1. Espiritual

R EVISTA M ENSUAL
O CTUBRE
DE
2006
A ÑO V • Nº 76
2 P ESOS
ISSN 1669-9122
Situación Mundial
ONU, FMI y Banco Mundial: cómo reformar el (des)gobierno mundial
América Latina
De La Habana a Nueva York: definiciones desde la región
Nacionalización y Constituyente en
Bolivia: enfrentamiento creciente
Argentina
Crisis energética: disputa
por el control de los recursos
Juicios, reformas y lucha ideológica:
disputa por el control del aparato represivo
REVISTA MENSUAL
OCTUBRE DE 2006
AÑO V • Nº 76
ISSN 1669- 9122
Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Santiago Juncal, Sebastián Juncal,
Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián
Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak, Sergio Zisman. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz.
Responsable de la publicación: Alejandro Viegas
Lugar de edición: 3 de febrero 2855 ‘D’, (1644) San Fernando.
Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); Washington
Post (WP); Usa Today (UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: The
Economist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de El
Mundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) –
Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República
(LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de Sao
Paulo (FDT-FSP) – Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P/12)
Página web: www.analisisdecoyuntura.com.ar
Para contactarnos: [email protected]
Números anteriores disponibles en www.geocities.com/informecon
En este número
En este número
“Los acontecimientos de los últimos 10
Situación Mundial
años no han resuelto, sino que han
4 Coyuntura Política
agudizado los tres grandes problemas
El “concierto de las naciones”
que mencioné anteriormente: la econo6 Pelea por las ganancias
mía mundial injusta, el desorden munFMI y Banco Mundial: la reforma imposible
dial y la generalización del desprecio
9 Seguridad
por los derechos humanos y el imperio
La “cuestión iraní”: la retórica y los hechos.
de la ley. Como resultado de ello, nos
América Latina
encontramos ante un mundo cuyas divi11 Coyuntura Política
siones amenazan la propia noción de
ONU: Los posicionamientos de los países del MERCOSUR
Comunidad Internacional, sobre la que
Cumbre de Países No Alineados
se fundamenta esta institución.” Kofi
Bolivia: renuncia y paro en el proceso de rearme del Estado
Annan pronunció estas palabras a
El sistema político mexicano en Crisis
modo de balance de sus diez años
Argentina
como Secretario General de la
19 Pelea por las ganancias
ONU, durante la 61º Asamblea
El problema argentino para los centros financieros internacionales
General del organismo. Parte
La crisis energética como territorio de lucha
fundamental del problema es que
24 Coyuntura política
dicha institución, igual que el
La desaparición de Jorge Julio López
FMI o el Banco Mundial, son caLa batalla ideológica
da vez más inadecuados para lo
El avance de los juicios
que requiere el capital global más
Cambios en las Fuerzas Armadas
concentrado. Dicho en términos
Seguridad interna
extremos, no pueden viabilizar
políticas que lleven a barrer con
el estorbo que las fronteras nacionales plantean a la libre acción del capital. Es que –con todo lo asimétricos que
puedan ser en cuanto al poder de decisión de sus miembros–, todos estos organismos se basan en la propia existencia de los estados nacionales. O sea que la noción de Comunidad Internacional que los fundamenta se basa en
lo que necesita eliminarse. ¿Qué reforma podría resolver ese dilema? Como vemos en SITUACIÓN MUNDIAL,
cualquier atisbo de reforma enfrenta la resistencia de quienes ven mermada su influencia, aún cuando el modesto
objetivo de la reforma sea atender a que el mapa económico del mundo de hoy es diferente al de fines de los años
cuarenta. Además, usamos el caso de Irán como muestra concreta de la imposibilidad de un gobierno basado en
la Comunidad Internacional así definida.
A propósito de la Asamblea General de la ONU, dedicamos AMÉRICA LATINA a observar las posiciones que
asumieron los presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela, como forma de analizar hasta dónde llega la
capacidad de armonizar planteos políticos entre naciones que se reconocen aliadas. Vemos así los diversos términos en que este bloque asume posiciones sobre economía y política internacionales. También tomamos la Cumbre de los No Alineados, como relanzamiento de un foro en clara contraposición al unilateralismo en lo político y
al neoliberalismo en lo económico, justamente los dos pilares de la política imperialista. Dentro de la región, analizamos la coyuntura política de Bolivia –atravesada por el proceso de nacionalización de hidrocarburos y por la
definición de la Asamblea Constituyente– y de México –donde López Obrador no ceja en su impugnación al candidato presidencial oficial.
ARGENTINA está dentro de todo este cuadro de fuerzas sociales. Es así que desde los foros multilaterales y en la
voz de grandes financistas, han llovido críticas a la política económica del gobierno. Pelea que “desde adentro” se
manifestó en la crisis energética, o mejor dicho, en los posicionamientos que se hicieron desde distintos sectores
corporativos frente al tema. En el plano político, analizamos el contexto de la desaparición de Julio López. Esto
es, el avance de los juicios por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura, las reacciones
frente a ellos y los debates e iniciativas en torno al rol de las fuerzas de seguridad.
Adelante…
OCTUBRE DE 2006
4
Situación Mundial
Situación Mundial
En el calendario diplomático, septiembre es el mes en
el que se toma el pulso a la “gobernabilidad” del orden mundial. La razón es simple: cada año se realizan
en ese mes las reuniones anuales de las dos típicas
instituciones de posguerra, el Fondo Monetario Internacional (FMI) – destinado a monitorear las condiciones monetarias para la competencia por los mercados – y la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) – abocada especialmente a arbitrar la última
forma de resolución de conflictos, el enfrentamiento
armado.
Todo orden “global” se supone – relativamente –
consensuado y a la vez resultado de un campo de
fuerzas. Debe estar, por lo tanto, sujeto a permanentes revisiones parciales y contradicciones irresueltas.
Sin embargo, si se suman el abierto reconocimiento de la
irrelevancia de la ONU, manifiestos en la agresión a Irak y
al Líbano, las incertidumbres en torno a la presunta reforma de los organismos internacionales de crédito, y el
fracaso de la Organización Mundial del Comercio para
impulsar la Ronda Doha, se impone la percepción de que
estas instancias de “gobernancia” afrontan una crisis de legitimidad y roles que preparan el terreno para el quiebre de
las alianzas en torno a los intereses globales del capital.
Luego de examinar lo debates referidos a las reformas paralelas del Consejo de Seguridad de la ONU y del FMI y el
Banco Mundial, nos detendremos en un ejemplo concreto,
el de las sanciones a Irán, que ilustra la imposibilidad de
coordinar líneas comunes de acción por parte de fracciones de capital concentrado a nivel mundial.
Coyuntura Política
El “concierto de las naciones”
Se realizó la apertura de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocasión en la cual los
principales mandatarios de las 192 naciones que la
componen 1 delinean, a través de sus discursos, las
orientaciones en política exterior de sus países.
Haciendo honor a la tradición de la propia Asamblea,
rica en palabras y escasa en acciones concretas, gobernantes de jure y de facto de todo el mundo recrean, cada año, ante una audiencia mundial, la ficción del “concierto de las naciones”. No deja de
tener interés el hecho de que en los últimos años, la
mera acumulación de intervenciones ofrezca un efecto de indisimulable cacofonía: varios de los ejecutantes están tocando en tonalidades diferentes.
Previsiblemente, los discursos más salientes se centraron en la problemática de Medio Oriente, particularmente en la indefinición de la situación en Líbano
y Palestina, a la situación en Irak y a las tensiones en
torno al programa nuclear iraní. Como dato novedoso, hay que apuntar que estos temas ocuparon un lugar central en las intervenciones de mandatarios de
otras regiones como Latinoamérica (ver sección
América Latina). El vergonzoso desempeño del Consejo de Seguridad durante la agresión israelí al Líbano
– incapacitado de detener la agresión ante la amenaza
de veto por parte de los EE.UU. – y la misma marLos pocos estados que no se encuentran asociados son
Ciudad del Vaticano, que conserva la calidad de observador; Palestina, Taiwán, Sahara Occidental, que no son reconocidos por cierto número de países miembros; y las Islas Cook y Niue, cuya política exterior es gestionada por
Nueva Zelanda.
1
cha errática de la ocupación anglo-estadounidense de Irak
parecen haber incrementado el rechazo ante la llamada
“política unilateral” del gobierno de Bush.
También parecen alentar la convicción de que las Naciones Unidas, con su estructura y normas de funcionamiento actual, no cumplen con su pretendido rol de constituir un elemento de estabilización en las áreas de mayor
conflicto. La alocución del saliente Secretario General,
Kofi Annán, constituyó una sorprendente enumeración de
fracasos y recriminaciones: “Los acontecimientos de los últimos
10 años no sólo no se han resuelto, sino que han acentuado los tres
grandes desafíos: un mundo con una economía injusta, el desorden y
el amplio desprecio por los derechos humanos (…) hay algunos interesados en fomentar, intencionalmente o de otra manera, una nueva
guerra de religiones, esta vez a escala mundial (…) los fuertes y los
débiles acepten ajustarse a las mismas regulaciones y tratarse mutuamente con el mismo respeto (…) Eso solo puede suceder si los
pueblos están unidos por algo mas que un mercado global” (BBC
19-9).
Como era de esperar, el presidente de los EE.UU. aprovechó su intervención la ONU para defender su moribundo proyecto del “gran Oriente medio”, para lo cual eligió
dirigirse a los pueblos presuntamente destinatarios de las
intervenciones estadounidenses a favor de la democracia.
Explicó a los iraníes que “sus gobernantes han elegido negarles la
libertad y utilizar los recursos de su nación para financiar el terrorismo y alimentar el extremismo y procurarse armas nucleares”, y,
en un rapto de humor negro, prometió a los iraquíes
que”no los abandonaremos en su lucha para construir una nación
libre” (BBC 19/9). Estas apreciaciones aparentemente
trasnochadas cobran cierta lógica interna si se las encuadra
en el argumento ideológico de la “intervención humanitaria”, bajo el cual se impulsó la redefinición de la OTAN
una vez desparecido el Pacto de Varsovia – el antagonista
OCTUBRE DE 2006
Situación Mundial
del orden bipolar de posguerra – y que se inauguró
con la agresión a Yugoslavia (1999), para recrearse
luego en Afganistán e Irak.
El dudoso carácter humanitario que guía la política
exterior de la administración republicana quedo de
manifiesto cuando, en un insólito episodio, el presidente de facto pakistaní, Pervéz Musharraf, quizás
bajo el influjo de las protestas populares en su país
contra la alianza atlántica, confesó que Pakistán debió
involucrarse en la agresión contra Afganistán bajo las
presiones del ex subsecretario de Estado estadounidense, Richard Armitage, que lo habría amenazado
con “mandarlos a la Edad de Piedra” si no colaboraban
en la lucha contra los grupos islámicos fundamentalistas. Bush intentó salvar la situación recibiendo a
Mushrraf en la Casa Blanca, a la salida de cuyo encuentro lo calificó como “fuerte defensor de la libertad”
(LN 23-9). Acotemos que este general llegó al poder
de su país luego de un golpe de estado que, en 1999,
derrocó al presidente constitucional Nawaz Sharif.
La reforma del Consejo de Seguridad
En la Asamblea General - paradigma de “organización democrática entre las naciones” - cada miembro
posee presencia permanente y un voto; entre sus atribuciones, tal como lo establece la carta de la organización, están las de considerar los principios de la cooperación en el mantenimiento de la paz, discutir toda
cuestión relativa a la paz y recomendar medidas para el
arreglo pacífico. En lo que refiere a la guerra y la paz,
el corazón de las Naciones Unidas reposa en su Consejo de Seguridad, capaz de emitir resoluciones para
cuyo cumplimiento se prevé la intervención armada –
los famosos “cascos azules” – y en el que, nada sorprendentemente, la “democracia global” se sacrifica
en tributo a las relaciones de fuerza: las cinco “potencias nucleares” poseen asiento permanente en el
Consejo y derecho a vetar cualquier resolución 2.
Este diseño deriva del mundo bipolar de la posguerra, en el cual la capacidad de cada una de las potencias de los bloques capitalista y comunista de contrarrestar las iniciativas directas de su adversario
recreaba el esfuerzo bélico destinado a neutralizar la
posibilidad de un ataque nuclear del otro bando. Lo
cierto es que, tras el derrumbe del comunismo soviético, el derecho al veto se ha transformado en un instrumento de las potencias capitalistas para entorpecer
los avances de sus competidoras en áreas de influencia, portadoras de potenciales mercados y materias
primas vitales.
Así las cosas, los cuestionamientos al funcionamiento del Consejo de Seguridad provienen no sólo
de los representantes de países más débiles – a los
EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido, es decir,
las cinco potencias nucleares “aceptadas” en el Tratado de
no proliferación nuclear. En realidad, a éstas se han sumado otros países que poseen armas nucleares (Israel, India,
Pakistán y Corea del Norte) que no han firmado el tratado.
2
5
que impulsa el ejemplo reciente del Líbano -, sino también
de potencias en ascenso o consolidadas pero relegadas por
ser los derrotados en la Segunda Guerra.
Este último caso es el del llamado G4 (Brasil, India,
Alemania y Japón), que promueven la creación de nuevos
puestos permanentes, basados en el volumen de sus contribuciones (Japón y Alemania son los principales aportantes después de los EE.UU.). Las propuestas del G4 han
provocado la respuesta de otro grupo de potencias de
“mediano rango” (México, Italia, Argentina, Pakistán y
España) que, temerosas de perder importancia regional,
proponen en cambio una ampliación del número de
miembros (apuntando a obtener el apoyo de los subrepresentados países africanos y asiáticos)3. La única propuesta abierta de democratizar el Consejo de Seguridad
provino del presidente venezolano Hugo Chávez, que ya la
había presentado en la apertura de sesiones del 2005: “Nos
parece fundamental la supresión inmediata, y eso es un clamor de todos, de ese mecanismo antidemocrático del veto. El veto en las decisiones del Consejo de Seguridad. Vaya un ejemplo reciente, el veto
inmoral del gobierno de los Estados Unidos, permitió libremente a
las fuerzas israelíes destrozar el Líbano en el rostro, delante de todos
nosotros, evitando una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas” (BBC 21/9). Un dato de interés adicional es
que Venezuela se ha propuesto como candidata a ocupar
el asiento no permanente que dejará Argentina en el Consejo a fin de año. El gobierno de Bush, alarmado ante la
posibilidad de que el gobierno venezolano alcance en octubre los 128 votos necesarios, impulsa la candidatura de
Guatemala, un curioso exponente del concepto de “seguridad hemisférica” que defiende la administración republicana. Probablemente se trate del caso más notorio de violación sistemática de los derechos humanos en América
Latina: luego de diez años de formalizados los acuerdos de
paz tras la etapa dictatorial de más de cuatro décadas que
siguió al derrocamiento del presidente Arbenz, permanecen impunes más de 200.000 casos de desapariciones y
ejecuciones sumarias. El pasado 11 de agosto, Guatemala
fue el único de los ocho países latinoamericanos que se
abstuvo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
en la votación de la cual siguió la resolución que condenó
las acciones inhumanas de Israel en El Líbano.
Otros mandatarios pertenecientes al denominado “eje
del mal” se hicieron eco de la propuesta de Chávez: “Es
triste que el Consejo no tomara a tiempo medidas para detener la masacre y la destrucción indiscriminada de la infraestructura civil en Líbano, todo por los descarriados intereses nacionales de una superpotencia (…) no es
sostenible el rol actual del Consejo, dominado por los cinCada año la Asamblea General elige cinco miembros no permanentes (de un total de 10) por un período de dos años. Los
10 asientos de los miembros no permanentes están distribuidos
en ámbitos regionales: cinco para los países de África y Asia;
uno para los países de Europa Oriental; dos para los países de
América Latina y el Caribe; dos para los de Europa Occidental y
demás países. Asia y África, poseen casi el 70 % de la población
mundial, pero sólo algo más de un tercio de los asientos, seis
sobre quince.
3
OCTUBRE DE 2006
6
co poderosos países con poder de veto sobre sus resoluciones” (Robert Mugabe, presidente de Zimbabwe, LF 26/9). “Si los gobiernos de Estados Unidos y
Gran Bretaña, miembros permanentes del Consejo
de Seguridad, cometen agresiones, ocupaciones y violaciones del derecho internacional, ¿qué órgano de la
ONU podría llamarlos a la responsabilidad? (…)
¿Puede un Consejo con miembros privilegiados atender las violaciones que éstos cometan? ¿Eso ocurrió
alguna vez?” (Mahmoud Ahmedinejad, presidente de
Irán, LM 20/9/2006). Algunas otras exhortaciones por la
reforma del Consejo, de tono más moderado, estuvieron a
cargo del presidente de Sudáfrica, Tabo Mbeki, y del primer ministro italiano, Romano Prodi. El Secretario General Annán evocó la necesidad de reconstituir el consenso
en torno a la ONU: “Mientras el Consejo de Seguridad no
sea capaz de poner fin al conflicto en Medio Oriente, que
tanta violencia ha desatado, el respeto por la ONU entre
los pueblos del mundo continuará en declive” (LN 20-9).
Pelea por las ganancias
FMI y Banco Mundial: la reforma
imposible
En paralelo con la apertura de sesiones de la Asamblea en la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), celebran sus reuniones
anuales, en que se deciden las líneas generales de actuación de estos organismos. Este año se realizaron
en Singapur (bajo los auspicios de un régimen calurosamente dispuesto a reprimir a los manifestantes “antiglobalización” que suelen dar marco a este tipo de
encuentros), y sus debates se centraron en la estrategia “anticorrupción”, en el caso del Banco Mundial, y
en un nuevo reparto de votos entre sus miembros, en
el caso del FMI.
La reforma Wolfowitz
El presidente del Banco Mundial, el neoconservador
estadounidense Paul Wolfowitz, presentó un documento en donde expone la nueva “estrategia” del
Banco para la gestión de los fondos en la lucha contra la pobreza. Recordemos que en sus orígenes el
Banco fue concebido como un instrumento destinado a la recuperación de la economía europea. La implementación del Plan Marshall, a fines de la década
de 1940, reorientó su rol, ahora orientado a solventar
proyectos estructurales para combatir la pobreza en
las naciones más atrasadas. La propuesta de Wolfowitz se basa en utilizar los fondos y las capacidades
técnicas del Banco para eliminar las prácticas deshonestas; de hecho, en su año y medio de gestión,
Wolfowitz (uno de los ideólogos de la invasión a
Irak), ha suspendido préstamos por más de 1.000 millones de dólares a naciones de África y Asia debido a
supuestas denuncias de corrupción.
El hecho de que la gestión del Banco se haya
orientado históricamente a condicionar a los tomadores de préstamos a realizar “reformas estructurales”
favorables a los proyectos de inversión transforma a
la propuesta de Wolfowitz en una herramienta para
sancionar a aquellos gobiernos menos receptivos a las
necesidades del capital. A esto se suma que el Banco
carece de legitimidad para convertirse en árbitro imparcial en este tema: la institución ha apoyado a regímenes abiertamente cleptocráticos como el de los
Duvalier en Haití, el de Pinochet en Chile, el de
Suharto en Indonesia y el de Mobutu en la ex Zaire.
