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La crisis en las cárceles: ¿cómo se explica el conflicto?
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Semana del 10 de Diciembre de 2012 al 16 de Diciembre de 2012
La crisis en las cárceles: ¿cómo se explica el conflicto?
POLITICA Y GOBIERNO
Domingo, 12 de Agosto de 2012 19:26
Tags: Camilo Ernesto Bernal
Cárceles Código Penal Corte Suprema De Justicia Inpec Ministerio De Justicia
Política Penitenciaria
Faltan 35.000 cupos y es preciso albergar a más de 110.000
detenidos. El problema es insoluble mientras el Código Penal
siga siendo utilizado de manera demagógica. Pero ahora se
requieren tres medidas de urgencia.
Debate sobre el fuero militar:
manual de cargos y descargos
Nicolás Chamat*
El 11 de diciembre tendrá lugar el
último debate del Acto Legislativo
que modifica el fuero militar.
Razones a favor, razones en contra,
presiones de organismos
internacionales de derechos ...
El ELN: una guerrilla distinta
en el mismo conflicto
Alejo Vargas Velásquez *
La mirada panorámica y cercana de
un experto da razones convincentes
para iniciar el proceso de paz con
“la otra” guerrilla de Colombia. ...
Modelo minero 2012 para
Colombia
Camilo Ernesto
Bernal Sarmiento*
El periodo presidencial de Uribe se caracterizó por un aumento sostenido de la
sobrepoblación, que alcanzó momentos críticos en 2005 (39,4 por ciento). Foto: Presidencia.
15 años de crisis
Los hechos hablan por sí solos: durante los últimos 15 años, el
sistema penitenciario ha experimentado un aumento sostenido de la
población reclusa, sin que la capacidad de albergue de las
instituciones haya aumentado de manera paralela. Esta situación, que
se denomina “hacinamiento” o “sobrepoblación crítica” se caracteriza
— en términos coloquiales — por recluir 120 personas allí donde solo
caben 100 [1], y es una constante en las cárceles colombianas.
Constantes han sido también sus consecuencias: degradación,
insalubridad, incapacidad para controlar a los reclusos y para
ofrecerles un proyecto de vida nuevo una vez salgan a la libertad,
ruptura de su arraigo y de sus vínculos familiares, y en definitiva,
violación generalizada de sus derechos fundamentales, factores que
sirven de caldo de cultivo para la inconformidad y la violencia.
Durante 1997 Colombia presenció un alza excepcionalmente
pronunciada de la tasa de hacinamiento: ¡41,6 por ciento! [2]. Esta
alza fue el producto de las políticas de aumento de penas para reducir
la inseguridad ciudadana; pero lejos de cumplir su cometido, estas
normas abarrotaron las cárceles y dieron paso a uno de los periodos
Álvaro Pardo*
En medio de una bonanza mundial,
Colombia afinó un modelo en
contravía de las tendencias
internacionales: exportamos más
volumen, pero dejamos pasar la
bonanza de precios. Las grandes
co...
“Los liberales apostamos por
la paz”
Juan Fernando Cristo*
El vocero del Partido Liberal da
tres razones para la paz ahora: ha
cambiado el balance militar, las
reformas sociales avanzan y el
entorno mundial es favorable. Todo
de depende de qu...
La reelección de Ordoñez:
procura no corromper lo
público y salvar tu alma
Hernando Llano Ángel*
Una reflexión aguda pero amarga
sobre los valores y los antivalores
que rodearon la reelección del
Procurador: ni modernidad, ni
cristianismo. ...
Fallo de La Haya: no tenemos
una diplomacia profesional
Francisco Leal Buitrago*
La fragilidad de la carrera
diplomática, penetrada por el
clientelismo, explica buena parte
del fracaso de Colombia ante la
Corte Internacional de Justicia. ...
Un extraño híbrido: ¿un
parque minero en Santurbán?
Erwing Rodríguez-Salah*
La declaratoria de un parque
natural regional en el Páramo de
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normas abarrotaron las cárceles y dieron paso a uno de los periodos
más sangrientos de protestas carcelarias de los que el país tenga
memoria.
Las masacres por goteo fueron detenidas gracias a una acción judicial
interpuesta por varios reclusos, que terminó con el reconocimiento del
“estado de cosas inconstitucional” en los penales por parte de la Corte
Constitucional (Sentencia T- 153/98).
La situación no cambió mucho en
los años posteriores. Tras un
ligero descenso en 2002, debido
entre otras razones a la política
de construcción de nuevos
centros carcelarios, el periodo
presidencial de Uribe se caracterizó
por un aumento sostenido de la
sobrepoblación,
que
alcanzó
momentos críticos en 2005 (39,4
por ciento) [3].
