1. Educación

Boletín sindical de los trabajadores de la Administración del Estado y de la Seguridad Social
Edita: Sindicato Federal de la Administración General del Estado (SFAGE) CGT-CAT
Febrero 2015
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LA CRISIS DEL
MODELO SINDICAL
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OTRO SINDICALISMO ES
POSIBLE
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LA REPRESENTACIÓN
SINDICAL EN LA AGE
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CORRUPCIÓN, PAZ
SOCIAL Y CASTA
SINDICAL
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EL FRAUDE DE LA
FORMACIÓN
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EL DESMANTELAMIENTO
DE LA AGE
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En el actual modelo de democracia representativa, el voto se
ha convertido en un mero formulismo para dotar de un ligero
barniz pseudo democrático a un
sistema donde las decisiones
se toman en foros lejanos (FMI,
OMC, BM, Troika...).
El sindicalismo no es ajeno a
esta farsa. El sindicato, que en
origen era el ámbito donde la
clase trabajadora se auto organizaba para mejorar sus condiciones laborales y sociales, donde el apoyo mutuo garantizaba
la necesaria protección contra
los ataques del capital, se percibe ahora, por gran parte de la
sociedad, como algo lejano y de
lo que hay que desconfiar; o, en
el mejor de los casos, como una
especie de gestoría proveedora
de servicios (cursos de formación para promocionar en la empresa, asistencia jurídica, residencias vacacionales...).
El sindicalismo institucional, con
el paso del tiempo, se ha ido
acomodando al sistema, de tal
forma que ya es parte del mismo. Junto a la renuncia a cambiar las cosas por medio de la
lucha y la participación activa de
la sociedad, se ha llevado el sistema de delegación al extremo,
hasta convertir a los grandes
sindicatos en unas organizaciones cada vez más burocratizadas y cerradas.
Pero algo ha empezado a moverse. Las distintas mareas de-
fensoras e impulsoras de la calidad y recuperación de los servicios públicos o los movimientos
sociales tipo STOP Desahucios
han bebido de la misma fuente,
la del 15M, que ha vuelto a recuperar el valor de la participación,
de la horizontalidad, de la democracia directa, de base, la autoorganización frente a un sindicalismo y una política profesional y
de pacto que ha claudicado sin
contar, siquiera, con la opinión
de sus bases.
El tiempo perdido ha sido demasiado, el espacio abandonado
inmenso, pero aún estamos a
tiempo de recuperar un modelo
en el que la delegación pierda
espacio frente al activismo participativo.
HA LLEGADO EL MOMENTO DE LA REGENERACIÓN SINDICAL
INSTRÚYANSE, PORQUE NECESITAREMOS DE
TODA NUESTRA INTELIGENCIA.
CONMUÉVANSE, PORQUE NECESITAREMOS DE
TODO NUESTRO ENTUSIASMO.
ORGANÍCENSE, PORQUE NECESITAREMOS DE
TODA NUESTRA FUERZA.
ANTONIO GRAMSCI - L’ORDINE NUOVO, AÑO I, Nº 1,
1° DE MAYO DE 1919
DEFENDAMOS LAS
PENSIONES PÚBLICAS:
NO A LOS PLANES
PRIVADOS
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SERVICIOS PÚBLICOS:
PATRIMONIO DEL
PUEBLO
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EL PRECIO DE LA PAZ
SOCIAL O LO QUE
CUESTA UNTAR A
ALGUNOS SINDICATOS
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PRIVATIZACIONES Y
CORRUPCIÓN
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EL FRAUDE DE La CORA
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TRES AÑOS MÁS CON EL
SALARIO CONGELADO
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CGT-CAT CONTRA EL
NEGOCIO DE LAS
PRIVATIZACIONES
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EL TISA, EL TIPP O EL
GOBIERNO DE LAS
MULTINACIONALES
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OTRO SINDICALISMO ES
POSIBLE
CGT-CAT siempre ha apostado
por un modelo participativo en
el que la clase trabajadora es la
protagonista a la hora de tomar
decisiones. Por eso el asamblearismo ha sido siempre una
de nuestras señas de identidad.
Nuestro trabajo se basa en el
contacto directo y regular con la
plantilla y se construye a través
de asambleas informativas y decisorias.
No queremos ni necesitamos recursos ajenos en forma de liberados institucionales o subvenciones para la formación, que
lastran y coartan nuestra acción
sindical.
Para nuestro modelo sindical lo
imprescindible es la participación y la colaboración de la gente. Sin esa participación colectiva, este sindicalismo es inviable.
La tarea por la mejora de las
condiciones laborales y sociales
o es colectiva o no es, y está en
nuestras manos conseguirlo.
LA REPRESENTACIÓN
SINDICAL EN LA AGE
El modelo de representación
que padecemos en la Administración General del Estado es
aún menos democrático que el
de la empresa privada.
Distintas leyes han ido vaciando
de contenido los órganos elegidos directamente por la plantilla
de la AGE: Juntas de Personal y
Comités de Empresa.
