1. Educación

La Commission
européenne
El plan «Legislar
mejor»:
et
¿del’amélioration
qué se trata?
de la réglementation
Comisión
Europea
Commission
européenne
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Al final de la obra figura una ficha bibliográfica.
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas,
2006
ISBN 92-79-02466-3
© Comunidades Europeas, 2006
Reproducción autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica
Printed in Belgium
IMPRESO EN PAPEL BLANQUEADO SIN CLORO
El plan
«Legislar mejor»:
¿de qué se trata?
El Derecho europeo es la esencia de la especificidad de la
Unión Europea. Sin él, dependeríamos de la cooperación y la
buena voluntad, dos componentes esenciales para que Europa
funcione, pero no suficientes para garantizar las libertades y
los derechos de que disfrutan los europeos hoy en día.
Así pues, hemos de asegurarnos de que las disposiciones
legislativas y reglamentarias europeas estén bien canalizadas,
se apliquen de manera apropiada al nivel correspondiente y
sean proporcionales a las necesidades.
La Europa actual evoluciona rápidamente. Las disposiciones
legislativas y reglamentarias deben adaptarse al rápido
ritmo del cambio tecnológico, estimular la innovación, y
proteger el bienestar y la seguridad de los europeos para
poder hacer frente a los retos dentro y fuera de Europa. Las
administraciones públicas han de ser efectivas y flexibles,
y estar canalizadas. Son las normas que se ha fijado la
Comisión Europea y las razones por las cuales legislar mejor
se ha convertido en una prioridad de base.
José Manuel Barroso
Presidente de la Comisión Europea
El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
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Legislar mejor
Los poderes públicos legislan en interés público para lograr una variedad de objetivos,
como asegurar mercados justos y competitivos, proteger la salud, proporcionar seguridad, estimular la innovación, preservar el medio ambiente. La legislación constituye una
herramienta de aplicación de políticas y cumplimiento de expectativas de los ciudadanos. Los gobiernos tratan de mejorar el diseño de las políticas, leyes y normativas para
asegurarse de que hacen uso de herramientas adecuadas con objeto de realizar las tareas,
obtener los máximos beneficios y minimizar efectos negativos, así como prestar oídos a
quienes resultan afectados.
Los poderes públicos de toda Europa desean reducir papeleo y suprimir burocracia innecesaria. A nivel europeo sucede otro tanto. Aunque se caricaturice a «Bruselas» como
fuente de legislación burocrática y papeleo, la realidad es otra. Como punto de partida
del Derecho de la Unión Europea (UE), la Comisión Europea en particular tiene la responsabilidad de legislar mejor. Está dedicando especial energía a mejorar la calidad de
las propuestas legislativas, reducir normas innecesarias o reiterativas y, en general, elaborar propuestas de actos más comprensibles. Se ha comprometido a realizar esta tarea
abiertamente, mejorando el acceso a los procesos decisorios y ampliando el círculo de
participantes en el desarrollo de las políticas. A continuación se explican estos esfuerzos
en detalle.
¿Por qué se legisla?
En una era de globalización, en la cual desaparecen los obstáculos a la circulación de
mercancías, servicios y personas, los ciudadanos esperan que los gobiernos garanticen
seguridad y bienestar. El mundo empresarial espera que los poderes públicos garanticen
condiciones de competencia equitativas e impulsen la competitividad.
La legislación es clave para solventar estos retos. Sirve, entre otros muchos fines, para
proteger la salud garantizando la seguridad alimentaria, proteger el medio ambiente estableciendo normas de calidad del aire y el agua, fijar normas para que las condiciones de
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El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
competencia de las empresas en el mercado sean equitativas. La legislación constituye
un aspecto necesario y aceptado de la sociedad moderna. En la Unión se legisla a todos
niveles: local, nacional e internacional.