La avanzada a cargo de Wolfowitz provocó la reacción
incluso de los tradicionales aliados de los EE.UU. en el
seno de la institución: la secretaria de Desarrollo Social de
Reino Unido, Hilary Benn, protestó contra la medida argumentando que “el Banco no puede determinar las soluciones contra la corrupción; en todo caso, no puede dejar de asistir a los pobres” (BBC 20-9), y el Reino Unido amenazó con retener
su pago anual al Banco si se aprobaba la propuesta de
Wolfowitz tal como estaba expresada. El documento finalmente emitido en la reunión de septiembre aprobó en
general el documento, pero estableció una serie de reservas para la aplicación de las propuestas formuladas.
La reforma Rato o el reparto de acciones
En cuanto al FMI, el Comité Monetario y Financiero, que
agrupa a sus 24 gobernadores, aprobó la propuesta de su
presidente Rodrigo Rato, consistente en aumentar ligeramente el poder de voto de cuatro economías “emergentes” (México, Turquía, China y Corea del Sur), así como
los llamados “votos básicos” de todos sus miembros. La
medida fue ratificada por el 90 % de los votos entre sus
miembros – porcentaje que, como veremos enseguida,
produce un efecto de cuasi-unanimidad engañoso, dada la
distribución del poder de decisión en la entidad. Más que
la medida misma, fue la oposición de los países del llamado G-24 lo que suscitó la atención de los medios. El G-24
es la única agrupación oficial de países en desarrollo dentro del FMI y el Banco Mundial, y fue creado para preparar a este tipo de naciones para las negociaciones acerca de
asuntos monetarios y financieros que tienen lugar en el
FMI y otros organismos. Lo componen Argelia, Costa de
Marfil, Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana, Nigeria, Sudáfrica
y República Democrática del Congo; Argentina, Brasil,
Colombia, Guatemala, México, Perú, Trinidad y Tobago, y
Venezuela; India, Irán, Líbano, Pakistán, Filipinas, Sri
Lanka y Siria. Otros países participan de sus dos reuniones
anuales sin estar afiliados, como Arabia Saudita, China,
Indonesia, y Marruecos
Para entender el alcance de las medidas y el consenso de
que gozan es indispensable decir algo acerca de la distribución del poder de decisión en el organismo. Si el Consejo
de Seguridad de la ONU se organiza en torno al poder de
veto de las potencias nucleares, el FMI lo hace bajo el sistema de una “sociedad de accionistas”: la cantidad de votos de sus miembros es proporcional a su poder económico – expresado en las cuotas que anualmente aporta – para
cuya estimación se considera el PBI, las reservas oficiales y
OCTUBRE DE 2006
Situación Mundial
el monto de sus transacciones en cuenta corriente.
Cada uno de sus 179 integrantes posee 250 “votos
básicos”, más un voto por cada 100.000 derechos especiales de giro (la moneda oficial del FMI) que aporta como cuota. Como resultado de esta estimación
numérica, las once economías más industrializadas
del planeta cuentan con un 60,4 % de los votos, contra un 9,6 % de los integrantes del G-24 y un 4 %
de las noventa economías más pobres. Los EE.UU.,
con un 17,8 % del total de los votos, es el único país
que goza del derecho a veto, ya que se requiere el 85
% de los votos para la aprobación de cualquier resolución – incluida la elección del presidente del Fondo.
Las medidas adoptadas apenas modificarían dicha
situación. El poder de los once países más industrializados pasaría de un 60,4 % a un 59 % de los votos;
con un aumento al doble de los votos básicos, los
países africanos en su conjunto alcanzarían un ínfimo
6,5 % de los votos. Al margen de sus efectos reales –
todavía en suspenso en tanto en el documento aprobado se prevén otras modificaciones en este sentido
con plazo máximo hasta el 2008 – resulta interesante
el ansia de reforma que parece haber poseído a la tradicionalmente conservadora burocracia del Fondo. Se
deben vincular estas iniciativas con la brutal pérdida
de legitimidad de la institución, que amenaza incluso
su propia supervivencia, así como la existencia las
funciones que le han sido atribuidas por el capital
global.
El bombero y el gendarme
Creado, junto al Banco Mundial, en la Conferencia
Monetaria y Financiera celebrada en Bretton Woods
(1944), la función original del FMI era tutelar un orden cambiario internacional estable. En palabras del
entonces ministro de Hacienda de los EE.UU., Henry Morganthau,”hemos venido a esta conferencia para encontrar fórmulas que terminen con los males económicos: la devaluación competitiva de las monedas y las destructivas
limitaciones para el mercado, que precedieron la presente guerra”. La estabilidad cambiaria venía a sentar las condiciones, entonces, para que la competencia por los
mercados se decidiera en base a la mera productividad.
La función reguladora del Fondo consistía en controlar que cada divisa mantuviera una paridad relativamente fija (con una banda de variación del 1 %)
con el dólar, divisa-patrón a su vez convertible a oro,
de tal modo que el sistema entero reposaba en la capacidad del Tesoro estadounidense de acumular reservas en metálico – a su vez posible sólo en tanto
los EE.UU. conservaran cierta ventaja en términos
de productividad. La capacidad crediticia del Fondo –
garantizada por las cuotas que aportan sus miembros
– estaba entonces al servicio de esta función reguladora, ya que se destinaba a evitar las alteraciones
cambiarias que pudieran producirse en cualquiera de
sus miembros que atravesara problemas con su balanza de pagos. Para utilizar una metáfora común en-
7
tre los economistas, el bombero estaba al servicio del gendarme.
La caída de la productividad media de la economía de
EE.UU. en relación a al resto de los países desarrollados, a
partir de la década de 1960, contribuiría a derrumbar el sistema. La creciente dificultad del Tesoro de los EE.UU. para acumular oro provocaría, en 1971, el fin de la convertibilidad y el paso de un sistema de paridades fijas a otro de
fluctuación. Con el fin de las condiciones de las que derivaban las funciones originales del Fondo, se acentuó otro
aspecto que estaba implícito en su función crediticia: la de
condicionar a los prestatarios a adoptar programas de ajuste estructural. Este nuevo rol se perfiló con fuerza a partir
de principios de la década de 1980, cuando estalló la llamada “crisis de la deuda”, especialmente en América Latina. Durante esta década y en la mayor parte de la siguiente,
el FMI cumpliría la doble función de garante de los prestadores – a través de su intervención en los acuerdos de
refinanciamiento – y de prestatario en condiciones preferenciales – al costo de imponer sus planes de ajuste estructural, orientados a la apertura de los mercados de bienes,
servicios y capitales, y la reducción del gasto público, entendido como la principal causa de inflación.
Si desde la crisis de la deuda los programas de ajuste estructural provocaron la resistencia de las organizaciones de
trabajadores y de algunas fracciones de la mediana y pequeña burguesía “nacional” de los países en que se aplicaban, fue la serie de crisis financieras encadenadas que se
iniciaron en el sudeste asiático (1997), para continuar en
Rusia (1998) y Argentina (2001), las que destruyeron la –
ya polémica – reputación del Fondo. La evidencia de que
la eliminación de los controles a los capitales especulativos, propiciada por el FMI, alimentó la burbuja especulativa y obstaculizó todo intento gubernamental de capear
las crisis, sumado a que los “paquetes de rescate” del Fondo se emplearon exclusivamente para a saldar las deudas
de los acreedores – lo que es coherente, por otra parte,
con su rol de “abogado de los acreedores” -, generalizaron
la percepción de que las intervenciones del FMI han tendido a ser, más que inocuas, contraproducentes. Comentarios como los del presidente Kirchner, que en su discurso
ante la ONU, afirmó que Argentina “consiguió la recuperación
económica desoyendo e incluso a veces contradiciendo los consejos del
Fondo” (CL 20-9) ya no provoca las aireadas respuestas de
otros tiempos. Como comenta Le Figaro, “el fallo del bombero no fue bueno para la reputación del gendarme” (LF 13-9).
La reforma imposible
Una de las consecuencias de esta crisis de legitimidad es el
llamado “boicot de prestatarios”, es decir, el de antiguos
tomadores de créditos que deciden desvincularse del Fondo para sustraerse a sus presiones políticas. La tendencia,
iniciada con Brasil, Rusia y Argentina, suma ahora a Nigeria y Tailandia (que anunciaron ya un pronto pago de sus
deudas con el Fondo), y amenaza extenderse incluso a los
nuevos “titanes” asiáticos, China e India, que han decidido
no contraer nuevos préstamos con la entidad (LF 18-8).
De la mano del “boicot de prestatarios” se perfila la posibilidad de la constitución de fondos regionales en Asia y
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Pelea por las ganancias
América Latina, que dejaría al FMI sin sus grandes
prestatarios, lo que sería su golpe de gracia. La iniciativa nació, significativamente, al calor de la crisis del
sudeste asiático: “Hace nueve años, en septiembre de 1997,
al tiempo que la crisis paralizaba la región, Japón había sugerido instaurar una suerte de “Fondo Monetario Asiático”. Esta tentativa fue muerta al nacer. Los americanos y los europeos
rechazaron la posibilidad de una secesión que hubiera sido fatal para la existencia de los organismos financieros universales”
(LF 13-9). La alarma retorna ahora que la región, de
la mano del explosivo crecimiento chino, amontona
papeles del Tesoro estadounidense: “Los países asiáticos
están acumulando reservas y están cada vez más cerca de crear
un fondo regional. Eso representa un riesgo para Estados Unidos. Si ocurriera una nueva crisis de balanza de pagos en
Asia, los gobiernos asiáticos podrían apelar a ese fondo regional, lo que dejaría a Washington sin poder para imponer condiciones, que quedarían en manos de China o Japón”, detalló
un funcionario del FMI.” (LN 2-9).
El ejemplo amenaza cundir en América Latina: “La
ministra (Felisa Miceli) comenzó a analizar una alternativa
que dio buenos resultados entre los países asiáticos: crear un
mecanismo de préstamos mutuos —en este caso entre los países
del Mercosur— que funcionaría, de hecho, como una especie de
FMI regional. Miceli encargó a la línea técnica de Economía
que, con ayuda del Banco Central, haga un relevamiento sobre
los esquemas financieros adoptados por los asiáticos, según revelaron fuentes de la delegación argentina. El interés de Miceli
por esta posibilidad se acrecentó tras las conversaciones con el
ministro de Economía de la India, Palaniappan Chidanbaran, quien le relató la experiencia lograda con las naciones
asiáticas y China. El mecanismo consiste en operaciones de
emisión de bonos de deuda en el mercado, donde un país utiliza
sus propias reservas internacionales para garantizar la licitación hecha por un tercero. El sistema se puso a funcionar después de la crisis financiera que afectó a Asia en la década pasada, cuando la asistencia del FMI demostró no haber sido
idónea para prevenirla ni para contener sus efectos negativos.
“Frente al fracaso de las políticas del FMI, la tendencia ahora
es agruparse por continentes”, explicó un funcionario de Finanzas que acompaña a Miceli. Este criterio se enlaza también con la intención de la ministra de buscar financiamiento
en Asia. La posibilidad de avanzar en la creación de los
“FMI regionales” es una alternativa que se discutió informalmente entre los países que forman parte del Grupo de los 24
(donde Argentina ejerce transitoriamente la presidencia), y que
son los que están más disconformes con el rol del Fondo y su
distribución interna de poder.” (CL 18-9). Recordemos
que el presidente venezolano Hugo Chávez volvió a
insistir, en la Cumbre de No Alineados celebrada en
La Habana (ver sección América Latina) en la creación de un “Banco del Sur”, con las reservas que los
países del llamado “Tercer Mundo” poseen el los
bancos del mundo desarrollado.
Se entiende así el apresuramiento por ampliar los
votos de las “economías emergentes”, intentando
romper, de paso, la unidad de bloques opositores como el
G-24. Y con cierto éxito: México, por razones obvias, votó a favor de la “propuesta Rato”, a contramano del bloque. Aunque desprestigiado, el Fondo es todavía, al fin y al
cabo, un instrumento para “imponer condiciones”. “El
subsecretario del Tesoro norteamericano, Tim Adams, pidió que todos los miembros del FMI apoyen una reforma que “luzca el rostro
de la economía global actual”, ante el riesgo de que el Fondo termine
por perder relevancia en Asia, una de las regiones de mayor crecimiento de las últimas décadas, pero peor representadas en los organismos con sede central en Washington.” (LN 2-9). El diario
francés Le Figaro comparte las preocupaciones de Adams,
tomando la palabra en nombre de los acreedores europeos: “Mientras que los grandes deudores desaparecieron, los países
asiáticos acumularon gigantescas reservas en monedas extranjeras.
China, Corea, Tailandia y otros de menor calibre, disponen de un tesoro de guerra que supera los dos billones de dólares, si se incluyen las
reservas de Japón: ¡una revolución! (…) Si China y otros no encuentran una justa representación en el foro de la economía mundial que
es el FMI, se conduce al riesgo de un “cada uno para sí” muy peligroso. Pekín, de inmensos recursos financieros, ya emprendió la conquista de África de la mano de créditos garantizados sobre recursos
naturales, lo que es completamente contrario a los códigos de buena
conducta.” (LF 13-9). Pero el contenido de estos “códigos
de buena conducta” parece ser el centro de la disputa que
envuelve incluso a los grandes socios del “Consenso de
Washington”, es decir, a los grandes acreedores de
EE.UU. y Europa. Valga como ejemplo el malestar europeo cuando el gobierno de Bush se negó a apoyar su iniciativa, de utilizar al Fondo para obligar a la Argentina a
que saldara sus deudas con los tenedores de bonos europeos; o el veto anunciado por los EE.UU. – celoso de la
libertad de acción de sus grandes bancos - ante la propuesta europea de crear un “Mecanismo de reestructuración de
deuda soberana”, que operaría como un paraguas ante los
acreedores, para los países que reestructuraran su deuda
con asistencia del Fondo. La misma revisión de los votos
es motivo de conflictos: de profundizarse, podría implicar
una pérdida del poder de veto que ejercen tanto los
EE.UU. como algunos países de Europa que tienden a votar en grupo – como Bélgica, Países Bajos y los escandinavos - a fin de ejercer así una suerte de veto colectivo.
Pero ¿podría realmente avanzar en profundidad la reforma? El control “accionario” de Fondo por parte de los
grandes acreedores – del capital financiero concentrado a
escala mundial – ha sido, históricamente, el principio, la
herramienta y el objetivo. Una verdadera reforma – por
ejemplo, una estimación del poder de decisión en base al
porcentaje de población mundial que representan sus
miembros – equivaldría a su disolución, al menos como lo
conocemos. Un semanario británico, refiriéndose a la reforma del organismo, se hace eco de la incertidumbre: “El
antaño ampliamente aceptado “Consenso de Washington”, que ha
guiado sus intervenciones, ya no goza de apoyo: no está claro que ha
de reemplazarlo” (TE 19-9).
OCTUBRE DE 2006
Situación Mundial
9
Seguridad
La “cuestión iraní”: la retórica y los
hechos.
Pasado un mes y medio de la aprobación, en el Consejo de Seguridad de la ONU, de la resolución por la
cual se conminaba a Irán a suspender su programa de
enriquecimiento de uranio, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) –Estados Unidos, Rusia, China, Francia y
Gran Bretaña- más Alemania e Italia, acordaron una
prórroga hasta principios de octubre.
Las nuevas negociaciones – piloteadas por el jefe de
la diplomacia europea, Javier Solana – marcan el fracaso del gobierno de Bush en su intento de consensuar, sanciones efectivas. “Los EE.UU. demandan una
gran cantidad de sanciones, entre ellas impedir viajar al extranjero a los dirigentes iraníes y el congelamiento de fondos en el exterior (…) Moscú rechaza llegar muy lejos y exige que se evite
toda sanción que pueda perjudicar la construcción de la central
nuclear de Bushehr, que está siendo construida por Rusia en
Irán. Las sanciones “deberían ser impuestas de a poco y ser reversibles”, expresan los rusos. (…) Según los franceses, los dos
campos deberían ofrecer una muestra de buena voluntad: los occidentales, congelar sus amenazas de sanción, e Irán suspender
sus actividades nucleares (…) Aparentemente, los EE.UU.
habrían dado a los europeos hasta principios de octubre para
obtener resultados, antes de volver a recurrir al Consejo de Seguridad. (LM 23-9).
A pesar de la aparente solidez de la posición estadounidense (“He dejado en claro que nos sentaremos con los
iraníes a negociar sólo cuando hayan suspendido, de manera verificable, su programa de enriquecimiento de uranio, y lo dije en
serio”. Bush, LN 18-9), la administración republicana
debió aceptar iniciar las primeras conversaciones formales con Teherán desde la caída del Sha en 1979. El
giro parece haber obedecido a la posición de Francia.
“Antes de viajar a Nueva York para la Asamblea General de
la ONU, el presidente francés, Jacques Chirac, se desmarcó
ayer de EEUU y propuso que las potencias hagan una concesión a Irán que posibilite la negociación de una salida a la disputa occidental sobre el programa nuclear iraní (…) El presidente francés dijo que las grandes potencias encargadas del tema
deberían renunciar a convocar a ese órgano para una eventual
imposición de sanciones. Al mismo tiempo, sugirió que, en contrapartida, Irán “renuncie al enriquecimiento de uranio” para
permitir la negociación. Chirac propuso que la suspensión se
produzca “durante” y no “antes” de esas negociaciones. Es la
primera vez que un dirigente europeo afirma claramente que la
suspensión del enriquecimiento de uranio no es una “condición
previa” a la apertura de negociaciones sobre el delicado tema nuclear iraní” (LN 19-9). Francia se suma así a Rusia y
China en su oposición a la aplicación de sanciones.
Eso a pesar de los esfuerzos del gobierno de Bush por
convencer al gobierno francés de la secundar al eje
“Washington-Londres”: “El 13 de septiembre, antes de la
Asamblea general de la ONU, Stuart Levey, sub-secretario del
Tesoro de los EE.UU. y encargado de la relación entre terrorismo y finanzas, estaba en París. Su objetivo: hablar de san-
ciones contra Teherán. Unas “sanciones inteligentes”, destinadas a
bloquear los flujos financieros que permitirían al régimen de los mullahs progresar en la obtención de la bomba atómica (…) Levey explicó al ministro de Finanzas y a representantes de la banca, cómo
Washington había, el 8 de septiembre, bloqueado a la banca iraní
Saderat todo acceso, aún indirecto, al sistema financiero americano
(…) La recepción a las propuestas de Levey por parte del director general del Tesoro fue fría. No es cuestión de ejercer presión sobre los
bancos, argumentó. Es difícil detectar las transacciones dudosas, y
nunca una sanción financiera ha impedido un atentado” (LM 21-9).
