1. Educación

Mirar hacia el mercado interno
Todo el mundo se pregunta cómo es posible que en Argentina, un país que sustenta su riqueza en lo
que genera su suelo, casi la mitad de la población tenga serios problemas de acceso y calidad de los
alimentos 1. Esta extraordinaria paradoja no hace más que confirmar el hecho de que en este mundo
“global” muchas naciones han enriquecido con sus bienes y recursos a corporaciones foráneas y sus
contrapartes locales, mientras su población, o al menos una parte importante de ella, retrocede hacia la
miseria. Argentina no escapa a esta consideración.
Aspiremos a crear una política nacional, un sentimiento nacional, una ciencia nacional, un arte nacional,
adaptando los caracteres de las múltiples razas originarias al marco de nuestro medio físico y
sociológico…
Aspiremos a que nuestro pueblo sea alguien en la Humanidad.
José Ingenieros,
Las Fuerzas Morales, 1925.
El “granero del mundo” va camino a hipotecar sus recursos agropecuarios detrás de la renta económica
inmediata para unos pocos, con la pérdida casi total de su soberanía alimentaria como horizonte
mediato.
La falta de una verdadera Política Agropecuaria Nacional (PAN), que se arrastra desde hace más de un
cuarto de siglo (según como se mire, desde siempre), es uno de los más importantes desafíos para el
actual gobierno. Una verdadera PAN sería aquella que contemple un horizonte de largo plazo y las
múltiples demandas de todos los actores del sector y la sociedad; que brinde un marco de protección y
sostenibilidad a los recursos involucrados; es decir, que no sólo refuerce y satisfaga demandas de la
agroexportación.
Johnathan Swift (1667-1745) decía que “cualquiera que pueda hacer que crezcan dos espigas de cereal
o dos hojas de hierba en un suelo donde antes solamente crecía una, merecerá mayor agradecimiento
de la humanidad y hará mejor servicio a su país que toda la raza de políticos juntos”. Casi tres siglos
más tarde, la humanidad ha superado todas las expectativas de hombres como Swift, puesto que ya
produce lo suficiente para alimentar con holgura a todos los habitantes del planeta. Pero la producción y
sus beneficios se encuentran en muy pocas manos, indiferentes a los impactos sociales y ambientales
que sus prácticas generan, mientras crece el número de famélicos en el mundo.
¿Por qué Argentina, que gracias a su enorme fertilidad y extensión y baja población siempre escapó a
ese fenómeno, ha acabado por caer en él?
Podríamos preguntarnos si más allá de la búsqueda del incremento en los rendimientos, muchos
agricultores o el gobierno analizan o conocen los perjuicios que manejos altamente intensivos pueden
generar en la base de recursos del país. Muchos productores, especialmente los pequeños y medianos,
no caen en la cuenta de que año a año, mientras sus bolsillos se engrosan con atrayentes pagos por
arrendamiento, sus campos se degradan cosecha tras cosecha. El aumento de la escala, detrás de esta
economía monoproductiva y soja-exportadora, es una realidad que amerita una rápida reacción
gubernamental.
La pérdida de los instrumentos y organismos técnicos de regulación durante los noventa y los
importantes cambios habidos en los procesos productivos facilitaron una expansión incontrolada hacia
cultivos que interesan a los mercados, pero pueden ser perjudiciales para los productores y el conjunto
de la sociedad. Durante más de diez años el país batió récords con sus agroexportaciones, sin que esto
mejorara mínimamente el entorno social. La “teoría del derrame” no se cumplió, pero sí se produjo una
altísima concentración.
El dominio del mercado mundial de alimentos por las compañías estadounidenses y europeas,
especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, facilitó que decenas de países que antes eran
autosuficientes comenzaran a depender de fuentes distantes en cuanto a la provisión de materias
primas y las formas de consumirlas. La fuerte impronta monopólica de los traders cerealeros, las
agroquímicas y las compañías de semillas continúa su marcha silenciosa 2. En la última década se
verificó además una fuerte aceleración en la concentración y alianza de corporaciones en todas las
áreas de semillas, farmoquímicas y traders, que dominan la cadena en todas sus etapas 3. Las cinco
compañías más importantes a escala global –que por supuesto operan en la Argentina– son Dupont,
Monsanto (que incluye a Cargill y Dekalb), Syngenta, Aventis y Dow Chemical.