Pero la legislación mal concebida y mal planteada puede resultar excesiva y rebasar lo
estrictamente necesario. Algunas leyes pueden pecar de demasiado preceptivas y ser
injustificadamente costosas o contraproducentes. Con el tiempo, se pueden solapar versiones de una ley que pueden afectar a la actividad empresarial, el sector del voluntariado, los poderes públicos y el público en general. Asimismo, las leyes pueden quedar
obsoletas muy pronto. La rapidez de los progresos tecnológicos, la apertura y expansión
de los mercados globales, la mejora del acceso a la información requieren la revisión
y adaptación constante de las leyes para poder adecuarse a un mundo en permanente
evolución.
¿Por qué legislamos a nivel europeo?
La Unión Europea tiene objetivos múltiples. Los Estados miembros han convenido trabajar conjuntamente a través de políticas comunes para lograr tales objetivos. Ello se
traduce en la existencia de normas de ámbito europeo, propuestas normalmente por la
Comisión y aprobadas por los Ministros nacionales en el Consejo de Ministros y por los
miembros del Parlamento Europeo.
Uno de los objetivos más importantes de la UE es la libre circulación de mercancías,
servicios, personas y capital, y gran parte del Derecho europeo tiene por objeto la realización del mercado único. También se legisla a nivel europeo en ámbitos en que los
Estados miembros de la UE han concertado políticas comunes (agricultura, pesca, comercio, aduanas) y otros ámbitos en que en determinadas circunstancias legislar a nivel
europeo aporta valor añadido (medio ambiente, justicia e interior, salud y protección de
los consumidores).
Para los europeos, estas políticas son fuente de libertad, crean trabajo e impulsan el
crecimiento; pero su funcionamiento exige un conjunto de normas acordadas aplicadas
coherentemente en toda la UE.
La Comisión Europea se encarga, en la mayor parte de esos ámbitos, de proponer políticas y normas que logren los objetivos acordados, así como de garantizar su correcta aplicación. Presta atención, en especial, a que sus propuestas sean proporcionales al
problema tratado y se tomen medidas al nivel correspondiente, los dos principios de
«proporcionalidad» y «subsidiariedad» enraizados en el Tratado UE.
El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
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¿Es la legislación europea fuente de «papeleo»?
Legislar a nivel europeo ha reducido mucho el papeleo. Es bastante más sencillo y eficiente aplicar una sola norma en todos los Estados miembros que, en el mismo caso,
aplicar normas distintas a nivel nacional y regional. La legislación europea ha sido efectiva en la eliminación de obstáculos que pueden falsear la competencia y crear conflictos
entre distintos sistemas nacionales.
El ordenamiento jurídico europeo se ha expandido en las dos últimas décadas. El objetivo de crear un mercado único antes de 1992 generó una oleada de legislación europea,
a saber, todas las normas europeas que reemplazaron las complejas normas nacionales.
También han surgido leyes nuevas en otros sectores de dimensión transfronteriza, como
medio ambiente, salud y protección de los consumidores. Cada vez más, los Estados
miembros buscan respuestas a escala europea, ya sea a través de leyes o de otro modo,
a retos transnacionales nuevos y emergentes tales como pandemias, tráfico de drogas e
inmigración ilegal. Se sabe que las nuevas tecnologías —telecomunicaciones, medicinas,
biotecnología— requieren el desarrollo de normas comunes a escala europea.
Es inevitable que con esta expansión de la legislación europea se hayan generado espacios de duplicación y solapamiento. Es posible que los medios e instrumentos elegidos de
determinadas políticas no siempre hayan sido estrictamente proporcionados a los objetivos. Existe normativa europea desarrollada a lo largo del tiempo que podría simplificarse para eliminar estratos innecesarios. Hay que examinar también la carga acumulativa
de distintas normas y reducir requisitos redundantes y coincidentes.