Recluir 120 personas allí donde solo caben 100
El aumento de
penas, lejos de
cumplir su
cometido,
abarrotó las
cárceles y dio
paso a uno de
los periodos más
sangrientos de
protestas
carcelarias de las
que el país tenga
memoria.
Santurbán debería ser una buena
noticia. Paradójicamente, resulta
lo contrario: se estaría abriendo
campo a la extracci...
Las regalías: más y más
centralismo
Amylkar D. Acosta Medina*
Otro frenazo a la descentralización.
Una Ley más que aumenta los
controles del gobierno central pero
asfixia a las regiones sin garanía de
mejores proyectos ni de que exista
menos...
Balance de la crisis europea y
española durante 2012
Alberto Castillo*
Este fue un año perdido para
Europa y dramático para España.
Un ajuste económico inclemente,
una unión que se está deshaciendo
y un país azolado por el desempleo,
los desahucios y la desi...
Crónica de una mirada: la
belleza particular del barrio
Santafé
es una constante en las cárceles
colombianas. Foto: anarkismo.net
Hoy por hoy el cuadro general es
igual o aún peor: en diciembre de 2011, el número de reclusos que
sobrepoblaban las cárceles alcanzó la cifra récord de 24.831
personas [4], el más alto en las últimas dos décadas. De acuerdo con
las declaraciones de la actual ministra de Justicia, este año existe un
déficit de 35.000 cupos carcelarios para dar albergue a más de
110.000 detenidos.
Edson David Rodríguez Uribe*
En la tradición de Walter Benjamin,
un safari de miradas por este barrio
especial de Bogotá sirve para
reflexionar sobre la diversidad
sexual y la realidad cotidiana de la
marg...
En definitiva, nos encontramos ante una nueva expresión de la vieja
crisis humanitaria de las prisiones en Colombia. No obstante, ¿qué
razones explican que hayamos avanzado hacia esa peligrosa práctica
de castigar a otros seres humanos en las peores condiciones
posibles?
Chibli Mallat*
Los desarrollos recientes plantean
serias dudas sobre la evolución del
complejo proceso político egipcio:
aumenta la posibilidad de una
involución hacia la discriminación
religiosa, el...
Egipto: un proyecto de
constitución hacia atrás
Populismo punitivo, cupos insuficientes
Así como coinciden en el diagnóstico, muchos académicos, voceros
de la sociedad civil, de los propios reclusos y del gobierno coinciden
en afirmar que la crisis carcelaria refleja el fracaso de la política
criminal adoptada por Colombia. Su nota característica ha sido el uso
populista del derecho penal para atender todos los conflictos sociales
y producir una respuesta —más simbólica que instrumental— al
miedo ciudadano, al delito callejero, a la violencia y a la corrupción.
En una sociedad que se inclina
por la sobre–exposición mediática
del crimen antes que por el
análisis serio y académicamente
fundado, los políticos prometen
mano dura contra la delincuencia,
los
actores
armados,
los
clonadores de celulares, los
borrachos y todo chivo expiatorio
En diciembre de 2011, el número de reclusos
que construyan los medios de que
sobrepoblaban las cárceles alcanzó la cifra
récord de 24.831 personas, el más alto en las
comunicación.
últimas dos décadas.
Foto: sociedaddeabogadospenalistas.com
Al
amparo
de
encuestas
televisivas y de entrevistas de diez segundos a ciudadanos
asustados, los legisladores aprueban de manera veloz nuevos
instrumentos normativos que aumentan el uso de la detención
preventiva como medida cautelar, elevan las penas para todos los
delitos y reducen la posibilidad de utilizar beneficios y penas
alternativas, con el aumento inevitable del hacinamiento carcelario.
¿Qué razones
explican que
hayamos
avanzado hacia
esa peligrosa
práctica de
castigar a otros
seres humanos
en las peores
condiciones
posibles?
Esto puede verse de nuevo en las estadísticas. Entre 1992 y 2008 el
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/3160-la-crisis-en-las-carceles-icomo-se-explica-el-conflicto.html
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Esto puede verse de nuevo en las estadísticas. Entre 1992 y 2008 el
total de personas presas aumentó en 54.182, lo cual se explica por el
crecimiento normal de la población (18%), pero sobre todo, por un uso
carcelario y abusivo del derecho penal (82%) [5].
Esta estrategia de gobernar a través del delito y de legislar a golpes
de titulares de prensa resulta en respuestas contradictorias y
peligrosas. Mientras promueve el uso de la privación de la libertad
para quién roba en un supermercado o comete delitos menores, como
en el estatuto de seguridad ciudadana, se está dispuesto a aceptar la
impunidad de crímenes atroces, como en el marco jurídico para la
paz.