Es en la lejanía de las mesas
generales y delegadas de Madrid donde se decide todo; por
supuesto, sin consultar no solo
al personal afectado sino tampoco a la propia afiliación.
Por otra parte, la negociación
colectiva en nuestro ámbito es
testimonial. A pesar de que la
legislación establece el derecho
a la negociación colectiva de los
empleados públicos para la determinación de sus condiciones
de trabajo, la propia normativa
se encarga de vaciar de contenido este derecho al dejar a la voluntad política de la Administración el cumplimiento de pactos y
acuerdos:
Ejemplos bien recientes de la
negación de este derecho los
tenemos en la confiscación de
la paga extra de diciembre del
2012, la supresión de los días
adicionales de vacaciones o la
reducción de los días de asuntos particulares.
Para agravar aún más la situación, la precaria negociación
existente se lleva a cabo en instancias completamente alejadas
de los órganos elegidos por la
plantilla. La estructura de los órganos de representación, a nivel
estatal, se basa en la existencia de una Mesa General que
abarca a todas las Administraciones Públicas y con competencia en los temas importantes (retribuciones, calendario
laboral, vacaciones, permisos,
movilidad geográfica y funcional…) y, dependiente de esta,
encontramos Mesas Delegadas
que pueden tratar de los temas
que no sean objeto de negociación en la Mesa General. Como
representantes de la plantilla
en estas mesas solo están, por
ley, los sindicatos denominados
mayoritarios de ámbito estatal u
autonómico (UGT, CCOO, CSIF,
USO, CIG y ELA), mientras las
competencias de las Juntas de
Personal o de los Comités de
Empresa -únicos órganos que
cuentan con representantes sindicales elegidos directamente
por quienes trabajamos en la
AGE- se han visto progresivamente vaciadas de contenido
hasta convertirlas en órganos
meramente decorativos (recibir
información sobre la política de
personal, vigilar el cumplimiento de las normas en materia de
salud laboral, ser informados de
las sanciones impuestas por faltas muy graves…).
SI LA VIDA QUE VIVIMOS NO ES DIGNA
LA DIGNIDAD ES LUCHAR PARA CAMBIARLA
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(SFAGE) CGT-CAT (Sector de la Federación Estatal de Trabajadores de la
Administración Pública -FETAP- de la CGT)
Redacción: Secretariado permanente del sindicato federal de la administración del estado (SFAGE) CGT-CAT. Maquetacion: No name project
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CORRUPCIÓN,
PAZ SOCIAL Y
CASTA SINDICAL
Sindicalistas históricos con
cuentas millonarias en Suiza,
subvenciones para parados gastadas en fiestas, tarjetas exclusivas como miembros del consejo
de administración de Bankia...
Aún hay quien pretende convencer a la ciudadanía de que
se trata de casos aislados. Son
quienes defienden que la corrupción política es sólo un problema
de carácter moral.
Igual que ocurre con los partidos políticos o la monarquía, la
corrupción es un problema que
afecta ya a todas las instituciones del régimen emanado de la
transición del 78, incluidos los
llamados sindicatos mayoritarios.
El descrédito del que se han
hecho merecedores estos sindicatos durante los últimos años
está justificado por su empeño
en mantener una estrategia de
paz social en lugar de defender
a la clase trabajadora frente a
una patronal cada vez más crecida.
Lejos de luchar contra los despidos, el cierre de empresas o la
degradación de las condiciones
laborales, prefirieron entrar en
los consejos de administración
de las grandes empresas o convertirse en institución de un régimen que los necesitaba para
controlar el movimiento obrero.
En otras palabras, a pesar del
trabajo honrado de miles de sus
militantes de base, sus cúpulas
también se hicieron casta.
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EL FRAUDE DE
LA FORMACIÓN
CGT rechaza cualquier partida
económica o subvención para
la formación, venga de donde
venga: empresa privada, empresa pública, subvenciones de
ámbito sectorial o de la Administración Pública.
Alumnado inexistente, facturas
falsas, cursos nunca impartidos… El escándalo por el uso
fraudulento de los fondos destinados a la formación salpica tanto a la patronal como a
CCOO y UGT.
Desde empresarios que cobran
subvenciones por cursos que
jamás llegan a realizarse, hasta la trama de facturas falsas
urdida por UGT para desviar
los fondos públicos destinados
a la gente parada y usados
para pagar cenas con barra li-
cada persona, criterios de selección y concesión, etc.).
Eso sí, prohíbe la utilización
de criterios de afiliación para
la selección, cuando dice: “la
afiliación o no afiliación sindical, en ningún caso constituirá
un criterio de selección”. Pero
¿cómo se garantiza esto? ¿Alguien ajeno controla la correcta
selección y adjudicación? ¿Se
cumple y es cierto?
Lo qué si sabemos es que estos fondos provienen de las
cuotas que pagamos destinadas a la formación y que los
cursos son valorados como
méritos en los diversos concursos; por tanto, tenemos derecho a exigir un control sobre
los mismos del que ahora carecemos.
bre o maletines falsificados que
se regalaron a los asistentes a
un congreso.
