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SEGUNDA ÉPOCA NÚMERO 581
MARTES 17 DE FEBRERO DE 2015
ÍNDICE
3 Convocatoria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social
3 Convocatoria de la Comisión de Vigilancia de la ASF
4 Invitación de la Coordinación de Laicidad, Derechos Humanos e Igualdad
4 Invitación de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social
5 Invitación de la Comisión de Puntos Constitucionales
8 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el decreto constitucional
en materia política-electoral publicado el 10 de febrero de 2014. Conjunta
14 Proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a establecer
mesas de trabajo para el procesamiento de residuos sólidos urbanos. Diputada
Yesenia Nolasco Ramírez
15 Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la SHCP a incluir a todo el
territorio de Baja California en la política de precios homologados y escalonados
de gasolinas. Diputado Abraham Correa Acevedo
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16 Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Justicia a
analizar y discutir las iniciativas en materia de desaparición forzada de personas.
Diputado José Luis Esquivel Zalpa
19 Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la SHCP a garantizar que los
recursos clasificados del anexo 13 no sean afectados. Conjunta
22 El derecho humano al agua. Diputado Miguel Alonso Raya
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Grupo Parlamentario del PRD
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Convocatoria
Convocatoria
A la décima sexta reunión ordinaria de la Comisión
de Fomento Cooperativo y Economía Social, que se
llevará a cabo el martes 17 de febrero a las 9:00
horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
A las actividades de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación que, con motivo
de la recepción, la presentación y el análisis del
Informe del resultado de la fiscalización superior de la
cuenta pública correspondiente a 2013 y con la
presencia del auditor superior de la Federación —
contador público certificado Juan Manuel Portal
Martínez—, se iniciarán el miércoles 18 de febrero a
las 12:00 horas, en el salón Legisladores de la
República (Salón Verde).
Orden del día
1) Lista de asistencia y de declaratoria de quórum
2) Lectura y aprobación del orden del día
3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
del acta de la décimo quinta reunión ordinaria.
4) Lectura, discusión, y en su caso aprobación de
punto de acuerdo, por el que se desecha la
Iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de
la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del
Párrafo Séptimo del artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en lo referente al sector social de la
economía, a fin de documentar y publicar, vía
digital e impresa, los casos de éxito de
beneficiarios de apoyos y estímulos públicos
para proyectos productivos que sirvan de
referencia para otros beneficiarios
5) Lectura, discusión, y en su caso aprobación
del dictamen a punto de acuerdo, por el que se
exhorta a los Congresos Locales y a la ALDF a
promover la creación de Comisiones Ordinarias
de Fomento Cooperativo y Economía Social
6) Asuntos generales
7) Clausura y cita para la próxima reunión
Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo
Presidenta
(Rúbrica)
Calendario
• Miércoles 18 de febrero, 12:00 horas, salón
Legisladores de la República (Salón Verde).
Presentación del Informe del resultado de la
fiscalización superior de la cuenta pública
correspondiente a 2013.
• Miércoles 18 de marzo, 9:00 a 18:00 horas,
salón de protocolo del edificio C. Reuniones de
trabajo y análisis. Mesa 1, “Funciones de gobierno,
hacienda y crédito público, y desarrollo social”.
• Miércoles 15 de abril, 9:00 a 18:00 horas, salón
de protocolo del edificio C. Reuniones de trabajo y
análisis. Mesa 2, “Funciones de gasto federalizado y
desarrollo económico”.
• Miércoles 20 de mayo, 12:00 horas, salón
Legisladores de la República (Salón Verde).
Entrega de conclusiones y recomendaciones
derivadas del análisis sobre el Informe del resultado
de la fiscalización superior de la cuenta pública de
2013 al auditor superior de la Federación.
Diputado José Luis Muñoz Soria
Presidente
(Rúbrica)
martes 17 de febrero de 2015
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Invitación
El Grupo Parlamentario del PRD a través de la
Coordinación de Laicidad, Derechos Humanos e
Igualdad, invitan al foro:
Avances y pendientes en materia de
desaparición forzada de personas
Que se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero de
9:00 a 15:00 horas, en el auditorio Aurora Jiménez de
Palacios, planta baja del edificio E, Palacio Legislativo
de San Lázaro.
Diputado Víctor Reymundo Nájera Medina
Coordinador
(Rúbrica)
La red de mujeres cooperativistas debe de ser una
asociación que tenga como fin la autogestión, en la
cual la mujer sea la principal protagonista, en donde
además de adquirir empoderamiento también adquiera
responsabilidades que le den fortalecimiento a la red.
A manera de dar seguimiento a la creación de esta
red, se convoca a las mujeres que han sido y quieren
ser parte de este proceso: al Tercer Encuentro Nacional
de Mujeres Cooperativistas, el cual se nombrará
“Construyendo una identidad colectiva”. Y que tendrá
el objetivo de seguir trabajando en la cristalización de
este proyecto colectivo.
Éste se llevará a cabo los días jueves 19 y viernes 20 de
febrero, a partir de las 9:00 horas, en la Cámara de
Diputados.
Objetivo general
• Analizar desde la perspectiva de género, las
posibilidades reales rumbo a conformar la Red
Nacional de Mujeres Cooperativistas en México
Objetivos particulares
Invitación
La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía
Social invita al
Tercer encuentro nacional de mujeres
cooperativistas. construyendo una identidad
colectiva
El tercer encuentro de mujeres cooperativistas surge
con el propósito de dar seguimiento a un trabajo
integral en todos los campos de desarrollo del
cooperativismo y de la economía social, en particular
el empoderamiento de la mujer en este sector como
factor fundamental, a través de conocer las
necesidades de las mujeres en el ámbito cooperativista.
Con la experiencia que la Comisión de Fomento
Cooperativo y Economía Social ha recogido en los dos
encuentros anteriores, se entiende la necesidad de que
se debe de partir de posibilidades reales con el fin de
tener un rumbo para la conformación de la Red
Nacional de Mujeres Cooperativistas en México desde
una perspectiva de género.
4
• Estudiar desde el enfoque de género la realidad
actual de las cooperativas
• Comprender la perspectiva de género y las
ventajas de aplicación en el colectivo
• Determinar las posibilidades de conformar una red
nacional de mujeres cooperativistas en México
• Diseñar algunas líneas de trabajo rumbo a la
creación de una red de mujeres cooperativistas
Programa
Jueves 19 de febrero
Lugar: Auditorio Aurora Jiménez de Palacios,
edificio E, planta baja
9:00. Registro
9:30. Bienvenida, por parte de la diputada Alliet
Mariana Bautista Bravo
10:00. Conferencia: Sara Lovera
11:15. Receso
11:30. Grupos de trabajo: Analizando la vida
cotidiana en las cooperativas ¿Dónde estamos las
mujeres?
Grupo Parlamentario del PRD
Distribución de tres mesas de trabajo
Lugar: Lobby del edificio E, planta baja
13:30. Plenario de los grupos de trabajo
14:30. Receso
15:00. Comida
16:00. Conferencia: Los bienes comunes entre la
crisis y la oportunidad, doctor Alex Covarrubias,
Colegio de Sonora.
17:15. Grupos de trabajo: Reconocer las
posibilidades y del por qué conformar una red
nacional de mujeres cooperativistas.
Distribución de cinco mesas de trabajo
18:30. Cierre del primer día de trabajo del tercer
encuentro.
Viernes 20 febrero
Lugar: Auditorio Aurora Jiménez de Palacios,
Edificio E, Planta Baja
9:30. Recuento del día anterior
10:00. Plenario de los grupos de trabajo
11:15. Receso
Lugar: Lobby del edificio E, planta baja
11:30. Grupos de trabajo: Trazar líneas de trabajo
Método de trabajo: El pleno se dividirá en tres
mesas de trabajo.
13:00. Plenario: Lectura del trabajo de las mesas y
acuerdos.
14:30. Cierre del tercer encuentro
15:00. Comida
Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo
Presidenta
(Rúbrica)
martes 17 de febrero de 2015
áGORA
Invitación
La Comisión de Puntos Constitucionales, con la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, División
de Educación Continua y Vinculación invita al
Diplomado Análisis político
y campañas electorales
Que se realizará del 23 de marzo al 3 de agosto, de
8:00 a 10:00 horas.
El diplomado está dirigido a legisladores, asesores
parlamentarios
y
políticos,
estudiantes
e
investigadores (de ciencia política, administración
pública, derecho, sociología, economía, relaciones
internacionales, antropología), funcionarios públicos
de los tres niveles, académicos y personas relacionadas
con la investigación, el servicio público, la
organización, liderazgo político y partidista, la
participación ciudadana y, en general, el
comportamiento cultural, tendencias y estudios en
materia política, en cualquiera de sus ámbitos, que
deseen ampliar conocimientos y desarrollar
habilidades en la gestión del cambio político.
Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.
Fechas: 23 de marzo a 3 de agosto.
Sesiones: lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a
10:00 horas.
