1. Espiritual

CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
X LEGISLATURA
Año 2014
Núm. 236
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PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 221
celebrada el jueves 30 de octubre de 2014
Página
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
— Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión
Europea. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 86-1, de 21 de marzo
de 2014. (Número de expediente 121/000086) ...................................................................
3
— Proyecto de ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales
y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 88-1, de 21 de marzo de 2014. (Número
de expediente 121/000088) ..................................................................................................
3
— Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 81-1, de 21 de febrero de 2014. (Número de expediente 121/000081) .................
12
— Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Bahrein
sobre cooperación en el ámbito de la defensa, hecho en Manama el 1 de mayo de 2014.
«BOCG. Cortes Generales», serie A, número 319, de 19 de septiembre de 2014.
(Número de expediente 110/000135) ..................................................................................
19
— Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española y
portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de España y la República
Portuguesa, hecho en Bruselas el 24 de marzo de 2014. «BOCG. Cortes Generales»,
serie A, número 320, de 19 de septiembre de 2014. (Número de expediente
110/000136) ...........................................................................................................................
19
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) .......................................
23
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Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
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Enmiendas del Senado. (Votación) ..........................................................................................
23
Votación de conjunto ................................................................................................................
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Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
(Votación) ...................................................................................................................................
24
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la mañana.
Página
Enmiendas del Senado .............................................................................................................
3
Página
Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión
Europea .................................................................................................................................
3
Página
Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y
consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea .......................
3
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario
Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora
Baena Azuaga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Página
Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil .................................................................
12
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario
Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras De las Heras Ladera, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); así como los señores Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista,
y Ruano Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Página
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ......
19
Página
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Bahrein sobre
cooperación en el ámbito de la defensa, hecho en Manama el 1 de mayo de 2014 .............
19
Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española y
portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de España y la República
Portuguesa, hecho en Bruselas el 24 de marzo de 2014 .................................................
19
Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
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Democracia; los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sáez Jubero, del Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Miguélez Pariente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) .......................................
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Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre las actuaciones adoptadas y las que tiene previsto adoptar el Gobierno
frente al virus del Ébola, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, se aprueba por 202 votos a favor y 117 abstenciones.
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Enmiendas del Senado. (Votación) ..........................................................................................
23
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reconocimiento mutuo de
resoluciones penales en la Unión Europea, son aprobadas por 315 votos a favor y 4 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica sobre intercambio de
información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión
Europea, son aprobadas por 313 votos a favor y 6 abstenciones.
Página
Votación de conjunto ................................................................................................................
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Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 293 votos
a favor más 1 voto telemático, 294, 5 en contra y 20 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado proyecto de ley por la que se modifica el Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, son aprobadas por 172 votos a favor, 144 en contra
y 3 abstenciones.
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Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.
(Votación) ..............................................................................................................................
19
Sometidos a votación separada los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el
orden del día, son aprobados.
Se levanta la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES
PENALES Y CONSIDERACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES EN LA UNIÓN
EUROPEA. (Número de expediente 121/000088).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
En esta sesión vamos a debatir enmiendas del Senado. Como se trata de una ley orgánica, habrá una
votación de totalidad, por lo que les adelanto que esa votación no será antes de las once y media, aunque
espero que sea muy cerca de esa hora.
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— PROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA
UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000086).
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El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero anticipar que
Amaiur, al igual que hizo en el Senado con relación a estos proyectos de ley, se abstendrá en su votación.
No obstante, es cierto que este proyecto de ley —en este caso me refiero al de reconocimiento mutuo de
resoluciones penales—, y más que este proyecto de ley, los textos europeos y las decisiones marco que
dan origen al proyecto y a la filosofía del mismo, dan pie a reflexiones interesantes y a otras que hemos
visto en la prensa que no lo son tanto. Como decía, dan pie a unas cuantas reflexiones que merecen la
pena y nosotros nos vamos a centrar en una de ellas, porque consideramos que tiene una trascendencia
política y social importante en el momento político que vivimos en Euskal Herria, que está relacionada con
la política penitenciaria del Gobierno español y en concreto con su política de dispersión de presos y
presas. En este sentido y en esta materia es cierto que se pueden hacer unas cuantas apreciaciones a
estos proyectos de ley y a estos textos europeos, pero hay uno de ellos que creemos que además de
innegable es inapelable, y es aquel que hace referencia a que los presos y presas deberán cumplir sus
condenas en aquellos lugares en los que se garantice el arraigo social, cultural, lingüístico y familiar.
Esta no es una cuestión que sea fruto de la interpretación que hace Amaiur —o en este caso Iker Urbina—
de estos textos; no, esto es algo que aparece textual en una de las decisiones marco que originan este
proyecto de ley que hoy se debate aquí, la decisión marco 2008/909, que, como decía, expresamente se
refiere en esos términos, tanto en el articulado como en la exposición de motivos, al cumplimiento de las
condenas. Esta es una decisión marco que, por medio de este proyecto de ley, el derecho español la hace
propia, más allá de la obligatoriedad que pudiera tener, aunque expresamente no se hiciese la referencia
que se hace en el proyecto de ley en ese sentido. Creemos además, como decíamos, que es unívoca, no
tiene ninguna otra interpretación, es clara, es diáfana y además es parte de la esencia —por lo menos en
el cumplimiento de las condenas privativas de libertad— del propio proyecto de ley que hoy aquí se
analiza y que por su naturaleza trasciende no solo el cumplimiento de las condenas impuestas en países
extranjeros sino también las propias.
Por lo tanto, señorías, en este concreto ámbito nos encontraríamos con una disposición de obligado
cumplimiento que nos lleva desde Amaiur a hacer una reclamación clara, en primer lugar, al Gobierno,
pero también a los diputados y las diputadas del Partido Popular y del Partido Socialista. Una reclamación
para que apoyándose, si se quiere, en este proyecto de ley, se ponga fin de una vez por todas a la política
de dispersión de presos y presas. Si quieren, no lo hagan ustedes porque es una política, la penitenciaria,
que vulnera derechos, que lo es y además ustedes son conscientes de que es así —esta política se ha
llevado por delante, como mínimo, a dieciséis personas y ha dejado a cientos de personas heridas en
cientos de accidentes; son cientos las personas que semanalmente tienen que desplazarse miles de
kilómetros para poder visitar a sus familiares y amigos presos—, sino porque fundamentalmente esta
política penitenciaria sigue siendo un riesgo constante para que crezca el número de víctimas en Euskal
Herria, y creo que todos estaremos de acuerdo en que ya tenemos suficientes víctimas. Pero si quieren,
tampoco lo hagan porque la inmensa mayoría de la sociedad vasca se ha pronunciado claramente en
contra de esta política de dispersión y ha exigido una y otra vez a los Gobiernos de España, de uno y otro
color, que se pusiera fin a la misma, abarcando todo el abanico político, social y sindical de la realidad
vasca. Esto lo digo yo pero se lo pueden preguntar ustedes también a los diferentes diputados vascos que
tienen en sus formaciones políticas, y también pueden analizar la hemeroteca para constatar esta realidad.
Sin ir muy lejos, el pasado viernes, en Bayona, personalidades representativas de todo el abanico político
de Ipar Euskal Herria —desde el UMP, al PSF, a la izquierda abertzale— firmaron un manifiesto, que invito
a todos los diputados y diputadas a que lo lean con interés porque creo que realmente aporta mucho al
momento político que vive Euskal Herria, que, entre otras cosas, venía a exigir el fin de la política
penitenciaria. Por lo tanto, ahí tenemos también la constatación de eso que decía de que una mayoría
social de todo el abanico político respalda esta reivindicación. Pero, si quieren, tampoco se agarren a eso;
tampoco se agarren, si quieren, a que una mayoría de instituciones vascas, desde ayuntamientos hasta
el Parlamento Vasco —la última ocasión el pasado 5 de mayo, en una proposición no de ley— se han
pronunciado en los mismos términos exigiendo el fin de la política de dispersión de presos y presas
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Comenzamos, por tanto, con las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y al proyecto de ley orgánica sobre
el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales
en la Unión Europea, que trataremos conjuntamente. En primer lugar, para fijación de posiciones, por el
Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Urbina.
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vascas. Si quieren, justifíquenlo desde la legalidad, desde la legalidad interna, porque, aunque difusa, si
hacemos una interpretación rigurosa de la misma lo establece, pero sobre todo desde la legalidad europea,
que es diáfana, es clara y se ha proyectado en diferentes formas. Lo ha sido como recomendación del
Consejo de Ministros de la Unión Europea en materia penitenciaria; lo ha sido también en forma de
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en concreto en el caso Khodorkovsky y Lebedev
contra Rusia, y lo es ahora por medio de las decisiones marco, una de ellas la ya referida 2008/909.
El Gobierno tiene la oportunidad, por medio de este proyecto de ley y del resto de pronunciamientos
normativos que existen a nivel europeo, de poner fin a la política de dispersión. De lo contrario, si no se
acogen a ninguna de estas posibilidades, ni a la de vulneración de derechos ni a la democrática ni a la de
legalidad, nos encontraríamos ante la confirmación de que en política penitenciaria en relación con los
presos y presas vascas el Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular se mueven por un impulso
vindicativo, que en modo alguno puede tener amparo en el ámbito legislativo, además de dejar claro cuál
es la calidad democrática del Estado español. Si el Gobierno no modifica su política penitenciaria en esta
materia teniendo en cuenta todos los argumentos de diferente ámbito que tiene para ello, le lleva a uno a
pensar que le da igual que dentro de un tiempo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicte otra
sentencia —como ya lo hizo con el tema de la doctrina Parot, como ya lo ha hecho en sucesivas ocasiones
con el tema de la tortura— condenándoles, confirmando que ha habido una vulneración de derechos y
estableciendo la necesidad de una indemnización a estos cientos de personas que están afectadas por
esta política. Creemos que esto no tiene ninguna lógica. Por eso reiteramos la reclamación que hacíamos
al comienzo. Señoras y señores del Partido Popular, señoras y señores del Partido Socialista, señores del
Gobierno, pongan fin de una vez por todas a esta política criminal de dispersión contra los presos y presas
vascos.