El negocio resulta repugnante: no solo sirve para comprar
votos o afiliados a golpe de
cursillos, sino que también se
ha convertido en un sistema
de financiación y gastos pagados de una casta sindical para
quien, hace tiempo, los intereses de la gente trabajadora dejaron de ser una prioridad.
Pese a las dimensiones del
fraude, la Secretaría de Estado de las Administraciones ha
renovado el acuerdo de formación para el empleo sin establecer ningún tipo de control sobre
el uso de estos fondos. Aunque estos cursos se financian
con el dinero de las aportaciones de todos los trabajadores y
trabajadoras, no existe ningún
control que garantice un reparto transparente y equitativo
de estos cursos entre todo el
personal de la Administración
Pública (nº de peticiones, solicitantes, cursos adjudicados a
La postura de CGT-CAT sobre
este tema es inequívoca: aunque tenemos derecho a ello,
renunciamos a participar en los
planes formativos, porque nos
parece un sistema viciado, destinado a “gratificar”, no a formar.
Como firmes defensores que
somos de la enseñanza pública,
creemos que la formación ha
de impartirse por la propia administración y no concertarse
con empresas privadas, organizaciones patronales o sindicales.
Los sindicatos han de limitarse
a controlar que su práctica se
realice con criterios objetivos,
en igualdad de condiciones
para todo el mundo, así como a
sugerir los cursos que puedan
interesar al personal.
Desde CGT-CAT, reivindicamos una escuela pública de formación continua para nuestro
sector, dispensada por empleados públicos convenientemente
remunerados y donde la formación del personal de la AGE
sea el verdadero fin.
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EL DESMANTELAMIENTO
DE LA AGE
Acostumbrados a ser los chivos
expiatorios cuando los gobiernos
de turno necesitan ocultar su incompetencia o distraer a la opinión pública sobre asuntos que
sacan a la luz sus vergüenzas,
el personal de los servicios públicos hemos padecido, durante
estos últimos años: congelaciones salariales, pérdida de días
de vacaciones, el incremento de
nuestra jornada laboral y hasta
el robo de una de nuestras pagas extraordinarias.
Todo ello ha ido acompañado de
la correspondiente campaña de
descrédito contra el sector público y quienes trabajamos en él.
Si examinamos la media de edad
del personal de la Administración General del Estado, comprobaremos cómo, en los próximos años, se jubilarán más de la
mitad. En 2011, se jubilaron anticipadamente 5.647 empleados
públicos; al año siguiente esa
cifra llegó a los 13.972.
En los próximos años, esta ten-
dencia puede acentuarse todavía más: la aplicación del Factor
de Equidad Intergeneracional
a partir del 1 de enero de 2019
reducirá la pensión de los empleados públicos encuadrados
dentro del Régimen General de
la Seguridad Social, por lo que
es previsible que los nacidos en
1954 o 1955 prefieran adelantar
su jubilación (perderán menos
con la aplicación del coeficiente reductor que con el cálculo a
partir de la esperanza de vida o,
en el peor de los casos, la diferencia será mínima).
La eliminación de puestos de
trabajo en la administración –a
través de jubilaciones, amortización de vacantes o congelación
de la oferta de empleo público–
está convirtiendo en inviables
los servicios públicos, lo que, sin
duda, se empleará como pretexto para allanar el camino a futuras privatizaciones.
La sangría en la plantilla, si no
se abren las puertas de la Administración para que entre gente
nueva, va a ser imparable e inasumible. Los servicios públicos
se van a degradar hasta límites
insufribles; la desaparición de
algunos servicios en algunos lugares que se consideren “poco
rentables” va a ser la tónica general y la carga de trabajo para
quienes sigan dentro será inabordable.
Pero parece evidente que el objetivo no es garantizar unos servicios públicos de calidad, sino
acabar con ellos. Para eso, hay
que mandar a casa a varios millones de empleados públicos.
La jubilación y la no reposición
de vacantes es una manera discreta de hacerlo.
DEFENDAMOS LAS PENSIONES PÚBLICAS:
NO A LOS PLANES PRIVADOS
POR LA ELIMINACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES DE LA AGE Y LA
RESTITUCIÓN DE LAS CANTIDADES INVERTIDAS EN ÉL
Desde hace décadas, los medios
de comunicación vienen publicando informes catastrofistas que
auguran la quiebra del sistema
público de pensiones en un plazo más o menos cercano. Por
supuesto, ninguna de estas predicciones se ha cumplido, pero,
aun así, gozan de una sorprendente credibilidad.
Se trata de estudios sin ningún
fundamento científico, pagados
por los grandes poderes financieros con el objetivo de convencer
a la población de la necesidad de
contratar un plan de pensiones
privado.
Los especuladores sueñan, así,
con obtener suculentas ganancias,
invirtiendo en los mercados financieros las ingentes cantidades de
dinero que mueve el actual sistema público de pensiones.
