1. No category

Una avalancha de afectados reclamarán contra Bankia
El despacho de abogados JAUSAS aplaude la decisión del juez de la Audiencia
Nacional Fernando Andreu de imponer una fianza de 800 millones de euros a Bankia,
su matriz y sus antiguos responsables, ya que corrobora la existencia de sólidos
indicios de delito en la salida a bolsa de la entidad.
De las 15 acusaciones particulares que participaron en la vista de fijación de medidas
cautelares que tuvo lugar el pasado día 9 de Febrero, dos solicitaron 4.112 millones de
fianza, 11 solicitaron diversas cuantías que iban de los 10.000 euros a los 30 millones
de euros (cuantías referidas a los daños causados directamente a las partes
representadas) y sólo el letrado de JAUSAS Jordi Ruiz de Villa solicitó una cuantía a
tanto alzado de entre 500 y 1000 millones de euros para los accionistas minoritarios
que podrían carecer de medios para satisfacer las tasas judiciales y costes de proceso
civil.
Dicho letrado solicitó además 541.000 euros de unos clientes titulares de acciones de
Bankia procedentes en parte del canje de participaciones preferentes de Caja Madrid.
Por último, el FROB fue la única acusación que –sorprendentemente- solicitó que no
se impusiera fianza alguna por considerar que no había riesgo de inefectiviad de la
sentencia y que los informes de los peritos judiciales tienen contradicciones, adolecen
de sesgo retrospectivo y no tienen en cuenta las provisiones genéricas, aludiendo a la
pulcritud de la gestión del equipo actual.
A juicio de JAUSAS, la medida acordada por el juez Fernando Andreu es proporcional
y razonable, ya que estima que un tercio de los accionistas minoritarios podrían verse
obligados a reclamar a través del procedimiento penal. De la misma forma resulta
razonable que se excluya de la media a los inversores institucionales respecto de los
cuales el auto establece “y sin perjuicio de salvaguardar los intereses y derechos de
tales inversores institucionales, cuyas acciones legales quedan incólumes”, ya que
muchos de ellos están encargando ya la redacción de demandas judiciales para
reclamar las pérdidas sufridas con independencia del procedimiento penal.
En opinión de Jordi Ruiz de Villa, “es muy probable que a partir de ahora numerosos
accionistas con pocos recursos comparezcan en el procedimiento penal para que se
les tenga en cuenta en la sentencia que en su día se dicte, mientras que las empresas
e inversores institucionales también se movilizaran para aprovechar las acciones cuyo
plazo de prescripción acaba el próximo 26 de mayo”.
La fianza impuesta por el juez Fernando Andreu sólo asegura una compensación a los
accionistas en el caso de que la Audiencia Nacional condene a las entidades y su
antigua cúpula en el caso de la salida a bolsa. Dada la previsible prolongación de la
investigación en la Audiencia Nacional, los inversores minoristas (ya sean empresas o
1
particulares) tendrán que presentar las correspondientes demandas ante los juzgados
de primera instancia para exigir una indemnización inmediata.
En este sentido, hay que destacar que el propio magistrado instructor considera que
“ya existen suficientes indicios, racionales y bastantes, de criminalidad” para
considerar que se han cometido los delitos de estafa del art 282 bis del Código Penal o
de falsedad del 290.
El magistrado hace mención al voluminoso contra-informe pericial de Leandro
Cañibano aportado el mismo día de la vista para descartar que ponga en tela de juicio
las contundentes conclusiones de los informes de los peritos judiciales
El despacho de abogados JAUSAS defendió en la vista celebrada el pasado 9 de
febrero los intereses de a una inversora particular con 1,8 millones de euros en
participaciones preferentes y acciones adquiridas en la salida a bolsa de la entidad.
Para más información:
Esther Caballero
Directora de Comunicación y Marketing
JAUSAS
93.415.00.88/620.93.70.64
2