1. Educación

BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D:
GENERAL
15 de diciembre de 2014
Núm. 578
Pág. 1
ÍNDICE
Página
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre
el conocimiento de la Constitución ......................................................................
4
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el
apoyo a la democracia en Cuba ..........................................................................
5
Comisión de Fomento
161/003267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre medidas para evitar nuevas inundaciones en la
estación del tren de alta velocidad en Girona ......................................................
161/003272 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, sobre contratos de arrendamiento de local de
negocio ................................................................................................................
161/003274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a
la necesidad de convertir la nueva estación ferroviaria de Urzaiz (Vigo) en una
auténtica estación intermodal adaptada a las necesidades sociales, económicas
e industriales de Vigo ...........................................................................................
161/003278 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la AP-1 .................................................................................................................
6
7
8
10
Comisión de Educación y Deporte
161/003263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para erradicar la violencia en los
estadios y en su vecindad inmediata ...................................................................
11
161/003262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los grandes consumidores de energía .................................................................
13
161/003264 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, sobre la suspensión del ERE de Alcoa en Avilés y A
Coruña y sobre la necesidad de un marco regulador estable de las tarifas
eléctricas para la industria ...................................................................................
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Comisión de Industria, Energía y Turismo
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161/003273 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al
sistema de interrumpibilidad basado en subastas eléctricas y consecuencias
negativas para industrias como Alcoa A Coruña y Avilés o Megasa Siderúrgica
(Narón, Ferrolterra) ..............................................................................................
15
161/003277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre
el consumo del carbón autóctono ........................................................................
17
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre
medidas para asegurar la prestación del servicio de Teleasistencia ...................
161/003279 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a desarrollar una campaña específica de información sobre el calendario común
de vacunación ......................................................................................................
18
19
Comisión de Cultura
161/003276 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la Ruta Wólfram ...................................................................................................
20
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003269 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre
un plan de fomento del uso de medios tecnológicos para las personas con
discapacidad ........................................................................................................
21
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/002412 Pregunta formulada por el Diputado don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols
(GC-CiU), sobre creación de una unidad especial en la Policía Nacional para la
persecución de delitos y corrupción en Cataluña ................................................
23
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/002423 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS),
sobre ayudas y subvenciones concedidas a Aspanas Termal, empresa
perteneciente a la Asociación Aspanas en la ciudad de Ourense, durante los
años 2012 a 2014 ................................................................................................
23
181/002424 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS),
sobre ayudas y subvenciones concedidas a Amencer Reciclado, empresa
perteneciente a la Asociación Aspanas en la ciudad de Ourense, durante los
años 2012 a 2014 ................................................................................................
23
181/002425 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS),
sobre convenios firmados y subvenciones o ayudas concedidas a la Asociación
Aspanas durante los años 2012 a 2014 ..............................................................
24
292/000051 Convocatoria de 17 de noviembre de 2014 de concurso para la provisión, entre
el personal laboral del Congreso de los Diputados con categoría de Analista, de
la plaza de Jefe de Proyectos de Desarrollo de Sistemas de Información del
Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la
Secretaría General del Congreso de los Diputados. Nombramiento ...................
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Secretaría General
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292/000052 Convocatoria de 17 de noviembre de 2014 de concurso para la provisión, entre
el personal laboral del Congreso de los Diputados con categoría de Auxiliar de
Informática, de varias plazas en el Centro de Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
Nombramientos ....................................................................................................
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al
artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el
debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando
traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2014.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre el conocimiento de la Constitución, para su debate en la Comisión
Constitucional.
«La confianza, en su forma más elemental, es una condición para la conservación de la vida» (Joaquín
M. Fuster, Cerebro y libertad, páginas 277-285, Ariel 2014).
El sentimiento que llena nuestras plazas y recorre la geografía de nuestro país es la desconfianza. Los
ciudadanos han dejado de confiar en las instituciones, en los políticos. Incluso desconfían de la Constitución.
Han pasado treinta y cinco años desde que los españoles nos dotamos de la Constitución como
norma fundamental que regulara nuestra convivencia y con ella consolidamos nuestra democracia, el
Estado social, el Estado de las autonomías, nos incorporamos a nuestro entorno europeo... En definitiva,
la Constitución permitió a la sociedad española modernizarse y colocarse al nivel de los países de nuestro
entorno.
Con sus treinta y cinco años de existencia no podemos decir que se trate de un texto envejecido.
Digamos, mejor, que se trata de un texto poco conocido. Los ciudadanos que la votaron desconocen, en
su mayoría, o han olvidado su articulado. Menos la conocen aún los ciudadanos menores de edad en el
año 1978, que no la votaron.
Esto se traduce también en las distintas iniciativas que, desde la aprobación del texto constitucional,
se han impulsado para su celebración. La participación entusiasta y generalizada que se daba en las
plazas de nuestros pueblos y ciudades en las primeros aniversarios de la Constitución Española eran
manifestación de la celebración de las libertades recuperadas. Poco a poco, estas celebraciones han ido
perdiendo participación pública.
El problema no radica en el hecho de haberla votado o no, si no en el hecho de que no se nos ha
enseñado. No se ha hecho labor pedagógica sobre la Constitución desde el sistema educativo, pero
tampoco desde la propia institución legislativa del Congreso y del resto de instituciones públicas. También
los partidos políticos comparten la responsabilidad del desconocimiento de la Constitución.
La desconfianza y la desafección ciudadana tienen parte de sus causas en la ausencia de una
suficiente y correcta enseñanza de la Constitución, del fomento del respeto por ella y la ausencia de una
conciencia social, que nos invite y obligue a participar en los asuntos públicos, como le es propio a los
ciudadanos, sujetos de derechos políticos y que intervienen, ejercitándolos, en el gobierno del país.
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Exposición de motivos
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Nuestro Grupo Parlamentario Socialista ha planteado ya la necesidad de llevar a cabo una reforma
constitucional, que permita ajustar el texto de la Constitución a la realidad del tiempo actual en temas tales
como la articulación territorial del Estado, la protección de los derechos sociales y de los servicios públicos
o la regeneración de la vida democrática y, por qué no, haciéndola más atractiva y conocida por los
ciudadanos.
Por todo ello, con el propósito de recuperar el sentimiento de ciudadanía, de fomentar el respeto por
las normas que nos hemos otorgado y desarrollar la participación de los ciudadanos, presentamos la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recuperar la asignatura «Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos» y, con ello,
restablecer los objetivos de conocimiento del funcionamiento de los regímenes democráticos y, en
especial, del modelo político español (la Constitución Española y el Estado de las Autonomías y la Unión
Europea) y los valores constitucionales. Asimismo, tomar las medidas oportunas para implementar
programas educativos conducentes a un mayor y más profundo conocimiento de la Constitución, no sólo
en vísperas del seis de diciembre sino a lo largo de todo el curso escolar.
2. Fomentar que los partidos políticos, organizaciones sindicales y demás organizaciones sociales
lleven a cabo también programas de divulgación del texto constitucional y la realización de actividades de
formación y debate.
3. Convertir el día de la Constitución en un día de celebración ciudadana activa, en las aulas, lugares
de trabajo, sedes de partidos políticos, organizaciones sindicales y demás organizaciones sociales y,
cómo no, en las instituciones públicas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2014.—Guillem García Gasulla, Diputado.—
Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Carlos Salvador Armendáriz de Unión del
Pueblo Navarro, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a la democracia
en Cuba, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El momento por el que pasan las relaciones entre la Unión Europea y Cuba marcan un espacio de
gran importancia para el futuro del pueblo de aquella república.
Para quienes llevamos años ayudando a que los cubanos recuperen su libertad y puedan ejercer la
soberanía que les corresponde, la oportunidad que brinda el acuerdo de cooperación política, social y
económica entre la Unión Europea y Cuba no puede ser desaprovechada.
Con motivo del aniversario de la caída del Muro de Berlín ha habido oportunidad de observar cómo
muchos analistas hablaban de un modelo agotado, incapaz de ofrecer prosperidad a sus ciudadanos y en
el que la libertad y la democracia estaban ausentes y ello dio lugar a una presión social que aprovechó
una ligera fisura para moverse hacia la ansiada democracia.
