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23 de Diciembre de 2016
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En el marco de la evaluación para el diseño de un nuevo cuadro tarifario de la luz que realiza la
Provincia, Edelap propuso ayer un aumento promedio del 38% para los hogares y que llegará en
algunos casos hasta el 42%, en tanto que la propuesta para el sector comercial implica un ajuste de
entre el 48% y el 70%.
En la segunda audiencia pública para analizar el tema, que se llevó a cabo en el Colegio de
Abogados de La Plata, la distribuidora platense advirtió sobre el déficit sostenido que viene
manteniendo a causa del “atraso tarifario”, y presentó un plan de inversión a cinco años por mas de
3 mil millones de pesos.
Pero sostuvo que entre los gastos operativos y de distribución mantiene un rojo acumulado de 740
millones de pesos que le dificulta grandes planes de inversión.
Por eso, en el cónclave convocado por el Oceba y del que participaron además las distribuidoras
del interior Edea, Edes, Eden y las cooperativas del interior, Edelap propuso un cuadro tarifario
que contempla un aumento promedio para los usuarios particulares del orden del 38%, siendo del
orden del 20% para beneficiarios de la tarifa social pero que llega en algunas categorías hasta el
42%.
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En tanto, los pequeños comercios pagarían un 48% más, mientras que los grandes tendrán un
impacto de hasta el 65%. Las industrias, en tanto, tendrán un ajuste de entre el 38% y el 70%.
Se trata de un planteo que junto con los que realizaron el resto de las empresas ahora el organismo
de control deberá contemplar para elaborar una propuesta de cuadro tarifario que apruebe el
Ejecutivo provincial.
Las audiencias para debatir ajustes de servicios públicos son obligatorias por ley pero no son
vinculantes. Sin embargo, influencian la decisión final que tome el gobierno sobre el futuro cuadro
tarifario a aplicar, ya que lo expuesto consta en el expediente de la decisión final.
Luego de un cónclave similar que el miércoles se llevó a cabo en Olavarría para propiciar la
asistencia de usuarios del interior, ayer en nuestra ciudad expusieron su posición unos 15 oradores,
entre representantes de consumidores, dirigentes y vecinos particulares.
En su gran mayoría plantearon que es necesario tener “un servicio acorde con tarifas razonables”, Y
también tener más información sobre la propuesta. Varios se quejaron por las dificultades en el
acceso al expediente.
En otros casos, la oposición fue rotunda en atención a que “no es el único servicio que aumenta” y
que las paritarias de 2017 están muy por debajo de los porcentajes propuestos.
El último aumento de tarifas del servicio fue dispuesto el 27 de febrero de este año y en promedio
fue del 170%. Sin embargo, su aplicación de vio frenada por varios meses a raíz de los amparos
judiciales que se interpusieron.
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Por distintas razones, una de ellas la falta de agua, los piquetes volvieron a complicar la circulación
vehicular en varios puntos de la Ciudad.
Desde temprano una movilización que cortó la zona de 122 y 50 protestó ayer por la falta de
suministro de agua potable en sus hogares y fue llamativa la presencia de un vecino disfrazado de
Pantera Rosa.
Se informó que ese problema llevaba más de 15 días y por eso se decidió cortar la circulación
vehicular.
Si bien la empresa Absa distribuyó cisternas con el objeto de paliar el faltante, los usuarios
expresaron su disgusto porque “estos tanques no dan abasto y son insuficientes para la enorme
cantidad de familias que están sin servicio desde hace más de dos semanas”.
La gente anticipó que permanecería en ese lugar “hasta que se solucionara el problema”.
Por su parte Absa informó que el barrio José Luis Cabezas no cuenta con el servicio de la empresa.
Se consignó que los vecinos que reclamaron ayer desde la mañana y durante buena parte del día no
son usuarios de la empresa.
De todas maneras se comunicó que Absa ofrecería asistencia de suministro a los vecinos, o sea
continuaría con la entrega de agua.
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Desde fines de noviembre es irrespirable el aire en la zona de 13 y 84, a raíz de una inmensa
vertiente de desperdicios cloacales que se expande a lo largo de varias cuadras. En algunas
viviendas, las aguas servidas inundaron los jardines y los vecinos tuvieron que cavar zanjas para
darle cauce hacia la calle. “Hace unos días operarios de Absa vinieron, destaparon un poco la
cámara, pero al rato el agua servida salía con la misma fuerza”, contó Ana Di Cianni, una de las
personas afectadas por “el foco de contaminación”, tal como lo calificó. Después de presentar
numerosos reclamos en Absa y en el ente regulador OCABA, los vecinos apelaron al Defensor del
Pueblo para solicitarle su intervención.