“Subdesarrollo sustentable”
La intensificación agrícola, presentada como una única alternativa productiva, ha generado algunos
beneficios pero también transformaciones importantes, tanto en la estructura agraria pampeana como
extrapampeana: desaparición de paisajes enteros, pérdida de la diversidad productiva, inaccesibilidad
de los sectores sociales más vulnerables a los productos de la canasta básica de alimentos, dependencia
y pérdida de la capacidad gerencial del productor, pérdidas de información y formación adecuada y
capacidades en el know-how agropecuario y aceleración de procesos degradatorios, muchas veces
ocultos detrás de las variedades de altos rendimientos.
Todo este proceso ha llevado a una acelerada “agriculturización” o más bien “sojización” del modelo,
eliminando el planteo mixto y transformando a la región pampeana en un área de cuasi monocultura
sojera.
El fuerte desplazamiento hacia la monoproducción pone en tela de juicio la sustentabilidad de todo el
sistema productivo nacional, dado que con las nuevas variedades de soja transgénica las prácticas de
cultivo se han extendido en casi todo el país, generando una “pampeanización” de sistemas ecológicos
altamente frágiles. El proceso alcanza ya al oriente boliviano, a Paraguay, al sur de Brasil y a Uruguay.
Los nuevos argumentos de “volver a las rotaciones” (que se refieren sólo a la agricultura), en realidad
esconden el objetivo de la liberación de los maíces RG (resistentes al herbicida Glifosato) que facilitarán
aun más el aumento de las ventas de herbicidas como el glifosato y fortalecerán un mercado cautivo de
semillas híbridas de maíz, que los productores se verán forzados a adquirir año tras año. Las
exportaciones de este grano crecerían en volumen, pero la evaluación institucional no puede ser tan
limitada y amerita decisiones de política regulatoria y estratégica.
En el Primer Foro Nacional sobre Desarrollo Sustentable y el Papel del Sector Agropecuario, organizado
por las Universidades Nacionales de Córdoba y Entre Ríos (4 y 5-9-03), la evaluación fue alarmante. No
sólo la región pampeana sino otras regiones como el Monte, la Mesopotamia, el Chaco o la Patagonia,
presentan procesos de degradación derivados de las prácticas e intensificación de un modelo intensivo.
“La precariedad de la tenencia de la tierra, en la que se combinan los minifundios con grandes unidades
productivas, ha conducido a la sobreutilización y degradación de los recursos naturales, en especial el
suelo… Entre Ríos, al igual que las otras dos provincias mesopotámicas, tiene una producción
básicamente primaria, lo que hace que dependa de las importaciones extrarregionales para abastecer el
consumo de otros alimentos y productos manufacturados… La estructura de la producción y distribución
del gasto público no están en el tapete de la discusión oficial” 4.
Pareciera que “la gran aspiración de esta ‘nueva agricultura’, sería un verdadero salto cuantitativo de la
producción actual, liderada por la monocultura sojera, de real peligro para la diversidad biológica y la
regeneración de los suelos” 5. “En Argentina hay alrededor de 60 millones de hectáreas con algún
grado de erosión, lo que equivale a la superficie de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe
(en conjunto una superficie mayor a la de Francia). Las tres cuartas partes del territorio sufren procesos
de aridez y semiaridez. El costo anual de esta erosión es de 1.000 millones de dólares, 600 millones
sólo para la región pampeana. Si se contabilizan los daños a la infraestructura (redes ferroviarias,
viales, puentes, embalses), esas pérdidas se duplican” 6. Y por supuesto, estos costos se incrementan
aun más cuando se valoran las externalidades y la exportación de nutrientes, sin reposición natural,
que se van con los cultivos (otros 900 millones de dólares con la cosecha actual) 7.
Los beneficios alcanzados por algunos sectores no pueden disimular los daños claramente identificados:
a) impactos sociales: entre 1988 y 2002 desaparecieron 103.405 establecimientos a escala nacional y
más del 30,5% en la región pampeana (unos 60.000 menos); b) concentración y escala: la unidad
económica pampeana pasó de 257 a 538 hectáreas (Cuadro 1); c) efectos económicos como las
externalidades ya enunciadas; d) pérdidas de prácticas sustentables: sólo en el último quinquenio, la
superficie sembrada con soja aumentó un 75%, mientras que el maíz se redujo un 34% (Cuadro 2); e)
ventas subvaluadas de campos (17.000.000 de hectáreas ya están en manos de extranjeros); y f)
fenómenos culturales que, del mismo modo que los impactos ecológicos, ni siquiera se mencionan o
miden correctamente. A esto se suma –y no es un tema menor– la inadecuada orientación de la política
científica en el sector agropecuario, la corresponsabilidad entre eficiencia económica productiva y
eficacia social o la contribución o no hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Argentina pasó a formar parte de un gran engranaje mundial que lo aleja de la sustentabilidad
ambiental y social y lo encauza en una suerte de “subdesarrollo sustentable”, sólo útil para las
economías del Norte y ciertos sectores específicos y concentrados, los nuevos enclaves del Sur.
