1. Espiritual

FUNDACIÓN 1 DE MAYO
67 • ENERO 2015
REVISTA
estudios y cultura
Artículos de Bruno Estrada, Fernando Rocha, Alicia Martínez, Luis de la Fuente y Jesús Cruces
Año 7 después de la crisis: Más pobres, con
mayor desigualdad, con menor protección social
SUMARIO
• ANÁLISIS | Javier Doz: En el comienzo de un año de
cambios profundos.
• El 24 de enero, 38 aniversario Abogados de Atocha.
• Ignacio Fernández Toxo y Fernando Lezcano:
Reforma de la Constitución: una reforma inaplazable.
• Carlos Martín Urriza: Los presupuestos impulsarán
debilmente el crecimiento.
• Javier Doz: Grecia en la crisis europea.
• Félix Ovejero: Nueva Agenda de Desarrollo 2015.
• Pepe Gálvez: Esto no es una pipa o la risa también es
cuestión de poder.
• Mireia Morán: El ostracismo es una de las pautas
reconocidas en los manuales de prevención de acoso
laboral.
• Jaime Ruiz: No esperemos otros 40 años a ejercer el
derecho a la verdad.
• Antonio José Marques: La Comisión Nacional de la
Verdad en Brasil y el protagonismo de los
trabajadores por memoria, verdad, justicia y
reparación.
SECCIONES
• Centro de Documentación y Biblioteca
• Los datos tienen la palabra
REVISTA ‘ESTUDIOS y CULTURA’ | Consejo de Redacción: José Babiano, Ramón Baeza, Jesús Cruces, Bruno Estrada, Ana
Fernández Asperilla, Pepe Gálvez, Amaia Otaegui, Carmen Rivas, Fernando Rocha y Juan Vargas.
Fundación 1º de Mayo. Centro Sindical de Estudios de CCOO. C/ Longares,6. 28022 Madrid. Tel.: 913640601. Fax: 913640838
| www.1mayo.ccoo.es | [email protected]. ISSN: 1989-4724
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Javier Doz | Presidente de la Fundación 1º de Mayo
En el comienzo de un año de cambios profundos
N
o es aventurado afirmar que el año 2015 no
va a ser uno más en la historia de España y
de Europa. Son muchos los adjetivos que están siendo usados para calificarlo: decisivo, crítico,
etc. Yo he preferido poner título a estas líneas desde
el “optimismo de la voluntad”. Dada la situación
que vive España y Europa (también el mundo, pero
prefiero acotar el alcance de mi reflexión) habría
que promover y canalizar la energía positiva que
sin duda existe en nuestro pueblo y en los pueblos
europeos para que surja la fuerza necesaria para
cambiar el rumbo económico, social y político y
salir de las profundas crisis que padecemos.
Son muchos los hechos importantes que vamos
a vivir. En España, 2015 va a ser el año electoral
más intenso desde 1977. La Unión Europea tiene
sólo en los días en que se cierra la edición de esta
Revista dos fechas muy señaladas en relación con
su imprescindible cambio de rumbo: el 22, el BCE
ha acordado, por fin, comprar deuda de los Estados
de la zona euro, y, el 25, Grecia celebrará elecciones
anticipadas. ¿Cuál va a ser el impacto de los atentados del 7 de enero, en París, contra Charlie Hebdo
y un supermercado judío en las poliédricas crisis
política y social europeas? En el mes de septiembre,
también en París, la CES reunirá, en congreso, a
los sindicatos europeos. El cómo salir de la crisis,
el modelo de Europa por el que deben luchar los
trabajadores y el cómo reforzar y renovar el sindicalismo europeo para conseguirlo, deberían centrar
sus debates.
A las previstas elecciones municipales y autonómicas de mayo y generales de noviembre, se
unen las “plebiscitarias” de septiembre en Cataluña
-a través de las cuales el independentismo catalán
pretende imponer, unilateralmente, la separación
de Cataluña de España-, y, posiblemente, las autonómicas andaluzas en marzo. El Gobierno de Rajoy
y el PP lo fían todo a la mejora de la situación económica para evitar que su seguro descenso electoral
sea estrepitoso. Frente a los casos de corrupción
que apuntan, ya con el dedo de jueces instructores
y fiscales, a su cúpula (casos Gurtel y Bárcenas), o
frente al desafío del independentismo catalán, el
Gobierno se mantienen en la inmutabilidad o el
“dontancredismo”.
La EPA del 4º trimestre de 2014, aún su lectura
más positiva -477.900 parados menos en el añono puede ocultar el repunte trimestral del paro +30.100- y que las dos cifras principales resultantes
-5.457.700 parados, el 23,7% de la población activa- hagan de España el país de la UE con mayor
número de parados, con una tasa que dobla ampliamente la media europea. Cuando la OIT acaba
de pronosticar que el paro no bajará del 21% hasta
2019, no hay triunfalismo alguno que hacer con
estas cifras. Sobre todo cuando hay más trabajadores con empleo, sí, pero trabajando menos horas
y de forma más precaria.
Tampoco pueden ser materia de propaganda
electoralista las cifras de crecimiento económico,
aunque sean mejores y haya que alegrarse por ello.
En uno de los artículos de este número, dedicado
a analizar cómo está España después de siete años
de crisis, se muestra el trecho que nos queda para
D
ada la situación que vive España
y Europa habría que promover y
canalizar la energía positiva que
sin duda existe en nuestro
pueblo y en los pueblos europeos.
alcanzar la riqueza que teníamos en 2007. Pero los
estragos son mucho más graves en los campos laboral y social Así lo muestran todos los indicadores:
salarios, precariedad, protección social, estado de
los servicios públicos, pobreza, desigualdad, etc.
Otros dos artículos se dedican a analizar estos campos.
El BCE acaba de aprobar un programa de “expansión cuantitativa”. La cuantía es importante
(más de un billón de euros y de lo previsto), pero
las concesiones a Alemania, como siempre, le hacen
restar eficacia para ayudar a los Estados que más
lo necesitan. Tal es el caso de condiciones como
que las compras sean proporcionales al peso en
PIB de cada país, o que no se compren bonos con
las calificaciones crediticias más bajas, lo que impediría, de entrada, comprar los griegos, chipriotas
y portugueses. Tampoco es aceptable, en una moneda única, el que el 80% de la operación deba ser
garantizada por los bancos centrales nacionales.
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Pero como afirmó el propio Mario Draghi, en
la reunión anual de banqueros centrales de Jackson
Hole el pasado mes de septiembre, no basta la política monetaria para enfrentarse al peligro bien
real que tiene la zona euro de estancamiento y recesión. Se necesitan políticas fiscales y de inversión.
Y el Plan Juncker está muy lejos, por su cuantía
global, por su nula financiación pública nueva y
por el modelo de generación de inversiones que
preconiza, de representar lo que la UE necesitaría.
Tampoco hay voluntad de coordinar estímulos fiscales de la demanda cuando el primer país que debería hacerlo, Alemania, tiene como objetivo mantenerse en el déficit presupuestario cero, ya
alcanzado.
Tanto o más que el terreno económico, la quiebra
del liderazgo político europeo se manifiesta en la
incapacidad de enfrentarse a la crisis política que
vive la UE, por su ineficiente y poco democrático
funcionamiento y por su incapacidad de enfrentar
un proyecto político coherente y cohesionador al
avance de los nacionalismos, los extremismos o
populismos de derechas y el euroescepticismo, casi
siempre teñido de xenofobia. La UE sólo puede
salir de su crisis política con más Europa en una
orientación más democrática y más socialmente
avanzada. Pero la Comisión Junker prefiere transitar por la renacionalización de políticas (programa REFIT).
Otro ejemplo de mala orientación lo da una parte
de la respuesta a los atentados de París. Pasado el
buen gesto de la presencia de los líderes europeos
en la impresionante manifestación del pueblo francés en rechazo del terrorismo y el antisemitismo y
en defensa de la libertad de expresión, ya se anuncian medidas que pueden restringir los derechos y
libertades de todos los ciudadanos, incluida la de
expresión. Sin embargo, atentado tras atentado,
desde el 11 de septiembre de 2001, se viene constatando que el principal problema para una lucha
antiterrorista más eficaz es la persistente descoordinación de policías y servicios de información,
dentro de cada país y, no digamos, entre países.
¿Por qué no se adoptan, lo primero, las medidas
necesarias para acabar con este gravísimo problema de la lucha antiterrorista?
El cómo enfrenten los responsables políticos europeos y los principales gobiernos del continente,
empezando por el alemán, una posible victoria de
Syriza, el próximo domingo, puede ser la piedra
de toque para saber si la UE tiene futuro o se precipita hacia su final.
España necesita un cambio profundo en su política económica y social. La mejora de la demanda
interna debe cimentarse en mejores salarios y empleos de más calidad, inversión pública, y más y
más barata financiación de las PYMES. La inversión debe hacerse con unos objetivos de cambio
de modelo productivo en la cabeza al tiempo que
se prioriza la inversión en educación y formación
profesional e I+D+i.
Pero España también necesita enfrentarse sin
demora a su crisis política que tiene dos factores
principales: la territorial y del modelo de Estado y
la del descrédito y deslegitimación de las instituciones democráticas por la acción combinada de
empobrecimiento, desigualdad, corrupción y mal
L
a mejora de la demanda interna
debe cimentarse en mejores
salarios y empleos de más calidad,
inversión pública, y más y más
barata financiación de las Pymes.
gobierno. Hasta ahora lo han dicho las encuestas.
A lo largo de los procesos electorales del 2015 lo
dirán las urnas, con el fin más que probable del bipartidismo imperfecto que nos legó la transición,
con Podemos y, en menor medida, Ciudadanos
como agentes principales de esa ruptura.
Una de las componentes –no la única, desde
luego– de cualquier alternativa a la crisis política
española debería ser la reforma de la Constitución. El artículo de Ignacio Fernández Toxo y Fernando Lezcano que sobre esta cuestión reproducimos se sitúa, a mi juicio, en ese camino necesario
de la reforma en profundidad, alejado tanto de la
opción de los “leves retoques imprescindibles” como
de la tabla rasa de la apertura de un proceso constituyente. También nos recuerdan, era necesario,
todo lo bueno que conserva la Constitución de 1978.
Ante los cambios que van a alterar el panorama
político de España y de Europa, el reto de las fuerzas políticas y sociales es lograr que dichos cambios
no nos precipiten hacia un escenario de inestabilidad permanente sino que fundamenten un cambio
de rumbo hacia lo que reclaman las grandes mayorías: sociedades más justas, más igualitarias y
más democráticas. Los lemas de la Revolución
Francesa -libertad, igualdad y fraternidad- que volvieron a escucharse en las calles de París el 11 de
enero siguen teniendo plena vigencia. 3
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Atocha
Jorge M. Reverte | EL PAÍS, 22 ENE 2015
H
El 24 de enero, 38 aniversario
de los Abogados de Atocha
El 24 de enero de 1977, hace ya 38 años, un grupo
de pistoleros de extrema derecha irrumpieron en
el despacho de abogados laboralistas de CCOO y
del PCE situado en el número 55 de la calle Atocha y ametrallaron a las nueve personas allí presentes.
Fallecieron los abogados: Javier Sauquillo Pérez del Arco, Luis Javier Benavides Orgaz, Enrique Valdelvira Ibañez, Serafín Holgado de Antonio y el sindicalista Ángel Rodríguez Leal.
Resultaron gravemente heridos: Alejandro RuizHuerta Carbonell, Mª. Dolores González Ruiz,
Luis Ramos Pardo y Miguel Sarabia Gil.
Premios ‘Abogados de Atocha’. El Patronato de la
Fundación Abogados de Atocha de CCOO, ha
acordado premiar y reconocer en esta 11ª edición
a la jueza María Servìni, la jueza de la Querella
Argentina contra los crímenes del franquismo y
a los actores Juan Diego y Concha Velasco, que
recogerán el galardón en representación de los
artistas que protagonizaron la Huelga de Actores
de 1975.
ace ya 38 años que una banda de pistoleros fascistas asesinó en un despacho laboralista de la calle Atocha
de Madrid a cinco de sus trabajadores e hirió
gravemente a otros cuatro. Atocha fue para
España lo que Charlie Hebdo ha sido para
Francia, aunque las connotaciones son muy
distintas.
Atocha en 1977 era una calle que olía a calamares. Desde la estación, pasando por debajo
del escalextric, hasta después de Antón Martín, los bares, más que en toda Escandinavia
junta, le daban ese aroma que comenzaba y
todavía comienza en El Brillante y se cerraba
cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Atocha olía entonces a trabajador del metal
y de la construcción. Y olía a comunista. En
aquel piso del número 49, los fascistas dieron
sin quererlo la gran oportunidad para que la
hoy denostada Transición se pudiera acometer
con éxito.
¿Cómo se puede decir, si uno es un bien nacido, que aquello fue un pacto de élites? ¿Cómo
se puede decir eso de un proceso que se cimentó en la sangre de toda aquella gente?
Porque Atocha sigue oliendo a calamares y
todavía huele algo a una cosa que parece del
pasado: a clase obrera, a trabajadores organizados, a gente que les defienda de una reforma
laboral que tiene solo una cara: el abaratamiento de la mano de obra.
Dentro de dos días se conmemora el aniversario de aquella matanza. El edificio está vacío
a la espera de una declaración de ruina, y el
monumento basado en un cuadro de Genovés
aparece cada día cubierto de pintadas que ignoran qué significa.
Pongámonos en lo peor, en que nada de
todo aquello haga falta. Nos ponemos en eso,
pero también en que en ese sitio habitaban la
solidaridad y el ansia de libertad de todo un
pueblo.
Hoy je suis CC OO.
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Ignacio Fernández Toxo| Secretario General de la Confederación Sindical de CCOO
Fernando Lezcano| Secretario de Organización y Comunicación de la Confederación Sindical de CCOO
Reforma de la Constitución:
una reforma inaplazable
S
on muchas las voces que desde hace un
tiempo vienen planteando la necesidad de
una reforma constitucional.
Salvo el partido en el Gobierno –noqueado ante
una realidad adversa en todos los frentes y sustanciada en unas expectativas electorales que ni
la campaña propagandística sobre la inmediatez
de la salida de la crisis puede enderezar– la
mayoría de fuerzas políticas, sindicales y sociales
vienen haciéndose eco de la necesidad de una reforma constitucional que a estas alturas se presenta como inaplazable.
Bien es cierto que las motivaciones que llevan
a un planteamiento de esta naturaleza y la finalidad de las mismas son diversas.
Una de las que más resonancia pública esta alcanzando se justifica ante la dimensión que la
reivindicación independentista está adquiriendo
en Catalunya, con los antecedentes del Plan Ibarretxe y las dinámicas que el éxito de la misma
podría desencadenar. Está clara la motivación
pero no su objetivo último, ¿regular un encaje diferente de Catalunya en España por la vía de un
reconocimiento del hecho diferencial, modelo
Euskadi-Navarra? ¿O se trata de una reforma
constitucional que persiga dotar a España de una
configuración Federal? Cabe incluso la posibilidad
de que alguno se plantee la necesidad de la citada
reforma en clave recentralizadora, que de todo
hay.
Otra de las tendencias que más eco está adquiriendo en el debate político es la que parte de considerar que la Constitución del 78 es un “candado”
que hay que romper para, a través de un proceso
constituyente, canalizar la efervescencia de las
demandas de regeneración democrática que con
la crisis económica y la saturación de casos de corrupción se han colocado a flor de piel de una ciudadanía castigada y harta. Esta tesis interpreta la
Constitución como el marco que ha propiciado
un “régimen” que es el causante de todos los males
que padece la sociedad española en el presente.
L
a Constitución de 1978 trajo un
nuevo régimen, pero fué un
régimen democrático,
perfectamente homologable a los
existentes en los países de nuestro entorno,
que enterraba cuarenta años de dictadura
tras fuertes luchas populares en las que los
trabajadores y trabajadoras tuvieron el
mayor protagonismo.
En nuestra opinión, el auge del independentismo en Catalunya es un factor a tener en cuenta
pero no en sí mismo, sino como expresión de un
fenómeno más complejo, a medio camino de una
realidad histórico cultural insuficientemente resuelta en la transición; de una acción de los Gobiernos que se han sucedido desde entonces, que
tanto desde el centro como desde Barcelona, han
venido jugando a los equilibrios inestables en be-
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neficio recíproco; de una instrumentalización, por
unos y otros, del fenómeno para preservar intereses políticos poco confesables, y de una crisis, y
la gestión hecha de ella, que lleva a los ciudadanos
a creer encontrar “salidas” en objetivos sencillos
que concitan fuertes vínculos sentimentales.
La “crisis catalana” pone de manifiesto los límites del modelo territorial consagrado en el Título VIII de la Constitución de 1978, cuando no
el agotamiento del mismo, si bien no es solo por
esto que se justifica ahora la urgencia de la reforma.