Muchas gracias.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Estamos ante un proyecto de ley que incorpora dos decisiones marco ya citadas, la 675 del año 2008 y
la 315 también del año 2008. Es un proyecto de ley que tiene una gran profundidad jurídica, y solo porque
quizás en este momento esta legislatura no está en condiciones para apreciar determinadas sutilezas
jurídicas —quizá ninguna sutileza jurídica ya— no se ha percibido la profundidad de lo que se incorpora al
ordenamiento jurídico del Estado español. Estamos ante dos decisiones marco que pretenden armonizar el
régimen de cumplimiento de sentencias, pero no solo el régimen de cumplimiento de penas y sentencias
condenatorias, sino que también se refieren al ámbito de la política penitenciaria, de la instrucción sumarial,
de los beneficios penitenciarios o de los criterios de concesión de la libertad provisional; dos decisiones
marco que ponen muy elocuentemente de relieve algunas de las disfunciones que nuestro grupo y otros han
denunciado reiteradamente con relación al derecho penal español. Particularmente esta disfunción que
contradice el principio de igualdad ante la ley, consagrada por el Código Penal español, que establece con
relación a determinados tipos de delito —solo con relación a estos— penas más amplias y criterios de
cumplimiento más amplios o rigurosos en la legislación penitenciaria que los previstos para los demás
delitos. Si a esto añadimos la elaboración o el complemento que permite una prolongación artificial del
cumplimiento de determinadas penas o que establece un rigor innecesario en el régimen de cumplimiento
de las penas de algunas doctrinas de origen jurisprudencial, normalmente elaboradas por el Tribunal
Supremo, alguna de las cuales ya ha sido citada por el señor Urbina, que me ha precedido en el uso de la
palabra, nos encontramos con que los elementos de armonización a los que invoca y los que reivindican
estas dos decisiones marco que se incorporan al ordenamiento jurídico, quedan difuminados, quedan
quebrantados parcialmente. No quedan quebrantados, realmente son las decisiones marco las que van a
servir en este momento de referencia para la imposición de penas, para el régimen de cumplimiento o cómo
afecta el cumplimiento de una sentencia en el extranjero cuando esa persona comete después un delito en
el Estado español, qué ocurre con el régimen de afectación del cumplimiento de una sentencia en el
extranjero, y lo contrario, cuando se comete un delito en el Estado español y una persona es condenada, si
vuelve a cometer otro delito en el extranjero cómo afecta a esta segunda sentencia cometida en el extranjero
el régimen de cumplimiento, la aplicación de las penas en el Estado español. Pero lo que se pone de relieve
es lo que se pone de relieve, señor presidente. Las grandes disfunciones fácilmente apreciables entre estas
dos decisiones marco que incorporamos a la legislación española, el Código Penal español y esa especie
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Urbina.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
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de discriminación normativa punitiva en relación a determinados tipos delictivos respecto a los cuales las
condenas previstas en el Código Penal español son muy superiores y el régimen de cumplimiento de
las mismas es mucho más riguroso, más rigorista y cómo estas decisiones marco quizás puedan servir para
armonizar y, por lo tanto, para acabar con estas disfunciones, tanto de nuestra normativa punitiva como de
la normativa penitenciaria del Estado español, que hemos denunciado en diversas ocasiones. Al final, el
proceso de armonización comunitaria en materia de cumplimiento de penas, cuando este cumplimiento de
penas es objeto de reciprocidad, penas que se cumplen en España y luego por un delito cometido en el
extranjero provocan un régimen de afectación armonizado por estas decisiones marco, y lo contrario, va a
acabar con algunas disfunciones que han sido aprobadas en esta Cámara mediante la configuración de una
suerte de derecho penal del enemigo, de derecho penal de autor, en donde la obsesión por determinadas
fenomenologías delictivas, preocupación que nosotros hemos compartido, han servido también para cometer
determinados atropellos jurídicos, determinadas disfunciones jurídicas, estableciendo penas diferentes
para determinados tipos de delitos a las previstas en los demás códigos penales de Europa donde esta
discriminación no existe. Los tipos son únicos para cualquier fenomenología delictiva, por una parte, y, por
otra parte, en materia de régimen de cumplimiento tampoco existen regímenes de cumplimiento para
determinadas tipologías o determinados fenómenos delictivos diferentes a los previstos con carácter
ordinario en ningún país de nuestro contexto por la legislación europea. Por lo tanto, señor presidente, esta
especie de acumulación de normas punitivas especiales para determinados delitos y determinadas doctrinas
en cuanto a la aplicación de las penas que han posibilitado en el Estado español la prolongación meramente
artificial, como alguna de las doctrinas ya citadas, del cumplimiento de las penas, doctrinas que han sido
declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pueden ser objeto de corrección.
También me parece pertinente utilizar esta oportunidad por la incorporación de estas tres decisiones marco
que se incorporan a través de este importante proyecto de ley. En materia de transmisión de información
sobre antecedentes penales, la regulación es correcta en relación al Registro central de penados.
Para terminar, señor presidente, en cuanto a las enmiendas aprobadas por el Senado, no soy capaz
de comprender qué es lo que nos quiere decir el Senado, en tanto en cuanto el Senado, después de una
alambicada reflexión y de una enmienda pretendidamente técnico jurídica, en relación a estos problemas
de afectación de una pena cumplida en el Estado español a una pena que luego se tiene que cumplir en
otro Estado, o de una pena cumplida fuera del Estado español y su afectación a una pena por otro delito
cometido en el Estado español, al final, las enmiendas del Senado terminan concluyendo que lo que se
aplica es la legislación española. Probablemente para este viaje no hacían falta tantas alforjas, señor
presidente; hubiera bastado con mantener el orden jurídico vigente.
Pero es que el ordenamiento jurídico vigente, probablemente —y con esto acabo, señor presidente—,
ya no es mantenible en sus propios términos. Las previsiones del Código Penal, singularizando
determinados delitos, ya no son mantenibles en tanto en cuanto se incorporan estas decisiones marco
que singularizan la atención o el reproche punitivo solo para determinados delitos. El régimen de
cumplimiento de las penas, la instrucción sumarial, el acceso a la libertad profesional y otras materias que
son objeto de armonización a través de estas directivas marco ya no son mantenibles tal y como las
configura jurídicamente la normativa penal española. Esta es la gran relevancia, esta es la profundidad a
la que yo me refería en una ley que prácticamente está pasando desapercibida para los que tenemos
determinadas inquietudes en relación con lo que pueden suponer verdaderas disfunciones de nuestras
normas penales y de nuestras normas penitenciarias, señor presidente. Mire al final cómo la profundización
en esquemas armónicos en la Unión Europea puede servir para remover algunas de las dificultades o
algunas de las disfunciones que nuestro ordenamiento penal ha poseído y que nosotros en reiteradas
ocasiones hemos denunciado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, culminamos la tramitación de una serie de iniciativas legislativas que provienen de decisiones
marco europeas. La primera reflexión que hace mi grupo parlamentario es que tenemos un cierto peligro
ciclotímico en materia de justicia: pasar de la agitación legislativa a la parálisis. En este caso, estas
iniciativas forman parte de la agitación. La sensación, después de la sustitución del ministro de Justicia,
es la de parálisis; no sabemos muy bien cuál es el proceso legislativo en los próximos tiempos. Eso es
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
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especialmente preocupante en relación con algo que se ha convertido en el tema fundamental de debate
público y también de debate parlamentario como es la lucha contra la corrupción. Si no hay un mínimo de
recursos presupuestarios y no hay tampoco una dirección política para luchar contra la corrupción,
difícilmente esta cuestión irá más allá de un espectáculo público. Nosotros creemos que no estamos para
espectáculos morbosos en materia de corrupción sino para adoptar decisiones claras, en primer lugar, a
través de la justicia penal y administrativa y, en segundo lugar, a través de la modificación legal que sea
necesaria. Tenemos, sin embargo, muchas leyes y las aplicamos muy deficientemente.
Señorías, en relación con las decisiones marco, con respecto a la primera, el reconocimiento mutuo
de resoluciones penales, nos felicitamos de la incorporación de enmiendas en el Senado. Sin embargo,
creemos que esta iniciativa, como se ha dicho por parte de otros portavoces, es manifiestamente mejorable.
Tiene carencias en materias esenciales, como derechos fundamentales, garantías y cláusulas de respeto
a los derechos humanos; cuestiones no menores. Entre las enmiendas, se ha aceptado una primera
enmienda nuestra al artículo 53.4, que ha incorporado lo que nuestro grupo parlamentario planteaba, que
la vista fuera obligatoria en cuanto lo pidiera una de las partes. Nos felicitamos de ello. En segundo lugar,
al artículo 134 se ha incorporado también una enmienda en la que pedíamos el reconocimiento explícito
del derecho a asistencia letrada. Por tanto, valoramos muy positivamente que se haya introducido esta
enmienda para incluir la mención explícita del derecho de asistencia letrada para el afectado por esta
orden penal internacional.
Otras modificaciones son fundamentalmente técnicas. Los cambios clarifican y añaden seguridad
jurídica, mejoran, por lo que nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente estas mejoras que,
como digo, son suficientemente positivas para votarlas. Sin embargo, creemos que el texto es
manifiestamente mejorable y en temas, además, muy delicados. A nuestro juicio, el proyecto de ley debería
haberse mejorado incorporando garantías procesales de derechos fundamentales y de derechos humanos,
para evitar la indefensión de las personas afectadas. Explico alguna de ellas. Debería haber introducido
la posibilidad de recurrir las decisiones de la fiscalía sobre esta materia, porque en ocasiones la actuación
será impulsada exclusivamente por la fiscalía y pudiera afectar a derechos fundamentales. En segundo
lugar, la posibilidad de dispensar al Estado requirente de la obligación de presentar el certificado que
acredita la resolución judicial extranjera que se pretende ejecutar, lo que podría ocasionar, en nuestra
opinión, falta de garantías. En tercer lugar, garantizar la obligación de la notificación que debería ser
universal, porque es la única manera en que la persona afectada puede ejercer sus derechos: informarse,
recurrir, etcétera. En cuarto lugar, establecer un límite para la detención. No existe ese límite. En nuestra
opinión, se deja en total inseguridad. Por ello sería conveniente establecer un límite máximo, las setenta
y dos horas, que es el plazo máximo en general que prevé el artículo 17 de nuestra Constitución para la
detención preventiva. En quinto lugar, la audiencia preceptiva del afectado o de su defensa antes de emitir
la orden de detención y entrega. En definitiva, como ven ustedes, una iniciativa manifiestamente mejorable
en materia de garantías.
Y hay algunas cuestiones importantes en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se prevé la
posibilidad de que España entregue a una persona para que cumpla una pena de prisión perpetua
—señorías, ello va en contra de cualquier principio humanitario— o que se prevea la posibilidad
también de suspender la entrega de una persona requerida por motivos humanitarios graves, que es
un término, en nuestra opinión, impreciso pero que, en todo caso, deberían contemplarse de forma
expresa las razones de derechos humanos, o que se prevea como condición para solicitar la ejecución
de una pena española en una país europeo. Nada se dice sobre las condiciones del sistema
penitenciario o sobre su respeto a los derechos humanos, cuestión que nos parece también muy
importante.
Por otro lado, el proyecto de ley solamente prevé la solicitud de informes sobre este particular, sobre
los derechos humanos, del Gobierno del país, pero lo razonable es que, cuando menos, se recurriese
además a informes de organismos internacionales, que contrastarían la complacencia de los países
miembros en muchos casos con materias delicadas como los derechos humanos. Incluso no se prevé
entre las causas para la denegación ningún examen de las condiciones de derechos humanos, tortura,
juicio justo, en las que la sanción ha sido impuesta. En definitiva, el texto que viene del Senado con las
enmiendas que se han introducido se ha mejorado; sin embargo, el resultado es manifiestamente mejorable
en relación con el reconocimiento, en este caso mutuo, de resoluciones penales.
Voy al segundo texto, el que tiene que ver con el intercambio de información. Aquí, señorías, nosotros
tenemos una posición de rechazo total. Si bien vienen enmiendas, tres enmiendas, que clarifican, como
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en el caso de las enmiendas al artículo 14, o mejoran técnicamente o responden a motivos de seguridad
jurídica, que nosotros valoramos, sin embargo, este proyecto de ley sigue siendo muy preocupante en una
cuestión esencial; la cuestión fundamental es el acceso a la información y su utilización. En principio, la
información que contiene el Registro de penados solo será accesible a jueces y fiscales en el contexto de
un proceso penal, al margen de la solicitud de certificación del interesado, titular de los datos. Sin embargo,
señorías, resulta inaceptable la previsión abierta que contempla el artículo 13.3 —repito, 13.3—,
que permite la utilización de los datos y, digo explícitamente, para la protección del orden público o la
seguridad nacional en caso de amenaza inminente o grave. Señorías, ¿qué es esto? Esto hace suponer
que se trata de un acceso de una autoridad distinta a la autoridad judicial, de una autoridad administrativa,
lo que resulta inadmisible al tratarse de información sensible. No es propio de una sociedad democrática.