Sin embargo, la idea de que el Derecho de la UE es particularmente responsable del
papeleo es falsa. En ocasiones se culpa a la «burocracia de Bruselas» de cosas que en
realidad derivan de normas nacionales. A menudo, la UE persigue unos fines adoptando
«directivas» que establecen principios y objetivos generales, pero cuyas medidas de aplicación se determinan en los Estados miembros. Éstos eligen cómo lograr los objetivos de
las directivas de conformidad con su cultura institucional y administrativa propia. Con
frecuencia es en esa fase cuando se introducen los detalles y precisiones no prescritos
por el Derecho de la UE, que pueden ir más allá de los requisitos establecidos y dar lugar
a costes y cargas adicionales, lo que a veces se ha llamado el «baño de oro».
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El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
En efecto, las encuestas muestran con regularidad que en la mente del ciudadano y el
hombre de negocios el «papeleo» se asocia a ámbitos de la legislación —como fiscalidad,
leyes laborales y permisos de urbanismo y construcción— que no se tratan principalmente a nivel europeo.
¿Es la UE responsable desde los columpios a los cigarrillos
de chocolate?
En 2005 se dijo que la UE había obligado a las autoridades locales a suprimir los
columpios de los terrenos de juegos infantiles. En realidad no había medidas de
la UE al respecto. Existen normas fijadas por el Comité Europeo de Normalización
(CEN), una asociación formada por los organismos nacionales de normalización.
Éstos querían reducir la altura de la que podían caer los niños especificando la altura
máxima de los asientos y las bases y fijando normas relativas a los reposabrazos y
reposapiés. Si los fabricantes elegían seguir estas normas, la ventaja era que podían
exportar a toda Europa en lugar de tener que solicitar la certificación en cada país.
Otro ejemplo citado a menudo son los cigarrillos de chocolate. Suprimir la venta de
dulces en forma de cigarrillos de cholate es una idea de la Organización Mundial
de la Salud, con el sensato objetivo de no extender entre los jóvenes el hábito de
fumar. La idea se recogió en una recomendación del Consejo, recomendación que
no es jurídicamente vinculante y que solo invita a que los Estados miembros tomen
medidas.
¿Qué hace la Comisión Europea para reducir
el «papeleo»?
La Comisión Europea ha emprendido la ambiciosa operación de legislar mejor. En 2002
se puso en marcha un programa de gran envergadura para simplificar y, en general, mejorar el marco regulador. Está diseñado para suprimir el papeleo, mejorar la calidad de la
legislación y diseñar leyes mejores para los consumidores y el mundo empresarial.
Ello se traduce en tomar medidas en las distintas fases del ciclo político: examinar iniciativas nuevas, propuestas en fase de negociación y legislación ya publicada. El programa
de legislar mejor, por consiguiente, contempla distintas acciones:
• introducir un sistema para evaluar el impacto y mejorar el diseño de las propuestas
importantes de la Comisión;
• aplicar un programa de simplificación de la legislación existente;
El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
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• comprobar propuestas de la Comisión que todavía están siendo examinadas por el
Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo para ver si deben retirarse;
• prever la consulta en todas las iniciativas de la Comisión;
• estudiar alternativas a leyes y reglamentos (como autorregulación, o corregulación por
el legislador y las partes interesadas).
Todas estas acciones están dando resultados positivos.
1. Análisis de impacto
Una parte importante de la elaboración de normas mejores es tener una idea cabal de
todas sus consecuencias. Las propuestas pueden así adaptarse a fin de obtener el máximo provecho y minimizar efectos secundarios negativos. La Comisión se ha comprometido a examinar el impacto económico, social y ambiental de todas las propuestas.
Ha impuesto la realización de una evaluación de impacto de las propuestas políticas
importantes y, desde 2003, ha llevado a cabo más de 150 evaluaciones de este tipo. Se
ha operado así un cambio importante en el modo de forjar las políticas en la Comisión
Europea. Se trata de un planteamiento basado en el conocimiento y encaminado a asegurarse de que la decisión de presentar iniciativas y el modo de hacerlo se apoyan en
pruebas sólidas y un análisis de todas las opciones. Una de las opciones que en la actualidad se evalúan rutinariamente es la de no tomar medidas a nivel de la UE. La Comisión
puede de esta manera tomar decisiones a partir de una serie de opciones, cada una con
sus correspondientes ventajas y desventajas.