De la misma manera pensamos que la visión
adanista hoy de la transición es una aproximación
ahistórica al período en que se tuvo que construir
una democracia después de 40 años de dictadura,
visión que podría inducir a errores futuros.
Es lícito el debate sobre cómo se fraguó la transición, pero una reflexión rigurosa sobre aquel
proceso debe incluir necesariamente una contextualización en la que se tengan en cuenta las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de la sociedad española de entonces y no se
pierda de vista en que términos estaba planteada
la hegemonía social. La referencia a la contextualización no es una excusa para justificar lo que
unos y otros hicimos en aquel momento, sino un
recurso metodológico indispensable en cualquier
aproximación histórica.
La Constitución de 1978, efectivamente trajo
un nuevo régimen, pero fué un régimen democrático, perfectamente homologable a los existentes en los países de nuestro entorno, que enterraba
cuarenta años de dictadura tras fuertes luchas populares en las que los trabajadores y trabajadoras
tuvieron el mayor protagonismo.
No compartimos esa «enmienda a la totalidad»
simplemente porque ni el contexto en el que se
produjo la transición lo podemos obviar, ni es
cierto que el texto constitucional encierre un «régimen» perverso que ha provocado la degradación
política que estamos padeciendo.
Basta con hacer una relectura de la Constitución
despejados de prejuicios para ver que su contenido es avanzado y que ha tenido la virtud de colocarnos en la historia democrática del mundo,
acabando con una tradición de asonadas militares
que nos asemejaba más a los países del sur de
América que a los del norte de Europa.
El deterioro político institucional que sufrimos,
y que con la crisis ha alcanzado niveles desconocidos hasta ahora, no radica en la Constitución
sino más bien en el escaso uso que se ha hecho de
ella. En nuestra opinión, cuando afirmamos que
el entramado político institucional creado en la
transición, con el telón de fondo de la Constitución, está agotado, lo que queremos decir es que
está agotada una forma de hacer política que poco
o nada tiene que ver con los principios constitucionales.
B
asta con hacer una relectura de la
Constitución despejados de
prejuicios para ver que su
contenido es avanzado y que ha
tenido la virtud de colocarnos en la historia
democrática del mundo, acabando con una
tradición de asonadas militares que nos
asemejaba más a los países del sur de
América que a los del norte de Europa.
Basta con recordar el preámbulo de la Constitución para ver la naturaleza de los valores que la
inspiran y observar su vigencia y actualidad:
“– Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a
un orden económico y social justo.
– Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la
voluntad popular.
– Proteger a todos los españoles y pueblos de
España en el ejercicio de los derechos humanos,
sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
– Promover el progreso de la cultura y de la
economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
– Establecer una sociedad democrática avanzada, y
– Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre
todos los pueblos de la Tierra.”
Hoy, a nuestro entender, a esta declaración de
principios le podríamos objetar el uso de un lenguaje poco respetuoso con los aspectos de género,
lo que era habitual en la época en que fue redactada, pero difícilmente podríamos reprocharle
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mucho más, pues afirmaciones como “garantizar
la convivencia democrática; un orden económico
y social justo; que impere la ley como expresión
de la voluntad popular; el respeto a las culturas,
tradiciones, lenguas e instituciones; promover el
progreso cultural y económico para garantizar
una digna calidad de vida; fomentar las relaciones
pacíficas y de cooperación entre los pueblos”, contienen todos los elementos que definen la mejor
tradición del pensamiento democrático en el que
se incluye la izquierda, también aquella más rabiosamente anticapitalista.
El preámbulo constitucional nos parece suficientemente revelador, pero el tratamiento dado
en otros artículos a diversas cuestiones también
nos merece una opinión positiva, difícil de imaginar en contextos de hegemonía conservadora
como los que estamos atravesando.
El reconocimiento del papel de los sindicatos
en los artículos 7 y 28, y a la negociación colectiva
en el artículo 37; el tratamiento dado al derecho
al trabajo y a una retribución digna (art.35), a
una política orientada al pleno empleo, valorando
el papel de la formación y la readaptación profesional (art.40); a un régimen público de Seguridad
Social, a prestaciones suficientes en caso de necesidad, sobre todo de desempleo (art. 41); a una
vivienda digna, donde se habla incluso de regular
la utilización del suelo para evitar la especulación
(art. 47); la regulación de los derechos democráticos de la ciudadanía pudiendo promover Iniciativas Legislativas Populares (art. 87.3) o que las
decisiones de especial trascendencia “puedan ser
sometidas a referéndum consultivo” (art. 92).
El título VII dedicado a Economía y Hacienda
merece una mención especial por lo que supone
de contradicción flagrante entre lo que postula la
Constitución y las políticas implementadas por
los sucesivos gobiernos que se han alternado en
estos años de vida democrática.
En el artículo 128.2 se reconoce el papel de la
iniciativa pública en la actividad económica; en
el 129 se habla de facilitar el acceso de los trabajadores a los medios de producción; en el 131.1 se
recoge que el Estado podrá planificar la actividad
económica y el punto 2 de este mismo artículo
contempla la participación de los sindicatos en
esta tarea.
Los artículos citados son expresión de una determinada correlación de fuerzas en el momento
de negociar los contenidos constitucionales que
definen el carácter de economía social y de mercado que caracteriza a la Constitución del 78, que
marcan su carácter avanzado y que no pueden
ser minusvalorados y mucho menos despreciados.
Otra cosa es, como decíamos más arriba, la acción de gobierno y como ésta se ha alejado progresivamente de los preceptos constitucionales.
O
tra cosa es la acción de gobierno
y como ésta se ha alejado
progresivamente de los
preceptos constitucionales. Los
ejemplos son muchos y difícilmente
discutibles, pero por citar solo uno, nos
podemos referir a la liberalización del
suelo promovida por el Gobierno de Aznar,
liberalización que animó una especulación
sin precedentes (justo lo que la
Constitución pretende evitar) que en gran
medida fue la causante de la burbuja
inmobiliaria que está en el origen de la
devastadora crisis por la que todavía
transitamos.
Los ejemplos son muchos y difícilmente discutibles, pero por citar solo uno, nos podemos referir
a la liberalización del suelo promovida por el Gobierno de Aznar, liberalización que animó una especulación sin precedentes (justo lo que la Constitución pretende evitar) que en gran medida fue
la causante de la burbuja inmobiliaria que está
en el origen de la devastadora crisis por la que todavía transitamos.
En definitiva, para nosotros la Constitución,
pese a insuficiencias evidentes incluso en el momento de su aprobación, como son la forma de
Estado o el mal resuelto modelo territorial, ha jugado un papel fundamental. Ha contribuido a alejar la negra noche del franquismo, ha asentado
un sistema democrático, ha permitido un nivel
de desarrollo económico sin precedentes, avances
en educación y en salud que nos han aproximado
a estándares europeos…
Nuestra permanente crítica a las insuficiencias
de nuestro modelo económico y social, no puede
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 8
llevarnos a negar lo que es una realidad poco discutible a poco que se tenga perspectiva histórica.
Los que vivimos y luchamos por los derechos democráticos antes y lo seguimos haciendo después,
sabemos de lo que hablamos.
El deterioro institucional que sufrimos no se
debe tanto al “encorsetamiento” que algunos le
atribuyen a la Constitución, como a la combinación de una serie de factores:
La apuesta de los sucesivos gobiernos por un
crecimiento económico acelerado sobre una base
tan perversa como la del todo vale; a unas maneras de ejercer la acción política que ha tratado a
los ciudadanos y ciudadanas como estúpidos y
cuya consecuencia ha sido el progresivo alejamiento de éstos del hecho público; a la connivencia del poder político con el poder económico que
ha favorecido la utilización reiterada de los espacios de gobierno en beneficio de intereses particulares, corporativos o partidistas, animando una
corrupción que se ha convertido en motivo de escándalo cotidiano; a una gestión de la crisis en la
que los más desfavorecidos han visto como, día a
día, sus condiciones de vida y de trabajo empeoraban mientras las élites económicas y sociales
incluso mejoraban su situación de partida… y a
un modelo electoral que distorsiona seriamente
el sentido del voto que la ciudadanía emite en las
urnas.
Porque quienes han gobernado no han promovido ni la justicia ni el bien común como mandata
la Constitución, sino que se han valido de ésta
para impulsar unas políticas al servicio de un determinado modelo económico a favor de los más
poderosos, unas veces por “solidaridad de clase”
y otras por la ingenuidad de pensar que favoreciendo la riqueza de unos acabarían beneficiándose todos.
No es menor el daño que hace al crédito institucional una forma de gobernar alejada de los
usos democráticos que exigirían una mayor participación de la ciudadanía, no solo en ocasión de
las citas electorales. Solo hay que recordar la
suerte que han corrido las escasas Iniciativas Legislativas Populares, ninguneadas por la fuerza
de mayorías absolutas ganadas gracias a la Ley
D`Hont, que han terminado, a base de Reales Decretos, hurtando también parte de sus funciones
al propio Parlamento.
El reconocimiento del papel jugado por la Cons-
E
l reconocimiento del papel jugado
por la Constitución y la convicción
de que la crisis político
institucional que sufrimos tiene
su origen en otros fenómenos solo
relacionados con ella de forma tangencial,
no impide que consideremos que la
Constitución del 78 responde a un tiempo
que en corto espacio ha cambiado de
manera radical.
titución y la convicción de que la crisis político
institucional que sufrimos tiene su origen en otros
fenómenos solo relacionados con ella de forma
tangencial, no impide que consideremos que la
Constitución del 78 responde a un tiempo que en
corto espacio ha cambiado de manera radical.
La sociedad española ha evolucionado de manera muy significativa en los treinta y seis años
que nos separan de la aprobación de la Constitución. Algunos de los cambios que nos interesan
destacar y que contribuyen a explicar por qué
creemos que debe ser reformada la Constitución
y en que dirección debe abordarse ésta son los siguientes:
- España se incorporó al embrión de la actual
Unión Europea en 1986. Los ocho años transcurridos entre la aprobación de la Constitución y la
entrada en el antiguo Mercado Común, ya supo-
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 9
nen un desajuste cronológico que no se puede dar
por resuelto con la reforma del artículo 13.2 sobre
los derechos de los extranjeros que se acometió
en agosto del 92. Máxime cuando, desde entonces
a esta parte, la Comunidad Europea ha evolucionado de un ámbito para la superación de las barreras comerciales a un proyecto que avanza, con
no pocos tropiezos pero de manera difícilmente
reversible, hacia formas federales.
De un país aislado en todos los órdenes hemos
pasado a estar plenamente integrados en el
mundo y particularmente en Europa, y este hecho
indiscutible requiere ser contemplado como corresponde en el texto constitucional.
- Las nuevas dinámicas económicas y sociales
registradas a lo largo de este tiempo. El modelo
económico concebido en nuestra Constitución se
ha visto pervertido por las sucesivas acciones de
Gobierno. El exponente máximo de esta afirmación lo encontramos en la precipitada y alevosa
introducción de la “regla de oro del pago de la
deuda”, pactada, sin el más mínimo debate y sin
que la ciudadanía pudiese expresarse al respecto,
por los dos partidos mayoritarios. El fondo de la
nueva redacción del artículo 135 antepone el pago
de la deuda a cualquier otra consideración, lo que
es contradictorio con la finalidad última de la
Constitución, que, como hemos visto al citar los
valores recogidos en el Preámbulo de la misma,
debe procurar, antes que nada, el bienestar de la
ciudadanía.
Por su parte, el modelo social configurado en la
actual Constitución nos habla de asegurar unos
ingresos suficientes, sobre todo en situaciones de
desempleo. Con un desempleo que ni en los períodos de bonanza hemos conseguido bajar del 8%
y en la actualidad con más de cinco millones y
medio de personas desempleadas, de las cuales
más de dos millones han dejado de percibir cualquier tipo de ingreso, hace pensar en que la Constitución se queda corta para garantizar unos mínimos de supervivencia.
Algo similar sucede con los elementos que contribuyen a definir el Estado de bienestar. Una sociedad que en tan poco tiempo ha adquirido los
rasgos propios de las sociedades desarrolladas:
caída de la natalidad; envejecimiento de la población que, acompañado de una notable prolongación de la esperanza de vida, ha dejado cortas
las medidas contempladas a este respecto en el
texto constitucional. Ahora no solo podemos abordar la situación de los jóvenes, los “disminuidos
físicos” y de la tercera edad, como se contempla
en los artículos 48, 49 y 50; habría que hacer referencia a los discapacitados físicos, psíquicos y
sensoriales y plantearnos también la protección
de las personas en situación de dependencia.
- El desarrollo económico, que ha coincidido
en las últimas décadas con la eclosión de las tecnologías de la información y la comunicación, definiendo los perfiles de las denominadas socieda-
E
l desarrollo económico, que ha
coincidido en las últimas décadas
con la eclosión de las tecnologías
de la información y la
comunicación, definiendo los perfiles de
las denominadas sociedades del
conocimiento, ha ido conformando una
sociedad muy distinta a la de entonces.
Tenemos una sociedad más formada y
consciente de sus derechos y por tanto más
exigente.
des del conocimiento, ha ido conformando una
sociedad muy distinta a la de entonces. Tenemos
una sociedad más formada y consciente de sus
derechos y por tanto más exigente. Exigencia que
ha crecido a medida que la gestión de la crisis ha
resaltado las desigualdades y ha llevado la corrupción hasta límites insoportables. La tolerancia
hacia este fenómeno se ha agotado y estamos ante
una ciudadanía que ya no está dispuesta a pasar
por alto lo que hasta hace poco disculpaba.
Estamos ante una exigencia de mayor participación democrática que deja corto lo regulado en
el artículo 87.3 sobre la Iniciativa Legislativa Popular y en el artículo 149, cuando al especificar
las competencias exclusivas del Estado, en la 32,
se aborda el recurso a la consulta popular. Consulta negada una y otra vez, no solo ante iniciativas desde las Comunidades Autónomas como
acaba de suceder con Catalunya y Canarias, sino
ante situaciones como la derivada del flagrante
incumplimiento, desde el primer día, por el actual
Gobierno del programa electoral con el que el
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 10
Partido que le da soporte concurrió a las últimas
elecciones.
- Igualmente, la sociedad española, como todas
las que han alcanzado ciertos niveles de desarrollo, ha evolucionado hacia el laicismo. En todo
caso, la realidad multicultural propia de estos
tiempos ha traído consigo una pluralidad de credos religiosos que no se corresponde con lo recogido en la Constitución cuando en el artículo 16.3
se habla de “aconfesionalidad del Estado” y acto
seguido se da un trato privilegiado a la religión
católica. Lo mismo sucede con el artículo 27.3
cuando al regular el derecho a la educación se
contempla el derecho a la formación religiosa,
que está en el origen de un debate permanente
sobre la impartición de la asignatura de religión
católica en los centros educativos públicos.
Los cambios sociológicos han sido de tal magnitud que han afectado a todos los órdenes de las
relaciones sociales y, en esa medida, valores que
tenían un fuerte anclaje en la vinculación entre
iglesia y estado, hasta el punto de condicionar los
usos y costumbres ciudadanas, han sido trastocados. Una sociedad que perseguía la orientación
sexual distinta a la permitida por la iglesia católica
ha pasado no solo a reconocer la libertad sexual
sino a ser una de las que primero ha legislado sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Así no parece muy moderna la definición que se
hace en el artículo 32 del matrimonio como aquella unión entre hombre y mujer.
- La globalización sobre postulados neoliberales
ha contribuido a difuminar las fronteras y ha generado una aculturación de los países que ha animado una reacción de repliegue identitario que
persigue preservar la idiosincrasia que tradicionalmente ha venido definiendo a los pueblos ante
el riesgo de que ésta quede diluida definitivamente. Esta dinámica, también espoleada por la
crisis, ha contribuido notablemente a que el modelo de organización territorial, mal resuelto en
el 78 en lo que concierne a las nacionalidades históricas, haya eclosionado en un auge nunca visto
de la reivindicación independentista en Catalunya.
A la vista de los acontecimientos, parece evidente que el modelo autonómico, regulado en el
Título VIII, si en un momento supuso una solución de compromiso, se ha agotado. El artículo
145.1, que establece que en ningún caso se admitirá la federación de CCAA, se presenta como un
L
a ciudadanía se merece de sus
dirigentes la altura de miras
suficiente como para, tejiendo los
consensos necesarios, desde la
máxima participación de la ciudadanía,
cerrar un ciclo que muestra claros
síntomas de agotamiento, para poder
inaugurar otro nuevo y prolongado de
renovada convivencia.
corsé que la realidad se encarga de reventar y lo
mismo sucede con la distribución de competencias asignadas a las CCAA y las que son exclusivas
del Estado. Antes al contrario, a estas alturas,
para nosotros es indispensable reconocer el agotamiento del modelo y hay que hacerlo más
pronto que tarde si no queremos alimentar por
acción u omisión la reivindicación independentista. Las legítimas aspiraciones a la asunción de
mayores cotas de autogobierno por parte de los
pueblos que conforman el Estado español pueden
y deben ser reguladas dotándonos de un modelo
federal.
