humanitarias.
Más de cuarenta zonas de conflicto armado con las consecuencias de amenaza a la paz y seguridad, y
sobre todo consecuencias en cuanto a extrema vulnerabilidad de la población civil. A finales de 2013, el
número de personas desplazadas internamente ascendía a 33.3 millones de personas, el número de
refugiados a 16.7 millones de personas. Cifras que no dejan de crecer y que precisan ayudas urgentes.
España ha presupuestado para 2015, 17 millones de euros para las acciones humanitarias bilaterales
de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID). La situación de crisis económica en
España y la reducción del gasto en el presupuesto han precipitado a la baja —desde 2009— lo
presupuestado para la ayuda humanitaria justo en un periodo de tiempo en que es más necesaria que
nunca. Es por ello que es necesario que España haga un esfuerzo —coincidiendo con su presencia en
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas— para elevar la ayuda oficial al desarrollo acorde con sus
actuales responsabilidades. España debe tener ejercer en el seno del Consejo de Seguridad un
auténtico liderazgo en la protección de civiles, además de focalizar sus esfuerzos en el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacional. El mejor aval para ejercer este liderazgo empieza por los esfuerzos
destinados a nivel nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.—Miguel
Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
cve: BOCG-10-D-630
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se vayan incrementando los recursos para la
Acción humanitaria, de acuerdo con lo previsto en el Plan Director de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(2013-2016), y acercándose al 10 % de lo previsto en la ayuda oficial al desarrollo y muy especialmente
incrementar los recursos destinados a los desplazados a consecuencia de los conflictos. Asimismo,
incrementar la aceptación de ciudadanos peticionarios de derecho de asilo provenientes de países en
conflicto.»
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161/003518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre Derechos Humanos, para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un II Plan de Derechos Humanos, que subsane las posibles debilidades del I Plan y que
establezca medidas concretas de política exterior e interior para la promoción y protección de los Derechos
Humanos, y que estas puedan ser evaluables para la sociedad civil y el Parlamento.
cve: BOCG-10-D-630
La estrategia de acción exterior recientemente aprobada por el Gobierno dedica también su atención
a la acción exterior en materia de derechos humanos. Los derechos humanos deben ser incorporados de
manera preferente en la agenda de España en el presente mandato en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas. La lucha contra la pena de muerte, a través de la comisión internacional contra la pena
de muerte y las propias resoluciones de Naciones Unidas, la lucha contra la discriminación por razón de
género, orientación sexual e identidad de género o la defensa de los derechos fundamentales
universalmente reconocidos son y deben ser prioridades para España. En 2008 fue adoptado el I Plan de
Derechos Humanos, que cumplió una etapa inicial pero que debía ser revisado y puesta al día. Sin
embargo, hasta la fecha el Plan de Derechos no ha sido renovado por otro que pusiera al día las nuevas
necesidades y de acuerdo con los nuevos tiempos. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 14
de febrero de 2012 una Proposición no de Ley que instaba al Gobierno a profundizar en una evaluación
completa sobre la implantación, cumplimiento y desarrollo de las medidas contenidas en el Plan de
Derechos Humanos, aprobado en 2008, e implementando una estrategia con medidas concretas en
política exterior e interior para la promoción y protección de los derechos humanos. Asimismo, la Comisión
de Exteriores del Congreso de los Diputados en esta legislatura una proposición no de Ley que instaba al
Gobierno a elaborar el II Plan de Derechos Humanos buscando «las fórmulas para que las estrategias y
Derechos humanos se configuren al margen de los cambios políticos en el Gobierno de España de tal
forma que España siempre cuente con un Plan de Derechos Humanos en fase de elaboración o en vigor».
Si bien es cierto que el Gobierno ha dedicado un epígrafe en su primera estrategia de acción exterior
dedicada a la Acción Exterior en materia de derechos humanos, hasta la fecha no ha elaborado el II Plan
de Derechos Humanos, siempre necesario, pero ahora con mayor intensidad dada nuestra participación
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Naciones Unidas también viene impulsando, mediante la resolución 8/2007, un marco para proteger y
respetar los derechos humanos en el ámbito de las empresas, obligando a las empresas a respetar los
derechos humanos y respetar las consecuencias negativas de sus actividades. Los «principios rectores
sobre las empresas y los derechos humanos» fueron aprobados en el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas y adoptada por la Comisión Europea en su «Estrategia renovada para 2011-1014 sobre
responsabilidad social de las Empresas». El Plan de Acción de la Unión Europea para los derechos humanos
y la democracia, aprobado por el Consejo Europeo en 2013, compromete a los Estados miembros de la
Unión Europea a elaborar planes nacionales para asegurar el desarrollo de los principios rectores de
Naciones Unidas. La proposición no de Ley, aprobada el 14 de febrero de 2012 por el Pleno del Congreso
de los Diputados, también instaba al Gobierno a incorporar los principios rectores sobre empresas y derechos
humanos al Plan de Derechos Humanos a las directrices de la ley de acción exterior. Si bien estos principios
se encuentran reflejados en la ley de acción exterior y la estrategia de acción exterior, no se ha elaborado y
aprobado un Plan de Empresas y Derechos Humanos, pese a que el Gobierno se había comprometido a ello
e incluso había elaborado algún documento previo. Dada la necesidad del plan, a fin de prevenir violaciones
de derechos humanos en las empresas, y la necesidad de cumplir a nuestros compromisos adquiridos en
los distintos órganos multilaterales hace preciso la elaboración de dicho plan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
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2. Incorporar los principios de Empresa y derechos humanos a través de la elaboración de un Plan
de Derechos Humanos y empresas, con medidas o concretas, y que puedan ser evaluables para la
sociedad civil y el Parlamento.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.—Miguel
Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/003514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre el indulto a don Sergio Martínez Manzanera, para su debate en la
Comisión de Defensa.
El guardia civil Sergio Martínez Manzanera fue condenado por el Juzgado Militar de la Coruña a cuatro
meses de prisión por un delito de insulto a un superior, además de la suspensión de empleo y sueldo
durante ese mismo periodo. El pasado día 29 de enero ingresó en la prisión militar de Alcalá-Meco.
Según se ha conocido por los medios de comunicación y por la información que la familia del afectado ha
hecho llegar a varios miembros de esta Cámara, los hechos por los que ha sido condenado ocurrieron el 31 de
diciembre del año 2006 en el cuartel de la Guardia Civil de Irún. Desde un año antes, Sergio Martínez Manzanera
prestaba sus servicios como cocinero, siendo relevado del puesto por decisión de su superior; el guardia civil
informado de su cambio de ocupación por otro compañero y no por su superior, dicha decisión fue acatada.
Pocos días después de este hecho, Sergio Martínez Manzanera entró en la cocina en ayuda del compañero
que entonces ocupaba su puesto al ver que salía humo de la cocina. El sargento, que le vio entrar en la cocina,
envió a otro compañero para que le advirtiese que estaba prohibida la entrada de personal ajeno a la cocina.
Esto provocó la reacción de Sergio ante su superior, sus palabras fueron: «Maricón, no tienes huevos, lo que
tengas que decirme me lo dices a la cara, no mandes a nadie». El tribunal considera esta frase ofensiva,
injuriosa, afrentosa y desmerecedora, y por ello condena a cuatro meses de cárcel, privado de empleo y
sueldo, una condena que ya ha comenzado a cumplir en Madrid, lejos de la actual residencia de su familia en
la Región de Murcia, de su mujer y su hija, esta última menor de dos años.
A tenor de los hechos descritos esta sanción parece del todo desproporcionada, máxime, además,
cuando, según la información aportada, se trata de un agente con doce años de servicio y un historial
intachable. Un agente que cumplía servicio en Euskadi durante un tiempo en el que la Guardia Civil
todavía era objetivo de los atentados de la banda terrorista ETA, como desgraciadamente queda
demostrado con los atentados mortales que acaecieron en 2007, 2008 y 2009.
El indulto está previsto, como medida de gracia de carácter excepcional, que permite la remisión de
las penas impuestas por sentencia firme siempre que con ello no se cause perjuicio a terceros o se
lastimen sus derechos. En atención a la situación de desproporción de la pena y del tiempo transcurrido
desde los hechos hasta la entrada en prisión, es de justicia defender el indulto del guardia civil Sergio
Martínez Manzanera.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.—María González Veracruz, Diego
López Garrido y Pedro Saura García, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
cve: BOCG-10-D-630
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a pronunciarse favorablemente en relación con el
indulto del guardia civil Sergio Martínez Manzanera.»
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Comisión de Economía y Competitividad
161/003521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley en favor de un cambio legislativo de las
Sociedades de Inversión de Capital Variable, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar al alza el gravamen del Impuesto de Sociedades al que están actualmente sometidas las
SICAV, modificando la Ley 27/2014.
cve: BOCG-10-D-630
Hace ya tiempo que las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) generan cierta alarma
entre la ciudadanía. La percepción ciudadana es que las SICAV suponen beneficios fiscales impropios
dentro de nuestro sistema fiscal permitiendo a las rentas más altas ventajas de las que no puede disfrutar
un ciudadano a pie.
Las primeras regulaciones de instituciones de inversión colectiva en España datan de los primeros ochenta
con el Gobierno de Felipe González que presentó esta iniciativa como una manera de evitar una huida de
capitales de los más ricos. La regulación de las SICAV acaba de concretarse durante el segundo mandato del
presidente Aznar en la Ley 35/2003, vigente a día de hoy pese a haber sufrido alguna modificación.