Informes e inscripciones: del 9 de febrero al 9 de
marzo de 2015, de 10:00 a 15:00 horas, a los teléfonos
5036 0000, extensión 58126, 04455 23094730, 04455
29212480 y 04455 36665185; en el correo electrónico:
[email protected]; en http://diplomad
ocamara.wix.com/analisispolitico y en las oficinas de
la comisión, edificio D, tercer piso, del Palacio
Legislativo de San Lázaro.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Objetivo general
Proveer los conceptos fundamentales, elementos de
análisis, interpretación, prognosis, estrategia y
formación de habilidades teóricas y prácticas para la
formulación de escenarios de comportamiento
político, estrategias de cambio y para diseñar, planear,
dirigir y evaluar estrategias electorales efectivas, en
escenarios de alta competitividad y con patrones de
conflictividad política y jurisdiccional.
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áGORA
Metodología
Se desarrollarán seis módulos, con sesiones de
trabajo los días lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a
10:00 de la mañana, en el Palacio Legislativo de San
Lázaro. En cada módulo se realizará tres sesiones de
taller y el sexto módulo será en ese formato (taller
práctico).
Los ponentes que participarán en el diplomado serán
investigadores, profesores de educación superior,
funcionarios públicos y responsables de organismos no
gubernamentales, con la idea de generar una discusión
multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.
Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo
y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.
• La sociedad civil y el Estado
• Análisis de perspectiva en candidaturas
ciudadanas, segunda vuelta, reelección y
comportamiento partidista
• Características de las campañas y el voto en los
sistemas de mayoría y en los de representación
popular
• El Instituto Nacional de Elecciones: funciones y
reglas
• La reforma política y electoral en México
• La nueva Ley General de instituciones y
Procedimientos Electorales
• La Ley General de Partidos Políticos
Módulos y temario
Fecha: 23 de marzo. Ceremonia inaugural
Fechas: 25 y 27 de marzo; y 6, 8, 10, 13, 15 y 17 de abril.
Taller (6 horas): Investigación y ensayo sobre la
reforma política en México
Fechas: 15, 18, 20, 22, 25, 27 y 29 de mayo; y 1 y 3 de
junio.
Módulo I. Bases y métodos del análisis político
• Ciencias sociales y ciencia política
• Conceptos fundamentales del Estado y del sistema
político
• Métodos de investigación para el análisis político
• La investigación cualitativa
• La investigación cuantitativa
• Análisis de datos cuantitativos y cualitativos
• Análisis de discurso
• Análisis de juego de actores y análisis simulado
• El método de política comparada
• Prospectiva política
• Análisis estructural
• Métodos de elaboración de escenarios
Taller (6 horas): Formulación de escenarios
multivariables
Fechas: 20, 22, 24, 27 y 29 de abril; y 6, 8, 11 y 13
de mayo.
Módulo II. Reforma del Estado, cambio político y
sistema de partidos
• Cambio político mundial
• Transiciones democráticas en América, Europa,
Asia y áfrica.
• La reforma del Estado en América Latina y en el
mundo
• Riesgo fallido y democracia en América Latina
• Crisis político y cambio
• El gobierno de coalición
• La reelección en cargos de elección popular
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Módulo III. Campañas: Etapa preelectoral.
Organización electoral, el equipo de campaña,
estrategias de promoción del voto, diseño del
financiamiento
• Análisis para la estrategia:
*Electorados complejos
*El votante medio
*El conteo de los votos
*Procedimientos de votación
*Liderazgos sociales
• Elementos de planeación electoral:
*Las reformas electorales en México, 1996-2007
y sus repercusiones más relevantes en la
preparación de campañas
*Estadística sociodemográfica y económica
*Formulación de las plataformas electorales
*Estructura regional y redistritación electoral
*Sistemas de información geoelectoral
• Las precampañas, factores clave:
*Preparación de la precampaña
*Consideraciones legales
*Recursos financieros
*Transparencia y ética
*Movilización y propaganda
Grupo Parlamentario del PRD
• El voto en el extranjero
• Reclutamiento de voluntarios
• El presupuesto electoral. Formulación y estructura
Taller (6 horas): La integración del presupuesto de
campaña
Fechas: 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22 y 24 de junio.
Módulo IV. Campañas: etapa electoral
• Derechos, deberes y obligaciones en campaña
• Las prerrogativas y las franquicias
• Estrategias para la obtención de recursos
• La ejecución financiera:
a) Gastos de propaganda:
b) Gastos operativos de la campaña
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y
otros medios impresos
d) Gastos de producción de los mensajes para
radio y televisión
e) Transparencia y fiscalización
• Diseño y operatividad del cuartel de campaña
• Administración de recursos humanos y materiales
adecuados para la campaña
• Diseño, estandarización y manejo de la imagen del
candidato, el comité y el equipo de campaña
• Geografía política y geografía electoral
• Principios e interpretación de geoestadística
electoral
• Conceptualización y gestión de los sistemas de
medición de la intención de voto y de resultados
preliminares en la jornada electoral
• Análisis del voto duro, voto dúctil, voto cautivo y
voto blanco
• Opinión pública:
*Investigación de opinión pública y estrategia
war room
*Formación de la percepción y de la opinión
pública
*Las encuestas de opinión pública en las
campañas: grupos de enfoque, cuestionarios,
muestreos, análisis e interpretación
• La propaganda electoral
• Estrategias para la imagen pública:
*Marketing
*Gestión de imagen
*Persuasión y opinión pública
martes 17 de febrero de 2015
áGORA
• Los debates electorales
• Técnicas para el manejo de crisis y la
comunicación estratégica
• Campaña y voto en el extranjero
• Registro de candidatos
• Etapas y elementos de la jornada electoral
(casillas, consejos distritales, representantes,
documentación electoral, etcétera).
• La observación electoral
Taller (6 horas): Elementos para el debate electoral
Fechas: 26 y 29 de junio; y 1, 3, 6, 8, 10, 13 y 15 de
julio.
Módulo V. Campañas: etapa postelectoral
• El PREP
• El cómputo electoral
• El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
• Los derechos político electorales
• El sistema de medios de impugnación en materia
electoral
• Ley general de delitos electorales
• La función jurisdiccional electoral
• Elementos clave de la litis electoral, la
judicialización electoral como factor clave para la
legitimidad de los candidatos y las campañas
• Elementos para la integración de los Libros
Blancos de campaña
• Acuerdos de civilidad
• Acuerdos y movilización post electoral
Taller (6 horas): Preparación, seguimiento, probatorias
y defensa del juicio electoral
Fechas: 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 31 de julio.
Módulo VI. Taller de estrategias de debate, marketing
y comunicación política en las campañas
• Conceptualización de la opinión pública
• El esquema general de una campaña
• Investigación de opinión pública y estrategia (war
room)
• Diseño de cuestionario
• Introducción al diseño de cuestionario
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*Principales sesgos y efectos que deben evitarse
*Tipos de encuestas y sus límites
*Orden de las preguntas y su influencia entre ellas
*Preguntas abiertas y cerradas
*Importancia del fraseo en las preguntas
*El problema de la “no respuesta”
*Concepto de la no opinión
Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el decreto
constitucional en materia políticaelectoral publicado el 10 de febrero
de 2014
Conjunta
• Introducción al muestreo
*Diseño y análisis de encuestas por muestreo
*Muestreo aleatorio simple
*Muestreo aleatorio estratificado
*Muestreo por conglomerados
*Muestreo sistemático
• Encuestas:
*Encuesta panel
*Trackings
*Encuesta de salida
*La logística
*Planificación de exit polls
*Tipos de muestras adecuadas
*Transmisión y captura de datos
*Procesamiento de la información
Exposición de motivos
• Imagen:
*Comunicación, marketing e
institucional
*Imagen deseada y gestión de imagen
*Construcción de la imagen pública
*Mensajes clave
*Lenguaje verbal
*Lenguaje no verbal
*Discurso
*Persuasión y opinión pública
imagen
Fecha: 3 de agosto. Ceremonia de clausura.
Programación sujeta a cambios.
Diputado Julio César Moreno Rivera
Presidente
(Rúbrica)
8
Quienes suscriben, diputadas Elena Tapia Fonllem del
Grupo Parlamentario del PRD, Loretta Ortiz Ahlf, de
la agrupación de diputados de Morena y el diputado
Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en
lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
sometemos la presente iniciativa al tenor de la
siguiente
El 10 de febrero de 2014 fue publicado el decreto por
el que se reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia políticaelectoral, el cual, entre muchas modificaciones,
contiene la transformación de la Procuraduría General
de la República (PGR) en una Fiscalía General de la
República (FGR).
Como establece el dictamen respectivo, el objeto es
crear:
…una Fiscalía General que asuma la función de
investigar la comisión de ilícitos, perseguir a los
probables responsables y procurar la impartición de
justicia al presentar las causas correspondientes ante los
tribunales. Dicha Fiscalía estaría a cargo de un titular
electo por las dos terceras partes de los miembros
presentes del Senado la República o, en sus recesos, de la
Comisión Permanente. La Fiscalía General contaría con
un Consejo responsable de la administración, vigilancia,
disciplina y servicio profesional de carrera de los
integrantes de la institución; correspondería a la ley
señalar las normas y bases correspondientes a dicho
funcionariado (sic) y otorgar a la Fiscalía Electoral el
Grupo Parlamentario del PRD
carácter de organismo público autónomo cuyo titular
sería nombrado en forma similar al titular de la Fiscalía
General, salvo que en este caso la propuesta
correspondería al propio Fiscal General.