Negocios
Es claro que el papel jugado por Washington durante la
agresión al Líbano – su sostén incondicional a Israel pareció un retroceso al “unilateralismo” previo a la invasión a
Irak – condiciona el cálculo estratégico del gobierno francés; que, no obstante, no puede dejar de estar interesado,
tanto como los de Rusia y China, en evitar el acceso al arsenal nuclear por parte de una incipiente potencia regional
que lidera la corriente del “islamismo político”. El fracaso
en Líbano debilitó también la consistencia de la “alianza
atlántica”, como se desprende de las críticas que debe enfrentar Blair en el seno de su propio partido y el ocaso ya
irremediable de su liderazgo.
En la reticencia a adoptar sanciones concretas juega el
interés particular de las burguesías europeas y asiáticas, que
paradójicamente se benefician del “vacío” dejado por el
capital norteamericano luego de la revolución iraní: “En este
tema, los intereses económicos pesan fuertemente. Los europeos, que se
benefician en Irán de la ausencia de los americanos, creen que las sanciones afectarían a sus empresas. Si los intercambios iraníesestadounidenses equivalen casi a cero, las pymes alemanas son muy activas en la república islámica; también grandes grupos como la italiana ENI y la francesa Total. “Al contrario de nosotros, los americanos no perderían gran cosa en caso de sanciones”, dice un diplomático
europeo…” (LM 23-9). La UE provee el 37 % de las importaciones iraníes, especialmente en los rubros de equipos de
alta gama tecnológica. Alemania es el primer proveedor,
con un 12.6 %. Se estima que, de aplicarse un embargo, el
estado alemán perdería unos 5.000 millones de dólares, debido a su régimen de garantías a los exportadores.
Francia, con el 7.3 %, es el segundo proveedor europeo
de Irán, y a la vez el principal inversor, sobre todo en el
área energética. Total, el gigante francés de los hidrocarburos, prevé invertir 2.000 millones de dólares en proyectos
de infraestructura para la extracción de gas. Hay evidencias
de que en el giro del gobierno de Chirac intervinieron las
presiones de esta empresa: “Total ha ejecutado un lobby intensivo sobre el gobierno para que el problema iraní no termine en sanciones. Se ha golpeado a las puertas de los despachos del presidente Chirac y el primer ministro De Villepin (…) Total trata de evitar que
las tensiones internacionales obstaculicen las negociaciones en las que
está involucrado con el gobierno iraní para la explotación de un gigantesco yacimiento offshore de gas natural, llamado Pars-Sud, en el este
del Golfo. Un acuerdo de 2004 con Teherán, en sociedad con la malaya Petronas, prevé la producción de gas licuado con destino a la exportación (…) Ya en 1990 Total había ejercido una fuerte presión
para que el sistema de sanciones contra Saddam Hussein fuera levan-
OCTUBRE DE 2006
10
Seguridad
tado. La invasión anglo-estadounidense de 2003 condujo, de Georgia, como represalia por la detención de cuatro militahecho, a la expulsión de la sociedad francesa.” (LM 22-9).
res rusos acusados de espionaje. Un detalle significativo: en
Los vínculos económicos de la república islámica julio el gobierno georgiano anunciaba que se opondría al
con las potencias de su entorno son de otra naturale- ingreso de Rusia a la OMC. Este anuncio se daba días antes
za: “El complejo militar-industrial ruso obtiene enormes ganan- del encuentro del G-8, cuando los EE.UU. condicionaban
cias de las ventas de armas a Irán. El Kremlin afirma que un su apoyo a Rusia en este sentido a una “luz verde” de Rusia
embargo sobre las ventas sería inaceptable. China, India y Ja- en torno al tema Irán.
pón han desarrollado vínculos importantes con Irán en materia
Mucho se habla de la formación, en los hechos, de una
energética.” (LM 23-9). Los vínculos de Rusia con Irán alianza continental euroasiática bajo el triple liderazgo de
son bien conocidos, tanto en los que refiere a la pro- Francia, Rusia y China, con el objetivo de neutralizar a la
visión de armamento – Irán es el tercer comprador “Coalición Anglosajona” (EE.UU., Reino Unido, Canadá,
mundial de armas rusas, por una cifra de 1.000 millo- Australia y Nueva Zelanda). El involucramiento de Francia
nes de dólares anuales – como de tecnología para el en esta alianza estratégica – Francia pertenece a la OTAN,
desarrollo nuclear. Irán es el principal proveedor de pero hace tres décadas renunció a su comando – parece depetróleo del Japón – un tercio del petróleo que impor- rivarse de la creciente cooperación militar de este país euta es iraní – y de China – cuyas compras constituyen ropeo con Rusia y China, abiertamente manifiesto en la giuna décima parte de las exportaciones iraníes. En ra del presidente Chirac a la región en 2004, en la cual,
2004 China e Irán firmaron un acuerdo para la provi- entre otros gestos, abogó por la finalización del embargo
sión de 110 millones de toneladas de gas licuado du- de armas europeo que pesa sobre China desde los episorante 25 años. Japón, a través de su petrolera Impex, dios de la plaza Tienanmen.
ha obtenido la explotación exclusiva de los campos de
Rusia, que ha cuadruplicado en los últimos años sus parAzadegan.
tidas de gastos para la compra de material bélico, según Putin, con el objetivo de “proteger a Rusia contra cualquier intento
El enemigo del enemigo
Pero la determinación de rusos y chinos a aceptar to- de presión político-militar y chantaje por la fuerza, métodos que lada sanción que pueda dar allanar el camino a una in- mentablemente vemos que otros estados aplican en su política extetervención militar – el veto que pende permanente- rior” (LF 11-8-05), lidera la Organización del Tratado de
mente como una espada de Damocles para toda Seguridad Colectiva (OTSC), organización militar en la que
iniciativa estadounidense en el Consejo de Seguridad participan, además, Bielorrusia, Kirguistán, Armenia, Tayi– obedece también a razones estratégicas. Irán se en- kistán y Kazajstán. La OTSC posee fuerzas de despliegue
cuentra enclavado en el vértice de la “nueva frontera rápido y desarrolla maniobras militares conjuntas en la zoestratégica” que delimita el Mar Caspio, un área rica na del Cáucaso desde 2003. A su vez, la OTSC mantiene
en recursos petroleros y conflictos étnicos y religio- fuertes vínculos de cooperación con la Organización de la
sos, que el gobierno del Kremlin considera un hinter- Cooperación de Shanghai (OCS), fundada en 2001 contra
land natural de Rusia. Los países de Europa del este, “el terrorismo y el separatismo”, tendencias que los rusos comque antes pertenecían al área de influencia de la ex baten en Chechenia y Daguestán y los chinos en Xinkiang.
U.R.S.S. – el llamado “Pacto de Varsovia” -, han ine- En 2003 Pekín y Moscú confrontaron sus investigaciones
vitablemente decantado hacia el antiguo “bloque oc- acerca del separatismo checheno y de Xinpiang y concluyecidental”: Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, los ron que, en ambos casos, la CIA y el M16 (inteligencia britres estados antes agrupados en lo que era Checoslo- tánica) suministraron armas a los separatistas. La OSC invaquia, y los estados bálticos ingresaron a la OTAN. cluye como miembros plenos, además de Rusia y China, a
Y, salvo Bulgaria y Rumania por el momento, también los restantes estados del OTSC – con la excepción de Biese incorporaron a la UE. Ahora, el gobierno ruso ve lorrusia –, además de otros cuatro con estatus de observacon alarma que la amenaza de desintegración afecta a dores y en tratativas de incorporación: Pakistán, India
Mongolia e… Irán. En junio de este año, el presidente iraní
las repúblicas antes incluidas en la U.R.S.S. misma.
El caso más reciente es el de Georgia, una ex repú- estuvo presente en la cumbre anual de la organización ceblica soviética que podría convertirse, de la mano de lebrada en Shanghai, en donde “denunció a los poderes que insu presidente Mikhaïl Saakachvili en el primero de es- tentan dominar el mundo e interfieren en los asuntos de otros estados,
tos estados en ingresar a la OTAN. Saakachvili llegó una transparente a lusión a los EE.UU., que criticaron a la Orgaal poder en enero de 2004 de la mano de la llamada nización por haber invitado al representante de una nación “terroris“revolución de las rosas”, un movimiento de la socie- ta”. Porque Washington ve a este organismo, que reúne más de la midad civil ampliamente respaldado por ONGs esta- tad de la población mundial, tal como destaca su documento final,
dounidenses y europeas y por la “prensa occidental”, como destinado a contrabalancear la influencia norteamericana en la
que terminó con la destitución del presidente pro-ruso región”. En dicha reunión, el presidente chino Hu Jintao feSchevardnadze, y con el que guarda enormes similitu- licitó a Ahmadinejah por “sostener las inversiones chinas en
des la llamada “revolución naranja”, ocurrida en no- Irán”, al tiempo que Putin afirmaba que “los EE.UU. no
viembre del mismo año en Ucrania, y que terminó aprecian que Rusia y China hagan causa común para resolver ciertos
con la derrota del también pro-ruso Víctor Yanuko- problemas, ni que India, Pakistán e Irán participen. No pueden invich. En estos días, el gobierno ruso se apresta a apli- fluenciar a la organización y eso los inquieta” (LM 16-6).
car una serie de medidas de bloqueo económico sobre
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América Latina
Este número está totalmente dedicado a la coyuntura
política regional. Por un lado, la 61° Asamblea de
Naciones Unidas (ONU) tuvo una intensa repercusión,
debido a la participación de Venezuela, lo que hizo más
evidente el enfrentamiento de este país con EE.UU. Si
bien esto no es ninguna novedad, cada choque obliga a
una constante redefinición de los otros países de la
región, principalmente a los integrantes del
MERCOSUR. En este sentido, el bloque dio su primera
muestra de cohesión, actuando en conjunto y
sosteniendo la candidatura al Consejo de Seguridad del
citado país caribeño.
En el mismo camino de la reacomodación global, el
relanzamiento de la Cumbre de Países No Alineados,
que tuvo lugar en Cuba, reflota una entidad con un
nombre y una historia que para algunos parecía ya
terminada, enfrentando el unilateralismo norteamerica-
no y condenando el neoliberalismo de los años ’90 –
entre otras cuestiones de importancia. Los efectos de
esto para América Latina son de importancia, ya que
dos de sus principales impulsores –Cuba y Venezuela–
son de la región y expresan un alineamiento cada vez
más claro en la misma línea.
Por otra parte, la coyuntura política boliviana –país que
representa un nuevo eslabón de ese alineamiento
mencionado– sufre las consecuencias del viraje político
encabezado por el gobierno de Evo Morales. El
proceso nacionalizador ya cobró la renuncia de su
cabeza técnica, el ministro de Hidrocarburos Soliz Rada.
Además, la reforma constitucional que se lleva a cabo
tensa cada vez más el arco político entre las cuatro
provincias del este llano, rico y blanco, y el oeste
originario, andino y pobre.
Coyuntura Política
ONU: Los posicionamientos de los países
del MERCOSUR
Intentaremos mostrar las actuaciones de los miembros
del MERCOSUR en la ONU, para observar cómo las
mismas reflejan –por un lado– la situación interna del
bloque y –por otro– procesos políticos diferenciados
en cada país. Esto, independientemente del intento de
actuar cohesionado como región, al menos en el tema
del Consejo de Seguridad (CS), donde todos los países
miembro sostienen la candidatura de Venezuela. En
otros temas, como los que se enuncian a continuación,
los posicionamientos tienen una gradación de acuerdo
a cada coyuntura transcurrida.
Situación política internacional: el terrorismo y
la relación con EE.UU.
Argentina. El presidente Néstor Kirchner comenzó su
discurso en la asamblea nº 61 recorriendo la agenda internacional. Sobre la cuestión del terrorismo, recordó
los atentados terroristas en Argentina (AMIA y Embajada de Israel), considerándolos “criminales e injustificables”, como todos los actos de terrorismo contra civiles
inocentes. Sin embargo, remarcó algunas cuestiones en
relación a cómo enfrentar este tipo de acciones y
hechos: “Si para enfrentar al terrorismo se recurre a una violación global de los derechos humanos, el único victorioso en esta lucha será el terrorismo” (C 21/9). En alusión a las acciones
militares contra el terrorismo, que EE.UU y el Reino
Unido intentan presentar como hegemónicas, Kirchner
se posicionó alejándose de las mismas, al igual que to-
dos los mandatarios de los países que integran el
MERCOSUR: “La paz se construye y preserva entendiendo el
verdadero concepto de la solidaridad entre las naciones, desde una
dimensión más amplia que lo puramente militar o lo predominantemente unilateral” (P12 20/9). Luego, hizo alusión al
conflicto en Medio Oriente, condenando la violencia e
instando a una solución pacífica y justa, en el marco de
la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la
ONU, que insta a realizar un alto al fuego y al retiro de
Israel del Líbano: “Expresamos nuestra preocupación por las
hostilidades en la frontera de Israel y el Líbano, que han causado
centenares de muertos y heridos, graves daños a la infraestructura
civil y centenares de millares de desplazados (…). Es necesario
poner allí fin a la violencia, abordar las causas que dieron origen
a la crisis, evitar el uso desproporcionado de la fuerza y comprender que sólo las soluciones políticas negociadas serán sostenibles
en el largo plazo” (P12 20/9).
También planteó la cuestión Malvinas, reafirmando
el pedido de “negociaciones bilaterales” y exigiendo al Reino Unido el respeto de las resoluciones de la ONU, en
particular la 2065, que dispone que la cuestión Malvinas es un problema de soberanía distinto a los problemas de descolonización y merece ser tratado en negociaciones bilaterales entre ambos países: “No podemos
dejar de manifestar que el Gobierno británico sigue haciendo caso
omiso de las Resoluciones de esta Asamblea. No obstante, deseamos reafirmar una vez más la permanente disposición de nuestro país a un diálogo constructivo con el Reino Unido y exhortar
a este país a dar pronto cumplimiento al pedido de la comunidad
internacional de reanudar las negociaciones” (P12 20/9). (Con
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12
Coyuntura política
respecto a Argentina y su relación con EE.UU, ver más
abajo el apartado “Comercio internacional y FMI”).
Brasil. Con respecto a la situación internacional, el
presidente Lula Da Silva –que fue quien abrió la asamblea– criticó la invasión a Irak, estableciendo una relación entre gasto militar, pérdidas de vidas humanas y
utilidad del dinero gastado en esas acciones para combatir el hambre y la pobreza. “Todos aquí saben que la Segunda Guerra del Golfo costó carios centenares de billones de dólares. Con mucho menos, podríamos cambiar la triste realidad de
una gran parcela de la población mundial. Podríamos salvar millones de vidas” (FT 19/9). Como contrapartida, el presidente del Brasil pasó revista a sus planes sociales, como
ejemplos a ser tenidos en cuenta por la Comunidad Internacional: “El programa Bolsa Familia, o el Fome Zero, garantiza una renta mínima a más de 11 millones de familias brasileras. Si hacemos tanto en Brasil, imaginen lo que podríamos
hacer en gran escala, si el combate del hambre y la pobreza fuera
en los hechos una prioridad de la Comunidad Internacional”
(FT 19/9). Como broche final de su crítica a la guerra
–y en relación también con la cuestión de utilizar el terrorismo como causa justificada de la misma–, declaró:
“La guerra jamás traerá seguridad. La guerra sólo generará
monstruos, el rencor, la intolerancia, el fundamentalismo, la negación destructiva de de las actuales hegemonías” (FT 19/9).
Venezuela. El discurso del mandatario venezolano
Hugo Chávez fue, quizás, lo más resaltado por la prensa internacional, en esta 61° Asamblea de la ONU, sobre todo por las cuestiones de forma, tanto en su alusión a Bush como en la crítica abierta al imperialismo
norteamericano y al papel de éste en el mundo. A Bush
lo llamó “burro”, “asesino”, “genocida”, “loco” y lo calificó en su discurso “como vocero del imperialismo que vino a
dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, explotación y de saqueo a los pueblos del mundo” (C
21/9). Luego se dirigió a él personalmente, diciéndole:
“Señor dictador imperialista, usted va a vivir el resto de sus días
con una pesadilla, porque donde quiera que vea, vamos a surgir
nosotros, los que nos rebelamos contra el imperialismo” (C
21/9). Además, despachó críticas al organismo supranacional, diciendo que en el estado en que está “colapsó,
no sirve” y llamó a refundar la ONU.
Más allá de las formas, lo cierto es que en los últimos
tiempos siempre Chávez se ha manifestado en contra
de las políticas de EE.UU. a nivel mundial, por lo que
el contenido quedó muy claro: antiimperialismo, anticapitalismo. En ese sentido, el crítico intelectual norteamericano Noam Chomsky –al que Chávez en su
discurso recomendó leer– afirmó, a propósito del
mandatario, que “más importante que la retórica es el contenido. Y al oponerse a la política exterior de EE.UU., tomó una
posición muy convencional alrededor del mundo. Que haya sido
aplaudido y vivado en la sala es la mejor evidencia” (C 21/9).
Claramente, y ante todas las expresiones de las fuerzas
políticas mundiales, se expresó que este eje en América
Latina –el de la línea Caracas/Habana, al que también
se podría incluir La Paz– es antiimperialista. Esta manifestación abierta, en todo espacio donde se miden fuerzas, contribuye a construir un piso sobre el cual, tanto
EE.UU como otros países de América Latina y el
mundo –en tanto expresión de relaciones de fuerza–,
se tiene que amoldar. (Ver más abajo Cumbre de
MNOAL).
Otro dato interesante de la magnitud de las declaraciones de Chávez es que toda la clase política norteamericana, –tanto republicanos como demócratas– salió
a criticarlo y a poner un piso común de lo que se puede
y no se puede permitir. El ex presidente Bill Clinton
declaró: “Lamentablemente con sus palabras no nos causa daño, pero se lo causa él y a su país”, calificando de “lamentables” las palabraza del presidente de Venezuela. Luego,
el legislador demócrata Charles Rangel, afirmó: “Su generosidad con nuestros pobres no le da derecho a insultar a nuestro presidente”. La líder demócrata en la Cámara Baja,
Nancy Pelosi, sotuvo a su vez: “Chávez se cree un Simón
Bolívar moderno, pero es un simple matón”.
Bolivia. El presidente Evo Morales encauzó su discurso sobre una cuestión que atañe mucho a su población
y a su base política y que es la producción de hoja de
coca. Denunció ante la Asamblea General el informe
de EE.UU. sobre la lucha antidrogas, al que calificó
como un “instrumento de recolonización” de la región andina (C 20/9). Defendiendo las plantaciones de hoja de
coca –con una hoja en la mano en plena asamblea de la
ONU–, el presidente de Bolivia revalorizó el rol que
cumple para la población andina tanto a nivel medicinal
como cultural, desde tiempos prehispánicos. Criticando
los intereses de EE.UU. con respecto a la hoja de coca,
Evo Morales declaró que “no es posible que sea legal para la
Coca-Cola y sea ilegal para el consumo medicinal en nuestro país
y el mundo entero” (C 20/9).
Comercio internacional y FMI
Argentina. El posicionamiento estuvo signado por el
hincapié en los problemas de la Ronda Doha.