“Lo pedimos por la demora en la solución del desborde cloacal de la calle 13 entre 83 y 84, ingresó
al interior de algunas viviendas y tenemos miedo por las enfermedades que puede provocar”,
agregó un vecino.
La gente coincidió en que no alcanza con que los operarios realicen solo algunas tareas en la
cámara que está sobre la calle 84 para solucionar el problema. “Sentimos impotencia porque pasa el
tiempo y ya llevamos 22 días con este inconveniente”, agregó Di Cianni.
Se consignó que en la última semana los operarios de Absa revisaron esas instalaciones en dos
oportunidades, pero tras marcharse la pérdida reapareció tan caudalosa como antes de que se
hicieran las tareas para destapar la red.
“Tuve que romper parte de las paredes de la cámara de mi casa para que esa agua no nos
inundara, otros vecinos tuvieron que cavar zanjas y también se llegó a pagar a empresas para que
vinieran a destapar”, apuntó Aldo Cerioli, otro de los vecinos afectados que tampoco puede cortar el
pasto porque las aguas servidas inundaron su jardín.
En relación al costo que afrontó una de las vecinas que llamó a una empresa que se dedica a
destapar cañerías, se indicó que fue de 1300 pesos.
“Se destapó un tramo, pero al rato estaba todo el jardín completamente inundado, fue plata tirada”,
agregó la vecina. “El río de agua cloacal llega a la boca de tormenta que está a una cuadra, justo
donde se encuentra la parada de la Línea Este, donde todo el tiempo hay movimiento de madres
con sus hijos que pisan esa inmundicia”, sostuvo un frentista de 13 y 82.
De acuerdo a relevamientos que hizo la gente de barrio Monasterio, Absa debería realizar tareas
para destapar la red troncal de las cloacas en la zona de 85 con dirección al arroyo Maldonado.
TODA UNA ESQUINA INUNDADA
Vecinos de Berisso se quejaron por más de un desborde cloacal que inunda de aguas servidas toda
una esquina. Eso ocurre en la intersección de las calles 9 y 163, donde se produjo una fisura hace
un año y tres meses, según estimaron los frentistas de ese barrio. Desde entonces no paran de
brotar líquidos del sistema sanitario. “Hay un olor insoportable. Hemos hecho el reclamo en Absa y
en la Municipalidad y nadie viene a hacer el arreglo”, planteó una vecina.
Con relación al problema que sufren los vecinos, Absa informó que el desborde cloacal de calle 13
entre 83 y 84, será subsanado en la semana con distintas tareas que se están programando.
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Con fuertes discursos políticos, concejales de la oposición le pidieron hoy al intendente Héctor Gay
que se ponga al frente del reclamo por los repetidos cortes de luz y anunciaron que mañana se
reunirán con los responsables de la empresa EDES.
El pedido al jefe comunal surgió durante la sesión ordinaria, en la cual se aprobaron proyectos en
los que se piden sanciones a la prestataria y descuentos en las próximas facturas.
Los ediles anticiparon que pedirán detalles para conocer los motivos de los recientes problemas
con el servicio y cómo se invirtieron los 120 millones de pesos que la empresa dijo haber gastado
en 2016 para mejorar la calidad del servicio.
El encuentro de mañana se desarrollará a las 10:30 en las oficinas que tiene EDES en Moreno 79,
tal como propusieron las autoridades de la firma con el objetivo de "tener más a mano cualquier
información que los concejales requieran".
Mirá también: Con más de 32º en Bahía, siguen las quejas por la falta de agua: “No sale ni una
gota”
"Necesitamos que el jefe comunal nos acompañe en el reclamo", dijo Matías Italiano (Compromiso
Bahía).
"El intendente no puede pedirle paciencia a la gente cuando hay problemas con el servicio de
energía eléctrica", opinó Martín Salaberry (FULyT). Agregó que se debe conformar un comité de
crisis y controlar que EDES “cumpla con las promesas".