Como se discutió en su momento, resultaría un
contrasentido aprobar la autonomía de la FGR, con un
nuevo procedimiento y no hacer uso de éste durante el
proceso de entrada en vigor de las reformas. Sin
embargo, persistió en el artículo décimo sexto
transitorio, la disposición de que las reformas relativas
a la FGR:
…entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan
las normas secundarias que expida el Congreso de la
Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y
derogaciones a que se refiere el presente Transitorio,
siempre que se haga por el propio Congreso la
declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía
constitucional de la Fiscalía General de la República”.
Asimismo, que “El Procurador General de la República
que se encuentre en funciones al momento de expedirse
la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará
designado por virtud de este decreto Fiscal General de la
República por el tiempo que establece el artículo 102,
Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del
procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de
dicho artículo.
Cabe destacar que la autonomía del Ministerio Público,
organizado en un órgano de procuración de justicia, es
una propuesta de larga data por parte del sector
académico, la sociedad civil y de diversos partidos
políticos por lo menos en las pasadas dos décadas.
En la aplicación institucional del concepto de
autonomía, Paolo Grossi define esta facultad en
sentido subjetivo y objetivo: como una forma de
división del poder que faculta a la persona o entidad
que lo posee a gobernarse por sí misma, sin que se le
pueda considerar como soberanía, por lo que debe ser
entendida como la distribución de competencias sobre
determinadas materias.1
Es decir, soberanía y autonomía son conceptos
excluyentes entre sí, puesto que la soberanía rodea al
titular de un absoluto que lo aísla, mientras que la
autonomía —ya sea de un individuo o un ente— le
obliga a mantener una estrecha relación con otros que
lo limitan por la esfera a la que pertenecen o las
facultades que poseen y le permite mantener su
martes 17 de febrero de 2015
áGORA
independencia relativa. Ante ello, la autonomía es más
que el ejercicio de competencias descentralizadas, ya
que con ella se ejerce un mayor margen de decisión sin
suponer actividades del todo independientes, puesto
que tiene un marco determinado y funciones concretas
y específicas. Es decir, la autonomía de un órgano
implica que es sujeto de derecho y obligaciones, capaz
de adquirir, de demandar y, en general, de realizar
actos jurídicos frente a terceros, es decir, goza de
personalidad jurídica.2
El doctor Jaime Cárdenas Gracia, destacado
constitucionalista y pionero en el tema de los órganos
autónomos en nuestro país, ha definido los siguientes
criterios de autonomía de los mismos: funcional;
financiera; integración y estatuto de los titulares;
apoliticidad;
inmunidades;
responsabilidades;
transparencia; intangibilidad y de garantías sobre
responsabilidades administrativas.3
De acuerdo con José Luis Caballero, “la autonomía
también se ejerce, paradójicamente, por la
participación de alguno o algunos de los poderes en la
dinámica propia de los órganos constitucionales
autónomos, de manera especial en el nombramiento o
ratificación de sus funcionarios…” De esta manera, la
“…participación del Poder Legislativo en la
designación de los titulares es primordial para asegurar
imparcialidad, capacidad técnica, vinculación con la
sociedad; lo ideal es que mayorías calificadas de
legisladores lleven a cabo todo el proceso de propuesta
y designación”.4
En diciembre de 2014, en esta Cámara se discutió a
toda prisa el dictamen que expide la Ley de la Fiscalía
General de la República, en el que saltan a la vista
diversos espacios de discrecionalidad, que ponen en
entredicho la autonomía de la FGR y su capacidad de
cumplir las funciones constitucionales que tiene
asignadas, temas sobre los que propusimos diversas
modificaciones que no fueron atendidas.
Con dicha propuesta, de ser aprobada por el Senado,
se abrogaría la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, que es sustituida por la Ley de la
Fiscalía General, que pierde el carácter de “orgánica”,
por lo que se elude la posibilidad de incidir en la
estructura institucional de la FGR. No es un argumento
válido que la autonomía de la Fiscalía impide que el
Poder Legislativo se inmiscuya en su estructura
orgánica ex ante, pues ese mismo estatuto le fue
conferido por reforma a la carta magna. Por el contrario,
el diseño institucional del Legislativo debe garantizar el
máximo acceso a la justicia de este nuevo órgano.
9
áGORA
La obligación constitucional y convencional de
respetar, garantizar, proteger y promover los derechos
humanos sólo se establece de manera abstracta en las
obligaciones y bases generales de las Fiscalía. No hay
instrumentos de investigación de oficio, expedites,
protección a víctimas, suplencia de la queja, por decir
sólo algunos que podrían contemplarse para la
prevención, investigación, sanción y reparación integral
de todas las posibles violaciones a derechos humanos.
No se contemplan obligaciones nuevas de la
Fiscalía respecto a la CNDH para colaborar con
informes sobre las actuaciones, acceso para realizar
visitas o respuesta inmediata sobre la situación jurídica
o el estado de salud de personas bajo su custodia, por
citar sólo algunas posibilidades.
La Fiscalía no tiene ningún instrumento para
investigar posibles violaciones a derechos humanos
por parte de su personal a personas detenidas o
vinculadas a proceso penal, mucho menos para aplicar
las medidas conducentes en reparación integral que
contempla la Ley General de Víctimas, cuando la
Fiscalía sea la responsable. Tampoco existen
mecanismos especiales para investigar con prontitud y
eficacia violaciones a derechos humanos de otros
órganos del Estado. Esto, por sí mismo, cancela la
posibilidad de que la Fiscalía cuente con autonomía
respecto de otros poderes públicos.
Una Fiscalía independiente no puede conservar la
facultad discrecional de sustituir la prisión preventiva
oficiosa, pues el imputado y su defensor debería tener
la posibilidad de acreditar su disposición a colaborar
con la autoridad ante el juez y, si éste lo concede, la
medida cautelar implicaría un mayor respeto a la
presunción de inocencia que la prisión preventiva
oficiosa. Esto permitiría un equilibrio entre en
Ministerio Público y la parte acusada, pues el hecho de
que aquél sea “representación social” no implica una
preponderancia sobre los derechos de la parte acusada
que, en el incipiente sistema penal adversarial, no debe
soportar en sí la carga de la prueba.
No existen disposiciones explícitas para la
prevención, investigación y sanción de la tortura con
arreglo a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la
Tortura y las convenciones relativas. Solamente se
impone como obligación de los agentes del MPF en el
artículo 31, fracción VI: “impedir, por los medios que
tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus
10
atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos
de tortura física o psicológica u otros tratos o
sanciones crueles, inhumanos o degradantes”.
No existe ninguna regla para perseguir los delitos de
tortura durante la detención, presentación, declaración,
traslado y consignación, que en su mayor parte son
adjudicables a agentes de investigación. No se hace
explícita la obligación de exámenes médicos
independientes ni de aplicar el Protocolo de Estambul
como disponen actualmente las Directrices del
dictamen médico/psicológico especializado para casos
de posible tortura y/o maltrato de la Procuraduría
General de la República publicado en 2003.
A pesar de esta normativa, de 2003 a 2013 la PGR
sólo aplicó un promedio de 47.2 peritajes de acuerdo al
protocolo de Estambul anualmente, de los cuales sólo
un promedio de 5.7 anualmente revelaron que existían
indicios de tortura. De acuerdo con los datos del
informe en la materia de Amnistía Internacional, en los
últimos ocho años se emitió un promedio anual de 0.88
sentencias condenatorias por tortura en el ámbito
federal, lo que ilustra que el problema no ha sido
atendido en lo absoluto, en especial, debido a la
negligencia de la PGR para integrar ante los jueces los
expedientes sobre este delito.
Tan sólo en 2013, la CNDH recibió mil 505 quejas
por Tortura, que no sólo deberían ser investigadas por
el órgano protector de derechos humanos, sino ser
objeto de averiguaciones del ámbito penal, que están
contempladas en la LFPST y que raramente se ejercen.
De mantenerse esa tendencia, sólo una de cada mil 720
quejas por tortura ante el órgano no jurisdiccional
derivaría en una pena corporal para el responsable.
Se delega en el fiscal una facultad extralimitada
para determinar cuáles serán los parámetros por los
que se cumpla la facultad constitucional de atraer los
casos de delitos contra la libertad de expresión, lo que
significa una abdicación de las facultades del
legislativo ante un conjunto de derechos que han sido
objeto de reformas muy relevantes, como el propio
decreto sobre los delitos contra la libertad de expresión
y la expedición de la Ley para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas. De tal manera, en la ley proyectada se
dejan grandes espacios de discrecionalidad, que en
virtud del desempeño del actual titular de la PGR
siembran dudas acerca de su capacidad para encabezar
una gestión autónoma, ciudadana y comprometida con
los derechos humanos.
Grupo Parlamentario del PRD
Un tema de extrema gravedad que no ha atendido la
actual administración, y en particular la PGR, es el de
las personas desparecidas. De acuerdo con las
estimaciones publicadas por el periodista Homero
Campa y el académico Carlos Bravo Regidor, según
las bases de datos de Registro Nacional de Personas
Desaparecidas, nueve mil 384 personas habrían
desaparecido en lo que va del sexenio, lo que significa
que ocurre un caso cada hora 52 minutos.5
Ante ello, la Unidad Especializada de Búsqueda de
Personas Desaparecidas ha avanzado en diversos
lineamientos y acciones, pero aun muy lejos de
responder a las dimensiones de esta problemática. El
sistema de bases de datos, según la encargada de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos, sería funcional
a nivel nacional al terminar 2015. Mientras tanto, las
cifras sobre la búsqueda y la investigación de casos de
personas desaparecidas permanecen en 562 casos
asignados a la Unidad, con sólo 97 hallazgos de personas
vivas o muertas, de un total de más de 23 mil personas.