Puede que unas circunstancias parecidas se estén dando hoy en Cuba, y por ello parece oportuno
que una vez más esta Cámara se manifieste en torno al citado acuerdo de cooperación social, política y
económica a través de la siguiente
cve: BOCG-10-D-578
Exposición de motivos
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Proposición no de Ley
«— El Congreso de los Diputados en el ámbito de las negociaciones entre la Unión Europea y Cuba
entiende necesario que por el Gobierno de aquella república se ponga fin de forma incuestionable a
cualquier actuación de represión política sobre el conjunto de la disidencia política.
— El Congreso de los Diputados entiende necesario que, en coherencia con el respeto absoluto que
la Unión Europea exige a Cuba sobre Derechos Humanos y libertades individuales y colectivas en el
marco del acuerdo de cooperación, deben iniciarse las conversaciones pertinentes para revertir la situación
de los presos políticos que permanecen detenidos en la isla, así como la de aquellos que gozan de
licencia extrapenal.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2014.—Carlos Casimiro Salvador
Armendáriz, Diputado.—Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/003267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El pasado 30 de noviembre el servicio de transporte de viajeros entre Barcelona, Girona y Figueres
quedó suspendido a causa de la inundación de la estación del tren de alta velocidad de Girona.
Hasta primera hora de la mañana del siguiente día, el servicio entre Barcelona y Girona no se pudo
restablecer, y no fue hasta entrada la tarde que se normalizó el servicio hasta Figueres.
Como se dice popularmente, llueve sobre mojado. A finales de septiembre, hubo una inundación en la
misma estación cuyas repercusiones fueron mucho más perjudiciales para los usuarios de este servicio,
ya que no fue hasta al cabo de seis días que se pudo restablecer el funcionamiento completo de la línea.
En los dos casos, el motivo de las inundaciones se debe a que el pozo de extracción de áridos que se
usó para la construcción de la estación no está sellado.
Después de la primera inundación, el Ajuntament de Girona realizó un informe, indicando que la
sustitución del muro de obra, derribado por la acumulación de agua, por un muro nuevo de hormigón, por
cierto, 20 centímetros inferior al inicial, volverían a producirse inundaciones en caso de lluvias similares,
tal y como ha sucedido.
Desgraciadamente, estos hechos ponen de manifiesto, como mínimo, la falta de voluntad por parte de
ADIF para evitar que se produzcan nuevas inundaciones.
La cuestión viene de más lejos, ya que la llegada del tren de alta velocidad en Girona, a principios
de 2013, no significó el fin de todas las obras pendientes, sino que quedaron por realizar importantes
actuaciones. A parte del sellado urgente del pozo, se deben ejecutar también las obras que permitan la
integración urbanística en los espacios afectados por la construcción de la línea del tren de alta velocidad
como la reposición de la losa de la estación o las obras pendientes y comprometidas en el Barri de Sant
Narcís. Este hecho hace que zonas importantes de la ciudad de Girona donde sus ciudadanos podían
disfrutar, como el Parc Central, estén completamente valladas y en un estado de deterioro evidente.
Por si fuera poco, las salidas de emergencia se encuentran en una situación de completa provisionalidad.
Según el plazo previsto para la finalización de todas las obras era agosto de 2011, tres años más tarde
todavía no han concluido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
cve: BOCG-10-D-578
Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición
no de Ley para evitar nuevas inundaciones en la estación del tren de alta velocidad en Girona.
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Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Sellar el pozo por donde entró el agua que inundó la estación y el túnel del TAV de la ciudad de
Girona, en la zona del “Mas Gri”, de forma inmediata e iniciar seguidamente las obras de urbanización de
la zona (5,4 hectáreas) para convertirla en una zona verde, así como recuperar el trazado del riu Güell
según el proyecto informado favorablemente por el ACA.
2. Tomar las medidas oportunas para que dimita de su cargo el responsable de ADIF, de la ejecución
de las obras efectuadas después de las inundaciones de septiembre.
3. Realizar urgentemente las modificaciones oportunas, a través del necesario diálogo institucional
con la Generalitat de Catalunya y el Consistorio de Girona, del Plan de Seguridad de la estación y del
conjunto del túnel, para que pueda ser homologado por la Generalitat antes de finalizar el presente año.
Para ello, se debe realizar un simulacro de emergencia con víctimas simulando un descarrilamiento o
un incendio en el que participen todos los equipos de emergencia para avaluar todos los defectos que
tiene la infraestructura.
4. Realizar con la máxima urgencia las obras y las mejoras técnicas necesarias en la estación y el
conjunto del túnel para garantizar la seguridad de los usuarios del TAV a su paso por la ciudad de Girona;
especialmente por lo que hace referencia a la red de rescate, los sistemas de ventilación y las salidas de
emergencia, dando cumplimiento al informe emitido por los Bombers de la Generalitat de Catalunya.
5. Implantar todas las medidas de seguridad necesarias para el caso de producirse un accidente de
materias peligrosas.
6. Finalizar totalmente, antes del mes de junio de 2015, las obras de reposición de la losa de la
estación, terreno ocupado en su día por el Parc Central.
7. Acometer, antes de finalizar el presente año, las actuaciones pendientes y comprometidas en el
barri de Sant Narcís:
— Reasfaltada del Carrer Oviedo.
— Actuaciones de integración urbanística de la Plaça Europa, Passeig d’Olot y Carrer Josep Maria
Gironella.
8. Llevar a cabo, en el plazo máximo de cuatro meses, el estudio global de integración ambiental del
viaducto de la línea convencional a fin de minimizar los perjuicios que se ocasionan a los vecinos que
residen en las inmediaciones de su trazado, creando una mesa de trabajo para tratar en profundidad esta
cuestión.
Para ello se debe crear urgentemente la mesa conjunta de las administraciones involucradas para
analizar el estado del viaducto, usos debajo del viaducto y estudio para minimizar el impacto de la ciudad
del mismo. Esta mesa, debe contar, por parte de la Administración del Estado con la participación del
Ministerio de Fomento, de ADIF Infraestructuras y de ADIF Estaciones.
9. La creación urgente de la mesa que tiene que debatir las indemnizaciones por los daños sufridos
por los particulares y por los ciudadanos de la zona. Esta mesa deberá estar formada por un responsable
de ADIF así como del Ajuntament de Girona.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2014.—Josep Antoni Duran i Lleida,
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003272
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre contratos de arrendamiento
de local de negocio, para su debate en la Comisión de Fomento.
cve: BOCG-10-D-578
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La Ley 29/1994, de 29 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, contempló una prórroga de veinte
años para la mayoría de los contratos de locales de negocio, siempre que el inquilino aceptara su
actualización, condición que se cumplió en la mayoría de los casos.
Esa prórroga está a punto de vencer en unas condiciones de profunda crisis económica que afecta
esencialmente a las pequeñas y medianas empresas y a los puestos de trabajo que sustentan.
Además, el legislador debe tener en cuenta que con su intervención normativa eliminó un acuerdo
libre firmado entre las partes en su momento. Tampoco se tiene en cuenta en el texto legal que se ha
estado produciendo una amortización del bien alquilado a través del pago de una renta continuada.
Ciertamente, parecería que la fijación de un período de veinte años era una garantía suficiente para
una evolución progresiva hacia precios más determinados por el mercado. Sin embargo, se han producido
dos hechos de gran importancia difícilmente previsibles en el año 1994.
Por un lado, la fortísima especulación producida en el sector, especialmente en las ciudades, que no
ha sido corregida con eficacia en este tiempo por ninguna disposición legislativa y que ha producido una
enorme elevación de los precios de mercado. Y por otro, la agudización de la crisis económica a partir
de 2008 con sus tremendas consecuencias sobre el empleo y la supervivencia de miles de pequeñas
empresas.
Hay que tener en cuenta que las empresas que pueden verse afectadas por la terminación de la
prórroga, con alquileres anteriores a 1985, son empresas con más de veintinueve años de antigüedad y
que, por tanto, han sabido resistir la crisis y sus consecuencias, manteniendo su actividad y el empleo (por
su propia naturaleza empleo de alta calidad, indefinido a jornada completa y con trabajadores de cierta
edad). De hecho, una subida de alquileres a precios altamente especulativos, que pueden multiplicar por
dos o tres veces el alquiler actual, es inasumible por la mayor parte de las empresas afectadas.
Por otra parte, la desaparición de esa prórroga crea una situación, de hecho, en la que se acentúa la
desigualdad entre las partes para pactar las condiciones de un nuevo contrato. Locales de negocio que
pueden ser comercios, peluquerías, despachos profesionales, etc., con unas inversiones importantes en
instalaciones y un fondo de comercio consolidado no pueden trasladarse fácilmente a localizaciones más
baratas. Significa lisa y llanamente el cierre de la empresa.
