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FUNDACIÓN 1 DE MAYO
68 • FEBRERO 2015
REVISTA
estudios y cultura
Especial Deuda
José Moisés Martín Carretero
La gobernanza global de la deuda y las iniciativas de reducción de la deuda.
Experiencias, lecciones e insuficiencias
Juan Laborda
España: ¡fue la deuda privada, estúpidos!!
Jorge Fabra Utray
La flexibilidad dentro de las normas fiscales europeas
Pablo Martínez, Iolanda Fresnillo y Sònia Farré
Auditoría ciudadana, mucho más que auditar las cuentas de la deuda
SUMARIO
• ANÁLISIS | Javier Doz: Grecia y Europa, una vez más.
• Enrique Martín | Pensionistas retornados, ¿impuestos
justos y transparentes?
• Lola Morillo | El retroceso de la sanidad pública en
perspectiva histórica.
• Félix A. Ovejero | La Plataforma de Desarrollo de las
Américas: una nueva herramienta de la CSA.
• Manel Ferri y Ricard Riol | El proyecto Tren 2020:
menos frustración y más resultados para el ferrocarril
español.
• Pepe Gálvez | El año en que Angulema fue Charlie.
SECCIONES
• Centro de Documentación y Biblioteca.
• Los datos tienen la palabra.
REVISTA ‘ESTUDIOS y CULTURA’ | Consejo de Redacción: José Babiano, Ramón Baeza, Jesús Cruces, Bruno Estrada, Ana
Fernández Asperilla, Pepe Gálvez, Amaia Otaegui, Félix Ovejero, Carmen Rivas, Fernando Rocha y Juan Vargas.
Fundación 1º de Mayo. Centro Sindical de Estudios de CCOO. C/ Longares,6. 28022 Madrid. Tel.: 913640601. Fax: 913640838
| www.1mayo.ccoo.es | [email protected]. ISSN: 1989-4724
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Javier Doz | Presidente de la Fundación 1º de Mayo
Grecia y Europa, una vez más
E
n el momento de salir este número no se ha
resuelto todavía la primera fase de la nueva
crisis griega, con el euro y la UE una vez
más al borde del abismo. El gobierno alemán y la
mayoría de los europeos, con pocos matices y excepciones, siguen exigiendo que la prórroga del
rescate, aceptada por el gobierno de Syriza si se
cambian algunas condiciones, sea aplicada con
todas ellas. En una nueva ceremonia de manipulación, a la que contribuyen la mayoría de los
grandes medios de comunicación, se transmite
sólo un mensaje: los deudores tienen que cumplir
todos sus compromisos si quieren obtener de los
acreedores algo de generosidad en el futuro. Algunos van más allá, como el gobierno de España,
y, olvidándose de los intereses nacionales, se
apuntan al núcleo duro de la posición alemana e
intentan azuzar los sentimientos nacionalistas con
mentiras xenófobas del calibre de que si no fuera
por los 26.000 millones que le prestamos a Grecia
no hubieran habido recortes apenas y hasta se
hubieran podido expandir algunas de las grandes
partidas del gasto social.
La realidad es otra muy distinta. España –al
igual que los demás Estados de la UE– sólo avaló
el préstamo del MEDE y la propuesta del gobierno
griego garantizaría que dicho aval no se ejecutase.
Pero lo que prima es el sectarismo político y la
necesidad de castigar a un gobierno que ha tenido
la osadía de decir que la política de austeridad y
la gestión alemana de la crisis han sido un desastre
para Grecia y para Europa, y que hay que cambiarlas ya. Todos los analistas inteligentes, incluidos los del FMI y la OCDE, lo reconocen así y
consideran que la deuda griega es impagable y
hay que reestructurarla.
Lo que se pretende ocultar es que las condiciones alemanas impedirían al gobierno griego aplicar su programa de emergencia, es decir le impedirían actuar para que cientos de miles de familias
griegas no pasasen hambre y frío y para que los
L
o que se pretende ocultar es que
las condiciones alemanas
impedirían al gobierno griego
aplicar su programa de
emergencia, es decir le impedirían actuar
para que cientos de miles de familias
griegas no pasasen hambre y frío y para que
los tres millones de personas –las más
necesitadas- excluidas de la asistencia
sanitaria de la seguridad social volvieran a
tenerla.
tres millones de personas –las más necesitadas–
excluidas de la asistencia sanitaria de la seguridad
social volvieran a tenerla. Nuevo y gran ejemplo
del modo intolerable e inmoral de gobernar Europa. Esto lo ha reconocido el propio Jean Claude
Juncker declarando que la actuación de la troika
ha atacado la dignidad de griegos, portugueses e
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irlandeses. Entramos en el campo del surrealismo
cuando escuchamos la contestación del Ministro
de la Presidencia de Portugal diciendo que no,
que la troika ha tratado bien a Portugal. Y en el
del psicoanálisis si recordamos que Juncker era el
jefe del Eurogrupo que impuso el rescate a Grecia
y el primer ministro de Luxemburgo que promovió
el fraude fiscal de las empresas multinacionales.
Pero lo más interesante de las declaraciones de
este cínico político europeo es la afirmación de
que sólo ahora la Comisión Europea discute sobre
la troika. Sabíamos que la troika era un organismo
sin base legal alguna en el entramado jurídico de
la UE, lo que no nos podíamos imaginar es que
quienes tomaban las decisiones en nombre del
“gobierno europeo” eran unos simples funcionarios. Esto es un hito insuperable de conducta antidemocrática.
El gobierno español, guiado principalmente por
el miedo de que una victoria de Syriza sirva de
incentivo de voto a Podemos y otras opciones de
izquierda, pretende que olvidemos los daños que
el austericidio ha producido en nuestra economía
y nuestra sociedad. También pretende que no nos
percatemos de que la falta de una solución realista
y justa al nuevo episodio agudo de la crisis griega
abriría una nueva fase de inestabilidad financiera,
con España e Italia en la primera línea de daños.
Es posible, y deseable, que las tácticas negociadoras inspiradas en Sansón y los filisteos no lleguen a sus últimas consecuencias. Pero de nuevo
nos encontraremos previsiblemente con una solución medio mala que dejaría sin resolver los
problemas de fondo y sólo ganaría tiempo. Es decir, no caerían el euro y la UE en el abismo pero
la UE continuaría profundizándo su crisis política,
el profundo deterioro del proyecto político más
importante del Siglo XX.
Una breve nota sobre la conducta de la socialdemocracia europea. Con algunos matices por
parte de los gobiernos francés e italiano, los partidos socialistas en el gobierno o en la oposición,
o bien se han alineado con la posición ultraconservadora del gobierno alemán, como el SPD, o
bien han procurado pasar sobre ascuas sobre el
tema, como es el caso del PSOE, renunciando
E
l gobierno español, guiado
principalmente por el miedo de
que una victoria de Syriza sirva de
incentivo de voto a Podemos y
otras opciones de izquierda, pretende que
olvidemos los daños que el austericidio ha
producido en nuestra economía y nuestra
sociedad.
–una vez más en esta larguísima crisis– a plantear
cualquier alternativa de izquierdas al evidente
mal gobierno de esta crisis por parte de la derecha
europea.
El sindicalismo europeo está criticando con firmeza la posición del Consejo Europeo y del Eurogrupo. Hay que incluir al sindicalismo alemán.
Los responsables de la DGB y de sus principales
federaciones han publicado una carta abierta de
denuncia de este nuevo ataque al pueblo griego
por parte de las instituciones europeas. Pero las
palabras no bastan. Sería necesario, a mi juicio,
que los sindicatos europeos y la CES promovieran
una gran movilización, junto con otras fuerzas
sociales y políticas, en apoyo del pueblo griego y
por un nuevo proyecto político para la UE más
democrático, solidario y socialmente avanzado
que este que se está diluyendo entre las manos
de unos políticos de muy cortas miras. 3
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José Moisés Martín Carretero | Economista
La gobernanza global de la deuda y las iniciativas
de reducción de la deuda.
Experiencias, lecciones e insuficiencias
H
asta el inicio de la crisis financiera de 2008,
hablar de deuda en el ámbito de la economía internacional era hacerlo de la deuda
externa de los países en vías de desarrollo. En
efecto, desde que en 1982 el Gobierno de México
declarase su incapacidad del pago de la deuda
contraída durante los años anteriores, y hasta
prácticamente el año 2010, con el estallido de la
crisis griega, el marco internacional de gobernanza de la deuda se ceñía casi exclusivamente a
los países en desarrollo y emergentes, y las principales iniciativas internacionales y multilaterales
de revisión de dicha deuda tenían como objetivo
proporcionar una adecuada gestión de la misma.
En el presente artículo, examinaremos los la
gobernanza global de la deuda generados en el
entorno de las instituciones financieras tanto bilaterales como multilaterales, y especialmente del
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, como principales actores –que no únicosen la gestión de dichos marcos. Como veremos,
el sistema de gobernanza previsto tiene todavía
demasiadas lagunas y necesita de una profunda
revisión para afrontar los retos que ofrecen un
mundo complejo y cada vez más interdependiente.
El marco multilateral de la gestión de la
deuda: El Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y las iniciativas HIPC y
MDRI: de las crisis de liquidez al problema
de la solvencia.
Tras la crisis de los años 70 y 80, y los magros logros de los planes específicos ad-hoc (tales como
el plan Baker y el plan Brady), en la década de los
años 90 se comienza a trabajar en la puesta en
marcha de nuevas iniciativas de carácter estructural y de largo plazo.
En efecto, la arquitectura financiera internacional surgida de la conferencia de Bretton Woods,
que dio lugar al Fondo Monetario Internacional
y al Banco Mundial, no contaba con un mecanismo ordenado de tratamiento global del endeudamiento insostenible, realizándose hasta los años
ochenta una serie de tratamientos parciales no
siempre coherentes entre sí.
Por un lado, la tarea esencial del Fondo Monetario Internacional se refería al tratamiento y
apoyo en el caso de crisis de balanzas de pagos,
situaciones en las que, a corto plazo, un país se
L
a arquitectura financiera
internacional surgida de la
conferencia de Bretton Woods,
que dio lugar al Fondo Monetario
Internacional y al Banco Mundial, no
contaba con un mecanismo ordenado de
tratamiento global del endeudamiento
insostenible, realizándose hasta los años
ochenta una serie de tratamientos
parciales no siempre coherentes entre sí.
encontraba sin liquidez suficiente para hacer
frente a sus compromisos de pago internacionales.
La asistencia tradicional del FMI se vinculaba a
proporcionar dicha liquidez a través de créditos
sometidos –especialmente a partir de los años 70
y 80– a una severa condicionalidad en materia
de estabilización macroeconómica: los llamados
“Programas de Ajuste Estructural”.
Estos programas, que acompañaban como condicionalidad a los préstamos ofrecidos por la institución, sometían a los países beneficiarios de su
financiación a una serie de reformas destinadas a
mitigar los desequilibrios macroeconómicos, especialmente en lo relativo a sus balanzas por
cuenta corriente, reprimiendo la demanda interna
–esto es, encogiendo el consumo y la inversión
interna, así como el gasto público-, fomentando
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el ahorro, y liberalizando sectores protegidos. Se
suponía que, de esta manera, los desequilibrios
macroeconómicos de reducirían y las economías
podrían volver a crecer con mejores perspectivas
en materia de inflación, déficit público y déficit
exterior.
Por otro lado, el marco de renegociación de los
términos de la deuda se realizaba a través de negociaciones entre los acreedores y los deudores,
en el marco de la institución informal que representa el Club de París, para los acreedores públicos, y en el Club de Londres, para los acreedores
privados.
Este esquema –negociación acreedor/deudor y
ajuste estructural vinculado a la liquidez a corto
plazo– saltó por los aires en los años 80 con la
crisis de la deuda latinoamericana, ya que supuso
la constatación de que, si bien hay países que están
sometidos a crisis temporales de liquidez, buena
parte de las economías con sobreendeudamiento
se encuentran permanentemente sujetas a la amenaza de la insolvencia, y donde la carga del servicio
de la deuda supone una seria barrera para el cumplimiento de los más mínimos objetivos de crecimiento económico y desarrollo social.
Hecha esta distinción, entre países sometidos
a crisis de liquidez y países sometidos a situaciones de insolvencia, en 1996 el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial lanzan la primera de una serie de iniciativas destinadas a ofrecer un alivio duradero y permanente para países
con un alto nivel de sobreendeudamiento. La primera de esas iniciativas se conoce como iniciativa
HIPC (High Indebted Poor Countries), o Países
Pobres Altamente Endeudados.
El objetivo de la iniciativa HPIC, que ha mantenido su vigencia hasta el día de hoy, es liberar a
los países más pobres de la carga de una deuda
externa que amenazaba sus posibilidades de crecimiento económico a largo plazo. Se trata, por lo
tanto, de una iniciativa limitada a una serie de
países muy determinados –36 en total– con unas
características muy concretas:
En primer lugar, los países beneficiarios son
países de bajos ingresos per cápita, por lo que se
excluyen los países de Renta Media o emergentes.
Para estos países, el mecanismo de gestión de la
deuda se mantiene dentro de los cauces tradicionales de provisión de liquidez y negociación
acreedor/deudor.
E
l objetivo de la iniciativa HPIC,
que ha mantenido su vigencia
hasta el día de hoy, es liberar a
los países más pobres de la carga
de una deuda externa que amenazaba sus
posibilidades de crecimiento económico a
largo plazo. Se trata, por lo tanto, de una
iniciativa limitada a una serie de países
muy determinados –36 en total– con unas
características muy concretas.
En segundo lugar, son países que por su propia
naturaleza no tienen o tienen un acceso a los mercados financieros internacionales extraordinariamente limitado, siendo la gran mayoría de sus
acreedores otros países o instituciones financieras
multilaterales.
En tercer lugar, sus ratios de deuda externa deberían superar determinados umbrales que la harían ser considerada como “insostenible”. Estos
ratios de deuda externa se situarían inicialmente
en un stock total de deuda superior al 200-250%
de las exportaciones anuales, un servicio de la
deuda –obligaciones de repago de principal e intereses– por encima del 25% de las exportaciones
anuales, y un límite de la ratio deuda total/ingresos ficales superior al 280%.
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 6
A partir de estos criterios, se estableció una lista
de países potencialmente beneficiarios (41 en total, la mayoría de ellos en África subsahariana),
que se ha ido modificando con el tiempo para finalmente quedar en los 39 actuales.
La iniciativa HIPC se estructura a través de dos
fases:
La primera fase, o punto de decisión, se alcanza
en el momento en el que el país beneficiario cumple con las siguientes condiciones:
– Ser elegible para la financiación de la Asociación Internacional de Desarrollo, la ventanilla
blanda del Banco Mundial, y para las contribuciones del Fondo de Reducción de la Pobreza y
Crecimiento del Fondo Monetario Internacional.
– Mantener una carga de la deuda superior a
los límites anteriormente explicados.
– Mantener un registro de reformas y políticas
económicas en línea con los programas apoyados
por el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, y
– Desarrollar un Documento de Estrategia para
la Reducción de la Pobreza (PRSP, o Poverty Reduction Strategy Paper).
Una vez que se han cumplido estas condiciones,
el país pasa el punto de decisión y su deuda es
provisionalmente reestructurada hasta situarla
en niveles de sostenibilidad. Esta reestructuración
provisional se convierte en irrevocable en el momento en el que el país supera la segunda fase, o
punto de culminación.
Para alcanzar esta fase de culminación, los
países beneficiarios deben haber cumplido los siguientes condicionantes:
– Mantener una buena ejecución de la condicionalidad en materia de políticas de ajuste macroeconómico.
– Mostrar una buena ejecución, al menos durante un año, de la Estrategia para la Reducción
de la Pobreza.
Una vez que el país ha alcanzado ese nivel de
cumplimiento de los criterios, se considera que ha
alcanzado el punto de culminación y la reducción
de la deuda prevista se convierte en irrevocable.
En la actualidad, de los 39 países que están sometidos a la iniciativa HIPC, 35 han alcanzado el
punto de culminación, mientras que uno ha alcanzado el punto de decisión (Chad) y otros tres
están pendientes de alcanzarlo (Eritrea, Somalia
y Sudán).
El mecanismo HIPC ha permitido reducir sustancialmente la carga de la deuda para los países
más pobres con fuertes niveles de endeudamiento,
logrando movilizar a la comunidad de acreedores
–multilaterales y bilaterales- en la gestión sostenible de la deuda. En total, el nivel de deuda reestructurada se ha situado en 75 mil millones de
dólares en valor de 2013, siendo 57 mil millones
los destinados a los países en fase de post-culminación.