Principalmente, se habló de la falta de acuerdo sobre la
eliminación de subsidios por parte de los países
industrializados, necesaria para los países exportadores
de materias primas, como es el caso de Argentina. Así,
el presidente Kirchner declaraba: “La Argentina observa
con preocupación la falta de avances en las negociaciones de la
Ronda de Doha para el desarrollo de la OMC. Es imperativo
en el marco del actual proceso de globalización, del cual deben
beneficiarse los países en desarrollo, obtener un resultado exitoso y
equilibrado, plenamente consistente con el mandato de la
Declaración de Doha. Por eso, reafirmamos que resulta necesario
alcanzar en esta Ronda de la OMC un resultado satisfactorio en
agricultura, que contemple una reducción sustancial de los
subsidios domésticos, la eliminación de los subsidios a la
exportación y el acceso amplio al mercado de los países
desarrollados”.
Con respecto al FMI, luego de desatacar algunos logros económicos de los últimos 3 años, Kirchner aclaró
OCTUBRE DE 2006
América Latina
que se consiguieron sin ninguna ayuda del FMI, e incluso contradiciendo sus recetas: “Forzoso es destacar que
estos logros no han sido acompañados por el Fondo Monetario
Internacional, el que nos ha negado cualquier ayuda y, debemos
decirlo, en muchos casos los hemos obtenido desoyendo, cuando no
contradiciendo, sus recomendaciones y condicionalidades. (…) El
mundo ha cambiado y esos organismos no. Insisten en poner en
riesgo los avances con su intervención equivocada. Por eso apoyamos, junto a la mayoría de los países, la reforma de la arquitectura financiera internacional, de manera que resulte ser funcional
al progreso de las naciones de menores recursos”.
Entonces, por un lado, la gira argentina señaló –ante
todo el campo de fuerzas expresado por los gobiernos
de los estados miembro de la ONU– los lineamientos
generales de la política exterior argentina, en el marco
de los acuerdos alcanzados en el MERCOSUR. A su
vez, se incluyeron una gran cantidad de reuniones con
funcionarios de EE.UU y poderosos empresarios, con
el objetivo de remarcarles que Argentina no está en contra de las inversiones norteamericanas, además de algunas acciones simbólicas, como el desayuno en la Bolsa de Valores de Wall Street.
Pero, más allá de las inversiones, la reunión entre
Kirchner y el subsecretario de Asuntos Hemisféricos,
Thomas Shanon –“el hombre fuerte de Bush para la región”–
, puede leerse como un distanciamiento cada vez más
evidente –en términos tácticos y estratégicos– entre
Venezuela y Argentina. Este último busca recomponer,
de alguna forma, la tensa relación existente con
EE.UU. luego de la Cumbre de las Américas de Mar
del Plata, a fines del año pasado. El presidente argentino declaró: “A Shanon lo ví con predisposición de construir
una relación distinta con la Argentina. Es alguien que entiende
que hay que conversar sobre los temas donde hay diferencias” (C
23/9). La eliminación del Sistema General de Preferencias (SGP) que EE.UU pondrá en práctica el año venidero es parte de los costos que Argentina intenta atenuar, sin salirse de aquellos alineamientos expresados
en el discurso oficial. De esta contradictoria y difícil tarea se encargaron un conjunto de funcionarios, incluído el ministro Julio De Vido, quien mantiene personalmente la relación con Venezuela en términos de
acuerdos bilaterales. Estos funcionarios gestionaron los
acercamientos, las reuniones y salieron a dar esta imagen en torno a la relación entre EE.UU. y Argentina
para los próximos tiempos.
Brasil. Con un esquema similar al de Argentina, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, se posicionó ante el
comercio mundial exigiendo la reducción de los subsidios agrícolas a la agricultura: “Los subsidios de los países,
sobre todo en el área agrícola, son pesadas cadenas que inmovilizan el progreso y relegan a los países pobres al atraso. (…) No
me canso de decir que, en cuanto al apoyo distorsivo en los países
desarrollados, alcanza la indecorosa suma de 1 billón por día,
900 millones de personas sobreviven con menos de 1 dólar por
día en los países pobres” (FT 19/9). Lula enfatizó la crisis
de la Ronda Doha: “Esas negociaciones ayudarán a tirar a la
13
pobreza a millones de personas. (…) La geografía del comercio
internacional precisa ser reformada en profundidad” (FT 19/9).
También, luego del discurso de Chávez, algunos funcionarios –entre ellos el canciller Celso Amorim– tuvieron que salir a distanciarse de aquellas estrategias venezolanas que difieren de los dos socios grandes
originales del MERCOSUR: “[El apoyo a Venezuela
para el Consejo de Seguridad] no quiere decir que la concordancia sea total, sobre todos los temas, mucho menos con los adjetivos que puedan ser usados en discursos. (…) Más de una vez,
el presidente Lula y yo tuvimos que hablar con el presidente
Chávez, en el sentido de que pueda moderar su discurso, porque
notamos que es preciso que siga habiendo un diálogo entre
EE.UU. y Venezuela” (FT 21/9).
El lugar de América Latina en el Consejo de
Seguridad
Lo que sí presenta una segura cohesión en materia de
geopolítica internacional es el apoyo de todos los países
del MERCOSUR a la candidatura de Venezuela para
ocupar un asiento rotativo en el Consejo de Seguridad,
lugar que disputa con Guatemala, impulsada por
EE.UU. Aquellos desbarajustes mencionados entre
Venezuela y el dúo Argentina-Brasil, en cuanto al acercamiento con EE.UU., no lograrían modificar el consenso que hay sobre este tema, entre estos tres países y
los otros que integran el bloque regional.
Argentina. A principios de septiembre, el canciller
Jorge Taiana, mantuvo reuniones con diplomáticos
uruguayos, paraguayos y brasileños, para ratificar los
acuerdos alcanzados en la última cumbre del MERCOSUR, realizada en el mes de julio en Córdoba. Allí se
había acordado que Venezuela sería presentada por todos los integrantes del bloque como candidata a integrar el Consejo de Seguridad, cuestión que se debatirá a
mediados de Octubre, cuando se abra el nuevo período
de sesiones del Consejo. “Lo que hubo [en la reunión] fue
un buen nivel de intercambio y la decisión de coordinar lo máximo posible las posiciones de los cuatro socios. (…) Fueron decisiones políticas. Tratar de tener la mayor cantidad de posiciones
conjuntas y consolidar la presencia en ONU, donde existen otros
agrupamientos pero no el MERCOSUR [actuando como
tal]. (…) Se acordó en pleno promover la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad” (C 10/9).
Brasil. Luego del discurso de Chávez citado más arriba, el canciller Amorim tuvo que salir a ratificar el apoyo de su país a Venezuela para el CS: “Es natural. (…)
Venezuela es un país amigo de Brasil, con el cual trabajamos
bien. Por ejemplo, nuestro comercio con Venezuela se ha cuadriplicado en los últimos tres o cuatro años, sobre todo nuestras exportaciones” (FT 21/9). Hay algunos otros datos que
permiten señalar que el consenso no se romperá, más
allá de la última Asamblea de la ONU. Venezuela votó
a favor de Brasil, en el año 2003, en su última participación en el CS, y apoyó la campaña de Brasil por reformar la cantidad de miembros permanentes en el
OCTUBRE DE 2006
14
Coyuntura política
mismo. Por otro lado, en un momento donde Venezuela se afirma como integrante del MERCOSUR, sería
impensable que sus socios no le den apoyo, más aún
cuando el país caribeño es apoyado por dos miembros
permanentes, como lo son China y Rusia. A su vez,
obviamente cuenta con el apoyo de Cuba y también el
importante apoyo de otros bloques de países, como la
Liga Árabe y la Unión Africana. En esta coyuntura, los
socios del MERCOSUR están obligados a cumplir el
acuerdo.
por la U.R.S.S.).
En paralelo a esta situación internacional, fueron
surgiendo foros de concertación multilateral promovidos por los “países del sur”, cuyo lema principal era
“no alinearse” a ninguno de los dos bloques militares
nacientes.
La Conferencia Afro-Asiática de Bandung es el antecedente más inmediato, en el camino hacia la creación
del MNOAL. Esta Conferencia se celebró en abril de
1955 y reunió a 29 Jefes de Estado de la primera generación postcolonial de líderes de los dos continentes.
Cumbre de Países No Alineados
Fue en esa Conferencia donde se enunciaron los prinEntre los días 14, 15 y 16 de Septiembre se celebró en
cipios que deberían gobernar las relaciones entre las
La Habana, Cuba, la XIV Cumbre de los Países No
naciones grandes y pequeñas, conocidos como los
Alineados. La misma contó con la participación de 118
“Diez Principios de Bandung”. El cumplimiento de dipaíses –entre los que se encontraban 56 jefes de Estachos principios pasó a conformar un criterio central
do. Entre los países miembro de la Cumbre se encuenpara ser parte del MNOAL.
tran casi la totalidad de los países de África y Asia (53 y
Seis años después de Bandung, sobre una base geo38 países respectivamente); 24 de Latinoamérica y Cagráfica más amplia, se fundó el Movimiento de Países
ribe (entre los que sobresalen Venezuela, Chile, Bolivia,
No Alineados, en la Primera Conferencia Cumbre de
Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, el anfiBelgrado, celebrada en 1961. En la misma, tuvieron
trión Cuba, más casi todas las islas del Caribe); y un pagran influencia varios líderes africanos y asiáticos, coís europeo, Bielorrusia –calificado por la prensa euromo son los casos del egipcio Gamal Andel Nasser, que
pea como la “última dictadura estalinista”.
representaba a la República Árabe Unida –Egipto y Siria–, Kwane Nkrumah (de Ghana), Shri Nehru (de la
Orígenes y Desarrollo
India), así como del presidente comunista de YugoslaEl Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) se
via, Josip Broz Tito, organizador de la Cumbre de los
gestó en medio de la quiebra del sistema colonial y de
Países no Alineados. Asistieron a la Conferencia 25
la lucha emancipadora de los pueblos de África, Asia y
países. Cuba fue el único país de la región de América
América Latina –conocido como proceso de descoloLatina y el Caribe que participó.
nización. Estábamos en el apogeo de la Guerra Fría,
Los Países que conformaron esa primera cumbre
tras la formación y consolidación del campo socialista
eran
económica y militarmente débiles respecto de las
y la emergencia de dos bloques militares: la OTAN
dos Superpotencias de entonces –EE.UU y la U.R.S.S.
(Organización del Tratado del Atlántico Norte, coLos objetivos se centraron en “el apoyo a la autodeterminamandada por EE.UU.) y el Pacto de Varsovia (liderada
ción, la independencia nacional, la soberanía e integridad territorial de los Estados; la oposición al apartheid;
Los principios de Bandung:
la no adherencia a pactos multilaterales mili1º Respeto de los derechos humanos fundamentales y los objetivos
tares y la independencia de los países no aliy principios de la Carta de las Naciones Unidas.
neados de las influencias y rivalidades de las
2º Respeto de la soberanía e integridad territorial de todas las
grandes potencias o bloques; la lucha contra el
naciones.
imperialismo en todas sus formas y manifesta3º Reconocimiento de la igualdad de todas las razas y la igualdad
ciones; la lucha contra el colonialismo, el neode todas las naciones, grandes y pequeñas.
4º Abstención de intervenir o de interferir en los asuntos internos
colonialismo, el racismo, la ocupación y la
de otro país.
dominación extranjeras; el desarme; la no in5º Respeto del derecho a defenderse de cada nación, individual o
terferencia en los asuntos internos de los Escolectivamente, de conformidad con la Carta de las Naciones
tados y la coexistencia pacifica entre todas las
Unidas.
naciones; el rechazo al uso o amenaza de uso
6º A. Abstención del uso de pactos de defensa colectiva en servicio
de la fuerza en las relaciones internacionales;
de los intereses particulares de cualquiera de las grandes
el fortalecimiento de las Naciones Unidas; la
potencias.
6º B. Abstención de todo país de ejercer presiones sobre otros
democratización de las relaciones internaciopaíses.
nales; el desarrollo socioeconómico y la rees7º Abstenerse de realizar actos o amenazas de agresión, o de
tructuración del sistema económico internacioutilizar la fuerza en contra de la integridad territorial o
nal; así como la cooperación internacional
independencia política de cualquier país.
sobre
bases
de
igualdad
8º Solución pacífica de todos los conflictos internacionales, de
(www.cubanoal.com).
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
Durante el transcurso de la década
9º Promoción de los intereses mutuos y de la cooperación.
10º Respeto de la justicia y de las obligaciones internacionales.
del ’60, ya conseguida la emancipación
Tomado de: www.cubanoal.cu
política de los países de África y Asia,
OCTUBRE DE 2006
América Latina
las Cumbres de los países no alineados testimoniaron
una creciente preocupación por los aspectos económicos, además de los estrictamente políticos. Una muestra
de ello fue el nacimiento, en la Conferencia de Argel de
1973, del concepto de “nuevo orden económico internacional”.
Ya finalizando la década de los ’80, el Movimiento
enfrentó el gran reto que representó el derrumbe del
campo socialista. El fin del enfrentamiento entre los
dos bloques antagónicos que le dieron razón de existencia, nombre y esencia, fue visto por algunos como el
inicio del fin del MNOAL. El hecho de que Yugoslavia
ocupara la presidencia del Movimiento en ese período,
momento en que se produjo también el desmembramiento de ese país, condujo a una disminución significativa de la actividad del MNOAL.
Tras la caída de la U.R.S.S., el MNOAL giró hacia
una redefinición de sus objetivos, denunciando el unilateralismo de Estados Unidos y de las potencias europeas y presentando una defensa del multilateralismo,
así como una crítica de la creciente desigualdad entre
las potencias económicas y los países “subdesarrollados”, y de la desigual relación –derivada de lo anterior–
entre los estados.
La Cumbre de La Habana: condena al
unilateralismo
Tres años habían pasado desde la última cumbre –
realizada en Kuala Lumpur (Malasia), en febrero de
2003. Las temáticas no han cambiado desde esa cumbre a la de La Habana, pero sí el desgaste político, en
materia internacional, de las potencias económicas
mundiales. Así, se observa un creciente desafío político
a éstas por parte de muchos miembros del MNOAL.
En la Declaración Final, se destacaron los siguientes
acuerdos:
En primer lugar, una clara condena al unilateralismo:
“En el plano político, el unipolarismo y las pretensiones de
dominación hegemónica en las relaciones internacionales aten-
tan contra el respeto y aplicación de los principios
del derecho internacional y de la Carta de la ONU.
3. (...) Resulta imprescindible, como nunca antes, que nuestras
naciones se mantengan cohesionadas, firmes y asuman un elevado
activismo para enfrentar con éxito el unilateralismo y las acciones
de cualquier potencia dirigidas a imponer su dominación
hegemónica”.
También, una condena a las políticas económicas
neoliberales aplicadas en los años ’90 y en la actualidad:
“En el plano económico, el subdesarrollo, la pobreza, el hambre y
la marginación derivados del injusto orden económico internacional vigente, se han visto agravados como consecuencia
del impacto de los patrones neoliberales impuestos al proceso de
globalización en curso. La seguridad y bienestar de nuestras naciones enfrentan desafíos sin precedentes, como la permanente falta de cooperación y las medidas coercitivas y unilaterales que imponen algunos países desarrollados. Los países ricos y poderosos
siguen ejerciendo una excesiva influencia en la determinación de
la naturaleza y dirección de las relaciones internacionales, inclui-
15
das las relaciones económicas y comerciales, así como las normas
que rigen dichas relaciones, muchas de las cuales se establecen a
expensas de los países en desarrollo”.
Más adelante, el Documento se plantea “oponerse firmemente a la evaluación y certificación unilateral de la conducta
de los Estados como medio de ejercer presión sobre los Países No
Alineados y otros países en desarrollo”, así como “abstenerse de
reconocer, adoptar o aplicar medidas o leyes coercitivas extraterritoriales o unilaterales, incluidas las sanciones económicas unilaterales, otras medidas intimidatorias y restricciones arbitrarias a
los viajes, que tengan por objeto ejercer presión sobre los Países
No Alineados –amenazando su soberanía e independencia y su
libertad de comercio e inversión– e impedirles que ejerzan su derecho a decidir, por su propia voluntad, sus propios sistemas políticos, económicos y sociales, en los casos en que éstas constituyan
violaciones manifiestas de la Carta de las Naciones Unidas, el
derecho internacional, el sistema de comercio multilateral así como
de las normas y principios que rigen las relaciones amistosas entre
los Estados; y, en este sentido, combatir y condenar esas medidas
o leyes y su continua aplicación, perseverar en los esfuerzos por revocarlas de manera eficaz e instar a otros Estados a que actúen
del mismo modo, tal como han pedido la Asamblea General y
otros órganos de las Naciones Unidas; y solicitar a los Estados
que aplican esas medidas o leyes que las revoquen de forma total
e inmediata (Documento Final del XIV Cumbre).
Sobre la democracia, quedaron de manifiesto las diferentes formas para llevarla adelante y la libre voluntad
de los pueblos de ejercerla según sus propias convicciones: “Esto es un desafío a la visión de un único modelo de
democracia impulsada por EE.UU.: los Jefes de Estado o de
Gobierno reiteraron que la democracia es un valor universal basado en la voluntad del pueblo, libremente expresada, de determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en
su plena participación en todos los aspectos de su vida. Reafirmaron que, si bien todas las democracias tienen características comunes, no hay un modelo único de democracia, y que ésta no es
patrimonio de país o región alguna; reafirmaron además la necesidad de respetar debidamente la soberanía y el derecho a la libre
determinación. Expresaron su convicción de que la cooperación
internacional para promover la democracia partiendo del respeto
de los principios refrendados en la Carta de las Naciones Unidas, así como de los principios de transparencia, imparcialidad,
no selectividad y participación, puede contribuir a alcanzar el objetivo de consolidar la democracia a nivel nacional e internacional
(Punto 120 del Documento Final de la XIV Cumbre).
Por otro lado, la Cumbre volvió a pedir la democratización de los diferentes órganos de decisión en materia de política internacional: “La democratización del orden
económico, comercial, financiero internacional actual; la reforma y
la democratización de las Naciones Unidas, incluido el Consejo
de Seguridad; el desarrollo económico y social de los países del
Sur en el contexto de la cooperación internacional; la promoción y
el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur; la promoción y protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho de los
pueblos a la paz y al desarrollo”.
Hubo, además, un expreso “apoyo a la causa de Palestina y a la búsqueda de soluciones justas y duraderas en el proceso
de paz en el Medio Oriente”. El mandatario libanés, Emile
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16
Coyuntura política
Lahoud, por su parte, se quejó de que Israel busque
someter a su país con una “arrogancia que a veces es apoyada por la imparcialidad de Estados Unidos y de algunas potencias occidentales”.
También se exhortó al fin del embargo económico
de EE.UU. hacia Cuba: “Los Jefes de Estado o de Gobierno
exhortaron nuevamente al Gobierno de los Estados Unidos de
América a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero
contra Cuba que, además de ser unilateral y contrario a la Carta
de las Naciones Unidas y al derecho internacional, así como al
principio de buena vecindad, causa grandes pérdidas materiales y
daños económicos al pueblo de Cuba (Punto 185 del Documento Final de la XIV).