Según estimaciones elaboradas a partir de datos del INE y de las organizaciones profesionales del
sector, unas 192.000 empresas pequeñas se verían afectadas por esta situación por tener locales en
alquiler con antigüedad anterior a 1985. Estas empresas emplean a algo más de 500.000 trabajadores.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar con urgencia las medidas oportunas para
prolongar la prórroga de los alquileres de locales de negocio establecida en la Ley de Arrendamientos
Urbanos, hasta que la tasa de desempleo descienda durante dos trimestres consecutivos por debajo
del 12 por ciento de la población activa o, en todo caso, un mínimo de cinco años.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2014.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.—José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural.
161/003274
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Olaia Fernández Davila (BNG), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de convertir la nueva estación ferroviaria de
Urzaiz (Vigo) en una auténtica estación intermodal adaptada a las necesidades sociales, económicas e
industriales de Vigo, para su debate en la Comisión de Fomento.
cve: BOCG-10-D-578
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El proyecto de la nueva estación de AVE contempla cuatro plantas, aunque inicialmente solo entrarán
en funcionamiento dos —andenes y vestíbulo y parking— a las que se accederá por el edificio provisional.
Las dos plantas restantes corresponderían al denominado «Centro Vialia» diseñado por el arquitecto
norteamericano Thom Mayne y que se destinará a uso comercial.
La idea del proyecto era que el Centro «Vialia» se acompañe de una gran plaza en Vía Norte. Su
presupuesto estimado es de 116 millones de euros. La financiación para acometer las obras del Centro
Vialia sería mixta. Por un lado Adif —la Administración de Infraestructuras Ferroviarias— aportaría el 60%
y el 40% restante lo pagaría un socio privado que gestionaría los 35.000 m2 de superficie comercial. Un
proyecto que actualmente está en cuestión puesto que no se encuentran socios privados interesados.
En cuanto a la parte de la estación propiamente dicha, las actuaciones estarían yendo a buen ritmo ya
que, según las afirmaciones de la propia Ministra, se habría ejecutado el 70% de las obras. El denominado
cajón ferroviario está casi terminado en su estructura, y prosigue el avance de la zona que unirá la estación
con el túnel de más de 8 km que va desde As Maceiras (Redondela) hasta las inmediaciones de Urzaiz.
Según el proyecto, ambas fases quedarán unidas por un falso túnel de 180 metros de longitud, todavía
inconcluso, y un lucernario ubicado antes de acceder a los andenes, para dar luz a la zona subterránea
de acceso de los ferrocarriles.
En relación a la parte concesional de la estación, la Ministra de Fomento reconoció en una visita a las
obras a finales del mes de noviembre que aún no cuenta con inversores interesados en llevar a cabo la
construcción de la estación definitiva. Se limitó a señalar que esperaba que el año próximo se pudiesen
encontrar empresas interesadas en realizar el proyecto y explotar su construcción a posteriori.
Está claro que la parte diseñada por el arquitecto Thom Mayne, publicitada con gran pompa en su día,
está en el aire por la falta de financiación privada. No existe interés en participar en una parte concesional
que nada garantiza desde el punto de vista puramente económico. Lo que hace prever que pueda quedar
suspendida sine die, especialmente porque la titular de Fomento dejó claro que la «estación de Mayne»
(segunda fase) no se hará si no es con inversión privada.
Es un proyecto excesivamente costoso, cuya superficie de 120.000 metros cuadrados para un centro
comercial necesita de grandes inversiones para llevarse a efecto. Razón por la que es fácil deducir por
qué varias empresas abandonaron el proyecto. La iniciativa privada sólo arriesga a invertir cuando se
cerciora de que va a hacer caja. El BNG siempre ha cuestionado la viabilidad de este centro comercial así
como su necesidad, apostando por otro tipo de proyectos que reviertan en beneficio de los vigueses.
Hemos defendido un concepto distinto de estación.
En concreto, nuestra apuesta sería la de priorizar la estación ferroviaria, convirtiéndola en una
auténtica estación intermodal, que dado el espacio del que se dispone cuente asimismo con un espacio
cultural y espacios comerciales. Nunca hemos sido partidarios de construcciones cuasi imperiales sin
finalidad clara. Consideramos prioritario que se piense en primer lugar en el servicio público a prestar a
los ciudadanos, en infraestructuras útiles para sus vidas diarias y funcional para atender las necesidades
de comunicación existentes. Una estación en la que también caben marcos socio-culturales y comerciales
pero integrados en la estación.
Para el BNG la prioridad es la de terminar la estación ferroviaria con un perfil de intermodalidad. En
una ciudad con la población de Vigo no puede quedar relegada a una simple estación de salida y llegada
de trenes AVE. Se necesita una estación intermodal que conecte con la estación de autobuses anexa, con
conexión directa a la AP-9, con el puerto, con el aeropuerto y con el campus universitario a fin de atender
debidamente a las necesidades económicas y sociales de la ciudad y regirnos por criterios de utilidad. La
idea es la de integrar la estación ferroviaria en el urbanismo de la ciudad para que no resulte una
infraestructura aislada del resto del movimiento urbano.
Vigo es la ciudad con mayor población de Galicia, con un importante peso industrial y económico que
precisa desde hace tiempo de una estación intermodal con las características de interoperabilidad propias
del siglo XXI. Creemos que es el momento idóneo para efectivizar unas infraestructuras de estas
características.
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Exposición de motivos
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Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
— Convertir la estación de Urzaiz (Vigo), destinada a la llegada y salida de trenes del Eixo Atlántico,
en una auténtica estación intermodal con conexión con la estación de autobuses anexa, con la AP-9, con
el puerto, con el aeropuerto y con el campus universitario, a fin de atender debidamente a las necesidades
de movilidad de una ciudad como Vigo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2014.—M.a Olaia Fernández Davila,
Diputada.—Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la AP-1, para su debate en la Comisión de Fomento.
El corredor de la Nacional-I sufre un gran índice de accidentes por su gran peligrosidad, como así
lo demuestran los datos. Por ejemplo, en los años 2012 y 2013, según la información ofrecida por el
Gobierno de España, el número de siniestros ocurridos en este vial se eleva a 112, algunos de ellos,
lamentablemente, saldándose con víctimas mortales. Esta situación demuestra la urgencia de tomar
una decisión en relación a este tramo, cuya situación estratégica supone un tránsito de 9.500 vehículos
diarios de los que casi el 50% son pesados.
Por ello, las discrepancias sobre las posibles soluciones deben dar paso, sin más demora, a una
decisión que evite que este trayecto siga dejando estas cifras que representan auténticas tragedias.
En noviembre de 2018, expira el plazo de la concesión de la AP-1 que transcurre de forma paralela a
la carretera nacional. Es imprescindible, más allá de disputas políticas, que todos los grupos parlamentarios
nos comprometamos a que, independientemente de qué formación gobierne en esa fecha, no se prorrogue
la concesión cuando finalice este periodo.
Del mismo modo, es fundamental que hasta ese momento se prohíba el tráfico pesado en la N-I, es
decir, durante los próximos cuatro años, hasta que la liberalización se materialice, aunque esto debería
ser fruto de una negociación con la Junta de Castilla y León. Esta medida ya se está aplicando en un
tramo de la N-II, que discurre por Girona, gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Fomento y Generalitat
al que llegaron hace un año. Una fórmula similar a otros convenios firmados en diferentes comunidades
autónomas.
Así, son varios los ejemplos que nos demuestran que una colaboración entre Gobierno central y
autonómico es, en este caso, tan necesaria como posible. En concreto, en la AP-4 en Andalucía, la Junta
firmó un convenio con Fomento por el que la primera administración se hace cargo del pago íntegro del
peaje de todos los usuarios. Éste no es un caso aislado, puesto que en Galicia el peaje correspondiente
a la AP-9 también está sufragado en su totalidad por la Xunta gallega y el Ministerio del ramo. También en
La Rioja existe un acuerdo entre ambas administraciones; así, desde 2010, Gobierno central y riojano
abonan al 50% el coste del peaje de los usuarios.
En definitiva, éste es un asunto de vital importancia no sólo para la provincia burgalesa sino para los
miles de conductores que transitan por esta vía que, por tanto, requiere aunar tantos esfuerzos sean
necesarios para conseguir dar solución a esta reivindicación.