Adicionalmente a este esfuerzo, en 2005 el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial
y el Fondo Africano de Desarrollo (ventanilla
blanda del Banco Africano de Desarrollo) lanzaron
la inciativa de alivio de la deuda multilateral, o
A
l igual que HIPC, MDRI supone
un grado de condicionalidad
dirigido a garantizar que el país
beneficiario tiene políticas
macroeconómicas adecuadas, está
ejecutando su estrategia de reducción de la
pobreza, y demuestra un desempeño
aceptable en materia de gestión del gasto
público.
Multilareral Debt Relief Initiative (MDRI), cuyo
objetivo sería completar el esfuerzo desarrollado
en el marco de la iniciativa HIPC para realizar
una reestructuración adicional de los créditos de
naturaleza multilateral –aquellos contraídos con
las instituciones participantes.
La iniciativa MDRI se centra en aquellos países
que han alcanzado el punto de culminación de la
iniciativa HIPC, así como aquellos que, manteniendo deudas con las instituciones participantes
tienen una renta per cápita por debajo de 380
dólares anuales. Al igual que HIPC, MDRI supone
un grado de condicionalidad dirigido a garantizar
que el país beneficiario tiene políticas macroeconómicas adecuadas, está ejecutando su estrategia
de reducción de la pobreza, y demuestra un
desempeño aceptable en materia de gestión del
gasto público.
La iniciativa MDRI ha supuesto la condonación
adiciona de 41 mil millones de dólares –en precios
de 2013- que, sumados a la reestructuración ge-
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nerada por HIPC, ofrece un total de 116 mil millones de dólares de condonación.
En términos de esfuerzo, el mayor esfuerzo de
condonación lo han desarrollado los organismos
multilaterales, con un 64% sobre el total, mientras
que los acreedores bilaterales han ofrecido el 32%
de los esfuerzos. El 4% restante se ha logrado a
partir de la participación del sector privado en la
iniciativa, con la condonación de créditos comerciales.
Los resultados de la iniciativa en términos de
reducción de la carga de la deuda han sido notables: entre 1999 y 2013, los principales indicadores de sostenibilidad de la deuda de los países
participantes han mejorado en gran medida, tal y
como se puede observar en la tabla 1.
La gobernanza nacional de la deuda: el
Marco de Sostenibilidad de la Deuda.
Adicionalmente a las iniciativas de alivio de la
deuda, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial han desarrollado una serie de iniciativas vinculadas a mejorar la gestión nacional
de la deuda, a través del monitoreo y supervisión
de las políticas de endeudamiento, el análisis de
sus tendencias y el fortalecimiento de las capacidades públicas para su gestión.
E
n términos de esfuerzo, el mayor
esfuerzo de condonación lo han
desarrollado los organismos
multilaterales, con un 64% sobre
el total, mientras que los acreedores
bilaterales han ofrecido el 32% de los
esfuerzos.
De esta manera, en 2005, ambas instituciones
lanzan el Marco de Sostenibilidad de la Deuda
para los países de bajos ingresos, cuyo objetivo
es fortalecer las capacidades internas en la toma
de decisiones de endeudamiento y gestión de la
deuda, a través de una previsión de las necesidades de financiación y de las capacidades futuras
de repago.
El Marco de sostenibilidad de la deuda se basa
en la realización periódica de un análisis pormenorizado de la sostenibilidad de la deuda de cada
país (o DSA, Debt Sustaniability Analysis), que
consiste en lo siguiente:
– Análisis de las proyecciones de la carga de la
deuda para próximo 20 años, incluyendo su vulnerabilidad ante choques exógenos–recesiones,
etc…
– Evaluación del riesgo de sobreendeudamiento, basándose en los límites de sostenibilidad
Tabla1
Indicadores de Sostenibilidad de la deuda. 35 países participantes en HIPC post-culminación
Total Deuda/Exportaciones ...................................................................
Total deuda/PIB ....................................................................................
Servicio de la deuda/exportaciones.......................................................
Total deuda/Ingresos fiscales ................................................................
Servicio de la deuda/ingresos fiscales ...................................................
Fuente: Banco Mundial 2013.
1999
2013
457%
114%
18%
552%
22%
78%
20%
5%
111%
7%
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de la deuda y la calidad de las políticas e instituciones del país.
– Recomendaciones para una estrategia de financiación a largo plazo que mitigue el riesgo de
sobreendeudamiento.
El DSA califica a los países en función de su
riesgo de sobreendeudamiento, clasificándolos en
países de bajo riesgo –si todos los indicadores se
encuentran dentro de los límites de sostenibilidad-, medio riesgo –si los indicadores están dentro de los límites pero existen vulnerabilidades
ante choques externos-, alto riego –si los indicadores están fuera de los límites, pero el país no
ha mostrado problemas para atender sus pagosy sobreendeudamiento, cuando el país tiene dificultades de repago.
Los indicadores utilizados para la determinación de los riesgos son similares a los usados en
el caso de la iniciativa HIPC, si bien se calibran
en función de las fortalezas institucionales de cada
país, según son clasificadas por el Banco Mundial,
tal y como aparecen en la tabla 2.
El DSF y el DSA cumplen, de esta manera, con
la función de ofrecer información sobre el desempeño de la gestión de la deuda, tanto para los
países deudores, como para los acreedores, de
manera que permite conocer el riesgo de sobreendeudamiento en el que está incurriendo una
economía.
Adicionalmente, en el ámbito del fortalecimiento de las capacidades, el Banco Mundial
mantiene una serie de herramientas al servicio
de los países, dirigidas a mejorar la capacidad institucional de la gestión de la deuda. Estas herramientas son las siguientes:
– Evaluación del desempeño de la gestión de
la deuda (DeMPA, o Debt Management Performance Assessment), que evalúa las fortalezas y
debilidades del sistema nacional de gestión de la
deuda.
– Estrategia de Gestión de la deuda de Medio
Plazo (MTDS, o Medium-Term Debt Management
Strategy), que proporciona una estrategia de una
duración entre tres y cinco años para la gestión
de la deuda. Permite determinar la composición
de la deuda (corto/largo plazo), teniendo en
E
l DSF y el DSA cumplen, de esta
manera, con la función de ofrecer
información sobre el desempeño
de la gestión de la deuda, tanto
para los países deudores, como para los
acreedores, de manera que permite
conocer el riesgo de sobreendeudamiento
en el que está incurriendo una economía.
cuenta la situación macroeconómica y las condiciones del mercado.
– Plan de Reforma de la Gestión de la Deuda,
destinado a fortalecer las capacidades institucionales de los sistemas nacionales de gestión de la
deuda.
Con estas herramientas, el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional completan el mecanismo de gobernanza de la deuda para los países de bajos ingresos, y, aunque no se refiere directamente a los países HIPC, completa sus tareas
de gestión internacional de la deuda.
La gobernanza de los acreedores bilaterales: el club de París.
Para aquellos países deudores que no están sometidos a las iniciativas HIPC o MDRI, la alter-
Tabla 2
Límites de seguridad en el marco de Sostenibilidad de la Deuda
Deuda Total como %
Exportaciones
Políticas débiles
Política adecuadas
Políticas fuertes
100
150
200
Fuente: Fondo Monetario Internacional 2013.
Servicio de la Deuda como %
PIB
Ingresos Fiscales
30
40
50
200
250
300
Exportaciones
15
20
25
Ingresos Fiscales
18
20
22
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 9
nativa que les queda en la renegociación de su
deuda soberana sigue siendo el club de París. El
Club de París se formó en 1956, y reúne a una
serie de países acreedores, bajo un paraguas no
formal –no es un organismo internacional– en el
que se tratan los temas de renegociación de la
deuda soberana con los deudores.
Los principios de actuación del Club de París
son los siguientes:
– Solidaridad: Los acreedores actúan de manera
coordinada y tienen en cuenta, en sus reclamaciones, los efectos que las renegociaciones pueden
tener sobre otros acreedores miembros del Club.
– Consenso: las decisiones en el Club de París
se toman por Consenso.
– Información compartida: los miembros comparten análisis e información de manera recíproca
para evitar situaciones de ventaja en las negociaciones.
– Caso a caso: las soluciones se toman siempre
caso por caso, atendiendo a las características y
condiciones del deudor.
– Condicionalidad: los ejercicios de reestructuración se someten a condicionalidad en materia
de políticas macroeconómicas del deudor.
– Comparabilidad del tratamiento: si un deudor acepta condiciones de los acreedores en el
marco del Club de Paris, posteriores renegociaciones con acreedores no participantes en el
mismo no pueden otorgar situaciones de ventaja
para otros acreedores.
El Club de París proporciona cuatro tipos de
tratamiento a la deuda en proceso de renegociación: el tratamiento estándar, el tratamiento “Hevian” (para países de renta media-baja), el tratamiento “Nápoles”, para países pobres altamente
endeudados, y el tratamiento “Colonia”, para
países participantes en la iniciativa HIPC. Cada
uno de estos tratamientos tiene una serie de condicionalidades diferenciadas en función de la situación del deudor, tales como plazos, porcentajes
de repago, nivel de concesionalidad, etc.
El Club de Paris ha realizado a lo largo de su
historia un total de 430 acuerdos con 90 países,
con un monto total de reestructuraciones de 583
mil millones de dólares1. Se trata, por lo tanto,
del principal espacio de gobernanza de la deuda
soberana, y a fecha del 31 de diciembre de 2013,
mantenía vivas reclamaciones de créditos por valor de 373 mil millones de dólares.
E
l Club de París proporciona
cuatro tipos de tratamiento a la
deuda en proceso de
renegociación: el tratamiento
estándar, el tratamiento “Hevian” (para
países de renta media-baja), el tratamiento
“Nápoles”, para países pobres altamente
endeudados, y el tratamiento “Colonia”,
para países participantes en la iniciativa
HIPC.
Conclusión: las insuficiencias del sistema.
El sistema multilateral de tratamiento de la deuda
soberana se debería completar con el Mecanismo
de Reestructuración de la Deuda Soberana (o
SDRM, por sus siglas en Inglés), propuesto por el
Fondo Monetario Internacional en 2003. El mecanismo estaba pensado para ofrecer un marco
de gobernanza que se aplicara no sólo a los países
con acreedores públicos, sino también a los acreedores privados, ofreciendo seguridad jurídica
tanto a los prestamistas como a los prestatarios.
El SDRM propuesto se basaba en los siguientes
principios:
– Reestructuración por parte de la mayoría: si
una mayoría de acreedores estaban de acuerdo
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con una renegociación, está sería de aplicación a
todos los mismos.
– Disuasión de litigios: se buscaba evitar entrar
en procedimientos judiciales que pudieran perturbar las negociaciones. Es importante señalar
en este punto que mucha deuda soberana se emite
bajo jurisdicción de otros países, por lo que las
complicaciones jurisdiccionales que podrían traer
dichos litigios serían fuente de permanentes
L
os casos de reestructuración de
Ecuador, Argentina o Grecia en
los últimos años, han vuelto a
elevar a la agenda global la
necesidad de establecer un régimen
multilateral de tratamiento de las
renegociaciones de la deuda soberana
preocupaciones –como ha sido el caso de la reestructuración Argentina y la sentencia del Tribunal
de Nueva York en 2014–.
– Protección de los intereses del acreedor: se
pretendía ofrecer un marco de garantías adecuadas a los acreedores.
– Negociación de buena fe: se tomarían decisiones destinadas a proteger las inversiones de
los acreedores desde la buena fe.
– Transparencia: se ofrecería toda la información relevante.
– Financiamiento prioritario: bajo acuerdo con
los acreedores, un país podría reservar una parte
de su financiación para atender a prioridades económicas o sociales.
– Solución de controversias: se establecería un
foro para la resolución de las controversias.
La realidad es que el desarrollo del SDRM no
se ha llegado a completar adecuadamente y hoy
en día la gobernanza de la deuda adolece de la
falta de un régimen multilateral adecuado para
su tratamiento.
Los casos de reestructuración de Ecuador, Argentina o Grecia en los últimos años, han vuelto
a elevar a la agenda global la necesidad de establecer un régimen multilateral de tratamiento de
las renegociaciones de la deuda soberana, como
así se ha expresado en la Asamblea General de
Naciones Unidas en su sesión de 20142. Los marcos actuales, pensados para los países más pobres,
son claramente insuficientes para hacer frente a
una realidad que supera, con mucho, la errónea
concepción de que las crisis de deuda son “patrimonio” de los países más pobres del planeta. 3
NOTAS
1
Datos del Club de París:
http://www.clubdeparis.org/sections/donneeschiffrees/chiffres-cles
2
Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas
2014. Towards the establishment of a multilateral legal
framework for sovereign debt restructuring processes.
A/C.2/69/L.4/Rev.1
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA
– Banco Mundial. “HIPC MDRI Presentation”. Documentación del Anual Meeting 2014.
– Club of Paris Comprehensive Data on Claims. Junio
de 2014.
– Macías, A. “La deuda externa en el mundo en desarrollo: sostenibilidad, alivio y reestructuración”. Fundación Carolina, 2008.
– Pérez Sánchez. “Deuda externa de América Latina.
Balance de una Década 1980-1990”. Cuadernos de
Estudios Empresariales 5. Madrid, 1995.
– Reinhart, C y Rogoff, K. “Esta Vez en Diferente”.
Fondo de Cultura Económica, 2012.
– IMF Fact sheets: HIPC, MDRI, SDF.
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 11
Juan Laborda | Economista
España: ¡fue la deuda privada, estúpidos!!
1. IntRoDuCCIón
La actual crisis sistémica de la economía española
se encuadra dentro de lo que técnicamente se denomina una recesión de balances. Bajo este análisis la dinámica actual de nuestra deuda es insostenible. Tenemos un volumen de deuda
-privada, pública y externa- que no se va a poder
pagar, salvo que se pretenda un estancamiento
prolongado en el tiempo de nuestra economía,
más allá de dos décadas. Obviamente quien concedió la mayor parte de esa deuda, nuestro sistema financiero, presentaba claros problemas de
solvencia, y la manera en que se ha tratado de
restablecer la misma ha afectado ya no solo a la
situación real de nuestro sector bancario, sino
también a la economía y ciudadanía en su conjunto.
Lo que empezó siendo un problema de deuda
privada ha acabado contaminando definitivamente a la deuda pública. Detrás de la brutal expansión de nuestra deuda soberana no se encuentra en absoluto el interés de quienes nos gobiernan
de mejorar nuestras condiciones de vida –educación, empleo, pensiones, sanidad, dependencia,
vivienda,…–. Como luego veremos, la mitad del
incremento de la deuda pública se ha destinado a
financiar a terceros, concretamente al sector bancario. Ello ha ido acompañado por un proceso de
deflación salarial que ha acabado disminuyendo
la renta disponible de las familias. A pesar de ello
el crédito sigue sin fluir.
Por un lado, la situación de los balances bancarios y el déficit de capital, siguen siendo preocupantes. Los cálculos recientes del Banco Central
Europeo presentan tremendas deficiencias, especialmente en la definición del escenario extremo
negativo contemplado de cara a analizar su impacto en la cuenta de resultados y balances bancarios, así como en el tratamiento final de las carteras de deuda soberana española, y de los
créditos fiscales. Por otro, sigue sin entenderse la
naturaleza endógena del dinero, y una máxima
que introdujo el profesor Amir Sufi, coautor del
libro House of Debt, en una reciente comparecencia, el 17 de septiembre de este mismo año,
ante el Comité del Senado de los Estados Unidos
sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, donde
afirmó que “el crecimiento del crédito sin crecimiento de la renta es una receta para el desastre”.
En este sentido, los cálculos realizados y actualizados continuamente por Centre for Risk Management HEC, ubicado en Laussane, muestra que
el déficit de capital total de solo cuatro de los
cinco grandes bancos españoles (Santander,
L
a mitad del incremento de la
deuda pública se ha destinado a
financiar a terceros,
concretamente al sector bancario.
Ello ha ido acompañado por un proceso de
deflación salarial que ha acabado
disminuyendo la renta disponible de las
familias. A pesar de ello el crédito sigue sin
fluir.
BBVA, Sabadell y Popular), supera los 58.000
millones de euros1.
Nuestro análisis demostrará, en primer lugar,
que el origen de la actual crisis sistémica, un volumen descomunal de deuda, no solo no se ha corregido sino que ha continuado incrementándose.