Por su parte, el canciller cubano Pérez Roque ha
afirmado que todos los documentos han sido aprobados por consenso entre los cancilleres, lo cual demuestra que la cumbre fue “un éxito” y marca “un antes y un
después” del Movimiento, lo cual permitirá “relanzarlo”
para que tenga mayor protagonismo y que su voz se escuche en el escenario internacional como bloque. (El
País –Int- 17/9).
Asimismo, Pérez Roque afirmó que “nadie en el Movimiento de Países No Alineados cree que Estados Unidos es responsable de todos los problemas, pero muchos sí creen que es de
algunos” (El País –Int.- 17/9).
Para la realización de los propósitos anteriores, el
MNOAL acordó que la actuación del Movimiento estará guiada por los siguientes Principios:
• El respeto a los principios consagrados en la Carta de la
ONU y en otros importantes instrumentos del derecho internacional.
• El respeto a la soberanía de los pueblos, la igualdad soberana
y la integridad territorial de todos los Estados.
• El reconocimiento de la igualdad de todas las razas, religiones,
culturas, y de todas las naciones, grandes y pequeñas.
• El respeto y promoción de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todos, incluida la realización efectiva
del derecho de los pueblos a la paz y al desarrollo.
• El respeto a la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, que entraña el derecho inalienable
de cada Estado a determinar libremente su sistema político,
social, económico y cultural, sin injerencia de ninguna forma
por parte de ningún otro Estado.
• La no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro país. Ningún Estado o grupo de Estados tienen derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea
cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de ningún otro.
• La abstención de todo país a ejercer presiones o
coerción sobre otros países, incluida la aplicación y/o
fomento de cualquier medida unilateral de carácter coercitivo
contraria al derecho internacional o en cualquier otra forma
incompatible con éste, con el propósito de coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos
soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden.
• El rechazo y combate a la organización, instigamiento,
apoyo, fomento, financiamiento o participación en actos de
terrorismo, en cualquiera de sus formas o manifestaciones, y
a las actividades encaminadas a la comisión de dichos actos.
• La promoción y defensa del multilateralismo y las organizaciones multilaterales como los marcos idóneos para resolver,
mediante el diálogo y la cooperación, los problemas que aquejan a la humanidad.
Bolivia: renuncia y paro en el proceso de
rearme del Estado
En los últimos dos meses, el movimiento de fuerzas en
pugna en el país andino tomó un carácter más complejo, el cual intentaremos evaluar a la luz de los acontecimientos. En lo que hace al proceso nacionalizador de
los recursos energéticos, la renuncia del ministro de
Hidrocarburos prueba los límites de dicho proceso. Éstos también se manifiestan en la instancia de reglamentación de la Asamblea Constituyente, aún en curso. Finalmente, observamos de qué modo las fuerzas
conservadoras del Oriente, junto con algunos focos de
protesta social, se oponen a un gobierno que intenta
convertirse en “originario”.
Doble renuncia con el empuje de una
multinacional
El decreto de nacionalización de hidrocarburos firmado el 1° de mayo se encuentra en su primera etapa. Es
decir, se están realizando las auditorías. Éstas tienen la
finalidad de establecer las inversiones realizadas y verificar las reservas. Recién al recavar estos datos en su totalidad se podrán suscribir los nuevos contratos. Pero,
por ejemplo, en las auditorías a las empresas Chaco (13
campos de extracción) y Andina –subsidiaria de Repsol– (11 campos) aún no se adjudicaron auditores. Tomando como mapa esta situación, la derecha “corre
por izquierda” a Morales, acusándolo de no cumplir
con lo pactado: 180 días para rectificar a favor del Estado boliviano la obtención de regalías del 50% más 1.
En los megapozos San Antonio y San Alberto (Petrobrás) y Margarita (Repsol), las regalías ascenderían al
82%, dado que el beneficio obtenido hasta ahora fue
gracias a la exploración previa que realizó YPFB. Recordemos que es la tercera nacionalización que emprende Bolivia en su historia como República. Hoy
busca, fundamentalmente, recuperar la propiedad del
gas y del petróleo para el Estado, industrializarlo para
desarrollar Bolivia y reflotar Yacimientos Petrolíferos
de Bolivia (YPFB), sin excluir el capital privado como
socio en un nuevo marco impositivo.
Con claras intenciones de apresurar este proceso, Soliz Rada, ministro de Hidrocarburos, emitió una resolución que rompía el monopolio que Petrobrás tiene sobre la producción hidrocarburífera. Puntualmente, se
confiscaban sin indemnizar –ya que había triplicado en
ganancia su inversión inicial de 105 millones de dólares– dos refinerías, avanzando sobre su actual esquema
de explotación y comercialización de hidrocarburos. La
disposición obligaba a la petrolera a depositar los beneficios obtenidos por la venta de hidrocarburos en una
OCTUBRE DE 2006
América Latina
cuenta de YPFB. Además, ordenaba la realización de
un estudio de cálculo de los “beneficios extraordinarios” por concepto de comercialización de petróleo y
gas licuado obtenidos en las refinerías entre mayo de
2005 y septiembre de 2006. Inmediatamente, llegó la
protesta, en la voz del presidente brasileño Lula, ya que
a pocos días de las elecciones presidenciales en Brasil la
oposición lo calificó de débil frente al proceso boliviano: “Si Bolivia insiste en adoptar actitudes unilaterales, Brasil
va a tener que pensar en hacer una cosa más dura” (LTC
16/9). Con Morales en la Cumbre de los no Alineados,
el Presidente en ejercicio, García Linera “congeló” la
medida. Seguido a esto, y alegando razones personales,
renunció el ministro Soliz Rada y todo el equipo que
sostenía la nacionalización.
Este Ministerio ya había recibido una embestida 20
días antes de los acontecimientos relatados. En esa
oportunidad, la oposición en el Senado (14 de los 27)
censuró a Soliz Rada, acusándolo de un acto de corrupción en YPFB, bajo la responsabilidad de su presidente, Jorge Alvarado, quién renunció. La Superintendencia de Hidrocarburos investiga un contrato de venta
de gas por diésel a una firma brasileña, que habría sido
pactada a precio bajo y puenteando a YPFB, única con
permiso para desarrollar estas operaciones. Rada, quien
en esa oportunidad fue ratificado en su cargo por el
primer mandatario, no perdió oportunidad de acusar a
Petrobrás de alentar a los senadores. El mismo Morales
tampoco; denunció que “el proceso nacionalizador es blanco
de una conspiración de los partidos opositores, que cuenta con la
ayuda de abogados vinculados a las transnacionales petroleras”
(LTC 25/8). Al cierre de esta edición, los primeros informes del Ministerio de Hidrocarburos y la Contraloría hablan de que no hubo daño al Estado y, en consecuencia, no hubo actos de corrupción.
Paralelo a este enfrentamiento con Petrobrás, horas
después de la censura a Rada, se produjo un allanamiento a las oficinas de Andina Santa Cruz, deteniendo
al auditor de la empresa, acusado de “estafa agravada”
en un supuesto acuerdo para ajustar el precio del gas
vendido a Brasil. Según el gobierno, significó la pérdida
de 160 millones de dólares para el Estado.
En este clima, al nuevo ministro de Hidrocarburos,
Villegas, le espera entonces negociar el control de las
refinerías y la cadena productiva, renegociar contratos,
el precio de venta de gas hacia Brasil, el incentivo a las
inversiones en el área, evitar la tendencia al desabastecimiento en las ciudades del país, poner en pleno funcionamiento YPFB y negociar la recuperación de acciones (en fondos privados de jubilación).
Ante este maremagnum, el vicepresidente Álvaro García Linera convocó a los indígenas a “batallar, amar y matar por defensa de la patria y los recursos naturales”. Los siguientes pasos serán conquistar “el poder económico, el
cultural, y la totalidad del poder político”. Morales avaló estos dichos, sumando el “armarse de radios, de canales de televisión para difundir el cambio y contrarrestar la desinformación” (LTC 25/9).
17
¿Originaria o derivada?
Luego de que la Asamblea Constituyente logró aprobar
en primera instancia el proyecto que reglamenta su
funcionamiento, el retiro de la oposición del recinto en
un confuso episodio produjo la caída a un pozo de
orquesta del jefe de bancada del MAS, Román Loayza,
quién quedó hospitalizado en coma con traumatismo
de cráneo. El hecho expresa la conflictividad con que
se venían desarrollando las discusiones en comisión y
plenario. El punto más sensible de la discusión es la
propuesta votada por el MAS de que los puntos a
discutir se resuelvan por mayoría absoluta –que este
partido detenta, con 128 parlamentarios–, mientras que
la oposición quiere que sea por la aprobación de los
dos tercios de la Asamblea, que cuenta en su totalidad
con 257 miembros.
El otro punto nodal es la intención del MAS de convertir esta Asamblea en “originaria”. Se llama de esta
manera a la primera Asamblea Popular que crea un Estado. En Bolivia, éste fue el caso de la Asamblea Constituyente de 1825. Las posteriores 18 reformas fueron a
la primera Constitución, por lo que se trató de asambleas “derivadas”, que operaron por debajo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El MAS busca la
“refundación”, ya que aspira con la nueva Carta Magna
a una revolución de las estructuras. La oposición ve en
este suprapoder originario, por encima de los poderes,
una suerte de “autogolpe”. Jorge Quiroga, del principal
partido de oposición, Poder Democrático y Social (Podemos), manifestó que “el gobierno busca una suerte de golpe
de Estado para hacer daño a las instituciones” y manifestó su
preocupación de que el gobierno actúe bajo decretos
constitucionales, mientras dure el proceso: “Esto es profundamente antidemocrático” (C 30/8). A estas acusaciones
ya se había adelantado David Choquehuanca, ministro
de Relaciones Exteriores, asegurando que “nuestros constituyentes son los más democráticos, venimos de la cultura del diálogo, venimos de la cultura de los consensos; es más, nosotros no
queremos tomar decisiones mediante la votación, queremos que la
votación se tome en función de los intereses de la comunidad, que
las decisiones se tomen en función de los intereses de la Nación”,
(LTC 25/8).
Finalmente, la Asamblea Constituyente aprobó –por
unanimidad y aclamación– un reglamento provisional,
18 artículos que sólo servirán para ordenar el debate,
pues no resuelve el problema sobre el sistema de votación. El presidente del Senado, Santos Ramires, aseguró que la oposición encabezada por Podemos pretende
deslegitimar, desacreditar a la Asamblea. Consideró que
aprobar los artículos por dos tercios es un mensaje peligroso ya que significa que no se hará nada por cambiar la Constitución política del Estado. Planteó que “en
el momento en que se trabaje por sub-comisiones, comisiones, y se
redacte la nueva Constitución [los artículos] no van a ser
aprobadas por dos tercios. Hay una salida: votamos por primera,
por segunda, tercera y si no hay dos tercios recurrimos al
Soberano que es el pueblo boliviano para que tome una decisión
sobre uno u otro tema” (LTC 15/9).
OCTUBRE DE 2006
18
Coyuntura política
Los intereses de los cívicos
Los cívicos –prefectos, alcaldes, parlamentarios, asambleístas, organizaciones empresarias de Santa Cruz,
Pando, Beni, Tarija (la “media luna”)1– junto con “invitados” de Cochabamba, Chuquisaca y La Paz, hicieron
efectivo un paro por 24 horas al gobierno. En todos estos departamentos sus prefectos (gobernadores) son de
oposición y coyunturalmente llaman a “combatir la imposición del Movimiento al Socialismo” de declarar originaria y
fundacional a la Asamblea Constituyente y al mecanismo de aprobación por mayoría absoluta (LTC 6/9).
Por su parte, el prefecto Cruceño, Rúben Costas, exigió
al gobierno respetar el acuerdo previo de la convocatoria: “El no reconocer lo pactado puede desencadenar una división
entre los bolivianos”. Por su parte, el prefecto de Tarija,
Mario Costas, dijo que “se deben respetar las leyes para que
la nueva constitución sea de todos los bolivianos” (LTC 15/9).
Esta alianza entre los comités cívicos del país –que reclaman “la no ruptura del proceso democratico y constiutcional”,
entendiendo que esto no será posible sin “las autonomías
como principio de unidad nacional, y su valor democrático en sí
mismo”– recibió la crítica del Comité Cívico Potosinista,
que caracteriza a la “media luna” como “depositaria de los
reclamos de la derecha clasista que encabeza la oligarquía cruceña” (LTC 16/9).
En tanto, la Central Obrera Boliviana (COB) llamó a
no cumplir el paro convocado, ya que ningún representante indígena ni campesino participa de las resoluciones de los comités. “Éste es un paro político, no es cívico, y
más bien responde a la agrupación política Podemos” (LTC
7/9). También coincidieron la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), el Consejo Nacional de Productores de Coca de los Yungas y la Coordinadora de lo
Pueblos Étnicos en no participar del paro: “Nosotros no
estamos ni vamos a estar en esta decisión, nuestras necesidades
son distintas a las de ellos” (LTC 5/9).
Veremos en próximas entregas cómo sigue este proceso de unidad, alianzas y rupturas en el mosaico andino.
El sistema político mexicano en Crisis
Luego de que el Tribunal mexicano declarase ganador
al candidato del Partido de Acción Nacional (PAN),
Felipe Calderón Hinojosa, siendo esta medida inapelable, en términos jurídicos, Andrés Manuel López
Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), convocó a una Convención Nacional
para el día 16 de Septiembre.
En esta Convención, que reunió a centenares de miles de personas, los seguidores del PRD volvieron a ratificar lo que se había empezado a construir una vez finalizadas las elecciones presidenciales del 2 de julio:
desconocer al presidente electo Calderón Hinojosa por
fraude, nombrar como “Presidente paralelo” a López
Obrador e iniciar una campaña de desestabilización y
denuncia en todo el país. De esta manera, el nuevo presidente electo tendrá que gobernar no sólo con un escaso 36% de los votos emitidos, sino con un Congreso
dividido prácticamente en tres parte iguales (PAN,
PRD y PRI –Partido Revolucionario Institucional–) y
la resistencia de los seguidores del PRD.
Ejemplo de ello son varias declaraciones de diputados y gobernadores del partido de López Obrador: El
alcalde del Distrito Federal, Alejandro Encinas (PRD),
afirmó: “No tengo que reconocerlo” a Calderón, agregando
que “es el signo emblemático del agotamiento político del país”
(C 7/9). Por su parte, el diputado Juan Guerra, destacó
que “no reconocemos ni reconoceremos a Felipe Calderón como
presidente” y sólo accedería a un diálogo “si Calderón renuncia a la presidencia de la República o el país cambia. No
descansaremos hasta lograrlo” (C 7/9). En tanto, Porfirio
Muñoz Ledo, ex embajador ante la Unión Europea,
sentenció: “No se reconocerá a Calderón como presidente y se
impedirá su asunción. Hay que rechazar el fraude y construir un
nuevo orden jurídico” (C 17/9).
De ahora en más, López Obrador se manejará entre
varias opciones de acción que se irán definiendo con el
correr de los días.
Sea como sea, lo cierto es que el sistema político
mexicano –que había sido controlado por el poderoso
PRI durante más de 70 años– entra en una etapa de
transición y tendrá que ser modificado para que no siga
deteriorándose. El avance de las acciones y las medidas
adoptadas es inédito para el sistema político representativo de este país. Sin duda, las acciones del PRD, si se
profundizan, tendrán impacto no sólo en el interior de
México sino en el resto de los países de la región, algo
que los diferentes medios ya empezaron a señalar (véase el Análisis de Coyuntura anterior).
Se denomina así a la región que bordea Bolivia de norte a
sur hacia el Oriente. El departamento más grande que abarca
es el de Santa Curz, que produce el 31% del PBI boliviano y
el 50% de la producción rural. Su potencial se acacaba de incrementar con el descubrimiento de hierro y manganeso en
el Mutún, un yacimiento de altos recursos. Por otro lado, está el departamento de Tarija, con suelo gasífero que le permite tener un PBI por habitante de 1.700 dólares al año, el doble de la media nacional.
1
OCTUBRE DE 2006
19
Argentina
El mes de septiembre tuvo, como temas trascendentes
de su coyuntura, por un lado, la profundización de la
disputa por el control, producción y distribución de los
principales recursos energéticos del país, en el contexto
de un “cuello de botella” generado por el crecimiento
sostenido del consumo de energía y la falta de
inversiones de largo plazo en el sector. Por otro lado, la
desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en los
juicios contra el personal de fuerzas de seguridad
actuante durante el periodo 1976-1983, nos lleva a
describir y analizar la lucha por el control del aparato
represivo del estado en el marco de los juicios
mencionados, las reformas en las fuerzas de seguridad, y
una intensa disputa ideológica sobre la función a
cumplir por las fuerzas de seguridad en nuestra
sociedad.
Pelea por las ganancias
El problema argentino para los centros
financieros internacionales
El mes pasado se llevaron a cabo dos eventos centrales
a nivel mundial: la Asamblea General de la ONU
reunida en Nueva York y la Asamblea anual del Fondo
Monetario Internacional convocada en Singapur. Los
centros financieros internacionales y los principales
grupos económicos del mundo aprovecharon el
establecimiento de semejantes tribunas para dictaminar,
como es su costumbre, los lineamientos generales y
particulares de las políticas económicas que el deber ser
del capital manda. Hacia la Argentina, las exigencias y
las críticas a las políticas oficiales se lanzaron como un
torrente.
Desde el Banco Mundial, en su reporte anual, la
Corporación Financiera Internacional criticó las condiciones que el gobierno argentino brinda a las inversiones. En el ranking que la CFI elabora según el denominado clima de negocios, la Argentina bajó ocho lugares en
relación con el año pasado, llegando al 101° (para ilustrar la escala de valoración del organismo, Chile se destaca como el país latinoamericano mejor ubicado, anotándose en el puesto 28°). Simeon Djankov, uno de los
autores del informe, explicó que “el problema argentino es
que no está produciendo las suficientes reformas al ritmo que lo
están haciendo otros países” (C 6/9). Como “botón de
muestra” de las necesarias reformas que deberían aplicarse, el CFI sólo valora positivamente que la Argentina haya reducido las indemnizaciones por despido.
En el marco de la Asamblea anual del FMI, el titular
del organismo, Rodrigo Rato, declaró sobre la Argentina que “(las) medidas administrativas para reducir la inflación
van a introducir distorsiones y no van a ser muy eficientes (...) en
nuestra opinión, la tendencia de la política macroeconómica es
demasiado laxa y está dando margen a fuertes presiones sobre los
precios, algo que podríamos describir como sobrecalentamiento” (C 16/9).
El mismo día, el director del Instituto Internacional
de Finanzas –organismo que nuclea a los bancos de capital más concentrado del mundo–, Charles Dallara, se
posicionó en el mismo sentido: “pensamos que no resulta
muy eficiente manejar la inflación mediante un control de precios
selectivo” (C 16/9).
Las direcciones de los principales grupos financieros
manifestaron la misma crítica. “Desde mediados de 2005,
la política económica en la Argentina se ha alejado de un marco
pro mercado y ahora se caracteriza por regulaciones industriales
intervencionistas, controles de precios al consumidor de facto, controles e impuestos más altos a las exportaciones y otras medidas
populistas que apuntan, principalmente, a suprimir la inflación
minorista”, dijeron en el equipo del Bear Stearns para
América Latina. Por esto, recomendaron a sus clientes
reducir sus inversiones en la Argentina.