A juicio de nuestro grupo parlamentario, esta es una cuestión fundamental que debería recogerse
claramente, que solo el juez y el fiscal en un proceso penal por delito podrían tener acceso a una
información tan sensible. Esto no se ha hecho y esto merece una valoración muy negativa por parte de
nuestro grupo parlamentario y, por tanto, el rechazo del proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor JANE I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy llegan al Congreso dos proyectos de ley y, en el trámite de hoy, el Pleno tiene que
pronunciarse sobre las enmiendas que vienen el Senado, que es el objetivo de este debate. Nuestro grupo
parlamentario votará a favor de las enmiendas introducidas por el Senado, porque entendemos que
globalmente suponen una mejora de los textos que les enviamos desde el Congreso. Algunos de los
proyectos de ley que venían en ese paquete no han regresado del Senado ya que han ido directamente
al Boletín Oficial del Estado al no incluir enmiendas, pero los dos que hoy tratamos sí. Sin embargo,
aprovechando esta intervención, desde Convergència i Unió querríamos hacer una reflexión global sobre
lo que supone el Tratado de Ámsterdam, por el que se crea ese espacio de libertad, seguridad y justicia
en el ámbito de la Unión Europea y en el que se refuerzan los mecanismos de cooperación judicial a
través de esos dos principios básicos: armonización de legislaciones y reconocimiento mutuo de
resoluciones judiciales. Hoy lo que estamos realizando con los proyectos de ley en trámite es esa
adaptación a lo que ya está previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en sus
artículos 67 y 82, donde también se concreta el mecanismo de comunicación directa entre las autoridades
judiciales. Estamos, por tanto, trasponiendo unas decisiones marco y el objetivo —como también se
recoge en los propios proyectos que hoy se aprueban— es simplificar y agilizar los procedimientos de
transmisión de esas resoluciones judiciales.
Desde Convergència i Unió queremos enfatizar un hecho. En ese tercer pilar europeo, el pilar de
libertad, seguridad y justicia, se está estableciendo el intercambio de resoluciones judiciales dentro del
ámbito de la justicia. En ese tercer pilar está la libertad y está la seguridad. Ha entrado en este momento
en el hemiciclo nuestro portavoz en la Comisión de Interior, el señor Guillaumes, que está trabajando de
manera muy activa para precisamente conseguir algo que desde Convergència i Unió venimos reclamando
legislatura tras legislatura, que es esa posibilidad de que también dentro del ámbito policial se consiga ese
intercambio de información. Todo aquello que hoy es bueno y positivo en el ámbito judicial, por ese
intercambio de resoluciones judiciales entre las autoridades judiciales entre sí, d Convergència i Unió lo
viene reclamando desde hace años —y apelo al «Diario de Sesiones» y a todos los que hemos sido
portavoces en materia de interior— para que en el ámbito de la Unión Europea los cuerpos de seguridad,
como pueden ser la Ertzaintza o los Mossos d’Esquadra, tengan acceso a esas bases de datos de Europol
e incluso más allá de las fronteras europeas, por ejemplo de Interpol, buscando esa colaboración en el
ámbito policial. Hoy estamos desarrollando ese mecanismo de trasposición de unas decisiones marco,
positivo; de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, positivo, pero en ese tercer pilar está
también el pilar de la seguridad, y dentro de este pilar, si hacemos buenas esas intenciones de colaboración
directa, de intercambio directo de resoluciones, quiero que los Mossos d’Esquadra, cuando intervengan
como policía judicial o cuando realicen una investigación, puedan tener acceso directo a lo que está
también en el ámbito de otras policías de la Unión Europea o más allá de la Unión Europea. Eso es
creernos lo que hoy se está haciendo de esa amplia colaboración entre autoridades, de esa intencionalidad
de agilizar que buscan los proyectos de ley. Pues si queremos agilizar, si queremos ser operativos, aquello
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jane.
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que hoy aprobamos y valoramos positivamente de ese Tratado de Ámsterdam en lo que es ese pilar,
repito, de la libertad, seguridad y justicia, hoy reclamamos también desde Convergència i Unió que ello se
pueda dirigir también hacia lo que es esa demanda de poder tener esa amplia comunicación y colaboración
entre las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando las mismas tienen competencias directas de seguridad
ciudadana, son policía ordinaria en sus respectivos territorios y necesitan también esa colaboración en la
línea que hoy estamos aprobando en el ámbito judicial.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, les confieso que estoy reconfortado en esta sesión de hoy tras la intervención de la
presidenta Bachelet, reconfortado con la política. Por tanto vamos a continuar el orden del día, pero tras
una estela y una jornada muy positivas por el discurso que hoy ha pronunciado la presidenta Bachelet
ante esta Cámara.
En cuanto a los proyectos de ley, señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente las
enmiendas que nos propone el Senado para mejorar el proyecto de ley de reconocimiento mutuo de
resoluciones penales en la Unión Europea y el proyecto de ley orgánica de intercambio de información de
antecedentes penales y resoluciones judiciales penales. Pese a ello nos parece que el grupo parlamentario
de la mayoría podría haber apoyado algunas de las enmiendas formuladas por nuestro grupo
parlamentario en el Senado que, a criterio nuestro, mejoraban el texto propuesto por el Gobierno.
Señorías, la aprobación de esta trasposición de directivas y decisiones europeas nos recuerda
nuevamente nuestra propia realidad normativa. Cada vez más la iniciativa legislativa del Gobierno viene
condicionada por nuestra pertenencia a la Unión Europea, por la necesidad de cumplir con las obligaciones
derivadas de la normativa europea y su adaptación y trasposición a nuestra legislación nacional. Y es
precisamente en el espacio de libertad, seguridad y justicia donde la Unión Europea más está avanzando
en los objetivos de convergencia de nuestros instrumentos legislativos y procesales. Los objetivos
comunes de lucha contra los delitos trasnacionales, contra el crimen organizado y de cooperación en
materia de seguridad han obligado a desplegar cambios tanto en nuestro derecho positivo, especialmente
en sucesivas reformas de nuestro Código Penal, como también en nuestras normas procesales y en los
mecanismos de cooperación e información. Quedan todavía muchos retos por delante, como por ejemplo
la puesta en marcha de la fiscalía europea que preveía el Tratado de Lisboa a partir de Eurojust. Eurojust
es el órgano de la Unión Europea encargado de reforzar la cooperación judicial y de fomentar la adopción
de medidas de cooperación judicial entre los Estados miembros y sin duda ha estimulado también la
adopción de estas iniciativas legislativas en la Unión Europea.
En materia de cooperación judicial hemos ido incorporando desde 2002 a nuestro ordenamiento jurídico
—si bien es cierto que en muchas ocasiones, y hay que hacer autocrítica por ello, de manera tardía—
distintos instrumentos. La cooperación judicial europea ha permitido sustituir las antiguas comunicaciones a
través de autoridades o representaciones gubernamentales de los diversos países miembros por otros
instrumentos que permiten la cooperación directa entre juzgados y tribunales. Tal vez el más significativo y
el que mayor avance supone en materia de cooperación judicial sea la orden europea de detención y
entrega. Con esta orden europea se permite que mediante una resolución judicial dictada en un Estado
miembro de la Unión Europea se permita la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a
la que se reclama para ejercer contra la misma una acción penal o ejecutar una pena o medida de seguridad.
La orden europea de detención ha planteado en su aplicación algunos problemas de garantías de derechos
fundamentales que esperamos, y estamos convencidos de ello, pueda resolver mejor la nueva redacción
que se da en esta nueva ley. También se incluyen en materia de cooperación judicial otros instrumentos de
coordinación, como el reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, de resoluciones de decomiso, de
resoluciones judiciales en materia penal o de resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin la
comparecencia del imputado. En interés de la mejora de la técnica legislativa y de la dispersión normativa,
a nuestro grupo parlamentario le ha parecido apropiado haber recogido todos estos instrumentos de
cooperación en una sola ley de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales con el complemento de ley
orgánica, ya que afectaba al articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
De importancia también es la aprobación de la ley orgánica sobre intercambio de información de
antecedentes penales y resoluciones judiciales penales en la Unión Europea que adopta dos decisiones
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sáez Jubero.
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marco de la Unión Europea y que regula también el régimen aplicable al intercambio de información sobre
los antecedentes penales entre los registros centrales de penados de los distintos Estados miembros y
que le dota, por tanto, de garantías y de mayor seguridad jurídica. En el clima de consenso de aprobación
de estas leyes hubiéramos deseado que el grupo mayoritario aprobara las enmiendas técnicas propuestas
por nuestro grupo parlamentario en el Senado que también propusimos en el Congreso. A efectos de
fijación de nuestra posición, y pese a nuestro voto favorable al proyecto y a las enmiendas incorporadas
en el Senado, que entendemos que aportan mejora en el texto que enviamos al Senado, quiero recordar
en este trámite cuáles han sido esas enmiendas propuestas por nuestro grupo parlamentario en el Senado
y que, a nuestro criterio, deberían haber sido acogidas por el grupo mayoritario.
En el proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales la enmienda 62, para que se
solicitara también información a los puntos de contacto españoles de la red judicial europea y la red
española de secretarios judiciales en cooperación internacional cuando se desconozca cuál es la autoridad
judicial de ejecución competente. La enmienda 63 —y esta tal vez nos parece la enmienda más
trascendente que queríamos incorporar al texto—, para que en la lista de delitos no sujetos de la doble
tipificación por el juez o tribunal español también se incluyera el delito de mutilación genital femenina y los
delitos sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica y así impedir
que el Estado de ejecución pudiera denegarla porque los hechos no estén tipificados en su legislación
nacional. La enmienda 64, para que las resoluciones dictadas por la autoridad judicial española de
reconocimiento mutuo sean únicamente susceptibles de recurso de apelación, suprimiendo el recurso de
reforma a fin de evitar dilaciones indebidas o innecesarias.
En el proyecto de ley orgánica sobre intercambio de información, la enmienda 8 a fin de que el registro
central de penados únicamente remita información sobre infracciones penales juzgadas y condenadas por
un órgano jurisdiccional penal. Las enmiendas 9, 10 y 11, para que el registro central de penados solo
responda a las consultas que se le formulen sobre condenas dictadas por terceros países que estén
inscritas en el registro y cuya cancelación no se haya comunicado. Finalmente la enmienda 12, para
cambiar la rúbrica del título II por la siguiente: Consideración de resoluciones condenatorias firmes
dictadas en otros Estados miembros de la Unión Europea en coherencia con las enmiendas que he
tratado de explicarles con antelación.