La ley dictamina que una SICAV debe tener al menos un centenar de socios y poseer un capital
mínimo de 2,4 millones de euros. Su objetivo, según la Ley 35/2003, debe ser «la captación de fondos,
bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros
instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los
resultados colectivos», objetivo que comparten con otras instituciones de inversión colectiva. Respecto al
tipo de gravamen al que tributan, la nueva Ley del Impuesto de Sociedades 27/2014, no ha realizado
cambio alguno respecto a la anterior, estableciendo en su artículo 29.4 que las SICAV tributarán al 1 % en
el Impuesto de Sociedades. Solo cuando los beneficios se trasladan al accionista de la SICAV, este
deberá tributar por ellos al tipo de los rendimientos del ahorro.
Y es que las SICAV a menudo dan la sensación de excepcionalidad. En 2005 el gobierno del PSOE,
con votos favorables de CiU y el PP, decidió retirar la supervisión de las SICAV de la Agencia Tributaria
otorgándosela a la CNMV. Además, como apuntan miembros de la Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda. El Tribunal Económico Administrativo Central hizo retroactivo el cambio de
competencia anulando todas las actas dejándose así de cobrar millones de euros. Por otra parte, la
actividad supervisora de la CNMV se ha caracterizado por cierta tolerancia con las SICAV supervisadas
ofreciendo por ejemplo tiempo adicional para aquellas SICAV que temporalmente no disponían de los
100 accionistas requeridos por ley. La manga ancha mostrada a menudo por la CNMV nos hace pensar
en la conveniencia del retorno de la competencia inspectora a la Administración tributaria, algo que
parece tener sentido a la vista de los hechos.
El uso que se ha hecho de las SICAV ha sido cuanto menos dudoso, más que para el fomento de la
inversión con frecuencia las SICAV se han acercado más a un instrumento de elusión fiscal. La existencia
de SICAVs con un inversor poseedor de casi todo el capital de la sociedad junto a 99 o más inversores con
una mínima aportación de capital, los conocidos como «mariachis», hace sospechar del mal uso de esta
figura y de la alteración del espíritu de la ley puesto que ese inversor mayoritario acaba controlando de facto
la SICAV convirtiéndola en un instrumento de inversión unipersonal más que colectivo permitiéndole de esa
manera tributar a un exiguo 1 %. Por otra parte, el control que puede ejercer en una SICAV un inversor o
pocos inversores permite que estos decidan cuándo desean tributar repartiendo los beneficios (o incluso no
repartiéndolos) dilatando así el pago de los rendimientos del ahorro que les correspondería en el IRPF.
Los problemas que hemos descrito hacen urgente una revisión de este tipo de sociedades de inversión
que no minen la confianza de los ciudadanos en uno de los principios fundamentales de un sistema fiscal,
el de la igualdad de trato de los contribuyentes.
Es por ello por lo que presentamos la siguiente
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2. Modificar la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, a fin de
limitar la participación máxima de los inversores en las SICAV a un margen comprendido entre el 2 % y
el 5 % del total de acciones.
3. Devolver la potestad de supervisión de las SICAV a la Agencia Tributaria tal y como sucedía
anteriormente al año 2005.
4. Introducir un control al diferimiento indefinido por parte de los accionistas mayoritarios de las
SICAV, estableciendo límites temporales máximos para tributar en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades
(caso de ser una sociedad el accionista) por las plusvalías generadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.—Joan
Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Fomento
161/003516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre inversiones del Ministerio de Fomento en la ciudad de
Alicante, para su debate en la Comisión de Fomento.
El Gobierno de España ha reducido drásticamente las inversiones en la ciudad de Alicante desde 2011,
ya que la inversión pasó de 243 millones de euros en 2011, 58 sin contar la inversión en la línea de alta
velocidad, a 19,3 millones de euros en 2015.
De hecho, no hay ninguna nueva gran infraestructura cuya obra haya puesto en marcha desde 2012
el Gobierno de España.
Aquellas obras que estaban en un alto grado de ejecución se ralentizaron, siendo un ejemplo claro la
conclusión de la línea de alta velocidad Albacete-Alicante y la estación provisional Alicante término.
Durante todo el año 2012, prácticamente no se avanzó nada en las obras de la estación provisional. De
hecho, se concluyeron las obras con seis meses de retraso.
Otro ejemplo claro del trato del Gobierno de España a la ciudad de Alicante ha sido y es el ritmo y
estado de las obras de supresión del paso a nivel de Ausó y Monzó. El túnel estaba concluido en diciembre
de 2011, que era la obra de más envergadura para suprimir el paso a nivel, por lo que solo restaba incluir
las vías de cercanías y la supresión del paso a nivel.
Cabe destacar que Alicante ha contado desde el principio con la entrada de la línea de alta velocidad
soterrada y que el túnel incluía la capacidad y condiciones para asumir el tráfico de trenes de ancho
ibérico. Fue una decisión del Gobierno de España presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Solo resta
soterrar la Estación Intermodal, que depende del cumplimiento de los acuerdos de la Sociedad AVANT y,
concretamente, de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana,
y ahora, por el Gobierno de España.
La inversión a realizar para la supresión del paso a nivel era mínima comparada con la inversión
realizada en el conjunto de las obras para la línea de alta velocidad y su entrada soterrada a la ciudad.
Actualmente, el Gobierno de España no se compromete a realizar la estación intermodal.
Tampoco existe una previsión para realizar la mejora en los accesos a la estación desde la avenida
Salamanca, ni el acceso directo desde la A77 y circunvalación de Alicante a la estación de Alicante
Término.
No existe tampoco proyecto definitivo para la conexión en ancho internacional con el aeropuerto de
Alicante, ni con Benidorm, Dènia y Valencia.
La conexión por tren de Alicante con el Vinalopò es hoy residual, mientras que hay un servicio a San
Vicente del Raspeig que se podría ampliar hasta Villena, mejorando y ampliando los servicios.
cve: BOCG-10-D-630
Exposición de motivos
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La interconexión de la ciudad de Alicante y su puerto al Corredor Mediterráneo no cuenta a día de hoy
con un proyecto aprobado y, por tanto, tampoco presupuesto. Esto afecta a la competitividad del puerto
de Alicante y de las empresas exportadoras, pero también a la definición y mejora de la conexión por tren
de cercanías de la ciudad con Elx, la Vega Baja del Segura y Murcia. Se alargan los plazos para aprobar
los proyectos y las obras de los tramos ya iniciados, mientras no se asumen inversiones de calado en la
línea o convoyes actuales a espera de ese nuevo trazado.
Los servicios de AVE con origen y destino Alicante sufren continuos retrasos y la oferta se amplía o
reduce a Madrid y otros destinos sin una razón aparente en la rentabilidad. De hecho, a día de hoy no hay
servicios directos sin paradas entre Alicante y Madrid. El uso como cercanías por parte de personas que
hacen los trayectos Albacete-Cuenca-Albacete, comportan la pérdida de oferta entre Madrid-Alicante-Madrid.
Todo ello repercute en la calidad y, por tanto, competitividad de nuestro destino turístico.
El puerto de Alicante no cuenta con el respaldo presupuestario necesario para responder a su potencial,
tanto para el tráfico de mercancías como de pasajeros, como en turismo de cruceros. La responsabilidad
es compartida con otras administraciones, y por tanto, todos han de poner de su parte, al tiempo que se
cuenta con la ciudad, su ayuntamiento, agentes económicos, y sociedad civil, y la provincia para cumplir
con unas expectativas realizables.
Esto hace que Alicante no sea hoy un nodo de comunicación sino un nudo para la comunicación de
personas.
Esto resta competitividad a nuestras empresas del sector servicios y el turismo y no permite ejercer
nuestro papel de capital de la provincia, mas cuando esta provincia es la primera en población de España
que no tiene la capital de la comunidad autónoma, y es la única en la que su capital no supera el 30 % de
población, concretamente Alicante supone el 17,4 % de la población total de la provincia, por lo que es
fundamental su conexiones y accesos.
Es necesario que el Gobierno de España tenga una planificación clara de inversiones en la ciudad de
Alicante, convirtiéndola en un nodo de comunicación por tren, barco y autobús, además de las
interconexiones con el aeropuerto.
No se puede renunciar a la estación intermodal, ni se puede asumir los retrasos injustificados en el
Corredor Mediterráneo, como que no se haya definido ya, elaborado los proyectos, e iniciado los
procedimientos de licitación de las conexiones por vía de ancho internacional para cercanías con Valencia
por la costa y con Murcia pasando por el aeropuerto y Elx, y por vía convencional con el Vinalopó.
Y es que hay una clara discriminación de la provincia de Alicante por parte del Gobierno de España y
con ello de la ciudad de Alicante, como demuestra no la reducción de la inversión en términos absolutos,
que también, sino la inversión media por habitante en 2015, que se sitúa 187,50 euros por habitante en la
provincia, frente a una media nacional de 238.74 euros, pero que en 2012 y 2013 ha llegado a ser la mitad
de lo que se invertía de media en el conjunto de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
1. Realizar los cambios oportunos en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 para que se
equipare la inversión media por habitante del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana a la media
nacional, de tal forma que se puedan retomar las obras previstas en 2011 y que se han paralizado, así
como acelerar las obras que se han visto retrasadas por falta de dotación presupuestaria para mantener
el ritmo de ejecución establecido en la licitación.