Impacto de la mejora de la calidad del aire
La evaluación de impacto en que se fundamenta la estrategia temática sobre la
contaminación atmosférica adoptada en 2005 permitió a la Comisión tomar una
decisión respecto al grado de ambición adecuado de la política sobre la calidad del
aire, basado en el mejor análisis disponible, esto es, análisis rigurosos efectuados a
lo largo de varios años.
El Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente aprobado en 2002 por
el Consejo y el Parlamento Europeo solicita a la Comisión la aplicación de políticas
que garanticen una buena calidad del aire en 2020.
➥
La evaluación de impacto examinaba el modo de eliminar el desfase entre las
proyecciones para 2020 en caso de que no se tomen medidas y las mayores
mejoras posibles en 2020 en caso de que se apliquen todas las medidas técnicas
posibles. Estudiaba los costes y beneficios de distintas posibilidades y tenía por
objeto aportar la solución más rentable para alcanzar los objetivos elegidos. La
elaboración de modelos económicos efectuada en la evaluación de impacto
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El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
➥
mostraba claramente que los beneficios de las medidas adicionales compensaban
los costes.
Con objeto de contribuir a legislar mejor, la evaluación de impacto examinaba
también la simplificación y nacionalización de la legislación vigente en materia
de calidad del aire combinando todos los instrumentos existentes en una sola
directiva relativa a la calidad del aire ambiente. Tales cambios facilitarían a los
Estados miembros la aplicación de la legislación, convirtiéndola por consiguiente
en más efectiva.
Este nuevo planteamiento, ¿ha cambiado las cosas?
Los análisis de impacto han llevado a un ajuste importante de intenciones durante la
preparación de propuestas. Por ejemplo, la evaluación de impacto sobre la gestión transfronteriza de derechos de autor en el sector de la música en línea llevó a utilizar una
recomendación no vinculante, en vez de una directiva. En otros ámbitos, tales como
biomasa y medio ambiente urbano, la evaluación de impacto ha llevado a la conclusión
de que no eran necesarias medidas vinculantes.
Medio ambiente urbano: ¿Acciones europeas?
En el Libro Verde relativo a una estrategia sobre el medio ambiente urbano se
propone la preparación de dos directivas marco: una sobre planes y sistemas de
gestión mediambiental y otra sobre planes de transporte urbano sostenible. En el
contexto de la evaluación de impacto y las consultas, estas dos acciones fueron
rechazadas por los Estados miembros y la mayor parte de los entes locales por
motivos de subsidiariedad (esto es, necesidad absoluta de tener en cuenta la
situación local, así como imposibilidad de imponer un contenido específico de los
planes en toda la UE). En la estrategia temática sobre el medio ambiente urbano se
adoptó un enfoque no vinculante.
El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
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2. Comunicar y tener en cuenta las opiniones de ciudadanos
y empresas
La Comisión tiene obligación de realizar una amplia consulta previa a la propuesta de
legislación, pero, en cualquier caso, es el modo mejor de garantizar que se han tenido en
cuenta todos los intereses y contribuye a lograr una buena calidad. Al buscar opiniones
de un espectro amplio de la sociedad, es posible probar si las políticas son realizables en
la práctica. La Comisión tiene una larga tradición de amplia consulta a través de distintos
canales: libros verdes, libros blancos, comunicaciones, foros (como el Foro europeo de
la energía y los transportes o el Foro europeo de la salud), talleres, grupos consultivos
permanentes y consultas en Internet. A todos ellos se les aplican actualmente normas
mínimas de consulta comunes, y la consulta forma parte integrante de las evaluaciones
de impacto. El diálogo entre la Comisión y las organizaciones de la sociedad civil adopta formas diversas, y los métodos de consulta y diálogo se adaptan a distintos campos
políticos. Existen asimismo procesos estructurados, como en el caso del diálogo social
con los sindicatos y organizaciones empresariales y el diálogo entre la Comisión y las
asociaciones europeas y nacionales de organismos regionales y locales.