En segundo lugar, veremos cómo se ha producido
una socialización de pérdidas privadas, de manera
que las pérdidas y necesidades de capital del sector financiero se han sufragado con dinero de los
contribuyentes. A pesar de ello, el sector bancario
sigue teniendo necesidades de capital, mientras
que sigue sin reactivarse el crédito bancario a empresas y familias.
En la sección 2 se realiza un breve análisis de la
evolución y dinámica de la deuda total de nuestro
país, pública y privada, y de la deuda externa.
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 12
Dentro de la deuda pública veremos algunos cálculos sobre qué volumen de la misma se ha destinado a financiar a terceros, básicamente nuestro
sector bancario. Posteriormente, en el apartado
3, se presentan algunas lecciones de política económica. Finalmente, en la sección 4 se recogen
las conclusiones principales.
2. La DEuDa totaL DE ESPaña
Es fundamental, en nuestro análisis, por lo tanto,
actualizar y analizar la evolución de la deuda de
nuestro país a partir de los datos publicados por
Banco de España y recogidos, dentro del apartado
de estadísticas, en el epígrafe cuentas financieras
de la economía española, concretamente en el capítulo 2. El 15 de enero de 2015 se dieron a conocer las cifras correspondientes al tercer trimestre
de 2014, último dato disponible, aplicando ya la
nueva metodología SEC 2010.
En la información que se adjunta en los cuadros
1-5, además de analizar la evolución temporal de
la deuda total y su distribución por sectores –administraciones públicas, familias, sociedades no
financieras, sociedades financieras-, se recogen y
estudian dos fotos fijas, cierre de 2008 y el último
dato disponible, segundo trimestre de 2014. La
idea, además de reflejar la deuda total y su distribución, consiste en analizar cómo ha evolucionado
lo que debemos al resto del mundo, es decir, nuestra deuda externa, su cuantía y qué sectores patrios son quienes tienen esas deudas con el exterior.
2.1. La dinámica de la deuda durante la
crisis (2008-actualidad)
Con los últimos datos se confirman dos tendencias
en la dinámica de la deuda total de España. En
primer lugar, las sociedades financieras han reducido ligeramente su volumen de deuda respecto
al cierre de 2008. En realidad en el período 20082012 continuó incrementándose su deuda a pesar
de encontrarnos, por un lado, en pleno proceso
de reestructuración bancaria, y, por otro, en una
fase de desendeudamiento del resto de sectores
privados. En segundo lugar, lo que empezó siendo
una brutal crisis de deuda privada, acaba incrementando y transformándose, como ya hemos
comentado, en deuda soberana.
Cuando se inicia la crisis son los sectores privados los que presentan problemas de solvencia. La
L
as familias son las primeras que
empiezan a reducir su deuda,
desde 2008, proceso que se
acelera a partir de 2010, momento
en que nuestra economía es intervenida de
facto por Europa. En total, las familias han
reducido su volumen de deuda alrededor
de los 150.000 millones de euros.
deuda de las familias, empresas, y entidades financieras a cierre de 2008 se sitúa alrededor del
314% del PIB, y el precio del colateral que soportaba la mayor parte de la misma se desploma.
Como consecuencia los sectores privados entran
en una profunda recesión económica. Las familias
disminuyen el consumo y recuperan ahorro, las
empresas no financieras no invierten, destruyen
capital ya instalado, y despiden a trabajadores.
Las entidades financieras cortan el grifo del crédito, en un contexto de incremento de la mora, y
tratan de recapitalizarse a costa de los contribuyentes. Nos encontramos ante lo que se conoce
técnicamente como una recesión de balances. El
objetivo, por encima de todo es reducir deuda.
Analizando los cuadros 1 y 2 se observa como
desde 2008 la deuda privada se ha reducido en
casi 585.000 millones de euros. Pero, profundi-
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 13
financieras pequeñas y medianas, la deuda de las
sociedades financieras residentes en nuestro país
continuó aumentando hasta 2012, concretamente
en 110.000 millones de euros desde 2008, lo cual
era especialmente llamativo en pleno proceso de
reestructuración bancaria y limpieza aparente de
sus balances. La reducción de los dos últimos años,
265.000 millones de euros, se ha hecho a costa
del dinero público, deuda soberana.
La combinación de estas dinámicas contrapuestas en el sector privado está detrás del hundimiento del crédito en nuestro país. Las empresas
y familias tratan de reducir deuda a toda costa, y
por lo tanto no demandan nuevos crédito; la
banca, en pleno proceso de reestructuración, apenas ha reducido su deuda, síntoma de que en sus
balances bancarios sigue habiendo activos tóxicos,
y, por lo tanto, no presta. Como consecuencia se
zando un poco en los datos, existen comportamientos divergentes entre los sectores que la componen –empresas no financieras, sociedades financieras y familias–. Las familias son las
primeras que empiezan a reducir su deuda, desde
2008, proceso que se acelera a partir de 2010,
momento en que nuestra economía es intervenida
de facto por Europa. En total, las familias han reducido su volumen de deuda alrededor de los
150.000 millones de euros.
Las empresas no financieras empiezan tarde, a
partir de 2010, pero de una manera intensa. Han
implementado un proceso de desinversión que
ha supuesto una reducción de su montante de
deuda en alrededor de los 280.000 millones de
euros.
Por el contrario, y a diferencia de otros países
como Estados Unidos, donde quebraron entidades
CUADRO 1. DEUDA ESPAÑA EN MILLONES DE EUROS SEGÚN DISTINTOS SECORES
MILLONES DE EUROS
PIB a precios de mercado
1996
2002
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Q3
473.855
729.258
1.087.788
1.046.894
1.045.620
1.046.327
1.029.002
1.022.434
1.024.321
Total Deuda Economía Española 759.553
1.596.583
3.928.032
4.127.138
4.197.401
4.267.305
4.403.297
4.212.573
4.236.413
Administraciones Públicas
351.070
434.876
513.522
658.418
716.916
819.203
1.079.243
1.258.963
1.406.591
Administración Central
286.056
346.402
389.759
512.825
542.094
623.296
833.034
987.108
1.109.816
Comunidades Autónomas
32.211
48.165
74.722
93.647
122.262
142.033
185.097
212.480
238.642
Corporaciones locales
19.023
21.732
31.872
34.777
35.391
36.705
43.924
42.188
40.933
Administraciones Seg.Social
13.780
18.577
17.169
17.169
17.169
17.169
17.188
17.187
17.200
408.482
1.161.707
3.414.510
3.468.720
3.480.485
3.448.102
3.324.054
2.953.610
2.829.822
213.594
637.342
1.432.346
1.416.813
1.441.741
1.415.332
1.307.989
1.173.953
1.155.801
40.821
144.596
1.068.182
1.145.672
1.136.278
1.157.607
1.177.876
990.679
911.467
154.067
379.769
913.982
906.235
902.466
875.163
838.189
788.978
762.554
Otros Sectores Residentes
Sociedades No Financieras
Sociedades Financieras
Hogares y Familias
Fuente: Banco de España y Elaboración Propia
CUADRO 2. DEUDA ESPAÑA COMO % PIB SEGÚN DISTINTOS SECORES
% sobre PIB
1996
2002
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total Deuda Economía Española 160,3%
218,9%
361,1%
394,2%
401,4%
407,8%
427,9%
412,0%
2014 Q3
414,3%
Administraciones Públicas
74,1%
59,6%
47,2%
62,9%
68,6%
78,3%
104,9%
123,1%
137,6%
Administración Central
60,4%
47,5%
35,8%
49,0%
51,8%
59,6%
81,0%
96,5%
108,5%
Comunidades Autónomas
6,8%
6,6%
6,9%
8,9%
11,7%
13,6%
18,0%
20,8%
23,3%
Corporaciones locales
4,0%
3,0%
2,9%
3,3%
3,4%
3,5%
4,3%
4,1%
4,0%
Administraciones Seguridad Social2,9%
Otros Sectores Residentes
Sociedades No Financieras
Sociedades Financieras
Hogares y Familias
2,5%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,7%
1,7%
1,7%
86,2%
159,3%
313,9%
331,3%
332,9%
329,5%
323,0%
288,9%
276,8%
45,1%
87,4%
131,7%
135,3%
137,9%
135,3%
127,1%
114,8%
113,0%
8,6%
19,8%
98,2%
109,4%
108,7%
110,6%
114,5%
96,9%
89,1%
32,5%
52,1%
84,0%
86,6%
86,3%
83,6%
81,5%
77,2%
74,6%
Fuente: Banco de España y Elaboración Propia
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 14
produce la mayor restricción de crédito de nuestra
historia moderna.
2.2. Explosión de deuda pública: financiación a terceros
Sin embargo el hecho más destacado de los cuadros 1 y 2 es el fuerte incremento de la deuda pública, en casi 900.000 millones de euros desde el
inicio de la crisis. Desde el cierre de 2008 el volumen de deuda pública sobre PIB ha aumentado
más de 90 puntos porcentuales, produciéndose
la mayor aceleración en los gobiernos Rajoy. Ello
se debe básicamente a dos razones. Por un lado,
el rescate bancario, que se ha hecho a costa de los
contribuyentes; y, por otro, la intensa recesión de
balances acelerada por las políticas económicas
implementadas desde mayo de 2010, y que activaron los estabilizadores automáticos.
Sin embargo, la explosión de deuda pública va
más allá de los estabilizadores automáticos. El
Inspector de Hacienda Agustín Turiel Martínez
cuantifica para el período 2008-2013 qué parte
del incremento del stock de deuda pública emitida
por la Administración Central del Estado corresponde a fondos que se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser
nuevamente prestados a terceros. Se considera
“prestada a terceros” sean estos pertenecientes al
sector público o privando tanto si la operación es
de participación en fondos propios de terceros
(adquisición de acciones o participaciones de terceros) como si se trata de participación en los fondos ajenos de estos terceros (préstamos, suscripciones de obligaciones, bonos, pagarés…). El autor
sostiene que la única deuda pública legítima es
aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la
Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado (Justicia,
Servicios Generales, Seguridad, Sanidad, prestaciones sociales, infraestructuras…) y que no debe
recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues
este uso “ilegítimo” de la deuda hace aumentar
los tipos de interés, aumenta, vía gastos financieros, el déficit público y facilita la justificación de
aquellos que propugnan los recortes al Estado de
Bienestar. En el cuadro 3 se presentan los cálculos
exactos para el período 2008-2013.
L
a única deuda pública legítima es
aquella que sirve para equilibrar
las cuentas de la Administración
del Estado respecto de las
operaciones propias de la actividad del
Estado (Justicia, Servicios Generales,
Seguridad, Sanidad, prestaciones sociales,
infraestructuras…) y que no debe
recurrirse al endeudamiento para otros
fines.
De los 597.349 millones de incremento en el
montante de deuda emitida por la Administración
Central en el período 2008-2013, ¡227.091, casi
la mitad es para financiar a terceros!
De este análisis podemos sacar dos conclusiones:
1. El proceso de reducción de la deuda privada
se está concentrado exclusivamente en familias y
empresas no financieras. El sector financiero, la
empieza a reducir a partir de 2012, sobre todo
con ayudas públicas.
2. La deuda del sector público se dispara no
tanto porque empiezan a activarse los estabilizadores automáticos, sino por la financiación a ter-
CUADRO 3. CUANTIFICANDO STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DESTINADO A FINANCIAR A TERCEROS
DEUDA ILEGÍTIMA
DEUDA ILEGÍMITA ACUMULADA
GASTOS FINANCIEROS ILEGÍTIMOS
2008
22.444
22.444
997
2009
47.352
69.796
2.592
2010
22.995
92.791
3.371
2011
6.747
99.538
3.731
2012
74.772
174.310
6.600
2013
43.723
218.033
9.058
Fuente: Agustín Turiel Martínez. Informe sobre la legitimidad de la deuda pública de la Administración Central del Estado
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 15
millones de euros). Las entidades financieras eran
las principales deudoras frente al exterior, con un
54% de la deuda externa española (584.102 millones de euros), mientras que las sociedades no
ceros –rescate bancario– que se ha diseñado única
y exclusivamente a favor de la gerencia y acreedores, y a costa de los contribuyentes.
2.3. La deuda externa alcanza un nuevo
récord histórico
En los cuadros 4 y 5 se recogen y estudian dos fotos fijas, cierre de 2008 y el último dato disponible, segundo trimestre de 2014, para ver cómo ha
evolucionado lo que debemos al resto del mundo,
nuestra deuda externa, su cuantía y qué sectores
patrios son quienes tienen esas deudas con el exterior.
La deuda que desde los sectores residentes españoles se debe a acreedores extranjeros, a cierre
de 2008, ascendía a casi 1,08 billones de euros,
cifra que representaba cerca del 99% del PIB español. Esta cantidad significaba el 27% de la
deuda en su conjunto de la economía española.
El resto era deuda entre sectores residentes.
De esas cifras, la parte de deuda pública en manos de extranjeros representaba únicamente el
20% del total de la deuda externa patria (212.900
millones de euros), mientras que todo el sector
privado debía al exterior el 80% restante (864.484
E
l proceso de reducción de la
deuda privada se está
concentrado exclusivamente en
familias y empresas no
financieras. El sector financiero, la
empieza a reducir a partir de 2012, sobre
todo con ayudas públicas.
financieras adeudaban el 26% restante (278.087
millones), y las familias apenas un marginal
0,21%. Así, según los datos de Banco de España,
en 2008 los actores privados debían al extranjero
una cantidad cercana al 80% del PIB español.
Según el último dato disponible, cierre del tercer
trimestre de 2014, la deuda externa asciende supera los 1,1 billones de euros, cifra que representa
cerca del 108% del PIB español. Esta cantidad
CUADRO 4. DEUDA EXTERNA ESPAÑA A CIERRE 2008
2008 (MILLONES EUROS)
TOTAL
FAMILIAS
SOC. NO FINANCIERAS
Deuda Total
3.928.032
913.982
1.432.346
Deuda Externa (con Resto Mundo)
ENTI. FINANCIERAS
1.068.182
AA.PP.
513.522
1.077.383
2.295
278.087
584.102
212.900
Valores distintos acciones
768.421
0
1.547
576.320
190.555
Préstamos
308.962
2.295
276.540
7.782
22.345
% Sobre Sector
27%
0%
19%
55%
41%
% Sobre Total Deuda
27%
0%
7%
15%
5%
100%
0%
26%
54%
20%
% Sobre Deuda Externa
Fuente: Banco de España y Elaboración Propia
CUADRO 5. DEUDA EXTERNA ESPAÑA A CIERRE DE Q3 2014
2014 Q3 (MILLONES EUROS)
TOTAL
FAMILIAS
SOC. NO FINANCIERAS
ENTI. FINANCIERAS
AA.PP.
Deuda Total
4.236.413
762.554
1.155.801
911.467
1.406.591
Deuda Externa (con Resto Mundo)
1.109.400
2.336
306.577
340.084
460.403
Valores distintos acciones
703.014
0
7.217
332.985
362.812
Préstamos
406.386
2.336
299.360
7.099
97.591
% Sobre Sector
26%
0%
27%
37%
33%
% Sobre Total Deuda
26%
0%
7%
8%
11%
100%
0%
28%
31%
42%
% Sobre Deuda Externa
Fuente: Banco de España y Elaboración Propia
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 16
significa el 26% de la deuda en su conjunto de la
economía española. El resto es deuda entre sectores residentes. La cifra es muy parecida a 2008,
pero la composición ha variado drásticamente. El
42% de la deuda externa corresponde ahora al
sector público, frente al 20% de 2008. Por el contrario, las deudas que nuestras entidades financieras deben al exterior representan “solamente”
el 31% del total de nuestra deuda externa, frente
al 54% en 2008. Mientras, la deuda externa de
las sociedades no financieras representa el 28%
del total de la deuda patria con el exterior, cifra
casi idéntica a 2008.
Lo que estos datos confirman es por qué desde
el exterior, con el apoyo entusiasta de las élites
bancarias, se impuso una política de austeridad.
Se trataba de disponer recursos públicos para destinarlos a financiar a terceros, a ellos. El rescate
al sistema financiero español consistía únicamente en proporcionar recursos al sistema financiero para que pudiera hacer frente a sus deudas,
aplicando duros procesos de reestructuración interna con el fin de liberar recursos, por si acaso.
En realidad no se trataba de un rescate al sistema
financiero español, sino a los sistemas financieros
alemán y francés, manteniendo de paso en sus
sillas a la gerencia bancaria patria.