2. Realizar los cambios presupuestarios oportunos para que en un mes se encuentren finalizadas
las obras de supresión del paso a nivel de Monzó. Si no fuera posible, se dará un calendario cierto para
la supresión total de este paso a nivel.
3. Presentar una propuesta a la Sociedad AVANT para iniciar los trámites de licitación y construcción
de la estación intermodal de Alicante, estableciendo en la misma los compromisos presupuestarios del
Gobierno de España para los próximos años y, por tanto, aportando un calendario claro de inversión
plurianual y, en su caso, de construcción por fases de la misma.
4. Introducir mejoras en la estación provisional previo acuerdo si fuera necesario con el ayuntamiento,
que entre otras comportarán las siguientes medidas a realizar en un mes desde la aprobación de la
presente:
cve: BOCG-10-D-630
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
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1) Techado de la zona de espera de taxis.
2) Mejora de acceso y salida desde el aparcamiento y zona de descarga a la avenida Salamanca, de
tal manera que se eviten los atascos en cada llegada de convoy, y estudiando la realización de nuevos
accesos al aparcamiento.
3) Mejora de la automatización del pago del aparcamiento, evitando largas colas en el pago manual
bien con mejoras informáticas o bien ampliando el personal y medios de estos.
4) Revisión de la planificación de acceso a la estación desde la A-77 y la circunvalación de Alicante,
presentando una propuesta realizable con el desarrollo completo de la estación intermodal y con la
situación actual.
5) Mejorar la interconexión del TRAM en la estación actual.
5. Concluir en 2015 la conexión entre Alicante y Valencia por línea de alta velocidad por La Encina,
sin menoscabo de que se mantengan servicios de conexión por la vía convencional que permitan mantener
y aumentar el número de servicios actuales de cercanías entre Alicante y el alto y medio Vinalopó, así
como otros municipios de la provincia de Valencia.
6. Iniciar en 2015 los trámites oportunos para que en 2016 se pudiera iniciar la licitación de:
1) La conexión por tren en ancho internacional de Alicante con Valencia por la costa.
2) Accesos del Corredor Mediterráneo al puerto de Alicante en ancho internacional.
3) La conexión por tren en ancho internacional con el aeropuerto, Elx y Murcia.
7. Aumentar los servicios de Renfe-AVE entre Alicante y Madrid, así como entre Alicante y otras
ciudades, como Sevilla o Zaragoza, no dejando espacios para la inminente liberalización, que debe
retrasarse a 2019, ocupando Renfe el nicho de mercado y negocio que según el Gobierno es atractivo
para otras empresas. Asimismo, debe retomar los dos servicios directos entre Madrid y Alicante y
establecer lanzaderas entre Albacete y Cuenca que eviten que el tráfico de pasajeros entre estas dos
ciudades colapsen más del 10 % de un convoy. Deben cambiar los convoyes a modelos más modernos y
preparados para las condiciones geográficas de la línea, por lo que todos los servicios deberían ser
prestados por convoyes S112.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Gabriel Echávarri Fernández, Herick Manuel Campos Arteseros, Federico Buyolo García y Patricia
Blanquer Alcaraz, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la obra de Adif de canalización subterránea de una línea de alta
tensión de 220.000 kW de potencia en Coira, en el límite de los Ayuntamientos de Ames y Santiago de
Compostela (A Coruña), para su debate en la Comisión de Fomento.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) inició, a mediados del mes de enero de 2015,
obras de canalización subterránea de una línea de alta tensión de 220.000 voltios de potencia en la aldea
de Coira, situada en el límite de los ayuntamientos de Ames y Santiago de Compostela (A Coruña), con el
objetivo de conectar la subestación eléctrica situada al sur de la ciudad de Santiago con la línea ferroviaria
del Eje Atlántico de alta velocidad.
La conducción subterránea de alta tensión alcanza los dos kilómetros de longitud y transcurre a
escasos metros de varias viviendas, y su ejecución está prácticamente finalizada. Sin embargo, el día 23
de enero de 2015, la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria publicó una Resolución,
de fecha 13 de enero de 2015, por la que se «somete a información pública la petición de autorización
administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de una instalación eléctrica en el
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Exposición de motivos
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Ayuntamiento de Ames (expediente IN407A 2014/2015», otorgando un plazo de veinte días para presentar
alegaciones por parte de los interesados. Posteriormente, el 4 de febrero de 2015 se publicaba otra
resolución, por parte del mismo órgano administrativo, «por la que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa previa y la autorización de construcción de una instalación eléctrica
en el Ayuntamiento de Ames (expediente IN407A 2015/20), cuyo solicitante es Adif, con la denominación
de acometida de línea eléctrica 220 kV, doble circuito a la subestación de tracción de Osebe del Eje
Atlántico de Alta Velocidad Vigo-A Coruña». Es evidente, por lo tanto, que la ejecución de la mayor parte
de esa obra se ha emprendido sin contar con la autorización administrativa del órgano sectorial competente,
al coincidir con el periodo de exposición pública del proyecto.
La asociación de vecinos de Coira presentó una denuncia ante la Fiscalía por estos hechos, al poder ser
constitutivos de delitos de prevaricación, daños y contra el medio ambiente. En el escrito presentado se
relata, además, que en una reunión mantenida el día 5 de febrero de 2015 con representantes de Adif y de
los ayuntamientos afectados se les comunicó que las obras en ejecución contaban con todas las autorizaciones
legales exigibles, extremo a todas luces falso, dado que en esa fecha aún se estaba tramitando la exposición
pública previa para otorgar la autorización administrativa de la instalación eléctrica.
Esta obra ha sido polémica desde su inicio, pues el primer trazado proyectado por Adif para conectar
la línea ferroviaria con la subestación eléctrica atravesaba el núcleo de población, lo que motivó la negativa
y movilización de los vecinos y vecinas. Como alternativa, ahora Adif plantea que la línea discurra de
forma paralela a la autovía autonómica AG-56, aprovechando terreno público marginal de dicha
infraestructura, pero que aún implica una afección seria a diversas viviendas al existir una separación de
entre 20 y 40 metros, lo que motiva la respuesta vecinal.
Este proceder es absolutamente reprochable, pues se ejecuta una obra que tiene efectos ambientales
y sobre la salud aún sin haber obtenido la oportuna autorización, al estar en tramitación e información
pública, y, lo que es más grave, se informa inverazmente a los afectados, al transmitirles que la actividad
administrativa previa está completada, cuando al mismo tiempo se publica la apertura de una información
pública previa al otorgamiento de la autorización.
Por todo ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Emplazar a Adif a paralizar la obra de canalización subterránea de una línea de alta tensión de
220.000 kW de potencia en Coira, situada en el límite de los ayuntamientos de Ames y Santiago de
Compostela (A Coruña), con el objetivo de conectar la subestación eléctrica situada al sur de la ciudad de
Santiago con la línea ferroviaria del Eje Atlántico de alta velocidad.
2. Satisfacer la totalidad de las demandas vecinales de los vecinos de Coira para soterrar esa línea
y separarla de todas las viviendas del núcleo de población.
3. Investigar, en colaboración con la Fiscalía, las responsabilidades, y las personas responsables,
por haber ejecutado los trabajos antes de haberse emitido las autorizaciones pertinentes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.—Rosana Pérez Fernández, Portavoz
Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003523
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer la gratuidad de la
autopista AP-7 en los peajes Vinaròs-Ulldecona-Alcanar y L’Hospitalet de l’Infant-Móra d’Ebre mientras no
se finaliza la autovía A-7, para su debate en la Comisión de Fomento.
cve: BOCG-10-D-630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Exposición de motivos
El tramo de la carretera N-340 a su paso por las Terres de l’Ebre, entre Hospitalet de l’Infant y Alcanar,
soporta un elevado volumen de tráfico, sobre todo de camiones y no dispone de ninguna alternativa
gratuita por autovía siendo uno de los que tiene un índice de siniestralidad más elevado de todo el Estado.
Durante los últimos días, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tortosa ha emitido un comunicado
para reivindicar la gratuidad de la autopista AP-7 entre Hospitalet de l’Infant y Alcanar como solución
temporal mientras no se haga el tramo de la nueva autovía A-7. Los vecinos apuntan en su comunicado
la pasividad y las promesas incumplidas por parte de las instituciones y los representantes políticos tanto
en Madrid como en Catalunya. El comunicado de la Federación vecinal de Tortosa llega tras la muerte la
semana pasada en un accidente de tráfico de dos vecinos del barrio de Remolins, de Tortosa. De hecho,
son ya cinco los fallecidos en el tramo mencionado de la N-340 en lo que llevamos de 2015.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones pertinentes para establecer
la gratuidad de la autopista AP-7 para los vehículos que entren y salgan de los peajes, Vinaròs-UlldeconaAlcanar y L’Hospitalet de l’Infant- Móra d’Ebre, mientras no se inicien las obras y se ponga en funcionamiento
la autovía A-7.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.—Joan
Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas doña Olaia Fernández Davila (BNG) y
doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la necesidad
de que se reparen los daños causados por las obras de ejecución del AVE a su paso por varias parroquias
de Silleda (Pontevedra), para su debate en Comisión de Fomento.