El gráfico siguiente recoge los informes y comunicaciones adoptados por la Comisión
desde 1993. Su volumen demuestra que la Comisión aborda numerosas cuestiones, notifica su posición o pide opiniones sobre ellas.
Documentos de consulta e informes de la Comisión (1993-2005)
Informes
131
135
164
155
154
166
148
175
139
81
73
110
92
Comunicaciones
93
123
122
133
120
132
103
133
157
102
142
159
189
Libros verdes
3
2
9
1
6
2
2
4
7
2
5
6
14
Libros blancos
1
1
3
2
2
1
2
3
4
0
0
1
2
10
El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
Obtener la opinión de los europeos
La revisión de la Directiva «televisión sin fronteras» se realizó tras un largo
proceso de consulta. En 2003 tuvo lugar una consulta pública que generó más de
150 contribuciones escritas, seguidos de un documento político de la Comisión,
grupos de expertos y una segunda ronda de consultas con alrededor de 200
respuestas, todo ello compendiado en la Conferencia de Liverpool celebrada en
septiembre de 2005. Como resultado, todas las partes interesadas (organismos de
radiodifusión públicos y privados, operadores de tecnologías de la información y
las telecomunicaciones, reguladores, productores, titulares de derechos) y la mayor
parte de los Estados miembros influyeron realmente la evolución de la política.
Se llevó a cabo una exhaustiva consulta de las partes interesadas sobre cada una
de las siete estrategias temáticas en materia de medio ambiente. En el caso de la
estrategia sobre la contaminación atmosférica se celebraron más de 100 reuniones
con expertos, así como una consulta en Internet que dio lugar a una cantidad de
observaciones sin precentes: 11 000.
3. Reducir la burocracia
Empresas, poderes públicos y ciudadanos soportan los costes administrativos del cumplimiento de las normas. Las obligaciones legales de facilitar información, etiquetado,
supervisión e informes generan costes que, cuando son demasiado elevados, pueden
llegar a contrarrestar los beneficios de iniciar una política.
La Comisión ha empezado a prestar una atención particular a los potenciales costes y
cargas de tipo administrativo generados por el Derecho de la UE.
Debido a que el Derecho europeo a menudo se concreta en directivas que establecen
principios amplios, dejando que los Estados miembros elaboren las medidas de aplicación concretas, es dif ícil calibrar de antemano los posibles costes administrativos. Estos
pueden variar de un Estado miembro a otro, incluso de región a región, dependiendo de
la manera en que se aplique la ley.
Ello no significa que sea una labor imposible. La Comisión Europea ha tomado la iniciativa de establecer un método de cálculo de costes administrativos (el modelo de cálculo
de costes administrativos netos de la UE), inspirado en las buenas prácticas de Estados
miembros como los Países Bajos y el Reino Unido. Asimismo, la Comisión está examinando costes administrativos de ámbitos políticos determinados como parte del actual
esfuerzo por legislar mejor. Determinará de este modo el porcentaje de los costes administrativos generados por las normas comunitarias y los de aplicación por los Estados
miembros.
El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
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Cálculo de los costes del «papeleo»
Antes de presentar la propuesta de reforma de la reglamentación del sector
químico (REACH) se analizaron los potenciales costes administrativos de tal
propuesta. La evaluación de impacto consideró:
➢ El número de días/personas necesario en cada fase: cumplimentar los
formularios de registro y autorización, reuniones para discutir medidas de riesgo,
etc.
➢ El coste de cada día/persona, incluidos gastos generales.