- En este tiempo, España ha entrado en las
alianzas militares y aunque lo hizo de forma engañosa por el primer gobierno del PSOE y contra
una gran oposición ciudadana, lo cierto es que
este hecho ha contribuido a cambiar de manera
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 11
radical el concepto de defensa. Del ejército de levas se ha pasado a un ejército profesional y de un
ejército concebido para defender militarmente un
régimen dictatorial se ha avanzado hacia un ejército redimensionado y significativamente más reducido que participa en labores humanitarias en
diversas partes del mundo.
No obstante, en nuestro texto constitucional sigue presente una concepción del ejército como
garante de la unidad de la patria que poco o nada
tiene que ver con la que ha ido adquiriendo en
todos estos años. Es también un anacronismo limitar el derecho de sindicación en las FFAA (art.
28.1), que en la práctica se extiende a las fuerzas
de Seguridad, o que siga recogida la pena de
muerte en caso de guerra (art. 15).
- En 1978, pese a la fuerte tradición republicana
española, la pervivencia en el imaginario colectivo
de la idea, convenientemente alimentada por la
dictadura durante casi cuarenta años, de que la
II República había sido la causante de la guerra
civil, y las medidas adoptadas por el antiguo régimen entronizando la monarquía hicieron que
el pueblo español no pudiese pronunciarse respecto a la forma de Estado y tuviéramos que aceptar, de forma complaciente unos y a regañadientes
otros, la monarquía parlamentaria.
Hoy, la sociedad española no solo ha cambiado
desde todo punto de vista, como hemos señalado,
sino que ha podido comprobar por experiencia
propia lo que da de sí la monarquía y a la vez goza
de la madurez suficiente para que los temores del
pasado no puedan esgrimirse de manera que
amordacen su opinión al respecto. Consideramos
llegado el momento de poder consultar al pueblo
español si desea seguir bajo una monarquía parlamentaria o, por el contrario, es partidario de
una tercera República superando lo que no deja
de ser un anacronismo histórico.
En conclusión, aunque los valores constitucionales, aquí como en cualquier otra parte, deben
ser imperecederos, lo cierto es que la forma de
darles contenido debe actualizarse, máxime si la
realidad hace que éstos estén en permanente tensión.
Deben actualizarse a través de los mecanismos
contemplados en la propia Carta Magna, en su
Título X, sobre la reforma constitucional. Una re-
forma que, en nuestra opinión, debe concitar,
como mínimo, los apoyos que tuvo la Constitución
del 78, para ser finalmente refrendada por la ciudadanía española.
Una reforma que no puede limitarse a plantear
soluciones al permanente debate sobre la articulación territorial del Estado -que también-, sino
que debe ser la oportunidad para incorporar las
U
na reforma que no puede
limitarse a plantear soluciones al
permanente debate sobre la
articulación territorial del
Estado –que también–, sino que debe ser
la oportunidad para incorporar las nuevas
realidades, algunas tan indiscutibles como
nuestra plena inserción en Europa;
profundizar en el carácter social de nuestro
modelo económico, lo que nos daría la
oportunidad de regular una renta mínima
o la atención a la dependencia; introducir
nuevos mecanismos de democracia directa
acordes con las exigencias de una sociedad
española madura...
nuevas realidades, algunas tan indiscutibles como
nuestra plena inserción en Europa; profundizar
en el carácter social de nuestro modelo económico, lo que nos daría la oportunidad de regular
una renta mínima o la atención a la dependencia;
introducir nuevos mecanismos de democracia directa acordes con las exigencias de una sociedad
española madura, como la iniciativa legislativa
popular sin cortapisas y la consulta ciudadana no
restringida a la competencia del Estado, y abordar
democráticamente un debate irresuelto sobre
nuestra forma de Estado.
La ciudadanía se merece de sus dirigentes la
altura de miras suficiente como para, tejiendo los
consensos necesarios, desde la máxima participación de la ciudadanía, cerrar un ciclo que muestra claros síntomas de agotamiento, para poder
inaugurar otro nuevo y prolongado de renovada
convivencia. 3
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 12
Carlos Martín Urriza| Responsable del Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO
La apuesta presupuestaria por menos economía mixta,
peores servicios públicos y más desigualdad
Los presupuestos impulsarán débilmente
el crecimiento
L
os recientemente aprobados Presupuestos
Generales del Estado para 2015 desarrollan
la apuesta del Gobierno del PP -diseñada en
su Programa de Estabilidad 2014-2017- por un
Estado cada vez más pequeño. Un sector público
menguado significa peores servicios públicos y
menor capacidad del Estado para orientar el desarrollo del país y defender a los trabajadores, consumidores y pequeñas empresas de los abusos de
las grandes corporaciones nacionales e internacionales. Asimismo, un Estado débil difícilmente
podrá corregir la falta de competencia en los mercados oligopolizados, donde muchas de estas
grandes empresas operan. Unos servicios públicos
de mala calidad provocan la huida de la clase media hacia alternativas privadas y que se reclamen,
a continuación, bajadas de impuesto, poniéndose
en marcha un círculo que termina arrinconando
los servicios públicos en tareas de auxilio social.
Este deterioro interesa a los grupos privados que
se mueven en los aledaños de los partidos que
gobiernan, donde presionan para que, como primera etapa de su plan de negocio, la prestación
del servicio se privatice aunque su financiación
siga siendo pública. El propio Gobierno reconoce
en su Informe de Reforma de la Administración
Pública (CORA) que el sector público español es
pequeño. El porcentaje que representa el gasto
público sobre el PIB (43,3%) se situaba 6,4 puntos
por debajo del nivel medio de la Eurozona (49,7%)
en 2013. Lo mismo sucede con los ingresos públicos, que en España están (36,9% del PIB) 9,4
puntos por debajo de la Eurozona (46,3%). A pesar de esta gran distancia, la política presupuestaria del Gobierno aleja a España aún más de las
economías europeas más avanzadas, que cuentan
con Estados fuertes capaces de crear mercados
eficientes y competitivos, de orientar el desarrollo
del tejido productivo hacia actividades de futuro
y de cohesionar la sociedad con servicios públicos
U
n presupuesto expansivo en el
gasto tendría, ahora que se ha
completado el ajuste de oferta de
la economía española, un
importante efecto tracción sobre la
actividad económica.
universales y de calidad, que garantizan la igualdad de oportunidades.
El gasto no financiero del presupuesto consolidado del Estado, la Seguridad Social y los Orga-
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 13
nismos Autónomos se reducirá un 0,3%, en términos reales, en 2015. El gasto sólo del Estado se
recortará en 2.856 millones. La rebaja se localiza
en el Servicio Público de Empleo Estatal que reduce sus gasto en 4.217 millones, a pesar de tener
España una tasa de desempleo de las más altas
de Europa (casi una de cada cuatro personas que
quiere trabajar está en paro) y de que la tasa de
cobertura de la protección por desempleo ha caído
veinte puntos. Hoy cuatro de cada diez desempleados no están protegidos. El salario consolidado de los empleados públicos se congela por
quinto año consecutivo, acumulando una pérdida
de entre el 15% y el 20% en su poder de compra
desde 2009, y la oferta de empleo público, nuevamente, ni siquiera cubrirá las bajas por jubilación, ahondando en el deterioro de la atención
pública. Las pensiones recortarán su valor real
un 0,35% en 2015. La inversión pública crecerá
(6%) de manera insuficiente para compensar el
duro ajuste sufrido a lo largo de la crisis y el gasto
en I+D+i aumentará testimonialmente, vehiculándose en gran parte a través de créditos, que
terminan no ejecutándose en muchos casos. La
inversión no sólo debería crecer más sino también
reorientarse desde lo físico hacia lo intangible,
desde las infraestructuras a la mejora tecnológica
y la calidad de la producción y los procesos de las
empresas. No necesitamos más líneas de alta velocidad que lleguen a más capitales de provincia,
por muchos votos que crea el político de turno
que va obtener por llevar el AVE a su pueblo; lo
que necesitamos es más industria. La poca atención prestada por los presupuesto a estas cuestiones indica que no tienen intención de impulsar
un nuevo modelo de crecimiento, donde ganen
protagonismo las actividades industriales y los
servicios de alto valor añadido. Como resultado,
el empleo seguirá creciendo siguiendo su patrón
tradicional, en los servicios de bajo valor añadido,
como el comercio al por menor y la hostelería,
que crean, fundamentalmente, empleos inestables
remunerados con salarios bajos.
Por el lado de los ingresos, las estimaciones presupuestarias para 2015 están infladas. Prevén un
crecimiento de los ingresos de la Administración
Central del 5,1% y del 5,4% en la recaudación,
cuando los ingresos del Estado, la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas crecerán sólo
un 1,8% en 2014, con un aumento del PIB nomi-
nal de sólo 0,9 puntos por debajo del estimado
para 2015. Se espera, asimismo, que la recaudación del Impuesto de Sociedades suba un inverosímil 20,4% y que las cotizaciones a la Seguridad
Social aumenten en casi 7.000 millones (6,8%)
con un crecimiento del empleo y la remuneración
por asalariado no muy diferente a la de 2014, año
en que la recaudación sólo se incrementó en 849
millones. Los ingresos están, además, influidos
por una reforma fiscal superficial que no tiene el
carácter estructural que demanda el sistema y que
se limita a bajar, de manera indiscriminada y regresiva, el IRPF y el Impuesto de Sociedades, lo
E
l porcentaje que representa el
gasto público sobre el PIB
(43,3%) se situaba 6,4 puntos
por debajo del nivel medio de la
Eurozona (49,7%) en 2013. Lo mismo
sucede con los ingresos públicos, que en
España están (36,9% del PIB) 9,4 puntos
por debajo de la Eurozona (46,3%). A pesar
de esta gran distancia, la política
presupuestaria del Gobierno aleja a España
aún más de las economías europeas más
avanzadas.
que provocará una caída de la recaudación de entre 9.000 y 12.000 millones de euros en los próximos tres años. Con todo, la reforma sólo tendrá
una influencia ligeramente positiva sobre el crecimiento en 2015, de dos o tres décimas, y un importante efecto negativo sobre la equidad, provocado por el recorte del peso de la recaudación
directa y de la progresividad. Se renuncia así a
configurar un presupuesto que impulse de manera
vigorosa el crecimiento: aumentando las partidas
de gastos con mayor efecto multiplicador sobre
la demanda interna, rebajando los impuestos sólo
de las familias de menos renta y mayor propensión al consumo, y elevándolos allí donde la presión fiscal es baja en comparación a Europa y la
falta de equidad en la distribución de las cargas
fiscales es mayor.
Lograr un crecimiento vigoroso que alcance a
toda la sociedad y reduzca de manera importante
el desempleo exige un presupuesto con más gasto
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 14
público en inversión y en I+D+i, para propiciar
una economía basada en el conocimiento y el empleo estable. Se necesita un presupuesto que termine con la congelación de los salarios de los empleados públicos y, al menos, garantice la
cobertura de todas las bajas en los distintos niveles
de la Administración. Que financie un plan de
empleo para recuperar a los desempleados que
llevan más tiempo desocupados, dándoles formación y protección, y evitando que se conviertan
en paro estructural. Un presupuesto que tenga
como objetivo empezar a recuperar la cohesión
social y reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, que han crecido por la larga duración de la crisis, pero también, por el recorte indiscriminado y excesivo de las políticas
redistributivas, y por las reformas laborales, que
han aumentado los despidos por encima de lo necesario y provocado una devaluación salarial que
ha hecho que encontrar un empleo ya no sea una
garantía para salir de la pobreza. Un presupuesto
expansivo en el gasto tendría, ahora que se ha
completado el ajuste de oferta de la economía española, un importante efecto tracción sobre la actividad económica.
Ahora bien, cualquier programa de aumento del
gasto público exige reformar los mecanismos y los
procesos de control y rendimiento de cuentas. Las
democracias europeas más avanzadas no sólo se
caracterizan por tener Estados fuertes sino también por llevar a cabo una gestión eficiente del
gasto público. En efecto, no sólo se trata de mejorar los servicios públicos equiparando el nivel de
recursos relativos a la media de Europa, sino de
hacer también que éstos se gasten e inviertan con
criterios de ahorro y eficiencia. El rendimiento
claro de cuentas a los contribuyentes sigue siendo
–más allá del simulacro de la CORA- una de las
reformas estructurales pendientes en todos los niveles de la Administración española. Para conseguirlo sería necesario que todas las unidades administrativas llevaran una contabilidad de costes
con criterios comunes, que permitieran hacer comparaciones homogéneas entre las distintas unidades de producción y gestión, para un mismo estándar de calidad y descontadas las especificidades
E
l salario consolidado de los
empleados públicos se congela
por quinto año consecutivo,
acumulando una pérdida de
entre el 15% y el 20% en su poder de
compra desde 2009, y la oferta de empleo
público, nuevamente, ni siquiera cubrirá
las bajas por jubilación, ahondando en el
deterioro de la atención pública.
de la población y el territorio donde se presta el
servicio. De esta manera, el contribuyente podría
comparar y saber si sus impuestos se gastan con
austeridad y sin despilfarros. Asimismo, si queremos disfrutar de buenos servicios públicos habrá
que financiarlos adecuadamente. El motivo por el
que los países europeos más avanzados tienen mejores servicios públicos se explica no sólo por su
mayor renta per cápita, sino también porque pagan más impuestos, porque gestionan mejor el dinero público y porque combaten con más recursos
y menos restricciones las bolsas de fraude fiscal y
a la Seguridad Social. 3
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 15
Año 7 después de la crisis: Más pobres, con mayor desigualdad social, con menor protección social.
Bruno Estrada López| Director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo
España es un país más pobre en el escenario
internacional
E
spaña y Grecia, países a los que se les ha
sometido a duras políticas de ajuste como
consecuencia de la crisis, han reducido su
PIB, tomando como base 100 el valor de 2007
en 2013 nuestra economía representaba tan solo
el 94,3% de la de 2007, mientras que en caso de
Grecia la contracción ha sido mucho mayor, su
PIB en 2013 era tan solo un 76,4% del de 2007.
Mientras que el PIB en 2013 de otros países,
como Alemania y EEUU, que también sufrieron
inicialmente los efectos de la crisis financiera global, pero que posteriormente no se vieron castigados con políticas de recortes de gasto público
y de devaluación salarial, ha crecido respecto al
de 2007, un 4,2% y un 5,9% respectivamente. En
el caso de EEUU la política monetaria expansiva
desarrollada por la Reserva Federal, que ha financiado parte del importante crecimiento del
gasto público experimentado por EEUU en esos
años, ha sido una de las claves de su rápida recuperación. Mientras que Alemania se ha beneficiado de la restrictiva política monetaria del BCE
E
n el caso de EEUU la política
monetaria expansiva
desarrollada por la Reserva
Federal, que ha financiado parte
del importante crecimiento del gasto
público experimentado por EEUU en esos
años, ha sido una de las claves de su rápida
recuperación.
frente a los países con problemas de financiación
exterior, ya que las restricciones monetarias en
la zona euro han incrementado las incertidumbres sobre el futuro de esos países y han tenido
como resultado un mayor flujo de capitales, esto
es, de financiación barata hacía Alemania, buscando la seguridad de las inversiones. Un caso
muy diferente es el de economías emergentes,
como China, que no se vieron muy afectadas por
la crisis financiera originada en EEUU en el verano de 2007, en gran parte por sus mecanismos
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 16
Evolución PIB 2007-2013 (2007 = Base 100)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FMI.
de regulación de los flujos de capitales exteriores,
y han seguido creciendo a tasas muy elevadas.
En 2013 el PIB de China era un 66,4% superior
al de 2007.
En los informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2010, 2011 y 2012 se reconoce
que “la volatilidad de los flujos de capital jugo un
papel muy crítico en la crisis reciente, tanto al incrementar las vulnerabilidades como al transmitir
el shock entre países”, por lo que el FMI recomienda, a posteriori, que “se podrían emplear
medidas de gestión de los flujos de capital para
hacer frente a los riesgos macroeconómicos y financieros relacionados con la afluencia de capitales”, concluyendo que: “la liberalización de los
flujos de capital no es un objetivo adecuado para
todos los países en todo momento. En el caso de
las grandes economías de mercados emergentes
de importancia sistémica podría ocasionar considerables efectos multilaterales (como implicaciones para la estabilidad financiera)”.
España es un país con más pobres.
Este empobrecimiento global de España en el ámbito internacional se ha producido de forma muy
desigual en el interior de nuestro país, según la
OCDE el 10% de la población con mayores ingresos perdió en el periodo 2007-2010 un 3% de sus
E
ste empobrecimiento global de
España en el ámbito
internacional se ha producido de
forma muy desigual en el
interior de nuestro país, según la OCDE el
10% de la población con mayores ingresos
perdió en el periodo 2007-2010 un 3% de
sus ingresos, mientras que la población
más pobre perdió un 33%.
ingresos, mientras que la población más pobre
perdió un 33%. Como consecuencia de ello se han
incrementado las ya elevadas desigualdades de la
sociedad española: en 2007 el 10% de la población
más rica era, como media, 9,4 veces más rica que
el 10% de la población más pobre, mientras que
en 2010 ese ratio creció hasta 13.