Es innegable que nos encontramos en un momento en el que toda inversión por parte de las
instituciones públicas debe responder a necesidades urgentes y prioritarias. Pero dar solución a este
problema es, precisamente, inaplazable; de ello dan fe las incesantes protestas ciudadanas y de
plataformas creadas precisamente para exigir solventar la situación de este corredor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
cve: BOCG-10-D-578
Exposición de motivos
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
Pág. 11
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. No prorrogar la concesión de la autopista de peaje AP-1, una vez finalice su vigencia en noviembre
de 2018.
2. Iniciar las negociaciones con la Junta de Castilla y León para la firma de un convenio, similar al
que se ha establecido en otras comunidades autónomas, para prohibir el tráfico pesado por la Nacional I
y derivarlo a la autopista de peaje hasta el fin de la concesión.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2014.—Luis Tudanca Fernández,
Diputado.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/003263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La muerte del coruñés Francisco Javier Romero Taboada asesinado en una multitudinaria pelea entre
aficionados radicales del Atlético y del Deportivo, entre miembros del Frente Atlético y Los Suaves de
Riazor Blues, cerca del estadio Vicente Calderón, ha relanzado el debate sobre la violencia en torno al
fútbol. En la pelea participaron, además, miembros de los Bukaneros del Rayo Vallecano, de los Alkor
Hooligans del Alcorcón y de los Ultras Boys del Sporting de Gijón, registrándose numerosos heridos y una
veintena de detenciones, con la incautación de barras de hierro, palos de madera y puñales, entre otras
armas de ataque.
A mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado, una serie de sucesos luctuosos
marcan el punto máximo de tensión generado en Europa por manifestaciones violentas en el deporte. En
el estadio Heysel de Bruselas, en 1985, la final de la copa de Europa que jugaban los equipos de la
Juventus y el Liverpool acabó en tragedia. Pero el fenómeno vive periódicamente repuntes furibundos. Y
en España no han cesado de producirse enfrentamientos violentos dentro y fuera de los estadios, como
la muerte de un niño golpeado por una bengala o los asesinatos de Fréderic Rouquier por los Boixos Nois
en 1991, el del coruñés Emiliano López Prada en 1994 por un ultra del Atlético de Madrid y el de Aitor
Zabaleta, en 1998, por un ultraderechista del Atlético de Madrid, el de Manuel Ríos, en 2003, por un
miembro del Riazor Blues o el de Íñigo Cabacas Liceranzu, en 2012, tras resultar herido en la cabeza por
una bola de goma de la policía en los altercados que siguieron al partido del Athletic contra el Schalke 04.
La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte reconoce
en su Memoria 2012/2013 que «En la temporada 2012/13, el número de personas que se han desplazado
formando parte de los citados grupos en 1.a División ha sido de 17.224, que frente a los 11.171 que se
desplazaron la temporada 2011/2012, representa un ascenso del 54,18%.» La violencia en el fútbol
español ha saltado fuera de los estadios debido a las mayores medidas de seguridad y vigilancia instaladas
por los clubes. Las broncas entre hinchas en el exterior de los recintos deportivos se han disparado en los
últimos años: entre la temporada 2002-2003 y la 2012-2013, la última de la que se han dado a conocer
datos, las propuestas de sanción de la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte por altercados
fuera de los campos se han quintuplicado, al pasar de 50 a 250.
El Instrumento de ratificación del Convenio Europeo sobre la Violencia en el Deporte, suscrito por
España en 1987, señala en su artículo 3.1. que «1. Las Partes se comprometen a asegurar la elaboración
y aplicación de medidas para prevenir y sofocar la violencia y las invasiones de los espectadores, y en
especial a:
cve: BOCG-10-D-578
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley de
medidas para erradicar la violencia en los estadios y en su vecindad inmediata, para su debate en la
Comisión de Educación y Deporte.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
Pág. 12
a) Procurar que se movilicen servicios de orden suficientes para afrontar las manifestaciones de
violencia y las invasiones de campo, tanto en los estadios como en su vecindad inmediata y a lo largo de
las vías de tránsito utilizadas por los espectadores...
d) Excluir de los estadios o de los partidos y prohibir su acceso, en la medida en que sea jurídicamente
posible, a los promotores de disturbios conocidos o potenciales...»
Entre los grupos violentos más destacados figuran los Ultra Sur del Real Madrid, el Frente Atlético del
Atlético de Madrid, los Bukaneros del Rayo Vallecano, los Alkor Hooligans del Alcorcón, los Biris Norte de
Sevilla, Herri Norte Taldea del Athletic de Bilbao, los Celtarras del Celta, la peña Mujika Taldea de la Real
Sociedad, las Brigadas Blanquiazules del Español, los Ultra Boys del Sporting de Gijón o el Kolectivo Sur
del Xerez. Algunos de estos grupos podrían estar vinculados a organizaciones registradas como
asociaciones políticas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Desarrollar un conjunto de medidas eficaces y contundentes para la erradicación de la violencia
en los estadios y en su vecindad inmediata.
2) Promover la ilegalización y disolución de las peñas y grupos violentos de “hinchas”, negándoles
el estatuto de asociaciones.
3) Crear en colaboración con los clubes un Registro Estatal de Violentos, que conlleve la retirada de
carnet de socios abonados, la prohibición definitiva de entrada en todos los estadios del país y medidas
de alejamiento de los mismos, promoviendo los cambios jurídicos adecuados para su aplicación.
4) Asignar un agente policial Observador del Público en cada partido de fútbol de Primera División,
encargado de redactar un informe sobre las incidencias violentas que se desarrollen en las gradas por
parte de asistentes al espectáculo.
5) Asignar los recursos adecuados a la Policía Nacional para prevenir y perseguir los comportamientos
violentos en los acontecimientos deportivos.
6) Tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto del Instrumento de Ratificación del
Convenio Europeo sobre la Violencia en el Deporte, suscrito por España en 1987, que obliga a erradicar
la violencia dentro y fuera de los estadios.
7) Obligar a los clubes de Primera División a instalar sistemas de cámaras que abarquen todas las
gradas y a mantener las grabaciones a disposición de la Policía durante el tiempo legalmente establecido.
8) Impulsar fuertes sanciones a las directivas de los clubes, tanto económicas como deportivas,
incluido el cierre de los estadios y el descenso de categoría.
a) Si se demuestra cualquier tipo de apoyo a los grupos organizados de «hinchas» violentos, tales
como la entrega de entradas privilegiadas, espacios acotados en las gradas, colaboración en la financiación
u organización de viajes, locales o mercadotecnia;
b) Si siguen reconociendo como peñas oficiales a los grupos violentos
c) Si no toman las medidas organizativas adecuadas para evitar la entrada de grupos violentos en
los estadios y la introducción de armas, bengalas, recipientes de vidrio y demás objetos potenciales de
agresión.»
cve: BOCG-10-D-578
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2014.—Gaspar Llamazares Trigo y
Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.—José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
Pág. 13
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre grandes consumidores de energía, para su debate en
la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Alcoa es una empresa fundamental en la economía de la provincia de Lugo, de su factoría en Cervo
dependen 1.200 empleos directos y otros 600 indirectos, tiene también una factoría en A Coruña, en la que
trabajan 400 personas, y cuya actividad está relacionada con la de Cervo ya que ésta le suministra la
alúmina para la producción de aluminio. La misma empresa también tiene una factoría en Avilés de la que
dependen 500 empleos directos.
En Alcoa y otras factorías de Galicia, como Ferroatlántica, Megasa, Celsa y SLG Carbón, el coste de
energía es una parte muy importante del coste final.
La evolución de los costes del mercado eléctrico en los últimos meses superó las previsiones hechas
por el Gobierno, la fórmula de la subasta ideada por el Gobierno no cubrió las necesidades de las fábricas
de aluminio y alúmina en Galicia y genera incertidumbre e imposibilidad de planificar la actividad y la
inversión a medio plazo con el correspondiente riesgo de deslocalización de la actividad.
La semana pasada Red Eléctrica de España (REE) puso en el mercado nueve bloques de 90 MW
interrumpibles y 238 paquetes de 5 MW. El objetivo de este nuevo sistema de asignación era abaratar el
coste.
