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l EEUU-América Latina en la
era de Obama
l El desafío de China
Montevideo Uruguay - Jueves 14 de enero de 2010 - Nº 134 - Distribuido con la diaria
l Ecuador: Iniciativa Yasuní-ITT
y el fideicomiso con el PNUD
L
a “gobernanza mundial” ha
sido debatida durante mucho
tiempo. Pero 2010 será un año
crucial para definir las respuestas.
¿Cómo se tomarán las decisiones
sobre la crisis económica y el cambio
climático, de manera democrática
o en pequeños grupos de países
dominados por las naciones ricas?
Después de la Segunda Guerra
Mundial, las Naciones Unidas
surgieron como el principal foro
para resolver cuestiones como la
paz, el desarrollo, las finanzas, el
comercio, la salud, la alimentación y
el ambiente.
El tema de la seguridad fue una
excepción dentro del sistema de las
Naciones Unidas. El Consejo de
Seguridad se configuró de manera
antidemocrática, con cinco potencias
como miembros permanentes y
derecho de veto, con el poder de
imponer sanciones y autorizar
acciones militares.
A partir de la década del ochenta,
la autoridad de las Naciones Unidas
en materia económica se debilitó a
medida que los países desarrollados
impulsaron la “reforma” del
sistema. Se menoscabaron sus
funciones mientras se aumentaba en
gran medida la autoridad del Fondo
Monetario Internacional y el Banco
Mundial. Estas dos instituciones
utilizaron su influencia para imponer
políticas antipopulares en los países
muy endeudados y terminaron
erigiéndose en los principales actores
económicos mundiales.
Mientras tanto, los principales
países desarrollados formaron
sus propias instituciones, como la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) y
luego el Grupo de los Siete (G-7), que
se convirtió en el centro de la toma
de decisiones y más tarde, cuando
se incorporó Rusia transformándose
en el G-8, pasó a ser el bloque
económico más poderoso.
Cuando en 2008 estalló la crisis
financiera mundial, el presidente de
Estados Unidos, George W. Bush,
convocó a una primera cumbre
del G-20 en Washington y en el
En 2010 se decide cómo
se gobernará el mundo
Martin Khor
año siguiente se celebraron otras
dos, en Londres y Pittsburg. Lo
integran grandes países en desarrollo
(Argentina, Brasil, China, India,
Indonesia, México, Sudáfrica) y
reemplazaría al G-7, convirtiéndose
en el foro donde los “principales”
países –desarrollados y en desarrollo–
discutirán y decidirán diversas
cuestiones relevantes.
Pero esto no ha funcionado bien
para los países en desarrollo, ya que la
mayoría no están en el G-20 y tampoco
decidieron que los represente.
La autoridad de la ONU
en materia económica
se debilitó a medida que
los países desarrollados
impulsaron su “reforma”.
El presidente de la Asamblea
General de las Naciones Unidas,
Miguel Descoto, tomó la iniciativa
de convocar a una Conferencia sobre
la Crisis Financiera y Económica
en junio de 2009, con el objetivo
de lograr la participación de lo que
llamó el “G-192” (todos los miembros
de las Naciones Unidas). Muchos
países en desarrollo cuestionaron la
legitimidad del G-20 y arguyeron que
sólo Naciones Unidas puede ser un
foro democrático.
Se propuso la creación de un
Consejo Económico Mundial en
el ámbito de las Naciones Unidas,
integrado por un grupo de países
nombrados por los miembros en
representación de diversas regiones
Este organismo estaría en mejores
condiciones de discutir y decidir
cuestiones de interés para los países
en desarrollo, puesto que éstos
estarían representados, y tendría la
legitimidad de la que carece el G-20.
Este año, el grupo de trabajo
a cargo del seguimiento de la
conferencia sobre la crisis financiera
y económica tendrá la oportunidad
de discutir el fortalecimiento de las
Naciones Unidas y la creación de un
Consejo Económico Mundial.