Cabe recordar que la CNDH acumuló 487 expedientes
de queja contra la PGR en 2014, y durante 2013, 735;
asimismo, durante los dos años de gestión del actual
titular, la CNDH le ha dirigido nueve recomendaciones.
Son varios los casos de violaciones a derechos humanos
en los que existen señalamientos concretos sobre diversas
fallas en la actuación de la PGR.
El lamentable caso de la desaparición forzada de 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa, a manos de policías
municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, el 26 y 27
de septiembre de 2014 ha generado en la opinión
pública una desconfianza irreparable en varias
instituciones públicas, entre las cuales se encuentra la
PGR y su actual titular.
Treinta y dos días después de las graves violaciones
a los derechos humanos ocurridas en Iguala y Cocula,
Guerrero, en contra de estudiantes pertenecientes a la
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de
Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, el
titular del Ejecutivo decidió recibir a las familias de las
víctimas en Los Pinos, sin haberse trasladado al lugar
de los hechos y sin actuar con la debida celeridad,
hecho que ha generado en la opinión pública una
desconfianza irreparable ante diversas instituciones
públicas, entre las cuales se encuentra la PGR y su
actual titular.
Tal como lo ha dicho Amnistía Internacional, la
PGR “ha fallado en investigar adecuadamente todas
martes 17 de febrero de 2015
áGORA
las denuncias de complicidad de las fuerzas armadas y
otras autoridades en la desaparición forzada de los 43
estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa”.6
Si bien es cierto que diversas personas han sido
detenidas por encontrarse relacionadas con los hechos,
ninguna de ellas está siendo procesada por
desaparición forzada, a pesar de que las
investigaciones han revelado la participación de
autoridades de los tres niveles de gobierno.
Por otro lado, la participación del Ejército en los
hechos tampoco ha sido esclarecida, a pesar de que las
familias de los desaparecidos, así como las
organizaciones defensoras de derechos humanos que las
acompañan, han exigido de manera reiterada que dicha
línea de investigación sea agotada exhaustivamente.
A pesar de estas irregularidades la PGR, a través de
su titular, ha insistido en reafirmar la hipótesis de que
los estudiantes fueron secuestrados en Iguala,
trasladados y quemados en el basurero municipal de
Cocula, para ser finalmente arrojados al río San Juan
en dicho municipio, sin contar con las pruebas
científicas suficientes para confirmar los hechos.
Ante ello, el pasado 7 de febrero, el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF) indicó, a
través de un comunicado,7 que pone en duda la
investigación llevada a cabo por la PGR y estableció
que las conclusiones que han brindado son prematuras
y están basadas en un análisis sesgado de la evidencia
disponible, intentando ajustar las evidencias forenses a
la versión oficial.
De acuerdo con el EAAF, la presentación de las
conclusiones gubernamentales ha omitido la
consideración de que no existe evidencia forense que
vincule a los estudiantes desaparecidos con los restos
humanos encontrados en el basurero de Cocula, a
pesar de que existe evidencia de que algunos de los
restos que se han encontrado en dicho sitio pertenecen
a víctimas no relacionadas con este caso.
A través de las investigaciones realizadas por la
PGR, bajo la dirección de Jesús Murillo Karam, el
gobierno ha sostenido el caso principalmente en los
testimonios autoinculpatorios de las personas detenidas,
con evidencia forense muy limitada, y enfrentando
diversas irregularidades que podrían generar el
desechamiento de pruebas que fueron obtenidas,
violando la cadena de custodia correspondiente.
La respuesta inmediata de la PGR parece
encaminada a desestimar el trabajo del EAAF y a
desacreditar la reputación internacional del mismo, en
11
áGORA
lugar de realizar un trabajo comparativo exhaustivo y
analizar las recomendaciones emitidas por el equipo
forense argentino.
Acerca del caso de 22 personas presuntamente
asesinadas por elementos militares el 30 de junio de
2014 en Cuadrilla Nueva, Comunidad de San Pedro
Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, la
CNDH elaboró la recomendación 51/2014, en
reclasificación como asunto de violaciones graves,
dentro de la cual se dirigieron varias observaciones a
la PGR. El común denominador es el llamado para
agilizar el esclarecimiento de los hechos y la sanción
de los responsables, pues no fue sino hasta el 23 de
septiembre de 2014 que se iniciaron las averiguaciones
previas por homicidio contra elementos militares, ello
a pesar de que la carpeta de investigación le fue
turnada desde el 3 de julio del mismo año. Asimismo,
considera que la falta de atención y reconocimiento
como víctimas a los familiares de los fallecidos,
aunado a lo anterior, constituye una vulneración del
derecho al acceso a la justicia.
Contrario a lo que asentó la CNDH, según la cual
entre 12 y 15 personas pudieron haber sido ejecutadas
arbitrariamente, la PGR sigue sosteniendo la hipótesis
de que sólo ocho personas fueron asesinadas de esa
forma. Además, no ha entregado la información
pública acerca de las investigaciones a mandos
militares involucrados en los hechos de Tlatlaya.
Un caso que ha despertado particular indignación
entre las organizaciones defensoras de derechos
humanos es el de Alberta Alcántara Juan y Teresa
González Cornelio, mujeres de la etnia otomí,
recluidas desde 2006 hasta 2010, por el supuesto delito
de secuestro en contra de seis federales y posesión de
cocaína. Este caso palmario de uso discrecional de la
procuración de justicia comenzó a resolverse con la
liberación de las mujeres en el año 2010.
Sin embargo, en 2014 la PGR impugnó la
resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, que ordenó un pago de
indemnizaciones por el daño causado por la
aprehensión, con los pretextos de que “la PGR no es el
Estado mexicano” y que “se tendría que indemnizar a
todas las personas que sean absueltas en un proceso
penal”.8 Esto demuestra la indiferencia del procurador
ante los derechos de las víctimas a recibir una
reparación integral en un caso paradigmático, que aún
continúa en litigio.
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil
han reclamado a la PGR la reticencia a atender los
12
casos de violencia contra periodistas y medios de
comunicación a través de la Fiscalía Especializada en
la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.
La obligación que deriva de reforma a la legislación
secundaria (aprobada en esta LXII Legislatura) para
regular la atracción de estos casos ha sido desatendida,
entre otros, en el caso del periodista Moisés Sánchez,
quien fue desaparecido de manera forzada y después
asesinado en Veracruz, de acuerdo con la prestigiada
organización artículo 19.9
Al haber sido nombrado al titular de la PGR por el
procedimiento vigente en ese momento (por el
Ejecutivo con la ratificación del Senado), el primer
Fiscal encarnará la continuidad de un procedimiento
anterior, con lo que tendrá un estatuto híbrido, como
un Procurador integrante del gabinete y como el titular
de un órgano autónomo.
Es decir, el actual ocupante de la Presidencia de la
República conserva el “derecho de designación”,
mismo que no será reformado en la práctica hasta que
sea removido u ocurra su ausencia definitiva, en su
caso, o bien pasen nueve años a partir de la entrada en
vigor de la reforma política-electoral. A este respecto,
Cárdenas Gracia ha dicho que el “derecho de
designación tiene consecuencias políticas importantes,
pues mediante él el presidente “uniforma” al órgano de
Estado, lo que impide el control al Ejecutivo, la
pluralidad, la confianza en la institución.10
De tal forma, la continuidad del titular de la PGR en la
FGR vulneraría al menos dos principios de la autonomía
pretendida: el de las cualidades de la integración, al no ser
examinado ni designado por una mayoría calificada del
Senado de la República y el carácter apolítico, pues su
presencia en la FGR deriva, sin motivación alguna,
simplemente del hecho de haber fungido como
procurador en un nombramiento presidencial, que —por
cierto—, lo obligó a separarse de su cargo como
representante popular por el partido político gobernante.
Con ello, la Fiscalía será una mera ficción del texto
constitucional vigente, lejos de las intenciones del
legislador para crear una institución autónoma.
De esta forma, consideramos que la conversión
automática del actual procurador en fiscal pone en
riesgo no sólo la posibilidad de que la sociedad ejerza
gradualmente su derecho de acceso a la justicia, hoy
seriamente vulnerado, sino que significa dejar la FGR
en manos de un funcionario nombrado por el actual
titular del Ejecutivo, sin poder usar, en las actuales
circunstancias de parálisis de nuestro incipiente
Grupo Parlamentario del PRD
sistema democrático, el nuevo procedimiento conjunto
de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que puede
dotar de mayor legitimidad a la persona que habrá de
ocupar el cargo y cumplir con los estándares de
autonomía de los que se pretende dotar a la institución.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la
consideración del pleno la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto
Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del
artículo décimo sexto transitorio y el párrafo segundo
del artículo décimo octavo transitorio, ambos del
decreto por el que se reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia políticaelectoral, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el lunes 10 de febrero de 2014, para
quedar como sigue:
Décimo sexto. El procurador general de la República
que se encuentre en funciones al momento de
expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo
anterior cesará del todo sus funciones en la Fiscalía
General de la República. Ello se considerará como
ausencia definitiva para los efectos del procedimiento
de designación que estipula el artículo 102, apartado
A, de esta Constitución. La persona que en el momento
antes descrito haya ocupado el cargo procurador
general de la República, en su caso, podrá formar parte
de la lista de candidatos al cargo que integre el Senado
de la República y de la terna que proponga el
Ejecutivo, conforme lo dispuesto en las fracciones I, II
y III del artículo 102, apartado A, de la Constitución.