Se obtuvo una imagen clara de los costes en el caso de distintos tipos de productos
químicos y distintos tipos de empresas en cada fase del proceso.
4. Simplificar
Dado que el ordenamiento jurídico de la UE se ha desarrollado progresivamente en los
últimos cincuenta años, su complejidad ha aumentado. La Comisión admite que en determinados ámbitos las normas quizá sean demasiado complejas, por lo que ha emprendido un ambicioso programa de revisión de la normativa comunitaria vigente, para
hacerla clara y comprensible, que esté actualizada y sea fácil de utilizar. El programa
cubre más de 200 normas. Inicialmente incluye los sectores del automóvil, los residuos
y la construcción. Continuará con otros sectores: productos alimenticios, cosméticos,
productos farmacéuticos y servicios. La Comisión también se propone reducir la carga
administrativa, sobre todo de las pequeñas empresas, simplificando la cumplimentación
de formularios con fines estadísticos o modernizando el código aduanero para facilitar
el intercambio electrónico de datos. Este proceso requiere modificar el ordenamiento, lo
que a su vez exige el acuerdo del Consejo y el Parlamento Europeo. Así pues, el éxito de
este esfuerzo de simplificación depende de todas las instituciones europeas.
Automóviles: ¿reducir la acumulación reguladora?
El Grupo de alto nivel CARS 21 examinó las normas con una incidencia importante
en la competitividad de la industria del automóvil europea y aprobó algunas
recomendaciones que, en general, aspiran a aumentar la competitividad general y
el empleo de la industria apoyando a su vez otros avances en materia de seguridad
y rendimiento ambiental a un precio asequible a los consumidores. El grupo
recomendó reemplazar 38 directivas comunitarias por normas internacionales. En
el caso de otras 25 directivas, propuso que se permitiese a los fabricantes utilizar
autoensayos o ensayos virtuales en el caso de algunos productos relacionados con
vehículos. Recomendó la derogación de una directiva. El grupo también propuso
una serie de principios destinados a legislar mejor que deberían aplicarse al proceso
regulador del sector del automóvil.
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El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
¿Qué se puede abandonar? Derogación de leyes
No cabe duda que, a lo largo del tiempo, algunas normas pueden quedar anticuadas u
obsoletas. Hay que examinar el ordenamiento jurídico vigente con regularidad para poder derogar esas normas. La Comisión está haciendo uso de las cláusulas de expiración o
de revisión para que este tipo de examen se convierta en práctica habitual.
Responder al cambio
A veces hay que derogar normas debido a que las circunstancias cambian. Una
directiva encaminada a clasificar madera —definir la calidad, tamaño de los nudos
y diámetro de la madera en bruto— queda gradualmente obsoleta a medida
que evoluciona el mercado. Otras veces, tiene más sentido recurrir a medidas
alternativas. Por lo que se refiere a la homologación de automóviles, de las 56
directivas comunitarias se derogarán 28, las cuales serán reemplazadas por la
normativa de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE).
En 2005, la Comisión revisó todas las propuestas pendientes ante el Consejo y el Parlamento Europeo que habían sido adoptadas por la Comisión antes de 2004 para asegurarse de que se ajustaban a prioridades actuales y habían sido objeto de una evaluación
de impacto suficientemente rigurosa. La Comisión decidió que 67 de las propuestas pendientes ya no eran pertinentes y podían retirarse.
¿Qué se puede hacer para que las leyes sean más comprensibles y accesibles?
La UE está haciendo grandes esfuerzos por codificar y, en caso necesario, refundir la
legislación. La codificación significa reunir en una sola norma todas las modificaciones
adoptadas en distintas ocasiones, lo cual contribuirá a reducir el volumen de la normativa de la UE, elaborar textos más legibles y jurídicamente más claros, y facilitar su transparencia y ejecución. Cuando se revisan las normas y sus modificaciones, salen a la luz
incoherencias existentes en una de las normas o entre varias de ellas. Por ello, además de
reunir las modificaciones en un texto consolidado, a veces es necesario revisar la norma,
lo que se denomina refundición.