España es uno de los países desarrollados
con unas políticas públicas menos redistributivas.
Parte importante de las razones de ese empobrecimiento desigual de la sociedad española, además
de la devaluación salarial ocasionada tras las sucesivas reformas laborales, es la estructura esca-
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 17
Transferencias de renta recibidas del Estado en función de los ingresos.
(30% población de renta más alta y 30% de población de renta más baja)
Fuente: Panorama OCDE 2014.
samente redistributiva que tiene nuestro Estado
del Bienestar, que cada vez más se está convirtiendo en un Estado del Malestar. A la tradicional
favorable fiscalidad aplicada en nuestro país a las
rentas del capital, que son los ingresos principales
de la población más rica, frente a las del trabajo,
bajo el falaz argumento de incentivar el ahorro,
se han unido los efectos de los recortes de gasto
público que han afectado a elementos centrales
de las políticas redistributivas, como la sanidad,
la dependencia o la educación, que benefician en
mayor medida a las rentas más bajas, lo que ofrece
unos resultados sorprendentes.
Según la OCDE en el año 2010 la prestación
pública media en metálico, incluidas las pensiones, que recibía el 30% de la población más
rica de España era un 40% superior a la prestación pública media que recibía el 30% de la población española más pobre. Dentro de la OCDE
solo Luxemburgo, Portugal, Grecia, Italia, México y Turquía tienen una estructura de transferencias públicas de renta más regresiva, en
función de los ingresos de los beneficiarios, que
la española. 3
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 18
Año 7 después de la crisis: Más pobres, con mayor desigualdad social, con menor protección social.
Fernando Rocha| Fundación 1º de Mayo
Paisaje después de la batalla
L
a difusión de los últimos datos de 2014 sobre la afiliación y el paro registrado, y en
espera de la publicación del cuarto cuatrimestre de la Encuesta de Población Activa, ha
contribuido a alimentar el debate sobre la salida
de la crisis en España, polarizado en torno a dos
posiciones claramente contrapuestas y por lo demás bastante previsibles.
Así, el gobierno ha destacado que la evolución
seguida por ambas variables confirma su tesis sobre la recuperación de la crisis; un fenómeno que
ya puede considerarse historia –Rajoy dixit– gracias, naturalmente, a las medidas de consolidación
fiscal y el proceso de reformas estructurales desarrollado en los dos últimos años (especialmente,
la “agresiva” reforma laboral de 2012).
Diferentes voces críticas han cuestionado sin
embargo esta visión optimista, señalando que las
políticas de austeridad aplicadas en este período –en el marco de la nueva gobernanza económica europea– están promoviendo un modelo
frágil y socialmente injusto de salida de la crisis,
que se manifiesta en diversos aspectos:
La incertidumbre sobre la sostenibilidad de la
actividad económica, afectada tanto por factores
externos de índole europea e internacional, como
por los efectos negativos de las políticas de consolidación fiscal y devaluación salarial sobre la
demanda interna (y que no pueden ser compensados por el crecimiento de las exportaciones).
La persistencia de un elevado volumen de desempleo –en torno a cinco millones y medio de
personas– así como de importantes desequilibrios
en el mercado de trabajo, tales como: el continuado crecimiento del paro de larga duración, así
como de las personas que agotan su derecho a las
prestaciones; las escasas expectativas de trabajo
para determinados colectivos como las personas
jóvenes y mayores de 45 años; los desequilibrios
de género; y la permanencia de notables diferencias territoriales.
El tipo de empleo que se está creando, en su
mayor parte en actividades de carácter estacional,
y de carácter temporal y a tiempo parcial no voluntario.
Las consecuencias negativas sobre la dinámica
de relaciones laborales de las sucesivas reformas
legales aprobadas unilateralmente desde el inicio
de la crisis. Este es un fenómeno extensible a otros
países europeos, que se refleja en: (a) la caída del
número de convenios colectivos, y también, en
algunos países, en el descenso radical del número
T
odos estos elementos dibujan un
“paisaje después de la batalla”
después de más de siete años de
crisis sustancialmente diferente al
escenario publicitado por el gobierno, que
ha llevado a las organizaciones sindicales
españolas a plantear un cambio de rumbo
del modelo de gobernanza europeo.
de decisiones de prórroga de estos convenios; (b)
la aceleración de la tendencia ya existente de la
descentralización de la negociación colectiva, por
dos vías: el aumento del número de convenios de
empresa y el declive de los sectoriales; y el incremento de las excepciones y descuelgues de los
convenios colectivos sectoriales a nivel de empresa; (d) la consolidación de un modelo autoritario de relaciones laborales; (e) el bloqueo de las
relaciones laborales en el sector público; y (f) una
profunda devaluación interna, basada en la espiral
descendente de los salarios, que potencia el riesgo
de deflación e incluso de una tercera recesión en
la eurozona.
Todos estos elementos dibujan un “paisaje después de la batalla” después de más de siete años
de crisis sustancialmente diferente al escenario
publicitado por el gobierno, que ha llevado a las
organizaciones sindicales españolas –en conso-
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 19
nancia con la Confederación Europea de Sindicatos– a plantear un cambio de rumbo del modelo
de gobernanza europeo, y muy especialmente de
las orientaciones en materia de política económica, a fin de contrarrestar los efectos negativos
de la aplicación indiscriminada e intensa de las
políticas de austeridad sobre la actividad económica y el empleo.
La puesta en marcha de un plan de este tipo se
enfrenta a un serio obstáculo de partida sin embargo, como es el actual marco de gobernanza
económica europea. Un marco que se asienta sobre un complejo entramado institucional que deja
un margen muy estrecho para la aplicación de
políticas económicas que difieran sustancialmente
del modelo económico neoliberal dominante.
En este sentido, más allá de la capacidad de
maniobra para adoptar medidas de carácter parcial en los Estados miembros de la UE, sólo una
transformación sustancial del actual esquema de
gobernanza económica europea posibilitaría la
adopción de políticas económicas alternativas a
las que han conducido a la crisis, y que de hecho
están gobernando la salida de la misma.
Además de esta prioridad en el corto plazo, una
tarea asimismo inaplazable es la de promover políticas a medio plazo orientadas a corregir aquellos
desequilibrios estructurales propios que –conjuntamente con otros factores de índole externa–
han determinado la magnitud de la crisis en España y, sobre todo, la mayor intensidad de sus
efectos sobre el empleo en comparación a otros
países de la Unión Europea.
El análisis de esta cuestión desbordaría ampliamente los objetivos y límites de este texto, pero
cabe llamar la atención sobre dos retos de singular
importancia por su repercusión sobre la capacidad
de creación de empleo decente en nuestro país:
la lucha contra la precariedad laboral; y la transición a un modelo económico más sostenible.
La lucha contra la precariedad laboral
La precariedad laboral es un fenómeno heterogéneo
que afecta tanto a las formas de empleo –contratos
atípicos, falsos autónomos, situaciones de trabajo
sin relación laboral, trabajo no declarado…– como
a las condiciones de trabajo, en dimensiones
como el salario, jornada, protección social etc., y
de vida (por ejemplo, en relación a la vivienda).
En España, la precariedad laboral se ha conso-
lidado como uno de los principales rasgos estructurales del mercado de trabajo, impulsado por la
combinación de una serie de factores ampliamente estudiados por la literatura especializada,
tales como: (a) los desequilibrios estructurales de
la estructura productiva; (b) la prevalencia de políticas de gestión empresarial basadas en la competencia vía reducción de costes y precios; (c) la
sucesión de reformas laborales aprobadas en las
últimas décadas, orientadas a propiciar una mayor
E
n este sentido, frente a las tesis
planteadas por el discurso
neoliberal, es importante
enfatizar que ni el problema del
empleo en España ni el origen de la
segmentación del mercado de trabajo
radica en las instituciones laborales.
flexibilidad de las instituciones laborales; (d) factores relacionados con la reproducción de la
fuerza de trabajo; y (e) el declive del poder contractual de las organizaciones sindicales, debido
en buena medida a las múltiples transformaciones
registradas en el mundo del trabajo en las últimas
décadas.
La conclusión que se desprende de los anteriores argumentos es que la lucha contra la precariedad laboral requiere de un enfoque complejo
de actuación, que aborde de forma integral los
diversos factores determinantes de este fenómeno
a través de medidas planteadas en diferentes ámbitos de actuación (económico, jurídico, educativo, de innovación…).
En este sentido, frente a las tesis planteadas
por el discurso neoliberal, es importante enfatizar
que ni el problema del empleo en España ni el
origen de la segmentación del mercado de trabajo
radica en las instituciones laborales. Naturalmente, una mayor flexibilización de las mismas
puede contribuir a una mayor precariedad del
empleo, pero en última instancia las causas de la
segmentación no se encuentran del lado de la
oferta de la fuerza de trabajo sino de la demanda,
más concretamente: en una determinada organización de la producción, que diferencia entre
puestos de trabajo más y menos productivos, y
de un modelo de gestión empresarial orientado a
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 20
buscar la competitividad vía reducción de costes
y precios. De ahí que las propuestas que plantean
la adopción de un modelo de contrato único sólo
darían lugar a una eliminación “nominal” y no
real de la segmentación.
Promover el cambio a un modelo económico más sostenible
La transición a un modelo económico más sostenible es posible valorarla en función de dos elementos: por un lado, el carácter multifacético del
concepto de sostenibilidad, que combina tres dimensiones diferentes pero estrechamente entrelazadas (económica, social y medioambiental).
Por otro, el elemento temporal: un modelo económico será tanto más sostenible cuanto contribuya a garantizar a las generaciones futuras unas
perspectivas de bienestar que no desmerezcan de
las existentes para las generaciones presentes.
Esta es una cuestión especialmente compleja
cuyo tratamiento requeriría un espacio mucho
mayor, pero merece la pena apuntar algunos elementos de reflexión que contribuyan al debate de
la misma.
En primer lugar es importante remarcar que
las propuestas en este campo no pueden reducirse
a estimular cambios en la composición sectorial
de la actividad económica y el empleo (potenciando la modernización de los sectores tradicionales y el desarrollo de nuevos sectores emergentes de futuro). La reorientación del modelo
productivo debería implicar además transformaciones significativas en la organización y funcionamiento de las empresas, que favorezcan el tránsito de un modelo de competencia basado de
forma mayoritaria en la reducción de costes y precios, a otro orientado hacia la innovación, la inversión productiva, los productos y servicios de
mayor valor añadido y la calidad del empleo.
En segundo lugar, las políticas que puedan
adoptarse para favorecer un cambio de modelo
productivo deben plantearse necesariamente en
diferentes ejes de actuación, combinando medidas
horizontales –en áreas como la educación y formación, la innovación entre otros– y otras de ámbito sectorial y territorial. Asimismo, sería necesario tener en cuenta la diversidad de formas de
empresa existente, planteando actuaciones que
atiendan a las características y necesidades de las
mismas.
En tercer lugar, una condición esencial para favorecer el tránsito a una economía sostenible es
la adopción de un enfoque proactivo por parte de
las Administraciones Públicas, que contemple el
desarrollo coherente y coordinado de políticas en
diferentes ámbitos de actuación. En otras palabras: las políticas públicas son imprescindibles
para impulsar un cambio de modelo productivo
en España; sin ellas, dicho cambio será pan para
hoy –aunque no para muchos– y hambre para
mañana (para los más).
Asimismo, el diálogo social y la negociación colectiva constituyen unos instrumentos centrales
tanto para promover la modernización de los dis-
L
as políticas que puedan
adoptarse para favorecer un
cambio de modelo productivo
deben plantearse necesariamente
en diferentes ejes de actuación,
combinando medidas horizontales –en
áreas como la educación y formación, la
innovación entre otros– y otras de ámbito
sectorial y territorial.
tintos sectores productivos existentes y el fomento
de sectores emergentes, como para impulsar medidas que favorezcan una transición justa para
los trabajadores, mitigando los efectos sociales
más negativos que puede conllevar el cambio de
modelo productivo.
Finalmente, es necesario hacer referencia a los
límites ecológicos que condicionan el desarrollo
de la actividad económica, y de las posibilidades
de una vida digna en última instancia, entre otros
el agotamiento de los recursos energéticos fósiles
y minerales, o los efectos del cambio climático y
la pérdida de biodiversidad. De ahí la urgencia
de profundizar en el debate sobre el desarrollo de
las políticas necesarias para promover una transición hacia un modelo económico diferente, más
sostenible y justoi. 3
NOTA:
i
Una buena síntesis de este debate en: Carpintero, O.; y
Riechmann, J. (2013), “Pensar la transición: enseñanzas
y estrategias económico-ecológicas”, Revista de Economía Crítica, nº 16.
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 21
Año 7 después de la crisis: Más pobres, con mayor desigualdad social, con menor protección social.
Alicia Martínez Poza, Luis de la Fuente Sanz y Jesús Cruces Aguilera
Servicio de Estudios de la Fundación 1º de Mayo
Más empobrecidos y con menos derechos
L
a democracia y la ciudadanía están en jaque.
La precarización creciente de las condiciones de vida y de trabajo de las personas y el
expolio de recursos materiales y sociales conviven
al mismo tiempo con un incremento de las desigualdades. La cohesión social es más que nunca
una ilusión y el vaciado de los derechos de ciudadanía es cada vez más evidente.
Más de siete años de crisis: un saldo de
pobreza y desigualdad
En tan sólo siete años hemos visto romperse el
espejismo del desarrollo económico y social de
las últimas décadas. Con el estallido burbuja inmobiliaria, se destruyó un gran número de empleos en el sector de la construcción, seguido de
otros sectores, cuyo resultado ha sido el crecimiento exponencial del paro. Posteriormente, tal
como han puesto de manifiesto diversos informes1, las distintas reformas laborales y las políticas de austeridad no han hecho sino multiplicar
ese impacto inicial del desempleo, generando desastrosas consecuencias desde el punto de vista
social. Resultado al que se añade creciente la desigualdad generada por una política fiscal injusta
con las personas y benevolente con las grandes
empresas y capitales.
Hoy en día, una de cada cinco personas que
quiere trabajar no puede hacerlo y el 15% de ellas
lleva más de un año buscando un empleo. Esta
situación de desempleo prolongado ha llevado a
que se incremente el número de hogares sin ningún tipo de ingreso, ya sea proveniente del trabajo
o de las prestaciones derivadas de la falta de éste,
que ya suman un total de 728 mil hogares en
2014.
Las consecuencias son evidentes: el 20% de la
población española vive por debajo de los umbrales de la pobreza y uno de cada cuatro menores
de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza. Al
mismo tiempo, la desigualdad de ingresos no deja
H
oy en día, una de cada cinco
personas que quiere trabajar no
puede hacerlo y el 15% de ellas
lleva más de un año buscando
un empleo.
de incrementarse: el grupo de población con más
ingresos tiene unas ganancias que representan 6
veces las correspondientes al grupo de menor ingreso. Esta situación ha llevado a situar el índice
de Gini2 en 33,7 puntos en el año 2013.
Con todo, los procesos de empobrecimiento y
desigualdad no son novedosos. Han estado presentes -en mayor o menor medida- en las condiciones de vida de la población a lo largo de las últimas décadas en España, incluida la etapa de
crecimiento económico. Por ello, es importante
remarcar que estas desigualdades se han visto
agravadas por la crisis económica y las consecuencias de las reformas laborales y las políticas
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 22
de austeridad. Sin embargo, las raíces de esta
desigualdad hay que buscarlas en las propias debilidades de un Estado social que se forjó en un
contexto histórico en el que se adoptaban políticas
neoliberales en los países vecinos. Esto no significa
infravalorar las mejoras sustantivas que la población española ha experimentado en términos
de condiciones de vida y niveles de bienestar,
pero sí remarcar las fragilidades de un Estado de
bienestar que no llegó nunca a los niveles de derechos sociales de otros Estados. Esta debilidad
se ha manifestado tradicionalmente en elevadas
tasas de paro estructural, un importante infradesarrollo de determinadas áreas de protección
social (como la atención a la dependencia), una
enorme dificultad para asegurar el derecho a una
vivienda digna y un modelo productivo sustentado
sobre la fragmentación, con gran peso de las actividades con bajos salarios, temporalidad y de
bajo valor añadido.
La fragmentación laboral ha sido tal, que la precariedad asociada a determinados contratos laborales y la relevante importancia del trabajo no
declarado ha implicado en la sociedad española
niveles diferentes de integración ciudadana. Migrantes y jóvenes han sido protagonistas de situaciones desaventajadas, y transversalmente
también las mujeres, cuyo trabajo ha estado tradicionalmente a caballo entre lo formal y lo informal.