En cualquier caso, tal como les he anunciado al inicio de esta intervención, nuestro grupo parlamentario
va a votar favorablemente estas enmiendas que sin duda contribuyen a tener dos nuevos instrumentos
legislativos que siguen en la mejora de este espacio de libertad, seguridad y justicia y esa construcción
también de una normativa de derecho procesal, de derecho penal común, para avanzar hacia esa idea
que todos tenemos de una Europa federal y una Europa cada vez más unida políticamente, también por
nuestro cuerpo normativo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
La señora BAENA AZUAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es para mí un honor subir a esta tribuna para defender la posición del Grupo Parlamentario
Popular en dos proyectos de ley tan importantes para seguir avanzando hacia una mayor integración de
la Unión Europea. Estas leyes son fundamentales para la seguridad de los ciudadanos porque los
ciudadanos quieren vivir en un mundo más seguro, un mundo donde sus libertades estén garantizadas.
Lo cierto es que vivimos en un escenario donde la delincuencia viene caracterizada por su
internacionalización, una delincuencia que despliega su actividad en el territorio de distintos Estados
dando lugar a lo que se puede denominar como la globalización de la criminalidad. La cooperación judicial
internacional ha de ser, por tanto, una prioridad y para este Gobierno lo es.
Señorías, con la aprobación definitiva de estos proyectos de ley vamos a poner en vigor instrumentos
de la mayor importancia para, en primer lugar, ser más eficaces en la lucha contra el crimen internacional
y, en segundo lugar —y no por ello menos importante—, para ser más eficaces en la protección de las
víctimas en todo el territorio de la Unión Europea de una manera coordinada. En definitiva, estas leyes
buscan una mejor coordinación entre los Estados miembros que ha de redundar en mayor seguridad para
todos los ciudadanos. Por ello hubiera sido una muestra de irresponsabilidad que no hubiésemos sido
capaces de llegar a un consenso en estos proyectos de ley. Al contrario, ha habido voluntad de diálogo por
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.
Le agradezco especialmente sus palabras de elogio al discurso de la señora Bachelet.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Baena.
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parte del Grupo Parlamentario Popular y de la mayoría del resto de los grupos para aprobar enmiendas al
texto inicial. También en su paso por el Senado se han aprobado enmiendas de distintos grupos
parlamentarios. Esta tramitación ágil y consensuada nos permite mantener el compromiso del Estado
español en la trasposición de normas de la Unión Europea y demostrar una vez más que somos socios
leales con todos sus países miembros. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia).
La cooperación judicial —o, lo que es lo mismo, la coordinación entre las autoridades judiciales de los
Estados miembros— es fundamental para garantizar una seguridad en una Europa en la que decidimos
eliminar las fronteras nacionales interiores, una Europa en la que los ciudadanos podemos circular
libremente por todo el territorio común. Entre todos hemos conseguido que Europa sea el mayor espacio
de libertad, progreso y bienestar del mundo y queremos que siga siéndolo en el futuro. Sin embargo,
somos conscientes de que el mundo en general —y Europa en particular— se enfrenta a desafíos nuevos:
una delincuencia que no conoce fronteras, unas crisis económicas y financieras, dependencia energética…
Sabemos que Europa necesita un impulso renovado, en definitiva necesita una mayor integración. Así lo
reconocía el presidente Mariano Rajoy hace escasas fechas en la apertura del curso académico del
Colegio de Europa cuando decía que la integración es el signo de los tiempos, es la única manera que
tenemos para garantizar nuestra influencia y nuestra fortaleza en este siglo XXI tan complejo que nos ha
tocado vivir.
Pues bien, los dos proyectos de ley que hoy se someten a la consideración de este Pleno van
encaminados a conseguir una mayor integración. El primero, es el proyecto de ley de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, una ley que se presenta como un texto conjunto, un
compendio que acaba con la dispersión normativa que había hasta ahora en esta materia. En ella se
articulan instrumentos tan importantes como la orden europea de detención y entrega, mucho más ágil
que el tradicional proceso de extradición; el embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas
en cualquier Estado miembro, sea cual sea el Estado donde se cometió el delito; o la más reciente orden
europea de protección, que va a permitir extender las medidas para proteger a una persona de los posibles
actos delictivos de otra a cualquier Estado miembro al que esa víctima se desplace.
El segundo proyecto de ley supone una revolución, un cambio radical de las relaciones entre los
Estados miembros. ¿Por qué? Porque se sustituyen las antiguas comunicaciones entre las autoridades
gubernativas por la comunicación directa entre las autoridades judiciales. Esto supone simplificar y agilizar
enormemente los procedimientos. Y es que el proyecto de ley sobre intercambio de información de
antecedentes penales viene a consolidar un sistema que ya permite a jueces y fiscales acceder fácilmente
a una información completa del historial delictivo de cualquier ciudadano de la Unión Europea con
independencia del país europeo en el que hubiera sido condenado. Aquí debemos destacar el papel
pionero de nuestro país, ya que España y Austria fueron los dos primeros que conseguimos conectar
on line nuestros propios sistemas de antecedentes penales, pero queremos ir más allá, queremos poder
consultar el historial de antecedentes de cualquier ciudadano de la Unión Europea simplemente con la
huella dactilar. Para ello ya se ha puesto en marcha un sistema con el Reino Unido, tal y como nos
adelantó el secretario general de la Administración de Justicia en su comparecencia en esta casa el
pasado 7 octubre.
Señorías, estos son solo dos ejemplos, pero podríamos poner muchos más que vienen a demostrar
que España ejerce de socio comprometido, un socio que hace propuestas para conseguir una Unión
Europea mejor y, sobre todo, que España es un socio al que ahora, con el Gobierno del Partido Popular,
se le escucha, a diferencia de lo que ocurría con otros Gobiernos; ahora nuestra opinión cuenta, se tiene
en cuenta y vuelve a ser fuerte. De hecho, en estos años en que no solo España sino toda Europa se ha
visto abocada a la superación de una profunda crisis, nuestro impulso, las propuestas de España, han
sido decisivas en asuntos tan importantes como la unión bancaria o el pacto fiscal, asuntos importantes
en los que en apenas tres años hemos construido más en la gobernanza europea que en las dos décadas
anteriores. (Un señor diputado: ¡Halaaa!).
Igualmente, en el Consejo Europeo del pasado mes de junio se trataron los aspectos del espacio de
libertad, seguridad y justicia. Pues bien, en sus conclusiones también se recogieron las propuestas que
en este ámbito hizo el presidente Rajoy, como fueron, en primer lugar, la necesidad de contar en la Unión
Europea con una política de inmigración, asilo y fronteras eficiente y bien gestionada para evitar más
tragedias humanas y, en segundo lugar, la necesidad de reforzar la protección de las víctimas. Aquí,
señorías, se pone de relieve una vez más el compromiso de este Gobierno con todas aquellas personas
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que han sufrido las consecuencias del terrorismo o de la violencia de género. Sin duda aquí la cooperación
judicial tiene mucho que aportar en estos graves asuntos.
Termino, señorías. Estas leyes responden al compromiso que tenemos todos los Estados miembros
de mejorar la cooperación judicial penal en el seno de la Unión Europea. Con ellas vamos a tener más
y mejores instrumentos para luchar a nivel internacional contra delitos tan graves como el terrorismo, la
trata de seres humanos, el narcotráfico o la corrupción. Vamos a ganar en coordinación y, en definitiva,
vamos a ganar en seguridad para todos los ciudadanos. Vamos a dar, señorías, un paso firme más para
seguir construyendo y fortaleciendo ese espacio de libertad, seguridad y justicia que los europeos
decidimos darnos.
Muchas gracias, señorías, y gracias, señora presidenta. (Aplausos).
— PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD
INTELECTUAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, Y LA
LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente 121/000081).
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos ante el trámite final de una ley que tal como va a quedar es una oportunidad
perdida. Una vez más el Grupo Popular está aplicando su mayoría absoluta con muy poca visión histórica
y también con poca responsabilidad, porque estamos hablando de un ámbito, el de la Ley de Propiedad
Intelectual, que tiene mucha conexión con las libertades democráticas, con la libertad de información, con
la libertad de comunicación, con el acceso a la información, con la educación y con la libertad de expresión.
Estamos hablando de un elemento que es importante y central en cualquier sistema democrático. En estos
grandes temas la responsabilidad de los políticos es buscar grandes consensos. Lo que es absurdo es
que leyes básicas, con aspectos fundamentales sobre las libertades, las estemos cambiando cada seis
meses o cada cuatro años, cada legislatura. Con esta ley va a pasar eso. Ahora ustedes van a modificar
la Ley de Propiedad Intelectual, además con una modificación muy restrictiva desde el punto de vista de
las libertades, una modificación que depende mucho de los grandes intereses de determinados grupos
mediáticos y económicos, pero que da la espalda a la realidad, a la realidad del mundo de la información,
a la realidad de la evolución de las nuevas tecnologías —de ese ámbito que se conoce como Internet— y
que da la espalda también a la nueva economía. Este es un elemento importante que tendría que servir
de reflexión. Además esta modificación de la ley es precipitada, porque en el plazo de seis u ocho meses
vamos a tener que volver a modificarla, porque estamos pendientes de la normativa comunitaria en este
ámbito, una normativa comunitaria que va a condicionar todas las legislaciones estatales y que va a
condicionar esta también. Por tanto, modificar ahora la ley para volverla a modificar dentro de seis meses,
un año o año y medio, modificarla sin un consenso mayoritario, amplio, que respalde ese ámbito de las
libertades que decía antes y que le dé estabilidad, es de una irresponsabilidad supina.
Además hay aspectos también importantes de esta ley que la ponen en cuestión. Incluso hay sectores
que están impugnando la propia tramitación, porque el Gobierno ocultó a la Unión Europea la modificación
de uno de los artículos. En el anteproyecto que se envió había un artículo que no está en el proyecto que
se tramitó en las Cortes Generales. Eso incluso puede ser motivo de impugnación, pero al margen de
esos ámbitos formales, es más importante el fondo de la cuestión. En el fondo de la cuestión se está
dando la espalda a la realidad del mundo de las nuevas tecnologías, se está dando la espalda también a
la libertad de expresión, se pierde la oportunidad de reconocer algo que es básico y que cada vez tiene
mayor peso, que es el ámbito de las licencias libres, por ejemplo, de las creative commons, que siguen
ausentes en la legislación del Estado y provocan un gran interés en el mundo universitario y en el mundo
de la comunicación. Esta ley también pasa por encima de esta cuestión y ha perdido esa oportunidad.
Precisamente nosotros presentamos una enmienda en ese ámbito. Ustedes saben que nosotros
normalmente no entramos a las enmiendas parciales en los proyectos de ley, porque la misión que
tenemos comprometida con nuestros electores no es mejorar la legislación española sino reivindicar el
derecho de Euskal Herria a tener su propio ámbito de decisión y a ejercer su propia soberanía. Sin
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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Baena.
Vamos a pasar al siguiente proyecto: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por el
que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto legislativo
1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil. En turno de fijación de
posiciones, en primer lugar por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
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embargo, en este tema incluso presentamos una enmienda parcial, porque consideramos que era algo
sustancial, importante, que tiene trascendencia para el mundo de las libertades y sobre todo para ese
mundo de las nuevas tecnologías. Al final, con ese objetivo de combatir la piratería —que es sano y bueno
combatirla—, ustedes están combatiendo la piratería dando patente de corso a una serie de entidades de
gestión de derechos, entidades privadas que no cubren el conjunto de los titulares de los derechos de
propiedad y que al final se van a beneficiar incluso de derechos de gente del mundo universitario que
publica sus estudios, sus producciones intelectuales bajo la licencia creative commons, es decir, que
renuncia precisamente al cobro de sus derechos, y lo que están consiguiendo con esto es que esas
entidades privadas de gestión de derechos acaben cobrando derechos que no les corresponden.
