Primeras páginas - La esfera de los libros

28 de octubre de 2014
“Es necesario que los jueces vayan al
barrio a conocer la realidad”
Afirmación del Defensor General de la Ciudad, Dr. Horacio Corti sobre la urbanización
de la villa “Rodrigo Bueno”
El Defensor General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Dr. Horacio Corti expresó “es
necesario que los jueces vayan al barrio a
conocer la realidad”al referirse a la fallo que
detiene la urbanización de la villa “Rodrigo
Bueno”. El titular del Ministerio Público de la
Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
–MPDCBA- durante una conferencia de prensa
además precisó “no es sorprendente que los
jueces que no han salido de sus despachos,
al no conocer la realidad, hayan fallado en
contra.”
NoticiasJudiciales.INFO reproduce texto difundido por el MPDCABA:
"Este martes 28 de octubre. el Defensor General de la Ciudad, Dr. Horacio Corti
encabezó una conferencia de prensa en el barrio “Rodrigo Bueno”, en la
Costanera Sur, junto con el Defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT), Dr. Fernando Lodeiro Martinez
y los delegados vecinales del barrio.
“Llama la atención que los jueces no se acerquen al barrio a conocerlo.
Rodrigo Bueno no surgió de la noche a la mañana. Aquí viven vecinos con
derecho a la ciudad que tienen derecho a ser escuchados”, dijo el Defensor
General.
Luego de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo CAyT revocara (en
fallo dividido) el proceso de urbanización ordenado por la justicia en primera
instancia, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad ha presentado la
apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, en representación de los
delegados vecinales del barrio. En conferencia de prensa se hizo público el
recurso de apelación presentado por los Defensores Públicos para que el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revea la cuestión (se adjunta al
presente comunicado).
Con la presencia de los delegados Marino Sosa, Luis Espinoza y Diego
González, del cura párroco del barrio y más de 50 vecinos, el Defensor General
sostuvo que el fallo de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo
y Tributario que anula el proceso de urbanización es “un fallo insólito,
motivado en el desconocimiento de los jueces de la historia y la realidad del
barrio y su gente.” Horacio Corti destacó que “la jueza que se hizo presente y
conoció personalmente el lugar ha fallado por la continuidad del proceso de
urbanización de este barrio. No es sorprendente que los jueces que no han
salido de sus despachos, al no conocer la realidad, hayan fallado en contra.”
El barrio “Rodrigo Bueno tiene cerca de 30 años de existencia ya que las
primeros vecinos se asentaron entre los años 1984 y 1986. Hoy lo habitan unas
2.500 personas, ha celebrado convenios con diversas instituciones, entre ellas
la Universidad Católica Argentina. En el barrio se desarrollan numerosas
actividades deportivas, culturales, educativas y religiosas. En sus orígenes el
Estado localizó allí habitantes a los que proveyó agua potable y otros
servicios, actos administrativos que han implicado el reconocimiento de su
derecho a habitar el lugar, como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
“La sentencia de la Cámara, que nosotros criticamos, es artificiosa y formal.
Los vecinos tienen el derecho de su lado: derecho a la urbanización, al agua
potable, a la apertura de calles limpias y seguras. Esperemos que sea el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad quien haga lugar a nuestro pedido,
sino iremos, junto con los vecinos, a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, ya que es un caso inequívoco de derecho a favor de los vecinos” dijo
Corti.
Al cerrar la reunión, en una significativa intervención, el cura párroco de
Rodrigo Bueno sostuvo que “el barrio está vivo y no se puede desalojar. La
Iglesia, oficialmente, apoyará lo que ellos decidan y los acompañará. La Iglesia
quiere pensar en la integración urbana, no sólo en la urbanización. Este barrio
forma parte de la Ciudad de Buenos Aires”.
Hoy, la situación del barrio es preocupante, tanto por el deterioro de las
condiciones de vida de los últimos años –falta de servicios públicos de buena
calidad, limpieza, accesos, tendido eléctrico seguro, limpieza del suelo- como
por el fallo de Cámara que, de quedar firme, podría implicar un proceso de
desalojo de las familias que desde hace décadas viven allí”