En términos de desarrollo, Argentina se ha reprimarizado y desindustrializado, retrocediendo varias
décadas en sus indicadores de bienestar económico y social. Es evidente entonces que la política
agropecuaria no sólo debe contemplar producir materias primas para los mercados externos. En la
búsqueda productivista y el afán por recuperar impuestos y retenciones, el Estado ha desatendido una
situación básica: su soberanía alimentaria.
“La soberanía alimentaria es un derecho de la Nación a definir su propia política agraria, de empleo,
pesquera, alimentaria y de tierras, de manera tal que sea ecológica, social, económica y culturalmente
apropiada para sí y sus condiciones únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a las
formas de producirlo, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana,
nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”8.
Implica la determinación y el abastecimiento de los requerimientos de la población a partir de la
producción local y nacional, respetando la diversidad productiva y cultural.
La posibilidad de nuevos acuerdos comerciales como el NAFTA, cuya “política agraria sumada a la
negligencia gubernamental hizo perder a México su soberanía alimentaria” 9, o el ALCA tienen
implicancias no sólo alimentarias, sino también sociales, económicas y culturales.
Argentina y otros países de la región, como Brasil, parecen comenzar a revisar su política agropecuaria,
pero inmediatamente topan con serios escollos. Actualmente Brasil recibe presiones para que libere la
producción de organismos transgénicos (OGM), prohibidos a pesar de que el país produce casi
8.000.000 de toneladas de soja de ese tipo. La estrategia de inundar ilegalmente el sur del país con
OGMs ha dado sus frutos: cuando Brasil exporte su producción, ésta será analizada en cada puerto y a
continuación la multinacional Monsanto le requerirá el pago del royalty correspondiente. A menos que
se decida distribuirla entre los pobres. Con semejante volumen ya generado, las corporaciones tienen
buenas chances de obtener la liberación comercial de OGMs.
La campaña Hambre Cero en Brasil 10 y las medidas de asistencia a los pobres encaradas en Argentina
representan esquemas asistencialistas que no atacan el corazón del problema, la soberanía alimentaria,
y escasamente resuelven los serios problemas de acceso a los alimentos y las desigualdades cada vez
mayores que afectan a más de 46.000.000 de brasileños y al 57% de la población argentina.
La solución del problema es compleja, pero en materia de estrategia agropecuaria es imprescindible
asegurar, además del necesario fortalecimiento y control independiente sobre las exportaciones y el
pago adecuado de los correspondientes impuestos, el apoyo a las economías regionales por sector y por
producto; sostener al productor en el campo rescatando el concepto de multifuncionalidad de la
agricultura; considerar con amplitud los impactos por nuevas liberaciones de OGMs y, por cierto,
reconstruir un sistema productivo que mire también hacia el mercado interno 11. La convivencia de
distintas formas de producción que apunten al desarrollo sostenible de los pequeños, medianos y
grandes productores, que acerquen divisas genuinas al país, que mejoren el acceso y dominio del
mercado nacional y fortalezcan las economías locales, rescaten del olvido a las economías regionales y,
de una vez por todas, permitan a nuestros pueblos asegurar la soberanía alimentaria, es uno de los
principales desafíos que enfrentan los gobiernos de la región.Fin de artículo
1. Patricia Aguirre, “Hambre en el país del trigo”, Clarín, Buenos Aires, 20-7-03.
2. Dan Morgan, Los traficantes de granos, Editorial Abril, Buenos Aires, 1979.
3. César Morales, Las nuevas fronteras tecnológicas: Promesas y Bioamenazas de los transgénicos,
Serie Desarrollo Productivo, CEPAL, Santiago de Chile, 2002.