En materia de cambio climático, el
ámbito de acción internacional ha sido
la Convención Marco de las Naciones
Unidas, que tiene más de 190 estados
miembros. Fue esta Convención la
que organizó las conferencias de Bali
(2007) y Copenhague (2009).
El presidente Bush, a quien no
le gustaba la Convención pese a que
Estados Unidos es miembro, organizó
su propio proceso sobre cambio
climático –el Foro de las Grandes
Economías– en el cual participaron
sólo una veintena de países de los
más contaminadores.
Los países en desarrollo
manifestaron su disconformidad
con que ese grupo constituya una
alternativa a la Convención Marco
de las Naciones Unidas, a la que
consideran el único foro legítimo
sobre cambio climático.
La fracasada conferencia de
Copenhague terminó con un
documento resultante de una
restringida reunión de gobernantes
de sólo veintiséis países que no fue
adoptado por el plenario. Ahora
algunos países desarrollados pretenden
que las negociaciones transcurran
fuera de las Naciones Unidas, en
grupos más pequeños, como el G-20.
El 8 de enero, una reunión de
mandatarios de la Unión Europea
habría discutido esta posibilidad.
Salir del ámbito de las Naciones
Unidas para formar un pequeño grupo
exclusivo sería un gran revés para el
foro mundial y el multilateralismo.
También sería contraproducente para
el cambio climático, porque se trata
de un problema mundial que requiere
la cooperación de todos los países.
Aun cuando la toma de decisiones
por un grupo grande lleve más
tiempo, al final resulta un ahorro
porque las decisiones adoptadas
por un pequeño grupo autoelegido
deberían ser discutidas por el
resto. Los delegados perderían un
tiempo precioso debatiendo sobre
procedimientos y principios en lugar
de enfocarse en la sustancia de cómo
actuar ante el cambio climático.
Por eso, en el tema crucial del
cambio climático seguramente habrá
una dura batalla en materia de
procedimientos, que en realidad son
cuestiones de gobernanza mundial.
Por supuesto que la mayoría de los
países estarán del lado de las Naciones
Unidas, porque sigue ofreciendo la
mejor oportunidad de un proceso
decisorio participativo e incluyente. n
Martin Khor, fundador de Third World
Network (TWN), es director ejecutivo de
South Centre, una organización de países en
desarrollo con sede en Ginebra.
Traducción: Raquel Núñez Mutter.
agenda Global - montevideo uruguay - L
a peor crisis económica
desde la Gran Depresión de
los años treinta, una fuerte
batalla legislativa por la reforma del
sistema de salud y las dos guerras
en Asia heredadas de su antecesor,
George W. Bush (2001-2009) dejaron
poco tiempo a Barack Obama para
ocuparse de las relaciones con los
vecinos situados al sur de su frontera,
tras iniciar su presidencia el 20 de
enero de 2009.
Varios de sus nombramientos
más importantes, como el de Arturo
Valenzuela, secretario de Estado
adjunto para Asuntos del Hemisferio
Occidental, y el de Thomas Shannon,
embajador en Brasil, demoraron
meses en confirmarse porque
senadores republicanos presionaban
así para bloquear el retorno al
poder del presidente de Honduras,
Manuel Zelaya.
El ala más derechista del opositor
Partido Republicano ve al mandatario
institucional hondureño, depuesto
el 28 de junio por un golpe cívicomilitar, como un aliado del presidente
venezolano, Hugo Chávez, adversario
frontal de las políticas de Washington.
Aunque Obama tuvo un comienzo
auspicioso cuando prometió buscar
una “relación basada en el respeto
mutuo” durante la Cumbre de las
Américas celebrada en abril en
Trinidad y Tobago, Washington
manejó con torpeza varios asuntos
relacionados con la región, lo cual
contribuyó a la creciente desilusión
respecto de su gestión.
Más recientemente, el gobierno
estadounidense dejó repentinamente
de reclamar, a diferencia de la
casi totalidad de los gobiernos
latinoamericanos, que Zelaya fuera
reincorporado al poder antes de las
elecciones de noviembre.