El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
13
Hacer lo mismo pero de manera más sencilla
La codificación de las normas relativas a los productos cosméticos permitió reunir
45 normas distintas en una sola directiva, lo que facilitó enormemente la gestión
y la accesibilidad. La normativa relativa a la salud y la seguridad en el trabajo
constituye otro ejemplo, ya que el examen de 20 directivas permitirá también
racionalizar los requisitos de notificación.
La accesibilidad puede mejorarse de distintas maneras. El nuevo sitio Internet EUR-Lex
facilita a los ciudadanos el acceso a todas las normas y tratados de la UE, así como a
acuerdos internacionales, preguntas parlamentarias, jurisprudencia y la mayor parte de
los diarios oficiales.
5. Estudio de alternativas
Existen alternativas a la regulación. La corregulación (encargar el logro de los objetivos
establecidos en las normas a, por ejemplo, interlocutores sociales u organizaciones no
gubernamentales) y la autorregulación (acuerdos voluntarios entre entidades privadas
para solucionar conflictos mediante compromisos) pueden ser una manera más rentable
y efectiva de abordar determinados objetivos políticos que los instrumentos jurídicos
clásicos.
Nuevo enfoque respecto a las normas. Corregulación clásica
Las directivas de «nuevo enfoque», cimentadas en la normalización de requisitos
técnicos por organismos independientes, constituyen un ejemplo conocido de
instrumento de corregulación. En el caso de muchos productos industriales y de
consumo, la marca «CE» prueba que han sido certificados y se pueden comercializar
en la UE. La normativa de la UE solo establece requisitos de certificación y
mandatos que deben cumplir las entidades privadas. Miles de productos
industriales se regulan de este modo.
¿Por qué la misma norma es aplicada de maneras tan diversas?
¿No puede utilizarse la misma norma en toda la UE
Existen distintos tipos de normas europeas. Los Estados miembros convierten las directivas en derecho nacional, lo que permite la adaptación de las normas a las circunstancias nacionales. Los reglamentos, por otra parte, son directamente aplicables en cada
Estado miembro, lo cual significa que en cada uno de ellos se aplica exactamente la
misma norma. En determinadas circunstancias, la sustitución de directivas por regla-
14
El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
mentos puede constituir una simplificación, puesto que los reglamentos permiten una
aplicación inmediata, garantizan que todos los agentes estén sujetos simultáneamente
a las mismas disposiciones y centran la atención en el cumplimiento concreto de las
normas de la UE.
¿Se presta atención suficiente a cómo van a aplicarse las normas
en los Estados miembros?
La aplicación correcta de las normas europeas es una alta prioridad y la única
manera de asegurar la eficacia real de las políticas, esto es, que cambian la situación
sobre el terreno. Al analizar consecuencias futuras, la Comisión no solamente mira
hacia adelante, sino que también observa el impacto de las políticas europeas
sobre el terreno.
¿Hacia dónde nos dirigimos?
Legislar mejor es un proceso. Constituye una de las prioridades clave de la Comisión Europea, que está realizando un gran esfuerzo por mejorar la calidad de las normas vigentes y asegurar una base analítica sólida para la adopción de decisiones sobre la legislación
futura. La Comisión, sin embargo, no puede mejorar el marco regulador por sí sola. El
Consejo y el Parlamento Europeo deben participar a fin de garantizar una legislación de
calidad como resultado del proceso legislativo, de conformidad con las aspiraciones de
legislar mejor compartidas por todas las instituciones europeas. En la misma línea deben
actuar los Estados miembros al ejecutar las acciones de la UE.
Actuar concertadamente
El Parlamento Europeo busca activamente el modo de mejorar la elaboración de
políticas y en 2006 ha adoptado varios informes sobre aspectos relacionados con
legislar mejor.