4. Juan de Dios Muñoz, “Diagnóstico Región Mesopotámica. Primer Foro Nacional de Desarrollo
Sustentable”, UNER, Oro Verde, Entre Ríos, septiembre de 2003.
5. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Mensaje Institucional, Día de la Conservación de
Suelos, 7-7-03.
6. Roberto Casas, “Está dañado el 20% del territorio de la Argentina”, Semanario Tiempos del Mundo,
San José, Costa Rica, 13-8-03.
7. W. A. Pengue, “El vaciamiento de las Pampas”, Le Monde diplomatique, Buenos Aires, junio de
2003.
8. Soberanía Alimentaria. Por el derecho del pueblo argentino a la alimentación. Consulta
Preparatoria, CEPA, Buenos Aires, 31-5-02.
9. T. Luzzani, “Libertad de Comercio con muchos perdedores. El campo no aguanta más”, Clarín, Bs.
As., 6-7-03.
10. Luciamem Winck, “Fome Zero ainda nao saiu do papel”, Correio do Povo, Brasil, 7-9-03.
11. Comisión de Agricultura, Congreso de la Nación, Buenos Aires, 15-7-03.
Un conflicto con final incierto
Walter Alberto Pengue
En su guerra comercial por la imposición de los productos transgénicos al mercado mundial, Estados
Unidos denunció perjuicios económicos y propuso someter a la Unión Europea (UE) a un tribunal en la
Organización Mundial del Comercio (OMC) 1, indicando que los europeos frenan el desarrollo de los
OGMs utilizando argumentos no científicos. Esta presentación fue sólo acompañada por Canadá y por
un único país en desarrollo: Argentina. Es llamativo que Argentina se sume a una demanda poco
convincente. Argentina exportó a Europa ingentes partidas de maíz no OGM, puesto que Estados Unidos
perdió ese mercado justamente por pretender exportarle maíz transgénico. Por otro lado, el argumento
de la inocuidad de los OGMs sobre el ambiente o la salud 2 debe revisarse en un marco más amplio,
con fundamento científico sólido e independiente. Que hoy se siga confundiendo a funcionarios y
negociadores argentinos con informes equivocados como los referidos a los principios de equivalencia
sustancial es ridículo, puesto que se trata de “un sustantivo confuso y vago que debería ser
abandonado en favor de aquel que incluya tests biológicos, toxicológicos e inmunológicos más que un
mero análisis químico. La equivalencia sustancial es un concepto pseudocientífico utilizado en el manejo
comercial y político como si fuera de verdadero valor científico” 3. No obstante, Argentina, en un
aparente gesto de alineamiento automático con Washington, sostiene la denuncia y sus representantes
4 argumentan que Europa estaría generando graves perjuicios a las exportaciones argentinas y al
desarrollo en el rubro biotecnológico (la mayoría de los desarrollos comerciales son importados y
provienen de corporaciones, siendo adaptados “localmente”). Argentina podría tener mucho más por
perder que por ganar de continuar con esta postura. La posición “precautoria” europea posiblemente
facilite una flexibilización de su normativa para ciertos productos que demuestren bajo nivel de impacto
ambiental o social, pero a cambio se condicionará la identificación de los embarques de los productos
transgénicos, especialmente luego de la entrada en vigencia del Protocolo de Cartagena 5. Del mismo
modo que Argentina no tuvo en cuenta las posibles consecuencias en los mercados mundiales –en
particular entre sus compradores– de la promoción de transgénicos en el país, no está considerando
ahora cómo prepararse para hacer frente a los requerimientos de los consumidores en cuanto a
trazabilidad e identidad preservada y a los nuevos enfoques desde el punto de vista de la
sustentabilidad, como el conocimiento acabado de la Evaluación de Ciclos de Vida (LCA en inglés), que
posiblemente se negocien en normativas futuras. Nada de eso parace estar ocurriendo.
1. Matías Longoni, “Argentina, EE.UU. y Canadá unen reclamos contra Europa”, Clarín, Buenos Aires,
19-8-03.
2. Arpad Pusztai, Food Safety: Contaminants and Toxins. Genetically Modified Foods: Potential
Human Health Effects, CAB International, Londres, abril de 2003.
3. Andrew Rowell, Don´t Worry. It´s safe to eat. The true story of GM Food, BSE and Foot and
Mouth, Earthscan Publications. Londres, 2003.