El empleo ya no es una salvaguarda frente
a la pobreza
El crecimiento de la precariedad en España es tan
acelerado que cada vez resultan más comunes las
situaciones en las que el empleo no previene la
pobreza: el 34% de las personas asalariadas en
España tiene unos ingresos iguales o inferiores al
salario mínimo.
Los últimos datos arrojan que el 15% de la población ocupada puede ser considerada pobre, ya
que sus ingresos representan menos del 60% de
la mediana de ingresos de los hogares. Esta situación se explica principalmente por los bajos
ingresos motivados por las ocupaciones cada vez
más precarias y por el incremento del autoempleo
en situaciones de mayor precariedad e inestabilidad. En ello ha sido determinante el papel que
han jugado las diversas reformas laborales, que
han abaratado el despido, precarizado el empleo
y reforzado la posición del empresariado en el
ámbito de la negociación colectiva, especialmente
en la fijación de las condiciones laborales.
En un mercado de trabajo fragmentado, las
consecuencias de la crisis no han sido iguales para
toda la población y prueba de ello son las diferentes tasas de desempleo y pobreza de jóvenes o
inmigrantes, entre quienes las mujeres muestran
peores situaciones. A modo de ilustración, la tasa
de desempleo de mujeres es 2,5 puntos mayor
que la de los varones y la tasa de pobreza de las
L
os últimos datos arrojan que el
15% de la población ocupada
puede ser considerada pobre, ya
que sus ingresos representan
menos del 60% de la mediana de ingresos
de los hogares. Esta situación se explica
principalmente por los bajos ingresos
motivados por las ocupaciones cada vez
más precarias y por el incremento del
autoempleo.
personas con ciudadanía extranjera es del 42,7%,
muy superior al del conjunto de la población en
España; y casi 13 puntos por encima de la media
europea.
No podemos obviar que el crecimiento acelerado de las desigualdades y el empobrecimiento
generalizado de la mayor parte de la población
forma parte de las profundas consecuencias sociales de las políticas de austeridad impulsadas
en los últimos años de crisis económica. Por esto
mismo, debemos poner en primer plano el papel
que cumplen las políticas, ya que estas actuaciones
pueden y deben luchar contra este injusto proceso,
en lugar de legitimarlo y perpetuarlo.
Las políticas de austeridad potencian la
desigualdad y la pobreza
De esta manera, las políticas de recortes y la limitación de derechos han supuesto un duro golpe
al sistema de protección social, impulsando una
mayor brecha social dentro de la sociedad española.
Sumada a la dificultad de tener unos ingresos estables como consecuencia de la precariedad laboral,
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 23
cada vez se dificulta en más el acceso a los servicios
públicos más básicos como educación, sanidad,
dependencia, desempleo, pensiones y otro tipo
de prestaciones sociales. A esto hay que añadir
las consecuencias de los límites de un Estado de
bienestar y los previos procesos de privatización
de servicios públicos, cuyo suministro deja de
estar asegurado y pone en peligro las condiciones
para una vida digna. La carencia de un parque
público de vivienda o los precios inasumibles de
los suministros básicos como el agua, la luz o el
gas están llevando a dramáticas situaciones de
desahucios y pobreza energética, mientras que
los grandes bancos y empresas energéticas siguen
manteniendo sus posiciones privilegiadas de negocio. Se pretende que, del relato de la crisis, una
parte importante de la población salga (más) empobrecida y con menos derechos, mientras que
otra ve reforzada su posición social.
La pobreza y la desigualdad en un contexto de
reducción del Estado social son elementos clave
que cuestionan el funcionamiento de la democracia y que ponen en tela de juicio el propio concepto
de ciudadanía como eje vertebrador de las democracias occidentales. En la última década, se han
ido dando pasos para limitar los derechos de ciudadanía, en un principio mediante leyes restrictivas y penalizadoras contra las personas migrantes o con leyes excepcionales antiterroristas, y
más recientemente con la próxima aprobación de
la ley de seguridad ciudadana (todavía en trámite
parlamentario) que prevé coartar ampliamente
libertad de expresión o reunión.
Una salida justa de la crisis para una sociedad más democrática y cohesionada
Apostar por una salida justa de la crisis supone
tomar como estandarte la defensa de un concepto
amplio de ciudadanía, que implique un acceso
equitativo de las personas a los derechos, que contemple como principio básico la redistribución
justa de la riqueza y respete el acceso a los recursos
públicos y comunes. Es en este contexto en el que
se ponen sobre la mesa todas las propuestas vertidas para potenciar un sistema fiscal justo, la promoción del empleo con derechos, sistemas de rentas garantizadas, provisión pública de recursos o
salvaguarda de los sistemas de protección social.
Cada vez es más evidente la necesidad cambiar
las prioridades políticas para garantizar la sub-
L
a pobreza y la desigualdad en un
contexto de reducción del Estado
social son elementos clave que
cuestionan el funcionamiento de
la democracia y que ponen en tela de juicio
el propio concepto de ciudadanía como eje
vertebrador de las democracias
occidentales.
sistencia, la libertad y la calidad de vida, y colocar
a las personas en el centro de los compromisos.
Hace falta una apuesta firme para controlar los
abusos empresariales en la búsqueda de ventajas
fiscales, mano de obra empobrecida, trabajo no
reconocido, expolio de recursos y deterioro de los
entornos medioambientales. Sólo así se podrá
asegurar la reconstrucción de la idea democrática
de ciudadanía, asociada a la participación y pleno
ejercicio de las libertades y derechos sociales. 3
NOTAS:
1
Servicio de Estudios de la Fundación 1º de Mayo,
2014; Cruces, J. y De la Fuente, L. 2013; Sánchez Llopis, E., Cruces, J., De la Fuente, L, Martínez, A., 2013,
entre otros.
2
El índice de Gini mide la desigualdad de ingresos siendo
0 la igualdad total de ingresos y 100 la máxima desigualdad.
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 24
Javier Doz | Presidente de la Fundación 1º de Mayo
Grecia en la crisis europea
C
uando los ecos del brutal ataque del terrorismo yihadista, en París, y de la impresionante respuesta de la ciudadanía francesa
se van mitigando, volvemos a tener el nombre de
Grecia en el centro de la política europea. Por las
elecciones del próximo 25 de enero, por la inestabilidad de los mercados financieros y por las
presiones que electores y políticos griegos están
sufriendo por parte de los paladines de las políticas de austeridad que, según parece, son incombustibles ante su clamoroso fracaso.
Fue en 2010 cuando la crisis económica mundial comenzó a vivir su fase europea, de la que todavía hoy no se ha salido. El epicentro fue Grecia.
Su estallido tuvo lugar en mayo cuando, a través
del Ecofin, Alemania impuso su condena a Grecia
en forma de rescate, obligando de paso a los países
de la Zona euro a adoptar las prescripciones de
su economía política más conservadora para gestionar la crisis: austeridad presupuestaria extrema, reformas estructurales que recorten prestaciones y servicios públicos, y devaluación
salarial de los países endeudados y sometidos a
procesos de rescate para compensar, supuestamente, los efectos recesivos de la austeridad mediante ganancias de competitividad.
Cinco años más tarde, y con la crisis del euro
convertida en una crisis política de la Unión Europea, Grecia vuelve a ser el epicentro de su nueva
fase. ¿Será la del inicio de la rectificación? ¿O
continuará el progreso de cuarteamiento de la
UE?
Tras la convocatoria de elecciones generales,
por el fracaso de Nueva Democracia en la elección
de su candidato a Presidente de la República, se
han vuelto a generar presiones políticas tendentes
a impedir que el partido al que todas las encuestas
señalan como favorito, Syriza, pueda formar un
gobierno que ponga en cuestión la continuidad
de las políticas de austeridad y promueva la reestructuración de la deuda griega. No son nuevas.
Conocidas son las que obligaron a dimitir a Yorgos
Papandréu y auparon a Antonis Samarás. Poco
C
inco años más tarde, y con la
crisis del euro convertida en una
crisis política de la Unión
Europea, Grecia vuelve a ser el
epicentro de su nueva fase. ¿Será la del
inicio de la rectificación? ¿O continuará el
progreso de cuarteamiento de la UE?
importó, en este caso, que fuese su partido, Nueva
Democracia, el responsable de la falsificación de
las cuentas públicas griegas que sirvieron de justificación para unos tipos de interés de castigo,
impuestos inicialmente en el primer rescate griego
al calor de la campaña de la prensa amarilla alemana. Ahora, han sido primero las “declaraciones
de fuentes gubernamentales” al semanario Der
Spiegel, luego las del presidente del think tank
IFO, Hans Werner Sinn, las que han planteando
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 25
el bajo coste o la necesidad de la salida de Grecia
del euro. Matizaciones del gobierno alemán o desmentidos de la Comisión Europea aparte, los
mensajes han quedado para su uso en la campaña
electoral griega y para alimentar el nerviosismo
de los mercados financieros. La jugada es conocida: se alimenta ese fácil nerviosismo y luego se
achaca al temor de que la izquierda gane. Profecía
autocumplida se llama.
Una de las más inaceptables paradojas de la situación política europea es, sin duda, ésta: los
máximos responsables de la imposición a Grecia
de una política completamente fracasada, que ha
producido un hundimiento económico histórico
en Europa después de la 2ª Guerra Mundial,
amén de estragos sociales y políticos de parecido
o peor calibre, en lugar de cambiarla, tienen la
osadía de presionar para que los griegos no voten
a aquellas formaciones que preconizan el más que
justificado cambio. Siendo el gobierno de Alemania el principal responsable de la dirección de la
política económica europea, hay que preguntarse:
¿Cómo es posible que una nación que actúa así
pueda seguir ejerciendo –lo quieran o no sus gobernantes– el liderazgo político de Europa? ¿Hacia dónde va la UE con un liderazgo alemán de
esta clase? Recientemente, Hans Kundnani ha sumado su voz a la de Joschka Fisher para volver a
subrayar esa histórica incapacidad de liderazgo
positivo de Alemania sobre Europa. Y no son precisamente “enemigos” de Alemania.
El mal gobierno, la corrupción y la irresponsabilidad de las élites políticas y económicas de Grecia junto con la austeridad extrema han hundido
al país. Caída del PIB del 24%, y del 40% de la
renta disponible de las familias. Tasas de paro y
de pobreza del 26% y del 33%, respectivamente,
gravísimo deterioro de los sistemas educativo, sanitario (3 millones de excluidos de la asistencia
sanitaria de la seguridad social) y de protección
social, drástico recorte de salarios y pensiones,
destrucción del diálogo social y la negociación colectiva, vulneración de los convenios internacionales (OIT, Consejo de Europa), bolsas de hambre
y desnutrición, etc., etc. Y su deuda pública, si
antes del rescate era del 129% del PIB (2009),
hoy supera el 180%, después de haber experimentado una quita del 53% de su valor nominal.
¿Puede haber una superior acumulación de pruebas sobre el fracaso absoluto de una política?
Si Grecia es el caso extremo, las consecuencias
de la mala “gestión alemana” de la crisis europea
afectan a toda la UE: segunda recesión y situación
actual de riesgo de estancamiento con deflación.
La tendencia general no oculta la profunda divergencia por países de las dos variables principales,
crecimiento y empleo. Mientras que los países
rescatados, incluido España, Italia y otros están
lejos de haber recuperado los niveles de PIB y
empleo previos a la crisis, Alemania y otros del
Norte ya recuperaron, en 2012, su PIB de 2007.
Sin negar el papel de las fortalezas y debilidades
internas para este comportamiento tan desigual,
no hay duda de que el masivo flujo de capitales
S
iendo el gobierno de Alemania el
principal responsable de la
dirección de la política económica
europea, hay que preguntarse:
¿Cómo es posible que una nación que actúa
así pueda seguir ejerciendo –lo quieran o
no sus gobernantes– el liderazgo político
de Europa? ¿Hacia dónde va la UE con un
liderazgo alemán de esta clase?
hacia Alemania y el Norte de Europa, motivado
por decisiones políticas (o la falta de ellas), está
siendo una poderosa causa de divergencia. Y si la
Unión Europea pasa a ser un factor de divergencia
entre sus miembros, invirtiendo el papel jugado
desde su fundación, será insostenible a largo o
medio plazo.
Hoy reclaman un cambio de rumbo de la política económica europea no sólo los sindicatos y
organizaciones sociales y buena parte de los partidos de izquierda, sino un número creciente de
instituciones internacionales y gobiernos y académicos de variado signo político. Lo ha hecho el
propio Mario Draghi, con palabras medidas, en
Jackson Hole. Pero el poder político determinante
de la UE se resiste a reconocer su fracaso. El Consejo Europeo y el BCE, fuertemente presionados,
sólo rectifican parcialmente, con retraso, sin plantearse la coordinación de medidas monetarias,
fiscales y de inversión. Mientras se está a la espera
de que el BCE, el próximo 22 de enero, de un
paso más en su política de expansión monetaria,
comprando deuda de los Estados, se ve sometido
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 26
a la oposición del Bundesbank y a la presión de
Angela Merkel para que, si lo hace, lo haga en
cuantía reducida después de imponer una contraproducente espera. El Plan Juncker está muy
lejos, en sus objetivos, de lo que la UE necesitaría
para reducir sustancialmente la caída de la inversión que la crisis ha producido (siete puntos de
PIB). Que la inversión privada aporte el 80% de
la financiación es sólo un deseo. Lo que aportan
los presupuestos de la UE, sacándolo de otras
partidas de inversión, son unos ridículos 15.000
millones de euros. Compárese esta cifra con los
45.000 millones de inversiones que se dejaron
de gastar en los presupuestos ordinarios de 20072013 y se trasladaron a 2014-2020, después de
ser sólo dibujados en el Plan de crecimiento y empleo de 2012. Pues bien, ni siquiera se aporta esta
última cantidad que figuraba en ese fraudulento
Plan, aprobado por la cumbre del Consejo y que
nunca gastó nada porque no se realizó nada. A
pesar de todo ello, el gobierno alemán pone pegas
y retrasa la aprobación del Plan Juncker, de modo
que su aplicación no se iniciará, en el mejor de
los casos, hasta finales de 2015.
Una forma de gobernar así es insostenible. Pone
en peligro la existencia de la propia UE. La deriva
económica del continente europeo no se arregla
con algo más de flexibilidad en los periodos de
cumplimiento de los objetivos de déficit (de los
de deuda, mejor no hablar porque son inalcanzables para muchos países), algo de expansión monetaria y un poco de inversión. Se necesitaría hacer coincidir en el tiempo y con la mayor
intensidad posible cuatro actuaciones: un plan
europeo de inversiones como el que propone la
Confederación Europea de Sindicatos (250.000
millones anuales durante diez años); la aplicación
de toda la gama de medidas de flexibilización
cuantitativa por parte del BCE, incluida la compra
de deuda de los Estados; una coordinación de las
políticas fiscales para activar la demanda; y un
plan efectivo contra la evasión y la elusión fiscales.
A partir del crecimiento que generaría la combinación de estas medidas se plantearía un mucho
más efectivo y menos dañino programa de reducción de los déficits y deudas nacionales. La mutualización de una parte significativa de las deudas
de los Estados mediante su conversión a eurobonos, reduciría la necesidad de proceder a reestructuraciones de las mismas. En los casos inevi-
U
na forma de gobernar así es
insostenible. Pone en peligro la
existencia de la propia UE. La
deriva económica del
continente europeo no se arregla con algo
más de flexibilidad en los periodos de
cumplimiento de los objetivos de déficit
(de los de deuda, mejor no hablar porque
son inalcanzables para muchos países),
algo de expansión monetaria y un poco de
inversión.
tables (lo es, al menos, el de Grecia) debería procederse con orden y prontitud. Reestructurar la
deuda no equivale a su impago. Existen diversas
modalidades aplicables a empresas y a Estados.
Entre los países europeos que, después de la 2ª
Guerra Mundial, reestructuraron su deuda se encuentra Alemania. Lo hizo en 1953, y ayudó poderosamente al “milagro económico alemán”.
Pero aún más preocupante es, a mi juicio, la
falta de proyecto político de futuro para Europa
que atenaza a las dos principales corrientes políticas del continente, populares y socialdemócratas, en particular cuando desde los gobiernos configuran el poder principal de la UE, el Consejo
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 27
Europeo. No ha habido ninguna alternativa mínimamente articulada a la política de la “Europa
alemana” (la austeridad) como política para la
gestión de la crisis. Y ahora, para enfrentarse a
una situación muy difícil, compleja y peligrosa,
con manifestaciones mayoritarias de desconfianza
de la población hacia las instituciones políticas
europeas y nacionales, con síntomas serios de
deslegitimación de los sistemas democráticos, con
un auge de las corrientes políticas nacionalistas,
xenófobas, populistas o de extrema derecha en
numerosos países europeos, todas ellas contrarias
a la existencia misma de la UE y algunas de ellas
con aspiraciones a ser la primera fuerza política
en países centrales (Frente Nacional en Francia),
¿cuál es la respuesta de los principales líderes políticos europeos? Simplemente, capear el temporal, sin ideas ni proyectos. Se cede en la vía de la
renacionalización de las políticas, como es el caso
del programa REFIT que, con la excusa de simplificar la legislación europea, va a eliminar importantes directivas que protegen derechos sociales o medioambientales. Idéntica dirección
llevan las concesiones que se están preparando
para que el gobierno de Cameron no convoque el
anunciado referéndum sobre la pertenencia del
Reino Unido a la UE. En los ámbitos nacionales,
son muchos los partidos, en el gobierno o en la
posición, que adoptan puntos de vista propios de
la agenda de la extrema derecha antieuropeísta,
en cuestiones como las migraciones o la movilidad
de los ciudadanos de la UE.