Un segundo aspecto complementario de este
análisis es el fracaso de las denominadas reformas
estructurales, destinadas aparentemente a mejorar
nuestra competitividad. El «repentino» e intenso
empeoramiento de nuestro sector exterior durante
los últimos trimestres ha incrementado la deuda
externa neta de España hasta alcanzar un nuevo
récord histórico. Aún no hemos salido de la crisis
y una nueva crisis de balanza de pagos se cierne
sobre nuestra economía. ¡Pero es que el objetivo
era otro, proteger a acreedores foráneos y a nuestra
gerencia bancaria!
3. EL PaPEL DE La DEuDa PRIvaDa En
La aCtuaL CRISIS SIStéMICa.
La actual crisis económica se debe al papel que
juega la deuda privada en la economía, mucho
más importante del que están dispuestos a concederle la mayoría de los economistas. Es fundamental analizar el nivel y la tasa de variación del
crecimiento de la deuda privada y el efecto desestabilizador de la misma. Después de una fase
de acumulación de deuda, siempre retroalimen-
E
l «repentino» e intenso
empeoramiento de nuestro sector
exterior durante los últimos
trimestres ha incrementado la
deuda externa neta de España hasta
alcanzar un nuevo récord histórico.
tada por una burbuja financiera, en el momento
en el que esas tendencias al crecimiento de la
deuda privada terminan, la economía se desploma, y los precios de los activos financieros y
de las casas se hunden, produciéndose una recesión de balances. El dinero ficticio genera dinero
basura.
Bajo este análisis, en vez producirse necesariamente una equivalencia entre la demanda agregada y la oferta agregada, la demanda agregada
excederá a la oferta agregada si crece la deuda, y
caerá por debajo de la oferta agregada, si cae la
deuda. Por lo tanto, el volumen nominal del dinero importa, y las dinámicas bancaria y de deuda
han de incluirse en los modelos macroeconómicos, en vez de ignorarlas como hace la teoría económica neoclásica. Y además deben tenerse en
cuenta de cara a implementar políticas fiscales.
La aceleración de la deuda en la conducción de
burbujas de activos sugiere una serie de conclu-
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 17
siones que se deberían tener en cuenta en la implementación de la política económica:
1. La crisis no terminará hasta que la deuda privada se haya reducido substancialmente.
2. Los precios de los activos se reducirán con la
reducción de la deuda.
3. Los esquemas Ponzi son la causa de las burbujas de activos.
4. Como la deuda no puede crecer permanentemente, todas las burbujas de activos acaban estallando
En este proceso de expansión de la deuda privada la banca ha jugado un papel relevante, introduciéndose un problema de riesgo moral, muy
típico en economía. Los beneficios bancarios son
impulsados por el volumen de deuda. La banca
cuanto más se apalanca, más gana; y en el caso
de que se produzcan bruscos descensos en el precio del colateral que alimenta su deuda, el Estado
acaba rescatándola y contaminado e incrementando la deuda pública.
No vale con confiar en que los bancos aprenderán de la crisis y se comportarán de manera más
responsable. Tienen un deseo innato de extender
deuda y tratarán de convencer a sectores no bancarios para asumirla. Y la aceleración de la deuda
es la fuente de las burbujas o inflaciones de activos. Por lo tanto hay que romper el nexo precio
de activos-deuda para frenar las burbujas. Para
ello hay que reducir el atractivo de la especulación
apalancada en los precios de los activos, pero sin
ahogar la demanda de deuda para inversión.
Soluciones y propuestas para romper el
vínculo deuda-inflación de activos
Como la aceleración de la deuda es la fuente de
inflaciones de activos, hay que romper el nexo de
unión entre precio de activos y deuda, con el fin
de frenar las burbujas. Destacan en este sentido
las soluciones propuestas del economista postkeynesiano Steve Keen, las realizadas por los economistas del FMI Jaromir Benes y Michael Kumhof, y las presentadas recientemente en el último
informe de la consultora global Mc Kinsey.
Steve Keen ofrece dos propuestas. Por un lado,
cómo evitar los esquemas Ponzi en el mercado
bursátil a través de lo que él denomina “Jubilee
Shares”. Las acciones tienen duración perpetua
cuando se adquieren directamente de la empresa.
Pero si se adquieren en mercado secundario sólo
pueden venderse siete veces. Después de la séptima venta, duran 50 años y expiran. Cuál es el
razonamiento tras esta propuesta. Muy sencillo,
si el valor terminal es cero, ningún “loco” tendrá
incentivos a comprarlas con deuda. De esta manera se eliminaría una de las dos grandes fuentes
de aumento de la deuda improductiva haciendo
poco atractiva la especulación apalancada en las
acciones existentes.
La segunda propuesta de Steve Keen, “The Pill:
Property Income Limited Leverage”, pretende
reducir las burbujas inmobiliarias. Para ello se
establecería el máximo que se puede prestar para
comprar una casa no en base al salario, lo que genera burbujas, sino como un múltiplo del poten-
N
o vale con confiar en que los
bancos aprenderán de la crisis y
se comportarán de manera más
responsable. Tienen un deseo
innato de extender deuda y tratarán de
convencer a sectores no bancarios para
asumirla. Y la aceleración de la deuda es la
fuente de las burbujas o inflaciones de
activos.
cial de rentas que genere la propiedad en sí
misma, el alquiler. El exceso del precio sobre el
préstamo sería realmente los ahorros del comprador, y un aumento en el precio de una casa
significaría una caída en el apalancamiento, en
lugar de un aumento en el apalancamiento, como
ahora. No sería un bucle de retroalimentación. El
argumento es aplastante. Si se dan los préstamos
en función del salario, y suben los precios, la gente
tenderá a pedir más deuda, a apalancarse más,
generalmente alargando plazos. Sin embargo, si
hay una restricción al volumen de deuda que te
pueden dar para comprar un piso, como un porcentaje máximo del alquiler, una vez alcanzado
ese máximo las subidas de precios irán contra el
ahorro de los compradores y el nivel de apalancamiento será mucho menor. Con ello se limitarían las subidas de los precios de las casas.
Los economistas Jaromir Benes y Michael Kumhof, publicaron finales de 2012 un interesante ar-
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 18
tículo bajo el título “The Chicago Plan Revisited”.
Según el mismo, uno podría a la vez reducir la
deuda privada, impulsar el crecimiento, estabilizar los precios, y convertir a los banqueros en
meros comparsas de la realidad económica. Se
podría hacer limpiamente, sin dolor, por mandato legislativo, mucho más rápido de lo que nadie imagina. Bastaría con reemplazar el actual
sistema de dinero creado por la banca privada
por dinero creado por el Estado.
Para ello habría que acabar con la banca de
reserva fraccional. Si los prestamistas se ven
obligados a respaldar con reservas el 100% de
los depósitos, la banca pierde el privilegio exorbitante de crear dinero de la nada. El país recuperaría el control soberano sobre la oferta monetaria. No habría más quiebras bancarias, y los
ciclos de expansión y contracción del crédito serían mucho más suaves.
El último informe de la consultora global
McKynsey sobre la evolución de la deuda global
asume que la elevada deuda, ya sea pública o
privada, hace que las economías sean más vulnerables a las crisis económicas, y tiende a alimentar expansiones y contracciones.
Los investigadores de McKinsey proponen,
como consecuencia, algunos cambios de política
económica que podrían, por un lado, reducir cierta
tendencia inexorable hacia una mayor deuda, es
decir, no incentivarla; y, por otro, reducir su potencial efecto dañino cuando el colateral colapse,
lo que irremediablemente lleva a las economías
al caos.
Para lo primero, desincentivar endeudamientos
especulativos, reduciendo o eliminando los incentivos fiscales a la deuda, como la deducción
en el impuesto sobre la renta de los intereses hipotecarios, y, sobretodo, eliminando cualquier deducción fiscal de los pagos de intereses corporativos. Para lo segundo, crear procedimientos o
maneras que permitan a los países reestructurar
su deuda soberana, como las cláusulas de bonos
de nueva emisión que obligan a los tenedores
de bonos a aceptar la mayoría de votos en las
reestructuraciones.
4. ConCLuSIonES FInaLES
En este documento se ha pretendido presentar
una breve panorámica de la situación de la deuda
de España. En primer lugar, se ofreció un breve
análisis de la evolución y dinámica de la deuda
total, pública y privada de nuestro país, y de la
deuda externa. La idea es entender que una recesión de balances como la actual quien concedió
mayoritariamente esa deuda, la banca, presentaba problemas de solvencia, y la solución adoptada en nuestro país ha supuesto una socialización de pérdidas privadas que ha acabado
contaminando a la deuda soberana. En realidad,
la deuda del sector público se ha disparado no
tanto porque empiezan a activarse los estabilizadores automáticos, sino sobre todo por la financiación a terceros –rescate bancario– que se
ha diseñado única y exclusivamente a favor de
la gerencia y acreedores, y a costa de los contribuyentes.
Cuando se analiza la evolución de la deuda externa, las conclusiones son similares. Si en 2008
la inmensa mayoría de nuestra deuda externa
L
a principal conclusión que se
puede extraer de este análisis es
que el rescate bancario español se
ha hecho vía contribuyentes,
deuda pública, y aunque aparentemente
está bastante saneado, sigue siendo
vulnerable a un cambio en el ciclo de
aversión-propensión en los mercados
financieros y a una nueva recesión
económica.
era privada -80%-, básicamente bancaria -54%
del total de la deuda externa-, en la actualidad
casi la mitad es pública. Lo que estos datos confirman por qué desde el exterior, con el apoyo
entusiasta de las élites bancarias, se impuso una
política de austeridad. Se trataba de disponer
recursos públicos para destinarlos a financiar a
terceros, a ellos. El rescate al sistema financiero
español consistía únicamente en proporcionar
recursos de los contribuyentes al sistema financiero para que pudiera hacer frente a sus deudas,
aplicando duros procesos de reestructuración
interna con el fin de liberar recursos, incluyendo
también una devaluación salarial.
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 19
Esta idea se confirma cuando se trata de cuantificar qué parte del incremento del stock de deuda
pública emitida por la Administración Central del
Estado corresponde a fondos que se destinan no
a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros.
Siguiendo la metodología desarrollada y utilizada
por el Inspector de Hacienda Agustín Turiel Martínez, se considera “prestada a terceros”, sean estos pertenecientes al sector público o privado,
tanto si la operación es de participación en fondos
propios de terceros (adquisición de acciones o
participaciones de terceros) como si se trata de
participación en los fondos ajenos de estos terceros (préstamos, suscripciones de obligaciones, bonos, pagarés…). Para el período 2008-2013, de
los 597.349 millones de incremento en el montante de deuda emitida por la Administración
Central en el período 2008-2013, ¡227.091, casi
la mitad, se destinó a financiar a terceros!
La principal conclusión que se puede extraer
de este análisis es que el rescate bancario español
se ha hecho vía contribuyentes, deuda pública, y
aunque aparentemente está bastante saneado, sigue siendo vulnerable a un cambio en el ciclo de
aversión-propensión en los mercados financieros
y a una nueva recesión económica. Finalmente se
detalla cual ha sido el papel jugado por la deuda
privada en la actual crisis sistémica, y se ofrecen
una serie de propuestas de política económica encaminadas a romper el nexo de retroalimentación
deuda-inflaciones de activos. 3
NOTAS
1
Ver http://www.crml.ch/index.php?id=4
BIBLIOGRAFÍA
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http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/Agustin-Turiel.-Deuda-publica-la-deuda-ilegitima.pdf
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 20
Jorge Fabra Utray | Presidente de Economistas Frente a la Crisis
La flexibilidad dentro de las normas
fiscales europeas
E
l Informe Anual sobre Crecimiento en la
Unión Europea para 2015, un documento
político que marca la estrategia de política
económica para la UE y que supone el inicio del
ciclo de supervisión y coordinación económica
europea, dibujó el otoño pasado el mix de medidas
económicas destinadas a sacar a Europa, en particular a la zona euro, de la situación de crecimiento débil en el que esta frágil recuperación
nos tiene estancados. Este policy mix se construye
a partir de una triple estrategia que conjuga un
impulso coordinado a la inversión, un esfuerzo
renovado para las reformas estructurales y el compromiso para mantener la responsabilidad fiscal.
La idea que subyace a esta estrategia es reflejo de
la complejidad de intereses y equilibrios de poder
que se dan lugar en el diseño de la política económica en el conjunto de la Unión Europea.
La estrategia de crecimiento de la unión
Europea
En primer lugar el conocido como Plan Juncker
de Inversión, que espera movilizar 315.000 millones de euros para la inversión pública y privada,
es la respuesta de la Comisión Europea a la fuerte
caída de la inversión observada en estos años de
crisis económica. Hay que resaltar que la Formación Bruta de Capital Fijo ha caído en el conjunto
de la zona euro desde el pico de 2007 el 13%, alcanzando el 30% en España en ese mismo periodo. Con la excepción de 2011, la contribución
al crecimiento de la inversión ha sido negativa,
ahondando en una situación de estancamiento
secular caracterizada por una debilidad crónica
de la demanda efectiva y la persistencia de un
crecimiento del PIB por debajo del potencial. Si
E
l discurso de la recuperación
basado en las reformas
estructurales ha sido una
constante en la respuesta
europea a la crisis sin que se hayan visto
resultados nítidos, ni en la estructura
económica de los países más vulnerables ni
en la capacidad de crecimiento de estos.
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 21
bien esta situación de bajo crecimiento y escasa
creación de empleo no es nueva en las economías
capitalistas avanzadas, la coyuntura actual se
muestra más complicada dado que la respuesta
convencional desde la política monetaria es menos
efectiva al haber agotado ya el recorrido de bajadas de tipos de interés.
El segundo pilar de esta estrategia de crecimiento de la zona euro es la implementación de
reformas estructurales para ganar competitividad y relanzar el crecimiento potencial de la
economía. La Comisión Europea se centra en la
aplicación de reformas en los sectores de servicios,
productivo y en el mercado laboral con el objetivo
de ganar productividad e impulsar la inversión.
Se considera asimismo que estas medidas pueden
contribuir al reequilibrio de nuestro modelo productivo que haga nuestras economías más resis-
tentes ante la llegada de shocks
externos y asimétricos, al tiempo
que minimicen el impacto contractivo en la actividad económica
del necesario proceso de desapalancamiento tanto público como
privado. El discurso de la recuperación basado en las reformas estructurales ha sido una constante
en la respuesta europea a la crisis
sin que se hayan visto resultados
nítidos, ni en la estructura económica de los países más vulnerables ni en la capacidad de crecimiento de estos. No obstante, las
reformas estructurales, sin especificar más, se han
convertido en la piedra angular sobre la que se
construye el discurso de flexibilidad en las normas
fiscales.
Por último, la apelación a la responsabilidad
fiscal se mantiene en el Informe Anual sobre
Crecimiento con referencias a la necesidad de utilizar el espacio fiscal en aquellas economías que
dispongan de cuentas públicas saneadas, al
tiempo que se alerta contra la relajación de los
esfuerzos fiscales y se insiste en retomar la senda
de reducción de la deuda pública.
A pesar de tener una política monetaria muy
acomodaticia, la frágil y débil recuperación económica de la zona euro ha llevado a varias economías a un periodo de estancamiento persistente
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 22
con elevados niveles de desempleo. Adicionalmente observamos que esta es una recuperación
sin empleo, al no trasladarse las tasas de crecimiento positivo en reducciones significativas del
desempleo. Empieza a asentarse el consenso, incluso entre los más ortodoxos economistas de las
instituciones europeas, de que el ritmo de crecimiento no será suficiente para cerrar el output
gap, la diferencia entre el PIB observado y el PIB
potencial de una economía.
La Comunicación sobre Flexibilidad fiscal
En este contexto, la Comisión Europea ha publicado una comunicación en la que se realiza una
reinterpretación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el objetivo de «hacer el mejor uso
de la flexibilidad existente en las normas fiscales
europeas». La complejidad inabarcable de estas
normas, que de facto dificultan el diseño por parte
de los Estados Miembros de una política fiscal
razonable y con una perspectiva que abarque el
conjunto del ciclo, hacían irreconocibles las posibilidades de flexibilidad fiscal, escondidas entre
una maraña de normas, reglamentos, enmiendas,
adendas y diversos regímenes jurídicos. Esta complejidad favorece, en definitiva, las decisiones discrecionales en materia de política fiscal por parte
de las autoridades europeas.
De manera muy resumida y simplificada, el
A
pesar de tener una política
monetaria muy acomodaticia, la
frágil y débil recuperación
económica de la zona euro ha
llevado a varias economías a un periodo de
estancamiento persistente con elevados
niveles de desempleo.