A partir del precio de salida y mediante pujas presenciales, el importe va bajando en cada ronda a un
precio previamente establecido. La prestación del servicio se asigna al último competidor que queda en la
puja sin retirarse, y por tanto, está dispuesto a prestarlo al precio más bajo. Esto hizo que el valor económico
de los bloques de 90 MW bajase de los 350.000 euros por MW y año de salida a los 300.000 finales. En
el caso de los paquetes de 5 MW se pasó de un precio inicial de 260.000 euros por MW a sólo 100.000
euros. De este modo, con los MW captados para interrumpibilidad REE gastará el próximo año unos 350
millones de euros en este concepto, frente a los 550 euros del ejercicio en curso.
En este proceso Alcoa sólo obtuvo tres de los cuatro bloques de 90 MW que solicitara para su factoría
en Cervo y ninguno de los solicitados para la de A Coruña. Esto provoca que la empresa no va a obtener
los servicios de interrumpibilidad suficientes. Hasta ahora la energía suponía un 35% de los costes de la
compañía, y sin las retribuciones por la interrumpibilidad la factura aumentará considerablemente y dejará
a la empresa fuera del mercado mundial.
Esta situación se agrava y requiere un tratamiento urgente ya que ayer Alcoa anunció la extinción de
los contratos de los trabajadores de las factorías de Avilés y A Coruña.
Esto pone en evidencia la necesidad de que las empresas dispongan de electricidad a un precio que
les permita mantener la competitividad de sus productos y la estabilidad de sus empleos.
Es necesario que las factorías de Alcoa puedan planificar su actividad con una cierta estabilidad
relativa a los costes de la energía.
La empresa sólo está haciendo mantenimiento y no aborda inversiones más importantes por la
imposibilidad de planificar la actividad a medio plazo.
El Gobierno está obligado a solucionar el problema de las empresas con gran consumo de energía
para encontrar soluciones a la incertidumbre recurrente.
Es necesario actuar para evitar el lamento posterior cuando el problema ya no tenga solución.
Por todo ello, y ante el deplorable estado de los viales N634 y N642, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
cve: BOCG-10-D-578
Exposición de motivos
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
Pág. 14
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que establezca una fórmula para que las factorías
con alto consumo de energía puedan acceder al mercado de energía en condiciones razonables y que
estén en relación con las de otros países de la Unión Europea.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2014.—Margarita Pérez Herraiz, María
Paloma Rodríguez Vázquez y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.—Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Tras la celebración en noviembre de 2014 de la subasta para la adjudicación de paquetes de
interrumpibilidad eléctrica, entre las empresas denominadas como grandes consumidores o consumidores
intensivos, el resultado de la misma ha puesto en grave peligro las expectativas de futuro de las plantas
que la multinacional Alcoa tiene en Avilés (Asturias) y en A Coruña. Prueba de ello es el ERE de extinción
de 500 empleos que la empresa presentó el 1 de diciembre para su planta de Avilés y 300 en A Coruña;
unos ERE a los que se oponen tanto el Principado de Asturias como los Alcaldes de las zonas afectadas,
los sindicatos y partidos políticos.
El motivo de la grave situación ocasionada tras el resultado de la subasta es que Alcoa no ha podido
optar a los imprescindibles paquetes de 90 Megawatios, y por tanto a las correspondientes bonificaciones
en concepto de interrumpibilidad, que le son absolutamente imprescindibles para poder continuar con su
actividad en unas mínimas condiciones de igualdad con sus más directos competidores, que son, por otra
parte, países con unos costes energéticos sustancialmente inferiores. De hecho, la multinacional solo ha
podido optar a tres de dichos paquetes, siendo por tanto las plantas de Avilés y A Coruña las directamente
afectadas. La importancia del coste de la energía en este caso se cifra en un 40% de los costes de
producción del aluminio.
La situación puede afectar, además, al conjunto de la producción de aluminio primario en España, y
supone un factor de inestabilidad para la gran industria en su conjunto, tan necesitada de un marco
estable en el cual poder desarrollar su actividad.
En la planta avilesina, un referente mundial en cuanto a la calidad de su producción de aluminio,
trabajan actualmente en torno a 600 personas, entre trabajadores de la empresa matriz y de la industria
auxiliar. Asturias, además, tiene una tradición histórica y una experiencia contrastada en la producción de
aluminio, que en el caso de la planta de Avilés viene sosteniéndose de manera ininterrumpida durante casi
sesenta años. No en vano en Asturias se da el mayor conglomerado de empresas de las denominadas de
consumo intensivo de electricidad en España, y que son una de las bases fundamentales de la economía
de la región e incluso una de sus señas de identidad histórica y que la definen como región, en torno
especialmente a la metalurgia.
La Junta General de Asturias aprobó de inmediato una declaración institucional en la que se
reclama del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que revierta y despeje las incertidumbres que
pesan sobre la planta de Alcoa en Avilés tras la mencionada subasta y se pide la definición de un marco
regulador estable para las tarifas eléctricas industriales, a la vez que se apoya y se apela a la multinacional
Alcoa para que mantenga su compromiso con Asturias.
Por todo ello, se presenta la siguiente
cve: BOCG-10-D-578
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la
suspensión del ERE de Alcoa en Avilés y A Coruña y sobre la necesidad de un marco regulador estable
de las tarifas eléctricas para la industria, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
Pág. 15
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar de la empresa multinacional Alcoa la suspensión del ERE de extinción de empleo que
afecta a las factorías de Avilés y A Coruña.
2. Adoptar de forma inmediata y urgente las medidas necesarias, dentro del ámbito de sus
competencias, y a través de la Secretaría de Estado de Energía, para revertir y despejar las incertidumbres
que afectan gravemente a las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña.
3. Definir un marco regulador estable y competitivo con la industria europea para el conjunto de la
industria en cuanto a lo que a costes de energía eléctrica se refiere.
4. Apelar a la multinacional Alcoa para que siga demostrando, más allá del momento actual, su
compromiso con Asturias y, especialmente, con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que prestan
servicios en las plantas de Avilés y A Coruña.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2014.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.—José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural.
161/003273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa al sistema de interrumpibilidad basado en subastas eléctricas y
consecuencias negativas para industrias como Alcoa A Coruña y Avilés o Megasa Siderúrgica (Narón,
Ferrolterra), para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El Ministerio de Industria decidió implantar un nuevo sistema para regular el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad, un mecanismo para en momentos de gran demanda eléctrica compensar
económicamente a los grandes consumidores industriales que se desconectan de la red.
El establecimiento del nuevo procedimiento por subasta ya se conocía desde el 1 de noviembre del
pasado año por la publicación de la Orden en el «BOE», pero la publicación de las reglas que rigen el
proceso y el modelo de adhesión para participar en las pujas no se hicieron públicas hasta fechas recientes.
Un importante número de empresas potencialmente beneficiarias de esta retribución —son algo
menos de 150 en el conjunto del Estado— han anunciado la decisión de recurrir la citada Orden por
mantener la discriminación en función de la potencia instalada y de la disposición de producto interrumpible.
La pérdida de las bonificaciones por interrumpibilidad —que cobran los grandes consumidores
industriales a cambio de reducir o cesar su consumo eléctrico en caso de emergencia— perjudica a
muchas empresas, entre ellas muchas asentadas en Galicia.
El nuevo sistema afecta negativamente a factorías de gran importancia en Galicia como es la planta
de Megasa Siderúrgica (Narón, Ferrolterra) y las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, entre otras.
Ambos centros han anunciado recientemente la intención de proceder a despidos colectivos, lo que es un
duro golpe tanto paras las economías de las comarcas donde desarrollan su actividad como para las
numerosas plantillas de trabajadores.
La primera puja para regular el nuevo sistema de adjudicación de la interrumpibilidad se celebró en la
última semana de noviembre y generó muchas dificultades en las empresas de gran consumo eléctrico
como Megasa, Alcoa, Ferroatlántica, Celsa o SLG Gabón. Falta por celebrar la segunda subasta.
Consideramos de importancia destacar algunos aspectos de las fábricas que en Galicia están
perjudicadas por el nuevo sistema de interrumpibilidad.
cve: BOCG-10-D-578
Exposición de motivos
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
Pág. 16
Alcoa en A Coruña y Avilés son similares: tienen en torno a 400 trabajadores y un volumen de
producción muy similar. Hasta el año pasado las dos estaban integradas en una única sociedad, Alcoa
Inespal S.A., que cerró el año con un beneficio de 53 millones de euros.