Actuando así no sólo no se solucionará la crisis
política que atenaza la UE sino que se agudizará.
Los lazos de cohesión imprescindibles para mantener unido el proyecto europeo continuarán deteriorándose. Para superar la desconfianza profunda de la ciudadanía en los responsables
políticos y las instituciones de la UE se necesitan,
sobre todo, dos cosas: por un lado percibir de un
modo efectivo que las decisiones que se adoptan
enfrentan correctamente los problemas en beneficio de la mayoría, que no generan desigualdad,
de trato ni de resultados, entre los Estados o en
el interior de los mismos; por otro, que los líderes
políticos, los partidos políticos europeos (¿existen
realmente?) tengan un proyecto claro de hacia
dónde debe ir Europa y que medios se necesitan
para ello.
La crisis política que vive la UE sólo se solucionará con más Europa, pero con una Europa mucho más democrática, socialmente avanzada y solidaria. Caminar hacia ella puede requerir
probablemente una refundación política y la adopción de un modelo que no se puede alejar mucho
del propio de una federación o confederación de
Estados. Las fuerzas políticas y sociales que realmente creen en un proyecto europeo fundamentado en dichos valores tienen que salir de la posición defensiva que les ha atenazado durante más
de una década y comenzar a dar la batalla ideológica y política para construir una mayoría social
de escala europea que lo sustente. El 11 de di-
A
ctuando así no sólo no se
solucionará la crisis política que
atenaza la UE sino que se
agudizará. Los lazos de cohesión
imprescindibles para mantener unido el
proyecto europeo continuarán
deteriorándose.
ciembre, en París y otras ciudades de Francia, el
pueblo francés con la presencia simbólica de los
demás pueblos europeos se enfrentó unido a quienes quieren acabar con una parte de las ideas y
valores sobre los que se sustenta la Unión Europea. No debiera ser flor de un día, como algunos
quieren ya convertirlo.
Europa, la UE, para recobrar su alma y su impulso necesitan ideas y valores sólidos y cohesionadores. Las próximas elecciones griegas y las reacciones que desencadenen sus resultados, sobre
todo si se confirma el triunfo de Syriza, deberían
servir de ayuda para la superación de las malas
ideas y las malas prácticas que llevan hacia el fin
del proyecto político más importante del Siglo XX
(que ya no lo está pareciendo en lo que llevamos
de Siglo XXI), y a la apertura de un proceso de
reflexión y debate públicos sobre la Europa del
futuro.3
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 28
SECCIÓN
Centro de Documentación y Biblioteca
F1M | Centro de Documentación Confederal1
PREnSA SInDICAL: nEGOCIACIÓn COLECTIVA
Recogemos una selección de artículos publicados en diciembre en las revistas editadas por los distintos órganos
de Comisiones Obreras, en relación a la negociación colectiva. Todos los artículos están disponibles a través
de Internet.
“Gobernanza económica europea y negociación colectiva” de Fernando Rocha. Publicado en Revista Estudios y Cultura, n. 66 (noviembre-diciembre 2014), p. 34-35
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042055GobernanzaEconomicaEuropa.pdf
“Preacuerdo en el convenio colectivo sectorial de transporte de viajeros por carretera de Navarra”. Publicado
en Acción Sindical, Ekintza Sindikala : Revista de CCOO de Navarra, n. 38 (diciembre 2014), p. 7
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042049PreacuerdoConvenioTransporte.pdf
“Relevancia y trascendencia de los Acuerdos Interprofesionales estatales” de Rita Moreno Preciado, secretaría confederal de Acción Sindical de CCOO. Publicado en Acción Sindical Confederal, n. 30 (diciembre
2014), p. 6-8
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042114RelevanciaTrascendenciaAcuerdos.pdf
“La participación sindical en la negociación de acuerdos defensivos” de Fernando Rocha Sánchez, Fundación 1º de Mayo de CCOO. Publicado en Acción Sindical Confederal, n. 30 (diciembre 2014), p. 22-23
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042122ComisionesParitariasOrganismos.pdf
“Mercedes, un buen resultado fruto de un buen trabajo”. Publicado en Biltzar, n. 9 (diciembre 2014), p. 10
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042154MercedesBuenResultado.pdf
“Negociación colectiva : criterios para 2015 : algunas claves” de José Luis Montes, responsable del Área
de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO de Industria de Asturias. Publicado en Asturias Industrial,
n. 77 (diciembre 2014), p. 10-11
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042162NegociacionColectivaCriterios.pdf
“El TSJ CLM vuelve a condenar a Nacho Villa a pagar a los trabajadores de RTVCM atrasos de convenio
acumulados desde 2009”. Publicado en Gaceta Sindical Digital : Castilla-La Mancha, n. 171 (diciembre
2014) p. 8
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042071TSJCLMCondenaRTVCM.pdf
“Cerca de 1.500 trabajadores y trabajadoras del sector de limpieza se concentran en la región para desbloquear la negociación de sus convenios colectivos”. Publicado en Gaceta Sindical Digital : Castilla-La
Mancha, n. 173 (diciembre 2014) p. 10
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042180TrabajadorasSectorLimpieza.pdf
1
Avance de contenidos de Prensa Sindical número 39, elaborado por el Centro de Documentación Confederal en colaboración con los centros de documentación de CCOO Madrid y el CERES y la Biblioteca de la
Fundación 1º de Mayo.
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 29
Félix A. Ovejero Torres | Director de la Fundación Paz y Solidaridad ‘Serafín Aliaga’
Nueva Agenda de Desarollo en 2015
E
ste año la Asamblea General de Naciones
Unidas aprobará una nueva agenda de desarrollo que reemplazará a la Agenda del Milenio suscrita en el año 2000 y que estableció los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Después de diferentes consultas temáticas nacionales e internacionales, de varios informes elaborados por expertos, el pasado 4 de diciembre
el Secretario General de Naciones Unidas hizo
público el informe que establece el marco de las
discusiones para el establecimiento de la denominada Agenda de Desarrollo Sostenible después
de 2015.
Este informe supone el pistoletazo de salida
para las negociaciones intergubernamentales en
el marco de Naciones Unidas. Recoge en su práctica totalidad lo planteado en el informe del Grupo
de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que supone que no habrá dos agendas diferenciadas,
una de desarrollo y otra de sostenibilidad y conllevará un tratamiento integral del desarrollo en
sus dos vertientes fundamentales, la humana y la
sostenible.
El informe sitúa una agenda a 15 años con 17
objetivos; universal y que se pretende sea transformadora y basada en derechos.
El inicio de la discusión intergubernamental
supone un avance por lo que respecta al empleo,
la protección social y la lucha contra las desigualdades que mejora sustancialmente lo planteado
en los ODM. El Objetivo 8 es el que se dedica al
crecimiento económico, el empleo y el trabajo decente. El Grupo Abierto señala como metas, entre
otras, que en 2030 se logre el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor;
que se adopten las medidas inmediatas y eficaces
para asegurar la prohibición y la eliminación de
las peores formas de trabajo infantil, erradicar el
trabajo forzoso y, a más tardar en 2015, poner fin
al trabajo infantil en todas sus formas, incluidos
el reclutamiento y la utilización de niños soldados;
E
n su informe, el Secretario
General de Naciones Unidas hace
una serie de recomendaciones en
cómo financiar esta nueva agenda
entre las que cabe destacar que todos los
países desarrollados deben cumplir la meta
de destinar el 0’7% del Ingreso Nacional
Bruto para Ayuda Oficial al Desarrollo
proteger los derechos laborales y promover un
entorno de trabajo seguro y protegido para todos
los trabajadores; para 2020, desarrollar y poner
en marcha una estrategia mundial para el empleo
de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el
Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. En el Objetivo 10 Reducir la desigualdad en
y entre los países figuran entre otras metas adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de
protección social; o mejorar la reglamentación y
vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de
esa reglamentación.
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 30
Propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas su formas en todo el mundo.
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible.
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades.
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos.
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.
Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible.
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación
sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación,
detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno
a la pérdida de la diversidad biológica.
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas
a todos los niveles.
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar
la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
En su informe, el Secretario General de Naciones Unidas hace una serie de recomendaciones
en cómo financiar esta nueva agenda entre las
que cabe destacar que todos los países desarrollados deben cumplir la meta de destinar el 0’7%
del Ingreso Nacional Bruto para Ayuda Oficial al
Desarrollo; que las políticas fiscales y macroeconómicas deben incluir soluciones basadas en bajas
emisiones de carbono; que se debe asegurar que
las políticas de inversión estén en consonancia
con los Principios rectores de las Naciones Unidas
sobre Empresas y Derechos Humanos, normas
fundamentales de la OIT sobre el trabajo y normas
medioambientales de las Naciones Unidas; o la
implantación de mecanismos tributarios por
ejemplo impuestos sobre transacciones financieras, las emisiones de carbono o los billetes de
avión.
La propuesta realizada por el Grupo Abierto y
asumida por el Secretario General de Naciones
Unidas es ambiciosa. Un primer paso tendrá lugar en julio de este año en la 3ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo
que se celebrará en Addis Abeba. Será un buen
termómetro para ver si las declaraciones ambiciosas se concretan en propuestas concretas y en
compromisos generosos que permitan la consecución de los objetivos que se plantean para conseguir una sociedad más justa e igualitaria. 3
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 31
Pepe Gálvez | Director del Area de Cultura de la Fundación 1º de Mayo
Esto no es una pipa o la risa también
es cuestión de poder
Sólo tiene sentido hablar de libertad de expresión
si se incluye la posibilidad de ofender (Tuit de
Albert Monteys)
E
l acto de barbarie de Charlie Hebdo, como
toda masacre, ha provocado reacciones, interrogantes y debates en el conjunto de la
sociedad sobre sus causas y en consecuencia sobre
cómo evitar que vuelva a suceder algo similar.
En la génesis de ese hecho confluyen muchos
desequilibrios: circunstancias de la política internacional que generaron, desarrollaron y mantienen el terrorismo islamista, la globalización de
la desigualdad, la quiebra de la integración social
de la inmigración en Francia y en Europa en general. Y sobre ellas se ha desarrollado el más duro
enfrentamiento sobre la libertad de expresión del
siglo XXI en el llamado primer mundo.
He iniciado este texto con un tuit de Albert
Monteys, disidente de El Jueves y fundador de
Orgullo y satisfacción, para situar de entrada uno
de los grandes peligros que soporta la libertad de
expresión, en especial la que realiza el humor o
desde el humor: ser limitada y en gran parte anulada por el concepto de ofensa. Un concepto subjetivo que puede abarcar desde la ridiculización y
la burla propia de cualquier caricatura hasta el
insulto.
El humor gráfico se basa en la caricatura gráfica
que de entrada choca de frente con la sacralización.
Cuando se dibuja a un par de príncipes en pleno
acto sexual, se resalta un aspecto que le identifica
con el resto de la ciudadanía. El mismo hecho de
dibujarlos en esa postura constituye un acto democrático en lo que tiene de igualitario, en lo que
tiene de desproveerles de prebendas que no les
corresponden. Ese dibujo, como advertía Magritte
en su cuadro de la pipa que no era tal, no son los
príncipes, sino una representación suya: como
personas que no trabajan, que viven muy bien a
pesar de ello y que además practican el sexo. Y
sin embargo no hace falta recordar lo que pasó
Stéphane Charbonnier tenía 47 años y era el jefe
de redacción de Charlie Hebdo. Fue una de las
doce víctimas del ataque.
L
a fe como toda creencia humana
es una opción individual con
características y prácticas que
pueden, y muchas veces deben,
ser sometida al tamiz del humor, sin que
ello suponga nada más que una debida
falta de falso respeto.
con la portada de El Jueves, ¿o si?. ¿En cuantos
foros se repitió que era ofensiva? .
Hay que continuar hasta que el islamismo esté
tan banalizado como el catolicismo. (Charb. Director asesinado de Charlie Hebdo)
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 32
Otro frente de conflictos de la caricatura
gráfica y que se genera
casi espontáneamente
es el de su relación con
las religiones. Sor Angutias de la Cruz, dibujada por Ja, fue uno de
los personajes más populares de la revista El
Papus a pesar de fue fulminada rápidamente
por la censura. Ja no caricaturizó a, la monja en
abstracto, ni siquiera al
conjunto de las religiosas
españolas de entonces,
sino a un importantesector de ellas, que la historia ha demostrado que
existían. La actuación de
la censura entonces no
vetó o castigó una ofensa sino que impidió la difusión de una crítica basada en la realidad.
El concepto de banalización al que se refiere
Charb más arriba, es evidentemente laico, pero
puede ser también asumido por personas con
creencias religiosas, por lo que tiene de democratizador. Sólo el hecho de dibujar un concepto abstracto y todopoderoso como el del Dios de cualquier religión monoteísta, de trasponerlo a una
imagen construida por medio de trazos que guía
la mano humana, para unos ya es un blasfemia,
para otros simplemente dar su propia visión de
ese concepto abstracto. Cuando ese dibujo toma
la forma de caricatura, humaniza la representación de Dios, le atribuye defectos, emociones, pasiones… que son los defectos, emociones, pasiones
de las personas que quieren ostentar, y casi siempre, monopolizar la representación de ese Dios.
La fe como toda creencia humana es una opción
individual con características y prácticas que pueden, y muchas veces deben, ser sometida al tamiz
del humor, sin que ello suponga nada más que
una debida falta de falso respeto.
Hay que recordar que el origen del primer Char-
lie Hebdo fue la revista
Hara-Kiri que apareció el
1º de septiembre de 1960
bajo el impulso de François Cavanna y con la colaboración entre otros de
Fred, Jacques Lob y de
Jean Marc Reiser , a los
que enseguida se añaden
Cabu, Gébé, Georges
Wolinski, Roland Topor.
En el número 7 adoptó
el muy definitorio subtítulo de “Béte et Méchant”, (bestia y despreciable) que expresaba su
voluntad de irreverencia
y de saltarse las normas
de buen gusto imperantes y por lo tanto de
ofender a los que impo-
D
entro de la izquierda, o de los de
abajo, o en fin de los que
queremos transformar la
sociedad, la caricatura debería
ser moneda corriente, debería ser un
ejercicio continuo de divertida autocrítica.
nían esos códigos. Y es que al fin y al cabo esas
normas no son inmutables, responden a criterios
que cambian con el tiempo y que quieren preservar valores y relaciones de poder.
Por eso dentro de la izquierda, o de los de
abajo, o en fin de los que queremos transformar
la sociedad la caricatura debería ser moneda corriente, debería ser un ejercicio continuo de divertida autocrítica. Creer que por estar en el
bando de los oprimidos no tenemos contradicciones, no hacemos el ridículo o no practicamos
la doble moral es engañarnos a nosotros mismos
y aceptar la concepción conservadora y tramposa
de la ofensa. 3
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 33
Mireia Morán
El ostracismo, o aislamiento, es una de las pautas
reconocidas en los manuales de prevención
de acoso laboral
M
inusvalorar, ningunear o
ignorar a las personas y su trabajo
constituye una manera
efectiva de mobbing
que sufren todos los
días multitud de trabajadores dentro y
fuera de nuestro
país. Muchas veces
va ligado a burlas, difamación, bloqueo
profesional y un largo
etcétera de factores que
muchas veces son muy difíciles de demostrar. Aunque
se emplea más la palabra mobbing, proviene del término mob que
significa muchedumbre, turba, mafia, pandilla... y retrata la manera de actuar de los acosadores. Quizás nos ocupemos de ella otro día.
El término ostracismo, que ya se encuentra tan
asimilado a nuestra época, se remonta a la antigua
Grecia. Proviene de la palabra ostrakismos y se
refiere a un procedimiento preventivo que permitía excluir a aquellas personas que eran consideradas incómodas para el estado expulsándolas
de la polis, por considerarlo un bien público.
Cada año en los meses de enero y febrero (durante la sexta pritanía) se reunía en asamblea y
se realizaba una votación para valorar si la situación merecía realizar un ostracismo. En el caso
de que resultase ésta favorable, en torno a dos
meses después se convocaba, realizándose una
votación pública. Para que fuese válida un candidato tenía que obtener mayoría absoluta; según
comenta Plutarco un ostracismo sería válido si
llegaba a los 6.000 votantes, mientras que otras
fuentes, como Filocoro, señalan que la cantidad
de 6.000 votos era la que el individuo tenía que
obtener para ser expulsada.