Pacto de Estabilidad y Crecimiento está compuesto por dos pilares. Por un lado el brazo preventivo, en el cual se encontrarían las economías
cuyos saldos fiscales se encuentran por debajo del
límite del 3% de déficit presupuestario y por otro
el llamado brazo correctivo, para los que exceden
dicho límite o tienen una deuda pública por encima del 60% del PIB que no se está reduciendo
lo suficientemente. En este último procedimiento
de déficit excesivo, los gobiernos están obligados
a reducir el déficit independientemente de la posición cíclica en la que se encuentren sus economías, lo que ha supuesto históricamente y también en estos últimos años un fuerte componente
procíclico. De este modo, las normas fiscales europeas contienen un sesgo contractivo y, en épocas de desaceleración, un componente procíclico.
La decisión de publicar una comunicación de
la Comisión Europea al Parlamento, al Consejo y
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 23
al BCE, sin embargo, no debe entenderse exclusivamente como una aclaración técnica de unas
normas fiscales que han guiado la actuación de la
política económica durante la crisis. Este paso
por parte de la Comisión va más allá de una respuesta a las tibias manifestaciones por parte del
Presidente Francés, François Hollande o las más
explícitas del Primer Ministro Italiano, Matteo
Renzi el pasado verano. Se enmarca en la presentación del Plan de Inversiones del cual el Presidente de la Comisión Europea ha hecho su piedra
angular para la reactivación económica. Una de
las críticas a las que se ha visto sometido el Plan
Juncker es su reducida cuantía. Con el fin de aumentar el volumen de fondos disponibles, la Comisión ha anunciado que las contribuciones de
los Estados Miembros al recientemente creado
ad-hoc Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, así como las inversiones del Plan que cuenten
con co-financiación de los Estados Miembros,
tendrían un tratamiento favorable a efectos del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No es de extrañar, por tanto, que la Comunicación sobre flexibilización se haya publicado al mismo tiempo
que se daban los primeros detalles del Fondo de
Inversión anteriormente citado. Faltaba, sin embargo, explicar cómo iba a funcionar esa flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Los tres pilares de la flexibilidad
El enfoque de la Comisión en relación a la inversión y a las reformas estructurales implica la activación de una clausula en el brazo preventivo
que tiene en consideración los costes a corto plazo,
en términos de PIB y de cuentas públicas, de la
implementación de medidas con supuestos efec-
tos positivos a largo plazo. Estas cláusulas permitirían desviaciones temporales sobre los objetivos presupuestarios intermedios o en la velocidad
del ajuste fiscal.
1. Cláusula de inversión
Bajo la cláusula de inversión un Estado Miembro
que se encuentre en el brazo correctivo se podrá
desviar del Objetivo de Medio Plazo siempre que
cumpla una serie de condiciones. En primer lugar
el país debe encontrarse en recesión, con una ca-
N
o es ya sólo que se intercambien
reformas estructurales por
tiempo para reducir el déficit,
sino que el diseño de la política
fiscal quedará al albur de lo que estimen
los modelos y de lo que decida un Consejo
Europeo fuertemente dominado por
Alemania.
ída del PIB o en una posición cíclica bajista, con
un output gap negativo e inferior a -1,5%. Asimismo, esa desviación en ningún caso debe implicar que se supere el límite de Maastricht del
3%, debiéndose mantener un margen de seguridad del entorno del 0,3%/0,5% del PIB. Esta flexibilidad deberá resultar, para poder ser aplicada,
en un aumento de los niveles de inversión, siempre que se trate de proyectos co-financiados por
la UE en el marco de la política de Cohesión y de
Convergencia o sean aportaciones al Fondo Europeo de Inversiones.
Brazo preventivo
Brazo correctivo
Inversión
Se permite una desviación del Objetivo de
Medio Plazo o del esfuerzo estructural.
No se tendrá en cuenta la contribución al EFSI
Reformas Estructurales
Se permite una desviación del Objetivo de
Medio Plazo o del esfuerzo estructural.
Se tendrá en cuenta a la hora de abrir un
Procedimiento por Déficit Excesivo así como
para définir el periódo para reducir el déficit.
Condiciones cíclicas
Se tendrá en cuenta para establecer el
esfuerzo fiscal y el análisis de sostenibilidad
de la deuda.
Clausula de Crisis General
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 24
2. Cláusula de reformas estructurales
La Comunicación de flexibilidad establece que la
Comisión tendrá en cuenta el impacto positivo de
las reformas estructurales en las cuentas públicas
siempre que tengan un efecto verificable en la
sostenibilidad del saldo presupuestario a largo
plazo, incluyendo el efecto sobre el PIB potencial
y que se apliquen en su totalidad. Si se cumplen
estas condiciones, la Comisión Europea estudiará
los planes de reformas antes de recomendar una
desviación temporal de los objetivos intermedios.
3. Condiciones cíclicas
Con el objetivo de capturar las variaciones cíclicas
de la economía, la Comisión utilizará un nueva
matriz, que se representa a continuación, en la
que se especifica el esfuerzo estructural requerido
bajo el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento. Representa el esfuerzo estructural
en términos de PIB exigido a cada país en función
de las distintas cláusulas que hemos enumerado
anteriormente y teniendo en cuenta la posición
cíclica de la economía.
Las dificultades para aplicar la discrecionalidad
La Comunicación de Flexibilidad anunciada por
la Comisión Europea se enfrenta debilidades
en su diseño y a serios problemas en su aplicación.
En primer lugar, la flexibilidad interna se centra
prácticamente en exclusiva en aquellas economías
que se encuentran en el brazo preventivo del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Con independencia de que se deban crear los incentivos a través de las normas para alcanzar la estabilidad
presupuestaria a lo largo del ciclo, lo cierto es que
esta flexibilidad no corrige uno de los principales
problemas a los que se enfrenta la política fiscal
europea: el sesgo procíclico especialmente marcado en las economías que se encuentran bajo el
brazo correctivo y que suele coincidir con economías en la parte baja del ciclo y que requerirían
de una mayor capacidad para utilizar la política
fiscal como instrumento para contrarrestar el ciclo.
En segundo lugar, la interpretación que realiza
la Comisión Europea no sólo no corrige los problemas metodológicos que ya tenía, sino que bien
al contrario los aumenta. Las normas fiscales europeas, en el análisis del déficit, tienen en cuenta
tanto el déficit nominal como el saldo estructural.
El déficit público puede ser cíclico o estructural.
El déficit cíclico corresponde al deterioro de las
cuentas públicas producido por la bajada de actividad económica –menos ingresos– y la puesta
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 25
en marcha de los estabilizadores automáticos–
más gasto. El déficit estructural es el componente
del déficit público que no se corresponde con la
situación de auge o recesión, sino que denota el
desequilibrio permanente –estructural– de financiación de las cuentas públicas. En definitiva, el
concepto de déficit estructural es el que, una vez
librado del efecto del ciclo económico, nos permitiría determinar qué sostenibilidad a largo
plazo tienen unas cuentas públicas. Se trata es un
concepto estimado, con un significado más teórico
que práctico –depende en gran medida del método de estimación del PIB potencial y de la estimación del componente cíclico del déficit público– y sobre el que no hay consenso ni teórico
ni político.
Pues bien, a esta dificultad metodológica, la Comisión incorpora otra aún mayor: la estimación
del impacto de reformas estructurales, no aplicadas todavía en ese momento, sobre las cuentas
públicas en largo plazo y sobre el crecimiento potencial de la economía.
Finalmente, y como consecuencia de lo anterior,
se aumenta la discrecionalidad a la hora de aplicar
la supuesta flexibilidad, tanto en los países bajo
el brazo preventivo como en el correctivo. Esto es
así porque ante las dificultades metodológicas anteriormente explicadas, los estados miembros verán reducida su certidumbre a la hora de diseñar
sus planes presupuestarios. Por el contrario será
la Comisión Europea y el Consejo quienes seguirán teniendo la última palabra, reproduciéndose
el desequilibrio de poderes presente en el seno
del Consejo Europeo. No es ya sólo que se intercambien reformas estructurales por tiempo para
reducir el déficit, sino que el diseño de la política
fiscal quedará al albur de lo que estimen los modelos y de lo que decida un Consejo Europeo fuertemente dominado por Alemania.
Conclusiones
La situación económica en Europa se caracteriza
por 1) unos niveles de PIB y de inversión por debajo de los niveles anteriores a la crisis; 2) persistencia de la asintonía cíclica que dificulta la toma
de decisiones coordinadas de política económica,
3) altas tasas de desempleo, inasumibles en las
economías periféricas y un desempleo juvenil que
amenaza con lastrar a una generación entera de
europeos; 4) inflación baja con serios riesgos de-
flacionarios en algunas de las economías más castigadas por la crisis; 5) elevados niveles de deuda
pública que drenan recursos productivos y cuyas
consecuencias sobre la economía se sentirán en
las próximas décadas; 6) una deuda privada que
dificulta la necesaria reactivación de la inversión,
que afecta al empleo y dificulta la gestión de los
balances bancarios y, finalmente, 7) un entorno
institucional con asimetría de poderes, que dificulta las medidas de reactivación económica y
que, en el mejor de los casos, es capaz dar respuesta a los problemas acuciantes de manera tibia
y con varios trimestres de retraso.
Los cambios en la interpretación de las normas
fiscales que hemos enumerado anteriormente no
N
uevas reglas pueden llegar a
exigir esfuerzos fiscales
significativamente diferentes a
países con características
fiscales similares, aumentando el sesgo
discrecional y ahondando en las
consecuencias del desequilibrio de poderes
en el seno de la Unión Europea.
eliminan los problemas metodológicos a los que
se enfrentaba el Pacto anteriormente, en particular en lo que se refiere a la estimación del PIB potencial, del desempleo NAWRU o estructural, del
saldo ajustado al ciclo. Es más, estas nuevas reglas
pueden llegar a exigir esfuerzos fiscales significativamente diferentes a países con características
fiscales similares, aumentando el sesgo discrecional y ahondando en las consecuencias del desequilibrio de poderes en el seno de la Unión Europea. En el contexto actual no es suficiente apelar
a la flexibilidad interna de las normas. Se requiere
una revisión en profundidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que elimine el sesgo procíclico
y permita que sean las economías con mayores
dificultades cíclicas las que puedan apelar a la flexibilidad con el objetivo de relanzar la actividad
económico y el empleo. 3
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 26
Pablo Martínez, Iolanda Fresnillo y Sònia Farré | Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda
Auditoría ciudadana, mucho más que auditar
las cuentas de la deuda
D
esde múltiples frentes en movimientos y organizaciones sociales, llevamos años trabajando para conseguir que haya una sociedad
civil más participativa, que luche por sus derechos,
tome la iniciativa y reconduzca las políticas actuales. Buscamos que sean los ciudadanos y ciudadanas los que forcemos nuestro propio rescate,
y forzar a nuestros gobiernos a que dejen de rescatar a bancos y grandes empresas, que dejen de
pagar la deuda por delante de garantizar nuestros
derechos.
Que Grecia se plantee no pagar la deuda o se
niegue a reconocer a la Troika, nos ayuda a romper el mito de que no existe alternativa a las políticas de austeridad o al pago de la deuda. Resulta
más que evidente que la deuda ha sido y sigue
siendo usada como excusa para imponer una serie
de reformas, de corte neoliberal, que acaban beneficiando a las élites económicas. Unas reformas
que atacan nuestros derechos básicos y que se
imponen sin participación ni debate democrático,
como ya quedó claro en la reforma de la constitución exprés, llevada a cabo con agosticidad y
alevosía.
El camino para frenar estos ataques pasa por el
no pago de la deuda ilegítima. Un no pago que ya
se ha llevado a cabo numerosas ocasiones a lo
largo de la historia, propia y ajena. A Alemania se
le condonó gran parte de su deuda tras la segunda
guerra mundial, y entre los acreedores estábamos
Grecia y España. El impago es posible, y lo que
debemos cuestionarnos realmente es si el pago
de la deuda lo es. La burbuja de la deuda a nivel
internacional ha llegado a tal nivel que no hay
economía real en este mundo capaz de cancelar
las deudas existentes. Esa deuda y el capital ficticio que la respalda, ha ido aumentando sin un
respaldo de la economía real. Ya son muchas las
voces, heterodoxas y ortodoxas, que advierten que
la deuda, pública y privada, en nuestro país, en
Grecia y más allá, es simplemente impagable.
No sólo no es posible pagar, tampoco es ético
hacerlo. En nuestro país la deuda pública se ha
contraído a espaldas de la ciudadanía, con altos
indicios de corrupción y para respaldar rescates
como el de la banca. La deuda ha aumentado por
años de políticas fiscales regresivas, para que los
que más tienen sigan disfrutando de sus privilegios. Deuda que se acumula a costa de privatizaciones de dudoso beneficio para el estado, como
L
a burbuja de la deuda a nivel
internacional ha llegado a tal nivel
que no hay economía real en este
mundo capaz de cancelar las
deudas existentes. Esa deuda y el capital
ficticio que la respalda, ha ido aumentando
sin un respaldo de la economía real.
con el reciente rescate de las autopistas. Una
deuda de la cual cuestionamos su legitimidad. Y
ahí es donde queremos detenernos a reflexionar.
La propuesta de auditoría Ciudadana
Para ello, desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) proponemos la Auditoria como herramienta para valorar colectivamente como hemos llegado a esta situación y
quiénes son los responsables. Una auditoría surgida de la voluntad popular, que analice desde
abajo las deudas que deben considerarse ilegitimas y ser anuladas –no solo las exclusivamente
económicas, sino también las de género, ecológicas y sociales– y que nos permita decidir como
deseamos que funcione nuestra economía. Un
proceso abierto en el que decidamos todas, en coordinación con los colectivos que trabajan en el
mismo sentido, y que permita proponer alternativas desde la base. Una auditoria ciudadana no
es sólo un proceso de análisis, sino que se plantea
como una estrategia de pedagogía popular, a través de la cual aprendamos de forma colectiva
cómo funcionan las finanzas públicas y, tal y cómo
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 27
hemos dicho, comprendamos cómo se ha llegado
a esta situación de crisis multidimensional.
Estos procesos de auditoría deben darse a diferentes niveles: estatal, autonómico y local; pero
también en diferentes sectores: sanidad, educación, infraestructuras, sistema fiscal, etc. Apostamos por una suma de procesos que nos permita
una visión global y plural. Dado que la auditoría
ciudadana debe funcionar como medio de autoformación de la ciudadanía, es interesante que
cada cual pueda participar de auditar las instituciones o sectores de los que se siente más cercano:
su ayuntamiento, su sistema sanitario, etc.
Nos puede parecer que la auditoria de las cuentas municipales no sea la forma más efectiva para
abordar la deuda pública, dado que la mayor parte
de esa deuda se acumula en el ámbito estatal y no
municipal. Pero sin embargo es la forma más efectiva para comprender cómo funciona el erario público, y es uno de los ámbitos más cercanos a los
ciudadanos y ciudadanas. Por ello la auditoría
ciudadana no se debe centrar sólo en el ámbito
más relevante desde el punto de vista cuantitativo,
sino abordar esos diferentes niveles y sectores.
Uno de los principales obstáculos para la realización de auditorías ciudadanas, tal y cómo las
planteamos, es la falta de transparencia. El acceso
a la información es la primera fase de cualquier
auditoria, y es por eso que desde la PACD ya estamos trabajando en conseguir hacer pública toda
la información vinculada con las finanzas de las
administraciones, empleando un lenguaje social
y comprensible para todas las personas. Transparente y accesible no quiere decir solamente publicado, sino que se publique en formatos y lenguajes accesibles a la ciudadanía. Cuando no lo
hace la administración, lo hacemos desde la ciudadanía, publicando los datos e informaciones en
formato abierto y lenguaje accesible.
Más allá de lo técnico, un proceso vivo
El proceso de auditoría ciudadana no es un proceso puramente técnico, sino un proceso vivo y
en continua construcción. ¿Cómo queremos que
sea esa auditoría? Esto es algo que aún estamos
definiendo a medida que vamos avanzando en la
propia auditoría, y a lo que os invitamos a reflexionar.
En el proceso de Auditoria Ciudadana pueden
participar diversos actores. Empezando por la po-
L
a deuda ha aumentado por años
de políticas fiscales regresivas,
para que los que más tienen sigan
disfrutando de sus privilegios.
Deuda que se acumula a costa de
privatizaciones de dudoso beneficio para el
estado, como con el reciente rescate de las
autopistas.
blación en general, la cual querríamos implicar
en el proceso. Pero también los movimientos sociales y organizaciones afines a la idea de rescate
ciudadano. Obviamente contamos con personas
que tienen conocimientos técnicos que pueden
apoyar y asesorar durante el proceso. Finalmente
nos gustaría contar también con las Administraciones Públicas.