"Es un tema que viene de años y los vecinos quieren soluciones sin importar quiénes son los
representantes políticos", dijo Sergio Massarella (FPV).
"La gente nos putea cuando vamos a los barrios y la verdad es que tienen razón. No tienen agua
ni luz", confesó Ricardo Pera (Frente Renovador). "Ahora sí, quiero que la máxima autoridad política
de la ciudad esté con con nosotros en este reclamo, agregó.
Por último, tanto Pera como Salaberry advirtieron sobre el "hartazgo" de los vecinos y le pidieron
Gay que tenga una "agenda de la gente".
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Las empresas distribuidoras de energía de la provincia propusieron que la tarifa se actualice el año
próximo cada tres meses de acuerdo con una fórmula que tomará en cuenta diversos componentes.
El planteo fue realizado en el marco de la audiencia pública que se celebró en Olavarría y para que
entre en vigencia deberá ser convalidado por el Estado.
A esos incrementos habrá que sumarle la quita progresiva de subsidios. El recorte será de 20%
anual para llegar a 2020 sin subsidios.
“La electricidad se compone de tres partes: la generación, el transporte, que se discutió la semana
pasada en el estadio Minella, y la distribución, que se debatió en Olavarría. Lo que nosotros
sacamos en limpio es que estos tres componentes van a determinar la tarifa final para el año que
viene”, aseguró a LA CAPITAL Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos.
“Es muy difícil determinar cuál va a ser el monto total de aumento porque lo que están proponiendo
las empresas, más que un número, es una metodología de cálculo para actualizar cada tres meses
sobre la base de una serie de costos”, anticipó.
Además de Procelli, de la audiencia que se realizó el miércoles participaron en representación de
Mar del Plata los defensores del pueblo locales y la Liga de Amas de Casa.
Las empresas distribuidoras que expusieron fueron EDEA (zona Atlántica), EDES (zona Sur),
EDEN (zona Norte) y Edelap (La Plata).
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Personal del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), junto a Vialidad de la
provincia de Buenos Aires, retiró nuevamente la arena que se encontraba acumulada sobre
la Ruta 11, en las proximidades del barrio San Eduardo de Mar.
Pablo Simoni, titular del EMVIAL, explicó que “producto de los fuertes vientos, la arena
desparramada obstaculizaba la normalidad del tránsito y generaba un punto de conflicto en el cual
se registraron accidentes”.
A su vez, Simoni precisó que debido a que la arena suele invadir con frecuencia la cinta asfáltica ya
se iniciaron consultas ante el Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario de la Comisión de
Investigaciones Científicas dependiente de la Universidad Nacional.
Según dijo, el organismo expresó su intención de colaborar “para definir un proyecto que permita
lograr una solución duradera en el tiempo y sustentable en materia ambiental”.
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Un camión volcó esta tarde en la ruta 88, en cercanías de la localidad de Batán, y toda su carga de
frutas y verduras quedó esparcida sobre el pavimento. Según informaron fuentes consultadas por
LA CAPITAL, tanto el conductor del transporte y su acompañante femenina, de 38 años, se
encuentran en buen estado de salud, ya que apenas se reportaron lesiones leves. El camión
transportaba frutas y verduras desde Mar del Plata hacia Tres Arroyos, pero al llegar al kilómetro 18
su conductor perdió el control. Algunos testigos aseguran que “mordió la banquina y volcó”. De
todos modos, de forma oficial se desconocen los motivos por los que sucedió el accidente ya que “el
asfalto estaba en buenas condiciones y el conductor apto para manejar”. En el lugar trabajó policía
de la comisaría octava en la reorganización del tránsito y poco después comenzaron las tareas de
limpieza ante la gran cantidad de frutas diseminadas por el asfalto.
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Federico Salvai, jefe de Gabinete
de la política bonaerense de este
tráfico inusual de dirigentes:
funcionarios varios desfilaron por
de María Eugenia Vidal, se convirtió en el más célebre de los RRPP
tiempo. Su residencia fue, en las últimas horas, el escenario de un
intendentes peronistas, legisladores de todos los partidos y
la casa "oficial" que ocupa el funcionario en La Plata.
El evento ocurrió durante la larga espera por la sanción del Presupuesto bonaerense 2017, que se
estiró desde la tarde del miércoles hasta pasadas las 4 de la madrugada de hoy. El funcionario
ofreció, casi como en una parrilla al paso, asado para los invitados que fueron llegando.