Desde todos los puntos de vista este proyecto de ley es un sinsentido. Está dando la espalda tanto al nuevo
mundo del ámbito digital como al de la economía digital, elemento importante; es otro punto de reflexión que
les tendría que servir para dar marcha atrás en este sinsentido. Creo que están muy condicionados por los
intereses de la vieja economía, de esos medios de comunicación que se están quedando obsoletos y que son
incapaces de reaccionar ante las nuevas tecnologías. Están siendo insensibles y desconocen la realidad del
mundo digital que avanza a pasos agigantados. Por otra parte, también están dando la espalda a las corrientes
cada vez más importantes que propugnan —propugnamos— la necesidad de la socialización del conocimiento.
Es decir, hay una hipoteca social sobre el conocimiento, hay una obligación de poner toda la capacidad
intelectual de una sociedad al servicio de toda ella. Hay elementos de progreso social basados en la difusión
del conocimiento que no pueden ser sometidos a las reglas del mercado economicista. Esta ley tampoco lleva
en su planteamiento, ni en su concepción, ni en su reflexión, la necesidad de avanzar en las políticas de
socialización del conocimiento, que es un elemento fundamental de reducción de la desigualdad. El otro día en
el debate de presupuestos citaba al economista francés Thomas Piketty, que decía que uno de los elementos
clave para avanzar en la reducción de las desigualdades es avanzar en la sociedad del conocimiento. Con esta
ley, que podría ofrecer la oportunidad de avanzar en ese ámbito, se ha perdido una nueva oportunidad.
Simplemente quiero trasladarles estas reflexiones. Rectifiquen, cambien de mentalidad en esta y en
otras leyes, especialmente —no está el ministro titular señor Wert— en el ámbito educativo, en el del
conocimiento, en el de las libertades. Ahí no se puede legislar a golpe de mayoría absoluta, porque por
muy mayoría absoluta que sea siempre es insuficiente. Hay que buscar amplios consensos que den
estabilidad al ámbito de las libertades, a la difusión del conocimiento, que es un elemento de progreso
social. Repito, creo que ustedes están perdiendo esa oportunidad. Están cegados por esa mayoría
absoluta —que no deja de ser escasa— cuando hablamos de proteger las libertades, el conocimiento y
de combatir la desigualdad. Por eso, vamos a votar en contra de esta ley, y no perdemos la esperanza de
que cuando haya que volver a modificarla en el plazo de año o año y medio tomen en cuenta estas
reflexiones y avancen tanto en buscar amplios consensos para proteger las libertades como en el derecho
de la ciudadanía a participar del conocimiento, por la senda de socialización del conocimiento, que es uno
de los elementos más eficaces para mejorar en la lucha contra las desigualdades.
Muchas gracias.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente para decir que vuelve al Congreso, después de pasar por el Senado, una
ley que dio muchas vueltas en esta Cámara, con mucha parafernalia, como si fuera a ser la panacea que
iba a traer la solución. Ya en verano, en pleno julio, con una especie de veranitud —no sé si existe el
sustantivo, sería algo parecido a nocturnidad— y con muchísima urgencia pasó por aquí, pero
evidentemente entró y salió coja del Congreso con la promesa del Grupo Popular de que esa cojera se
enderezaría en el Senado; pero allí se ha fortalecido su cojera, y aunque parezca una contradicción esta
ley ha salido más mutilada todavía. Por tanto, tenemos una decepción más del Grupo Popular en cuanto
a promesas dadas a los demás grupos, que pretendíamos mejorar esta ley porque considerábamos que
en ella había cuestiones injustas, como denunciábamos en nuestras enmiendas. No sé qué ha ocurrido
pero no hay peor cosa que prometer algo y después no cumplirlo, y en este caso el Grupo Popular ha
reincidido; ha hecho una ley basándose en criterios solo propios porque no ha convencido a nadie más
—no ha obtenido ningún apoyo más en el Senado de los que tuvo aquí, ni volverá a tener—, no ha
convencido a nadie de las bonanzas de esta ley, que, como usted ha dicho antes, va a tener que cambiarse
dentro de poco. Europa marcará unos criterios. ¿Qué va a pasar si esos criterios no coinciden con lo que
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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Agirretxea.
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el Gobierno actual ha establecido? No es una ley justa. Desde un principio considerábamos que quien usa
debe pagar y quien no usa no debe pagar. Proponíamos la vuelta al famoso canon digital, al que se dijo
que podíamos volver, y todo ha quedado en agua de borrajas. Las enmiendas incorporadas en el Senado
—¡qué quieren que les diga!— son una especie de paripé para poder demostrar que allí también se hacen
cosas, y ahora vuelve la ley aquí.
En resumidas cuentas, es una decepción más. Pensábamos que se podía haber hecho una ley que
convenciera mínimamente a todos los grupos y que recogiera las necesidades que planteábamos, que
eran obvias; pero Grupo Popular ha hecho caso omiso. Por lo tanto, votaremos en contra de las enmiendas
que no aportan nada y queremos expresar nuestro voto en contra —ideológico— a esta ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.
Por Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir brevemente para lamentar no solo que el Senado otra vez haya hecho poco más
que un ligero cepillado para quitar los solecismos que tenía la redacción —cosa para la que no hace
falta una segunda Cámara sino tener un poco de cuidado al redactar— sino sobre todo porque creo que
esta es una de las peores leyes que se ha hecho en lo que llevamos de legislatura, y es algo realmente
meritorio. Esta ley de propiedad intelectual es una ley intelectualmente impropia. Es una ley que solo se
ha concebido y aprobado con un fin, y con fecha de caducidad —lo cual dice ya mucho de para qué se
ha hecho y cómo se ha hecho—, puesto que en su preámbulo señala que dentro de un año habrá que
revisarla; se ha apuntado aquí también porque es sabido que las directivas europeas van en un sentido
contrario al que marca esa ley, lo cual es legislar a sabiendas de que se está haciendo durante un breve
periodo de tiempo para favorecer a determinados intereses privados, y esto es realmente escandaloso.
España es un país que tiene 5,5 millones de parados, entre otras cosas porque no ha sabido aprovechar
—por un marco legislativo muy deficiente— las oportunidades de la economía digital. Pues bien, una ley
como esta, que tenía que servir para favorecer la economía digital, lo único que hace es bloquear el
acceso de emprendedores a nuevos modelos de negocio y a nuevos desarrollos, porque su única
preocupación —como se ha hecho en otros campos también— es blindar los intereses que ya existen.
Incluye cosas como la tasa AEDE —también conocida como tasa Google—, que probablemente va a
ser tumbada por el Tribunal de Luxemburgo, que ya ha incluido cuestiones prejudiciales al respecto. Se
sabía pero no se ha tenido en cuenta, para variar, como siempre. Incluye cosas tan aberrantes como el
derecho de cita, que es en realidad una tasa para cobrar por el tráfico de conocimiento; es una cosa
increíble. No se ha conocido algo así en Europa desde la época del Imperio otomano, que prohibió los
libros impresos hasta finales del siglo XVIII. No se ha contado a la opinión pública —lógico también,
porque son los grandes grupos de comunicación los beneficiados por este tipo de tasas, por la tasa AEDE
en concreto—, por ejemplo, que las universidades van a tener que ponerse de acuerdo con las entidades
de gestión de derechos para pagarles un tanto por usar libros; no se ha contado que las bibliotecas
públicas van a tener que pagar por prestar libros. Es absolutamente aberrante, es un desastre de ley.
Para lo único que sirve, como digo, es para retrasar la innovación y la sociedad del conocimiento. Sirve
exactamente para todo lo contrario de lo que se proclama.
Desde luego, no cuente con el voto favorable de nuestro grupo a esta ley ni a nada que se le parezca.
Cuando dentro de un año volvamos a discutirla, será el momento de repasar para qué se hizo: para ganar
tiempo y entretanto seguir controlando el oligopolio que existe en España entre política y medios de
comunicación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora DE LAS HERAS LADERAS: Gracias, presidenta.
Señorías, con la aprobación definitiva de esta ley de propiedad intelectual, el Gobierno pone el interés
de la cultura, de sus artistas, productores y autores a los pies de los caballos de la industria del sector
tecnológico, de las telecomunicaciones y de las grandes cadenas hoteleras. No defiende los intereses ni
derechos de propiedad intelectual ni de su gestión colectiva, amenaza la función social que las sociedades
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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por La Izquierda Plural, señora De las Heras.
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de gestión de derechos realizan y se ha demostrado incapaz de definir la seguridad jurídica necesaria
para resolver de manera equilibrada los intereses entre autores y editores. Es una ley que el Grupo
Popular aprobará pasando el rodillo de su mayoría absoluta en la absoluta soledad, no solo contra el resto
de todos los grupos de la oposición sino de todo el sector cultural, vulnerando la legislación de la Unión
Europea y desoyendo entre otros el informe del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder
Judicial. Después de la obstinación y cerrazón demostrada por el Grupo Popular para bajar el IVA cultural,
cuando ya tienen —porque los tienen— los datos de lo que para la industria y los trabajadores y trabajadoras
de la cultura supone esta medida, esta ley es la demostración más clara del desprecio que este Gobierno
manifiesta ante la cultura de nuestro país, ante su valor emancipador y generador de ciudadanos y
ciudadanas libres y críticos. Es una ley que a su vuelta del Senado, donde el Grupo Popular se comprometió
—ya se ha dicho aquí— a llegar a acuerdos para su mejora, y ante su incapacidad y verdadera falta de
voluntad para llevarlos a cabo, incorpora dos modificaciones mediante las disposiciones cuarta y quinta,
que posponen su entrada en vigor a 1 de enero de 2015 y le da el plazo de un año de vida para ser
sustituida por otra reforma integral de la ley, que aborde precisamente los aspectos que más daño van a
causar al mundo de la cultura y que han motivado este desaguisado de ley: el régimen aplicable a la
gestión colectiva de derechos, la compensación por copia privada y las competencias y naturaleza del
legislador. Es una verdadera chapuza, señores del Grupo Popular; un parche que no podrá evitar el daño
que causará de manera inmediata esta ley en su puesta en vigor. Como ya alerta Adepi, la Asociación de
entidades de gestión, reducirá muy gravemente cientos de miles de salarios de profesionales del sector
de la cultura, dificultará su gestión y no aportará soluciones en la lucha contra la piratería. Esta es su ley;
nace muerta, señoras y señores del Grupo Popular, y a mayor gloria de su irremediable inoperancia traerá
mayores problemas a la ya suficientemente apaleada cultura de nuestro país.
Desde La Izquierda Plural por supuesto que no vamos a apoyar este desastre, este desaguisado.
(Aplausos).
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde Convergència i Unió recibimos este proyecto, cuando entró en el Congreso, con una
actitud abierta, constructiva. Ya le dijimos, señor ministro, en el primer debate que tuvimos aquí hace ya
unas cuantas semanas que estábamos dispuestos a hablar de ello; incluso usted nos habló de la necesidad
de consenso en este proyecto, nos dijo que era importante que existiera consenso. Estábamos
absolutamente de acuerdo y aún pensamos que habría sido deseable que lo hubiera habido por la
importancia que este proyecto tiene para la cultura, para el sector cultural, para nuestros creadores e
industrias culturales.