La tarea de las diferentes administraciones públicas, es sencilla. Implica comprometerse a proporcionar la información necesaria para hacer posible la Auditoría. Deberán abrirse los datos y
garantizarse el acceso a la documentación. Pero
la transparencia no debería acabar aquí, es necesario que todo el proceso de auditoría sea transparente; se deben generar las herramientas necesarias de información, control y participación,
y se han de difundir continuamente los resultados
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 28
de la auditoría a fin de facilitar el debate público
en torno a los mismos. Ese debate, colectivo y
participado por diferentes sectores sociales, deberá servir para consensuar la legitimidad o ilegitimidad de la deuda. Finalmente, la propuesta
de pagar o dejar de pagar la deuda debería pasar
por un referéndum vinculante, a partir de los resultados del proceso de auditoría.
Como PACD, junto con la ciudadanía organizada a través de movimientos sociales o organizaciones afines, asumimos como propia la tarea
de difundir información, sensibilizar y formar a
la ciudadanía no organizada, sobre la trampa de
la deuda y sus implicaciones sociales, políticas,
medioambientales y de género. Esta formación
es básica para facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de auditoría. Generamos
debate sobre qué criterios definen qué deudas son
ilegítimas, ya que la definición de lo que es legítimo o ilegítimo debe ser también colectiva.
En el proceso, desde la Plataforma Auditoría
Ciudadana de la Deuda, aportamos personas con
conocimientos técnicos para asesorar en el análisis del origen, proceso y destino del endeudamiento, y ponemos a disposición diferentes herramientas de información y participación. Una
de esas herramientas son los Observatorios Ciudadanos Municipales, que están ayudando a diversos grupos locales a abordar las cuentas de sus
ayuntamientos (http://ocmunicipal.net). Nos
comprometemos a seguir definiendo y dinamizando mecanismos de participación ciudadana,
para conseguir cuanta más ciudadanía implicada
en el proceso de auditoría posible.
Durante todo el proceso de auditoría, difundimos también los resultados progresivos de la auditoría, y así ampliamos el círculo de personas
informadas, el primer paso hacia la participación.
En cualquier caso, el de la Auditoría Ciudadana
es un proceso en construcción, que debemos seguir definiendo colectivamente. Las expuestas son
tan solo algunas ideas sobre cómo podemos enfocar el proceso.
La auditoría, o es ciudadana, o no es
Una auditoría ciudadana debe ser un mecanismo
para apoyar a una población formada y cons-
ciente, que tome las riendas de su economía y de
sus vidas. Una población que decida cómo desea
organizarse, en lugar de delegar esa decisión. Por
ello, es importante insistir en la distinción entre
«auditoría ciudadana» y «auditoría pública». Una
auditoría pública no requiere necesariamente de
la intervención de la población. Una auditoría ciudadana es impensable sin ella. Y entendemos que,
sin participación de la ciudadanía, la auditoría de
la deuda no tiene sentido. No podemos seguir delegando, y debemos ser los ciudadanos y ciudadanas las que abordemos el problema del endeudamiento.
Es importante que el proceso de auditoría nos
U
na auditoria ciudadana no es
sólo un proceso de análisis, sino
que se plantea como una
estrategia de pedagogía
popular, a través de la cual aprendamos de
forma colectiva cómo funcionan las
finanzas públicas.
sirva no sólo para analizar el origen de la deuda o
cómo se ha dado el proceso de endeudamiento,
sino también a valorar colectivamente las propuestas de solución. Es imposible que entendamos las implicaciones que tiene pagar la deuda
de forma acrítica, que consecuencias puede tener
un proceso de reestructuración o qué medidas
pueden acompañar el impago de la deuda para
garantizar su viabilidad, sin un proceso colectivo
de formación, análisis y debate. La propuesta de
auditoría ciudadana pretende pues abordar también la necesidad de la población de entender y
decidir cómo queremos salir de esta situación.
Decidamos entre todas qué deuda consideramos injusto pagar, a través de un proceso de auditoría abierto, horizontal e inclusivo. Un proceso
transparente, constante y descentralizado. Un
proceso de democracia participativa que nos servirá, en definitiva, para transformar un sistema
injusto y contrario a las personas. Porque no debemos, no pagamos. 3
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 29
SECCIÓN
Centro de Documentación y Biblioteca
F1M | Centro de Documentación Confederal1
PrenSa SInDICaL: eLeCCIOneS SInDICaLeS
Recogemos una selección de artículos publicados en enero en las revistas editadas por los distintos
órganos de Comisiones Obreras, donde el tema más destacado son las elecciones sindicales. Todos
los artículos están disponibles a través de Internet.
“CCOO se mantiene como segunda fuerza en Ibercaja”. Publicado en Trabajo Sindical Digital, n. 78
(enero 2015), p. 4
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042212SegundaFuerzaIbercaja.pdf
“CCOO aumenta su mayoría sindical en la Diputación de Cuenca y obtiene 9 de los 13 miembros de la Junta
de Personal”. Publicado en Gaceta Sindical Digital : Castilla-La Mancha, n. 175 (enero 2015), p. 9
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042326CCOOAumentaMayoria.pdf
“Les llistes de CCOO reben la confiança de milers de treballadors i treballadores”. Publicado en
Llu!ta Obrera, n. 220 (octubre-diciembre 2014), p. 18-19
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042228ListasCcooConfianza.pdf
“CCOO logra los cinco representantes de los trabajadores de la empresa Tecon Soluciones Informáticas”. Publicado en Gaceta Sindical Digital : Castilla-La Mancha, n. 176 (enero 2015), p. 11
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042368CCOOCincoRepresentantes.pdf
“Eleccions sindicals”. Publicado en Lo Sindicat, n. 105 (enero 2015), p. 1
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042407EleccionesSindicales.pdf
“CCOO CLM llama a los 16.000 empleados de la Administración General de la JCCM a participar en
las elecciones sindicales”. Publicado en Gaceta Sindical Digital : Castilla-La Mancha, n. 177 (enero
2015), p. 7
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042412CCOOCLMLlamaEmpleados.pdf
“As eleccións sindicais, parte da nosa lexitimación” de Francisco Carrera Pérez, Secretario de Organización de CCOO de Galicia. Publicado en Galicia Sindical Dixital, n. 57 (enero 2015), p. 9
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042519EleccionsSindicais.pdf
“Elecciones sindicales en la enseñanza pública no universitaria : CCOO empata en el primer puesto
en una Junta que refleja la disminución de la plantilla docente” de Juana Martínez Ondoño, Secretaria de Organización y Finanzas de la FRE-CCOO. Publicado en T.E. : R. Murciana, n. 353 (enero
2015), p. 8-10
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042433EleccionesSindicalesEnseñanza.pdf
1
Avance de contenidos de Prensa Sindical número 40, elaborado por el Centro de Documentación Confederal en colaboración con los centros de documentación de CCOO Madrid y el CERES y la Biblioteca de
la Fundación 1º de Mayo.deral en colaboración con los centros de documentación de CCOO Madrid y el CERES
y la Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo.
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 30
enrique Martín | Adjunto a la Secretaría confederal de Protección Social de CCOO
Pensionistas retornados
¿impuestos justos y transparentes?
D
urante 2013 la Agencia Tributaria puso en
marcha un proceso de regulación fiscal para
todos los residentes españoles que eran beneficiarios de una pensión de jubilación originada
en un país extranjero y cuyos ingresos no constaban como declarados en la correspondiente declaración de la renta en España.
Dicho proceso ha supuesto en la práctica la realización de declaraciones fiscales paralelas a las presentadas por los residentes españoles, retrotraidas
hasta 4 años atrás (hasta el ejercicio 2008), lo que
a su vez ha dado lugar a las correspondientes resoluciones de liquidación de impuestos que no se habían realizado, con los consiguientes recargos.
La administración tributaria no ha hecho público
el número exacto de afectados aunque algunas
fuentes han situado la cifra en cientos de miles.
Obviamente nuestra regulación fiscal establece
que todos los ciudadanos que residen en nuestro
país tienen la obligación de declarar la totalidad
de ingresos que perciben, pero la obligación de
tributación (el pago de impuestos) depende de
varios factores: el país del que se percibe la pensión, concretamente si existe o no convenio de
doble imposición fiscal con España; la cuantía de
la pensión que se percibe; la existencia de otros
ingresos; etc. Lo que se echa de menos en este
caso es que el Ministerio de Hacienda haya decidido hacer tabla rasa y abrir expedientes de reclamación de forma indiscriminada, y que tenga
que ser el propio afectado quien demuestre estar
al corriente de sus obligaciones.
Hemos de recordar también la importancia que
en estos casos tiene el perfil del propio jubilado
retornado. Es posible que entre ellos podamos
encontrar ciudadanos con un alto nivel de estudios y acceso a una información fiscal depurada,
pero no será lo más habitual. Los estudios que en
este campo han hecho, entre otros, la Fundación
1º de Mayo y su Centro de Documentación de las
Migraciones, muestran que este colectivo está integrado de forma muy notable por la generación
de postguerra, que apenas puso asistir a la escuela
por las circunstancias sociales, económicas y políticas del país en aquel momento. La mayoría comenzó a trabajar siendo niños, lo que dio lugar a
trayectorias profesionales muy tempranas, que a
menudo les privó del acceso a la educación, por
lo que no es extraño que muchos de ellos tengan
dificultad en los rudimentos de lectura y escritura
y sus niveles formativos sean bajos. A ello hay
que añadir que, en muchos casos, cuando retornan, los emigrantes sufren una segunda emigración en la que deben empezar a conocer de nuevo
L
a campaña puesta en marcha por
el Ministerio de Hacienda no ha
tenido en cuenta esta realidad. Al
contrario, ha situado a la totalidad
de jubilados retornados como potenciales
defraudadores fiscales y ha procedido a
abrirles expedientes sancionatorios
los sistemas de organización administrativa del
país, por lo que en estos casos se debe redoblar
los esfuerzos para que las normas tributarias sean
particularmente accesibles y comprensibles.
Sin duda la campaña puesta en marcha por el
Ministerio de Hacienda no ha tenido en cuenta
esta realidad. Al contrario, ha situado a la totalidad de jubilados retornados como potenciales defraudadores fiscales y ha procedido a abrirles expedientes sancionatorios, sin reparar en que la
cuestión objeto de expediente es tan técnica que
ni tan siquiera las oficinas de atención al público
de la Agencia Tributaria cuentan en la mayoría
de casos con personal suficientemente especializado que informe adecuadamente a los afectados,
ni tampoco existe ningún tipo de campaña informativa sobre las obligaciones y derechos que tienen estos ciudadanos.
La oleada de protesta social que inmediatamente se puso en marcha por parte de asociacio-
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 31
nes, sindicatos y partidos políticos para denunciar
este hecho algo ha debido influir en la posición
de partida del Ministerio de Hacienda, ya que el
mismo gobierno ha enmendado su propia reforma
del IRPF (impuesto de la renta de personas físicas)
para corregir parcialmente su actuación. Un gesto,
sin embargo, insuficiente para CCOO.
La corrección parcial del gobierno se limita a
anunciar la condonación de los recargos, intereses
y sanciones derivados de la presentación fuera de
plazo de declaraciones del IRPF de las pensiones
afectadas. Dicha condonación tiene efectos retroactivos para todos los expedientes que ya tienen
carácter firme, por lo que la Agencia Tributaria
procederá a su devolución en el caso de encontrarse liquidados. Y en el caso de expedientes en
tramitación la administración tributaria renunciará a su abono. Del mismo modo, la condonación alcanzará a los expedientes que se regularicen
hasta la fecha de 30 de junio de 2015. Por tanto
esta fecha es la límite para que los afectados regularicen estos expedientes.
En este punto cabe señalar también que la devolución de los recargos, intereses y sanciones ya
abonados a la Agencia Tributaria exige la reclamación previa de los mismos por parte de los pensionistas. Desde CCOO hemos reclamado que dicha devolución se produzca de oficio por parte de
la administración sin necesidad de que los afectados deban volver a iniciar otro trámite administrativo.
De igual modo, hemos reclamado al Ministerio
de Hacienda que en los casos en los que se constate
la obligación legal del pago de impuestos, se debe
tener en cuenta la situación peculiar que se ha
dado en esta caso (principalmente el hecho de que
el elevado volumen de personas afectadas puede
ser indicio de que la información no se ha dado de
la mejor forma posible), por lo que debería arbitrarse una fórmula de pago fraccionado que facilite
su cumplimiento teniendo en cuenta la difícil situación económica que puedan atravesar cada
afectado. En este sentido hemos de señalar que la
legislación tributaria permite este tipo de pago
fraccionado, aunque sería conveniente que de
forma excepcional ésta se viese flexibilizada.
Por último, desde CCOO hemos denunciado
que el problema de fondo continúa sin resolverse.
Todos los ciudadanos deben conocer adecuadamente cuáles son sus derechos y obligaciones, y
la administración tributaria debería dar adecuadamente esta información.
Hemos reclamado a la Agencia Tributaria la
puesta en marcha de una campaña informativa
suficiente y sostenida en el tiempo (folletos, carteles, etc.), coincidiendo especialmente con las
campañas de presentación de declaración de impuestos. Dicha campaña debe informar de los derechos y obligaciones legales que todos los ciudadanos tengan en cada caso, y también del nuevo
proceso de regularización que se ha abierto hasta
el 30 de junio de 2015.
En este sentido, desde CCOO reclamamos también que la Agencia Tributaria ponga en marcha
un servicio físico de orientación e información
H
emos reclamado a la Agencia
Tributaria la puesta en marcha
de una campaña informativa
suficiente y sostenida en el
tiempo, coincidiendo especialmente con las
campañas de presentación de declaración
de impuestos.
fiscal para este colectivo, lo suficientemente amplio como para que permita consultas personalizadas. En el caso de que dicho servicio no pudiese
ofertarse en todas los centros de atención de la
Agencia Tributaria, al menos debería garantizarse
un servicio telefónico y telemático gratuito que
reúna las características antes descritas.
El caso de los jubilados retornados es una muestra más de la necesidad de transparencia que tiene
nuestro sistema tributario. Todos debemos contribuir al sostenimiento del Estado y sus servicios públicos mediante el pago de unos impuestos justos y
progresivos en función del nivel de renta que se
tenga; pero en ningún caso es aceptable la postura
de un Ministerio de Hacienda que, sin molestarse
siquiera en informar de los derechos y obligaciones
que en cada caso se tienen, prejuzga a todos los
ciudadanos como potenciales defraudadores.
¿Esconde esta actitud campañas exclusivamente
recaudatorias o tienen, además, como objetivo
implícito difundir una imagen falsa y distorsionada
que tacha de “defraudadores” e “insolidarios” a
quienes cobran determinadas prestaciones sociales? 3
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 32
Lola Morillo | Sociológa del Gabinete Interfederal de CCOO
El retroceso de la sanidad pública
en perspectiva histórica
E
n la historia de la sanidad pública española
existen varios hitos que es preciso recordar
en estas épocas de recortes indiscriminados.
En 1942 se aprueba el primer seguro de enfermedad obligatorio. Debe ese calificativo a la obligación que el Estado se impone a sí mismo y que
al mismo tiempo impone a asalariados y patronos. Este seguro se concibió como una forma de
protección frente a las situaciones de enfermedad
que pudieran presentarse a la población trabajadora y a los familiares a su cargo. Su aprobación se acompaña de la creación de 532 ambulatorios repartidos por todo el Estado, entre 1943
y 1976.
El segundo desarrollo importante fue la aprobación en 1963 de la ley de bases de la Seguridad
Social, que procedió a la unificación de los diferentes seguros sociales existente hasta entonces:
vejez, maternidad, accidentes de trabajo, cargas
familiares, enfermedad común y accidente no laboral, enfermedad profesional, invalidez y paro.
La Seguridad Social crea también una red de hospitales propios que alcanza su culminación en el
período comprendido entre 1972 y 1976. Anteriormente el seguro obligatorio de enfermedad
contrataba los servicios hospitalarios del sector
privado.