(…)
Décimo octavo. En el plazo de treinta días a partir
de la entrada en vigor de este decreto, el procurador
general de la República o, en su caso, el fiscal general
de la República, expedirá el acuerdo de creación de la
fiscalía especializada en materia de delitos
relacionados con hechos de corrupción, cuyo titular
será nombrado por el Senado en los términos del
párrafo anterior.
Transitorios
áGORA
Notas:
1. Grossi, Paolo, “Un derecho sin Estado. La noción de
autonomía como fundamento de la Constitución jurídica
medieval”, en Anuario Mexicano de Historia del
Derecho. México, UNAM. Tomo 9, 1997, p. 176.
2. Matheus, María Milagros, “Relaciones de los institutos
autónomos con la administración central”, Cuestiones
Políticas (Venezuela), núm. 14,1995, p. 123.
3. Cárdenas Gracia, Jaime. Una Constitución para la
democracia. Propuestas para un nuevo orden
constitucional. Universidad Nacional Autónoma de
México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México,
1996, pp. 251-252
4. Caballero Ochoa, José Luis, “Los órganos
constitucionales autónomos: más allá de la división de
poderes” en Jurídica. Anuario del Departamento de
Derecho de la Universidad Iberoamericana, número 30,
México, 2000, p. 158-161.
5. Campa, Homero. “En este sexenio, 13 desaparecidos al
día”, Proceso, número 1997, 8 de febrero de 2015, p. 8.
6. Amnistía Internacional México “La investigación
sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes está
lejos de ser concluyente” 22 de enero de 2015, disponible
en: http://amnistia.org.mx/nuevo/2015/01/22/mexico -lainvestigacion-sobre-la-desaparicion-forz ada-de-los-43estudiantes-esta-lejos-de-ser-concluyente/?o=n
7. Equipo Argentino de Antropología Forense
Documento inicial sobre investigaciones en el basurero
de Cocula y Río San Juan, 7 de febrero de 2015,
disponible en:
8. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, “¿Hasta cuándo llegará la justicia a Jacinta,
Alberta y Teresa?”, 19 de junio de 2014, disponible en:
http://centroprodh.org.mx/accionesurgentes/?p=141
9. Artículo 19, “PGR omisa ante desaparición de Moisés
Sánchez”, 10 de enero de 2015, disponible en:
http://www.articulo19.org/feadle-obligada-a-investigardesaparicion-forzada-de-moises-sanchez/
10. Cárdenas Gracia, op. cit. p. 81.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2015
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
martes 17 de febrero de 2015
13
áGORA
Proposición con punto de acuerdo
para exhortar al gobierno federal a
establecer mesas de trabajo para el
procesamiento de residuos sólidos
urbanos
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez
Con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, la que suscribe, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, presenta ante esta soberanía, la presente
proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
Debido a que en nuestro país existe un grave problema
en relación con la generación y manejo de la basura,
derivado de los conflictos ambientales que esto genera,
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) elaboró el Programa Nacional para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(PNPGIR) 2008-2012.
El PNPGIR tiene como objetivo contribuir al
desarrollo sustentable de México a través de una
política ambiental de residuos basada en la promoción
de cambios en los modelos de producción, consumo y
manejo, que fomenten la prevención y gestión integral
de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial,
peligrosos y minero-metalúrgicos; a través de acciones
de prevención y minimización de la generación,
separación de residuos en la fuente, reutilización y
reciclado, la valoración material y energética, hacia la
disposición final restringida y apropiada de los
residuos como última opción.1
Según datos de la Semarnat, en México se generan
alrededor de 900 gramos de residuos diarios por
habitante, contrastan los 400 gramos en zonas rurales
con los casi 1.5 kilogramos en zonas metropolitanas.
Se estima que 53 por ciento de estos residuos es de
origen orgánico; 14 por ciento, papel y cartón; seis por
ciento, vidrio; cuatro por ciento, plásticos; tres por
ciento, metales, y uno por ciento, textiles, mientras que
14
el restante (19 por ciento) corresponde a otro tipo de
materiales.2
El porcentaje de residuos reciclados es de 11 por
ciento de un total de cerca de 37 millones de toneladas.
La Semarnat, en 2013, concretó 53 proyectos y 46
acciones de manejo de residuos y, para 2014, se tienen
presupuestados más de mil millones de pesos, de los
cuales 680 millones serán destinados para un mejor
manejo de residuos en favor del medio ambiente.
El gobierno del Estado de México estableció en el
municipio de Nezahualcóyotl, en 2010, la Planta
Recicladora Bicentenario con el objetivo de
seleccionar y aprovechar los residuos sólidos hasta en
30 por ciento, con la capacidad de separar materiales
como el PET, cartón, papel, vidrio y cartón.
Las plantas de reciclaje o de clasificación de
residuos permiten una eficiente selección y
clasificación de los residuos sólidos urbanos, tanto
orgánicos como inorgánicos, recuperan materiales
reciclables para su comercialización y utilizan los
residuos orgánicos seleccionados para un compostaje
de alta calidad.3
Sin embargo, la Planta Recicladora Bicentenario
dejó de usarse en la administración municipal 20092012 y el predio donde se encuentra fue utilizado
como tiradero de desechos y cascajo, lo que hoy en día
lo mantiene como inservible y en hundimiento.
La planta de separación suponía una capacidad de
procesar 25 toneladas por hora en cada banda, lo que
significa más de 1000 toneladas por día, a ello se sumaba
su proceso de funcionamiento durante las 24 horas.
El secretario de la Corte Internacional de Arbitraje
y Conciliación Ambiental (CIACA),4 Ramón Ojeda
Mestre, recriminó el abandono de la Planta
Recicladora Bicentenario, en Nezahualcóyotl.5
Derivado de la preocupación social, económica y
ambiental que representa el tema, presento ante esta
soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta, respetuosamente, al gobierno
federal para que a través de la Semarnat; al gobierno
del Estado de México, para que a través de la
Secretaría de Medio Ambiente local, y al municipio de
Nezahualcóyotl, establecer mesas de trabajo
Grupo Parlamentario del PRD
interinstitucional para realizar en la zona donde se
estableció la Planta Recicladora Bicentenario
proyectos ambientales viables para aprovechar el
procesamiento de residuos sólidos urbanos.
Notas
1. www.semarnat.gob.mx/
2. Ibíd.
3. www.coparm.biz/
4. La Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación
Ambiental (CIACA) fue creada en México, DF, en
noviembre de 1994 con la participación de 28 juristas de
22 países; y responde a lo que doctrinalmente se conoce
como arbitraje institucionalizado.
5. www.tallapolitica.com.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2015
Proposición con punto de acuerdo
que exhorta a la SHCP a incluir a
todo el territorio de Baja California
en la política de precios
homologados y escalonados de
gasolinas
Diputado Abraham Correa Acevedo
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática de la LXII
Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete
a la consideración de este pleno la proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que se
incluya a todo el territorio de Baja California en la
política de precios homologados y escalonados de las
gasolinas para la zona fronteriza norte.
áGORA
y la enorme cantidad de mexicanos que habitan del
otro lado de la línea fronteriza, tiene naturalmente una
estrecha relación económica y cultural con ese país.
Es necesario destacar además que todos los
municipios de Baja California se encuentran a no más
de una hora de distancia de Estados Unidos, por lo que
la gran mayoría de las actividades económicas que se
llevan a cabo en Baja California tiene directa o
indirectamente relación con el país vecino.
Debemos recordar que el pasado 1 de enero de 2014,
el IVA en toda la frontera norte del país, donde se
incluye a Baja California, aumentó de 11 por ciento a 16
por ciento, destaca que en el vecino estado de California
ese gravamen tiene una tasa de nueve por ciento.
Asimismo, según los últimos datos reportados por
INEGI, el índice de actividad económica en Baja
California lleva cuatro trimestres seguidos en números
negativos, es decir, Baja California se encuentra
técnicamente en crisis.
El único factor que ha logrado reducir el impacto de
la crisis es la decisión de mantener los precios de las
gasolinas y el diésel a precios que correspondan con el
de Estados Unidos. Sin embargo, se ha excluido al
municipio de Ensenada, así como a una parte de
Mexicali donde se encuentra San Felipe.
Consideremos incorrecta la decisión de excluir a
esta parte de Baja California, en virtud de que su
actividad económica y competitividad depende en la
misma medida de las gasolinas que el resto de los
municipios. Además, la exclusión de tales municipios
no sólo los pone en desventaja frente al vecino país,
sino frente a los otros municipios que conforman el
estado, agravando la crisis.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta
soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para se incluya a todo el territorio del
estado de Baja California en la política de precios
homologados y escalonados de las gasolinas para la
zona fronteriza norte.