La peregrinación arrancó temprano. Al atardecer estuvieron Verónica Magario, intendente de La
Matanza, y Fernando Espinoza, el jefe del PJ bonaerense, en uno de los últimos espadeos para
cerrar la letra del proyecto de presupuesto y endeudamiento.
El duo matancero había elevado algunas quejas en el último tirón pero al final se alinearon con el
resto del peronismo, salvo La Cámpora que votó en contra y, además, en el camino se desgajó:
varios diputados "cercanos", de perfil K, votaron en línea con el peronismo territorial.
Dato al margen: Mónica Macha, de Nuevo Encuentro y esposa de Martín Sabbatella, fue la única
senadora que votó en contra de la designación de Julio Conte Grand como Procurador de la Corte
bonaerense, que reemplazará a María del Carmen Falbo.
En ese trámite hubo operaciones cruzadas. Varios peronistas, entre ellos el senador Patricio García,
decano de la Legislatura, llevaron el mensaje a la gobernación de que no se apuren con el pliego
porque lo mejor era una aprobación con amplísima mayoría.
Y así fue: salvo Macha, lo votaron todos los demás, incluso senadores de La Cámpora-JP.
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Para Vidal y Salvai, que prestó su residencia para el tercer tiempo legislativo, fue la coronación de
una negociación larga pero menos trabajosa que lo que se dice. Hace tiempo la discusión dejó de
ser económica -sobre el presupuesto- para ser política: con quienes se aliaba el gobierno para la
votación.
Vidal ratificó su alianza con Massa -a quien, dijeron en la larga sobremesa, le pegó en las encuestas
el expediente Ganancias y no en el buen sentido- a pesar de lo cual, de la parrilla de Salvai se
alimentaron varios peronistas: Martín Insaurralde, Juan Pablo De Jesús, Eduardo "Bali" Bucca, Hugo
Corvatta y Juan Zabaleta, entre otros.
La mayoría del grupo Esmeralda, el sector del peronismo que se mostró en este tiempo más
"colaborador" con Vidal pero que en este turno se movió con una doble cautela: buscaron "cuidar" a
Florencio Randazzo para que, a pesar de tener una posición más dura en la negociación, no quedara
afuera del acuerdo general.
Y no quedó: finalmente, Marcelo Felliú juró como vice primero de la Cámara de Diputados.
También pasaron por allí el radical de Cambiemos Roberto Costa y Malena Baro, su pareja, pero
senadora del Frente Renovador. Más tarde, empezó el desfile de diputados, entre ellos Manuel
Mosca, flamante presidente de la Cámara de Diputados y, entre otros, Marcelo Daletto, el diputado
que reporta a Emilio Monzó. Otro PRO fue Julio Garro, intendente de La Plata, que pasó a saludar.
Entre los funcionarios, además de Salvai, estuvieron Alex Campbell, el ministro Hernán Lacunza y
Fabián Perechodnik, secretario General de la gobernación, que más temprano festejó su cumpleaños
con un evento "cerrado" en La Enramada, el local donde se suelen hacer los encuentros del PRO
bonaerense.
También estuvieron Mariano Mohadeb y Federico Suárez, responsables de Comunicación y Medios
de Vidal, el ministro de Justicia Gustavo Ferrari y el de Desarrollo Social; Santiago López Medrano.
Charlas largas y balance. "Fue un buen cierre: la vez anterior, tuvimos presupuesto en enero"
compartió Salvai y se animó a algunas interpretaciones políticas: el voto dividido entre el peronismo
post K y La Cámpora anticipa, analizó el funcionario, la dificultad que tendrá ese espacio de avanzar
en un cierre electoral para el 2017.
A los curiosos les contó, además, que Fernanda Inza será la reemplazante de Conte Grand en la
secretaria de Legal y Técnica. Es una funcionaria que le "roba" a Mauricio Macri porque actualmente
se desempeña como subsecretaria de Pablo Clusellas, el Legal y Técnica de Presidencia.
También comentarios sobre Facundo Manes, el neurocirujano que rankea con chances ciertas de ser
la principal oferta electoral de Cambiemos en el 2017, lugar al que también aspira Jorge Macri.