Estados Unidos tampoco consultó
ni tranquilizó por adelantado a los
países latinoamericanos con respecto
a un nuevo tratado con Colombia,
que le otorga a Washington el acceso
durante diez años a siete bases
militares en ese país.
“El cambio radical del gobierno
con respecto al reconocimiento de
la legitimidad de las elecciones en
Honduras antes de la restitución de
Zelaya, al parecer tuvo que ver más
con la presión de los republicanos
en el Senado por la confirmación
de Valenzuela” en su cargo, dijo
Cynthia Arnson, directora del
departamento latinoamericano
del Centro Internacional para
Académicos Woodrow Wilson, con
sede en Washington. En tanto, “el
caso de Colombia tuvo que ver más
con un proceso profundamente
inadecuado de consultas y análisis
con los aliados regionales”.
Estados Unidos-AMÉRICA LATINA
Más continuidad
que cambio
Jim Lobe
Barack Obama no ha cambiado la forma habitual que tiene Estados Unidos de
relacionarse con América Latina y las esperanzas surgidas cuando asumió hace
casi un año se han desvanecido. Si bien prometió buscar una “relación basada
en el respeto mutuo”, manejó con torpeza varios asuntos en la región, dejó
repentinamente de reclamar el retorno al poder del presidente legítimo de
Honduras, Manuel Zelaya, y tampoco consultó a los países latinoamericanos
con respecto a un nuevo tratado con Colombia, que le otorga a Washington el
acceso durante diez años a siete bases militares en ese país sudamericano.
En ambos casos, Washington
quedó aislado de la mayoría del resto
del hemisferio, especialmente del
presidente brasileño, Luiz Inácio
Lula da Silva, en cuya embajada en
Tegucigalpa está refugiado Zelaya
desde setiembre.
Obama ha cortejado
ostentosamente a Lula como el socio
más importante de Washington
en América del Sur, al que definió
como “mi hombre” y el “político más
popular de la Tierra” en la cumbre
del G-20, celebrada en Londres en
abril de 2009.
Sin embargo, Lula acusó
recientemente al presidente
estadounidense de “ignorar a
América Latina” y de incumplir
las promesas asumidas en Trinidad
y Tobago.
Lo que hemos visto por
ahora es muy limitado y
el mensaje para la región
es que no cambió mucho
desde Bush.
“Obama comenzó con el propósito
de forjar una asociación realmente
estratégica con Brasil”, según Geoff
Thale, de la no gubernamental
Oficina de Washington sobre América
Latina. “Pero el mal manejo de
la crisis en Honduras y el tratado
de las bases en Colombia, cuyas
consecuencias precisas para la región
siguen sin estar claras, pese a los
esfuerzos de la administración por
tranquilizar a sus gobiernos, causaron
una seria fricción y dañaron la
relación bilateral”.
Aparte de esos traspiés, el
gobierno de Obama tampoco se
ocupó de los problemas que más
perduran en sus relaciones con
América Latina.
Tuvo varios gestos conciliatorios
hacia Cuba, pero no llegó a levantar
el embargo comercial, detestado casi
universalmente, ni a normalizar las
relaciones, como esperaban muchos
de sus partidarios en Estados Unidos
y la región.
Obama “se distanció de la política
de Bush, al restablecer los viajes
con Cuba, otorgar visas a algunos
artistas y reanudar las negociaciones
por la política migratoria”, sostuvo
Sarah Stephens, directora del Centro
por la Democracia en las Américas.
Pero puntualizó que “mantuvo gran
parte de la esencia de Guerra Fría
de nuestra política, como todos
los presidentes desde [Dwight D.]
Eisenhower [1953 y 1961], y como
el resto no tiene qué mostrar”. Y
agregó que aunque la isla caribeña
“no es estratégicamente muy
importante para Estados Unidos,
simbólicamente es tremendamente
importante para América Latina”,
por lo que muchos en la región
esperaban que su gobierno al menos
diera pasos significativos hacia el
fin del embargo”. Pero “lo que hemos
visto por ahora es muy poco y
muy limitado, y el mensaje para
la región es que no cambió mucho
desde Bush”.