Alcoa era una de las grandes beneficiarias, pero en la primera subasta no logró incentivos para las
plantas de A Coruña y Avilés, en cambio, sí para la factoría de A Mariña (Lugo). Afirman desde la empresa
que a partir del 1 de enero el coste de producción de aluminio costará un 20% más que en la actualidad,
pasando de los 1.770 euros actuales a los 2.120 euros por tonelada.
Sin embargo, a propios y extraños sorprende sobremanera que Alcoa no esperase a la celebración de
la segunda subasta. Especialmente porque la multinacional indicó en su momento que condicionaría
cualquier medida al resultado de la segundad subasta. De momento, el Ministerio de Industria ha encargado
un informe a Red Eléctrica para convocar una segunda subasta de bonificaciones antes de fin de año pero
no se tiene fecha. En la primera puja se adjudicaron 300 millones de los 500 presupuestados en el 2015.
Así que restan 200 por conceder.
En relación a Megasa Siderúrgica, ubicada en Narón (Ferrolterra), llegó a facturar en 2011, 1.000
millones de euros y cerró el año pasado con unos beneficios de 593.511 euros, un 67% por debajo de los
obtenidos en 2012 (1,8 millones). Sus ventas alcanzaron los 254,3 millones, un 74% menos que las del
ejercicio anterior.
Igual de preocupante es el anuncio de esta empresa siderometalúrgica al comité de empresa sobre su
intención de iniciar los trámites para un despido colectivo para parte de sus 169 trabajadores, así como
una modificación sustancial de las condiciones de trabajo para el resto.
Las críticas sobre el oscurantismo con el que se está conduciendo la subasta de la interrumpibilidad
se reparten por igual tanto al Gobierno como a las empresas.
La gestión de la energía por parte de este Gobierno así como de otros anteriores deja mucho que
desear porque se ha permitido comerciar con lo que debería ser considerado un bien básico para la
industrialización de un territorio y también para evitar situaciones penosas como la pobreza energética.
Parte de esa pésima gestión interesada es el hecho de que el Estado español tenga los precios eléctricos
más caros de la UE.
En el caso actual del nuevo sistema de interrumpibilidad confluyen varias circunstancias que pueden
ser perversas para nuestra industria, como hemos puesto de manifiesto. En primer lugar, la falta de unos
precios de referencia y el hecho de ir a una subasta anual afecta a las necesarias inversiones para las
modernizaciones de las instalaciones.
En segundo lugar, al ser una subasta a ciegas, de la que se desconocen los precios alcanzados por
otros posibles competidores, va a provocar que empresas del mismo sector productivo tengan precios
diferentes de electricidad.
Desde el BNG consideramos que el Ministerio debería retirar este tipo de sistema basado en subastas
para la adjudicación de la interrumpibilidad, y volver al sistema anterior mediante el cual se establecía un
precio por consumo, y todas las empresas que estuviesen interesadas y que cumplían los requisitos
técnicos podían ser consumidores.
Esto sería a corto plazo porque a medio plazo debería abordarse una reformulación de todo el sistema
eléctrico que admita tarifas más bajas en los territorios como Galicia que son netamente productoras, que
limpie la tarifa eléctrica de retribuciones y se contemple en los Presupuestos Generales del Estado.
Galicia es exportadora de energía y a pesar de soportar los costes sociales y ambientales por la
explotación de sus recursos naturales, no recibe ningún tipo de compensación a cambio. Ser excedentaria
en energía no le reporta ningún beneficio. Con el añadido de que industrias asentadas en el territorio
gallego puedan cerrar debido precisamente a los altos costes de la electricidad.
En esencia, debería cambiarse el sistema de pago a las empresas de generación por un modelo de
retribución de costes según la tecnología empleada.
«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Industria a:
— Suspender el nuevo sistema de interrumpibilidad eléctrico basado en subastas que está
perjudicando a industrias de gran importancia como Alcoa A Coruña y Alcoa Avilés o Megasa en Narón
(Ferrolterra), entre otras empresas, y que resta capacidad industrial a los territorios en los que están
ubicadas y pone en peligro cientos de puestos de trabajo.
cve: BOCG-10-D-578
Proposición no de Ley
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
Pág. 17
— Temporalmente, volver al sistema anterior mediante el cual se establecía un precio según potencia
contratada para los grandes consumidores de energía.
— Promover un diálogo con la multinacional Alcoa y con la dirección de Megasa Siderúrgica, para
evitar que se materialicen los despidos colectivos anunciados por ambas empresas y se mantengan los
puestos de trabajo, así como la actividad industrial, muy relevante para la economía de las comarcas en
las que están asentadas.
— Establecer una regulación justa y equitativa en relación al consumo de energía eléctrica por parte
de las grandes empresas.
— Proceder a una reformulación de todo el sistema eléctrico que tenga en cuenta normativamente la
condición de territorios como Galicia que son excedentarios en producción de energía eléctrica, y en
consecuencia, contemplar las medidas que le permitan tener una tarifa eléctrica propia, con precios de
electricidad más bajos como compensación por la explotación de los recursos naturales y los consiguiente
daños sociales y medioambientales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2014.—Rosana Pérez Fernández,
Diputada.—Uxúe Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el consumo del carbón autóctono, para su
debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de
restricciones por garantía de suministro y modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el
que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica, dispone en su anexo II.1 que por
resolución de la Secretaría de Estado de Energía se fijarán anualmente para cada central los precios de
retribución de la energía, con el detalle de cada uno de los parámetros utilizados, y el volumen máximo de
producción para cada año que puede ser programado en el proceso de resolución de restricciones por
garantía de suministro.
Por su parte, el anexo II.2 del referido Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, establece que las
cantidades anuales de carbón autóctono a adquirir por los titulares de las centrales térmicas serán las que
se fijen para cada año por resolución de la Secretaría de Estado de Energía, así como que sólo se
aplicarán a las cantidades de carbón que se benefician de ayudas de Estado.
Lo cierto es que el sector del carbón comenzará 2015 con una gran incertidumbre, y es que la vigencia
del real decreto de restricciones por garantía de suministro, que obliga a las térmicas a comprar y quemar
carbón nacional, expira el próximo 31 de diciembre.
El plan del Carbón firmado el pasado año entre los sindicatos, las empresas y el Ministerio de Industria
fijaba un punto en el que el Gobierno se comprometía a buscar un hueco térmico para el mineral autóctono.
El 18 de noviembre de 2014 se celebró una reunión entre miembros del Ministerio de Industria del
Gobierno de España, representantes de los trabajadores y de los empresarios del sector de la minería del
carbón nacional para realizar un seguimiento del cumplimiento de las medidas recogidas en el Marco de
actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el período 2013-2018.
El hecho es que el Gobierno de España no ha sido capaz de adelantar la solución en la citada reunión
ni en posteriores comparecencias en el Congreso de los Diputados, está generando una gran incertidumbre
en las comarcas mineras, que desconocen el destino de la producción del año que viene. De otra parte,
también se produce una gran inseguridad jurídica puesto que el Gobierno no ha aclarado como van a
conseguir que el próximo año, al menos el 7,5% de la energía eléctrica en el país se genere con carbón.
Además las empresas eléctricas que empiezan a contemplar seriamente en su estrategia empresarial
inversora para cumplir con la directiva de la UE de emisiones industriales contaminantes, ya que una vez
cve: BOCG-10-D-578
Exposición de motivos
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
Pág. 18
extinguido el Real Decreto dichas inversiones no serían rentables en las centrales térmicas de interior,
abocando a su cierre. Esto traería unas consecuencias económicas y sociales inasumibles no solo por la
pérdida de puestos de trabajo directos sino por el efecto dominó que conllevaría una destrucción de
empleo generalizada en comarcas como por ejemplo El Bierzo, en la provincia de León.
Considerando lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas necesarias para que de forma inmediata y urgente se establezca un sistema
estable y seguro que garantice el consumo de carbón autóctono en nuestro país de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo Marco de Actuación de la Minería del Carbón 2013-2018.
2. Comenzar las negociaciones con las empresas consumidoras de carbón nacional para que
acometan, de forma inmediata, las inversiones necesarias en las centrales térmicas para su adaptación a
la normativa medioambiental europea y para que estudie, en su caso, fórmulas para incentivar y favorecer
esas inversiones.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2014.—María Luisa González Santín y
Helena Castellano Ramón, Diputadas.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para asegurar la prestación del servicio de Teleasistencia,
para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
— Apoyo inmediato a través de la línea telefónica a demandas de diversas órdenes; angustia, soledad,
así como, accidentes domésticos, caídas, etc.