Consideraciones
Baja California es un territorio que por su cercanía con
Estados Unidos de América, su frontera con California
martes 17 de febrero de 2015
Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2014
15
áGORA
Proposición con punto de acuerdo
para exhortar a la Comisión de
Justicia a analizar y discutir las
iniciativas en materia de
desaparición forzada de personas
Diputado José Luis Esquivel Zalpa
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática de la LXII
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 6º, apartado 1, fracción I, y 79, numeral 1,
fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento
de la Cámara de Diputados, me permito someter ante
esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la
siguiente proposición con punto de acuerdo con base
en las siguientes
Consideraciones
El 21 de febrero de 213, la subsecretaria de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Lía Limón, informó que el subsecretario
anterior hizo entrega de una base de datos del Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el
Combate de la Delincuencia de la Procuraduría
General de la República (CENAPI) que contiene una
lista de más de 27 mil casos de desapariciones.
A principios de febrero de 2014, Renato Sales
Heredia, coordinador nacional antisecuestros, dijo que
por cada caso de secuestro que se denunció en 2013,
hubo 11 más por día que no fueron denunciados, lo que
indica que si en 2013 fueron denunciados mil 695
secuestros ante el ministerio público, en realidad las
personas desaparecidas habrían sido 18 mil 645, o sea
51 desapariciones por día, más de dos desapariciones
por hora. Y esto sólo en 2013.
El pasado 7 de enero de 2015 fue aprobado por la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión punto
de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal
para que, a través de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, reconozca la competencia del Comité de la
Organización de Naciones Unidas Contra la
Desaparición Forzada para recibir y examinar las
16
comunicaciones presentadas por personas que se
encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas,
que aleguen ser víctima de violaciones en las
disposiciones de la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas Contra las
Desapariciones Forzadas.
El 19 de enero de 2015, en un Foro sobre
Desaparición Forzada de Personas realizado en esta
misma Cámara de Diputados, la encargada de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos de la
Procuraduría General de la República, Eliana García
Laguna, sostuvo que en nuestro país hay 23 mil 271
personas desaparecidas y que la Unidad de Búsqueda
de la Procuraduría General de la República realiza
investigaciones para localizar a sólo 621 personas y
que de junio de 2013 al 16 de enero de 2015, esa
instancia sólo ha localizado a 102 personas.
Los días 2 y 3 de febrero de 2015, México fue
severamente cuestionado y exhibido en el ámbito
internacional ante el Comité Contra la Desaparición
Forzadas de la ONU, en Ginebra, Suiza, por las graves
deficiencias que enfrentamos como país, entre las
cuales resaltan el que no existe un registro nacional
confiable del número de desaparecidos en el país y que
no se cuenta con una Ley General en esta materia.
Ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos
presentó un diagnóstico sobre la situación de la
desaparición forzada de personas que se vive en el
país.
En el resumen ejecutivo del diagnóstico se destaca
que los derechos humanos:
Enfrentan, actualmente, en México una de sus etapas más
críticas y desafiantes, donde la impunidad que la
sociedad advierte, y los altos niveles de violencia e
inseguridad que se viven, ocasionan que los derechos
humanos sean vistos más como una situación discursiva
o teórica que como un aspecto práctico y real,
cuestionado la validez y vigencia de las instituciones, así
como los innegables avances que en materia de derechos
humanos se han presentado en las últimas décadas.
La CNDH sostiene en el documento que en México:
Existe un serio problema en materia de desapariciones,
que constituye una violación grave de derechos humanos,
Grupo Parlamentario del PRD
y señala que la impunidad ha generado condiciones para
que delitos tan graves se sigan cometiendo y no haya
operado la garantía de no repetición, como se demuestra
en el caso de los hechos acontecidos los días 26 y 27 de
setiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Ante esa misma instancia, la encargada de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos de la
Procuraduría General de la República, Eliana García
Laguna, reconoció que las acciones impulsadas por el
gobierno para afrontar este problema son insuficientes
e indicó que desde el 1 de diciembre de 2012 han
desaparecido en México nueve mil 790 personas y
apuntó que aún queda mucho por hacer para lograr un
registro confiable.
Ahí mismo, el subsecretario para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo,
quien encabezaba la delegación oficial mexicana dijo
que “en el estado actual de nuestros registros, no
podemos decir que hay un registro exclusivo de
desapariciones forzadas”, y al término del escrutinio
mencionó que “la Ley General de Desaparición
Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició
sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma
constitucional primero y la ley después antes que
termine esta legislatura en junio”.
Durante esta LXII Legislatura se han presentado
ante esta Cámara de Diputados ocho iniciativas de los
grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PT y MC
en materia de Desaparición Forzada de Personas, en
dos de las cuales ya prescribió el plazo otorgado por
ley para ser dictaminadas, las otras seis se encuentran
pendientes de discusión y dictamen.
Las iniciativas de ley presentadas ante esta
soberanía son:
1. El 26 de septiembre de 2013, la diputada Miriam
Cárdenas Cantú integrante del Grupo Parlamentario
del PRI presentó iniciativa con proyecto de decreto
que reforma los artículos 215-A, 215-B y 215-C y
se adiciona un artículo 215-A al Código Penal
Federal en materia de Desaparición Forzada de
Personas y fue turnada la Comisión de Justicia (ya
prescribió).
martes 17 de febrero de 2015
áGORA
2. El 11 de diciembre de 2013, la diputada María del
Carmen Martínez Santillana, integrante del Grupo
Parlamentario PT, presentó iniciativa con proyecto
de decreto que expide Ley Federal de Protección de
las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, la
cual fue enviada a la Comisión de Justicia con
Opinión de Cuenta Pública. (Ya prescribió).
3. El 23 de octubre de 2014, el diputado Ricardo
Mejía Berdeja integrante del Grupo Parlamentario
del MC, y suscrita por el diputado Ricardo Monreal
ávila también del Grupo Parlamentario del MC,
presentó iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona los artículos 215 B y 215 C del
Código Penal Federal en materia de Desaparición
Forzada de Personas, fue enviada a la Comisión de
Justicia.
4. El 19 de noviembre de 2014, la diputada Lilia
Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del
PT, presentó iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones del
Código Penal Federal en materia de Desaparición
Forzada de Personas, fue enviada a la Comisión de
Justicia.
5. El 2 de diciembre de 2014, la diputada Raquel
Jiménez Cerrillo, integrante del Grupo
Parlamentario del PAN, a nombre de su partido y
suscrita por los diputados integrantes del mismo
grupo, presentó iniciativa con proyecto de decreto
que expide la Ley General para Prevenir, Investigar,
Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de
Personas, fue enviada la Comisión de Justicia.
6. El 3 de diciembre 2014, la diputada María del
Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo
Parlamentario del PT, presentó de nueva cuenta
iniciativa con proyecto de decreto que expide Ley
Federal de Protección de las Personas Contra las
Desapariciones Forzadas, enviada a la Comisión de
Justicia con Opinión de Cuenta Pública.
7. El 11 de diciembre de 2014, el diputado José Luis
Esquivel Zalpa, integrante del Grupo Parlamentario
del PRD, presentó iniciativa con proyecto de
decreto que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215C y 215-D del Código Penal Federal y adiciona el
capítulo III, “Desaparición Forzada de Personas”, al
título de Delitos de Lesa Humanidad y se crean los
artículos 149 Bis-a, 149 Bis-b, 149 Bis-c, 149 Bis-
17
áGORA
d, 149 Bis-e, 149 Bis-f, 149 Bis-g y 149 Bis-h todos
del Código Penal Federal, turnada a la Comisión de
Justicia.
8. El 15 de diciembre de 2014, el diputado
Alejandro Carbajal González del Grupo
Parlamentario del PRD, presentó iniciativa con
proyecto de decreto que deroga los artículos 215-A,
215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal, y
expide la Ley General para la Prevención,
Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición
Forzada de Personas, turnada a la Comisión de
Justicia con Opinión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Todo lo anterior nos hace ver que hay una
preocupación nacional en materia de desaparición
forzada de personas y que esta legislatura, como
depositaria de la representación nacional, ha recogido
y afrontado, a través de las distintas iniciativas que se
han presentado y que en lo fundamental reconocen que
la desaparición forzada de personas es un delito grave,
complejo y pluriofensivo, en tanto que generalmente
requiere para su realización de la participación de
varias personas y supone la comisión de varios ilícitos
y que por su naturaleza ha sido calificada como delito
continuo o permanente por diversos tribunales
internacionales, tales como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.
Después de los trágicos y horribles sucesos del 26 y
27 de septiembre de 2014, donde 43 estudiantes de la
normal rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, municipio
de Tixtla, Guerrero, fueron atacados y detenidos por
policías municipales de Iguala; posteriormente fueron
sacados de la cárcel municipal por otros policías
pertenecientes al municipio de Cocula, y entregados al
grupo criminal Guerreros Unidos y posteriormente
fueron desaparecidos, las desapariciones forzadas de
personas en México se han puesto nuevamente de
manifiesto como un problema de carácter nacional.