Hace meses el Ayuntamiento de Silleda remitió un informe al Adif para trasladarle las medidas
compensatorias por las obras del AVE en el entorno de la Fervenza do Toxa y en Carboeiro (Silleda,
Pontevedra).
Sin embargo, Adif se ha negado a realizar dichas medidas compensatorias en base a que se trata de
trabajos de mantenimiento que no le corresponden.
A pesar de que ahora Adif se desentienda de todo, es preciso recordar que adquirió el compromiso de
solucionar los desperfectos y daños que se produjesen por las obras del tren de alta velocidad en el tramo
Carboeiro-Dornelas (Silleda), que afectó a nueve parroquias: Saídres, Carboeiro, Ansemil, Martixe, Pazos,
Abades, Piñeiro, Dornelas y Cira.
Las obras terminaron ya hace cuatro años, y una queja genérica de los vecinos afectados es la falta
de información tanto por parte de Adif como del propio ayuntamiento que dejó pasar el tiempo.
A fin de entender el malestar existente en la población que habita en estas áreas, resulta adecuado
referirnos a algunas de las negativas consecuencias producidas por la construcción del AVE por el Ayuntamiento
de Silleda. La parroquia de Carboeiro fue dividida por la mitad, se construyó un enorme viaducto al lado del
monasterio de Carboeiro y además se instaló una subestación eléctrica de grandes proporciones.
En la parroquia de Pazos se repiten los hechos. Además del gran impacto estético en las Fervenzas
do Toxa, la parroquia también fue dividida por la mitad por el paso de la vía ferroviaria. A raíz de esto último
se han producido problemas de inseguridad para los peatones.
En el momento de ejecución de las obras se construyeron tres escombreras: dos en Carboeiro y una
en Cira, que conllevó la expropiación de terrenos que actualmente están inutilizados y que muy bien
cve: BOCG-10-D-630
Exposición de motivos
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podrían destinarse a aparcamientos para las numerosas visitas que se realizan a las cascadas (Fervenzas),
de ese modo tendrían una utilidad pública.
En esta iniciativa parlamentaria solo hacemos referencias a algunos de los más perjudiciales efectos
que las obras del AVE han causado en la zona aludida. Las actuaciones supusieron una variación
significativa de la morfología de las parroquias nombradas, así como la afectación al patrimonio natural y
artístico-cultural de Silleda.
Adif, como responsable de las obras ejecutadas, debe asumir su responsabilidad y, sobre todo, cumplir
con el compromiso adquirido en su día de compensar o arreglar los desperfectos ocasionados.
Consideramos censurable que una vez terminadas las obras el ente ferroviario se lave las manos y
opte por eludir sus responsabilidades.
Además de la cuestión referida a los terrenos, Adif debería proceder a realizar actuaciones de limpieza,
mejorar la señalización y adoptar medidas medioambientales en la zona situada entre Carboeiro y Pazos,
así como la mejora de los accesos al monasterio y a las cascadas.
Los habitantes de las parroquias enumeradas han sufrido estoicamente el impacto que supusieron las
obras del AVE, merecen cuando menos que su hábitat sea devuelto a la situación anterior o que los daños
causados sean compensados.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
— Realizar las actuaciones necesarias para reponer, rehabilitar y solucionar los daños causados por
la ejecución de las obras del AVE a su paso por el ayuntamiento de Silleda (Pontevedra), en cumplimiento
del compromiso adquirido en su día por Adif de compensar a este municipio por el impacto de las obras
en el entorno medioambiental, en las infraestructuras, en el patrimonio artístico-cultural, en las propiedades
de los vecinos y por la grave afectación a algunas parroquias que han sido divididas por dos debido al
paso de las líneas ferroviarias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.—M.ª Olaia Fernández Davila,
Diputada.—Rosana Pérez Fernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación y Deporte
161/003519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas doña Olaia Fernández Davila (BNG) y
doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley, relativa a las enseñanzas
artísticas superiores, para su debate en Comisión de Educación y Deporte.
Los centros públicos de Enseñanzas Artísticas Superiores (EEAASS) llevan tiempo demandando la
integración en el sistema universitario público a fin de que los alumnos puedan acceder a una titulación de
grado equiparable a las titulaciones existentes en Europa.
El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, que establecía la ordenación de las enseñanzas
artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 1/2006, de 3 de mayo, de educación, indicaba que las
enseñanzas artísticas deberían converger en el Espacio Europeo de Educación, con el Plan Bolonia. La
aprobación posterior de otros muchos reales decretos del año 2010, que regulaban aspectos básicos del
currículo de los estudios superiores de arte dramático, música, danza, diseño, vidrio y cerámica y
conservación y restauración de bienes culturales, señalaba asimismo la necesidad de crear un nuevo
marco organizativo para las enseñanzas de este tipo.
cve: BOCG-10-D-630
Exposición de motivos
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Sin embargo, nada se ha hecho al respecto en esta materia. A pesar del largo periplo normativo, la
LOMCE sitúa a las enseñanzas artísticas superiores en el punto de partida en que las situaba la LOGSE.
El alumnado obtiene una titulación superior equivalente a la titulación universitaria de grado. Una
titulación en vigor en el Estado español pero no en Europa, ya que la LOMCE es una normativa interna y
no europea. Por tanto, no verán reconocida su titulación de forma automática sino que tendrán que seguir
procesos de validación que no solo implican una inversión de tiempo, sino también un desembolso de
dinero. Unas circunstancias que atentan contra la igualdad de oportunidades.
Esta situación impide al alumnado poder optar a una especialización porque no se han establecido
mecanismos para la organización de estudios de postgrado que conduzcan a la obtención de títulos de
máster y doctorado, ya que el actual Máster Artístico previsto en el Real Decreto 1614/2009 no tiene
carácter universitario y no permite el acceso a los mismos como se establece el Real Decreto 99/2011. La
única posibilidad de realizar estudios de doctorado en el mismo ámbito de especialización consiste en
apuntarse en los estudios de postgrado que están organizando universidades privadas en todo el Estado.
Un flanco que están aprovechando las universidades privadas que han visto una oportunidad de
negocio y han aumentado significativamente la impartición de grados en enseñanzas artísticas. De
hecho están proliferando grados en enseñanzas artísticas en centros privados que conciertan la
oferta del título de grado con universidades extranjeras, oferta que se ha convertido en un negocio
muy lucrativo.
Los estudiantes de centros enseñanzas artísticas públicos que se trasladan a otros países europeos
a completar su formación o por cuestiones laborales, ven que a pesar de sus titulaciones superiores
deben proceder a convalidar sus estudios. Lo que traducido a la realidad implica el abono de tasas, o el
deber de cursar materias para obtener el título oficial del país de acogida.
Esta discriminación ha llevado a la creación de plataformas por todo el Estado, como la Plataformas
Galega Gola Integracion das Ensinanzas Artísticas Superiores en el sistema universitario. La finalidad es
que en la universidad pública se ofrezcan titulaciones de grado en enseñanzas artísticas como la única
forma de solucionar los problemas antes reseñados y equiparse con el resto de Europa.
Actualmente existe un desequilibrio, una desigualdad de derechos en estas materias entre quienes
estudian en los centros superiores públicos y los que pueden pagarse los grados en la privada.
Es necesario destacar que en la mayoría de los Estados del mundo las EEAASS forman parte de la
oferta universitaria. Ocurre en todos los países de América (norte y sur) y de Europa y, cuando no es así,
los centros superiores que los ofrecen están siempre adscritos a una universidad. España e Italia son la
única excepción.
La adscripción y posterior integración en la universidad de las enseñanzas artísticas superiores es una
medida necesaria que beneficiaría a la mayoría, y que respalda prácticamente toda la comunidad
educativa.
No estamos ante un trámite complejo que evitará muchos problemas futuros a los alumnos.
Sería pertinente que se iniciase una mesa de diálogo con las CC.AA. y todos los afectados de cara a
lograr dicha adscripción para el curso 2015-2016.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Educación a:
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.—Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputadas.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.
cve: BOCG-10-D-630
— Abrir una mesa de diálogo con las CC.AA. y con la comunidad educativa afectada para proceder a
la adscripción y posterior integración en la universidad de las enseñanzas artísticas superiores para el
curso próximo 2015-2016, de forma que en el sistema universitario público se ofrezcan titulaciones de
grado en enseñanzas artísticas y se equipare a la situación existente en el resto de Europa, integrándose
en el Espacio Europeo de Educación.»
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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161/003531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Desde 1931, año en que se publicaron las disposiciones pertinentes a la selección y nombramiento de
maestros nacionales, que han de actuar en escuelas del extranjero donde existan núcleos de población
española, hasta hoy se ha recorrido un largo camino. Desde entonces, diferentes normativas han legislado
para garantizar los derechos de los emigrantes y sus hijos, así como para arbitrar los mecanismos
necesarios para facilitar a los descendientes de los españoles residentes en el exterior el conocimiento de
la lengua y la cultura españolas. Tal y como se recoge en la Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre;
el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, regula la acción educativa en el exterior. Y, por otra parte, «la
Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, en su artículo 25,
señala la responsabilidad del Estado en el establecimiento de programas que faciliten a los españoles
residentes en el exterior el conocimiento del castellano».