Bancos y aseguradoras suelen
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emplear estos fondos en negocios tales como la venta de armas o la especulación con el
precio de los alimentos, lo que
condena a morir de hambre a
millones de personas; por no hablar, también, de la inversión en
empresas que se lucran con el
trabajo infantil o explotan a sus
trabajadores y trabajadoras pagándoles salarios de miseria por
jornadas extenuantes.
Desde CGT-CAT, siempre hemos defendido los sistemas públicos de pensiones. Por eso,
aunque consideramos que el actual resulta mejorable, sabemos
que es el único que garantiza
unas pensiones dignas para la
inmensa mayoría de la clase trabajadora, además de constituir
un mecanismo de redistribución
de la riqueza.
Por el contrario, los planes priva-
dos, por mucho que pretendan
disfrazarlos de salario diferido,
solo benefician a unos pocos y,
por supuesto, a la banca y los
sindicatos que los impulsan.
CCOO y UGT, quienes suelen
mostrarse como firmes partidarios del sistema público de pensiones de cara a la galería, en
la práctica participan en su destrucción, al impulsar, entre otros,
el mayor plan de pensiones privado: el de la Administración
General del Estado.
Para demostrar su compromiso
con el sistema público de pensiones, deberían renunciar a su
gestión y comenzar a restituir al
personal afectado las cantidades detraídas. De esta manera,
no solo podríamos recuperar un
poco del poder adquisitivo perdido, sino que también contribuiríamos a fortalecer el sistema
público aportando más recursos.
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SERVICIOS PÚBLICOS:
PATRIMONIO DEL PUEBLO
La educación pública, la sanidad
universal o la pensión que cobramos cuando ya no podemos
seguir trabajando son conquistas del movimiento obrero que
hoy se encuentran en peligro,
no solo por los recortes presupuestarios, sino también por la
oleada privatizadora de las últimas décadas, que busca convertir los derechos colectivos en
el negocio de una minoría.
Amparándose en una premisa
falsa -la de la bondad de la gestión privada frente a la ineficiencia de la pública- los distintos
gobiernos han ido liberalizando
sectores estratégicos como la
energía, el transporte o las telecomunicaciones.
Más recientemente, y en nombre de la sostenibilidad, se ha
iniciado la ofensiva contra la
sanidad o el sistema público de
pensiones.
Sin embargo, la propia Unión
Europea admite que la liberalización no ha supuesto una mejora de la productividad ni del
empleo, ni de la calidad de los
servicios privatizados.
El informe PIQUE –donde se
comparan los procesos de privatización en sectores como la
electricidad, los servicios postales, el transporte público local y
los servicios sanitarios en seis
países de la Unión Europea–
pone de manifiesto las catastróficas consecuencias que esto ha
tenido para la mayoría de la población: aumento de los precios,
deterioro de las condiciones laborales, empeoramiento del servicio…
El reino de España no es una
excepción y, durante años, hemos podido ver cómo las empresas privatizadas aumentaban sus beneficios a costa de
enviar al paro a cientos de miles
de personas y de subcontratar
los servicios a empresas cuya
mano de obra precaria garantizaba mayores índices de rentabilidad.
Paralelamente, la estrategia de
desprestigio del empleo público
y del deterioro del servicio que
presta busca preparar el terreno
de cara a una mejor aceptación
de las privatizaciones por parte
de la sociedad. Deliberadamente,
se oculta que la consecuencia
será sustituir el interés general
por el ánimo de lucro y sabemos
que, al primar el beneficio, los
precios se encarecen, los servicios se degradan y su acceso
a toda la ciudadanía ni siquiera
queda garantizado.
Por si fuera poco, pagamos la
modernización de infraestructuras para hacer más atractiva la
compra de empresas públicas y
hemos tenido que acudir en su
rescate cuando la gestión privada las ha llevado a la quiebra.
La CGT defiende unos servicios
públicos de calidad, iguales para
toda la población, donde no prime la rentabilidad económica
sino la social y que supongan la
satisfacción de las necesidades
de las personas.
EL PRECIO DE LA PAZ SOCIAL
O LO QUE CUESTA UNTAR
A ALGUNOS SINDICATOS
618.650€ ES LO QUE EL GOBIERNO HA INVERTIDO EN 2014 PARA
COMPRAR LA PAZ SOCIAL EN LA AGE
Después de que el gobierno hubiera anunciado a bombo y platillo el recorte de liberados sindicales en el ámbito de la AGE, la
Administración y los sindicatos
CCOO, UGT, CSI-CSIF, USO,
CIG firmaron en octubre del
2012 un acuerdo que les permitía recuperar parte de estos liberados a cambio de eliminar la
actividad sindical de los centros
de trabajo.
No ha sido el único modo que
ha encontrado el gobierno para
asegurarse la lealtad de estos
sindicatos y tener garantizada la
paz social con la que nos está
cayendo.