Una de las cabezas del fondo Kapax Investment Advisors, Darío Predajo, explicó que en 2007 habrá un
“mayor empuje inflacionario” en el país, resultado de “un
gran empuje para el gasto” por ser un “año electoral”, sumado a un alto crecimiento económico –erróneamente
“subestimando” por el gobierno argentino–.
Para el director ejecutivo de los analistas de mercados emergentes del Citigroup, Donald Hanna, otro
elemento de presión inflacionaria será “el empeoramiento
del balance fiscal en 2007 debido al fallo de la Corte Suprema
que ordena el aumento de las jubilaciones y pensiones” (LN
18/9).
En la misma Asamblea del Fondo, la ministra de
Economía, Felisa Miceli, encabezó la oposición del G24 (grupo que nuclea a los países dependientes como
India, Egipto, México, Brasil, etc.) a una reforma propuesta por la conducción del FMI sobre el cambio en
el peso relativo del voto de las naciones “en desarrollo”
dentro del organismo. Tal vez por esto, se canceló súbitamente la reunión acordada entre Rato y Miceli. Es-
OCTUBRE DE 2006
20
Pelea por las ganancias
tos hechos ilustran el grado de degradación de la relación entre la Argentina y el FMI.
En síntesis, hemos podido observar cómo las organizaciones del capital financiero (sean éstas organismos
multilaterales de crédito, grupos económicos o empresas) han condenado todo mecanismo de regulación del
mercado como el control de precios y del movimiento
del capital, la aplicación de impuestos a las exportaciones y el aumento del gasto público, entre otros ítems de
la política económica oficial, llamando a no invertir
en el territorio nacional, ejerciendo de este modo una
formidable presión sobre el gobierno argentino. En este mismo sentido juegan las caracterizaciones interesadas que anuncian explosiones inflacionarias inminentes
(apenas contenidas de manera coyuntural) y un sobrecalentamiento económico preludio de la recesión.
La crisis energética como territorio de lucha
La situación crítica en materia energética
1. La Argentina atraviesa una situación de crisis en
materia de recursos energéticos. Es un dato que la
matriz energética del país se basa casi exclusivamente
en los hidrocarburos (no renovables): el gas y el
petróleo representan el 87% de la fuente de
abastecimiento que se consume anualmente,
principalmente para la producción industrial y agrícola
(51% el gas, 36% el petróleo). La hidroelectricidad
aporta sólo el 6%, la actividad nuclear 4% y las energías
alternativas apenas el 3%.
Pero el imperio del gas y del petróleo tiene los días
contados. Estimaciones de la Secretaría de Energía (del
año 2005) señalan que, al nivel existente de inversión
en exploración y extracción, las reservas de estos
hidrocarburos se agotarían en 9 años promedio
(Industrializar Argentina, septiembre 2005, p. 34 y 35).
Cabe agregar que a mediados de los 90 el horizonte de
reservas de petróleo se calculaba en no menos de 20
años; en el caso del gas, a fines de la década del 80, el
horizonte de reservas equivalía a 38 años de producción.
La falta de inversiones de riesgo en la apertura de
nuevos pozos exploratorios y el descuido en el proceso
de producción que, por un lado derrocha parte de los
recursos y por el otro agota las reservas de una manera
escalofriante, explica que la producción de petróleo
crudo se encuentre en una situación de constante descenso. La producción de 49 millones de metros cúbicos
en 1998, se redujo a 38 millones en 2005. Este año la
caída había sido del 5% en relación con el 2004; mientras en el primer semestre de 2006 hubo una nueva baja
del 3% respecto del mismo período de 2005.
Por lo tanto, la cautela o el directo rechazo a invertir
ampliamente en el país por parte de los capitales financieros más concentrados a escala mundial condujeron a
la economía argentina a un callejón sin salida que se
expresa en la estratégica rama energética. La Argentina
en tanto país dependiente requiere para financiar la eco-
nomía según los parámetros del régimen capitalista de
producción de dichos capitales.
2. Sumemos a estos datos el crecimiento sostenido
de la producción interna, principal consumidora de
dichos recursos.
El mes pasado el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (Indec) difundió los índices de crecimiento de
la economía argentina. Si para el mes de julio el alza fue
del 9,1% en relación al mismo mes de 2005, el ascenso
acumulado en los primeros siete meses del año llegó al
8,5%, muy por encima de las estimaciones generales.
Con esto se suman 50 meses de crecimiento consecutivo.
Este aumento de la producción y de la productividad
se basó en el mayor consumo de la capacidad instalada
o en la implementación de nuevos equipos y maquinaria (sobreexplotando en ambos casos a la fuerza de
trabajo). La consecuencia directa ha sido el incremento
constante del consumo de energía por parte de industrias y empresas de servicios. Según el Informe de la
Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, por
ejemplo, en el mes de agosto la demanda de energía
eléctrica por parte de las industrias aumentó un 11,8%
en comparación con el mismo mes del año anterior.
Pensemos además que una parte sustanciosa de la energía eléctrica consume hidrocarburos en su proceso productivo.
En relación con esto, un hito en la “historia de la crisis energética” se registró el día 31 de julio cuando la
demanda de electricidad alcanzó los 17.395 MW llegando casi al límite de la oferta disponible que se ubica
en 18.000 MW. Poco faltó para caer en una situación
de default energético.
3. Otro dato a tener en cuenta en el análisis tiene que
ver con el crecimiento de la exportación en el caso
del gas (no así en el petróleo) luego de la devaluación
del peso. El pico de las ventas al exterior se registró en
2004 cuando éstas representaron poco más del 14% de
la producción nacional (Industrializar Argentina,
septiembre 2005, p. 36).
4. El resultado de la combinación de estos ítems –caída
de la producción y del horizonte de reservas por
insuficiencia relativa de inversiones 5, aumento del
consumo energético interno, aumento de la
exportación de gas– no es otro que el agotamiento de
la actual matriz energética nacional.
Enemigos y aliados del gobierno (y propios funcionarios del mismo) vienen advirtiendo sobre un inminente cuello de botella en materia de recursos energéticos
disponibles que convertiría en pocos años a la Argentina en importadora neta de hidrocarburos; operación
que “fagocitaría” el celebrado superávit fiscal.
No es un dato menor que, tras reiteradas impugnaciones respecto de la existencia de una crisis energética en
Insuficiencia relativa respecto de las necesidades de la creciente y caótica producción capitalista nacional y mundial.
5
OCTUBRE DE 2006
Argentina
ciernes por parte del Gobierno nacional, a mediados de
septiembre el ministro de Planificación Federal, Julio
De Vido, se haya visto obligado a anunciar públicamente que “vamos a propugnar con las provincias y las organizaciones no gubernamentales el uso racional de la energía para
asegurar el suministro a todos los sectores” (C 14/9).
Por otro lado, se profundizó en septiembre la reducción de la distribución y venta de gasoil., que se venía
registrando meses atrás, lo que en algunos casos condujo a un aumento tarifario de hecho.
Veamos ahora, las posiciones que han tomado las diversas expresiones del capital frente a la puja por los
recursos energéticos.
De presiones y necesidades (o la generación
de “condiciones más favorables” para el
capital)
A principio de mes, el Departamento del Tesoro
norteamericano se opuso en el BM y en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) a la aprobación de
créditos para la Argentina, que serían utilizados en
mejoras infraestructurales.
La condición para la ejecución del préstamo, según el
subsecretario del Tesoro para el Desarrollo Financiero
Internacional y Deuda, Kenneth Peel, implicaría “que el
Gobierno implemente los incrementos prometidos para 2006 en
los precios de la electricidad y el gas natural. El mecanismo del
precio debería jugar un rol esencial al darles fuertes incentivos a
las empresas y los consumidores residenciales para utilizar la
energía más eficientemente” (LN 8/9).
A nivel nacional, en el contexto del Precoloquio organizado en la ciudad de Mendoza por el Instituto para
el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), se
tensó el frente interno de los empresarios. Francisco de
Narváez, actual diputado por el justicialismo lavagnista,
afirmó que “no hay ninguna duda de que la Argentina, luego
de cinco años de no invertir en su matriz energética, va camino a
una crisis, digo más, la crisis energética ya existe, hay cortes de
luz y de gas, y si uno quiere comprar gasoil lo suministran en
forma racionada”. Allí mismo, Narváez acusó: “el miedo al
Gobierno se apoderó de la dirigencia empresarial”.
Acto seguido, Enrique Pescarmona, presidente del
Precoloquio y de la metalúrgica Impsa, contradijo doblemente a Narváez: “Nosotros tenemos 4000 empresarios en
este precoloquio. No es poco y es síntoma de que no hay miedo
(...) yo soy optimista porque todos estos problemas que genera el
alto crecimiento los vamos a ir resolviendo (y) no va a haber cortes
energéticos”. (LN 15/9). De todas maneras, el titular de
IDEA, ponía el foco de atención en la necesidad de
alentar inversiones para garantizar el suministro. “Le
creo a De Vido, pero es cierto que el año que viene vamos a seguir creciendo y hacen falta más inversiones para aumentar la
matriz energética argentina” (C 15/9).
En su editorial del agitado día 15, Clarín sintetizaba
que “la batería de iniciativas (por parte del Gobierno) tiene que
acompañarse con mayores inversiones públicas y privadas en todas las etapas de la generación y distribución de energía, para evi-
21
tar que el crecimiento de la demanda que se espera para el verano
se convierta en un cuello de botella para la economía o en una
presión inflacionaria”(C 15/9).
La presión creció con la extensión del parcial desabastecimiento. La profundización del fenómeno se
expresó dado el crecimiento del número de estaciones
de servicio sin disponer de gasoil y al dejar de ser un
problema exclusivo del “interior”, llegando el desabastecimiento a las bocas de expendio de la Ciudad de
Buenos Aires.
Ante esto el ministro de Planificación Federal, Julio
De Vido, respondió diciendo que el faltante de recursos “obedece a una especulación que nosotros vamos a cortar.
Vamos a obligar a las empresas a hacer las inversiones en destilación necesarias. (Las empresas) deben entender que si ganan
2.000 millones de dólares tienen que abastecer el mercado interno” (LN 14/9). Unos días antes, De Vido había advertido a las compañías: “las petroleras deben entender que si necesitan más gasoil en el mercado deberán incrementar sus
inversiones porque están ganando mucho” (C 6/9).
Acompañando las palabras del ministro, por esa fecha, el Gobierno anunciaba el lanzamiento de medidas,
aplicables a partir del 1° de noviembre, con el objetivo
de evitar un pico de crisis en el verano 2006/2007. Entre dichas disposiciones tal vez la más significativa sea
la que impone a los denominados “grandes usuarios”,
es decir a las grandes industrias y empresas, que sólo
puedan comprar en el mercado el equivalente a lo consumido en 2005; teniendo que autoabastecerse la demanda adicional que requieran para operar. Ese autoabastecimiento supone la instalación de equipos de
generación propios o el contrato de nuevos generadores que estarían en proceso de instalación.
En el discurso del Gobierno, en tanto, se daba prioridad a las pymes y las casas de familia, quedando a resguardo de posibles cortes en el suministro de energía.
La Unión Industrial Argentina (UIA) salió a apoyar
la propuesta oficial de autogeneración y distribución
energética. En palabras del vicepresidente de la entidad,
José Ignacio De Mendiguren: “se está realizando un relevamiento detallado de cuál es la capacidad de generación que tienen las industrias, pero estimamos que equivale al 10% del total
de la demanda de las industrias en las hora pico” (C 13/9).
Con esta capacidad se estimaba que, además del abastecimiento de sus empresas, se podrá aportar energía al
sistema nacional cuando las fábricas no la requieran.
El alineamiento de la UIA con el gobierno tomó un
cariz más general en las palabras de su titular, Héctor
Méndez: “La Argentina tuvo un largo período de oscurantismo
industrial que empezó en los 70 con Martínez de Hoz. Se consideraba que la industria era ineficiente, incapaz. Todo eso hizo
que los empresarios lucharan sólo para poder sobrevivir a las altas tasas, a la volatilidad, a la apertura indiscriminada”. Tras
la propaganda autoreferencial (con mucho de parcialidad, cuando no de engaño) el dirigente industrial volvió
a remarcar el alineamiento con el Gobierno: “para mí no
hay crisis (energética); no hay empresas paradas. El Gobierno
OCTUBRE DE 2006
22
Pelea por las ganancias
reaccionó inmediatamente. Acompañamos a De Vido con todo lo
que la industria pueda hacer”.
Sin embargo, aunque aceptando la imposición de un
grado mayor en sus costos de producción, el reclamo
de la UIA se basó en la inclusión de aumentos tarifarios para todos los consumidores, y no sólo para los
grandes capitales: “el sacrificio tiene que ser para todos: industria, comercio y ciudadanos” (LN 23/9).
Ante la situación así planteada, a mediados de mes,
los diputados kirchneristas aprobaban la desgravación
impositiva a las tareas de exploración petrolífera. Los
beneficios aplicados a las compañías petroleras incluyen IVA, Ganancias y exenciones en el pago de los derechos de importación.
Ante el voto unánime en Diputados de la bancada
oficialista, el diputado opositor Claudio Lozano, hombre de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)
afirmó que el proyecto “bonifica a los responsables del saqueo” y que de las 19 empresas 17 son extranjeras con
ganancias que cuadruplican las de las 200 empresas nacionales más grandes.
Afuera del Congreso, ATE y CTA encabezaban un
acto bajo la consigna “No al proyecto de ley de subsidio a las
multinacionales petroleras. Por la nacionalización del petróleo”
(C14/9).
En relación con esto, en la gira oficial realizada a
Nueva York –en el marco de la Asamblea General de la
ONU– el presidente Néstor Kirchner no desaprovechó
la invitación que recibió para participar de una cena organizada por el Consejo de las Américas. El Consejo
reúne a las empresas y bancos más importantes de
EE.UU. que tienen inversiones en el continente. Allí,
Kichner dijo: “las puertas de la Argentina están abiertas a las
inversiones extranjeras. No hay ni habrá control a los capitales,
sólo a los capitales especulativos” (C 22/9).
La perentoria necesidad de capitales fuertemente
concentrados que sostengan la producción y distribución de la energía hoy, en un contexto de relaciones de
fuerza a nivel nacional en donde la nacionalización de
los recursos o la exigencia de mayores gravaciones impositivas a los capitales que exploten los mismos, sólo
aparece como reclamo de una minoría dentro de la
movimiento obrero y el campo popular en general,
conducen a que el cuello de botella en vistas presione a
favor de las demandas del capital financiero.
La disputa por los precios y el mercado
Mientras el Tesoro Norteamericano de manera frontal
y la UIA sutilmente llamaban a aplicar subas en las
tarifas de los productos energéticos “para todos los
ciudadanos”, la empresa Shell, que en el país no
controla las fases de exploración y extracción de
petróleo (los pozos), sino la refinación y venta de
combustibles, anunciaba el lanzamiento de una nueva
versión de gasoil un 10% más caro que el resto de los
productos. El titular de la petrolera, Juan José
Aranguren, justificaba la medida declarando que “en lo
que hace a combustibles, el país está en un brete, con una
importante distorsión de precios. Con este lanzamiento
ofreceremos un gasoil de mayor calidad, pero también apuntamos
a recomponer nuestros márgenes de rentabilidad, así como los de
las estaciones de servicio” (C 22/9).
Inmediatamente el resto de las petroleras en la Argentina, salieron a afirmar que mantendrían inalterado
el esquema de precios. Una vez más, el aislamiento de
Shell –recordemos el llamado al boicot del presidente
Kirchner frente al aumento de tarifas y su posterior
“vuelta atrás” en marzo de 2005– permitió que el Gobierno vetara la venta del nuevo y encarecido gasoil.
Primero, el secretario de Comercio Interior, Guillermo
Moreno, intimó públicamente a la compañía a retirar el
producto; acto seguido, por medio de una resolución
(n° 1334) de la Secretaría de Energía retroactiva al 1°
de septiembre, se dictaminó que todos los combustibles nuevos deben ser aprobados por la Subsecretaría
de Combustibles.
Con esto, Shell sacaba de circulación el gasoil en
cuestión, mientras Aranguren protestaba en una conferencia de prensa: “esa resolución nos agravia. Es absurdo que
sea retroactiva. Todos sabemos que las leyes se sancionan hacia
delante. Además, viola el artículo 14° de la Constitución Nacional, que permite el libre comercio. Se le está quitando al cliente
la libertad de elegir” (LN 28/9).
Alineado firmemente con Shell y contra el Gobierno
nacional, el diario La Nación, arremetía en su línea editorial: “el gobierno nacional acaba de consumar otra inadmisible
presión contra la petrolera Shell. La reciente decisión oficial sorprendió a la industria petrolera, donde fue considerada como un
intento de boicot contra la empresa angloholandesa. El Gobierno
mantiene su política de controlar todo y ello, por cierto, no constituye un aliciente para atraer o alentar nuevas inversiones. Para
ganar credibilidad y genera confianza es necesario que los anuncios que se formulan tengan su correlato en las decisiones que se
adoptan” (LN 29/9).
Falta de gasoil: el campo acusa a las
estaciones de servicio
En el mencionado Precoloquio de IDEA, Mariana
Giacobbe, manager de Bioceres –compañía dedicada a
la aplicación de tecnología de punta en el campo–,
tomaba la palabra en nombre de los intereses de la
producción agroindustrial lanzando uno de los
latiguillos predilectos de los representantes del sector
agropecuario: “una faltante permanente de gasoil en el campo,
motor de la economía, frenaría el crecimiento” (C 15/9).
Fue el secretario de Confederaciones de Asociaciones Rurales de Bs.As. y La Pampa (CARBAP), Jorge
Srodeck, quien denunció maniobras especulativas por
parte de las estaciones de servicio, diciendo que tras un
relevamiento realizado en las rutas 3 y 5 “gasoil hay, aunque lo estén vendiendo en cupos de 20 o 30 pesos. Y en algunas
estaciones de servicio te dan más, pero no a 1,50 pesos sino a
1,70 o 1,80”.
OCTUBRE DE 2006
Argentina
El titular de las Sociedades Rurales de Corrientes,
Ricardo Matho Meabe, confirmaba localmente la acusación de CARBAP: “si querés conseguir gasoil a 1,60 pesos,
precio en las estaciones de marca, la mayor parte de los días tenés
racionamiento, te venden 30 litros. Pero si querés conseguir gasoil
en cantidad, las estaciones de bandera blanca (sin marca) te lo
cobran entre 1,80 y 2 pesos”.
En la Sociedad Rural (SRA), el economista Ernesto
Ambrosetti ratificaba la existencia de faltantes en la
venta del gasoil y mencionaba la existencia de “rumores
sobre posibles sobreprecios” (todas las citas en C 14/9).
Un dato para tener en cuenta es que las producción
en el campo consume uno 4.400 millones de litros
anuales de gasoil, más del 30% del consumo total del
país.