Estamos absolutamente convencidos de la necesidad de una buena ley de propiedad intelectual, una
ley adecuada y adaptada a los cambios tecnológicos de los últimos años, una ley adecuada a los innegables
cambios que ha habido en el consumo cultural, una ley capaz de afrontar con determinación y con valentía
el grave problema de la vulneración de los derechos de autor en el entorno tecnológico. Ahí nuestro grupo
parlamentario siempre ha estado al lado del Gobierno, fuera del color que fuera, para luchar contra esa
lacra que es la vulneración de los derechos de autor en el entorno tecnológico. Esperábamos una ley
capaz de adaptarse a los acontecimientos recientes que pusieron de manifiesto la necesidad de reforzar
y mejorar la regulación de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor para que fueran
realmente eficaces a la hora de proteger los derechos de nuestros creadores; una ley, en definitiva, señor
ministro, para los nuevos tiempos; una ley que fuera un instrumento realmente útil para nuestros creadores,
para nuestras industrias culturales; una ley que fuera un aliciente para el sector cultural, pero también para
la economía productiva, señor ministro, porque usted sabe muy bien la enorme potencialidad que tiene
nuestra cultura en la economía. Señor ministro, la cultura es un ámbito que puede ser un motor importante
para crear ocupación.
Ahora bien, hemos perdido, como ha dicho algún portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra, una oportunidad útil para avanzar, para mejorar ese potencial de nuestra industria cultural.
Además, el sector cultural lo pedía y lo continúa pidiendo a gritos. Necesitamos una buena ley de propiedad
intelectual que sirva de impulso para realizar esa aportación a nuestra economía. Ya no hablo de los otros
ámbitos en los que tiene incidencia la cultura, que la tiene y mucho. Desde Convergència i Unió vemos
que estamos a punto de aprobar un nuevo proyecto, pero hemos perdido una oportunidad, y lo lamentamos
cve: DSCD-10-PL-236
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Surroca.
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profundamente. En nuestro grupo, a pesar de las discrepancias, estábamos dispuestos a hablar de ello,
a hacer aportaciones y a apoyarlo, si se hubieran incorporado propuestas de nuestro grupo y de otros
grupos que hubiéramos podido compartir. Tenemos la sensación de que desde la Secretaría de Estado de
Cultura no ha habido esa capacidad de convencer a otros ministerios implicados en este proyecto de ley,
y lo lamentamos. No han conseguido sumar a otros ministerios para realizar las aportaciones en este
proyecto de ley y que necesita el sector cultural. Era una oportunidad para conseguir mejoras de calado.
El Gobierno tampoco ha sido incapaz de sumar a los grupos parlamentarios. Ha habido algún intento
—lo reconocemos—, pero quedó en nada, en palabras agradables que no se han materializado. Este
proyecto de ley llega del Senado como salió, con cambios que no son sustanciales; ni siquiera ha
habido capacidad del Grupo Popular, incluso del Gobierno, para conseguir en el Senado consensos con
otros grupos parlamentarios. Lamentamos que hayan sido incapaces de conseguir esa complicidad que
era importante y necesaria para el sector cultural.
Además, nos preocupa mucho cómo va a salir esta ley, porque hay una cuestión —la fórmula de cómo
se está pagando la compensación equitativa por copia privada, fórmula adoptada por el Gobierno e
incorporada a este proyecto— que no entendemos. Presentamos nuestra propuesta, y había varias de otros
grupos que también nos parecían razonables y se ajustaban mucho mejor a la normativa de las directrices
europeas. Ahora estamos en una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque este proyecto va a salir de aquí con una
fórmula para pagar la compensación equitativa por copia privada, y a lo mejor dentro de cuatro días nos van
a decir que es contraria a la normativa europea. Esto es realmente preocupante por las consecuencias que
puede tener para el Gobierno. Tal vez algunas de las demandas que se han puesto ante los juzgados
son estimadas y tendríamos problemas de responsabilidad patrimonial de la Administración, con lo que ello
puede suponer para los presupuestos del Estado: tener que abonar importantes cantidades al sector cultural.
Esta cuestión realmente preocupa muchísimo a nuestro grupo parlamentario.
Había propuestas, no solamente de nuestro grupo sino también de otros grupos parlamentarios, que
se podrían haber incorporado a este proyecto, que podrían haber salvado este riesgo con el que ahora va
a salir aprobado de las Cámaras. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario no puede apoyar este texto.
Anunciamos que vamos a votar en contra de los cambios que vienen incorporados del Senado. Somos
conscientes de que, con la mayoría absoluta del Grupo Popular, quedarán igualmente incorporados.
Probablemente, alguno de los cambios del Senado pueden suponer alguna mejora. Con este voto en
contra manifestamos esa discrepancia por no haber sido capaces de conseguir los consensos necesarios
y las mejoras sustanciales que necesitaba el sector cultural. Queda incorporado un aspecto que nos
preocupa muchísimo, nuevamente en este proyecto de ley hay vulneración de competencias. Ya lo dijimos
en el primer debate en esta Cámara, así como en Comisión y mi compañero del Senado el señor Joan
Bagué lo puso de manifiesto. Allí presentamos nuestra enmienda al respecto, que fue rechazada.
Lamentamos nuevamente que tengamos aquí un proyecto que vulnera competencias de las comunidades
autónomas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
El señor TORRES MORA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, no ha podido ser. Finalmente la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual
no ha obtenido el amplio consenso que la cultura merece. En el Congreso ustedes, señores del Grupo
Popular, aprobaron nueve enmiendas, de ciento sesenta y tres que presentamos; en el Senado se han
presentado doscientas nueve y no han aprobado ninguna. En estas condiciones mi grupo, como el resto
de los grupos parlamentarios, no puede apoyar las enmiendas que envían del Senado, no puede apoyar
esta ley. Lo que se presentó como una reforma parcial y urgente de la Ley de Propiedad Intelectual ha
resultado tener poco de reforma, nada de urgente, pero parcial sí ha sido, como se podrá comprobar
cuando miremos dentro de un rato el panel de votación. Decía Séneca que ningún barco tiene buenos
vientos cuando no sabe a qué puerto se dirige. Esta ley partió sin un rumbo claro y sin ninguna carta
náutica. Faltó un libro blanco —lo pedimos aquí— que nos hubiera iluminado a la hora de legislar; un libro
blanco que nos hubiera iluminado también a la hora de dialogar con los distintos sectores que se han
interesado por la ley. Nos han faltado datos, objetividad, rigor a la hora de las discusiones, información; de
eso tenía que habernos dotado un libro blanco. Insisto en que lo pedimos, pedimos un análisis. Hubiera
estado bien saber realmente cómo son las tarifas, poder comparar las de un sector con otro, conocer
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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Surroca. (Aplausos).
Por el Grupo Socialista, señor Torres Mora.
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exactamente cómo gravan las tarifas el desarrollo de las industrias que hacen uso de la propiedad
intelectual. Hubiera estado bien poder comparar las tarifas españolas con las de los países con los que
competimos, por ejemplo, por el turismo para saber qué ocurre con ellas en los hoteles; hubiera estado
bien tener esa información porque nos hubiera permitido dialogar sobre un conocimiento sustantivo.
Hubiera estado bien conocer, por ejemplo, qué ha ocurrido con los productos, con los soportes para la
grabación, después de quitar la compensación por copia privada. ¿Se han abaratado? ¿Son más baratos
para los ciudadanos? ¿Ha obtenido algún beneficio la ciudadanía o simplemente hemos echado sobre los
Presupuestos Generales del Estado lo que antes financiaba una industria que tiene bastante recursos,
como es la tecnológica? Es el daño que se hace al mundo cultural con ese tipo de copias. No tenemos
informes sobre eso. Al Gobierno no le gustan los informes sobre la evolución de la piratería; no le gustan
no los resultados de los informes —espero que no—, ni siquiera los informes, porque piensan que son
parciales. Claro, generalmente, los que piratean no encargan los informes; los encargan aquellos que ven
vulnerados sus derechos. Tampoco tenemos ese tipo de información.
Ahora se han hecho en esta ley modificaciones, pero va a ser difícil que sepamos si son eficaces o no
si no tenemos un sistema de indicadores que nos ayude a legislar y a cambiar nuestra propia legislación.
No lo tenemos; no hemos tenido una carta náutica; no hemos tenido mapas que nos ayudaran a orientarnos
a la hora de cambiar el sistema de leyes de derechos de autor, de propiedad intelectual, en un contexto
de cambio tecnológico muy importante; no hemos tenido esa información. Hemos legislado como se
legisla, por desgracia, demasiado —y no solo en el sector cultural— a ojo de buen cubero. (Rumores).
Es un sector muy relevante. Tiene una aportación al PIB más grande que el sector agrario. Estamos
hablando de casi medio millón de personas que trabajan en el sector de la cultura; no son eso que se tiene
prejuzgado, sino personas muy distintas: músicos, pintores, ingenieros del verso, que con otros construyen
España, como han hecho Cervantes, Goya, Albéniz, y como ahora hace mucha gente que está construyendo
nuestro país, que hace patria. Hubiera sido necesaria una cartografía que radiografiara perfectamente a
ese sector para que hubiéramos podido enfrentarnos a todos esos intereses que han estado pugnando en
torno a esta ley, para que hubiéramos podido dialogar con ellos con rigor; pero no lo hemos tenido, y esos
sectores han ido imponiendo sus distintas posiciones. Esta es una ley que ha afectado a varios ministerios.
Es verdad que hay un anillo que controla todos los anillos. (Continúan los rumores).
El señor TORRES MORA: Presidenta, no soy yo el que merece el respeto sino la cultura, de la que
estamos hablando.
Decía que hay un anillo capaz de controlar todos los anillos; ese anillo está en La Moncloa y es el
anillo que marca el rumbo de la cultura y el rumbo de esta ley. Y tengo la sensación de que quien marca
el rumbo de esta ley y de la política cultural tiene la misma tentación o ha dado la misma orden con el
barco de la cultura que dieron con el Prestige, que es mandarla lo más lejos posible. Me parece que es
muy injusto hacer eso con la cultura porque están confundiendo a un sector que es muy amplio, que tiene
muchos intereses y posiciones políticas muy diversas con sus adversarios.
Se están equivocando. El sector de la cultura no es su adversario político; el sector de la cultura es un
sector industrial que defiende sus intereses, que son intereses estratégicos para nuestro país. Han
cometido un error tratando así a la cultura. Ahora se han sentido fuertes para debilitar la cultura, para
quitarle poder corporativo, para empobrecerla, para quebrarla, pero no van a poder mantener su fuerza y
la cultura seguirá siendo fuerte e importante. Se han equivocado ustedes tratando así a la cultura. Tienen
una oportunidad todavía de cambiar esa relación que mantienen con la cultura, que no es buena para
ustedes, no es buena para España, no es buena para nadie. La cultura forma parte de todos nosotros. No
sean sus adversarios, traten bien a la cultura porque es un sector importante económicamente, pero
también lo es para nuestra propia identidad nacional. Ahora tienen una oportunidad a través de los
reglamentos. Intenten hablar con ellos, intenten consensuar con ellos. Es verdad que hay muchos
intereses, que tenemos que mediar, pero les aseguro que nuestra obligación como representantes de los
ciudadanos es equilibrar esos intereses, buscar su equilibrio. Hay sectores muy poderosos y otros menos,
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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Torres Mora; un segundo, por
favor.