Con la peregrina excusa de ayudar al desarrollo de la negociación en la AGE (cuyos frutos, por
cierto, nadie conoce), en el BOE
del día 27 de octubre de 2014 se
les ofrecían más de medio millón de euros en forma de subvenciones. No era la primera vez
(en el 2013 ya se había publicado una convocatoria semejante:
BOE 3 de setiembre de 2013).
“[…] que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano
[…]” escribía Nicolás Guillén.
Algo semejante habrá pasado
por la mente de quienes han
ideado este soborno y lo peor
es que, seguramente, llevarán
razón.
Aceptar subvenciones resulta
sonrojante en cualquier ocasión,
porque la independencia del sindicato queda en entredicho; recibir voluntariamente el dinero
ofrecido por quien lleva años imponiendo recortes de derechos
laborales resulta inaceptable
para quienes negocian nuestras
condiciones de trabajo y tienen
la obligación de defender nuestros intereses.
El objeto de estas subvenciones,
además, roza el escándalo: no
solo podrán pagarse material informático, sufragar los gastos de
teléfono o alquilar locales, sino
incluso contratar abogados o
asesores jurídicos sin que sea
necesario justificarlo documentalmente (basta con una declaración firmada por el representante legal del sindicato).
Al menos ahora no tendrán que
recurrir al fraude de los cursos
de formación para financiarse.
El Estado se lo pagará directamente a cambio de mantener
la desmovilización, aunque llevemos años viendo cómo nos
recortan derechos y endurecen
nuestras condiciones laborales.
Eso sí, nuestro salario seguirá
congelado tres años más y la
devolución íntegra de la paga
extra tendrá que esperar. Es
cuestión de prioridades.
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PRIVATIZACIONES
Y CORRUPCIÓN
Limpieza, vigilancia o mantenimiento son solo algunos de los
trabajos que antes prestaban empleados públicos y que ahora realizan empresas privadas, sin que
esto haya supuesto mejores condiciones laborales, una mayor calidad del servicio y, mucho menos,
un abaratamiento del coste.
Por supuesto, el personal contratado no sale ganando con esta
situación. Los salarios que les
corresponderían si la Administración los contratase directamente
serían mucho más elevados y, en
lugar de un trabajo estable, lo que
se encuentran habitualmente son
unas condiciones laborales de absoluta precariedad.
Si la calidad del servicio no aumenta, el personal (sub)contratado ve empeoradas sus condiciones laborales y la Administración no ahorra dinero, ¿para qué
se privatiza?
Pues para que haga negocio el
amigo de turno quien, por supuesto, no arriesga nada ya que el servicio lo ha pagado de antemano la
Administración.
No es de extrañar que las empresas que viven de las “externalizaciones” de servicios públicos, de
contratas y subcontratas hayan proliferado por doquier. Con
frecuencia, están detrás de los
grandes escándalos de corrupción que salpican a políticos acusados de cobrar “mordidas” por la
adjudicación de obras públicas.
Este “gasto extra”, por supuesto,
no lo paga el empresario de su
PRIVATIZACIÓN=
+ PRECIO
- SERVICIO
¡NO GRACIAS!
bolsillo, sino que lo financiamos
entre todos porque ya está incluido en la oferta que va a aprobar
la Administración.
Aunque no sea noticia en la televisión ni genere grandes titulares
de prensa, esta forma de corrupción llega a muchos ámbitos en
los que se gestiona el dinero público.
A finales del 2010, la Dirección
General de Tráfico decidió contratar con la empresa Ravigo
el desplazamiento del personal
examinador de la Jefatura de
Tráfico de Barcelona hasta las
pistas de exámenes de distintas
localidades de la provincia. El
coste anual ascendía a 95.202€.
Hasta entonces, este servicio
lo prestaba personal propio de
la Jefatura de Barcelona con un
autobús comprado hacía menos
de dos años. Evidentemente los
salarios anuales de los dos conductores, esta muy por debajo.
En la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social, el personal
externo supera ya al de empleados públicos, aunque el coste
de un técnico medio subcontratado a una empresa cuesta unos
50.200€ anuales frente a los
22.150€ que cobra su equivalente funcionario.
A este sobrecoste hay que añadir que el personal externo trabaja en edificios de la Seguridad
Social, utiliza medios y recursos
de esta, e incluso recibe formación específica a cargo de la propia Gerencia de Informática.
EL FRAUDE DE LA CORA
La Comisión para la reforma de las
Administraciones Públicas (CORA)
fue presentada, a bombo y platillo, por la Vicepresidenta del Gobierno bajo los mismos principios
huecos de siempre: eficiencia,
austeridad, competitividad, estabilidad presupuestaria...pero
esconde otras intenciones: recortar, privatizar y despedir,
Otro de sus objetivos es “ahorrar”
cerca de 30.000 millones hasta el 2015. La mayor parte de
este recorte lo han conseguido
haciendo retroceder el nivel de
empleo público al del año 2004
(en este tiempo han desaparecido cerca de 400.000 puestos
de trabajo)y no con medidas de
modernización y racionalización,
como predican.