Falta de gasoil: las estaciones de servicio y el transporte de carga acusan a las petroleras
Refutando a los voceros del Gobierno, el presidente
de la Confederación de Entidades de Comercio de
Combustibles (CECHA), Raúl Castellanos, sentenció
que el desabastecimiento “es grave en todo el país. La producción no da abasto para sostener la demanda local” (C 17/9).
Rosario Sica, presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra) que agrupa a las estaciones de servicio de marca
(Shell, Esso, Repsol, etc) planteó: “acá hay dos problemas
graves. Uno es la seguridad jurídica. El otro es la falta de incentivo a la exploración. En 3 o 4 años nos vamos a quedar sin
combustible y vamos a tener que importar”. Más allá de esta
crítica general al gobierno, Rosario Sica avanzó en una
denuncia al comportamiento económico de las compañías petroleras: “falta el suficiente gasoil como para que muchas estaciones estén muchos días sin el mismo. Acá, en la Capital Federal, hay algunos que están 4 o 5 horas sin vender para
guardar para los clientes. Pero no se lo puede decir porque las petroleras toman represalias, no nos renuevan los contratos. Dejan
las estaciones como blancas, y como blanca uno no consigue producto en ningún lado.” Para la presidenta de Fecra el faltante de gasoil obedece al comportamiento de las petroleras; por un lado “no es tanto la escasez de crudo liviano,
la razón (del desabastecimiento) es otra: aunque ellos lo nieguen, el gasoil se exporta. No mucho, pero se exporta”; por
otro lado, “conviene más venderle al campo a 2,10 pesos el litro. ¿Qué productor se va a arriesgar a perder una cosecha de soja, si el costo del gasoil, incluso arriba de dos pesos, le resulta insignificante? La industria también paga 2,10 y las firmas de
energía eléctrica como EPEC, que están desesperadas y no pueden cortar, también. Nosotros, en cambio, lo pagamos a 1,33 o
1,35.” (LN 11/9).
En Jujuy, la presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Silvia Ficoseco, amenazó muy
duramente a las empresas petroleras: “estamos dispuestos a
hacer medidas de fuerza y denunciar a las petroleras por la falta
de combustible”; revelando que varias ciudades de la provincia acumulan “días enteros sin recibir combustibles” (C
15/9).
23
Frente a esto, las federaciones y asociaciones de expendedores de combustible, por pedido de la Secretaría
de Comercio, elevaron un listado de aquellas estaciones
que no reciben gasoil, con el objetivo presunto de sancionar a las petroleras, ya que, en palabras de Raúl Castellanos, titular de la Federación de Córdoba: “el desabastecimiento sigue, pese a las promesas” (C 21/9).
Alineados con los estacioneros de Fecra, los dueños
de las empresas de transporte de cargas (camiones) salieron a golpear fuertemente a las compañías petroleras.
En una solicitada publicada en los principales diarios
del país, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC)
anunciaba amenazante, autoconcientes de su rol estratégico en la cadena de producción/distribución: “un
mercado oligopólico, como el de combustibles, concentra la oferta
en pocas pero poderosas compañías y la demanda, atomizada entre miles y pequeños consumidores. Los transportistas de carga
por carretera somos hoy un eslabón insustituible en la logística de
la producción primaria industrial, la distribución y el comercio
exterior y, las actuales dificultades en el abastecimiento de gasoil
repercutirán en todos los sectores de la economía a los que prestamos nuestros servicios.
“Es por esas razones que se deben arbitrar, sin dilaciones,
medidas que permitan obtener el combustible que necesitan nuestros vehículos para circular y la economía argentina para continuar creciendo. TODAS las compañías petroleras tienen
la obligación y la Responsabilidad Social de proveer el
combustible que nuestro país necesita y serán responsables
de las consecuencias que su falta acarree” (C y LN
22/9).
Sin reconocer un responsable directo contra quien
golpear, el Sindicato de Obreros de las Estaciones de
Servicios (SOESGyP) dispuso una movilización al
Congreso y llamó a un paro nacional para el mes de octubre. En palabras del titular del gremio, Carlos Acuña
“las medidas son para defender las fuentes de trabajo y en reclamo de un aumento salarial” (C 20/9); de hecho según
Acuña se teme por suspensiones y adelantamiento de
vacaciones en las estaciones de servicio.
De la misma manera sin objetivar un enemigo, en la
provincia de Córdoba la Federación del Transporte
Automotor de Pasajeros (Fetap) anunciaba un lock out
en sus servicios interurbanos ante la falta de gasoil.
En la extensa descripción y análisis realizado, aparecen enfrentadas, por un lado, las necesidades del capital
vinculado a la producción y distribución energética de
obtener mejores condiciones de inversión para ampliar
sus beneficios, y, por el otro, los intereses de los capitales que dependen del abastecimiento de energía a bajo
costo para desarrollar su producción en un contexto de
alta competitividad internacional, sumado a la cadena
de comercialización interna y al consenso que genera
en la población el sostenimiento de los precios.
OCTUBRE DE 2006
24
Coyuntura política
La desaparición de Jorge Julio López
El mes de septiembre cerraba con la siguiente reflexión
presidencial: “En estas horas uno imagina cosas y se angustia.
Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Independientemente
de como termine este hecho, el pasado no está ni derrotado ni
vencido. Al contrario. Aprovecha cada oportunidad para hacer
sentir que está presente. Estemos atentos todos los argentinos. No
podemos dejar que se vuelva a repetir el pasado. Todos los
sectores de la sociedad debemos estar por la defensa de los derechos
humanos, consolidar la verdad y la justicia (...) Estas cosas nos
pasan por la impunidad que existió” (LN 28/9).
Las palabras de Kirchner se enmarcaban en la coyuntura de la desaparición de Jorge Julio López, un albañil
de 77 años, que en 1976 había sido detenido y torturado por fuerzas de seguridad. López había prestado testimonio en el juicio seguido contra el ex director de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos
Aires durante la última dictadura militar, Miguel Etchecolatz.
Al cierre de esta edición, tres semanas después, López continúa desaparecido. Sin embargo, el hecho cobró relevancia nacional: su retrato se encuentra pegado
en el vidrio de los patrulleros de las policías federal y
bonaerense, así como en avisos publicitarios en prensa
escrita y televisión, mientras se realiza un rastrillaje en
todo el territorio nacional. Además, desde el gobierno
provincial se ofrece una importante recompensa para
quien aporte datos firmes sobre su paradero, y organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y
partidos de izquierda realizaron diversas movilizaciones
exigiendo al gobierno la aparición de López.
Con el paso de los días, hasta los propios gobiernos
provincial y nacional admitieron que la hipótesis más
probable es la de un secuestro vinculado con la causa
Etchecolatz, posándose todas las sospechas sobre las
propias fuerzas de seguridad.
Varios son los elementos aquí contenidos que merecen ser descritos y analizados.
Por un lado, la desaparición de López se encuadra
dentro de los juicios llevados adelante contra personal
de las distintas fuerzas de seguridad actuantes en el periodo 1976-1983.
A su vez, dichos juicios no se dan en forma aislada,
sino en el marco de profundas reformas tanto en las
Fuerzas Armadas, como en las fuerzas de seguridad interior.
Los hechos descritos se encuadran, además, de forma general, en una batalla ideológica por el rol que
dichas fuerzas deben cumplir en la sociedad.
Intentaremos entonces analizar todos estos elementos, a partir de la descripción de los hechos ocurridos al
respecto en los últimos cuatro meses, como un momento
de la disputa por el control del aparato represivo
del Estado (fuerzas armadas, fuerzas de seguridad interna y aparato judicial).
La batalla ideológica
El 24 de mayo, se realizó un acto en la Plaza San
Martín, convocado por diversas organizaciones
vinculadas al ambiente castrense: Familiares y Amigos
de muertos por la Subversión (FAMUS), Comisión de
Homenaje,
Memoria
Completa,
Unión
de
Promociones, la nacionalista AUNAR, Familiares de
Víctimas del Terrorismo (FAVITE), Jóvenes por la
Verdad, Asociación de Familiares y Amigos de Presos
Políticos Argentinos (presidida por Cecilia Pando) ,
entre otras. Allí se reivindicó lo actuado por las Fuerzas
Armadas en el periodo 76-83, con la presencia de
oficiales en actividad, vestidos de uniforme. Los
oficiales, que pertenecen todos a la misma unidad (la
Compañía de Comandos 601), finalmente fueron
separados de la Fuerza..
Finalizando el mes de mayo, el presidente Kirchner
pronunció un discurso en el colegio militar en el que
señaló: “Quiero que quede claro que como Presidente no tengo
miedo ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín,
Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus
propios hermanos, que fue el de Videla, Galtieri, Viola, Bignone
(...). Vengo a reivindicar un Ejército nacional comprometido con
el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado” (C
30/5).
En medio de la arenga, señala el diario Clarín, “algunos oficiales rompieron filas sin mediar autorización de sus superiores y dieron la espalda al palco oficial. Esto se suma a la actitud de un coronel que dejó el palco. Gestos todos que se
calificaron como ´falta de decoro´ hacia el comandante en jefe de
las Fuerzas Armadas.” (C 30/5). Ante esto, cuatro oficiales en actividad fueron sancionados, y el Jefe del Ejército, Roberto Bendini, se manifestó de manera terminante al respecto en su discurso por el Día del Ejército:
“Lealtad, subordinación y disciplina son la columna vertebral del
Ejército. Todos los militares en actividad y retiro están obligados
legal y reglamentariamente a respetarlos. Quien no esté dispuesto
a respetar esos valores debe abandonar la Fuerza” (C 30/5).
Unos días más tarde, se realizó un homenaje a los fusilados en junio de 1956, hechos conocidos como
“Operación Masacre”. El acto estuvo encabezado por
el propio Jefe del Ejército, Roberto Bendini, quien señalaba: “Todos los que tengan que oír que oigan. Las armas
que empuña y ha empuñado con orgullo el Ejército son para defender nuestros intereses y la seguridad del pueblo argentino, pero
nunca más para ser empuñadas entre hermanos ni en luchas fratricidas. Y nunca más serán empuñadas en contra de nuestros
hermanos, ni se convertirán en un instrumento de la dominación,
ni serán puestas al servicio de la intolerancia” (P12 11/6).
Cinco días después, se ofició una misa en la catedral
Stella Maris, para homenajear a los “héroes de la gesta
de Malvinas”. El encargado de la ceremonia fue nada
OCTUBRE DE 2006
Argentina
menos que el obispo castrense monseñor Baseotto,
quien se lamentó por el “el homenaje parcial” que reciben
los combatientes. En la iglesia, desbordada de militares
en actividad y retirados, sobresalía la figura del ex gobernador de facto de las Malvinas, Mario Benjamín
Menéndez (P12 15/6).
Al día siguiente, en un acto ante más de 300 altos
oficiales del Ejército, la ministra de Defensa, Nilda Garré, calificó a quienes reivindican a lo hecho por las
Fuerzas Armadas durante la dictadura de “emisarios del
pasado y profetas del odio, (...) ultraminoría mesiánica que no se
va a imponer y carece en absoluto del derecho de querer atribuirse
la representación del Ejército y de las Fuerzas Armadas” (C
16/6). Al mismo tiempo, Garré señalaba que el Gobierno quiere un “Ejército republicano y democrático, encarnado en la Constitución y, por lo tanto, nacional y popular”
(LN 16/6).
A los pocos días, coincidiendo con el inicio del juicio a Etchecolatz, la “promoción 76 del Ejército” realizó un acto de homenaje a los “muertos por la subversión” en el Círculo Militar. “No podemos dejar que se
desconozcan los hechos hasta el punto en que la Justicia sea una
burla”, arengaba en su discurso el presidente de la promoción 76 del Ejército, coronel retirado Daniel García
(P12 21/6). El único militar de uniforme en el acto fue
el coronel Andrés Guillermo Fernández Cendoya,
quien inmediatamente fue pasado a disponibilidad.
Unos días más tarde, la Asociación Nunca Más a la
Violencia, publicó una solicitada en los matutinos porteños titulada “Nadie quiere volver al pasado. Pero recordémoslo completo”, en homenaje a las “víctimas de atentados terroristas”, al conmemorarse una acción de la
organización armada Montoneros contra la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal (LN 3/7).
Además, el homenaje contó con una misa en la iglesia
Nuestra Señora del Socorro (LN 4/7).
Al día siguiente, la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho a recibir una indemnización a un perseguido político que tuvo que exiliarse, sin haber sido
detenido en el país, sentando un precedente importante
en cuanto al alcance de la revisión de lo actuado por el
Estado en los años 76-83 (LN 5/7).
Dos días más tarde, en la comida anual de camaradería de las Fuerzas Armadas a la que asistió Kirchner, el
presidente intentó separar a la oficialidad joven de los
responsables de lo ocurrido durante la dictadura, al señalar que “nadie tiene el derecho de escudarse en el prestigio de
las Fuerzas Armadas”, y que “no es justo para la memoria
histórica ni sensato para su futuro que (los jóvenes oficiales)
se identifiquen con las actitudes del pasado” (LN 7/7).
Por su parte, la Cámara de Diputados de la provincia
de Buenos Aires votó un proyecto de declaración donde manifestó “la necesidad de que la Justicia investigue y determine la participación de los sectores empresarios en la persecución y desaparición de los trabajadores durante la última
dictadura” (LN 13/7).
25
A los pocos días, Monseñor Roberto Rodríguez,
nombrado obispo de La Rioja, criticaba al presidente
Kirchner por su política de derechos humanos: “ellos
con una mirada setentista se quedan en el pasado sin avanzar,
mientras nosotros juzgamos como mala la violencia de la época de
todos los bandos y creemos necesario cerrar las heridas para buscar la cercanía de los argentinos” (LN 17/7).
En un comunicado emitido por el Foro de Generales
Retirados continuó esta disputa ideológica en el mes de
julio. Allí se señalaba, entre otros puntos, que “la subordinación al poder político constituye un hecho indiscutible, porque
así lo establece la ley suprema de la Nación, por las sólidas convicciones democráticas y republicanas de sus integrantes y porque
el contexto socio-político interno y del mundo no admitiría ni toleraría otra alternativa.
“Para que esa subordinación mantenga un equilibrio estable y
perdurable debe existir un vínculo de reciprocidad que, sustentado
en el respeto muto, relacione al que manda con el que obedece, respetando ambos las obligaciones y derechos que garanticen la
armonía de tan necesarias relaciones (...).
“Por subestimar la importancia de dicho vínculo se persiste en
dividir las Fuerzas Armadas en retirados y en actividad, para
retrotraer el subconsciente argentino a un pasado doloroso y
anormal, del que no fueron responsables ni protagonistas los actuales miembros de las Fuerzas Armadas, pero en cambio sí receptores de sus efectos negativos, que heredaron las instituciones
militares.
“Persistir con semejante hostilidad no contribuye a despejar el
clima de incredulidad e inquietud que viven quienes tienen estado
militar, en el que la impotencia, indignación y orfandad política
son atemperados por la abnegación, racionalidad y fortaleza de
carácter” (LN 20/7).
Un mes más tarde, se realizaba un nuevo acto, esta
vez para recordar el 31º aniversario del asesinato del
coronel Larrabure en manos de un comando del ERP,
convocado por sus compañeros de promoción, la 82º.
Allí el Ejército participó oficialmente con una discreta
guardia de honor del Regimiento de Patricios (LN
24/8).
Ya durante septiembre, desde el gobierno nacional se
impulsó un proyecto de ley declarando al 16 de septiembre como Día Nacional de la Juventud, en homenaje a los jóvenes desaparecidos en la Noche de los
Lápices.
Finalmente, fue el Colegio de Abogados quien se
pronunció en esta batalla de ideas, en el marco de los
juicios a militares, sosteniendo que el Gobierno
“´tergiversa el concepto de delitos de lesa humanidad´ definido en
tratados internacionales y afirmó que éstos no sólo habilitan a
perseguir penalmente a los militares y funcionarios, sino también
a quienes fueron autores de actos terroristas (...). ´Estamos presenciando una escalda peligrosa cuya motivación no es la justicia,
sino la venganza y el sectarismo que lleva a considerar delincuente
a cualquier persona que haya tenido actuación pública en un período de la historia determinado´ (...). ´Lamentablemente, nuestros jueces, que deberían mostrar ecuanimidad y serenidad en es-
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26
Coyuntura política
tos graves momentos, en últimos pronunciamientos contribuyen a
exacerbar las pasiones”, agregó la entidad (LN 18/9).
El avance de los juicios
Como señalamos, el juicio a Etchecolatz, en el que se
encuadra el testimonio de Jorge Julio López y su
posterior desaparición, tiene como precedente
inmediato la nulidad de las leyes de Obediencia Debida
y de Punto Final, lo que permitió la reapertura de esa
causa y de otras que habían quedado truncas.
El recorrido que nos hemos propuesto en esta oportunidad arranca a principios de junio, con una intervención pública de la Iglesia, a través del obispo Jorge
Casaretto, quien dijo que “el país necesita reconciliación en la
verdad y en la justicia, pero también que llegue el perdón para
que se restablezca plenamente la concordia” (C 12/6).
A pesar del pedido, a los quince días, el gobierno
avanzaba a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, extendiendo las acusaciones: “Creemos
que esto es parte del reclamo de memoria verdad y justicia, y que
los responsables económicos son tan responsables como los militares”, señaló el jefe de Gabinete de dicha Secretaría, Luis
Alén (P12 27/6). Por ello, se presentaba la querella del
Gobierno en una causa en la que están involucrados
Jorge Rafael Videla, su ex ministro del interior Albano
Harguindeguy y su ex ministro de economía Alfredo
Martínez de Hoz.
Al respecto, un editorial del matutino La Nación titulado “La persecución a Martínez de Hoz” señalaba: “Es
afectado el principio constitucional de la división de poderes cuando la máxima autoridad de la República ejerce presión para que
el Poder Judicial ´castigue´ a un ciudadano. Son lesionados los
derechos de ese ciudadano cuando se procura criminalizar la política económica aplicada durante su gestión como ministro de Economía. Son vulnerados principios constitucionales cuando se dejan
a un lado la cosa juzgada y el principio de la irretroactividad de
la ley penal más grave, y cuando se pretende ignorar la prescripción en materia penal. Ahora, y como justificación de esas violaciones a principios fundamentales, se anuncia la intención de
vincular esa gestión económica con los delitos de lesa humanidad”
(LN4/7).
Una semana más tarde, el juez Torres amplió los
procesamientos de siete represores, entre los que se encuentran Alfredo Astiz y Jorge Acosta, y decretó el
procesamiento de otros once ex militares acusados de
delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA (LN
12/7).
El mismo juez había procesado a Juan Lorenzo Barrionuevo, enfermero que actuaba también en la ESMA
bajo el alias de “jeringa”. Sin embargo, dos semanas
más tarde, dos jueces de la Cámara Federal porteña revocaron el procesamiento por considerar las pruebas
como insuficientes.