Tampoco ha cambiado la política
hacia Colombia, el mayor receptor de
la ayuda extranjera estadounidense,
ni la “guerra contra las drogas”
que Estados Unidos lleva a cabo
principalmente en los países andinos,
aunque también cada vez más en
México y América Central.
Apenas llegar a la Casa Blanca,
Obama reconoció expresamente
que se debía otorgar una mayor
prioridad a la reducción de la
demanda de drogas en Estados
Unidos, una opinión que los
respetados ex presidentes de Brasil,
Colombia y México (Fernando
Henrique Cardoso, César Gaviria y
Ernesto Zedillo) compartieron en
una declaración pública realizada
en febrero.
“Aunque reconocemos el lado de
la demanda del problema, parecería
que seguimos combatiéndolo por
el lado de la oferta”, expresó William
LeoGrande, decano de la Escuela de
Gobierno de la American University,
en Washington, y experto en América
Latina. “El problema real es cuál es la
estrategia de largo plazo que cambie
el objetivo de tratar de detener la
oferta a reducir la demanda. Porque
hace casi medio siglo que combatimos
la guerra por el lado de la oferta,
y es bastante claro que la estamos
perdiendo”.
Entre tanto, la reforma de las
leyes de inmigración en Estados
Unidos, otro factor de irritación en
las relaciones con América Latina,
fue dejada de lado por prioridades
nacionales más urgentes.
Parece poco probable también
que el tratado de libre comercio
con Colombia se presente para su
ratificación al Congreso durante
este año con elecciones legislativas
parciales, aunque está pendiente
hace tiempo y algunos lo consideran
otra prueba clave del compromiso de
Washington hacia la región.
“El gobierno de Obama aún
no dejó su marca en las relaciones
hemisféricas sencillamente porque
está abrumado por otras crisis y
prioridades”, dijo Arnson. Ha habido
“una continuidad significativa en
la práctica”, a pesar del “profundo
cambio en el tono y el estilo
diplomático, a favor de una estrategia
de mayor colaboración”.
Sin embargo, LeoGrande ve un
problema estructural mayor. “Cada
gobierno que llega promete una
política nueva hacia América Latina
y ninguno, con la excepción del
de Ronald Reagan [1981-1989],
la ha tenido. Todos tuvieron
que lidiar con problemas mucho
más acuciantes en otras zonas del
mundo”, afirmó. “Así que la política
hacia América Latina está en una
especie de piloto automático, porque
[los principales funcionarios] no
tienen tiempo para dedicarle, y
los subsecretarios no tienen la
autoridad para adoptar cambios
fundamentales”. (IPS) n
El blog de Jim Lobe sobre la política
exterior de Estados Unidos puede leerse en
inglés en http://www.ips.org/blog/jimlobe/
- agenda Global - montevideo uruguay
Argentina
C
hina se ha concentrado como
nunca en fortalecer el
consumo interno para
combatir la crisis mundial y la
insatisfacción interna. A la fecha
ha invertido 585.000 millones de
dólares en infraestructura y proyectos
sociales. La crisis se ha convertido en
una oportunidad.
El dualismo del boom chino
Pero el gigante asiático se ve
afectado por la crisis económica.
La ampliación de sus posiciones de
poder dependerá en gran medida de
cómo trate a la crisis. El crecimiento
económico le regaló un desarrollo
inesperado pero, al mismo tiempo,
problemas enormes. La región
costeña se benefició con más fuerza
del boom económico que las del centro
y el occidente. La diferencia de
ingresos entre la ciudad y el campo
es la más grande en el mundo, de
siete a uno. Por esta razón cada año
migran más de ciento treinta millones
de trabajadores hacia las regiones
urbanas ricas de la costa.
China tiene una economía
orientada hacia la exportación.