De las 219 medidas propuestas se han aplicado cerca de un
25%; entre ellas, la tasa de reposición cero y la congelación
de la oferta de empleo público.
Entre sus objetivos cabe citar
también la implantación de tecnologías digitales (de ahí esos
20.000 asesores designados a
dedo); racionalización del gasto
público (a 20€ el expediente resuelto por Tragsatec -empresa
de variado espectro, lo mismo
apaga un fuego que recoge basura o tramita un expediente administrativo- por ejemplo, frente
a 1€ por personal público); colaboración con el sector privado (el programa destaca que las
“encomiendas de gestión” han
pasado de 9, en el 2006, a cerca de 500 en la actualidad) y mil
maravillas más vendidas como
modernización y progreso.
Todo ello aun teniendo ya una
de las administraciones más
exiguas y el menor gasto público de nuestro entorno (España
se sitúa entre los 10 países de
la UE con menor gasto público
en porcentaje de PIB (43,4%),
frente a un 49,9% de media en
la eurozona).
Sin embargo, el Gobierno, en
vez de actuar reforzando los servicios públicos y mejorando las
medidas para aumentar los ingresos del Estado (básicamente
mejorando la progresividad del
sistema impositivo y luchando
contra el fraude fiscal), va en la
dirección contraria.
Ni siquiera medidas que, a priori, podrían parecer necesarias
(como la administración electrónica) han supuesto un beneficio
para la mayoría de la ciudadanía, pues su implantación ha supuesto eliminar la opción de la
atención presencial o la externalización del servicio.
Las consecuencias, al final, son
unos servicios públicos de menor
calidad, unas condiciones laborales cada vez peores y una excusa para privatizar todos aquellos
sectores que representen una
oportunidad de negocio.
Son muchas las leyes y acuerdos que se están firmando de espaldas al pueblo. No solo porque no nos consultan, sino porque los
negocian a escondidas y la publicidad sobre ellos es inexistente,
de manera que, cuando nos queremos dar cuenta, ya está todo el
pescado vendido.
Una comunidad de vecinos
quiere contratar a un portero. Antonio, que presenta
un buen currículum, pide un
salario de 15.000€ anuales
y contrato indefinido. Un “sin
papeles” al que nadie conoce pide 10.000€ anuales
en negro, sin contrato ni
SS. Manolo el empresaurio
pide 30.000€ anuales y él
contratará al portero. El presidente de la comunidad le
dice a Manolo: “¡Cómo pides
30.000€ si Antonio, que ha
sido portero toda su vida,
solo pide 15.000€!”. Manolo
se lo explica al presidente:
“5.000€ pa’ti, 10.000€ pa’mí
y15.000€ pa’Antonio y que se
ponga de portero”.
Laboro.
http://laboro-spain.blogspot.com.es
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Declaraciones del 2011. Otro que, como Diaz Ferran, ilustre huésped de Soto del
Real, nos recomendaba trabajar más y cobrar menos
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EL TISA, EL TTIP O EL GOBIERNO
DE LAS MULTINACIONALES.
A los mercados nada se les escapa, lo quieren todo y un preciado campo sobre el que hacer
negocio son los servicios públicos.
Cuando los mercados entran por
la puerta lanzan a la democracia por la ventana, eso sí, todo
lo harán en su nombre pero solo
eso, en su nombre. La dictadura
de los mercados nada entiende
del significado real de la palabra
democracia y no le sonroja manipular su naturaleza de forma tan
hipócrita e incoherente.
Repasamos aquí alguno de esos
encuentros a los que solo invitan a las élites económicas. Su
“democracia” se aplica de forma
dictatorial.
EL TISA:
TRES AÑOS MÁS CON EL
SALARIO CONGELADO
El Acuerdo sobre el Comercio
de Servicios (en Inglés TISA) se
está negociando en la actualidad fuera de las normas, incluso
de un organismo tan poco recomendable como la OMC (Organización Mundial del Comercio)
que sí impulsó el AGCS (Acuerdo General Sobre el Comercio
de Ser-vicios) que entró en vigor
en 1995.
Lo que ha salido a la luz, sobre
este acuerdo, lo resumimos en
los siguientes puntos:
Imposición de este acuerdo a
todos los países: Las negociaciones incluyen a 50 países que
atesoran más de las dos terceras partes del comercio mundial de servicios. Se llaman a sí
mismos “los verdaderos buenos
amigos de los servicios” y proclaman sin rubor que su fin es
lograr una liberalización “altamente ambiciosa” del comercio
de servicios.
Desregulación generalizada de
todos los servicios públicos: El
TISA impedirá que los gobiernos
devuelvan a manos públicas los
servicios que se han privatizado
aunque se demuestre que en
el ámbito del mercado han fracasado, para ello restringirá las
reglamentaciones nacionales
relativas a la seguridad de los
trabajadores, medio ambiente,
protección de los consumidores, etc. Se pretende bloquear
la privatización de los servicios
públicos haciéndola legalmente
irreversible.