Apenas comenzado agosto, el juez federal Rafecas
declaró la inconstitucionalidad de uno de los diez decretos de indultos impuestos por Menem entre 1989 y
1990, habilitando el juzgamiento a cuatro militares uru-
guayos por crímenes cometidos bajo la órbita del I
Cuerpo de Ejército (LN 2/8).
Al día siguiente, fue el propio Kirchner quien “apuró” a la Justicia para que acelere los juicios a militares:
“Siento un profundo dolor porque recién hoy se estén implementando los juicios a los represores de Estado, pero también siento
un profundo dolor porque sean tan lentos, que se demoren tanto,
que den tantas vueltas para definitivamente poder alumbrar la
justicia en la Argentina” (LN 3/8).
El mismo día, se conocía el procesamiento del ex jefe de III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín
Menéndez, por el asesinato del escritor y periodista
montonero Francisco “Paco” Urondo (C 3/8).
A los dos días, Julio Simón, quien utilizaba el alias de
“Turco Julián”, se convirtió en el primer condenado
por crímenes de la última dictadura tras la anulación de
las leyes de punto final y obediencia debida, imponiéndosele una pena de 25 años de prisión (LN 5/8).
Cuatro días más tarde, nuevamente Kirchner opinaba sobre los juicios: “Yo llamo a no tener miedo, a avanzar,
porque dicen que hubo más de 490 campos de concentración y no
llegamos ni a 200 o 300 detenidos, parece que hubo campos de
concentración donde los detenidos estaban solos, se atendían solos
(...). Quería hacer llegar mi preocupación porque avancen con
firmeza todos los casos que tienen que avanzar en la Justicia. Por
supuesto, que la Justicia tenga celeridad, eficiencia, justicia y seguridad. La celeridad tiene que estar acompañada de buenos trabajos; naturalmente, los deben realizar los que administran justicia.
Pero en el caso de los juicios que se llevan adelante contra los represores de Estado por la violación de los derechos humanos me
parece que los veo un poco lentos (...). Queremos justicia. Para
eso, la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y
punto final que dictó la Corte en su momento es fundamental y
central con el trabajo y el conjunto de toda la sociedad, y es muy
importante avanzar en esto. Que no vayan a pensar que quienes
fueron responsables esperen que venga otro tiempo para volver a
recuperar la impunidad o para tratar de buscar conciliaciones que
los mantengan en la impunidad como los mantuvieron durante
tanto tiempo (...). La ministra de Defensa ha hecho una presentación que obviamente comparto plenamente: que los represores de
Estado tienen que ir a cárceles comunes. Esto es una actitud de
justicia. No tiene por qué haber diferenciaciones: todos aquellos
que infligieron la ley, y más en este tema, tienen que ir a cárceles
comunes, porque algunos siguen siendo tratados como si fueran lo
que no son” (LN 9/8).
Al día siguiente, son detenidos el ex agente de la SIDE Raúl Guglielminetti, quien se encontraba prófugo
en la causa por desapariciones en “Automotores Orletti” y otros dos represores (C 10/8).
Casi un mes después, el juez federal Oyarbide declaró la inconstitucionalidad de un indulto que beneficiaba
a Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy, en una causa por la desaparición de dos empresarios en la cual,
como dijimos más arriba, la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación se presentó como querellante.
(C 5/9 y LN 6/9).
OCTUBRE DE 2006
Argentina
Al día siguiente, un editorial de La Nación titulado
“Es imperioso decir basta” sentaba posición al respecto: “No se trata, entonces, de pedir que se juzgue a todos sin excepción. Por el contrario, habría que recordar que, desde los tiempos más remotos, la historia revela lo imperioso de decir basta, en
determinado momento, frente a problemas como los señalados.
Por otro lado, no puede observarse sino con inquietud que, a la
hora de reabrir causas judiciales, se pretenda desconocer que la
Constitución nacional no admite que se aplique una ley penal para incriminar hechos anteriores a su sanción, o que se tienda a
criminalizar una política económica de hace treinta años” (LN
7/9).
Y tres días después, en su habitual columna dominical en el mismo diario, Mariano Grodona, luego de explayarse sobre las características que tiene toda venganza (resentimiento y elaboración bajo la forma de
reclamo de justicia), sentenció: “Estas dos condiciones se
cumplen acabadamente en la acción que hoy desarrollan los Montoneros, vencidos ferozmente en los años setenta, ahora que el caprichoso viento del poder sopla a su favor. Después de treinta
años de lamer sus heridas a veces monstruosas, los Montoneros
han vuelto. Tuvieron nada menos que tres décadas para alentar
su resentimiento. También es verdad que presentan su venganza
diferida como una campaña moralmente inobjetable porque invocan el sagrado nombre de la justicia. Hay que decir en favor de
los vengadores de los años setenta que, en vez de acudir a la acción directa mediante nuevas violencias, han acudido a los jueces
para castigar a sus antiguos agresores. Pero estos jueces a los que
acuden, ¿se comportan por su parte como terceros imparciales?”
(LN 10/9).
Ya promediando septiembre, la justicia dictó la falta
de mérito al ex diputado y ex intendente de San Miguel,
Aldo Rico, en una causa por desapariciones durante la
dictadura (LN 15/9).
Al día siguiente, por primera vez, la Cámara de Casación declaró la inconstitucionalidad de uno de los diez
indultos firmados por Menem, contrariando un fallo de
la Cámara Federal de San Martín, que los había validado. De esta forma, los indultos quedaron en manos de
la Corte Suprema, quien ahora debe pronunciarse al
respecto (LN 16/9).
El día 19, el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata condenó a Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación perpetua “por delitos de lesa
humanidad en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983” (LN 20/9). Las palabras de Etchecolatz antes de salir del recinto sólo podían entenderse en el contexto de lo que luego saldría a la luz, la
desaparición de Jorge Julio López, quien había testimoniado en su contra. El represor señaló: “No es este
tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan”
(LN 20/9).
A partir de entonces, una lluvia de amenazas comenzó a caer sobre jueces y fiscales que tienen en sus manos causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
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Cambios en las Fuerzas Armadas
Una de las primeras medidas del gobierno de Néstor
Kirchner, apenas asumió, fue el pase a retiro de gran
parte del generalato y el consecuente reemplazo en la
cúpula castrense. Desde entonces, diversos fueron los
cambios introducidos en las distintas fuerzas. En los
últimos cuatro meses, podemos observar algunas de
estas medidas.
Apenas comenzado el mes de junio, Nilda Garré,
ministra de Defensa desde fines del año pasado, comenzaba con los anuncios de reformas en el área, señalando que su cartera está en proceso de “extirpar los focos
de infección que se puedan apegar a fantasías antidemocráticas o
a reivindicaciones de planes criminales condenados por la Justicia
y la sociedad argentina” (LN 6/6). La definición de Garré
se daba en el marco de diversas cuestiones que generaban tensión en las fuerzas: el pase a retiro del coronel
Sigón, jefe del Regimiento de Caballería de Esquel, por
ser responsable de difundir en escuelas locales un video
institucional del Ejército que fue rechazado por jóvenes
mapuches; la sanción del jefe de quienes participaron
en el acto ya señalado del 24 de mayo, por no haber
impedido la presencia en el mismo de sus súbditos; la
sanción a cuatro oficiales por ser responsables de la seguridad de un acto en el que Cecilia Pando cuestionó
públicamente al presidente durante su discurso (LN
6/6).
En ese contexto, el editorial del matutino Clarín daba
su consentimiento a las reformas impulsadas: “En los
últimos años se ha alcanzado, además, un interesante acuerdo entre especialistas y sectores políticos sobre la importancia de desarrollar una política de defensa nacional moderna, inscripta en el
marco de la integración regional y coordinada con los países vecinos. Ello requiere, además de remover y superar concepciones y
actitudes del pasado, tener doctrina, planes y programas orientados por una visión de futuro. Algunas cuestiones como la prohibición de realizar actividades de inteligencia interior, trabajar sobre
hipótesis de conflicto interno o participar en manifestaciones políticas, no han sido corregidas por completo. Otros temas pendientes
son mejorar el funcionamiento y la eficacia de las FF.AA., centralizar y coordinar la actividad de las tres fuerzas y actualizar
las capacidades del instrumento militar para la defensa. Es necesario avanzar en este sentido sin la interferencia de disputas políticas o interpretaciones del pasado que distraen de los verdaderos
problemas y desafíos estratégicos que enfrenta el país” (C 8/6).
A los pocos días, Kirchner firmó el decreto de reglamentación de la ley de defensa nacional, “dando un
marco general para la instrumentación de una reforma integral en
materia castrense. La norma dispone la centralización de las
Fuerzas Armadas en la órbita del Estado Mayor Conjunto, posibilita un mayor control civil sobre su funcionamiento y ratifica
que los militares no podrán actuar en seguridad interna ni en el
combate contra el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado” (LN 13/6).
La medida, un claro paso en el control civil de la política militar, fue cuestionada en casi todos sus aspectos
por el editorial del diario La Nación, el cual conviene
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Coyuntura política
exponer extensamente para observar el rechazo que en
ciertos sectores generaba: “...En efecto, al restringir este empleo únicamente para el caso de sufrir una agresión armada de un
Estado extranjero y por sus Fuerzas Armadas se ignora que
muchas de las agresiones que la humanidad ha padecido en los
últimos tiempos ha provenido de grupos irregulares que, sin pertenecer a un Estado ni integrar sus Fuerzas Armadas, han provocado verdaderas catástrofes, tan importantes como las que pueden
provocar las fuerzas armadas de un país en una guerra convencional. El surgimiento del terrorismo internacional como un factor
desequilibrante de la paz mundial obliga, al menos, a repensar de
que modo el Estado nacional debería responder frente a una agresión semejante.
“No se trata de propiciar el empleo del instrumento militar
para cualquier conflicto, en cuya intervención resulte una desmesura. Pero sí reservarlo en función de la potencialidad del armamento que utilice el agresor y su capacidad de dañar a la población, más que al origen de esa agresión, y a que ésta sea ejecutada
por un ejército regular, tal como es la exigencia fijada por el decreto y que no estaba en la ley de defensa.
“La idea de apuntar a un sistema de defensa subregional es
plausible, pero vale la pena interrogarse acerca de si ello será posible frente al desbalance que se está produciendo entre el
disminuido poderío de nuestras Fuerzas Armadas respecto de las
de Chile y Brasil. Pero no parece razonable y oportuna la
propuesta lanzada por el presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, de fusionar las fuerzas armadas del Mercosur, porque se
desvirtuaría el objetivo de integración del bloque regional, que es
el comercio, no la defensa.
“Con los nuevos roles que el decreto reserva para el ministerio
respectivo y el Estado Mayor Conjunto se corre el riesgo de aumentar desmesuradamente las estructuras burocráticas de la cartera militar y de las jefaturas, en desmedro de las ya insuficientes
unidades operativas de las Fuerzas Armadas.
“La modernización del sistema es un paso necesario que la
Argentina debe dar. Y en función de las graves consecuencias que
para el futuro podría deparar hacerlo de manera inconsulta y poco meditada, sería importante revertir la política de aislamiento
adoptada por el Ministerio de Defensa y encarar esta etapa trascendente de un modo más abierto y participativo”. (LN 11/7).
Ya finalizando julio, Garré anunció que fue “redefinido
el sistema de inteligencia militar para que se adecue a las normas
vigentes y que se haga la inteligencia que corresponda en cuestiones tácticas y operacionales en las áreas donde desarrollan sus
ejercicios” (LN 29/7). El anuncio estaba enmarcado por
las investigaciones ante las tareas de espionaje ilegal
realizadas en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, las cuales cobraron estado público unos meses
atrás.
Dos semanas después, se anunciaba el proyecto oficial de derogar el viejo Código de Justicia Militar. La reforma prevé, entre otros puntos, la anulación del castigo a la homosexualidad en las Fuerzas Armadas, y la
desaparición de la jurisdicción penal militar trasladando
las causas por delitos cometidos por militares a la justicia civil. (C 12/8).
Un mes más tarde, Kirchner ponía en marcha el
Consejo Nacional de Defensa, presidido por el propio
presidente, e integrado por el vice, los ministros, el jefe
de la SIDE y los titulares de las comisiones de Defensa
del Congreso. A cargo del mencionado Consejo queda
el “diagnóstico de la situación estratégica nacional que incluye potenciales hipótesis de conflicto” (C 7/9).
Seguridad interna
En lo que a seguridad interna respecta, no requiere
nuestra descripción recorrer los últimos meses, ya que
el tema fue presentado en nuestro último Análisis.... Por
ello, nos centraremos en lo ocurrido durante
septiembre, recordando simplemente que agosto había
estado signado por la movilización encabezada por
Juan Carlos Blumberg y por el debate social sobre el
tema “seguridad”.
Apenas comenzado el mes, como respuesta a las
propuestas de “mano dura” impulsadas por Blumberg
el presidente Kirchner señaló: “la seguridad no se construye
ni con un palo en la mano, ni con actitudes o supuestos esquemas
determinados (LN 8/9).
Sin embargo, diez días más tarde, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, anunció que el gobierno estudia
la baja de imputabilidad penal a 14 o 16 años (LN
17/9).
Más allá de las cuestiones declamativas o los anuncios mediáticos, la noticia cobra relevancia en el situación que detallaremos a continuación sobre la “seguridad interna” (los datos siguientes fueron tomados de
distintos informes presentados por la Coordinadora
Contra la Represión Policial e Institucional –
CORREPI– y por el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS–):
“Desde el 25 de mayo del año 2003 hasta el 28 de julio del
2006 han sido 505 las personas asesinadas por las Fuerzas de
Seguridad. En su mayoría jóvenes pobres, los números en cada
uno de los años de esta gestión son: 102 asesinados entre el
25/5/03 y el 31/12/03; 159 asesinados en el año 2004; 175
asesinados en el año 2005; 69 asesinados entre el 01/01/06 y
el 28/07/06.
“Las policías federales (10% de los casos), provinciales
(69%), los servicios penitenciarios federales y provinciales
(13,8%), la gendarmería (1,7%) y la prefectura (1,2%) están
matando una persona cada 48 horas (...). El 64% de las víctimas son jóvenes de 15 a 25 años, y más de la mitad son menores
de 18.
“Respecto de las modalidades, el 53 % de los hechos registrados entre el 25/05/2003 y fin de julio de 2006 corresponden a
fusilamientos por gatillo fácil, y el 45 % a muertes en cárceles y
comisarías. De estos últimos, muchos corresponden a casos de tortura seguida de muerte.
“Campaña propagandística contra la inseguridad mediante, la
población carcelaria aumentó de 30.000 a 63.000 personas en
todo el país, lo cual no se condice con el aumento del delito en el
mismo período, que fue menor a un tercio. De ese universo de personas, hay 52.000 personas alojadas en cárceles federales y pro-
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Argentina
vinciales que tienen capacidad sólo para 32.000, mientras
11.000 están hacinadas en comisarías u otras dependencias de
las fuerzas de seguridad federales y provinciales.
“Como ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, hay casi
31.000 personas presas; nueve de cada diez presos son pobres; el
75% está procesado sin condena en primera instancia, es decir
que la Justicia no determinó aún si son culpables del delito del
que se los acusa; un 28% de las sentencias dictadas en relación a
las personas detenidas son absoluciones o sobreseimientos, es decir
que tres de cada diez presos termina siendo declarado inocente
(cerca de 9000 personas); ocho de cada diez presos tiene por abogado un defensor oficial (en toda la provincia trabajan 162 lo
que significa que cada defensor atiende un promedio de 150 personas).
“La muerte de personas bajo custodia, detenidas legal o ilegalmente en cárceles y comisarías, representa el 44 % de las que
fue responsable el Estado durante estos 3 años de gobierno.
“Desalojos violentos y represión en manifestaciones: En los 37
meses de gobierno, desde mayo de 2003, hemos contabilizado 43
casos de represiones violentas, 22 de ellas destinadas al desalojo y
desarticulación de medidas de lucha llevadas adelante por trabajadores de distintos rubros, y las restantes 21 correspondientes a
represiones a movilizaciones de desocupados, violentos desalojos de
comunidades originarias con el fin de explotar las tierras que
habitan, y razzias a barrios humildes tanto en la capital como en
el interior del país”.
Los datos hablan por sí mismos. Paralelamente, en
intentos por depurar las fuerzas, la bonaerense se lleva
el primer lugar. “Está conformada por 49 mil hombres. Ya
fueron separados desde 1998, cuando se inició la primera depuración, unos 2.500 efectivos. Sólo en la segunda gestión de Arslanián, que comenzó en abril de 2004, fueron separados 2.126
policías (1.061 declarados prescindibles, 808 exonerados, y 267
cesanteados o pasados a retiro” (LN 30/9).
Ante hechos que cobran trascendencia pública y sobre los que la población actúa, como es el caso de la
desaparición de Julio López, la depuración vuelve a ser
la válvula de escape. Finalizando el mes, el gobernador
bonaerense Felipe Solá separó a 36 agentes en actividad
que cumplieron funciones en centros clandestinos de
detención durante la dictadura (LN 27/9).
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En cuanto a lo descrito anteriormente respeto de la
situación carcelaria, debemos mencionar que hacia el
final del mes 14.000 presos de 26 prisiones del Servicio
Penitenciario Bonaerense y 3 del Servicio Penitenciario
Federal realizaron una huelga de hambre., reclamando
mayor celeridad en sus causas; la derogación de la ley
12.405 conocida como “ley Ruckauf”, que endureció el
régimen de excarcelaciones; que se fije un plazo razonable de prisión preventiva: 24 meses; y la equiparación
de las figuras de prisión y reclusión (con ésta última,
mientras dura la prisión preventiva, cada dos días pasados en prisión se computa sólo uno). La huelga, que
duró 13 días, se desactivó cuando la Suprema Corte de
Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo del
Código Penal que reglamentaba el último de los reclamos señalados.
Para concluir, recurriremos nuevamente a un editorial del diario La Nación, publicado en el contexto ya
descrito y analizado extensamente, sentando posición
sobre algunas de las atribuciones con que deberían contar las fuerzas de seguridad actuantes en el país: “¿Hay
muchas otras policías en el mundo privadas de la facultad de interrogar a detenidos, según lo indican convenciones inmemoriales
para la etapa inicial del esclarecimiento de delitos? ¿Se puede prejuzgar en el sentido de que la inquisición policial es sinónimo de
tortura? (...) ¿Es admisible que la policía carezca de iniciativa
en tareas de seguridad y orden público, y que para contener la
comisión de delitos como el corte intempestivo de rutas o de calles
con participación de sujetos encapuchados y armados con elocuencia intimidante, deba informar al juez o fiscal de turno y esperar
así directivas? ¿Quién repara, entretanto, el daño infringido a los
ciudadanos en su libertad y en sus bienes? (...) La preservación
de la seguridad individual y colectiva constituye la primera razón
de ser del pacto social implícito en la existencia del Estado. Sin
seguridad física, y sin seguridad jurídica, los otros derechos y libertades quedan relegados a una abstracción que nadie, con alguna conciencia sobre el valor excepcional de los derechos humanos,
puede aceptar. Es necesario, pues, poner entre todos manos a la
obra impostergable de reconstruir la seguridad en el país” (LN
24/9).
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