La crisis afecta al país con gran
violencia. A comienzos de 2009
cayeron las exportaciones en más de
un veinticinco por ciento. Aumenta
la desocupación y disminuye la
disposición a gastar. Crecen las
tensiones sociales y ahora sí se nota
la ausencia de una red de asistencia
social. La demanda interna, deficitaria
debido a la falta de capacidad de
compra, es muy baja como para
detener este desarrollo. Mucho tiempo
se concentró Beijing en convertirse
en “la fábrica del mundo” sin ampliar
su base de consumo interno.
China necesita un crecimiento de al
menos ocho por ciento para conservar
la paz social en el país. Si cae debajo
de este límite, no se podrá ocupar
a millones de jóvenes que quieren
integrarse al mercado de trabajo. Y esto
sí podría conducir a un colapso social.
Como consecuencia de la crisis
económica han perdido el empleo
ya veinte millones de trabajadores
inmigrantes. A éstos se le unirán cerca
de siete millones de egresados de
centros superiores que no encontrarán
trabajo. La cifra oficial de desempleo
es de cuatro por ciento, la no oficial se
calcula en nueve por ciento, equivalente
a más de setenta millones de personas.
La legitimación del dominio de un
solo partido está en juego.
La crisis lleva consigo el potencial de
protestas masivas. En el pasado siempre
hubo protestas que fueron derrotadas
violentamente. La inestabilidad es una
de las cuestiones que más atemoriza o
preocupa al gobierno central y puede
sacudir su poder. Desde el punto de
¿Cómo se salda
la crisis institucional?
El desafío de China
Dirk Herrmann
Rubén Cárdenas
vista histórico, la estabilidad social es
una necesidad para el gobierno chino.
El paquete chino
El miedo a que la crisis económica
se convierta en una crisis política
presiona al gobierno a tomar una
serie de medidas anticrisis. China ha
reaccionado a la crisis con un paquete
coyuntural de 585.000 millones de
dólares. El dinero deberá ser utilizado
en la construcción de infraestructura
y en proyectos sociales.
Pese a esto, el gobierno teme una
rebelión de hambre y desesperanza
provocada por la creciente
desocupación. Precisamente la
población rural es la más afectada por
la crisis. Más del cuarenta por ciento
del ingreso del campo proviene de los
trabajadores inmigrantes que trabajan
en las ciudades y apoyan a sus familias.
Estas transferencias se han reducido
considerablemente debido a la crisis.
Si China redujera sus
reservas en dólares
contribuiría a su caída
y esto no le conviene.
Los campesinos están excluidos
del sistema social estatal. Desde 1958
el Estado divide al pueblo en los que
se aseguran por cuenta propia en el
campo y los que el Estado asegura
en las ciudades. Quien no posee
un pasaporte o carné de identidad
de la ciudad no tiene derecho a
gozar de los servicios sociales de las
ciudades. La situación es precaria
especialmente para los trabajadores
inmigrantes del campo, muchos de
los cuales tuvieron que vender sus
tierras y de esta manera conforman
una potencial masa de protesta.
Por esta razón, Beijing se concentra
en fortalecer el consumo interno como
medio para superar la crisis económica.
Descargas impositivas, facilitación
de créditos y subvenciones deben de
favorecer a la población del campo.
En 2009 se utilizaron 16.000 millones
de dólares en subvenciones sólo para
el apoyo a los precios del trigo.
El gobierno quiere apoyar a
las industrias automovilística y del
acero, especialmente afectadas
por la crisis, con medidas como
reducción de impuestos a la
compra de automóviles y otorgar
medios financieros estatales para el
desarrollo y producción de vehículos
que dañen menos el ambiente.
A ello se agrega el aumento de
la pensión para jubilados estatales y
de los sueldos de doce millones de
maestros. El sistema de salud deberá ser
reorganizado con el objeto de que gente
ahorre su dinero en caso de emergencia
y lo utilice en el consumo diario.