Pasada la alarma mediática, los políticos reciben sus réditos
electorales y la ciudadanía se siente simbólicamente satisfecha. Entre
tanto el sistema penal debe asumir las consecuencias negativas: un
sistema judicial congestionado que no puede concentrar sus escasos
recursos en combatir el delito organizado y los crímenes de lesa
humanidad, y un régimen penitenciario y carcelario inmanejable por
oneroso, corrupto y violador de los derechos humanos.
Ante el dilema de recibir a 1.000 reclusos nuevos mensualmente en
las prisiones o enfrentar a una ciudadanía angustiada con el delito
callejero, los gobiernos han adoptado como estrategia mantener la
escalada punitiva y construir nuevos cupos carcelarios, a pesar de
que en los últimos 15 años esta estrategia ha demostrado ser tan
costosa como ineficaz.
Por ejemplo, durante el gobierno Uribe el programa de construcción
de 11 penitenciarías nuevas y la adecuación de otras 19 pretendía
crear 24.331 nuevos cupos a un costo razonable. Según la Contraloría,
la ejecución deficiente de este programa acabó costando a los
contribuyentes 27 veces más del valor inicialmente presupuestado
(1,004 billones de pesos) [6]. Algunos de estos cupos aún no están en
funcionamiento, y para cuando estén listos, ya serán insuficientes
para enfrentar el crecimiento sostenido de la población penitenciaria.
La estrategia de
gobernar a
través del delito
y de legislar a
golpes de
titulares de
prensa resulta en
respuestas
contradictorias y
peligrosas.
La gravedad de la situación es tan evidente que la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia —un órgano históricamente prudente en
estas materias— exhortó al Ministerio de Justicia y al Poder
Legislativo para que en futuras reformas prevean y cubran los costos
financieros que éstas implicarían en el aumento de la población
carcelaria de acuerdo con el “imperativo infranqueable según el cual
sólo puede someterse a una persona a reclusión si se le aseguran
unas condiciones dignas” [7].
Tres alternativas viables
A estas alturas no es difícil advertir que están dadas las condiciones
para que la conflictividad del sistema carcelario aumente y nos
veamos enfrentados a posibles masacres por goteo como en 1997, o
a graves tragedias por deficiencias en la infraestructura, como la
vivida recientemente en la Granja Penal de Comayagua, Honduras.
Las
respuestas
deben
ser
entonces urgentes, profundas e
involucrar a toda la ciudadanía.
No basta con trasladar el
hacinamiento de una cárcel a otra
o con buscar la concesión
apurada de subrogados penales.
Ni siquiera servirá reformar el
código penitenciario de 1993 para
buscar penas alternativas.
Lo que se necesita es controlar
En el Gobierno Uribe la construcción de 11
penitenciarías nuevas y la adecuación de otras
19 pretendía crear 24.331 nuevos cupos a un
costo razonable. Según la Contraloría, la
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Lo que se necesita es controlar costo razonable. Según la Contraloría, la
ejecución fue deficiente.
por entero y de manera sostenida
Foto: Ministerio de Justicia.
el sistema penal. Estas pueden
ser algunas de las alternativas viables:
i. Aumentar el control a la actividad legislativa del congreso y del
gobierno, a fin de detener el uso populista del derecho penal con fines
electorales y racionalizar su uso restringiéndolo a los conflictos
sociales más graves.
ii. Al mismo tiempo, puede establecerse una política de moratoria en
la construcción de nuevos establecimientos penales a fin de controlar
el derroche de los recursos públicos y de garantizar los recursos
económicos necesarios para administrar los que ya existen.
iii. Finalmente, y como ha propuesto la Comisión Asesora de Política
Criminal del Ministerio de Justicia, deberá crearse un certificado de
disponibilidad carcelaria o regla penitenciaria, según el cual ningún
juez de la República podrá ordenar la reclusión de una persona, si las
instituciones penitenciarias no cuentan con un cupo carcelario digno.
* Socio fundador e investigador de la Corporación Punto de
Vista.
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Comentarios
#2 jaime
25-08-2012 11:37
"...Según la contraloría, la ejecución deficiente de este programa acabó costando a los contribuyentes 27 veces más que el
valor inicialmente presupuestado..." ¿Y quién responde por ese desangre financiero?
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#1 William Cruz
19-08-2012 18:55
"ningún juez de la República podrá ordenar la reclusión de una persona, si las instituciones penitenciarias no cuentan con un
cupo carcelario digno" y entonces seguimos con los delincuentes en la calle?????????? los asesinos, violadores,estafadores y
demas????????????????? No estoy seguro de que sea la mejor opcion, no significaria eso que los delinv=cuentes se sentirian con
mas libertad a la horaq de delinquir???????????????????
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