Según indica la mencionada orden, «con este fin, la administración educativa española organiza
enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas a través de aulas creadas al efecto. A su vez,
estas aulas se ordenan en agrupaciones de lengua y cultura españolas (ALCE), cuya creación y supresión
compete al Ministerio de Educación, de acuerdo con el de Asuntos Exteriores y Cooperación.
En la actualidad estamos asistiendo a un nuevo flujo migratorio de carácter económico, motivado por
la crisis económica y financiera que estrangula nuestro país y que impide a buena parte de sus ciudadanos,
fundamentalmente a los más jóvenes, crecer y desarrollarse profesionalmente dentro de nuestras
fronteras.
En vista de que cada vez son más los ciudadanos españoles que se ven obligados a buscar un futuro
fuera de su país, es más necesario que nunca que programas como ALCE no solo se mantengan vigentes,
sino que también sean mejorados e impulsados por el Gobierno.
Pero este programa no parece que sea de interés para el Gobierno. La medida cuya puesta en práctica
se inició en septiembre de 2013 por la Administración con la reducción en un 50 % del horario de las clases
presenciales —sustituyéndolas por horas «on line» inadecuadas a todas luces para este tipo de enseñanzas
sobre todo con alumnos pequeños que comienzan los aprendizajes de lengua y cultura española, además
de la consecuente disminución del número de maestros y maestras—. Esta medida se ha mantenido en
el presente curso 2014-15, a pesar de las evaluaciones negativas del profesorado, de la oposición frontal
de las organizaciones sindicales, de las organizaciones de residentes y del Consejo de la Ciudadanía en
el Exterior, así como de las quejas de los padres y madres, que observan impotentes el deterioro en el
nivel de idioma y de acercamiento a la cultura española entre los niños del actual sistema y del vigente
hasta el 2013, que confirman el fracaso del nuevo sistema.
A pesar de ello, en septiembre de 2014, se ha extendido el sistema al segundo grado de las ALCE
(niveles B) —y tercero en algunos casos (niveles C)— sin ningún criterio pedagógico, haciendo oídos sordos
a las mencionadas evaluaciones de los equipos docentes y a las opiniones de padres y madres de alumnos
de ALCE. La información que se filtra de la propia administración española y de las ALCE en casi todos los
países, permite avanzar que para el curso próximo está previsto que esta disparatada modalidad
semipresencial se extenderá a todas las enseñanzas de forma generalizada, al nivel C.
Asimismo, el sistema informático llamado Aula Internacional (Al), presentado en el 2013, como
compensación, no logra, ni muchos menos, la calidad pedagógica de la presencia en un grupo escolar con
un maestro o una maestra. El Al presenta además una calidad muy mediocre de contenidos y un lamentable
nivel de desarrollo informático, con numerosos errores ortográficos, gramaticales, de conceptos, de
adecuación de contenidos a los niveles, de seguridad en la navegación, una metodología totalmente
inadecuada y un largo etcétera que no es aquí el lugar para enumerar.
Por último, queremos denunciar las condiciones laborales de los nuevos maestros y maestras que
prestan sus servicios en estos países extranjeros con nombramiento de interino. Los salarios son
insuficientes para vivir en los países donde están implantadas las ALCE, además de ser dudosa la forma
de convocatoria de esas plazas, desde las Consejerías de Educación y con el requisito de residencia en
el país en el momento del nombramiento, para que no se consideren desplazados a los maestros y
cve: BOCG-10-D-630
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre refuerzo en el sistema ALCE,
para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
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maestras —a pesar de ser evidente que la inmensa mayoría no lo son— y así no tenga el MECD que
abonarles el complemento que les correspondería.
Todo lo expuesto, y mucho más que se podría añadir, hace pensar que la Administración no tiene en
perspectiva un proyecto firme, serio y de calidad para el futuro de las ALCE.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para:
1. Que se recupere el horario de tres horas de clase con docencia presencial y física del maestro o
maestra existente hasta junio de 2012.
2. Que se refuerce el sistema ALCE, tanto en su calidad como en la ambición en materia de idioma
y de transmisión de la cultura a los jóvenes en el exterior. La nueva emigración de decenas de miles de
jóvenes españoles a países como Bélgica, Alemania, Francia e Inglaterra refuerza la urgencia de este
planteamiento de crecimiento de este sistema.
3. Que el profesorado destinado en las ALCE sea personal funcionario nombrado en régimen de
adscripción temporal como la propia normativa recoge.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.—María Caridad García Álvarez,
Diputada.—José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Constitución Española, en su artículo 41, establece que «los poderes públicos mantendrán un
régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad».
Por su parte, la Comisión Europea, en el marco de la Estrategia Europea 2020, se plantea el objetivo
de reducir el número de personas en situación de pobreza y exclusión social, y para ello insta a los
estados miembros a trabajar para mejorar el acceso al trabajo, a la seguridad social y a los servicios
sociales básicos.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE), en su pleno de los días 10 y 11 de diciembre de 2013
decidió aprobar una serie de conclusiones y recomendaciones para, ante la grave situación de pobreza y
exclusión social en Europa, adoptar de forma urgente un modelo político capaz de reforzar la solidaridad
y los valores sociales europeos.
Entre las recomendaciones del CESE está la necesidad de establecer una renta mínima europea para
contribuir a la cohesión económica, social y territorial, y a la protección de los derechos humanos
fundamentales, al equilibrio entre los objetivos económicos y sociales y al reparto equitativo de los recursos
y la renta.
La grave crisis económica que sufre España ha provocado el incremento del número de personas que
se encuentran por debajo del umbral de pobreza y en riesgo de exclusión social; de hecho, el descenso
estadístico del número de personas que están en situación de desempleo va acompañado del incremento
del número de personas que han dejado de percibir las prestaciones por desempleo.
Actualmente, de las 5.457.700 personas que la Encuesta de Población Activa considera se encuentran
en situación de desempleo, hay inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Estatal
cve: BOCG-10-D-630
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para regular la Renta Mínima
Garantizada de Ciudadanía, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
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Público de Empleo 4.425.691. Esta situación afecta especialmente a las mujeres que siendo el 46% de la
población activa, suponen casi el 53% de las personas desempleadas.
La tasa de cobertura de las prestaciones del desempleo en diciembre 2014 calculada sobre las
personas demandantes de empleo ha descendido hasta el 57,61%, con solo 2.417.742 personas que
perciben alguna prestación. Y de estas solo 976.785 personas, o sea, el 40,4% son beneficiarias de la
prestación contributiva, siendo el resto, o sea, el 59,6% beneficiarios de alguna modalidad asistencial
(Subsidio, Renta Activa de Inserción o Subsidio de Eventuales Agrarios). Eso significa que hay 2.029.958
personas demandantes de empleo que no perciben prestación alguna.
Las reformas del marco legal de protección del desempleo han incidido de manera directa en la caída de
la protección. Tanto en relación a las prestaciones contributivas como las asistenciales. También en
programas como el Prepara que a partir de la última reforma legal, acordada por el Real Decreto–ley 1/2013,
han sufrido una significativa reducción de su nivel de cobertura.
Esta es sin duda una de las causas, aunque no la única, del aumento de la pobreza en España, que
según datos armonizados de Eurostat asciende al 28% del conjunto de la población. Y si atendemos a la
situación de pobreza extrema también se ha producido un incremento insostenible desde un punto de vista
social y humano. Además la pobreza e incluso la pobreza extrema está alcanzado a sectores sociales que
hasta hace muy poco estaban en situación de seguridad. De manera que hoy los colectivos en los que más
está creciendo la pobreza son el parejas con hijos a cargo y familias monoparentales, fundamentalmente
mujeres.
Estamos ante una evidente cronificación de la pobreza y de la exclusión social y los poderes públicos
tienen la obligación y el mandato constitucional de garantizar, de manera real y efectiva, unas prestaciones
suficientes ante la situación de necesidad en la que vive una parte muy importante de ciudadanos y ciudadanas.
El reciente Programa de activación para el empleo, pactado con los sindicatos más representativos,
CCOO y UGT, y trasladado al Real Decreto–ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa
de Activación para el Empleo, con ser importante, es insuficiente para resolver el problema de la cronificación
de la pobreza y la exclusión social, en dos sentidos, por su carácter temporal y transitorio —solo se tiene
derecho a cobrar una ayuda económica durante seis meses y por una sola vez—, y por la misma cuantía de
la ayuda, 426 euros mensuales, en la medida que se trata de una cuantía manifiestamente insuficiente, según
el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa que ya ha tenido ocasión de indicar de forma expresa.
En el marco de imprescindible diálogo con los agentes sociales debería abordarse de forma inmediata
la solución al problema de la cronificación de la pobreza y de la exclusión social.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo máximo de tres meses un
Proyecto de Ley para regular una prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía con
las siguientes características:
a) Tendrán derecho todos los ciudadanos mayores de 18 años y los menores emancipados.
b) Que vivan legalmente en España.
c) Que carezcan de rentas, por cualquier origen, superiores a la cuantía del IPREM.
4. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía es un derecho de carácter
individual, que se modulará, en cuanto al requisito de la carencia de rentas y a la cuantía económica
básica de la prestación económica, en función de las diferentes situaciones, ya sean personas que vivan
solas o en núcleos familiares o de convivencia.
cve: BOCG-10-D-630
1. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía es una prestación no
contributiva del sistema público de la Seguridad Social que tiene por objeto hacer frente al estado de
necesidad en que se encuentren los ciudadanos.
2. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía tiene por finalidad armonizar
en todo el Estado el acceso a una misma prestación para hacer frente al estado de necesidad de los
ciudadanos.
3. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía es un derecho subjetivo de
los ciudadanos que se encuentren en estado de necesidad, al que se accederá si se cumplen los requisitos
predeterminados por la ley, y sin que esté sujeto a disponibilidades de carácter presupuestario.
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5. La cuantía económica que conforma el límite de carencia de rentas, como requisito de acceso al
derecho, conformará también la cuantía básica de la prestación económica de renta mínima garantizada
de ciudadanía.
6. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía tiene un carácter
suplementario de cualquier tipo de rentas que pueda percibir el ciudadano, por cualquier origen.
7. El derecho a la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía comportará
también el derecho del beneficiario a acceder a programas de inserción profesional, laboral o social en
función de las características de cada persona.
8. La persona beneficiaria de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía
no podrá rechazar, durante la percepción de la prestación, una oferta de trabajo adecuada. Se regularan
los supuestos en que el beneficiario de la renta mínima garantizada de ciudadanía podrá percibir ingresos
derivados del trabajo, sin por ello perder el derecho a la prestación y las condiciones de esta compatibilidad
parcial y temporal.
9. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía se financiará con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
10. El reconocimiento y gestión de la prestación económica de renta mínima garantizada de
ciudadanía corresponderá a las Comunidades Autónomas, en colaboración con los servicios sociales
básicos de las administraciones locales, en los términos fijados por la ley.
11. La regulación de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía se realiza
sin perjuicio de la competencia de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de la asistencia social, para
establecer prestaciones económicas de naturaleza complementaria y para atender a la misma finalidad.
12. El establecimiento de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía, como
prestación no contributiva del sistema público de la Seguridad Social, comportará la supresión de las
prestaciones o ayudas de carácter económico, a cargo de la Administración General del Estado, existentes
con la misma finalidad, sin perjuicio de las previsiones de carácter transitorio que deban establecerse.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.—Joan
Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha de un Plan de Empleo Urgente para
Castilla-La Mancha, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Según la última Encuesta de Población Activa publicada, relativa al 4.º trimestre de 2014, la población
activa en Castilla-La Mancha alcanza la cifra de 993.500 personas, lo que implica una disminución
de 8.400 activos respecto del trimestre anterior, el 0,84%, con una caída en los últimos doce meses
de 15.400 personas, un 1,52%.
Con estos datos, Castilla-La Mancha se sitúa en la cuarta Comunidad Autónoma con mayor pérdida de
población activa en el último año en términos absolutos y la tercera en términos relativos de toda España.
El número de ocupados en Castilla-La Mancha se sitúa en 710.300 personas, con un descenso de
6.100 personas ocupadas en relación al trimestre anterior, esto es un 0,85%, siendo la Comunidad
Autónoma que mayor descenso presenta en la tasa de variación anual de la ocupación. Es, pues, la
Comunidad Autónoma donde más empleo se destruyó en el último año.
Es más, es la Comunidad Autónoma con mayor pérdida de ocupados en los últimos tres años. Y también
la Comunidad Autónoma donde más empleo público se ha destruido: 31.000 empleos públicos destruidos.
La cifra de parados en Castilla-La Mancha es de 283.100 personas, con una tasa de paro del 28,5%,
casi cinco puntos por encima de la tasa de paro nacional, situada en el 23,7%. Es la cuarta tasa de paro
más elevada de toda España.
cve: BOCG-10-D-630
Exposición de motivos
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La tasa de paro entre las mujeres es del 33,25%, frente al 24,74% de media, es decir, más de ocho
puntos y medio porcentuales por encima, la tercera tasa de paro femenina más alta; mientras que la tasa
de paro de los hombres también se sitúa en más de dos puntos porcentuales por encima de la
media (22,80%).
A estos datos hay que añadir que Castilla-La Mancha presenta la tasa de paro juvenil más alta de toda
España, con un 62,32% de desempleo de personas menores de 25 años. Y si acotamos a las personas
menores de 20 años, esta tasa de paro supera el 82,25%, también la más elevada de todas las Comunidades
Autónomas.
Los parados de larga duración, es decir, aquellos que llevan más de un año en desempleo, superan el
65% del total de parados. Y si llevan más de dos años en desempleo esta cifra alcanza el 45% del total.
Con estos datos, Castilla-La Mancha se sitúa en la segunda Comunidad Autónoma que tiene el porcentaje
de parados de larga duración más elevado.
Si atendemos a los datos relativos a la tasa de protección, en Castilla-La Mancha solo uno de cada
cuatro parados recibe prestaciones, un 28,5%, cinco puntos menos que en el cuarto trimestre de 2013,
que era un 33,7%, y diez puntos menos que en 2011. Hay más de doscientas mil personas paradas que
no perciben ninguna prestación, 201.859. Y las mujeres tienen una tasa nueve puntos inferior a la de los
hombres. Pero son los jóvenes menores de 30 años los que menor tasa de protección tienen: solo uno de
cada trece percibe prestación, el 8,3%. Desde 2011 esta tasa de protección ha caído 12 puntos.
En tres años el gasto en prestaciones por desempleo ha caído más de un 30% y el número de
beneficiarios ha descendido en 27.653 personas, un 20%.
Además, en Castilla-La Mancha 85.600 hogares tienen todos sus miembros activos en paro, lo que
representa el 15% del total de los hogares de esta Comunidad Autónoma.
Siendo esto así, urge la adopción de medidas que posibiliten el reforzamiento de las políticas activas
de empleo que frenen la sangría que en pérdida de empleo viene sufriendo esta Comunidad Autónoma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha un plan urgente y excepcional de
apoyo al empleo en Castilla-La Mancha, con dotación económica suficiente y con los recursos materiales
y personales que permitan su desarrollo eficiente.
A tal efecto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Administración General del Estado
suscribirán un convenio de colaboración en el que se determine la aportación económica que permita
llevar a cabo actuaciones para la inserción laboral de, al menos, 60.000 personas paradas, con inclusión
de un plan específico para el empleo de mayores de 45 años, con medidas específicas para incrementar
la participación laboral de las mujeres, y para jóvenes, potenciando los convenios con empresas durante
y una vez finalizado sus estudios.
Dicha aportación económica tendrá como destino el reforzamiento de las políticas activas de empleo
en Castilla-La Mancha y, en particular, el impulso de las acciones desarrolladas por las unidades de
orientación, los promotores de empleo y, en el ámbito del desarrollo local, aquellas llevadas a cabo por los
agentes locales de promoción de empleo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.—Alejandro Alonso Núñez e Isabel
Rodríguez García, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
cve: BOCG-10-D-630
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siguiente Proposición no de Ley para el impulso de la eficiencia energética, para su debate en Comisión
de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Los países de nuestro entorno han identificado la transición energética como uno de los grandes retos
políticos y económicos a los que se enfrentan. La crisis económica que estamos atravesando ha
demostrado que el actual patrón de crecimiento de nuestro país no es sostenible ni siquiera en momentos
de expansión por lo que es preciso estrategias a medio y largo plazo hacia otro modelo más sostenible
competitivo y avanzado.
Entre todos debemos impulsar esta transición hacia un nuevo modelo energético que gire en torno a
dos ejes fundamentales: la eficiencia energética y las energías renovables. Debemos lograr un sector
energético que sea motor de innovación, desarrollo y creación de empleo, reduciendo nuestra dependencia
de los combustibles fósiles, mayoritariamente importados y que representan un 75% de la energía que
consumimos, impulsar el autoabastecimiento, fortalecer nuestra seguridad de suministro y combatir el
cambio climático.
La energía más limpia, más barata y con suministro más seguro es la que no se consume. La apuesta
por el ahorro y la eficiencia energética debe ser uno de los ejes básicos sobre los que vertebrar una
política orientada a consolidar un modelo energético competitivo, fundamental para el desarrollo de
nuestras empresas y las economías familiares.
Para un país que todos los años pierde el equivalente a un 5 por 100 de su PIB en favor de los países
productores de petróleo y de gas, esta no debería ser una cuestión baladí, y mucho menos en un entorno
de alto endeudamiento público y privado y alta intensidad energética. La aplicación inmediata de medidas
de eficiencia energética permitiría a su vez compatibilizar la reducción del gasto público y privado, con la
generación de nuevos modelos de negocio y nichos de empleo que ayuden a construir un futuro de
crecimiento sólido, responsable y sostenible.
El voto en contra del Partido Popular a la directiva europea sobre eficiencia energética o los importantes
recortes sufridos por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) demuestran que las
políticas de ahorro y eficiencia energética no están entre las prioridades del actual Gobierno, ignorando
las oportunidades que ofrece la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética aprobada en el
Parlamento Europeo en octubre de 2012 y cuyo objetivo primordial es lograr el objetivo de ahorro energético
previsto para 2020.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
— Dotando al Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético de los recursos necesarios para
continuar aplicando una estrategia de ahorro y eficiencia energética, con la participación de Comunidades
Autónomas y Municipios, que se sitúe entre las prioridades de nuestra política energética.
— Renovando nuestro parque de viviendas, para incrementar la eficiencia energética de las mismas.
Con este fin, el Gobierno aprobará un Plan estratégico que incluirá actuaciones preferentes para viviendas
habitadas por familias en situación de pobreza energética y fomentará la incorporación de energías
renovables que puedan reducir el consumo y la dependencia energética de dichas viviendas.