EEUU, el gran mercado
China está en capacidad de adoptar
medidas de reactivación, pues posee
reservas en divisas de más de dos
billones de dólares. Por otro lado, tiene
sus manos atadas ya que si reduce sus
reservas en dólares contribuiría a una
caída de la divisa estadounidense y esto
no le conviene porque Estados Unidos
es su segundo importador de productos
después de la Unión Europea.
En 2007 China exportó productos
por un valor global de más de 1,2
billones. El 19,1 por ciento a Estados
Unidos. De ningún otro país importó
tanto Estados Unidos.
La recuperación económica en Asia
se basó en determinada medida en el
consumo estadounidense financiado
por créditos y la austeridad asiática.
Después del reventón de la burbuja
financiera en Estados Unidos y el inicio
de la desaceleración económica global,
China teme el total colapso del dólar.
Washington intenta estabilizar
su economía con sumas cada vez
mayores de dinero. Al multiplicar la
masa monetaria a través de las bajas
de la tasa de interés y la emisión de
nuevo dinero se corre el riesgo de
una masiva devaluación del dólar. La
Reserva Federal ya anunció la compra
de títulos de hipotecas aseguradas
por un valor de 750.000 millones
de dólares para liberar a los bancos
de sus títulos de valores “basura”.
Además, quiere emitir bonos estatales
a largo plazo por 300.000 millones.
A corto plazo, éste es un medio
para estimular a la economía. A
mediano plazo puede convertirse en un
boomerang por los riesgos de inflación
que implica. El dinero creado no
corresponde a valores reales. De esta
manera existe la posibilidad de que el
dólar colapse y que esto conduzca a
una bancarrota de Estados Unidos. n
Este artículo es un resumen del
publicado en el diario La Primera de Lima
el 9 de enero de 2010.
“El gobierno (de Cristina Kirchner)
quiere que el titular del Banco Central
de la República Argentina (Martín Redrado) renuncie y éste resiste. La decisión aparece condicionada por una
comisión parlamentaria que motivada
en el recambio legislativo aún no está
conformada y hay receso hasta marzo
próximo. La presión política entre el
Poder Ejecutivo y el presidente del
Banco Central continuará, tanto como
los juegos de poder entre el oficialismo
y la oposición de derecha. Esa situación agudizará los elementos de crisis
política que hay en la Argentina desde
la ruptura de sectores de las clases dominantes, del agro y la industria con
el gobierno. La medida de pagar deuda apunta a recomponer lazos con el
poder económico mundial y es lo que
debe colocarse en discusión”, dice Julio C. Gambina, profesor de Economía
Política en la Universidad Nacional de
Rosario, presidente de la Fundación
de Investigaciones Sociales y Políticas
e integrante del Comité Directivo del
Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (Clacso).
“La sociedad, especialmente el movimiento popular, debe manifestar su
voluntad de modificar la agenda de
prioridades e incidir en la crisis política
para contribuir a satisfacer necesidades
populares insatisfechas. La Argentina
no necesita nuevo endeudamiento, sino
reorientar su política económica en
función de las necesidades de millones
de personas con dificultades para acceder a sus derechos a la alimentación,
la educación, la salud o la vivienda, el
trabajo y una calidad de vida adecuada.
Los recursos en la Argentina existen, el
problema es su utilización”, añade.
“No es el problema el suscitado en
torno a la ‘autonomía’. Hay que volver
a instalar que no se puede pagar deuda con el hambre de la población, que
los fondos públicos deben utilizarse
para la recuperación de una economía
popular que resuelve necesidades insatisfechas y se articule con un proyecto
de integración regional que discuta el
orden capitalista en crisis”, asegura.