La construcción de los hospitales de la Seguridad Social coincide con el desplazamiento del centro de gravedad de la asistencia sanitaria pública
desde los ambulatorios hacia el hospital. Paralelamente comienza a producirse un abandono en
el cuidado de la red ambulatoria, deterioro que
aparece reflejado en los dos informes oficiales realizados en la segunda mitad de la década de los
setenta, el Informe al Gobierno, publicado en 1975
por la Comisión Interministerial para la Reforma
de la Sanidad, y el Libro Blanco de la Seguridad
Social, hecho público en 1977 por el Ministerio
de Trabajo. Respecto a la atención primaria, el
Libro Blanco mencionaba como problemas la masificación de las consultas, la desvinculación con
E
l segundo desarrollo importante
fue la aprobación en 1963 de la ley
de bases de la Seguridad Social,
que procedió a la unificación de
los diferentes seguros sociales existente
hasta entonces: vejez, maternidad,
accidentes de trabajo, cargas familiares,
enfermedad común y accidente no laboral,
enfermedad profesional, invalidez y paro.
los servicios hospitalarios o el carácter residual
del ejercicio de la medicina general.
El tercer gran hito fue el impulso dado a la atención primaria. Por un lado, en 1978 se crea la especialidad de medicina familiar y comunitaria,
con el objetivo de mitigar el carácter residual que
hasta entonces había tenido la práctica de la medicina general. Desde 1995 esta especialidad constituye un requisito para ejercer como médico de
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 33
atención primaria en el sistema público. Por otro
lado, en 1984 comienza la reforma de la atención
primaria con la creación de los centros de salud y
los equipos de atención de atención primaria, inspirados ambos en la Declaración de Alma Ata de
la OMS. Se produce así un tránsito desde la asistencia primaria de los ambulatorios, basada en la
enfermedad, la curación y el tratamiento ocasional
de problemas específicos, a una atención primaria
centrada en la salud y en la prevención como parte
de un proceso continuado de atención. La dedicación horaria del personal sanitario de atención
primaria se incrementa con respecto al modelo
anterior y para ello se establece una jornada semanal de cuarenta horas. Frente a la falta de objetivos comunes que el Libro Blanco de la Seguridad Social había detectado como problema del
modelo ambulatorio, se propone una filosofía de
trabajo en equipo entre el personal sanitario y no
sanitario. Todas estas mejoras convertirán a la
atención primaria española en un referente internacional.
El cuarto punto de referencia en la historia de
la sanidad pública española fue la aprobación de
la Ley General de Sanidad en 1986 que, sobre la
base del sistema nacional británico, reconoce la
extensión de la asistencia sanitaria pública a toda
la población. Anteriormente el acceso a la red pública tenía lugar a través de dos dispositivos: la
red sanitaria de la beneficencia o seguridad pública pensada para atender a las personas sin recursos económicos, y la red sanitaria de la Seguridad Social concebida para prestar asistencia a
la población trabajadora y a sus familiares. Por
razones de crisis económica, dirá la exposición
de motivos de la ley general de sanidad, la universalización de la asistencia sanitaria se realizará
paulatinamente. Se inicia así un proceso de extensión de la cobertura en el que cabe destacar
dos desarrollos. El primero fue el reconocimiento
en 1989 de la cobertura sanitaria de la Seguridad
Social a las personas sin recursos económicos suficientes. El segundo desarrollo, la inclusión en
la sanidad pública de los ciudadanos extranjeros,
recibió un impulso importante con la ley orgánica
4/2000.
Una vez expuestos los avances logrados en la
sanidad pública española a lo largo de su historia,
es el momento de abordar las consecuencias de
las reformas implantadas en los últimos años.
E
l cuarto punto de referencia en la
historia de la sanidad pública
española fue la aprobación de la
Ley General de Sanidad en 1986
que, sobre la base del sistema nacional
británico, reconoce la extensión de la
asistencia sanitaria pública a toda la
población.
Se ha reducido la cobertura de la asistencia sanitaria pública. A raíz del real decreto 16/2012,
873.000 residentes extranjeros han sido excluidos
de la asistencia sanitaria pública, según le explica
el gobierno a la Comisión Europea en el Programa
Nacional de Reformas de 2013. Los términos también han cambiado, el real decreto citado vuelve
a hablar de asegurado y beneficiarios del asegurado. Las personas pensionistas pagan ahora por
sus medicinas según una fórmula regresiva que
perjudica a las rentas más bajas. El copago farmacéutico se ha implantado además en un momento de grave crisis económica en el que, según
el Barómetro de Mayores, el 70% de los mayores
proporciona a sus familiares una ayuda imprescindible para poder vivir dignamente.
Tanto la atención primaria como la atención
especializada han visto disminuir su capacidad
para ofrecer una mejor asistencia. En solo dos
años, entre enero de 2012 y enero de 2014, se han
eliminado 19.000 puestos de trabajo, sin que el
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 34
Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas permita saber cuántos corresponden a cada nivel sanitario. En atención primaria, 90 de los 300 centros de salud de la
Comunidad de Madrid rechazaron en 2013 firmar
los objetivos del contrato programa anual, por
considerar que el presupuesto para cubrir las ausencias de personal era insuficiente para garantizar la calidad de la asistencia. Así que no es extraño que entre 2011 y 2013 se haya triplicado el
porcentaje de personas que considera que los servicios asistenciales de la atención primaria y la
atención especializada han empeorado en los últimos años, según los datos ofrecidos por el Barómetro Sanitario que anualmente realiza el CSIC
para el Ministerio de Sanidad.
Simultáneamente aumenta la participación del
sector privado en la provisión de la atención sanitaria pública a través de una infinidad de fórmulas. Un pequeño grupo de grandes constructoras, bancos, aseguradoras sanitarias privadas y
fondos de inversión, se han convertido en socios
habituales de la sanidad pública. Bajo la fórmula
de concesión de obra pública, el PP en la Comunidad de Madrid ha cedido a empresas como
Sacyr, FCC o Acciona la financiación y construcción de al menos siete nuevos hospitales. La administración abona a estas empresas un canon
anual que, según la experiencia británica, a la
larga supondrá pagar seis veces más de lo que
hubiera costado su construcción pública.
La segunda modalidad de participación del sector privado, la concesión administrativa, conlleva
una mayor carga ideológica y privatizadora,
puesto que las empresas privadas además de
construir y gestionar el edificio proporcionan la
asistencia sanitaria pública. El gobierno del PP
en la Comunidad Valenciana es el que mayor uso
ha hecho de esta fórmula y en la actualidad al
menos el 20% de la población valenciana recibe
asistencia sanitaria pública a través del sector privado. En la Comunidad Valenciana las empresas
privadas no solo han asumido la asistencia sanitaria de los nuevos hospitales que han construido,
sino también la atención prestada en los centros
de salud que antes gestionaba el sector público.
Una tercera forma de participación de las em-
E
ntre 2011 y 2013 se ha triplicado el
porcentaje de personas que
considera que los servicios
asistenciales de la atención
primaria y la atención especializada han
empeorado en los últimos años, según los
datos ofrecidos por el Barómetro Sanitario
que anualmente realiza el CSIC para el
Ministerio de Sanidad.
presas privadas consiste en cederles actividades
que previamente realizaba la sanidad pública
como las pruebas diagnósticas y de laboratorio,
los servicios informáticos, las derivaciones a atención especializada o las intervenciones quirúrgicas. Este aumento de experiencias privatizadoras
contrasta con el escaso interés de nuestros gobernantes por desarrollar sistemas de información
que permitan confirmar la supuesta superioridad
del sector privado. 3
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 35
Manel Ferri Tomàs y ricard riol Jurado | Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP)
El proyecto Tren 2020: menos frustración
y más resultados para el ferrocarril español
“España apuesta todas sus cartas al PITVI: un plan de autovías gratuitas, aeropuertos
y AVE para todos, olvidándose de los desplazamientos cotidianos y del transporte de
mercancías sostenible”
E
l ferrocarril, por sus características energéticas, de capacidad y de seguridad, es un
elemento clave para mejorar la maltrecha
situación ambiental y social del transporte, que
actualmente depende en exceso de la carretera y
de los combustibles fósiles para el transporte de
viajeros (en coche y avión) y de mercancías (en
camión).
España, ¿país de camiones y coches? Para
potenciar tren no es válida cualquier estrategia,
tanto en el sector ferroviario como en el resto de
políticas de transporte terrestre. No se puede obviar que España es la primera potencia europea
en kilómetros de autopistas y autovías, y ha sido
el país europeo que más kilómetros ha construido
en poco tiempo, entre 1990 y 2010 se llegó a duplicar la red, alcanzándose cerca de 14.000 kilómetros. En consecuencia, entre 1990 y 2005 la
demanda del coche y camión se han multiplicado
por dos y dos y medio respectivamente. El tráfico
de mercancías por tren ha caído un 30% en el
mismo periodo, situando a España a la cola de
los países europeos con ferrocarril, con un 3-4%
de cuota.
ave para todos. Conectar todas las provincias
con un AVE a Madrid en menos de tres horas y
media ha sido y será un pésimo objetivo político
que ha generado escasos nuevos tráficos para el
ferrocarril, principalmente porque más del 90%
de los desplazamientos se producen en ámbitos
urbanos y metropolitanos y en segundo lugar porque en España no todos los desplazamientos de
largo recorrido siguen una estructura radial centralizada, como se pone de manifiesto en los corredores Mediterráneo y Atlántico, así como en
el eje del Ebro y del Guadalquivir.
Con la excepción de algunos corredores muy
consolidados, las nuevas líneas de alta velocidad
exclusivas para viajeros no son una solución adoptable para todo el territorio debido a sus altos costes de construcción y mantenimiento, que exigen
demandas elevadas. Por ello, pese a contar con la
mayor red de alta velocidad de Europa, España
ocupa un modesto puesto 16 en el ranking de kilómetros anuales recorridos en tren por habitante,
muy por detrás de los primeros: Suiza, Francia,
Austria, Suecia y Dinamarca, que a excepción del
E
ntre 1990 y 2005 la demanda del
coche y camión se han
multiplicado por dos y dos y
medio respectivamente. El tráfico
de mercancías por tren ha caído un 30% en
el mismo periodo, situando a España a la
cola de los países europeos con ferrocarril,
con un 3-4% de cuota.
caso francés no se caracterizan por sus líneas exclusivas de alta velocidad.
Después de que el ex Ministro Álvarez Cascos
accediera a incluir un AVE por capital peninsular
en el Plan de Infraestructuras del Transporte
2000-2007, todos los territorios han exigido con
lamentable soberbia acelerar los plazos del tren
súper veloz hacia Madrid, a veces olvidando que
estaban ofreciéndose pésimos servicios de Cercanías o Regionales en ejes de movilidad metropolitana principales. Esta vorágine expansiva del
AVE, junto al mayor programa de autovías de Europa, ha hecho que el ferrocarril no haya incrementado la demanda en su principal nicho de
mercado, la movilidad cotidiana ni el transporte
de mercancías. La ex Ministra Magdalena Álvarez
y el ex Ministro José Blanco agravaron la situación
con el Plan Estratégico de Infraestructuras del
Transporte 2005-2020, e inicialmente la actual
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 36
Ministra, Ana Pastor, dio una nueva vuelta de
tuerca con el Plan de Infraestructuras del Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024.
Cambio de paradigma. Ante este panorama
Comisiones Obreras, Greenpeace-España y
WWF-España encargan a la Asociación para la
Promoción del Transporte Público (PTP) la elaboración de una propuesta ferroviaria alternativa
que rompa con los tópicos de la planificación vigente y apueste por el ferrocarril en sus principales mercados potenciales, llamada TREN 2020.
El Plan TREN 2020 se configura como un elemento de debate ambiental, social y territorial,
abierto a toda la sociedad española, con la mirada
puesta en Europa y con total voluntad constructiva, que no plantea una ruptura con la planificación vigente pero sí una reorientación y una priorización que desde la Administración Central
debería entenderse como una oportunidad para
no volver a repetir los errores del pasado y para
evitar que las infraestructuras sigan utilizándose
como arma electoral y partidista desde los territorios, sin criterios de servicio público ni de cohesión social.
Este documento es la mejor forma de compatibilizar el cambio modal a favor del tren, descarbonizar el transporte terrestre, democratizar la
movilidad en un país donde el 50% de la población
no tiene acceso diario al coche, y generar empleos
verdes en el transporte ferroviario con nuevos
servicios. Este plan es la alternativa al fracasado
“AVE para todos” y a los planes de recorte de los
servicios regionales, que tras la bandera de la austeridad y el ahorro esconden un fracaso de gestión
a cargo del Ministerio de Fomento.
¿Cuáles son las principales novedades del plan
TREN 2020 respecto los planes de infraestructuras del Ministerio de Fomento?
• No se trata del enésimo plan de infraestructuras, sino del primer plan de uso del ferrocarril.
Para ello se propone combinar planes de servicio
con planes de infraestructura entre 2013 y 2030.
De nada sirve construir infraestructuras por las
que van a circular pocos trenes (un AVE diario a
Huesca) o mantener líneas colapsadas sin desdoblar (Corredor Mediterráneo). Es necesaria una
mayor vinculación de la planificación del servicio
con la de infraestructuras.
• Parte de una diagnosis inédita del ferrocarril
S
e plantea una nueva propuesta
metodológica para fomentar la
demanda del ferrocarril de
pasajeros, más sensible a
elementos como la frecuencia de paso, la
proximidad de las estaciones a los núcleos
poblados o la frecuencia de paso, que a la
velocidad máxima de los trenes.
español que permite priorizar las actuaciones. Se
plantea una nueva propuesta metodológica para
fomentar la demanda del ferrocarril de pasajeros,
más sensible a elementos como la frecuencia de
paso, la proximidad de las estaciones a los núcleos
poblados o la frecuencia de paso, que a la velocidad máxima de los trenes. De esta manera se ha
realizado un examen exhaustivo de la accesibilidad de las estaciones, prestaciones de velocidad,
frecuencias de paso y población residente con objeto de cuantificar dónde es posible captar más
demanda.
• Apuesta principal por los servicios de Cercanías y Regionales en los principales ejes de movi-
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lidad metropolitana y regional, en coordinación
con las autoridades territoriales del transporte y
las comunidades autónomas. Actualmente la prioridad del Estado no es la movilidad mayoritaria,
sino los desplazamientos de muy largo recorrido,
que son los más esporádicos.
• Se plantea prioridad en las actuaciones a corto,
medio y largo plazo, tanto en servicios como en
infraestructuras. Con el claro objeto de anticipar
la captación de la demanda hacia el ferrocarril se
proponen tres grandes etapas:
– Corto plazo: incremento del escaso servicio
ferroviario actual en corredores que con ninguna
o pocas actuaciones en infraestructura, puedan
un servicio ferroviario competitivo en zonas de
elevada demanda. Se han detectado líneas con un
amplio potencial de demanda y escasas inversiones necesarias para su puesta a punto: Vigo – A
Coruña – Ferrol, Palencia – Valladolid, Vitoria –
Pamplona, Zaragoza – Huesca, Tarragona – Castelló, Madrid – Talavera, València – Alacant, Alacant – Murcia, Murcia – Cartagena, Murcia –
Águilas, Sevilla – Cádiz, Sevilla – Huelva.
– Medio plazo: remodelación paulatina o ampliación de infraestructuras ferroviarias poco
competitivas en ámbitos de elevada demanda,
principalmente localizadas en zonas costeras del
Atlántico y Mediterráneo, así como nuevas infraestructuras en los territorios insulares de Gran
Canaria y Tenerife.
– Largo plazo: extensión de las mejoras de las
infraestructuras y servicios al resto de territorios
• Creación de sistemas de Cercanías y Regionales cadenciados, siguiendo modelos ferroviarios
de éxito como los regionales de Suiza, Austria,
Alemania, Italia, Suiza, Dinamarca, Hungría o
Marruecos. Los sistemas cadenciados se basan en
la repetición de horarios en los mismos minutos
de cada hora, funcionando cada 15, 30 o 60 minutos a lo largo de gran parte del día; generando
una frecuencia de paso atractiva, un atributo que
en movilidad cotidiana puede ser más importante
incluso que los tiempos de viaje. El Plan TREN
2020 propone que toda ciudad de más de 50.000
habitantes y dotada de ferrocarril competitivo
quede conectada con un mínimo de un tren cada
dos horas hasta su capital más cercana y que las
Cercanías operen como mínimo cada hora y cada
media hora en hora punta.
• Integración de tarifas ferroviarias e integra-
ciones tarifarias regionales. El modelo tarifario
actual de Renfe es totalmente disuasivo para fidelizar la demanda, ya que en muchas líneas existen casi tantas tarifas distintas como tipos de tren
circulan. Es imprescindible que exista una única
tarifa base para generar abonos con los que se
pueda utilizar cualquier tipo de tren y aprovechar
al máximo la oferta vigente.