4. Eduardo R. Ablin, “Por qué hay que dar batalla”, Clarín Rural, Buenos Aires, 23-8-03.
5. “Rigurosa etiqueta”, La Capital, Rosario, 9-8-03
Intereses y beneficios privados
Walter Alberto Pengue
Cada vez se hace más evidente que biodiversidad y biotecnología no van de la mano. “El conflicto en
torno de la producción, uso y comercio de cultivos transgénicos no se puede dirimir en términos
jurídicos y compensar en términos económicos. La privatización de los genes priva a la vida de la vida y
redefine el proyecto de la Humanidad” 1. La propiedad intelectual se ha convertido en un tema esencial
en la política internacional desde que Estados Unidos promovió su protección a través de los ADPIC
(Acuerdos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), que han obligado a
todos los países a reformar las legislaciones domésticas y adaptarlas a los lineamientos de este acuerdo
2. Así, muchas veces se ven sometidos a un intercambio bioecológico desigual y una expoliación “legal”
de sus recursos genéticos. “Los pobres venden barato. Si América Latina continúa haciendo que sus
recursos naturales tengan acceso ilimitado por parte de los países desarrollados, la dependencia
latinoamericana continuará y el deterioro medioambiental no podrá detenerse” 3. El manejo de los
recursos es una cuestión inclaudicable del Estado, que no puede someterse solamente a las leyes del
mercado. “La plena vigencia de la democracia es una condición para el uso sustentable del medio
ambiente. El ambiente se deteriora cuando el Estado es utilizado para servir a intereses minoritarios. En
distintos países se deforma la legalidad con la legislación misma –por omisión adrede o mediante la
letra explícita– o se recurre al gobierno para favorecer a empresas transnacionales o grupos
económicos internos” 4. A pesar del tremendo avance de la agricultura transgénica en Argentina, ese
crecimiento tiene un pobre sustento legal: un simple decreto de la Secretaria de Agricultura. No existe
en el país una discusión amplia y democrática sobre las potencialidades y riesgos que el tema implica.
Ni la protección de la biodiversidad ni el necesario y estricto control sobre la biotecnología se plasman
en una legislación que balancee los intereses del país frente a las demandas foráneas o sectoriales. Los
intentos por presentar legislaciones demasiado favorables a la industrialización biotecnológica –pero con
muy escaso análisis de sus impactos– hasta ahora no han tenido éxito en el Congreso, detenidos por el
accionar de la sociedad civil y de aquellos legisladores que percibieron los posibles efectos.
Recientemente se ha presentado un nuevo Proyecto de Ley de Promoción de la Industria Biotecnológica
(actualmente en Comisiones), que promueve un tratamiento fiscal especial para las empresas
dedicadas a esta temática, que en los hechos podría fomentar aun más la monopolización y el manejo
de esos conocimientos. La especialización productiva no se logrará con una legislación tan pobre.
Asimismo, no se puede dejar de formular la pregunta sobre la forma en que se está gestionando la otra
cara de estos intereses: el acceso a los recursos genéticos, la competencia de derechos, los deberes de
tutelaje necesarios frente a posibles acuerdos entre organismos nacionales y extranjeros para acceder a
recursos como los firmados por la Universidad de Arizona-Tucson (EE.UU) y el INTA, o si existen
acuerdos firmados entre los Kew Gardens de Inglaterra con la Universidad Nacional. Es menester saber
claramente si existe la normativa específica que facilite o impida este tipo de acuerdos; si están en un
todo ajustados a los tratados internacionales; si se dio la adecuada participación a los pueblos indígenas
y cuáles fueron o serán los beneficios para el país y la investigación nacional, junto con una clarificación
del beneficio económico final que tales acuerdos pueden aportar.
1. Enrique Leff, Saber Ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder, Siglo XXI,
PNUMA, México, 2002.
2. La apropiación corporativa de la biodiversidad. Biodiversidad, Sustento y Culturas, Separata,
Montevideo, agosto de 2002.
3. Ricardo Ojeda y Michael Mares, “The biodiversity issue and Latin America”, Revista Chilena de
Historia Natural, Nº 62, Santiago, 1989.
4. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Ética y Desarrollo Humano”, en Ética, Vida,
Sustentabilidad, CEPAL, PNUMA, PNUD. Pensamiento Latinoamericano, México, 2002.
Walter Alberto Pengue
Ingeniero agrónomo especializado en mejoramiento genético. Maestría en políticas ambientales,
GEPAMA-CEA-Universidad de Buenos Aires.