— Implementando las medidas necesarias para impulsar y consolidar en el medio plazo un mercado
de servicios energético.
— Impulsando cambios sustanciales en nuestros patrones de movilidad, basados actualmente en un
uso intensivo del automóvil privado, apostando como una de las claves del ahorro energético en la
movilidad sostenible, en la que el transporte público juega un papel fundamental.
— Aprobando una normativa de autoconsumo con balance neto para transitar hacia un modelo
energético que ponga a la ciudadanía en el centro del proceso de producción y consumo de electricidad.
— Apostando decididamente por las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética,
procediendo a revisar toda aquella normativa que se oponga al crecimiento de las energías limpias o a la
cogeneración como herramienta clave para la competitividad de la industria española.
— Fomentando la reducción del consumo energético en el ámbito de las Administraciones Públicas.
cve: BOCG-10-D-630
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a transponer de manera inmediata la Directiva 2012/27/UE
relativa a la eficiencia energética y hacerla cumplir en todos sus puntos:
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— Aprobando cuantas medidas sean necesarias para favorecer una interiorización de la cultura del
ahorro y la eficiencia energética entre ciudadanos, administraciones públicas y empresas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.—María Pilar Lucio Carrasco y José
Segura Clavell, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003524
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Don Pedro Quevedo Iturbe y doña Ana María Oramas González-Moro, Diputados de Coalición
Canaria-Nueva Canarías, integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados presentan, para su debate
en esa Comisión, la siguiente Proposición no de Ley para la revisión del cupo de capturas del atún rojo
asignado a Canarias.
La recomendación de la pesca del atún rojo viene recogida en el Plan de Recuperación de esta
especie, que se fundamenta en las recomendaciones que, para su conservación, adopta la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, las cuales han sido incorporadas a la normativa
de la UE, mediante distintos Reglamentos en los que se fijan las cuotas de capturas asignadas a los
distintos Estados miembros y se les insta a elaborar un plan de pesca anual propio.
El reparto de la cuota debiera situarse para Canarias en torno al 9% de la cuota asignada al Estado
español, y no en 1,21 % que recoge la regulación actual, beneficiando a las flotas de otros países europeos
en detrimento de las españolas, que además se saltan los cupos cuando les conviene. Si bien es cierto
que estos cupos se discuten en Europa, también es cierto que el Gobierno español no ha defendido los
intereses del sector pesquero, actuando con preocupante debilidad.
Desde el año 2008, el sector pesquero canario, representado por las diferentes cofradías de
pescadores, ha reivindicado el incremento de la cuota asignada a Canarias y que se dé cumplimiento
efectivo a los criterios de reparto del artículo 27 de la Ley de Pesca Marítima del Estado.
El trabajo realizado por el sector pesquero canario ha dado algún resultado, Sirva como ejemplo el
año 2013 donde la Comisión internacional antes mencionada, permitió salir a pescar exclusivamente el
atún rojo durante los meses en que este tipo de pez pasa por el archipiélago, en mayor cantidad entre los
meses de febrero a junio, por lo que en la Comunidad Autónoma de Canarias se pasó de practicar la pesca
accidental del atún rojo a la denominación de pesca dirigida, tras años de reivindicaciones del sector.
Sin embargo, no podemos entender este logro como una victoria, pues poco podemos celebrar que te
permitan capturar atún rojo a su paso por Canarias, si te limitan el cupo de capturas a cantidades de
insulto. Y es que la reivindicación que Nueva Canarias, ha llevado por todas las instituciones canarias, y
por el Congreso de los Diputados, siempre se ha tropezado con el portazo que el Gobierno del Partido
Popular le ha dado a esta justa reivindicación de los marineros canarios.
Como sabemos, la cuota de capturas del atún rojo asignada para España ha sido de 2.500 toneladas,
de las cuales 52 han sido para nuestro archipiélago.
Sin embargo, la Unión Europea ha incrementado a 2.994 toneladas, un 17% más que en la campaña
pasada, la cantidad asignada al Estado español. No obstante el Gobierno del PP, ha sido incapaz de dar
respuesta a lo que ya es una reivindicación histórica del sector pesquero en Canarias, pues solo ha
incrementado el cupo para las capturas canarias en 48 toneladas más, muy lejos de las 250 que solicita
el sector.
El criterio de reparto, el histórico, pone de manifiesto que lo que le corresponde a Canarias son 900
toneladas, pero el Gobierno español prefiere seguir castigando a un sector que es de los más respetuosos
con los recursos naturales.
cve: BOCG-10-D-630
Exposición de motivos
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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La realidad ha puesto de manifiesto que el Gobierno del Partido Popular no está a la altura de las
circunstancias, ni es capaz de respetar lo que en materia de reparto establece la legislación de aplicación.
Es cierto que Europa acuerda la cantidad que le corresponde a cada Estado, pero también lo es que
cada Estado es el que debe repartir su cuota entre las comunidades. El Gobierno español viene
incumpliendo la legislación europea de forma sistemática, ya que la cuota debe ajustarse, como hemos
indicado en el cuerpo de la presente, a los criterios de reparto de posibilidades de pesca, tal y como
recoge el artículo 27 de la Ley 3/2001, de la Pesca Marítima del Estado.
Por todo lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«1. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
a que proceda, de forma inmediata, a la reasignación de la cuota de pesca de atún rojo, en estricto
cumplimiento del artículo 27 de la Ley 3/2001, de la Pesca Marítima del Estado, hasta llegar, como mínimo,
al 10% de las 2.994 toneladas asignadas para todo el Estado español.
2. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a
que ese 10% se mantenga de forma constante durante las próximas campañas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.—Pedro Quevedo Iturbe y Ana María
Oramas González-Moro, Diputados.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
161/003532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Olaia Fernández Davila (BNG), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para que se aumenten las cuotas de anchoa para el sector pesquero de
cerco gallego, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El BNG se ha dirigido en diversas ocasiones al Ministerio de Agricultura por lo que siempre hemos
considerado una injusticia en materia de pesca. Nos referimos al reparto realizado a comienzos del
año 2013 de las cuotas de pesca de anchoa.
El Gobierno decidía asignar a la flota del Golfo de Cádiz el 98,86% de la anchoa asignada al Estado
español en la zona IXa. Al cerco gallego sólo se le otorgaba el 1,14%.
Una decisión que supuso un duro revés para la flota de cerco gallega, de gran peso en la pesca de
nuestro territorio y también en el conjunto de la pesca del Estado español.
Después de continuas movilizaciones, protestas y reclamaciones por parte del sector, el entonces
Secretario General de Pesca se comprometió a procurar cuota en otras zonas. Sin embargo, el tiempo ha
transcurrido y las gestiones del Ministerio para que la flota de cerco de Galicia pudiese contar con más
cuota de anchoa brillan por su ausencia.
La zona IXa no solo comprende aguas de Andalucía sino que también engloba aguas de Galicia que
van hasta Fisterra. Aspecto que motiva todavía más la reclamación del sector pesquero gallego para
lograr mayores capacidades pesqueras. El cerco considera que es hora de que el Ministerio se ponga
manos a la obra después de que hayan transcurrido dos años en esta situación, y pide que adopte las
medidas necesarias para otorgarle más cuota de anchoa que le permita pescar en la costa de Fisterra.
Dado el tiempo transcurrido, consideramos oportuno que el Ministerio solucione cuanto antes este
desequilibrio y ponga fin a una injusticia pesquera.
En la actualidad cuando los pescadores gallegos quieren capturar anchoa en las aguas de Fisterra,
ocurre que se les descuenta de las cuotas que poseen en otras especies como la sardina, la xarda, el
jurel. Cuotas ya de por sí muy mermadas. Con lo cual, hagan lo que hagan siempre salen perdiendo y
sufren consecuencias funestas para sus economías y su actividad pesquera.
cve: BOCG-10-D-630
Exposición de motivos
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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Podríamos decir que el cerco vive bajo una constante presión y sometido a continuas reducciones de
cuotas. A tal punto llega su situación que ahora mismo sólo les queda el recurso de la protesta. De hecho,
han convocado una serie de movilizaciones y manifestaciones para demandar mayores capacidades
pesqueras que garanticen su viabilidad futura.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura a:
— Aumentar las cuotas de pesca de anchoa para el sector de cerco gallego, muy perjudicado por el
reparto de las cuotas realizado por el Ministerio en el año 2013 que sólo le otorgó el 1,14% de las
capacidades de pesca, a pesar de que la zona IXa comprende aguas de Galicia en el área de Fisterra.
— Compensar con más cuotas de otras especies como la xarda, el jurel o la sardina al sector de cerco
gallego que, últimamente es objeto de constantes reducciones en sus capacidades pesqueras,
circunstancia que está mermando su actividad y perjudicando su viabilidad futura.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.—M.ª Olaia Fernández Davila,
Diputada.—Rosana Pérez Fernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la atención de la infancia ante el brote de ébola en África Occidental, para su debate en la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La garantía de la promoción y la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia son
obligaciones ineludibles para los poderes públicos, ya que el menor, por su falta de madurez física y
mental, necesita una atención específica.