Ruego algo de silencio, para que sea posible que escuchemos al orador. El señor ministro está haciendo
muchos esfuerzos para escucharlo pero comprendo que es imposible. Por favor, guarden silencio; el que
quiera hablar que salga. Pido un poco de respeto por el compañero diputado que está interviniendo.
Adelante, señor Torres Mora.
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y la cultura es un sector poco poderoso. Por tanto, desde las administraciones públicas y desde los
poderes públicos debemos reequilibrar el poder y fortalecer la cultura. Les aseguro que lo vamos a tener
que hacer y ustedes tienen todavía la oportunidad de hacerlo en el año que les queda, luego no la tendrán.
Les sugiero que de verdad se ocupen seriamente, ahora que, como digo, todavía tienen oportunidad, de
hacer un buen reglamento de desarrollo para esta ley e intenten hacer con la cultura lo que no han podido
hacer hasta ahora, que es una alianza por el país, por España, por nuestros intereses generales. No han
conseguido ustedes el apoyo de ningún grupo parlamentario y tampoco entenderse previamente con el
sector de la cultura, algo que es de lamentar realmente. Señorías, como dije anteriormente, mi grupo
votará en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor RUANO GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, decía el gran escritor y periodista Manuel Chaves Nogales, cuyos libros
conocen bien sus señorías, que a las personas se las juzga o bien por sus palabras o bien por sus hechos.
Pues bien, en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, como en todas las demás, el Grupo
Parlamentario Popular puede decir alto y claro: dicho y hecho. A lo largo de este año hemos tenido ocasión
de debatir en las Cortes Generales una reforma que ha tenido y tiene tres fines principales. Primero, la
protección de nuestros creadores culturales en Internet; segundo, la mejora de la transparencia y la
eficacia de las entidades de gestión de derechos de autor, y tercero, la transposición de tres directivas
europeas. Y hoy, señorías, podemos decir con meridiana claridad: dicho y hecho.
Aún quedan temas pendientes por abordar, tales como los aspectos relativos a la compensación por
copia privada, que se llevarán a cabo cuando la Unión Europea así lo establezca mediante la necesaria
armonización legislativa de los distintos Estados miembros. Pero, dicho lo anterior, hay que decir que la
protección de nuestros creadores culturales en Internet, la exigencia de transparencia y eficacia de las
entidades de gestión de derechos de autor y finalmente la transposición de directivas europeas que quedaron
pendientes en la anterior legislatura no podían ni debían esperar por una reforma de mayor calado y
profundidad en la que desde ya, en este mismo texto legislativo, estamos siendo convocados para dialogar
y consensuar medidas que por su misma naturaleza una reforma como esta no puede ni debe llevar a cabo
hasta tanto la Unión Europea no fije directrices homogéneas en todos los Estados miembros.
Con humildad, señorías, pero también con absoluta convicción les decimos que es mucho el camino
que hemos recorrido y prueba de ello son los ocho objetivos alcanzados con esta reforma. Primer objetivo:
hemos reforzado los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión asegurando así una mayor
transparencia y eficacia y mejorando con ello los mecanismos de participación y de control por parte de
los socios de las entidades en sus órganos de gobierno. Lo dijimos y lo cumplimos. Segundo objetivo:
hemos mejorado la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que
puedan sufrir en el entorno digital. Lo dijimos y lo cumplimos. Tercero: hemos acotado los límites del
concepto de copia privada atendiendo a los progresos de la sociedad de la información. Pues bien, lo
dijimos y lo cumplimos. Cuarto: hemos ampliado el derecho de ilustración para usos educativos y de
investigación facilitando el uso de licencias. Pues dicho y hecho. Quinto objetivo: hemos adaptado el límite
de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores en Internet reconociendo el
derecho de las empresas editoras y de los autores de noticias a ser compensados económicamente por
la explotación de sus contenidos. Dicho y hecho. Sexto: hemos establecido una nueva base jurídica que
facilita la negociación entre las plataformas de agregación de noticias, los editores de prensa y los autores
de noticias, y todo ello sin que en ningún caso —repito: en ningún caso— los usuarios de Internet tengan
que realizar pago alguno por enlazar a noticias creadas por las editoras de prensa. Pues bien, lo hemos
dicho y lo hemos hecho. Séptimo: hemos realizado la transposición al ordenamiento jurídico español de
dos directivas europeas que quedaron pendientes en la anterior legislatura más otra nueva producida
durante la propia tramitación legislativa de este proyecto de ley. Pues bien, lo hemos dicho y lo hemos
hecho. Y octavo objetivo y último: hemos adaptado la Ley de propiedad intelectual a la nueva legislación
de racionalización del sector público. Pues bien…
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, un momento.
Por favor, ruego un poco de silencio para que se pueda escuchar al interviniente. Gracias.
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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Torres Mora.
Por el Grupo Popular, señor Ruano.
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El señor RUANO GÓMEZ: Señor presidente, señorías, concluyo. Estos son los objetivos de esta
reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Todos y cada uno de estos objetivos están presentes y tienen
un cumplido desarrollo en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y todos y cada uno de estos
objetivos tienen una misma y clara finalidad: la protección y la defensa de nuestros creadores culturales.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Gracias, señorías, por su atención y su consideración.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruano.
DICTÁMENES DE LACOMISIÓN DEASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE
BAHREIN SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MANAMA EL 1
DE MAYO DE 2014. (Número de expediente 110/000135).
— ACUERDO SOBRE CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LAS FLOTAS ESPAÑOLA
Y PORTUGUESA EN LAS AGUAS DE AMBOS PAÍSES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA PORTUGUESA, HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE MARZO DE 2014. (Número de
expediente 110/000136).
El señor PRESIDENTE: Llegamos al último punto del orden del día que son los dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/000135
y 110/000136. Se ha pedido por parte de los grupos poder intervenir y les recuerdo que tienen hasta cinco
minutos; hasta cinco minutos, es decir que no hay que consumirlos enteros.
En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estoy convencido de que ustedes son conocedores, son conscientes, tienen idea de
qué democracia es Bahrein. No es democracia, de hecho es un Estado dictatorial disfrazado. Deben
saber que hace pocos días un ciudadano, un activista en pro de los derechos humanos, fue detenido
porque se había atrevido a publicar en la red un tuit en el cual denunciaba que miembros de las
fuerzas armadas de Bahrein se habían unido al Estado Islámico. Solamente la publicación de un tuit,
solamente la publicación de un tuit, repito, le costó a este activista de los derechos humanos sufrir
encarcelamiento. Por cierto, Amnistía Internacional, Green Peace, Oxfam Intermón, FundiPau y
también Esquerra Republicana de Catalunya han denunciado que el Estado español ha incrementado
en un 25 % la venta de armas a este Estado. ¿Cuál es la finalidad de estas armas? Pues creo que a
nadie se le escapa que estas armas tienen como objetivo mantener un régimen autoritario que reprime
a su población. Y ahora ustedes nos piden que ratifiquemos un convenio de colaboración militar y nos
preguntamos de qué colaboración estamos hablando y con qué finalidad. ¿Acaso es para que el
ejército y la policía de Bahrein vengan aquí, a nuestro Estado, a enseñarnos cómo y de qué manera
se reprime a los activistas de los derechos humanos o acaso es al revés? ¿Acaso se trata de ir
nosotros allí, a Bahrein, a enseñarles cómo se utiliza de manera eficaz todo el material antidisturbios
que les vendemos? Entenderán, pues, que nosotros hoy no solamente manifestamos nuestro voto
contrario, sino que les pedimos que no ratifiquen, y nos dirigimos básicamente a las fuerzas
progresistas de este Parlamento, este convenio de colaboración militar entre el Estado español y el
Estado autoritario y represor de Bahrein.
Muchas gracias.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.
Celebro que este acuerdo de cooperación entre el Reino de España y el Reino de Bahrein nos dé la
ocasión de hablar de un pequeño país, pequeño pero muy cercano a otro país grande y poderoso y que
es una potencia regional, como es Arabia Saudí. Con este país, que en la Primavera Árabe de 2011 sacó
los tanques a la calle contra su población civil —tanques saudíes, precisamente—, se quiere firmar un
acuerdo de cooperación de ocho puntos (Rumores), de los cuales seis son relativos a cooperación militar:
cve: DSCD-10-PL-236
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo de UPyD tiene la palabra la señora Lozano.
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cooperación en la industria de defensa, importación y exportación de armas, servicios sanitarios militares,
operaciones de mantenimiento de paz, actividades culturales y deportivas militares (Rumores), cuestiones
medioambientales y de contaminación causada por instalaciones militares… En fin, un acuerdo que tiene
una orientación clarísimamente…
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
¡Por favor, los diputados que no quieran estar que abandonen el hemiciclo!
Continúe, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que sobre este país —con el que el Gobierno de España quiere establecer una cooperación
clarísimamente orientada a lo militar— nos ha llegado precisamente estos días de la Asociación
Pro Derechos Humanos de España una alerta en relación con las represalias sufridas por don Nabeel
Rajab, presidente del Centro de Bahrein para los Derechos Humanos. Sobre el caso de este activista
de los derechos humanos, que ha estado detenido durante varias semanas y ha sufrido torturas, nos
pedían que llamáramos la atención, lo cual aprovecho para hacer en esta intervención. También quiero
recordar que el Parlamento Europeo, en febrero de este año, ha aprobado una resolución de urgencia
por unanimidad relativa a Bahrein en la que se dice, y cito literalmente: Las autoridades de Bahrein
siguen violando y restringiendo los derechos de los individuos a la protesta pacífica, la libertad de
expresión y la libertad digital. Y sigue: Los activistas de derechos humanos se enfrentan a sistemáticos
y continuos ataques, hostigamiento y detención. Esta resolución —insisto— se aprobó en el Parlamentario
Europeo por unanimidad.
Señorías, en los países donde los activistas de derechos humanos sufren persecución, toda la
población sufre persecución. En los países donde los activistas de derechos humanos están detenidos sin
garantizarles sus derechos, toda la población está expuesta a que se vulneren sus derechos fundamentales.
Creemos que una democracia asentada como la nuestra no debe dar la menor cobertura a una autocracia
como es la de Bahrein y por eso votaremos en contra de este convenio.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
De vez en cuando vienen a este Plenario tratados —como hoy el convenio militar de España con
Bahrein— que nuestro grupo vota en contra. Pero ustedes, que van a votar a favor, lo van a hacer con la
nariz tapada. Lo van a votar con la nariz tapada porque cualquier demócrata siente náuseas al firmar un
tratado militar con una dictadura represora de sus propios ciudadanos. Dice el convenio que vamos a
votar dentro de un minuto que vamos a educar, formar, cooperar, importar, exportar y que vamos a realizar
operaciones humanitarias y actividades culturales. Creo que hace tiempo que no votaba nada con más
cinismo en esta Cámara. Estamos hablando del Reino de Bahrein, estamos hablando de su majestad
Sheikh Hamad Bin Isa Al Khalifa, hermano del Rey de España, como él mismo se autodenomina. Estamos
hablando de una dictadura, no de una monarquía parlamentaria, de una dictadura donde la oposición está
prohibida y del país árabe donde porcentualmente la represión de su Primavera Árabe ha sido la más
importante de todos los países árabes. Estoy hablando de proporción, pensemos que es un país con
menos de 1,5 millones de habitantes y la mitad son extranjeros. Las cifras de la represión son brutales. Si
las comparásemos con España estaríamos hablando de docenas de miles de reprimidos y de miles de
asesinados en los años 2011 y 2012.