• Introducción de modelos de bajo coste para
las líneas ferroviarias regionales con menos demanda. No se debe plantear la supresión de servicios considerados “deficitarios” en base a la ocupación actual sin haber aplicado modelos de bajo
coste ni políticas de estímulo de la demanda como
sí han hecho numerosos operadores del resto de
Europa. Renfe es el único operador ferroviario
E
l Estado debe implicarse en la
movilidad cotidiana asegurando
una mayor dotación económica
para el transporte metropolitano
y los servicios regionales.
que no ha apostado por este segmento de demanda, al no comprar ningún tren pequeño que
pueda ser operado por un agente único sobre una
infraestructura automatizada.
• El Estado debe implicarse en la movilidad cotidiana asegurando una mayor dotación económica para el transporte metropolitano y los servicios regionales. En 2015, el volumen de gasto
público del Ministerio de Fomento es de 5.200
millones de Euros para el capítulo de inversiones
en infraestructuras ferroviarias y trenes; mientras
que sólo de destinarán 500 millones de Euros
para el mantenimiento de los servicios de Cercanías y Regionales en toda España, una relación
de 10 a 1. El Plan Tren 2020 propone destinar
una partida anual de 750 millones de Euros para
fomentar el transporte público regional en toda
España e incrementar notablemente la financiación de las autoridades del transporte en todo el
Estado.
• Se plantea un mayor realismo económico, con
objeto de evitar la frustración ya vivida en cada
uno de los planes de infraestructuras del Ministerio de Fomento, caracterizados por ser más am-
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biciosos que sus antecesores y presentar menos
grado de cumplimiento al final de su vigencia.
Por ello el plan TREN 2020 plantea una inversión
anual de 2.519,5 millones de Euros anuales, un
50% inferior a la actualmente prevista por el
PITVI. Además se propone un plan de racionalización de infraestructuras con el doble objetivo
de conseguir ahorro público y potenciación del
sector ferroviario: moratoria en la construcción
de autovías y autopistas; racionalización de la
oferta de AENA en coordinación con los trenes
rápidos; tarificación directa de las autovías gratuitas, que reportaría unos ingresos de 1.800 y
3.500 millones de euros anuales y/o aplicación
de la Euroviñeta para camiones en España, que
aportaría unos ingresos de 3.000 millones de Euros anuales. En ámbitos metropolitanos se debe
tener en cuenta otras posibilidades financieras
como el Versement Transport o la destinación de
la recaudación de peajes y aparcamientos al transporte público.
• Propone objetivos ambientales y no dotación
ciega de infraestructuras. El año 2020 es un momento decisivo, al haber planteado la Unión Europea una reducción del 20% de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) respecto a los
niveles alcanzados en 1990, es decir, no superar
las 26 millones de toneladas anuales en el sector
transporte. El Plan Tren 2020 plantea tres escenarios ambientales, según la política adoptada en
todo el conjunto del transporte terrestre, no sólo
la ferroviaria. Con una mayor adaptación a la demanda, mejor gestión energética e introduciendo
cambios en el diseño de los vehículos, el tren
puede acercarse a las cero misiones e CO2. En
cualquiera de los escenarios de movilidad previstos se hace imprescindible incrementar la cuota
modal del ferrocarril para acercarnos al objetivo
europeo de un 20% de reducciones de CO2 respecto a 1990 en 2020.
• Aprovechar al máximo las infraestructuras actuales, sean convencionales o de alta velocidad.
No siempre es necesaria la construcción de nuevas
infraestructuras para generar un transporte ferroviario competitivo. El plan TREN 2020 propone intervenir sobre 7.049 kilómetros de vía férrea, mediante proyectos de electrificación (28%),
rectificación de líneas convencionales para alcanzar los 160 km/h o trenes-tranvía (23%), finalización de líneas de alta velocidad en obras muy
avanzadas (23%), rectificación de líneas convencionales para velocidad alta (22%).
Ante la actual crisis energética y ambiental se
propone una importante electrificación del transporte ferroviario, ya que el último plan de electrificaciones (no AVE) se acometió en la segunda
crisis petrolera de 1979. La primera vez que se
E
l año 2020 es un momento
decisivo, al haber planteado la
Unión Europea una reducción del
20% de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) respecto a los
niveles alcanzados en 1990, es decir, no
superar las 26 millones de toneladas
anuales en el sector transporte.
electrifica un tramo de vía férrea convencional no
asociado al AVE será el tramo Medina del Campo
– Salamanca, en 2015.
• Poner fin a la expulsión del ferrocarril de los
centros urbanos, que ha traído como consecuencia
una pérdida de la demanda de los servicios ferroviarios regionales a favor de la carretera. La integración urbanística del ferrocarril debe realizarse
en clave europea, es decir, con proyectos de accesibilidad o trenes tranvía que no pasen necesariamente por soterramientos faraónicos o expulsiones del ferrocarril fuera de la ciudad.
De hecho el Ministerio de Fomento ya ha iniciado un tímido cambio en su estrategia, que se
acerca a los criterios de racionalidad del plan
TREN 2020, en 2015 no todo lo que se inaugurará
serán AVE, sino líneas convencionales como la
Sevilla–Cádiz o A Coruña–Vigo, adaptadas a todo
tipo de tráficos con elevado potencial de transporte regional y metropolitano. Estamos convencidos que el debate que se puede generar a través
de esta propuesta contribuirá a mejorar las soluciones del transporte ferroviario en un escenario
compartido por una inmensa mayoría social, porque el transporte del año 2020 debe ser más sostenible, eficiente, seguro y equitativo. 3
NOTA:
Información del Plan Tren 2020: www.transportpublic.org/tren2020
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Félix a. Ovejero Torres | Director de la Fundación Paz y Solidaridad ‘Serafín Aliaga’
La Plataforma de Desarrollo de las Américas:
una nueva herramienta de la CSA
E
l pasado 8 de mayo de 2014 la CSA lanzó
públicamente en Santiago de Chile, con presencia de la Presidenta Michelle Bachelet,
la Plataforma de Desarrollo de las Américas
(PLADA)1. Una Plataforma que concreta el marco
propositivo del movimiento sindical de las Américas para un desarrollo inclusivo, justo y equitativo. La PLADA se suma a la Plataforma Laboral
de las Américas y a la Plataforma Sindical Continental sobre Seguridad Social como instrumentos
que definen las propuestas del movimiento sindical de las Américas para lograr un nuevo tipo
de desarrollo en el continente americano.
Más de veinte años después de la aplicación en
la mayoría de países de América Latina del llamado Consenso de Washington (que tuvo como
consecuencia lo que se denominó como “la década
perdida” con una importante disminución del papel del Estado, una oleada de privatizaciones y
de desregulaciones) se están consolidando en
América Latina de manera simultánea dos tendencias: La democracia como forma mayoritaria
de gobierno y un fuerte retroceso de las políticas
neoliberales.
Estas circunstancias han facilitado que el movimiento sindical de las Américas se resitúe en
un nuevo tablero con una firme voluntad de convertirse en un actor destacado a la hora de definir
y de proponer nuevos modelos de desarrollo, a
pesar de la persistencia en un número significativo
de los países de la zona de acoso a la libertad sindical y de importantes limitaciones a la negociación colectiva.
Este marco impulsado desde un buen número
de centrales sindicales de las Américas es el que
ha permitido a su vez a la CSA priorizar iniciativas
que caracterizan el presente y perfilan el futuro
de las organizaciones sindicales de la región.
El fomento de los procesos de auto reforma sindical, y la consolidación del papel de interlocutor
bidireccional (instituciones y empresarios) con
capacidad de ofrecer propuestas válidas sin desdeñar la parte reivindicativa que a lo largo de la
historia caracterizó al movimiento sindical de la
E
s significativo y revelador que
centrales sindicales de
orientaciones, culturas y orígenes
diferentes converjan en un marco
definitorio de modelo de desarrollo que
demuestra una clara voluntad de superar
las posibles trabas y diferencias.
zona, son prioridades ratificadas en los distintos
congresos celebrados por la CSA que apuntan la
madurez del movimiento sindical de las Américas
por un lado, y demuestran, por otro, un compromiso irreversible e inteligente con el proceso de
unidad sindical regional –aperturista e incluyente
hasta el punto de admitir la colaboración y participación de organizaciones sindicales no afiliadas
a la CSA–.
Es significativo y revelador que centrales sindicales de orientaciones, culturas y orígenes diferentes converjan en un marco definitorio de modelo de desarrollo que demuestra una clara
voluntad de superar las posibles trabas y diferencias.
La necesidad de la PLADA surgió precisamente
en la etapa preparatoria del II congreso de la CSA,
y el proceso de su elaboración duró un año y medio (2013-2014).
Su objetivo principal es reforzar la capacidad
del movimiento sindical en la elaboración de pro-
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 40
puestas políticas de desarrollo de la región con orientaciones y principios consensuados para que luego cada
organización lo adapte y adecue a su realidad nacional.
La Plataforma se articula
en cuatro dimensiones, la política, la social, la económica
y la ambiental que conforman un modelo de desarrollo
diferente al imperante.
La dimensión política
incluye entre otros aspectos, la democracia participativa, la reforma y el fortalecimiento de los sistemas políticos y judiciales, la democratización
de los medios de comunicación y la democratización de los procesos de integración.
La económica aborda una nueva fiscalidad,
la distribución justa del ingreso, la renta, las oportunidades la riqueza y el excedente, la creación
de mercados e instituciones financieras comunes,
la coordinación monetaria, la promoción de infraestructuras nacionales y regionales, el condicionamiento y orientación de la inversión extranjera hacía Proyectos Nacionales de Desarrollo.
La dimensión social se focaliza en la promoción del trabajo decente, la libertad sindical y la
negociación colectiva efectiva, la seguridad social
como derecho fundamental, sistemas de salud
públicos y universales, ciudadanía regional y derechos para la población migrante.
La dimensión ambiental aborda entre otras
cuestiones el agua como derecho humano, la soberanía energética, la defensa y preservación de
los bienes comunes, la transición hacia una economía verde con un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo sostenible.
La PLaDa es una propuesta que encaja perfectamente con los principios que definen la agenda
post2015, y sitúa a las organizaciones sindicales
como actores principales en la implementación de
esta agenda en los diferentes niveles en los que se
articulará, internacional, nacional y local.
Es necesario alinear las diferentes políticas de
cooperación al desarrollo a las nuevas realidades
1
L
a PLADA es una propuesta que
encaja perfectamente con los
principios que definen la agenda
post2015, y sitúa a las
organizaciones sindicales como actores
principales en la implementación de esta
agenda en los diferentes niveles en los que
se articulará, internacional, nacional y
local.
que se concretarán en la nueva agenda con un reconocimiento pleno y no solo discursivo a las organizaciones sindicales como actores en las políticas de desarrollo y de cooperación, junto a
Gobiernos, movimientos sociales y ecologistas,
organizaciones no gubernamentales y empresas,…
Uno de los retos que se plantea en la nueva
agenda internacional es la inclusión efectiva de
estos diferentes actores. Las organizaciones sindicales son un actor global de desarrollo que se
articulan en los niveles internacional, regional,
nacional, local y sectorial, y a través de la negociación colectiva promueven la cohesión social y
la redistribución de la riqueza.
Un segundo reto, es el de cómo integrar el
mundo del trabajo (no solo el empleo) en la nueva
agenda de desarrollo sostenible.
De cómo se aborden estos dos retos en esta
nueva agenda dependerá en gran medida su éxito.
La agenda sindical de desarrollo está en marcha
y la PLADA es un ejemplo de ello. 3
El texto íntegro de la PLADA puede descargase en el siguiente enlace:
http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=382&Itemid=181&lang=es
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 41
Pepe Gálvez | Director del Area de Cultura de la Fundación 1º de Mayo
El año en que Angulema fue Charlie
H
ay muchas maneras de
contemplar y practicar
la libertad de expresión, pero sin duda el sector
de la creación cultural la viven con una intensidad especial. Las personas que viven
de escribir, dibujar, interpretar, dirigir películas, cantar…
saben que la capacidad de decidir que quieren expresar y
como es esencial para su trabajo. Todas ellas saben que
ser consecuentes con ese derecho no es fácil, que se pueden enfrentar a prohibiciones políticas, a prejuicios
sociales, dobles morales, egocentrismos, presiones de sus
empresarios o patrocinadores, así como a sus propias
debilidades. Son conscientes
también que generalmente
puede tener algún costo: presiones, exclusiones, boicots ,
ausencia de ofertas laborales… Pero una barbaridad como la masacre cometida con la redacción de Charlie Hebdo sobrepasa lo imaginable, es una ruptura salvaje del
consenso social de tolerancia y respeto a la discrepancia sobre el que trabaja el artista, sea humorista o no. Quizás por ello la reacción de la
profesión, del conjunto del mundo de la historieta
en Francia, ha sido primero de dolor, segundo de
solidaridad con el entorno de las víctimas y tercero
de defensa cerrada de la libertad de expresión. Y
ello tenía que expresarse inevitablemente en el
Festival de la Bande Dessinée (Historieta) de Angulema de este año celebrado del 26 de Enero al
1 de Febrero pasados.
El espíritu Charlie
Todos eran Charlie: los premios, las revistas, tebeos, libros… la exposición, dedicada a la revista.
L
a reacción de la profesión, del
conjunto del mundo de la
historieta en Francia, ha sido
primero de dolor, segundo de
solidaridad con el entorno de las víctimas y
tercero de defensa cerrada de la libertad de
expresión.
Pero Charlie no es un partido, ni una secta, ni
una ONG, con afiliados y líneas definidas de actuación. Charlie Hebdo es un revista que tiene
que seguir haciendo humor después de que algunos de sus mejores autores hayan sido asesinados
precisamente por ejercer su oficio. La situación
económica que amenazaba la continuidad de la
publicación ha mejorado sustancialmente: según
NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 42
L
a libertad no
nos libra de las
contradicciones,
pero nos
permite algo mucho
mejor: expresarlas.
publicaba el diario Liberatión, en su especial
dedicado al Festival, en tres semanas el número de los suscriptores había pasado de
10.000 a 80.000 y había recibido cerca de
2 millones de euros de aportaciones solidarias. Ahora bien, el verdadero reto es el de
mantener l’esprit Charlie. Un espíritu, o
forma de ser que “ nada tiene que ver con
transformar en héroes nacionales a humoristas
satíricos que se cagaban en el poder, ni con hacer
repicar Notre Dame por unos anticlericales “ según el historietista y editor independiente Jean
Claude Menu, en quién los supervivientes de
Charlie delegaron la recogida del Gran premio especial que el Festival había otorgado al semanario. Unas palabras que riman con el chiste de Catherine del número de la revista posterior a la
masacre. En él vemos un grupo de políticos asistentes a la marcha republicana del 11 de Enero en
solidaridad con la revista con el siguiente comentario: Una famille de clowns decimèe, dix de retrouvées. Una familia de payasos diezmada, pero
hemos encontrado otros diez.
Con la debida falta de respeto
La trayectoria de este espíritu irreverente, que
ha sido parte con intermitencias del panorama
de la prensa francesa desde que en 1960 apareciera Hara-Kiri, se puede seguir en la exposición
que el Museo de la Bande Dessiné de Angulema
le ha dedicado. Es una muestra que a pesar de la
premura de tiempo con que se ha realizado consigue vertebrar, a través de las portadas de Hara-
Kiri y Charlie Hebdo, un diálogo entre la sociedad francesa y su caricatura más provocadora.
Esas imágenes actúan como espejo que evidencia
fealdades éticas, vicios privados, taras políticas…
la evolución de la sociedad desde el humor que
reivindica la abolición de falsos respetos. Esta visión satírica no excluye que la revista haya tenido
y tenga sus propias contradicciones. No hay que
olvidar que en el 2008 Philippe Val entonces director de Charlie despidió al dibujante Siné, uno
de los referentes de la publicación, entre un cruce
mutuo de acusaciones de antisemitismo y de censura. Y es que como escribía Oncle Bernard (Bernard Maris) en un artículo recuperado por la
mencionada edición de Charlie del pasado 14 de
Enero que: “Charlie en sus editoriales ha apoyado
los bombardeos de la OTAN sobre Serbia. Una
parte del equipo estaba en contra. Charlie, siempre en sus editoriales, ha dicho ¡Viva Europa! y
si al tratado constitucional. Una parte del equipo
estaba en contra. Lo mismo en el conflicto israelí-palestino… “ La libertad no nos libra de las
contradicciones, pero nos permite algo mucho
mejor: expresarlas. 3