27 de enero 2015 Abog. Óscar Fernando Chinchilla Fiscal General de la República Tel. (504) 2221-5665 Correo electrónico: [email protected] Estimado Abog. Oscar Chinchilla: El 5 de enero de este año Juan Francisco Martínez, miembro del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH), fue encontrado asesinado en su comunidad de Tapuyman en Santa Elena, La Paz, Honduras. Según el Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo de la Comunidad (CEHPRODEC), su cuerpo fue encontrado con marcas de quemaduras y sus manos atadas con cordones de botas militares. Con base en esta evidencia, se cree que Juan Francisco fue asesinado. Desde agosto, la familia de Juan Francisco también ha recibido repetidas amenazas de violencia. Las organizaciones e individuos aquí suscritos comparten la preocupación de organizaciones hondureñas que el asesinato de Juan Francisco fue resultado directo de sus esfuerzos en defensa de la tierra indígena colectiva. En particular, la organización a la que pertenecía, el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH), se ha opuesto activamente a un proyecto de energía hidroeléctrica de alto perfil lo cual ha hecho de la organización y sus partidarios blancos de asesinatos y víctimas de amenazas de muerte, secuestros y actos de vandalismo. La presa de Los Encinos SA es parte de un proyecto de energía financiado por Gladys Aurora López, diputada del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso hondureño. El permiso para la construcción del proyecto se concedió sin el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad afectada. Se trata de una violación flagrante de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que Honduras ha ratificado, así como del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otras jurisprudencias internacionales. Este no es un incidente aislado. El asesinato de Juan Francisco y la lucha de MILPAH son emblemáticos de los conflictos en toda Honduras que las comunidades indígenas y campesinas enfrentan con la imposición de proyectos hidroeléctricos, mineros y otros proyectos extractivos. Esta situación se ha agravado hasta llegar al punto de crisis desde el derrocamiento en 2009 del presidente Manuel Zelaya por sectores del Congreso Nacional y militares hondureños con la ayuda de los Estados Unidos y el apoyo tácito de Canadá. Observadores internacionales han ondeado una bandera roja por el continuo apoyo que el partido gobernante de Honduras ha recibido después de las elecciones nacionales controvertidas de noviembre de 2013. El escrutinio continuo es en respuesta a la crisis de derechos humanos actual en la que las ejecuciones extrajudiciales, la detención ilegal, la criminalización de protestas pacíficas, y la revocación de títulos de propiedad emitidos por el gobierno a las comunidades indígenas y campesinas se han convertido en abusos cotidianos. Esta campaña de terror y el contexto de impunidad en la que se está llevando a cabo son inaceptables. El asesinato de Juan Francisco Martínez, junto con las amenazas contra su familia y MILPAH son una prueba más de la relación antagónica entre las fuerzas del Estado y el pueblo hondureño. Condenamos este ataque como un acto de intimidación y terror en nombre de las empresas que obtuvieron ilegítimamente permisos o concesiones con absoluto desprecio hacia la resistencia pacífica de grupos comunitarios. En solidaridad con la familia de Juan Francisco, MILPAH y otras organizaciones hondureñas, instamos al Ministerio Público de Honduras llevar a cabo una investigación completa e imparcial de los hechos asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia. También pedimos que la Oficina de Medicina Forense del Ministerio Público de cuenta inmediata de los resultados de la autopsia del cuerpo de Juan Francisco a MILPAH y a CEHPRODEC las cuales proporcionan asistencia legal a la organización, y que luego pongan esta información a disposición del público. También exigimos que se garantice la seguridad de aquéllos que están en riesgo de nuevos ataques, incluyendo la familia de Juan Francisco y otros miembros de MILPAH. Esta protección debe ocurrir de acuerdo con las solicitudes de las comunidades afectadas y no en los términos de los funcionarios locales o de las fuerzas armadas de la zona. Gracias por su atención inmediata a este asunto, Other Worlds, U.S. Latin American Solidarity Committee, Milwaukee, U.S. School of the Americas Watch - San Francisco, CA School of the Americas Watch - Oakland, CA Rights Action, US and Canada Alliance for Global Justice, Tucson, AZ Nicaragua Network, Tucson, AZ Nicaragua Center for Community Action, Berkeley, CA. Environmental Network for Central America (ENCA), United Kingdom VOZ Geographic Information Systems, United Kingdom Mining Watch, Ottawa, Canada. La Voz de los de Abajo, Chicago, IL Task Force on the Americas, Marin County, CA Bay Area Latin American Solidarity Coalition, Bay Area, CA Veterans for Peace / Chapter 021 (Northern New Jersey) RightonCanada.ca, Ottawa, Canada SOA Watch Equipos Norte y Sur, Washington, DC & Barquisimeto, Venezuela Agricultural Missions, Inc. Wisconsin Resources Protection Council, Tomahawk, WI Institute of Latin American Studies, Student Association, University of Texas, USA. National Lawyers Guild, USA Chicago Religious Leadership Network on Latin American (CRLN), Chicago, IL St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America Portland Central American Solidarity Committee (PCASC), Portland Common Frontiers, Ottawa, Canada. Midwest Coalition Against Lethal Mining (MCALM), Madison, WI Asociación Americana de Juristias (American Association of Jurists), New York, NY Casa Maria Catholic Worker Community, Milwaukee, WI CC: Dra. Julissa Villanueva, Directora de la Dirección General de Medicina Forense Tel (504) 22311722 / 22356321 Correo electrónico: [email protected] Gral. Julian Pacheco Tinoco Ministro de Seguridad, Honduras El Ocotal, Comayaguela M.D.C. antiguo Local de Academia de Policía (ANAPO) 2229-0172 / 2229-0049 / 2229-0003 / 2265-7519 Dr. Roberto Herrera Cáceres Comisionado Nacional de Los Humanos en Honduras Colonia Florencia Norte, Boulevar Suyapa, Tegucigalpa, Honduras C.A. Telefax: 2231-0204, 2231-0882, 2235-7697, 2235-3532 Correo Electrónico: [email protected] Stuart D. Tuttle Political Counselor Embassy of the United States of America Avenida La Paz, Apartado Postal 3453 Tegucigalpa, Honduras. [email protected] Amanda Johnson Miller Human Rights Officer US Embassy in Tegucigalpa [email protected] Anya Glenn Director Program Office, USAID Honduras U.S. Agency of International Development Avenida La Paz, P.O. Box 3453 Frente a la Embajada Americana Tegucigalpa, Honduras [email protected] US State Department, Washington, DC U.S. Congressional Offices Canadian Embassy in Costa Rica PO Box: 351-1007, Centro Colón San José, Costa Rica [email protected] Mr. Don Davies MP Vancouver Kingsway, Canada Critic for International Trade, NDP [email protected] Mr. Randy Hoback MP, Prince Albert, Canada Chair, Standing Committee on International Trade [email protected] Russ Hiebert MP South Surrey, White Rock, and Cloverdale Standing Committee on International Trade [email protected] [email protected] Erin O’Toole MP Durham Standing Committee on International Trade Erin.o’[email protected] Craig Scott MP Toronto-Danforth [email protected]
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