“EL DERECHO, AL SERVICIO DE LAS LIBERTADES” MANIFIESTO

MANIFIESTO
“EL DERECHO,
AL SERVICIO DE LAS LIBERTADES”
Los juristas que suscribimos, apelando a la larga tradición jurídica
catalana, que honramos, caracterizada históricamente por el rigor
científico de su discurso, llamamos la atención de la sociedad catalana
sobre las siguientes cuestiones:
1º. No hay auténtica democracia fuera del Estado de Derecho y del
imperio de la ley. El marco jurídico establecido en los Estados de Derecho
evoluciona y debe evolucionar pacíficamente, dentro del ámbito previsto,
cambiando y adecuando su ordenamiento en función de los signos de los
tiempos y las necesidades básicas de los ciudadanos, en los que reside
con carácter exclusivo la soberanía del Estado, al igual que en todas las
democracias de nuestro entorno.
2º. Resulta preocupante constatar cómo últimamente, en especial desde
algunos medios y sectores, se vienen utilizando en el debate público
términos y conceptos jurídicos sin el mínimo rigor exigible.
3º. Cuestionar los fundamentos del Estado de Derecho, menospreciando
a los órganos encargados de aplicar las leyes, sea mediante sus
resoluciones de carácter jurisdiccional como a través de aquellas
emanadas del máximo intérprete de la Constitución, no es nunca una
opción lícita ni legítima. Ello supone, además, poner en peligro nuestro
sistema de derechos y libertades nacido con el pacto constitucional, fruto
del esfuerzo y compromiso de todos.
4º. La plena garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, en
el marco de la Unión Europea, únicamente es posible desde el respeto al
ordenamiento jurídico de la Unión y de sus Estados miembros. En el
marco de la construcción europea no caben posturas unilaterales ni
maximalistas; ni tampoco cabe postular o intentar legitimar la
transgresión del marco jurídico vigente.
5º. En consecuencia, debemos exigir que el debate público recupere, en
primer lugar, el rigor jurídico perdido; y, en segundo lugar, que se
desarrolle en el marco del necesario respeto a las leyes y a las decisiones
de los tribunales encargados de hacerlas cumplir, garantes de nuestra
convivencia pacífica y de los derechos y libertades de todos.