Este hecho que ha causado gran indignación a escala
nacional e internacional, ha servido como detonador
para que el tema de las desapariciones forzadas en
México se plantee como un asunto nacional, prioritario
para el país. Un asunto sobre el que toda la sociedad
reclama justicia y fin a la impunidad.
18
Este brutal, traumático y horrendo suceso ha puesto
nuevamente de manifiesto que las desapariciones
forzadas de personas son una realidad en nuestro país,
que no puede esconderse a partir de un manejo
mediático, apostando por el anonimato, la supuesta
casualidad de miles de víctimas, el silencio de los
medios o el olvido. Este hecho significa un parteaguas
en la historia del país, y ha devenido en un reclamo
nacional para que el baño de sangre llegue a su fin y se
logre que el Estado reconozca sus responsabilidades
frente a las víctimas e inicie un proceso de limpieza y
de lucha contra la corrupción realmente efectivo, cosa
que hoy parece todavía muy lejana.
En este orden de ideas, resulta indispensable poner
a disposición del escrutinio público y de la sociedad
civil organizada las diversas iniciativas que se han
presentado en esta Cámara de Diputados sobre
desaparición forzada de personas, para que se abra la
discusión y se fije un calendario público de sesiones
con participación de la sociedad civil, en particular con
las organizaciones especializadas en la defensa y
promoción de derechos humanos, comprometidas en la
lucha contra la desaparición forzada de personas, y de
las organizaciones de familiares de desaparecidos.
Este tema no debe ser discutido encerrados detrás
de cuatro paredes, es necesario abrir la discusión, y
solicitar la presencia tanto de las organizaciones de
promoción y defensa de los derechos humanos, de las
que buscan un estado de derecho mediante el diseño de
políticas públicas que hagan posible el acceso de las
personas a la justicia, así como de las asociaciones de
familiares de detenidos, desaparecidos y víctimas de
violaciones de derechos humanos. En esta batalla
todos hacen falta.
Es necesario dar cuenta de la magnitud de la
tragedia humana que se vive en nuestro país y desatar
la discusión en el ámbito nacional sobre la
desaparición forzada de miles y miles de personas.
Por ello se necesita que la Comisión de Justicia de
esta Cámara de inmediato inicie las consultas a que se
refiere la Ley Orgánica del Congreso y se escuche a las
organizaciones de la sociedad civil, especialistas en el
tema y los órganos del Estado mexicano a quienes
compete el tema como lo son la Procuraduría General
de la República y la Secretaría de Gobernación para
expresen sus opiniones y los legisladores procedan a la
Grupo Parlamentario del PRD
discusión y dictamen de las iniciativas que ya
encuentran en esa comisión.
Es prioritario legislar en materia de desaparición
forzada de personas durante este periodo de sesiones
que termina el próximo 30 de abril; tenemos 73 días
para hacerlo, es tiempo más que suficiente para que
esta Cámara de Diputados legisle sobre éste tan
doloroso y tristemente actual tema como lo es el de la
desaparición forzada de personas.
Este problema ha sido expuesto al público,
discutido, analizado, diagnosticado de manera puntual
por la sociedad civil, organizaciones de familiares de
desparecidos y por legisladores, en ésta y otra
legislaturas, por lo que no existen argumentos para
dilatar hasta el cansancio la discusión, análisis y
aprobación de las iniciativas presentadas en materia de
Desaparición Forzada de Personas.
Es indispensable que durante este periodo ordinario
de sesiones que recién ha comenzado, se discutan y
analicen estas iniciativas, esto es prioridad para la
sociedad mexicana. Esta legislatura tiene pendientes
temas de primer orden, que deben ser colocados como
prioridad, uno de ellos es legislar sobre la desaparición
forzada de personas. No es un asunto de un partido o
de un gobierno, es un asunto de Estado en donde no
caben dilaciones, pretextos o chantajes.
En razón de lo anterior se propone a esta soberanía,
la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para
que se reúna de inmediato y comience el estudio,
análisis y discusión de las diversas iniciativas que en
materia de Desaparición Forzada de Personas ya
fueron presentadas en esta Cámara para que se
dictaminen durante este periodo ordinario de sesiones
que culmina el 30 de abril de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2015
martes 17 de febrero de 2015
áGORA
Proposición con punto de acuerdo
para exhortar a la SHCP a
garantizar que los recursos
clasificados del anexo 13 no sean
afectados
Conjunta
Las suscritas, diputadas Martha Lucía Mícher
Camarena y Dora María Guadalupe Talamante Lemas
integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 6º, numeral 1, fracción I,
y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV
y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración del pleno de esta asamblea el
siguiente punto de acuerdo, a fin de exhortar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en
el marco del ajuste al gasto para 2015 anunciado por
dicha dependencia el pasado 30 de enero, garantice
que los recursos clasificados en el anexo 13,
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, no sean afectados, de conformidad con las
siguientes
Consideraciones
El marco internacional de derechos humanos impone a
los Estados el deber de respetar, proteger y cumplir los
derechos humanos. Para que el Estado cumpla con sus
obligaciones en materia de derechos humanos, es
indispensable contar con un presupuesto que refleje su
interés y posibilite el cumplimiento de dichas
obligaciones.
Los presupuestos públicos con perspectiva de
género son una herramienta eficaz para garantizar los
derechos de las mujeres; dar cumplimiento al marco
legal internacional, nacional y estatal en materia de
igualdad entre los géneros, y cerrar las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres.
Como parte de la estrategia para la igualdad,
México ha adoptado el esquema de presupuesto
público sensible al género en el que reconoce que
mujeres y hombres tienen necesidades e intereses
19
áGORA
diferenciados, que deben ser considerados para
responder con pertinencia a uno y otro sexo. El
presupuesto con perspectiva de género conlleva un
avance constante hacia una asignación más equitativa
de los recursos públicos para favorecer el acceso de las
mujeres al ejercicio de sus derechos.
Cabe destacar que el presupuesto con perspectiva de
género tiene profunda incidencia en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues las
metas que presentan un mayor rezago para México son
justamente aquéllas vinculadas con la condición de las
mujeres.
México ha suscrito diversos instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos
de las mujeres, entre ellos destacan la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (1981) y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará
(1999); además, ha participado en las cuatro
Conferencias Mundiales de la Mujer y aprobó, con la
unanimidad de los Estados participantes, la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
En dicha plataforma, se estableció la necesidad de
“integrar la perspectiva de género en las decisiones
presupuestarias sobre las políticas y programas, así
como la adecuada financiación de programas
específicos para asegurar la igualdad entre las mujeres
y los hombres.”
En el ámbito nacional, el Estado mexicano ha
construido un marco legal congruente con la defensa y
protección de los derechos humanos de las mujeres.
El artículo 1, párrafo tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
Es decir, conforme al principio de progresividad, el Estado
está obligado a generar en cada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos
humanos, de tal forma que siempre estén en constante
evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
20
Estos principios se ven reflejados en leyes como
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, y la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos delitos y en
diversos programas establecidos por estas leyes.
Aún más, dentro del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2013-2018, la Perspectiva de Género se ha
incluido como uno de tres ejes transversales del
mismo, por lo cual todas las políticas públicas,
programas y acciones derivados del PND deben
contar con este enfoque. El programa especial que
el Poder Ejecutivo federal publicó en agosto de
2013 para garantizar el cumplimiento de este eje
transversal es el Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y No Discriminación
contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018, el cual
es de observancia obligatoria para las dependencias
y entidades de la administración pública federal,
mismas que deberán considerar los objetivos,
estrategias y líneas de acción del mismo, para la
elaboración de sus respectivos programas.
En este contexto, la Comisión de Igualdad de
Género de la Cámara de Diputados ha tenido un
papel relevante en la institucionalización del
presupuesto con perspectiva de género; a través de
la Comisión de Igualdad de Género, desde su
creación en 1999 con el nombre de Comisión de
Equidad y Género, ha desarrollado una serie de
acciones para garantizar la asignación de recursos y
programas específicos para las mujeres en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
El logro más destacado en el ámbito legislativo
desde entonces es el aumento progresivo del gasto
etiquetado para mujeres. El comportamiento del
presupuesto etiquetado para la igualdad de género
en los presupuestos de egresos de la federación es el
siguiente:
Grupo Parlamentario del PRD
Así, la Comisión de Igualdad de Género promovió que
las erogaciones para la igualdad entre mujeres y
hombres para 2015, contemplen recursos destinados al
cumplimiento de los instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos de las mujeres y
ordenamientos de la política de igualdad como son la
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, la Ley General de Acceso a una Vida Libre
de Violencia, el Programa Nacional de Desarrollo
2013- 2018 y el Proigualdad; dichos recursos por un
monto de 23mil 308 millones 185 mil 225 pesos,
clasificados en el anexo 13, Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, mismos que
fueron aprobados por este pleno de la Cámara de
Diputados el 13 de noviembre de 2014, y así fue
incluido en el decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2015, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de
2014.
Cabe precisar que, aun cuando para 2015 se logró la
etiquetación más alta, en proporción con el total del
PEF 2015, las erogaciones para la igualdad
representan no más de 0.5 por ciento y resultan
insuficientes para solventar las necesidades en la
materia.
martes 17 de febrero de 2015
áGORA
Ahora bien, en el marco del Ajuste al Gasto Público
para 2015, el titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, anunció una
disminución de dos mil millones de pesos al
presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex), 10 mil
millones de pesos a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), y 52.3 mil millones de pesos a las
dependencias y entidades de la administración pública;
de este último, 65 por ciento se aplicará al gasto
corriente y el restante 35 por ciento a gasto de
inversión.