La premisa es tajante, aplicar
la “igualdad de oportunidades
competitivas” de los inversores o
proveedores de servicios extranjeros, por tanto, quedaría explícitamente excluido cualquier plan
nacional de apoyo financiero a
los servicios públicos.
Para este fin se han ideado las
disposiciones de status quo y de
trinquete que prohíben, taxativamente, cualquier injerencia por
parte de los estados al considerarlas prácticas “no competitivas”.
Datos y privacidad en cuestión:
Representantes del TISA han
declarado que la protección de
datos en muchos países es excesiva e inhibe la posibilidad
de un servicio “verdaderamente
global”. Se prohibirá la “localización forzada” requisito de que
las empresas extranjeras almacenen los datos que recogen del
país en el que operan. El TISA
socavará la privacidad de los
datos personales al permitir una
recogida y transferencia desinhibida de los datos personales de
los usuarios de los servicios.
En resumen el TISA lleva la liberalización al absurdo y se carga los principios connaturales a
cualquier servicio público cuyo
fin es la satisfacción de las necesidades sociales básicas de
una forma asequible, universal y
no lucrativa.
nicas que lustran las cuentas
de las grandes empresas del
Ibex…, sin que tuviera que repercutirse necesariamente en
los salarios de quienes seguimos en activo (los militares que
nos traigan para ayudarnos ya
vienen con su sueldo incorporado
a cuenta del Ministerio de Defensa…). Pero no, tampoco en este
caso la candidez es buena consejera.
En la página 41, la cosa ya es más
explícita:
[…] el mantenimiento de la austeridad en las políticas de gestión del
personal (por ejemplo, las reglas sobre limitación de reemplazamientos
o la congelación de sueldos de los
funcionarios públicos).
Es decir, que a sus amos de la
Troika ya les están asegurando
que nos van a congelar también
el sueldo en los tres próximos
años. Y esto ya no hay economía familiar que lo soporte.
Pero la cosa no queda aquí, se
habla de más privatizaciones
en nombre de la sacrosanta
competitividad. Los tijeretazos
siguen y se consolidan también
en otros muchos campos (gastos farmacéuticos, la ley de dependencia…) pero nos hemos
EL TTIP:
centrado en el tema que afecta Tratado Trasatlántico de Libre y futuras. Se trata de un tribudirectamente a nuestro colectivo Comercio, al igual que el TISA nal especial compuesto por tres
y esto rebasa ya lo tolerable.
el CETA (Tratado de Libre Co- abogados privados, al margen
mercio entre la UE y Canadá) se de cualquier tribunal estatal o inestá
desarrollando de manera ternacional, y al que solo podrán
CGT-CAT CONTRA EL NEGOCIO
oculta para que a la postre nos recurrir los inversores. Sus “senDE LAS
encontremos con una política tencias” serán inapelables.
de “hechos consumados” a los Con este tratado, promovido por
PRIVATIZACIONES
que
será muy complicado dar la los lobbies corporativos, todas
La privatización de los servicios Aumentar de manera significativuelta.
las garantías de que dispone la
públicos se ha convertido en un va el gasto y el empleo público
Unión
Europea en cuanto a meEn
este
proyecto
de
tratado
los
gran negocio para una minoría.
para asegurar la protección y acdio
ambiente,
salud, información
gobiernos
dejan
de
tener
poder
Desde CGT, nos rebelamos con- ceso a toda la ciudadanía.
de influencia real, peor aún, se sobre productos de consumo
tra esta mercantilización de los CGT-CAT defiende los servicios crea un mecanismo de resolu- que contengan transgénicos, dederechos y seguimos luchando públicos porque:
ción de conflictos entre inver- rechos laborales, etc., se supripor:
Su objetivo no es la rentabilidad sores y estados (ISDS en sus men.
Mantener y mejorar los servicios o el lucro, sino la satisfacción de siglas en inglés) que permitirá Son muchos los ataques que enpúblicos y recuperar los servi- las necesidades de las perso- a las corporaciones denunciar a cierran estos tratados, su aprocios privatizados.
nas.
los gobiernos, locales regiona- bación cambiará nuestras vidas
les
y estatales cuando conside- de manera radical. En nuestras
Garantizar el acceso objetivo y Garantizan el acceso universal
ren
que una norma emitida por manos está parar estos múltitransparente al empleo público a toda la ciudadanía y no solo
cualquiera
de ellos pueda ami- ples atentados a nuestros derecon unas condiciones laborales, para quienes puedan pagárselo
norar
sus
ganancias
presentes chos básicos de ciudadanía.
sociales y económicas dignas.
NHD - Febrero 2015 - Pág. - 7
En el Programa de estabilidad
2014-2017, al que se ha comprometido el gobierno para cumplir
con la Troika (Comisión Europea,
Banco Central Europeo y Fondo
Monetario Internacional), lo deja
claro: tres años más de congelación salarial y amortización de
vacantes.
Nos hablan de la luz al final del
túnel pero nos envían a lo más
profundo de la caverna. El Gobierno del PP -títere de quienes
realmente nos gobierna: la Troika- anuncia sus planes de futuro,
entre los que se incluye la clara
intención de congelar los salarios de los empleados públicos
tres años más.