La votación pública se realizaba
sobre fragmentos de cerámica,
las denominadas ostraka
de donde deriva el término ostrakismos, a
modo de papeletas de
voto sobre los que se
grababa el nombre de
la persona a la que se
consideraba meritoria de expulsar. Esos
fragmentos cerámicos
provenían de piezas
desechadas ya que en el
momento de la cocción se
habían malogrado; era un
material prácticamente gratis y
L
a votación pública se realizaba
sobre fragmentos de cerámica, las
denominadas ostraka de donde
deriva el término ostrakismos, a
modo de papeletas de voto sobre los que se
grababa el nombre de la persona a la que
se consideraba meritoria de expulsar.
abundante, se han encontrado muchos de ellos
en zonas próximas a donde se ubicaban los talleres, como deshechos.
Está claro que en multitud de ocasiones el ostracismo pudo utilizarse (y fue utilizado) como
arma política, por aquellos con poder en la polis,
para la expulsión de determinadas personas que
les resultaban incómodas o contrarias a su proceder. De hecho, análisis grafológicos han interpretado que la cantidad de manos que los grababan se limitaba a bastantes pocas, se ha
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 34
contabilizado en una votación determinada tan
sólo catorce grafías diferentes, por lo que se ha
podido deducir que, determinados políticos, repartían entre sus seguidores las papeletas ya pregrabadas y/o que incluyesen formas coactivas y
de adoctrinación. Aunque también se ha justificado debido a que no todo el mundo sabía escribir,
los votantes podían ser ayudados por un escriba,
que grabaría el nombre en el fragmento, por lo
que no se considera que existiese fraude electoral.
En Vidas Paralelas, Plutarco narra que Nicias y
Alcibiades dejaron a un lado sus hostilidades mutuas y con su influencia combinada se presentaron
solicitando la expulsión de un tercer nominado,
Hipérbolo, y de esa manera, consiguieron eludir
el ostracismo de alguno de ellos.
Debido a este método de control social que buscaba mantener el orden establecido en la polis, la
persona designada por la votación pública tenía
diez días para abandonar la ciudad y la pena por
regresar era la muerte. No había ningún tipo de
defensa contra ella por parte del nominado. El
exilio no era permanente ni ello suponía una pérdida de su estatus o sus derechos y sus propiedades eran respetadas. En algunas ocasiones se les
permitía volver antes de que concluyese ese pe-
A
nálisis grafológicos han
interpretado que la cantidad de
manos que los grababan se
limitaba a bastantes pocas, se ha
contabilizado en una votación determinada
tan sólo catorce grafías diferentes, por lo
que se ha podido deducir que,
determinados políticos, repartían entre sus
seguidores las papeletas ya pregrabadas
y/o que incluyesen formas coactivas y de
adoctrinación.
riodo a la polis y una vez allí, ya fuera antes o
después, volvían sin estigma alguno. Esta pena
era leve en comparación con grandes multas, la
pérdida de derechos o incluso la muerte, ya que
era una pena preventiva y no punitiva.
Ahora, quienes acosan, exilian ignorando, cargando de trabajo tedioso o eliminando toda tarea
a las personas que consideran incómodas para
sus manejos y esto es algo con lo que todos los
trabajadores debemos estar concienciados. 3
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 35
Jaime Ruiz | Presidente de la Plataforma por la Comisión de la Verdad
No esperemos otros 40 años a ejercer
el derecho a la verdad
E
ntramos en un nuevo año y nuestro país sigue sin afrontar nuestro pasado reciente y
dramático. Un año más de aquella victoria
franquista, fruto de un golpe militar sin éxito
contra el gobierno legítimo de la II República,
que provocó una guerra civil y la instauración de
una dictadura fascista y totalitaria, copia del modelo alemán e italiano de la época cuyos gobiernos
si apoyaron sin pudor su entronización. Cuarenta
años de dictadura fueron y son una anormalidad
producida en la Europa liberada del fascismo y
defensora de la democracia después de la II guerra mundial.
Somos una democracia joven que tiene como
único antecedente histórico la II República, y no
podrá encontrar otro, que “el que constituyó el
antecedente más inmediato y la más importante
experiencia democrática que podemos contemplar al mirar nuestro pasado” (Ley 24/06 de 7 de
julio que declara como año de la Memoria Histórica el 2006).
Explicar que un país europeo que se dotó de
una constitución en 1978 mantenga a miles y miles de ciudadanos sin atender y sin reconocer sus
derechos, como ocurre con las víctimas del franquismo, a la verdad y en situación de olvido es
difícil y constituye en sí mismo una violación continuada de los Derechos Humanos. Recordemos
que hablamos de la existencia de más de 2.300
fosas comunes, 150.000 desaparecidos, más de
30.000 bebés robados…. que puede catalogar a
nuestro país como campeón, entre todos los países en número de desaparecidos en sus fronteras,
y algunos miles más allá de las mismas.
Hablamos, por tanto, de lo que se califica penalmente como crímenes contra la humanidad,
lesa humanidad, crímenes que consideran a sus
autores y sus conductas como agresiones en la
forma más brutal a la persona, y que pertenecena
todo el género humano como derechos elementales a la vida, la integridad, la dignidad, la libertad, constituyendo los pilares sobre los que se
asienta una sociedad civilizada y el propio estado
de derecho”.
El carácter permanente de los delitos de detención ilegal y posterior desaparición obliga a
mirar como delito continuado estos hechos, ya
que «todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores
continúen ocultando la suerte y paradero de la
persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos Crímenes que no admiten
leyes de punto final por alcanzar la categoría de
crímenes contra la humanidad».
Las víctimas y sus familiares acudieron a la justiciaconsiderando que el tiempo transcurrido y
E
xplicar que un país europeo que se
dotó de una constitución en 1978
mantenga a miles y miles de
ciudadanos sin atender y sin
reconocer sus derechos, como ocurre con
las víctimas del franquismo, a la verdad y
en situación de olvido es difícil y constituye
en sí mismo una violación continuada de
los Derechos Humanos.
nuestro estado social y democrático les atendería,
y en vez de ser escuchados, como pretendió el
juez Garzón, el Tribunal Supremo estableció, por
una parte, la absolución del juez y de otra, tal
como explica Javier Chinchón (Cuadernos Deusto
de Derechos Humanos nº 67) “en nuestros tribunales de justicia la investigación judicial de
esos hechos, incluso si solo se tratara de realizar
las meras diligencias para, ya la restitución de
sus restos a sus seres queridos es inviable por jurídicamente imposible en este país.
“Los argumentos generales puesto sobre la
mesa pueden resumirse en aquellas palabras que
hacía suyas la Audiencia Provincial de Burgos: 1.
Los delitos han prescrito según el código penal
vigente; 2. La ley de amnistía de 1977 es aplicable
a todos los asesinatos políticos anteriores a esa
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 36
fecha; 3. Con toda seguridad, los autores han fallecido; 4. Fuera de ello, el tratamiento de la memoria histórica no corresponde o compete a los
juzgados”.
Es decir en nuestro país no se cumple “la obligación general de los estados de investigar las
violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto
de sus autores, especialmente en la esfera de la
justicia, para que las personas sospechosas de
responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas
y condenadas a penas apropiadas, de garantizar
a las víctimas recursos eficaces y la reparación
de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho
inalienable a conocer la verdad en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que
corrió la víctima”….. No se aplican estas obligaciones a estas víctimas, existe impunidad para
este tipo de delitos.
Si la justicia no interviene en nuestro país las
reclamaciones no se detendrán y no dejaremos
de exigir el cumplimiento de derechos de las víctimas, y no daremos por bueno que el estado de
derecho mantenga zonas de impunidad o incumpla obligaciones contraídas como Estado parte
de convenios internacionales.
Esos marcos institucionales, supranacionales
a los que nuestro país elude en materia tan grave
vienen demandando, no sólo en Europa, sino
también a nivel de Naciones Unidas que cumplamos con los mismos. La justicia transicional,
a la que nos referimos, es un conjunto de medidas
judiciales y políticas que diversos países han utilizado y utilizan como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Y entre
ellas figuran acciones penales, las comisiones de
la verdad, los programas de reparación y diversas
reformas institucionales. Todo ello porque hablamos de violaciones masivas de los DDHH, y
las víctimas tienen el derecho oficialmente reconocido, a ver castigados a los autores de los mismos, a conocer la verdad y a recibir reparaciones.
La especial gravedad que entraña los crímenes
de genocidio y lesa humanidad y los crímenes de
guerra, así como la impunidad que con frecuencia
se han procurado los grandes criminales que han
perpetrado dichos crímenes ha dado lugar a la
elaboración de los siguientes principios de derecho aplicables a las más graves violaciones de
los Derechos Humanos:
• El principio de jurisdicción universal o principio de extraterritorialidad
• El principio de imprescriptibilidad penal.
El derecho internacional vigente obliga a todos
los estados a perseguir, por su especial gravedad,
ciertos crímenes internacionales, se produzcan
donde se produzcan y con independencia de la
nacionalidad de los agresores y de sus víctimas,
porque conductas tan odiosas trascienden a las
víctimas, ofenden a toda la humanidad y ponen
en peligro los principios generales de civilización
consagradas por las normas protectoras de los
derechos humanos fundamentales.
Loa comisión de derechos humanos (61 sesión
de Naciones Unidas 2005) aprobó los principios
generales para combatir la impunidad (principio
S
i la justicia no interviene en
nuestro país las reclamaciones no
se detendrán y no dejaremos de
exigir el cumplimiento de derechos
de las víctimas, y no daremos por bueno
que el estado de derecho mantenga zonas
de impunidad o incumpla obligaciones
contraídas como Estado parte de convenios
internacionales.
1). Destaca el derecho inalienable a la verdad en
los casos de crímenes como los que se investigan
(principio 2). El derecho de las víctimas a saber
(principio 4). Como un derecho imprescriptible
a conocer la circunstancia en las que se produjeron la violencia, la muerte o las desapariciones.
El derecho a la justicia (principio 19).
Y recomienda, para garantizar el derecho a la
verdad:
1. Tomar medidas para garantizar el derecho a
la verdad en caso de violaciones graves de Derechos Humanos.
2. Instar a los Estados a revisar su normativa
interna, derogar disposiciones que directa o indirectamente impidan cumplir sus obligaciones
internacionales y adopten la legislación que garantice el derecho a la verdad.
El derecho a la verdad comprende una doble
dimensión. En primer lugar, se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 37
verdad con respecto a los hechos que dieron lugar
a grandes violaciones de los Derechos Humanos,
así como el derecho a conocer la identidad de
quienes participaron en ellos. Ello implica que el
derecho a la verdad acarrea la obligación de los
estados de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de
graves violaciones de Derechos Humanos. Y en
segundo lugar este derecho no sólo corresponde
a las víctimas y sus familiares sino también a la
sociedad en su conjunto. Toda la sociedad tiene
el irrenunciable derecho a conocer la verdad de
lo ocurrido, así como las razones y circunstancias
en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a
ocurrir en el futuro.
Herramienta utilizada para estas circunstancias, en la actualidad por más de 40 países, son
las Comisiones de la Verdad como “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos
que no tienen carácter judicial y que se ocupan
de investigar abusos de los derechos humanos o
el derecho humanitario que se haya cometido a
lo largo de varios años.
Y en particular, llama a los Estados, a redoblar
los esfuerzos para prevenir el fenómeno de desaparición forzada de persona e implementen los
mecanismos necesarios para tipificarlo como un
delito penal; esclarecer lo ocurrido a las víctimas,
determinar su paradero, identificar cuerpos exhumados y entregar los restos a los familiares de
acuerdo con sus deseos, así como los mecanismos
adecuados para asegurar su participación en el
proceso.
Llama a que se garantice la colaboración de todas las instituciones estatales en relación con la
desclasificación de documentación y provisión
de información en los procesos investigativos judiciales o extrajudiciales. Así como adoptar todos
los esfuerzos necesarios para cooperar en la entrega de información y cooperación entre los estados que buscan investigar, juzgar y sancionar
violaciones.
Instrumento recomendado y conveniente a partir de apoyo político, presupuestario e institucional necesario a las iniciativas oficiales extrajudiciales de determinación de la verdad son las
Comisiones de la Verdad. El estado debe garan-
tizar condiciones adecuadas para la creación y
funcionamiento de la Comisión de la Verdad y
deben adoptar las medidas pertinentes para implementar las recomendaciones formuladas en
plazo razonable por dichas Comisiones de la Verdad.
Todo ello sin que deje de activarse actuaciones
dememorialización, pedidas de disculpa y reconocimiento de responsabilidad por la comisión
de violaciones de Derechos Humanos. Así como
T
oda la sociedad tiene el
irrenunciable derecho a conocer
la verdad de lo ocurrido, así como
las razones y circunstancias en las
que aberrantes delitos llegaron a
cometerse, a fin de evitar que esos hechos
vuelvan a ocurrir en el futuro.
sistematizar los esfuerzos emprendidos en relación con la garantía del derecho a la verdad, implementandoamplias campañas de difusión que
permitan socializar las razones, argumentos y
conveniencia de establecer una Comisión de la
Verdad.
Las sociedades que no se enfrentan a las violaciones masivas de Derechos Humanos suelen
quedar divididas, generándose desconfianza entre diferentes grupos y frente a las instituciones
públicas. Esta situación pone en cuestión el compromiso por el estado de derecho y puede conducir a la repetición de actos violentos.
En nuestro país, el actual gobierno suspende
en Derechos Humanos, suspende por sus incumplimientos con obligaciones ineludibles como
son las que nuestra democracia debe a las víctimas del franquismo. Esta situación convierte a
nuestra sociedad en una sociedad herida que se
aleja de los valores recogidos en la Declaración
de Derechos Humanos, y nosotros y toda Europa,
conocemos por la historiay desde el fondo de
nuestra memoria democrática a que horror podemos llegar si olvidamos a los que lucharon por
la libertad. 3
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 38
Antonio José Marques
Historiador y archivista. Coordinador del Centro de Documentación y Memoria Sindical de la CUT Brasil.
La Comisión Nacional de la Verdad en Brasil
y el protagonismo de los trabajadores por memoria,
verdad, justicia y reparación
E
n los primeros años de la década de 1960,
la sociedad brasilera vivió momentos de
grandes tensiones políticas: la renuncia del
presidente Jânio Quadros; la campaña por la legalidad, exigiendo la pose del vice-presidente João
Goulart; la instalación del parlamentarismo por
parte del Congreso Nacional, impuesto por sectores conservadores de la sociedad; y el retorno
al presidencialismo, después que la mayoría del
pueblo aprobó en un plebiscito esta forma de gobierno. En el marco internacional existía la polarización entre los Estados Unidos de un lado y la
Unión Soviética de otro, período que forma parte
de la llamada “guerra fría”. El gobierno brasilero
adoptó una política internacional independiente
y, en el ámbito interno, la práctica de una política
nacional de desarrollo económico y social apoyada
por los trabajadores y los movimientos sociales.
Las políticas llevadas a cabo por el presidente
João Goulart desagradaba fuerzas políticas conservadoras, empresarios, latifundistas, la mayor
parte de la prensa y militares conspiradores, que
acusaban al presidente de aproximarse de los comunistas. Al mismo tiempo en que estos sectores
conspiraban contra el presidente João Goulart,
apoyados y financiados por el gobierno de los Estados Unidos, como comprueban varios documentos, los trabajadores de la ciudad y del campo
se organizaban en el Comando General de los Trabajadores (CGT), en la Confederación Nacional
de los Trabajadores de la Agricultura (CONTAG),
en las Ligas Campesinas y todos ellos exigían la
profundización de las reformas económicas, políticas y sociales.
En Brasil el mes de marzo de 1964 fue de intensa agitación social. Entre otros hechos, ocurrió
en la ciudad de Rio de Janeiro la concentración
en apoyo a las reformas de base propuestas por
el presidente João Goulart. Esas reformas de base
consistían básicamente en reformas política, edu-
D
urante los 21 años de dictadura
militar en Brasil, entre 1964 y
1985, los trabajadores fueron las
principales víctimas del régimen
militar, como muestran las actuales
investigaciones.
cacional, fiscal y agraria. La concentración impulsada por los sindicatos reunió más de 150 mil
personas, un número sorprendente para la época.