“Lo curioso es que ahora, con la decisión del pago de la deuda a tenedores
privados y organismos internacionales
por 6.569 millones de dólares en el 2010,
en acuerdo con el Fondo del Bicentenario, el “poder económico” reclama la
subordinación del Banco Central a la
decisión de pagar del Poder Ejecutivo
nacional. Es el pronunciamiento de las
asociaciones de bancos, de Asociación de
Bancos Argentinos (Adeba) y de la Asociación de Bancos Públicos y Privados
de la República Argentina (Abarra). En
el mismo sentido se pronunció la Confederación General del Trabajo (CGT),
asociada claramente a las políticas de gobierno”, concluye Gambina. (ALAI) n
agenda Global - montevideo uruguay - L
a iniciativa Yasuní-ITT
(Ishpingo, Tambococha y
Tiputini) saltó a la opinión
pública de Ecuador y del mundo
en los primeros meses del 2007,
tras haber ganado la presidencia el
economista Rafael Correa.
El entonces ministro de Energía y
Minas, el también economista Alberto
Acosta, se hizo eco de la propuesta
que provenía de la sociedad civil,
principalmente de Acción Ecológica
y la red Oilwatch que desde 1997
venían reclamando una moratoria a la
extracción de petróleo en la Amazonía y
otros territorios social y ambientalmente
muy sensibles, como el Delta del Níger.
El presidente Correa tras algunas
vacilaciones –pues es un economista de
izquierda que no ama el ecologismo–
acogió la propuesta de Acosta en junio
del 2007 y la expuso solemnemente
en las Naciones Unidas en setiembre.
La iniciativa Yasuní-ITT se concretó
en lo siguiente: se mantenía en tierra
el petróleo de los campos Ishpingo,
Tambococha y Tiputini, unos 850
millones de barriles de crudo pesado,
para asegurar el mantenimiento de la
biodiversidad y el respeto a los pueblos
indígenas locales, entre ellos un grupo
en aislamiento voluntario, y para evitar
emisiones de dióxido de carbono por
deforestación local, por quema de gas
de extracción y sobre todo por la quema
de petróleo una vez fuera exportado.
Ecuador dejaba pues de ganar
un considerable ingreso monetario.
Evitaba daños ambientales y
humanos considerables, pero
eso eran externalidades que el
mercado no valora. Se pedía a la
La Iniciativa Yasuní-ITT en ECUADOR
El fideicomiso
con el PNUD
Joan Martínez Alier
comunidad internacional (gobiernos,
organizaciones, ciudadanos) que
aportara la mitad de ese ingreso no
obtenido, cifrado en unos 350 millones
de dólares anuales durante unos doce
años, es decir, unos 4.000 millones.
Ha habido consenso interno
en Ecuador en este punto y ha
habido asimismo apoyo exterior,
principalmente una resolución muy
favorable del Bundestag de junio del
2008. Si este dinero no llegaba del
exterior, Ecuador pondría el petróleo
del Yasuní-ITT en licitación. Los
potenciales donantes exteriores se
preguntaban dónde había que poner
el dinero. La respuesta desde Ecuador
era que el dinero debía colocarse en las
cuentas bancarias de un fideicomiso
que diera garantías a quienes hicieran
donaciones. También cabía hacer
algún canje de deuda externa legítima.
Tras muchas idas y venidas,
la propuesta del Yasuní-ITT fue
fuertemente impulsada después, en
el 2009, por Fander Falconí, al ser
nombrado ministro de Relaciones
Exteriores. La cancillería estableció
una oficina para la iniciativa Yasuní-
Renuncias en cadena. Las duras críticas del presidente Rafael Correa provocaron
las renuncias del canciller Fánder Falconí y de dos miembros del Consejo Administrativo
y Directivo del Proyecto Yasuní-ITT: su presidente, Roque Sevilla, y Yolanda Kakabadse.
La negociación, que daría a donantes extranjeros mayoría en el fideicomiso que se negocia con las Naciones Unidas, es “vergonzosa y atenta contra la soberanía”, afirmó.
El mandatario lamentó la decisión de Falconí, miembro del buró de la gobernante
Alianza País, “uno de los puntales de este gobierno y de este proceso político”.
Sevilla, por su parte, negó que los donantes fueran a tener mayoría en el fideicomiso, ya que Ecuador tendría tres miembros en el Directorio y la presidencia, y los contribuyentes, dos. Y consultado sobre los motivos de su renuncia, respondió: “Lo que
me colmó es que el presidente señaló que se trata de una negociación vergonzosa”.