Sabemos que el rey de España, Juan Carlos, en su periplo por las dictaduras del Golfo de mayo de
este año, de mayo de 2014, hizo dos cosas: en primer lugar, hacer de conseguidor de contratos con
empresas españolas y, en segundo lugar, actuar como factor de olvido de los derechos humanos en
todas las dictaduras del Golfo; esa fue también una de las acciones del rey Juan Carlos en mayo de
este año. (Aplausos). Y eso es lo que hoy aquí estamos discutiendo. Yo les propongo que añadan
algunas cosas al tratado, igual entonces nos abstendremos. Añadan que el principal partido de la
oposición está prohibido o suspendido, pónganlo también en su tratado, por favor. Pongan también,
como dicen el Centro de Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos, que se declaró una ley marcial, que tropas de Arabia Saudí fueron utilizadas para
cve: DSCD-10-PL-236
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
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la represión en Bahrein, que se ha asesinado a más de cien personas por parte de los cuerpos de
seguridad del Estado en la Primavera Árabe de ese país. Pongan también que 4.500 personas fueron
detenidas, que hay miles de torturados y que en las cárceles de Bahrein hay presos políticos, a cientos
en estos momentos; póngalo en su tratado, por favor. Y pongan también que hay impunidad sobre los
responsables, que hay revocatorias arbitrarias de nacionalidad, que hay tres condenas a muerte,
veintidós cadenas perpetuas, y que en Bahrein desde el año 2002 las mujeres pueden votar, pero no
tienen ningún derecho político ni ningún derecho civil. Pongan eso en su tratado y que se les caiga la
cara de vergüenza. (Aplausos).
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, creo que es una buena práctica que en esta legislatura se haya establecido el debate sobre
los tratados internacionales, que muchas veces traen causa de debates de fondo sobre la situación de las
relaciones internacionales y los derechos humanos. Sucede lo siguiente, señorías, cuando tenemos que
fijar posición sobre tratados como los que se votan esta mañana. Por cierto, uno respeto a Turquía y al
cual nadie ha hecho referencia, cuando algunos elementos de política interna de Turquía también podrían
ser avocados a este debate, y el otro respecto a Bahrein.
Señorías, ayer por la tarde en la Comisión de Defensa se aprobó el informe anual sobre comercio de
armas con las recomendaciones de los distintos grupos parlamentarios, básicamente se adoptaron las
recomendaciones del grupo de la mayoría. ¿Qué sucede en el debate del informe anual del comercio de
armas y qué está sucediendo hoy aquí con este Convenio con el Reino de Bahrein, no democrático y que
viola los derechos humanos? Señorías, sucede que al final hay un prejuicio muchas veces de posición
previa sobre aquellos países con los cuales se puede comerciar o no comerciar. ¿Y qué sucede? Que de
una forma absolutamente previsible año tras año una parte de este hemiciclo presenta en el informe anual
del comercio de armas resoluciones para que nunca se vendan armas a Israel y después se hace una
relación de adjetivos calificativos notablemente degradantes, y otra parte de la bancada de este hemiciclo
hace la presentación y defensa de una resolución pidiendo que nunca se vendan armas a Venezuela, otro
régimen no democrático. Señorías, es cierto que se venden armas a regímenes no democráticos.
Yo personalmente en esta dicotomía entre Israel y Venezuela tengo claro cuál es el régimen democrático
y cuál es el régimen no democrático. Hoy estamos discutiendo un convenio con un régimen no democrático
y con un régimen en el cual ha habido violación de los derechos humanos. Nosotros hemos apoyado
también en el Parlamento Europeo las resoluciones sobre la violación de los derechos humanos en
Bahrein. Dicho esto, señorías, en las relaciones internacionales, en los tratados internacionales y en el
comercio internacional es mejor la cooperación con luz y taquígrafos a través de un tratado internacional
que a través de las viejas formas de los fondos reservados. Preferimos hablar con regímenes no
democráticos a través del Estado de derecho y a través de los instrumentos de los tratados internacionales
a las viejas formas de hacer política en las relaciones internacionales y la diplomacia. Este es un tratado,
como tantos otros que se han firmado en el pasado sin discusión ni debate en esta Cámara, con un
régimen no democrático, estamos de acuerdo, pero si ustedes quieren aplicar este criterio para todo y en
todo, haremos una lista de más de cien países del mundo con los que España no debe tener relaciones
comerciales ni diplomáticas. Lo podemos hacer, es otra aproximación a las relaciones internacionales.
Si ustedes quieren hacer una relación de países en los que se violan los derechos humanos y con los que
no firmamos tratados internacionales, nosotros quizá podamos adoptar este nuevo criterio, pero es un
cambio de paradigma absoluto.
Señorías, no vengo aquí a hacer de abogado del diablo de un régimen no democrático, simplemente
vengo a destacar los dobles criterios, los dobles estándares, el prejuicio y la proyección ideológica con la
que se afrontan a veces los debates de los convenios sobre el comercio de armas y sobre algunos países.
No nos apetece especialmente afrontar la votación de este tratado con Bahrein, pero este tratado dice en
su articulado que es a favor de la cooperación y del incremento de los estándares en seguridad y también
de restricción de la violación de los derechos humanos. Nosotros preferimos esto a la continuación de los
más desgraciados episodios de la represión de la Primavera Árabe en Bahrein. Ninguna pasión defendiendo
los convenios con Venezuela, ninguna pasión defendiendo los convenios con Bahrein, siempre la defensa
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
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de los tratados internacionales, del Estado de derecho, del negro sobre blanco. Por esto vamos a votar
favorablemente este tratado internacional.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar afirmativamente los dos convenios. En los convenios
internacionales es norma de este grupo parlamentario votar afirmativamente las propuestas que hace el
Gobierno. En particular, en este convenio con Bahrein, que ha sido objeto de debate en este Pleno, quiero
hacer una pequeña mención. Si con todos los países que tienen problemas con los derechos fundamentales
España no pudiera tener relaciones bilaterales y firmar convenios, obviamente perderíamos muchos de
los convenios que habitualmente firmamos y relaciones bilaterales que normalmente tenemos y que
también nos legitiman para exigir a estos países las mejoras en el ámbito de derechos fundamentales y
en el ámbito democrático. En cuanto al convenio objeto de ratificación hoy, ciertamente es un convenio de
cooperación militar, pero no estrictamente militar, porque quiero hacer notar que en la base del convenio
también hay cooperación en materia de operaciones humanitarias, de mantenimiento de la paz y también
cuestiones medioambientales. Por todo ello, nuestro voto va a ser afirmativo, de igual forma que en
relación con el convenio sobre temas de flota y de pesca con la República de Portugal, con la que nos
unen lazos de muy estrecha relación.
Muchas gracias, presidente, señorías. (Aplausos).
La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Gracias, presidente.
Señor Nuet, le oigo hablar mucho de represión en Bahrein, pero no le oigo hablar nada de la represión
de Cuba y de Venezuela. (Aplausos). Ustedes todavía no han entendido que en un entorno internacional
como el actual, en el que hay un concepto fundamental, que es el de interdependencia, en el siglo XXI la
lucha contra el terrorismo no puede ser abordada de manera individual por ningún país, sino por la
comunidad internacional en su conjunto. Un país en solitario no puede enfrentarse al terrorismo
internacional, como el de Isis, y los nuevos riesgos y amenazas deben abordarse desde la perspectiva de
iniciativas consensuadas entre todos los países. Este es el contexto en el que se inscribe este Tratado
bilateral con Bahréin que hoy traemos al Pleno. España quiere contribuir, precisamente, a consolidar un
orden global estable mediante la cooperación, en materia de defensa, con países que respondan a
nuestros intereses estratégicos, por ejemplo, en este caso con los del Golfo Pérsico, y espero que a usted
no le quepa duda de la importancia que tiene actualmente la lucha contra la amenaza a la seguridad
mundial, incluida la que afecta a España.
Este convenio no tiene, ni mucho menos, como objeto principal —usted lo sabe, léaselo todo—
la exportación de armas, sino que habla —como aquí se ha dicho bien— de instalaciones militares en
ambos países, desde el punto de vista de las visitas mutuas, actividades de adiestramiento militar,
cuestiones medioambientales, etcétera. En ningún caso habla del envío inmediato de armas a este
país. Señor Nuet, le recuerdo que el Gobierno no fabrica armas y ni siquiera potencia su exportación;
son las empresas y las industrias las que lo hacen. Lo único que tienen que hacer el Estado y el
Gobierno es disponer de un marco legislativo estricto para que se cumplan todas las disposiciones, en
el sentido de que estas armas no puedan ser utilizadas contra civiles o que no puedan ser objeto de
tráfico de armas.
España tiene una legislación muy rigurosa en este sentido, cumplimos toda la normativa, y si el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores creen que este tratado es importante para la
defensa de los intereses estratégicos nuestros, nosotros no lo vamos a discutir.
Muchísimas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Miguélez.
En tres minutos procederemos a votar. (Pausa).
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Miguélez.
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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES
ADOPTADAS Y LAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE AL VIRUS DEL
ÉBOLA. (Número de expediente 173/000179).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió, que debatimos ayer, sobre las
actuaciones adoptadas y las que tiene previsto adoptar el Gobierno frente al virus del Ébola. Se vota en
los términos de la enmienda presentada por el Grupo Popular y aceptada por Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 202; abstenciones, 117.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
— PROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA
UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000086).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora en conjunto y en bloque las enmiendas aprobadas por
el Senado al proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 315; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES
PENALES Y CONSIDERACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES EN LA UNIÓN
EUROPEA. (Número de expediente 121/000088).
El señor PRESIDENTE: Ahora enmiendas aprobadas por el Senado, también se votan todas en
bloque, al proyecto de ley orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y
consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 313; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Al tratarse de una ley de carácter orgánico requiere para su aprobación el
voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, y a esa votación es a la que vamos a proceder. Hay
un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 1 voto telemático, 319;
a favor 293 más 1 voto telemático, 294; en contra, 5; abstenciones, 20.
— PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE
ABRIL, Y LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente
121/000081).
El señor PRESIDENTE: Votación, también en bloque, de las enmiendas aprobadas por el Senado
al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido en la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado
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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
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por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 172; en contra, 144;
abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
DE
ASUNTOS
EXTERIORES
SOBRE
CONVENIOS
— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE
BAHREIN SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MANAMA EL 1
DE MAYO DE 2014. (Número de expediente 110/0000135).
El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a votar los dictámenes por separado. En primer lugar, acuerdo
entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Bahréin sobre cooperación en el ámbito
de la defensa.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 290; en contra, 20;
abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
— ACUERDO SOBRE CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LAS FLOTAS ESPAÑOLA
Y PORTUGUESA EN LAS AGUAS DE AMBOS PAÍSES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA PORTUGUESA, HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE MARZO DE 2014. (Número de
expediente 110/000136).
El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española
y portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de España y la República Portuguesa.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 313; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
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Eran las doce y diez minutos del mediodía.
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