— Movilización de recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, domiciliaria o social.
— Seguimiento permanente desde el Centro de Atención mediante llamadas telefónicas periódicas.
— Agenda, para recordar al usuario datos importantes sobre toma de medicación, realización de
gestiones, etc.
cve: BOCG-10-D-578
La teleasistencia domiciliaria es un servicio que, a través de la línea telefónica y con un equipamiento
de comunicaciones e informático específico, ubicado en un centro de atención y en el domicilio de los
usuarios, permite a las personas mayores y/o personas con discapacidad, con sólo accionar el dispositivo
que llevan constantemente puesto y sin molestias, entrar en contacto verbal «manos libres», durante las
24 horas del día y los 365 días del año, con un centro atendido por personal específicamente preparado
para dar respuesta adecuada a la necesidad presentada, bien por sí mismo o movilizando otros recursos
humanos o materiales, propios del usuario o existentes en la comunidad. También incluye unidades
móviles que en caso de necesidad se trasladan al domicilio del usuario para dar solución a la emergencia
surgida, mediante la movilización de recursos.
Con este servicio se posibilita a los mayores y a las personas con discapacidad, que no necesitan de
atención permanente y presencial de otras personas, tener la seguridad de que ante situaciones tales
como crisis de angustia y soledad, caídas, emergencias sanitarias, o fuego en su vivienda, puedan
contactar de forma inmediata con el centro de atención.
Dentro del Programa de Teleasistencia domiciliaria se prestan los siguientes servicios:
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
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Este programa se inició a través de un convenio-marco suscrito entre el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el día 20 de abril
de 1993, al que se fueron adhiriendo progresivamente, a través de convenios específicos de colaboración,
las Corporaciones Locales interesadas en la implantación del programa en sus ámbitos territoriales
respectivos.
La gran ventaja del servicio de teleasistencia domiciliaria es que permite la permanencia de personas
vulnerables en su medio habitual de vida, evitando los grandes costes personales, sociales y económicos
que el desarraigo del medio conlleva, facilitando el contacto con su entorno socio-familiar y asegurando la
intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y contribuir
decisivamente a evitar ingresos innecesarios en centros residenciales.
El Servicio de Teleasistencia constituye un instrumento idóneo para proporcionar a las personas en
situación de dependencia y a sus familiares un mayor nivel de autonomía, favoreciendo la permanencia e
integración en su entorno. Por ello, la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia lo incluyó expresamente en el Catálogo de Servicios a prestar por
las Administraciones Públicas.
En los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno del Partido Popular ha
desaparecido la partida destinada a Teleasistencia, que se encontraba en las cuentas de la Seguridad
Social, Sección 60, en concreto, en el Presupuesto de Gastos del IMSERSO, manteniendose únicamente
la cantidad correspondiente a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La desaparición de esta dotación presupuestaria, que en 2011 era de 32 millones de euros, ha
perjudicado a unos 5.535 municipios que recibían financiación de este programa para prestar un servicio
que beneficiaba a cerca de 250.000 personas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para asegurar la
prestación del servicio de Teleasistencia con unos adecuados niveles de calidad y cobertura, dotando de
la financiación necesaria al Programa de Teleasistencia domiciliaria instrumentado a través del conveniomarco suscrito entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2014.—María Luisa Carcedo Roces,
Diputada.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley para desarrollar una campaña específica de información sobre el calendario común
de vacunación, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad
estimulando la producción de anticuerpos. La inmunización previene enfermedades, discapacidades y
defunciones por enfermedades prevenibles, tales como la difteria, el sarampión, la tos ferina, la neumonía,
la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubéola y el tétanos. Según datos de la OMS,
en la actualidad, la inmunización evita anualmente entre 2 y 3 millones de defunciones.
La inmunización contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación es esencial para alcanzar
el cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio, consistente en reducir en dos terceras partes la mortalidad de
niños menores de cinco años para 2015. La inmunización es también una estrategia clave para promover
la salud mundial y para responder a la amenaza de infecciones emergentes como una gripe pandémica.
cve: BOCG-10-D-578
Exposición de motivos
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Serie D Núm. 578
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En España, sí bien las competencias en materia de Salud Pública corresponden a las Comunidades
Autónomas, no existen evidencias epidemiológicas o sociosanitarias que justifiquen diferencias en los
Calendarios de Vacunación entre las Comunidades Autónomas, excepto en los casos particulares de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (cuya realidad epidemiológica está afectada por su proximidad a
Marruecos), o en situaciones puntuales y temporales como brotes o epidemias.
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en su artículo 6, establece que todas las
personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad y
señala que este derecho se concretará en una cartera de servicios básica y común en el ámbito de la
salud pública, con un conjunto de actuaciones y programas; así como que dicha cartera de servicios
incluirá un calendario único de vacunación. Este objetivo todavía no se ha alcanzado en nuestro país, por
lo que es necesario seguir trabajando para lograrlo.
Por otra parte, para conseguir el mayor beneficio posible en la salud de la población de las
recomendaciones de vacunación, se deben establecer actuaciones proactivas de información pública,
explicando de forma clara y veraz las evidencias científicas en las que se basan las recomendaciones, la
efectividad, beneficios y riesgos esperados de estas recomendaciones, y las formas de acceso a las
prestaciones de vacunación.
Conscientes de ello, los Ministros de Sanidad de la Unión Europea (UE), reunidos en Consejo de
Ministros de Sanidad celebrado a principios del mes de diciembre de 2014, han pedido a los países que
tomen medidas para revertir el escepticismo entre los ciudadanos hacia los programas de vacunación.
Los Ministros invitan a los Estados miembros a «informar a la población para aumentar su confianza
en los programas de vacunación, utilizando para ello herramientas apropiadas y campañas de comunicación
e involucrando a líderes de opinión, a la sociedad civil y a los interesados».
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, en el ámbito de sus competencias, una campaña específica de información sobre el calendario
común de vacunación del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de mejorar los conocimientos de la
ciudadanía y aumentar su confianza en los programas de vacunación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2014.—José Martínez Olmos, Diputado.—
Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/003276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la Ruta Wólfram, para su debate en la
Comisión de Cultura.
El Instituto Superior de Ciencias Empresariales y Turismo de Portugal está impulsando un Proyecto
para poner en valor las minas en Wólfram portuguesas, que abastecieron de este mineral a las fábricas
de armamento alemanas durante la Segunda Guerra Mundial.
Los portugueses pretenden desarrollar una Gran Ruta que recorra los restos de Arqueología Industrial
de estas minas en su país y conectar con otros similares de la geografía europea, como los ubicados en
tierras gallegas —Minas de Valborraz o los Alemanes, en Casaio (Carballeda y Lobios)— y en otros
países como Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia o la República Checa.
cve: BOCG-10-D-578
Exposición de motivos
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
Pág. 21
El Proyecto está en fase de formación, por lo que sería de interés que lugares como la Comarca de El
Bierzo, La Cabrera, etc, que son testigos de esta memoria histórica pudieran estar incluidos en La Gran
Ruta Europea, que sin duda contribuiría a la promoción internacional de nuestros territorios.
El Instituto Europeo de Itinerarios Culturales contempla este Proyecto con interés y resalta: «el
potencial para las comunidades locales en él implicadas por la valorización de sus recursos como también
una gran plusvalía para la comunidad académica que a través de la investigación y del trabajo de campo,
tiene la posibilidad de compartir varias áreas de conocimiento, aplicándolas en los territorios abarcados».
La inclusión de todas las zonas afectadas por esta actividad minera en este «Itinerario Cultural del
Consejo de Europa» podría servir de revulsivo y ayudar a revitalizar económicamente las mismas, así
como a fijar población en el medio rural.
El Presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, al igual que la Presidenta del Instituto de Estudios
Bercianos, han mostrado su interés por que las bocas de galería de las minas de Wólfram, los esqueletos
de los lavaderos o los poblados mineros ubicados en estas Comarcas pudieran formar parte del Proyecto.