La SHCP ha expresado que este ajuste no responde
a una situación económica de emergencia, sino a una
medida preventiva para fortalecer las finanzas públicas
y lograr la estabilidad macroeconómica.
Por tal motivo, consideramos que la coyuntura
actual es idónea para que el Estado mexicano
demuestre que los derechos humanos de las mujeres
son una prioridad para este gobierno y que dicha
condición, en el marco del principio de progresividad
de los derechos humanos, no será modificada por
ajustes al gasto para 2015.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la
consideración de esta soberanía, la siguiente
proposición con
Punto de acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta,
respetuosamente, al titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para que, en el marco del
ajuste al gasto para 2015 anunciado por dicha
dependencia el pasado 30 de enero, garantice que los
recursos clasificados en el anexo 13, Erogaciones para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, no sean
afectados.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2015
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áGORA
El derecho humano al agua
Diputado Miguel Alonso Raya
En el marco de la discusión de las reformas a la Ley de
Aguas Nacionales, que ya inició en el Congreso de la
Unión, es fundamental considerar que si bien es
necesario actualizar el marco normativo ante la
escasez del vital líquido, producto de varios factores,
no hay que perder de vista que lo primero que el
Estado mexicano tiene que garantizar es el derecho
humano al agua, como lo establece el artículo 4º
constitucional.
La problemática es compleja y precisamente por
ello, la discusión tiene que ser abierta a todas las voces
y hay que valorar experiencias recientes,
particularmente de algunos países de América Latina
que, al tomar decisiones erróneas en este proceso,
como las concesiones del servicio de agua a
corporativos
trasnacionales;
provocaron
la
privatización de tierras, cuerpos de agua y del
consumo del vital líquido; con ello beneficiaron a las
grandes empresas y productores y perjudicaron la
soberanía nacional, los recursos naturales y a la
población de menos recursos.
En marzo de 2014, el Ejecutivo federal anunció que
enviaría al Congreso de la Unión una propuesta para
impulsar una nueva Ley General de Aguas.
Sin embargo, aun antes de ser presentada, esta
iniciativa ya ha concitado la oposición de diversos
especialistas en la materia y de organizaciones civiles,
porque la política pública que el gobierno federal ha
desarrollado hasta el momento prioriza la
privatización por encima de un uso sustentable y
racional del agua y de las necesidades de los
ciudadanos.
En este contexto, anotaré sólo dos ejemplos para
sustentar este argumento, uno de ellos es la
explotación del gas shale, mejor conocida como
fracking, autorizada en las leyes secundarias de la
reforma energética impulsada por la administración de
Enrique Peña Nieto.
Entre las principales objeciones que la comunidad
científica y diversas organizaciones ecologistas han
planteado frente a la aplicación del fracking, destaca el
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consumo descomunal de agua que se requiere, entre
nueve y 29 millones de litros, para la fractura de un
solo pozo. Para los 20 mil pozos anuales propuestos se
requeriría un volumen de agua equivalente al necesario
para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9
millones de personas en un año.
El fracking implica la utilización de compuestos
químicos de alta toxicidad que se mezclan con el agua;
ello no sólo contaminará las reservas acuíferas del país,
sino que detonará casos de cáncer, mutaciones y
alergias e incrementará el calentamiento global, ya que
el proceso extractivo de gas shale emite gas metano.
El otro ejemplo es el acueducto Monterrey VI,
anunciada como la gran obra del sexenio, que ya
empieza a generar múltiples protestas ciudadanas por
las afectaciones al medio ambiente y a las actividades
agropecuarias y al consumo doméstico e industrial en
los estados que involucrará; porque se considera
innecesaria y por el posible conflicto de interés que
implica la participación del Grupo Higa en una obra
cuyo costo está calculado en cerca de 50 mil millones
de pesos.
Este proyecto se financiará a través de la asociación
público-privada (APP), en donde es común que el
Estado pone la mayor parte de los recursos y la que
menos invierte y más se beneficia es la iniciativa
privada.
Al amparo de esta figura, por ejemplo, se está
entregando la administración del servicio de
distribución de agua y saneamiento en varios
municipios de Veracruz a la empresa trasnacional de
origen brasileño Oderbrecht, vinculada a los recientes
escándalos de corrupción de Petrobras.
Guanajuato no es ajeno a la crisis de agua por la que
ya atraviesan varias entidades en el país, debido al
crecimiento de su población, a las actividades
industriales y agrícolas, a la sobre explotación de sus
mantos acuíferos, a periodos más cortos de lluvias y
más largos de sequías, al desperdicio del vital líquido y
a la falta de inversión adecuada en la infraestructura
hídrica.
En el marco de esta discusión, el Grupo
Parlamentario del PRD, que preside la Comisión de
Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, ha
presentado cuatro iniciativas que recogen además
propuestas ciudadanas en la materia.
Grupo Parlamentario del PRD
El PRD plantea como ejes fundamentales de la
discusión establecer como política gubernamental
evitar la privatización de los recursos hídricos y
reconocer el acceso al agua como un derecho humano.
Proponemos un nuevo término: «daño social», en el
que se dispone que si una empresa con una concesión
de agua para fines de comercio provoca algún daño a
la comunidad, lo pague. Se busca también que en el
proyecto de presupuesto de cada año se disminuya la
carga de los estados y del Distrito Federal, porque el
consumidor final es el que paga el costo de la
infraestructura que se necesita en cada una de las
entidades.
México ocupa el primer lugar en consumo de agua
embotellada, en un promedio de 11 mil millones de
dólares anuales y se prevé que para este año el
crecimiento de las ganancias sea de 13 mil millones de
dólares, lo que equivale a 195 billones de pesos
aproximadamente.
Es alarmante la explotación que hacen las empresas
que se dedican al agua embotellada en nuestro país, en
su mayoría trasnacionales, como Bonafont, vinculada
a Danone; Electropura, de Pepsico; Nestlé y Coca
Cola, entre otras.
martes 17 de febrero de 2015
áGORA
Por lo anterior, el PRD propone que estas empresas
retribuyan esa explotación excesiva mediante
impuestos especiales en abono de la infraestructura del
país en materia de recursos hídricos, ya que si
aportaran tan sólo uno por ciento de sus ingresos
anuales equivaldría a mil 950 millones de pesos. Estos
recursos podrían usarse para sostener un fondo
nacional u otra instancia que vigile el derecho humano
al acceso al agua.
En los hechos, en México hay un proceso paulatino
de privatización del agua, por lo que una eventual
reforma debe garantizar lo establecido en la
constitución en materia de derechos humanos: toda
persona tiene derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2015
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áGORA
Ágora Boletín del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Mesa Directiva: Agustín Miguel Alonso Raya, coordinador; Claudia E. Bojorquez Javier y Carol Antonio Altamirano, vicecoordinadores;
Roberto López Rosado, presidente de Debates; Fernando Zárate Salgado, coordinador de Administración Interna; Trinidad Secundino
Morales Vargas, coordinador de Proceso Legislativo y Jurídico; Roberto Carlos Reyes Gámiz, coordinador de Comunicación Social; María
de Lourdes Amaya Reyes, coordinadora de Reforma del Estado, Política Interior y Seguridad Nacional; Víctor Manuel Manríquez González,
coordinador de Vinculación con Gobiernos Estatales y Municipales; Yazmin de los ángeles Copete Zapot, coordinadora de Vinculación con
Movimientos y Organizaciones Sociales; Lizbeth Eugenia Rosas Montero, coordinadora de Vigilancia; Fernando Cuéllar Reyes, coordinador
de Finanzas Públicas, Desarrollo Económico, Comunicaciones y Transportes; Catalino Duarte Ortuño, coordinador de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia; José Antonio León Mendívil, coordinador de Desarrollo Rural; Luis Manuel Arias Pallares, coordinador de Política
Laboral; Mario Alejandro Cuevas Mena, coordinador de Política Social; Víctor Reymundo Nájera Medina, coordinador de Laicidad, Derechos
Humanos e Igualdad; Alejandro Carbajal González, coordinador de Política Exterior; Rodrigo González Barrios, coordinador de
Coordinación de Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos; Arturo Cruz Martínez, presidente de la MD; Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta
de la MD; Graciela Saldaña Fraire, secretaria de la MD; Marcos Rosendo Medina Filigrana, representante ante el IFE; Guillermo Sánchez
Torres, representante ante el Comité de Administración.
Dirección y edición: ángeles Camacho; corrección de textos: Teresa Contreras; diseño: Jazmín Cruz; distribución:Raúl García; secretaria:
Cristina Ruiz.
Contenidos de trámite legislativo: área de Proceso Legislativo: Carlos López ángel, Luis Daniel Aguilar, Alejandra González, América García.
Página electrónica: Daniel Sánchez Alcocer: http://diputadosprd.org.mx; contenidos de análisis: Secretaría Parlamentaria: Ricardo álvarez
Arredondo; apoyo informativo: Coordinación de Comunicación Política Legislativa.
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