El pasado 20 de noviembre de 2014, se celebró el 25.º aniversario de la Convención de la Organización
de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Veinticinco años en los se han producido importantes
avances en muchos aspectos de la infancia, tanto desde el punto de vista de su protección jurídica, como
de la creación de estructuras y organismos de protección. Dicho tratado fue ratificado por España en
consonancia con el artículo 39 apartado 4 de la Constitución Española, donde se reconoce que «los niños
gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos».
La preocupación sobre la protección de la infancia no solo se limita al territorio nacional, como queda
patente en el cuarto de los ocho Objetivos del Milenio (ODM) fijados en la sede de Naciones Unidas de
Nueva York en 2000, mediante el cual los Estados se comprometen a «reducir la mortalidad de los niños
menores de cinco años» hasta 2015.
Como ejemplo concreto, el brote del virus del ébola está afectando y haciendo sufrir a muchos niños
y niñas. Según las primeras estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), al
menos 3.700 niños en Guinea Conakry, Liberia y Sierra Leona han perdído a uno o ambos progenitores
por culpa del ébola desde el inicio del brote epidémico a finales de 2013. Además, y también de acuerdo
con Unicef, muchos menores más están siendo rechazados por sus familiares por temor a la infección.
Consciente de esta realidad, el Gobierno ha mostrado su interés en la materia aprobando en Consejo
de Ministros, entre otras medidas, el Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos Departamentos
ministeriales, comprometiendo fondos para hacer frente a las necesidades derivadas del brote del ébola
tanto dentro como fuera de España.
cve: BOCG-10-D-630
Exposición de motivos
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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Estos créditos extraordinarios pretenden servir para hacer frente tanto a los gastos generados hasta
ahora, como a las necesidades asistenciales que pudieran producirse en el futuro en nuestro país, así
como para dar continuidad a la colaboración con los países más afectados por el virus.
La contribución al exterior realizada por España hasta octubre ascendía a más de tres millones de
euros, aunque tras la aprobación del Real Decreto–ley 14/2014, se vio incrementada en siete millones de
euros más para reforzar la capacidad de tratamiento de la enfermedad en Liberia, República de Guinea y
Sierra Leona y financiar medidas de contención en países limítrofes como Guinea-Bissau, Costa de Marfil,
Malí y Senegal.
Por todo lo expuesto, y poniendo en valor el reconocimiento que la Organización Mundial de la Salud
hizo oficial el pasado 2 de diciembre de 2014, por el cual España fue declarada país libre de ébola, el
Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer como objetivo prioritario, mediante los
créditos disponibles y destinados a la ejecución de las políticas de cooperación internacional para el
desarrollo, la atención de las necesidades de la infancia que se derivan del brote de ébola en África
Occidental.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/003529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a impulsar medidas de lucha contra la violencia de género y actuaciones que promuevan
la igualdad entre mujeres y hombres en los programas de responsabilidad social empresarial, para su
debate en la Comisión de Igualdad.
La responsabilidad social empresarial se entiende como el conjunto de compromisos de carácter
voluntario que una empresa adquiere con la finalidad de mejorar su entorno laboral, social, económico y
ambiental. Esta estrategia de negocio además de mostrar un fuerte compromiso social, supone un retorno
económico fundamental ya que mejora su situación competitiva y le otorga un importante valor añadido.
Bajo esta denominación se engloban prácticas, programas y actuaciones que manifiestan la
responsabilidad ética de la empresa, no sólo cumpliendo con rigor lo que el marco legislativo establece en
materia social, económica o medioambiental, sino incorporando ejercicios diferentes que singularicen su
capacidad de mejorar su entorno. De esta manera, en la responsabilidad social empresarial tienen cabida
actuaciones cuyo objetivo, entre otros, es mejorar las condiciones laborales y de salud de los trabajadores
y trabajadoras, respetar los derechos humanos, establecer un mayor compromiso con la igualdad y la
diversidad y favorecer el desarrollo profesional y humano del personal de la empresa.
Desde finales del siglo pasado el Gobierno de España ha trabajado activamente por la incorporación
del principio de igualdad y la eliminación de la violencia de género en el ámbito de la empresa, a través de
diversas actuaciones y la creación de diferentes sellos de calidad para destacar a aquellas empresas
modelo en el impulso de este tipo de acciones.
Posteriormente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y
Hombres, establece en su título VII sobre la responsabilidad social empresarial, actuaciones que promuevan
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en el seno de la empresa y en su entorno social.
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Exposición de motivos
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Está generalmente asumido que promover actuaciones de este tipo dentro de las empresas mejora su
reputación como marca, retiene el talento profesional, fideliza a trabajadores y trabajadoras e incrementa
la productividad a través de la satisfacción de estos, que se sienten más motivados y vinculados
emocionalmente con la empresa para la cual desarrollan su actividad profesional.
Asimismo, en el área de violencia de género el Gobierno ha implantado el Programa de Empresas por
una Sociedad Libre de Violencia de Género, suscribiendo convenios de colaboración en materia de
sensibilización y de inserción socio-laboral de mujeres víctimas con un total de cincuenta y seis empresas
adheridas, hasta la fecha.
A ello cabe añadir que el 24 de octubre de 2014, se aprobó la Estrategia Española de Responsabilidad
Social de las Empresas 2014-2020 que se articula en diez líneas de actuación. Una de ellas es la gestión
responsable de los recursos humanos y fomento del empleo. En este ámbito, figuran medidas dirigidas a
favorecer la igualdad de oportunidades y la diversidad en las plantillas, la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres, actuaciones cuyo objetivo es facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral de los trabajadores y trabajadoras, la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades
familiares y pautas que mejoren las condiciones laborales de las mujeres víctimas de violencia de género.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el ámbito de sus competencias y en
colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales, actuaciones que promuevan la
igualdad entre hombres y mujeres y medidas de lucha contra la violencia de género en el ámbito de la
responsabilidad social empresarial, por entender que se trata de un campo idóneo para alcanzar resultados
en la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores y en la situación del entorno
social y empresarial.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a protocolos de actuación para la detección de casos de violencia de género en el ámbito
educativo, para su debate en la Comisión de Igualdad.
La gran problemática de la violencia de género en nuestra sociedad, hace imprescindible maximizar
todos nuestros esfuerzos para concienciar a mujeres y hombres desde edades muy tempranas con el fin
de que puedan aprender a reconocer y diagnosticar la realidad de cualquier comportamiento violento
hacia las mujeres.
Es fundamental ofrecer a los menores una formación en valores, donde la igualdad entre mujeres y
hombres ocupe un lugar prioritario y se rechacen actitudes machistas que provienen del pasado o acciones
violentas contra las mujeres.
Dentro del ámbito educativo, los colegios son lugares donde los niños y adolescentes desarrollan gran
parte de su vida infantil y juvenil, por lo que han de convertirse en centros de referencia donde se les
inculquen principios y valores como la libertad, la igualdad, el respeto y la dignidad de las personas.
En este sentido, la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 2, establece entre sus fines: «la
educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres» y «la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos».
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Por ello, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa (LOMCE) y el Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria,
recogen distintos elementos que permiten el abordaje de la prevención de la violencia de género así como la
resolución pacífica de conflictos, desde la premisa de que para la consecución de una sociedad libre de violencia
contra la mujer es necesaria la promoción, desde la infancia, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Asimismo, se impulsa la promoción entre el alumnado de actividades de información, campañas de
sensibilización, acciones formativas y cuantas otras sean necesarias para la promoción de la igualdad de
oportunidades y la no discriminación, en especial entre mujeres y hombres y personas con algún tipo de
discapacidad.
Por otra parte, el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece,
dentro de la organización de los centros educativos la regulación de los Planes de Convivencia que
establecen una programación para el buen funcionamiento de la convivencia en las aulas así como
actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención
de la violencia de género, igualdad y no discriminación.
En este sentido, y según lo establecido en estos planes de convivencia sería necesario que los centros
educativos cuenten con protocolos específicos de actuación para detectar casos de violencia de género
en el ámbito escolar y poder actuar en consecuencia de una forma pacífica. Todos los esfuerzos y medidas
que se apliquen dentro de los centros educativos en este sentido ayudarán a prevenir y erradicar el
problema de la violencia de género en edades tempranas.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la elaboración de protocolos para la
detección de casos de violencia de género en el ámbito escolar donde se establezcan los procedimientos
a seguir cuando se tenga conocimiento, o la sospecha, de que se produce una situación de violencia de
género en las aulas, con el fin de conocer las actuaciones más adecuadas para determinar el problema,
atajar las consecuencias y evitar la aparición de otros casos. Y asimismo, se siga estimulando la educación
en valores como el respeto y la igualdad entre géneros.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al
artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su
conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2015.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
181/003075
Grupo Parlamentario Mixto-Foro
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Enrique Álvarez Sostres.
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Comisión de Fomento
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Texto:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para la inclusión urgente y prioritaria del corredor ferroviario de
ancho internacional Palencia-Gijón entre los proyectos susceptibles de cofinanciación europea con
cargo a los fondos conocidos como «Juncker», a los efectos de asegurar los objetivos fijados por el
Gobierno desde el año 2000 para alcanzar una red homogénea e integrada que posibilite el equilibrio
territorial y permita la conexión intermodal ferrocarril-autopista del mar, clave para el desarrollo
económico y social de Asturias y de las comunidades colindantes, habida cuenta de que se cumplen los
requisitos solicitados?
cve: BOCG-10-D-630
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2015.—Enrique Álvarez Sostres, Diputado.
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