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¿Para cuándo la reforma?
Publicado en La República, Costa Rica el 25 de enero, 2017
Formalmente se llama la “Ley para el ordenamiento de las
retribuciones adicionales al salario base del sector público” y fue
preparada con esmero por la diputada Sandra Piszk del Partido
Liberación Nacional y acuerpado por legisladores de varios partidos.
La administración de Luis Guillermo Solís la mandó a sesiones
extraordinarias y luego se encargó de desmentirla. Con esa acción
está claro que en este periodo de cuatro años no habrá ninguna
reforma a la situación laboral de los empleados públicos y tampoco se
aprobará ninguna reforma fiscal. Ambas cosas realmente se requieren
porque cada vez van mermando las calificaciones de las deudas
públicas del país y en algún momento se comenzará a sentir presiones sobre la moneda nacional, sobre
la inversión privada directa e incluso sobre el comercio.
La ley de “empleo público” fue desmentida por la contralora de la República porque no aplicaba, según
ella, a las instituciones “autónomas” que en realidad son las que han establecido sistemas extraordinarios
de pago para los trabajadores a través de los años. Es más, por ser “autónomas” cada institución tiene
diferentes sistemas para cubrir las anualidades, las prestaciones, los días libres y otros asuntos. Dijo la
contralora que “reformando” al sector público “no autónomo no tendría impacto importante y positivo en
el déficit fiscal.
El presidente Solís, en campaña, dijo que no iba a presentar una reforma fiscal hasta que dos años se
completaran de su período constitucional porque primero “había que ordenar la casa”. Esto del
ordenamiento ha sido una de las promesas del PAC desde que comenzó a hablar el fundador de la
agrupación El Presidente presentó casi de inmediato un plan para aumentar los ingresos a través de más
impuestos, pero el plan de reforma en el empleo público más bien vino de la “oposición” que condicionó
la aprobación del plan fiscal a reformas en las remuneraciones de los empleados públicos
Parece que será el gobierno que llegue al poder en mayo de 2018 el que deberá buscar soluciones a
estos problemas de egresos e ingresos. La verdad es que el desafío del sector público es la
productividad. Se gastan enormes cantidades de dinero en el sistema educativo público y la enseñanza
frecuentemente es mediocre. Las obras públicas solo funcionan normalmente si están concesionadas a
una empresa privada. Las esperas en distintas oficinas y expendios de la Caja son frecuentes y, si se
toma lo que se paga por este servicio, no tienen justificación. Hay escasez de policías, hay cada vez más
delincuencia violenta en los barrios y comunidades. Los servicios sociales y de vivienda sufren de
tramitología extrema.
Esta falta de funcionamiento no tiene que ver ni con los salarios de los empleados ni tampoco con la falta
de recursos. Es por falta de un diseño moderno administrativo que permita sacar obras, educar chiquitos,
curar pacientes con los mejores recursos personales y de equipo disponible.
Que el sector público necesita un “overjol” es definitivo. ¿Hay algún candidato presidencial que ofrezca
esto?
Carlos Denton
[email protected]