He aquí algunas de las “perlas”
de este nuevo planazo:
En la página 40 dice:
[…] la remuneración de asalariados
públicos pierde 1,7 puntos porcentuales, llegando a un 9,6% sobre el
PIB en 2017[…]
En principio, no se deberían sacar conclusiones precipitadas tras
la lectura de este párrafo, ya
que la reducción del gasto podría
conseguirse también por la vía
de las amortizaciones de las
vacantes que vayan quedando
como consecuencia de la supresión de altos cargos, del ahorro
en asesores, en reducción de
gastos militares, en obras faraó-
Febrero 2015
www.rojoynegro.info / www.cgt.org.es
nohayderechocgtcat.info
COMPROMISO DE LAS DELEGADAS Y DELEGADOS DE CGT-CAT
✔✔ Las horas sindicales se utilizarán exclusivamente para la actividad sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores
y trabajadoras en su conjunto. Estas horas jamás podrán utilizarse para actividades particulares de los delegados y delegadas.
Dichas horas deberán ser justificadas mensualmente ante la sección sindical y siempre que esta lo solicitara. Nunca se podrán utilizar
las horas sindicales en un día de convocatoria de huelga.
✔✔ Las delegadas y delegados de CGT-CAT no tendrán liberaciones permanentes. Compaginando la actividad sindical con la presencia diaria en el puesto de trabajo.
✔✔ No se utilizará la condición de representante de los trabajadores para el beneficio personal o la promoción dentro de la administración (mediante comisiones de servicio “a dedo” u otra forma de provisión de puestos irregular) o la aceptación de gratificaciones
económicas irregulares. Tampoco para la mejora o trato de favor a nivel personal de familiares y/o amistades.
✔✔ Actuaremos con plena autonomía y renunciamos a cualquier subvención que nos pudiera corresponder por formación u otras
vías. Solo aceptamos el mínimo legal que fija la LOLS en cuanto a permisos sindicales, local, medios materiales y derecho a realizar acción sindical en los centros de trabajo.
✔✔ Cuando se promuevan movilizaciones, actos de apoyo o acciones de lucha por parte de algún colectivo de la plantilla, los delegados
y delegadas de CGT-CAT deberán acudir a dar su apoyo siempre que sea posible y más aún si esas movilizaciones coinciden en
horas sindicales.
✔✔ CGT-CAT ha de velar por la transparencia de actuación, dando a conocer los datos y documentos que afecten a l@s trabajador@s
a quienes se representa mediante informaciones y comunicados.
✔✔ CGT-CAT informará siempre y con prontitud a la plantilla de la celebración y el contenido de las negociaciones que pueda desarrollar
con la Administración, cualquier organismo o jefatura, porque rechazamos que las mismas se produzcan bajo secreto o de espaldas
a la plantilla. Nuestra presencia en un proceso de este tipo ha sido y será siempre una garantía de transparencia.
✔✔ Cualquier actuación sindical que efectúen las delegadas y delegados de CGT-CAT será conocida, debatida y. si fuera necesario.
sometida a la aprobación del colectivo afectado mediante la celebración de asambleas o referéndums vinculantes.
✔✔ Cualquier actuación sexista, racista, xenófoba u homófoba o, en general, que atente contra la dignidad de las personas y vaya en
contra de la ética libertaria supondrá la inmediata autoexclusión como delegad@ de CGT-CAT.
✔✔ La vulneración de los principios de este código ético, de forma voluntaria y consciente, supone la autoexclusión como delegad@
de CGT-CAT. Las delegadas y delegados siempre tendremos nuestro cargo a disposición de la sección sindical.
UN SINDICALISMO HONESTO AL SERVICIO DE LA CLASE TRABAJADORA
PEDID TRABAJO,
SI NO OS LO DAN,
PEDID PAN,
Y SI NO OS DAN
NI PAN NI TRABAJO,
COGED EL PAN
EMMA GOLDMAN.
CGT-CAT, LA ALTERNATIVA
NECESARIA
✔✔ Porque es un sindicato de gente como tú, dispuesta a luchar para impedir que sigan robándonos
nuestros derechos.
✔✔ Porque las decisiones las toma la afiliación, no una casta de liberados sindicales.
✔✔ Porque las asambleas son el lugar donde se debate y toman acuerdos sobre las cuestiones que
nos afectan.
✔✔ Porque no hace de las juntas de personal o de los comités de empresa un lugar donde los representantes elegidos puedan firmar lo que les parezca a espaldas de los trabajadores.
✔✔ Porque no se lucra con cursos de formación ni firmando ERES.
✔✔ Porque defiende con firmeza las pensiones públicas y no promueve ni gestiona planes privados
de pensiones.
✔✔ Porque busca la fuerza que da la unión de la clase trabajadora como la mejor manera de defender nuestros derechos.
NHD - Febrero 2015 - Pág. - 8