Las movilizaciones sindicales, sociales y populares
provocaron la intensificación de las articulaciones
de las fuerzas golpistas. El día 31 de marzo de
1964, militares golpistas y civiles conservadores
asaltaron el poder y derrocaron al presidente João
Goulart. Éste, para evitar una guerra civil y un
derramamiento de sangre, prefirió no resistir y
se exilió en Uruguay. Los golpistas acusaron a
João Goulart de querer implantar una “República
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 39
Sindicalista” en Brasil y por este motivo eligieron
los sindicatos y los trabajadores como sus principales enemigos. El CGT, la CONTAG y las Ligas
Campesinas fueron desarticuladas y exterminadas, sindicatos invadidos, sus dirigentes encarcelados, les retiran sus derechos políticos, son torturados e inclusive algunos asesinados. Al mismo
tiempo se impone toda una legislación contra los
trabajadores: la ley de huelga, la ley del fin de la
estabilidad en el trabajo, la ley de seguridad nacional, la ley de prensa entre otras. El plan de
desarrollo de los militares, apoyado por empresarios y latifundistas comprometidos con el capital
internacional, promueve la disminución de salarios, provoca desempleo, la expulsión de los trabajadores del campo, la concentración del latifundio, el crecimiento desordenado de las
ciudades. Como consecuencia se profundiza la
miseria entre los trabajadores y los sectores más
pobres de la población y se concentra la riqueza
en manos de pocas personas.
Las persecuciones contra los trabajadores, sus
sindicatos y los movimientos sociales; la falta de
libertad de organización y de prensa; la cruenta
represión, con encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, llevaron a la resistencia y la lucha para que volviera la democracia. En ese período millares de personas eran
encarceladas, torturadas y algunas centenas asesinadas y desaparecidas forzadamente. Durante
los 21 años de dictadura militar en Brasil, entre
1964 y 1985, los trabajadores fueron las principales víctimas del régimen militar, como muestran las actuales investigaciones. Aunque en una
situación bastante adversa, los trabajadores se organizaron, lucharon por sus reivindicaciones, hicieron paros masivos, como en los años de 1978,
79 y 80, que ocurrieron en todo Brasil. En este
proceso impulsaron la creación de la Central
Única de los Trabajadores (CUT), fundada en
1983, y que se constituyó combatiendo la dictadura militar y se consolidó como una de las fuerzas exponentes de la lucha por la democracia y la
ciudadanía en el País.
En esos más de 30 años de historia, la CUT
siempre denunció las atrocidades cometidas por
la dictadura militar. Apoyó las entidades de familiares de presos, torturados, muertos y desaparecidos forzados. Denunció y todavía denuncia
que la dictadura militar tuvo y tiene un alto costo
para la sociedad brasilera. La dictadura militar
dejó una herencia, un vil legado, que está presente
en el mundo del trabajo, en las relaciones laborales, en la legislación social, en la educación, en la
seguridad pública, en la violencia en el campo, en
la concentración de los medios de comunicación,
en la falta de viviendas, en la precariedad de la
salud pública y sanidad básica, en la violencia urbana, entre otras aflicciones.
Sin embargo, fue solamente en 1995, con la
creación de la Comisión Especial sobre Muertos
y Desaparecidos Políticos, vinculada al Ministerio
de la Justicia, que las investigaciones sobre la brutal represión durante la dictadura militar y la
E
n esos más de 30 años de
historia, la CUT siempre
denunció las atrocidades
cometidas por la dictadura
militar. Apoyó las entidades de familiares
de presos, torturados, muertos y
desaparecidos forzados.
busca de la verdad y memoria histórica pasaron
a ser hechas por el Estado brasilero. Esto ocurre
después de mucha movilización de la sociedad,
principalmente de las entidades de familiares de
las víctimas y militantes de los derechos humanos.
Pero, fue en el segundo mandato del presidente
Lula (2007–2010) que la temática alcanzó un nivel más avanzado, momento en el cual se discutió
el Plan Nacional de los Derechos Humanos 3
(PNDH 3). La legislación con el PNDH 3 fue aprobada en 2009 y traía como uno de los ejes orientadores el tema “Derecho a la Memoria y a la Verdad”, principalmente durante la dictadura militar.
En 2011, las discusiones sobre la creación de la
Comisión Nacional de la Verdad tuvieron mayor
visibilidad en la sociedad brasilera. El mes de noviembre, cuando ya se sabía que la ley que instituía la Comisión sería corroborada por la presidenta Dilma Rousseff, las entidades se articularon
para indicar militantes comprometidos con la lucha por la verdad, memoria, justicia y reparación,
en contrapartida a los nombres defendidos por
los medios de comunicación y comprometidos
con posiciones conservadoras. El día 18 de ese
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 40
mismo mes, la presidenta Dilma Rousseff ratifico
la ley que creó la Comisión Nacional de la Verdad
(CNV), con la finalidad de investigar las graves
violaciones de derechos humanos practicadas entre 1946 y 1988 “con el fin de garantizar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional”, de acuerdo
con el texto de la ley. Por fin, en mayo de 2012,
después de 27 años del término de la dictadura
militar, la Comisión Nacional de la Verdad fue
instalada por el gobierno brasilero con el plazo
de dos años para realizar sus trabajos, y que después se prorrogaron por seis meses más. La CUT
apoyó la instalación de la Comisión, pero defendió
también, que se hiciera justicia, con la debida investigación de los crímenes cometidos por los
agentes de la dictadura y sus apoyadores, que se
los llevaran a juicio, que hubiera castigo a los culpables y que se indemnizara a las víctimas y/o
sus familiares. Los trabajadores y trabajadoras
reconocen que la memoria histórica, la verdad, la
justicia y la reparación son fundamentales para
la construcción de una sociedad justa e igualitaria.
En su 11º Congreso Nacional, en julio de 2012,
la CUT aprobó una resolución que exigía investigación de todas las violaciones cometidas durante
la dictadura militar. También requirió la profundización de las investigaciones de los crímenes
de la dictadura contra los trabajadores, trabajadoras y los sindicatos. Para esto, la Ejecutiva Nacional de la CUT creó una Comisión de Acompañamiento de la Comisión Nacional de la Verdad.
En la primera reunión de la CNV con la sociedad
civil, la CUT entregó documentos con nombres
de dirigentes sindicales asesinados que necesitaban ser investigados y reivindicó la creación de
un Grupo de Trabajo (GT) de los Trabajadores
en el ámbito de la CNV. Al comienzo de 2013,
después de la movilización de la CUT, ahora también apoyada por otras centrales sindicales, la Comisión Nacional de la Verdad institucionalizó el
Grupo de Trabajo Dictadura y Represión a los
Trabajadores y al Movimiento Sindical.
En mayo de 2013, la CUT creó su Comisión Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia que fortaleció el GT Trabajadores de la CNV. Esta Comisión, aún en actividad, asesorada por el Centro
de Documentación y Memoria Sindical de la CUT,
hace investigaciones, recolecta testimonios y tam-
L
a presidenta Dilma Rousseff
ratifico la ley que creó la Comisión
Nacional de la Verdad (CNV), con
la finalidad de investigar las
graves violaciones de derechos humanos
practicadas entre 1946 y 1988 «con el fin
de garantizar el derecho a la memoria y a la
verdad histórica y promover la
reconciliación nacional»
bién incentiva investigaciones sobre la represión
sufrida por los trabajadores y el movimiento sindical. Ella también hace un llamamiento a las entidades sindicales que fueron perseguidas durante
la dictadura militar para que constituyan sus Comisiones de Memoria y Verdad, para que recuperen y organicen sus documentos, recolecten
testimonios, en la medida en que estas son formas
de contar sus historias de resistencia y lucha. Las
actividades de archivo y memoria deben ser permanentes y no se agotan con el fin de los trabajos
de las Comisiones de la Memoria y Verdad.
La Comisión Nacional de la Memoria, Verdad
y Justicia de la CUT también presionó para que
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 41
la Comisión Nacional de la Verdad del gobierno
brasileiro incluyese en la Justicia de Transición
los trabajadores del campo asesinados en el período de la dictadura y que sus familias sean debidamente indemnizadas, en la medida en que hayan sido crímenes políticos. La ley que creó la
CNV estableció que la misma investigara solamente los crímenes cometidos por agentes del
Estado. Sin embargo, la política para el medio rural impuesta por la dictadura militar propició la
concentración del latifundio, la creación de asesinos a sueldo mantenidos por hacendados que
perseguían y mataban trabajadores y sindicalistas
rurales. Muchas veces, los propios hacendados y
sus sicarios cometían los crímenes y eran respaldados por el gobierno y por órganos de la Justicia.
Según un levantamiento hecho por el investigador
Gilney Viana, casi 1.200 trabajadores y sindicalistas rurales fueron asesinados en el campo entre
1964 -1988. Estos trabajadores aún no tuvieron
sus derechos reconocidos como perseguidos políticos, víctimas de asesinatos, sus familias no han
sido debidamente indemnizadas. Entre centenas
de asesinados, diecinueve sindicalistas rurales estuvieron directamente involucrados en el proceso
de formación de la CUT al inicio de los años 1980,
siendo que tres de ellos ocuparon cargos en la
Central.
Los trabajadores y trabajadoras son la mayoría
de la población y fueron los más perseguidos por
la dictadura militar. Por esto, la CUT y su Comisión Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia
se mantienen atentas y acompañando los trabajos
de la CNV, atentas a la presentación del informe
final y las recomendaciones que deben ser seguidas por el Estado brasileiro, para que se acabe
con la herencia dejada por los militares, para que
nunca más haya dictaduras. Finalmente, después
de dos años y medio de investigaciones, estudios
y recolección de centenas de testimonios, la Comisión Nacional de la Verdad presentó su Informe
Final a la sociedad brasilera el día 10 de diciembre
de 2014.
El Informe Final de la CNV analiza los orígenes
del golpe, trae casos emblemáticos de represión,
nombres de centenas de personas involucradas
con torturas, asesinatos y desaparecidos políticos,
identifica locales de prisiones, torturas y asesinatos en varias partes de Brasil, algunos de esos
clandestinos, otros en instalaciones militares,
como cuarteles del ejército y reconoce 434 muertos y desaparecidos políticos. No dejamos de reconocer que el Informe Final es un avance y buscó
la memoria y la verdad histórica, siendo un instrumento para que continuemos luchando por
justicia y reparación para todos los que sufrieron
represión, fueron torturados, muertos y desaparecidos forzosamente. De cualquier manera, es
necesario revisar la Ley de Amnistía de 1979 ratificada por el gobierno militar y que auto-amnistió
los asesinos y torturadores. Muchos de los nombres listados como torturadores y asesinos todavía
están vivos, algunos hicieron declaraciones en la
L
os trabajadores y trabajadoras son
la mayoría de la población y
fueron los más perseguidos por la
dictadura militar. Por esto, la CUT
y su Comisión Nacional de la Memoria,
Verdad y Justicia se mantienen atentas y
acompañando los trabajos de la CNV.
Comisión Nacional de la Verdad, reconocieron
sus crímenes y quedaron libres, como si nada hubieran hecho y volvieron a sus casas. Esto es vergonzoso para la sociedad brasileira. La revisión
de la Ley de Amnistía permitirá que los responsables por crímenes contra la humanidad tengan
el castigo que merecen. Estos crímenes no pierden
la validez, conforme el Derecho Internacional.
Otro hecho frustrante es que las fuerzas armadas, Ejército, Marina y Aeronáutica, no reconocen
su rol y participación en la represión, tortura y
asesinato de personas, aun cuando la Comisión
Nacional de la Verdad haya comprobado el uso
de sus instalaciones e identificado los asesinos y
torturadores. Los militares alegan que hicieron
investigaciones y nada encontraron, cuando la
verdad es que fueron ellos mismos los que quemaron archivos y destruyeron pruebas.
La Comisión Nacional de la Verdad no avanzó
en la localización de los restos mortales de los
desaparecidos forzados, siendo necesaria la continuación de estos trabajos. De esta manera, el
número de 434 muertos y desaparecidos políticos
no es definitivo y el mismo debe aumentar. No
está en la relación divulgada por la CNV, por ejem-
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plo, tres nombres de trabajadores rurales asesinados por militares alrededor de la década de 1980
cuando realizaban paros.
Por otro lado, constan en
la relación nombres de
tres trabajadores rurales
asesinados por desconocidos, y no por agentes del
Estado, abriendo la posibilidad, por lo tanto, para
que centenas de trabajadores y sindicalistas rurales asesinados durante la
dictadura militar sean reconocidos como crímenes
políticos.
Todavía es necesario
avanzar en las investigaciones sobre la participación de los empresarios y de las empresas en el
golpe militar, por dar soporte a la dictadura y
apoyo en la infraestructura de represión. Algunas
empresas cedían vehículos, instalaciones, financiaban organismos para torturas y asesinatos de
personas, mantenían estructuras internas de seguridad encabezadas por militares, denunciaban
y despedían a los activistas sindicales. Estos empresarios y las empresas son cómplices de los militares, deben recibir punición e indemnizar a los
trabajadores por los crímenes cometidos.
Por fin, existen todavía otras cuestiones que necesitan ser más investigadas, ya que, aunque no
sean reconocidas internacionalmente como crímenes contra la humanidad, provocaron millares
de muertos. Es el caso, por ejemplo, de los muertos en accidentes de trabajo. En la década de 1980,
Brasil se convirtió en el campeón mundial en accidentes de trabajo. También tenemos las muertes
provocadas por enfermedades debido al crecimiento desordenado de las ciudades y la falta de
sanidad básica e inversión en salud. Tenemos los
casos de los niños que tuvieron que abandonar la
T
odavía es necesario avanzar en
las investigaciones sobre la
participación de los empresarios
y de las empresas en el golpe
militar, por dar soporte a la dictadura y
apoyo en la infraestructura de represión.
escuela y fueron obligados a trabajar para ayudar
a mantener a su familia. Los militares modificaron
la Constitución de la República en 1967 e instituyeron el trabajo infantil. Esto se constituye un
crimen contra nuestra infancia.
La Comisión Nacional de la Verdad y su informe
final es el comienzo de un proceso. Ahora es necesario llevar a cabo las recomendaciones, principalmente en lo que se refiere a la democratización de las policías y las fuerzas armadas.
No existe época para la busca de la verdad, memoria, justicia y reparación. 3
São Paulo, 15 de enero de 2015.
NÚM: 67 • ENERO 2015 • 43
SECCIÓN
Los datos tienen la palabra
F1M | Jesús Cruces
PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS EN
ESPAÑA, 2010-2014
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, 2014.
Pensiones contributivas (miles de pensiones)
2010: ......................................................... 8.671,02
2011: ......................................................... 8.805,16
2012: ......................................................... 8.920,00
2013: ......................................................... 9.065,83
2013 (ene-nov): ........................................ 9.058,54
2014 (ene-nov): ........................................ 9.194,73
Pensiones no contributivas (nº de pensiones)
2010: .........................................................
453.295
2011: .........................................................
449.006
2012: .........................................................
446.425
2013: .........................................................
446.292
2013 (ene-nov): ........................................
446.214
2014 (ene-nov): ........................................
449.433
PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN VIGOR POR REGÍMENES Y CLASES, 2014 (ene-nov 2014; miles de pensiones)
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, 2014.
Total sistema: ............................................
9.194,73
General: .....................................................
Trabajadores autónomos: .......................
Trabajadores del mar: ..............................
Minería del carbón: ..................................
Accidentes de trabajo: .............................
Enfermedades profesionales: .................
Sovi: ...........................................................
6.447,98
1.917,27
130,79
67,04
208,35
39,80
383,51
Incapacidad permanente: .......................
Jubilación: .................................................
Viudedad: ..................................................
Orfandad: ..................................................
Favor de familiares: ..................................
929,48
5.554,22
2.347,70
325,03
38,30
IMPORTE MEDIO DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS
EN ESPAÑA, 2010-2014 (euros/mes)
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, 2014.
2010: .........................................................
2011: .........................................................
2012: .........................................................
2013: .........................................................
2013 (ene-nov): ........................................
2014: (ene-nov): .......................................
779,49
804,96
829,79
856,37
855,85
870,50
POR CCAA, 2014 (ene-nov)
Andalucía: .................................................
Aragón: ......................................................
Asturias: ....................................................
Baleares: ...................................................
Canarias: ...................................................
Cantabria: .................................................
Castilla y León: ..........................................
Castilla La Mancha: ..................................
Cataluña: ...................................................
Comunidad Valenciana: ...........................
Extremadura: ............................................
Galicia: .......................................................
Madrid: ......................................................
Murcia: ......................................................
Navarra: .....................................................
País Vasco: ................................................
La Rioja: ....................................................
Ceuta y Melilla: .........................................
789,03
909,32
1.028,14
798,77
811,44
908,46
851,36
809,22
900,46
801,56
732,30
733,46
1.030,26
767,35
991,39
1.075,91
838,82
864,32
IMPORTE MEDIO DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS
EN VIGOR POR REGÍMENES Y CLASES, 2014 (ene-nov
2014; euros/mes)
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, 2014.
Total sistema: ............................................
870,50
General: .....................................................
Trabajadores autónomos: .......................
Trabajadores del mar:...............................
Minería del carbón: ..................................
Accidentes de trabajo: .............................
Enfermedades profesionales: .................
Sovi: ...........................................................
965,31
611,23
921,38
1.501,89
930,42
1.163,57
381,89
Incapacidad permanente: .......................
Jubilación: .................................................
Viudedad: ..................................................
Orfandad: ..................................................
Favor de familiares: ..................................
915,32
999,07
623,84
369,57
508,11