El Consejo de Ministros desea igualmente mantener el impulso para legislar mejor,
y sucesivas Presidencias (el Estado miembro que preside el Consejo por un período
de seis meses y elabora el programa de trabajo) han anunciado su intención de
trabajar en la mejora de la elaboración del Derecho europeo.
A los Estados miembros incumbe esencialmente legislar mejor, ya que
son responsables de la aplicación y, en el caso de las directivas, de la
➥
Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo han convenido que realizarán
una evaluación de impacto cuando soliciten modificaciones sustanciales de las
propuestas de la Comisión.
El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
15
➥
transposición de la legislación comunitaria a nivel nacional. Por tanto, los resultados
de legislar mejor dependen en gran parte de ellos. En general, la mayoría de los
Estados miembros buscan activamente maneras de reducir el papeleo y analizar
con mayor precisión el impacto de las leyes y regulaciones..
Legislar mejor también tiene una dimensión exterior importante. En un mercado global,
las normas desarrolladas en distintos lugares tienen implicaciones para la industria y
el comercio europeos y las normas aplicadas en otros mercados pueden tener consecuencias para los productos importados y los servicios en Europa. La cooperación y el
diálogo internacionales son esenciales no solo para lograr altos niveles de protección
de los consumidores, medioambiental y social, sino también desde una perspectiva empresarial. Al igual que el impulso de crear el mercado único en Europa se alimentó en
parte del deseo del mundo empresarial de eliminar pequeñas diferencias innecesarias en
la reglamentación entre Estados miembros, la cooperación internacional en materia de
regulación está motivada por el deseo de reducir y eliminar el papeleo innecesario entre
socios comerciales.
Compartir experiencias
Europa puede también obtener beneficios del intercambio de experiencias y
buenas prácticas con socios internacionales. La Comisión celebra reuniones
regulares sobre cuestiones de regulación con socios comerciales clave de Europa y
ha aprovechado ese diálogo para determinar buenas prácticas de regulación.
Los EE.UU., por ejemplo, tienen gran experiencia en el estudio de las consecuencias
de la reglamentación propuesta por las agencias federales. Ese control regulador
depende de la Office of Information and Regulatory Affairs (parte de la Oficina de
Gestión y Presupuesto, adscrita a la Casa Blanca). Las agencias federales deben
hacer un análisis de todas las acciones reguladoras económicamente importantes.
El ámbito del enfoque estadounidense difiere del europeo: hace hincapié en los
actos ejecutivos en lugar de en las normas de base y se centra en un análisis coste/
beneficio en vez de en un análsis más amplio de opciones de medidas. Dicho esto,
el enfoque estadounidense ofrece perspectivas interesantes.
16
El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
Legislar mejor es un proceso continuo que continuará
La elaboración de buenas disposiciones legales y reglamentarias es un desaf ío: es necesario que los poderes públicos a todos los niveles proporcionen a ciudadanos y consumidores la seguridad que esperan, y creen a su vez condiciones que permitan a las empresas competir más eficazmente y ser más innovadoras en un entorno global altamente
competitivo. La Comisión Europea se ha comprometido a esforzarse por alcanzar la
excelencia en la adopción de políticas y legislación. En los últimos años se ha avanzado
bastante pero queda mucho por hacer. La Comisión Europea continuará trabajando en
estrecha colaboración con las demás instituciones europeas, los Estados miembros y las
autoridades regionales y locales con objeto de responder a este desafío.
Para mayor información:
Sitio Internet de la Comisión Europea «Legislar mejor»:
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index.en.htm
Sitio Internet de la Comisión Europea «Evaluación de impacto»:
http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
Sitio Internet la Comisión Europea «Sociedad civil»:
http://ec.europa.eu/civil_society/index_en.htm
Sitio Internet de EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Comisión Europea
El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
2006 — 16 pp. — 17,6 x 25 cm
ISBN 92-79-02466-3
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