Hay otros lugares a parte de la Comarca Berciana en las provincias de Zamora y Salamanca, que
también tuvieron su cuota de protagonismo en la historia de la minería del Wólfram.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que ninguna de estas zonas mineras deben de quedar
fuera de esta importante y necesaria propuesta, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo, en colaboración con la Comunidad de Castilla y León, todas aquellas actuaciones
necesarias, ante las autoridades competentes portuguesas, para que conjuntamente se apoye la propuesta
del Instituto Superior de Ciencias Empresariales y Turismo de Portugal que promueve la creación de la
Ruta Europea del Wólfram ante el Consejo de Europa, y acordar la inclusión en dicha ruta de los vestigios
de Arqueología Industrial vinculados a la explotación de este mineral en las provincias de León (Comarcas
de La Cabrera y El Bierzo), Zamora y Salamanca.
2. Promover ante el IEIC (Instituto Europeo de Itinerarios Culturales), todas las actuaciones
necesarias conducentes a la inclusión de estas Comarcas en una nueva ruta que se denomine “Ruta
Europea del Wólfram”.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2014.—María Luisa González Santín,
Helena Castellano Ramón, María del Mar Rominguera Salazar, Jesús Caldera Sánchez-Capitán y
Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Exposición de motivos
Según nuestro ordenamiento jurídico, «accesibilidad universal» es la condición que deben cumplir los
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
cve: BOCG-10-D-578
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre un plan de fomento del uso de medios tecnológicos
para las personas con discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la
Díscapacidad.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
Pág. 22
En muchas ocasiones, la situación de dependencia es consecuencia directa de la falta de accesibilidad.
La promoción de la accesibilidad integral es esencial para la plena inclusión de las personas con
discapacidad en la sociedad.
Las nuevas tecnologías cobran una importancia esencial para impulsar soluciones de diseño accesibles
que fomenten la autonomía e independencia de las personas con discapacidad y reduzcan las situaciones
de dependencia.
Los dispositivos y las tecnologías de apoyo como, entre otras muchas, sillas de ruedas, prótesis,
ayudas para la movilidad, audífonos, dispositivos de ayuda visual y equipos y programas informáticos
especializados, aumentan la movilidad, la audición, la visión y las capacidades de comunicación.
Con la ayuda de estas tecnologías, las personas con discapacidad pueden mejorar sus habilidades y,
por tanto, están más capacitadas para vivir de forma autónoma y participar en sus sociedades.
En los artículos 20 y 26 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la
resolución WHA58.23 de la Asamblea Mundial de la Salud y las Normas Uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad, se subraya la importancia de los dispositivos de
apoyo. Se pide a los Estados que promuevan el acceso a los dispositivos y las tecnologías de apoyo a un
costo asequible y que proporcionen capacitación a las personas con discapacidad y a los profesionales y
el personal que trabajan en los servicios de habilitación y rehabilitación.
En España es destacable la labor desempeñada por el Centro de Referencia Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). Este centro fue creado mediante Orden Ministerial de 7 de abril
de 1989, como centro dependiente del IMSERSO. En 2006, entró a formar parte de la red de Centros de
Referencia Estatal (CRE), establecida por la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.
El CEAPAT ofrece apoyos para el análisis, sistematización y difusión de información y conocimiento;
el fomento de la investigación y el desarrollo e innovación de métodos y técnicas de intervención; la
formación de profesionales y colaboración en la elaboración y aplicación de normas técnicas; y el apoyo,
asesoramiento y asistencia técnica a instituciones y otros recursos del sector.
El trabajo llevado a cabo por el CEAPAT ha contribuido a que nuestra sociedad avance en esta
materia. Sin embargo, son necesarias actuaciones adicionales que movilicen los recursos suficientes para
llegar a las miles de personas que podrían mejorar sus capacidades mediante el acceso a medios
tecnológicos y su situación económica no se lo permite.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, un Plan de fomento del uso de
medios tecnológicos para las personas con discapacidad, con la finalidad de garantizar su acceso a los
dispositivos y las tecnologías de apoyo que contribuyan a la eliminación de barreras de todo tipo y por
tanto, a la promoción de la accesibilidad universal, como medio para garantizar su derecho a la igualdad
de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas
con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas. Este Plan
contará con la dotación económica suficiente.
2. Impulsar y financiar actuaciones de I+D+i dirigidas a avanzar en soluciones de diseño accesibles
y a eliminar barreras físicas, psíquicas y sensoriales para fomentar la autonomía e independencia de las
personas con discapacidad.»
cve: BOCG-10-D-578
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2014.—Laura Carmen Seara Sobrado y
María Luisa Carcedo Roces, Diputadas.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
Pág. 23
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al
artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su
conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2014.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/002412
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols
Texto:
¿Es cierto que se ha creado una unidad especial en la Policía Nacional para la persecución de delitos
y corrupción en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2014.—Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols,
Diputado.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/002423
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Discapacidad
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuáles han sido las ayudas y subvenciones concedidas a Aspanas Termal, empresa perteneciente a
la Asociación Aspanas en la ciudad de Ourense, durante los años 2012, 2013 y 2014?
181/002424
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Discapacidad
cve: BOCG-10-D-578
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2014.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
Pág. 24
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuáles han sido las ayudas y subvenciones concedidas a Amencer Reciclado, empresa perteneciente
a la Asociación Aspanas en la ciudad de Ourense, durante los años 2012, 2013 y 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2014.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
181/002425
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Discapacidad
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cual es la relación de convenios firmados y subvenciones o ayudas concedidas a la Asociación
Aspanas durante los años 2012, 2013 y 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2014.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
SECRETARÍA GENERAL
292/000051
Examinada la solicitud y documentación anexa presentada por D. Raúl Fernández Sebastián, único
aspirante que ha participado en el concurso para la provisión entre el personal laboral que ostente la
condición de Analista de la plaza de Jefe de Proyectos de Desarrollo de Sistemas de Información en el
Área de Desarrollo del Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Congreso de
los Diputados, convocado el día 17 de noviembre de 2014,
Visto el informe de adecuación del Director del Centro de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, de fecha 4 de diciembre
de 2014,
He resuelto adjudicar dicha plaza con efectos del día 10 de diciembre de 2014 a D. Raúl Fernández
Sebastián, personal laboral de Categoría Profesional de Analista, quien queda adscrito a la misma en
régimen de jornada completa, con horario ordinario, con dedicación especial y complemento de destino
(el de Jefe de Proyectos).
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2014.—El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
cve: BOCG-10-D-578
Contra esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Estatuto del Personal de
las Cortes Generales, podrá interponerse recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados dentro del
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 578
15 de diciembre de 2014
Pág. 25
292/000052
Examinada la solicitud y documentación anexa presentada por D. José María Esteban Pacios, único
aspirante que ha participado en el concurso para la provisión entre el personal laboral que ostente la
condición de Auxiliar de Informática, de la plaza de Supervisor en el Área de Explotación y Gestión del
Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Congreso de los Diputados,
convocado el día 17 de noviembre de 2014,
Visto el informe de adecuación del Director del Centro de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, de fecha 4 de diciembre de
2014,
He resuelto adjudicar dicha plaza con efectos del día 10 de diciembre de 2014 a D. José María
Esteban Pacios, personal laboral de Categoría Profesional de Auxiliar de Informática, quien queda
adscrito a la misma en régimen de jornada completa, con horario ordinario, con dedicación especial y
complemento de destino (el de Supervisor).
Contra esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Estatuto del Personal de
las Cortes Generales, podrá interponerse recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados dentro del
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2014.—El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Examinada la solicitud y documentación anexa presentada por D. Alejandro Sánchez Sanmartín,
único aspirante que ha participado en el concurso para la provisión entre el personal laboral que ostente
la condición de Auxiliar de Informática, de la plaza de Supervisor en el Área de Atención a Usuarios del
Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Congreso de los Diputados,
convocado el día 17 de noviembre de 2014,
Visto el informe de adecuación del Director del Centro de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, de fecha 4 de diciembre
de 2014,
He resuelto adjudicar dicha plaza con efectos del día 10 de diciembre de 2014 a D. Alejandro Sánchez
Sanmartín, personal laboral de Categoría Profesional de Auxiliar de Informática, quien queda adscrito a
la misma en régimen de jornada completa, con horario ordinario, con dedicación especial y complemento
de destino (el de Supervisor).
Contra esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Estatuto del Personal de
las Cortes Generales, podrá interponerse recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados dentro del
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
cve: BOCG-10-D-578
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2014.—El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
http://www.congreso.es
D. L.: M-12.580/1961
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