(elcomercio.com) n
ITT y se nombró una comisión
ecuatoriana de alto nivel con
aprobación explícita del presidente
Correa, con el ex alcalde de Quito
y empresario del sector turístico
Roque Sevilla, la ex ministra y
actual presidenta del WWF, Yolanda
Kakabadse, el embajador y ex ministro
Francisco Carrión y el economista
Carlos Larrea. Esta comisión empezó a
negociar los términos para establecer
el Fideicomiso con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en sus oficinas de Quito
y Nueva York. Roque Sevilla fue su
portavoz directo. (Ver recuadro.)
En los días inmediatamente
anteriores a la cumbre de Copenhague,
la prensa recogió la esperanza del
canciller Falconí de que la firma se
pudiera hacer el 16 de diciembre del
2009 precisamente en Copenhague,
el lugar mejor del mundo en esos días.
Pero cuatro días antes, el presidente
Correa decidió estropear la fiesta. No
viajó a Copenhague y prohibió a última
hora la firma de los Términos de
Referencia del acuerdo entre Ecuador
y el PNUD. Falconí se encontró en la
situación incómoda de alguien a quien
le sacan la silla al momento de sentarse
a firmar. Ni sonrió ni lloró, puso buena
cara al mal tiempo, los representantes
del PNUD aseguraron que todo iba
bien, y entre todos consiguieron que
los titulares de la prensa en Ecuador
fueran que se estaba avanzando en la
redacción de los contratos (el PNUD
gestionaría el Fideicomiso durante
bastantes años a petición de Ecuador),
y además el PNUD opinaba que la
iniciativa Yasuní-ITT era “fantástica”.
Realmente es una buena idea, entre
otras razones porque en el mundo
hay que frenar el ritmo de extracción
y quema de los combustibles fósiles.
Debe bajar no menos de la mitad
para evitar las actuales emisiones
excesivas de dióxido de carbono. Por
tanto, es lógico preguntarse dónde
hay que dejar el petróleo o carbón en
tierra. La respuesta es: en lugares de
gran valor en las dimensiones de los
derechos humanos y la biodiversidad
como el Yasuní-ITT.
Al presidente Correa no le
alcanzó con boicotear desde lejos la
firma del acuerdo del Fideicomiso
entre Ecuador y el PNUD sino que
el 9 de enero del 2010 en su habitual
mensaje radiado de los sábados intentó
quemar las naves del acuerdo. Dijo:
“Yo di la orden de que no se firme
este fideicomiso en estas condiciones
vergonzosas”. Es decir, no dijo que tal
o cual artículo necesitan un retoque
sino que se cargó en bloque lo actuado
en varios meses. No estamos hablando
aquí de un acuerdo con la Repsol o
la Shell, con el Deutsche Bank o el
Banco de Santander, con el Banco
Interamericano de Desarrollo o con el
Banco Mundial, con entes o personas
que le tengan tirria a su gobierno, sino
de un acuerdo con las Naciones Unidas.
Sin embargo, Correa, tal vez
sintiéndose acorralado al ver que por
fin tras dos años y medio de charla se
iba a firmar el Fideicomiso, que los
ecologistas ganaban y se estropeaba
el negocio de la venta del petróleo,
pateó el tablero, negó los méritos de su
propio canciller y su propia comisión
negociadora de alto nivel, negó la
probidad de los funcionarios del
PNUD, aseverando que los términos
del preacuerdo eran “vergonzosos”.
El lector podrá juzgar. El
preacuerdo del 24 de noviembre está
circulando hace semanas. Al menos
treinta negociadores en Ecuador y en
Nueva York han tenido acceso a él y,
por tanto, es conocido ampliamente.
Diversos universitarios que
seguimos la iniciativa Yasuní-ITT
con interés hemos pedido copia de
ese preacuerdo y la hemos obtenido.
Nada tiene de “vergonzosa”. n
Joan Martínez Alier es catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
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