1. Educación

NOTA DE PRENSA Nº 74 - 2014-CG/COM
Contraloría detecta presuntas irregularidades en municipios piuranos que
habrían dejado pérdidas por más S/. 2.4 millones
La Contraloría General detectó presuntas irregularidades en las municipalidades
distritales de La Unión y Castilla, en Piura, las cuales habrían ocasionado un perjuicio
económico al Estado por más de S/. 2.4 millones.
Mientras que otras auditorías realizadas a la municipalidad provincial de Sullana y a la
Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Grau – EPS Grau han permitido
encontrar una serie de presuntas irregularidades en obras de saneamiento.
MD Castilla
Durante las acciones de control realizadas en la municipalidad de Castilla se detectó
que funcionarios ediles habrían generado pérdidas por S/. 1´565,163 durante la
ejecución de las obras realizadas para la ampliación del sistema de agua potable y
alcantarillado así como para la construcción de pistas y veredas del distrito.
El caso más importante, debido al perjuicio económico causado, es el presunto
favorecimiento a un contratista a quien se pagó en exceso S/. 1´433,380 por partidas
no ejecutadas y que no cumplieron con las especificaciones técnicas. Estos hechos se
registraron en la ejecución de la obra de “Ampliación y mejoramiento del sistema
integral de agua potable y alcantarillado de los asentamientos humanos del sector
noreste de Castilla”.
Asimismo se han encontrado una serie de irregularidades vinculadas al proceso de
selección y ejecución de la obra “Construcción de pistas y veredas en el programa de
habilitación urbana Felipe Cossio del Pomar”, las cuales han dejado pérdidas por más
de S/. 131,783.
MD La Unión
Durante las acciones de control realizadas en la municipalidad de La Unión se detectó
que funcionarios ediles habrían generado pérdidas por S/. 851,257 durante la
ejecución de la obra de rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del
caso urbano del distrito; al haberse realizado pagos por trabajos no ejecutados.
La adjudicación de esta obra habría estado plagada de irregularidades. Se
encontraron indicios de que se habría favorecido reiteradamente al único postor que
se presentó, el cual estaría vinculado al experto independiente que integraba el Comité
Especial encargado del proceso de selección (ambos consignaron el mismo domicilio
legal durante el proceso).
Los funcionarios aceptaron la propuesta técnica del consorcio la cual no habría
cumplido con los requerimientos técnicos mínimos y le habrían asignado un mayor
puntaje al que correspondía para que siguiera en el proceso.
En enero del 2014, el Consejo Municipal de La Unión acordó declarar en situación de
emergencia el sistema de alcantarillado del casco urbano. Sin embargo, cuando se
emitió el Acuerdo Municipal se incluyó un segundo artículo (que no había sido
autorizado ni aprobado) para realizar una exoneración del proceso de selección para
culminar el sistema de alcantarillado.
Basándose en este Acuerdo Municipal, se decidió contratar (vía exoneración de
proceso de selección por causal de emergencia que no estaba debidamente
justificado) a un consorcio que culmine la obra con un valor referencial de S/.
4´337,335, en un plazo de 180 días.
En tiempo récord de una hora con diez minutos, desde la presentación de las
propuestas, se otorgó la Buena Pro a un consorcio integrado por dos empresas, una
de las cuales carecía de experiencia en ejecución de obras.
A esto se suma que, durante la suscripción y ejecución del contrato, se aceptó que el
consorcio ganador presente cartas fianzas de garantía emitidas por la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de los Emprendedores – Coopem, una entidad que no se encontraba
supervisada por la SBS.
La municipalidad aceptó cartas fianzas por más de S/. 3 millones de Coopem, una
entidad que tenía como capital social apenas S/. 1,400, según Registros Públicos.
Esto significa que en caso de incumplimiento del contrato, la municipalidad quedaba
totalmente desprotegida pues Coopem carecía de solvencia para garantizar el pago de
las cartas fianzas y no hubiera podido responder ni por el 0.05% que garantizó.
En todos estos casos, la Procuraduría Pública de la Contraloría General presenta las
denuncias penales contra los presuntos responsables por el delito de negociación
incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, entre otros.
MP Sullana
De otro lado, la Contraloría General detectó una serie de presuntas irregularidades en
la obra de mejoramiento del Colector San Miguel en el tramo que va desde la calle
Félix Jaramillo hasta la Cámara de Bombeo.
Se encontraron indicios de irregularidades en la elaboración de requerimientos
técnicos mínimos, absolución de observaciones y en el otorgamiento de la Buena Pro
para la elaboración del expediente técnico de la obra; y, se estableció que el proceso
de exoneración realizada para la compra de materiales para la ejecución de la obra se
habría realizado sin seguir el procedimiento legal, otorgándose la Buena Pro a un
proveedor para regularizar las entregas efectuadas previamente. En ambos casos, se
limitó la concurrencia de postores y el acceso a mejores propuestas.
Además, el cambio de especificaciones técnicas no consideradas inicialmente en el
contrato para la adquisición de materiales para la ejecución de la obra ocasionó u
perjuicio económico a la entidad.
EPS Grau
En el caso de la EPS, las acciones de control señalan que esta empresa pública
habría favorecido a la contratista durante ejecución de la obra “Mejoramiento y
rehabilitación del colector principal de ø 24”a ø 28” de la av. Félix Jaramillo”,
ocasionando retrasos en la culminación de la obra, riesgo de realización de mayores
pagos, no recupero de los saldos del adelanto directo y adelanto de materiales
indebidamente.
El dato
Un grupo de auditores se trasladó a la MP de Ayabaca para realizar una inspección
física en obras paralizadas y cuestionadas así como recoger denuncias de presuntos
casos de corrupción para ser investigadas. Se ha solicitado a la Fiscalía inmovilizar
documentación de la comuna relacionada a la ejecución de obras, abastecimiento y
tesorería, a fin de asegurar la integridad de la documentación que será examinada por
el equipo auditor.
Lima 31 de Octubre de 2014