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El crimen del militante social César Méndez dejó al desnudo, una vez más, la falta de Estado en áreas del
conurbano. Y la proliferación de grupos narcos que dividirían el botín (paradójicamente fruto de la
pobreza y la marginalidad) con las fuerzas policiales. Pero esta vez el caso empardó a la política con la
inseguridad: Méndez era activista de la agrupación "La Dignidad", una de las ramas de la Confederación
de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), ligada al Movimiento Evita. Por eso se explica la
presencia del diputado Fernando "Chino" Navarro, de ese espacio, en la marcha que ayer protagonizaron
los vecinos del barrio 5 de enero, de la localidad Cuartel Quinto, de Moreno, donde vivía Méndez.
Navarro le dijo a Clarín que le reconoce a Vidal "no haber transado con la Policía pero la falta un plan
integral, no se puede dirigir a 100.000 uniformados desde La Plata". Abogó por una policía local de
cercanía y dirigida por los intendentes.
El barrio 5 de enero se encuentra dentro un gran asentamiento que tiene una extensión de 200 hectáreas
que se fueron tomando desde el 2006: hoy conviven 15 barrios en los que no hay ningún servicio
público. En el último tiempo la crueldad narco es tal que esas bandas echan a los que viven en las casillas
y las usan de búnker para vender droga. Cuando Méndez, el jueves pasado, estaba siendo testigo de este
desalojo compulsivo a su vecina, fue que saltó a defenderla y le propinaron una balacera. El caso fue
relatado ayer por Clarín.
El jefe comunal Walter Festa también caminó junto a los vecinos por la ruta 24, que une el barrio donde
ocurrió el crimen con la comisaría cuarta que tiene jurisdicción en la zona. Dijo a Clarín que "el problema
es la falta de Estado que viene de hace años en nuestro Partido". Descartó que, como dicen algunos
militantes, a Méndez lo haya matado la banda narco triangulando con la Bonaerense "para tirarle un
muerto a Vidal y recalentar el ambiente en diciembre". "Es un hecho de inseguridad", apuntó.
Oriundo de esa localidad, también marchó Esteban "Gringo" Castro, el secretario nacional de la CTEP,
quien viene teniendo protagonismo por ser el orador principal de esta organización. "El Estado está
ausente. Tendría que haber polideportivos, más escuelas, fomentar actividades culturales, hay que
contrarrestar esa política que deja a la gente fuera del sistema". A través de la CTEP maneja en la zona
muchos comedores.
Las especulaciones de la connivencia policial vienen a cuento, según los vecinos, de que un integrante de
la banda narco asesina fue visto al día siguiente del hecho charlando en dicha comisaría con los efectivos.
Hoy no hay detenidos aunque la fiscal María Urrutia, que entiende en la causa, le dijo a Marixa Méndez,
la mujer de César, que "el asesino está identificado aunque prófugo".
El viernes pasado hubo un pueblada frente la comisaría y ayer una Marcha del Silencio, sin incidentes.
Pero el miércoles, militantes de "La Dignidad" le habían ido a avisar al comisario de la movilización, quien
les advirtió que "si pasaba algo la culpa es de ustedes".
Lo cierto es que ayer la calle fue de los descartados, como dice el Papa Francisco. Junto a los políticos
estaban los vecinos y Marixa, quien reabrió el merendero Santa Rosa, que manejaba con César y en el
que atendían a 70 chicos por día. Luego de un kilómetro de caminata, en la puerta de la comisaría los
esperaba "muchos más policías que los que patrullan". La tensión del cara a cara duró unos diez minutos
y como cierre, las mil personas que marcharon escucharon las palabras del cura lugareño Eduardo Farrel,
quien le pidió a Festa que convoque al pueblo para ir a pedir recursos a La Plata o a Nación. "El
capitalismo nos divide y nos mata en la cultura del descarte", dijo.
Un dato político más: Farrel fue el cura que portaba el altavoz en la populosa marcha del 7 de agosto.
Hito fundacional del tridente de San Cayetano, es decir de las poderosas organizaciones populares CTEP,
Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa. Las mismas que firmaron la Emergencia Social.
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Fernando Espinoza no podía esconder su enojo por los pasillos de la Legislatura bonaerense. El
presidente del PJ provincial había sido uno de los articuladores de las múltiples reuniones que el
peronismo mantuvo en los últimos meses para poder votar unido el presupuesto 2017, y antenoche,
a las 22, se enteraba de que La Cámpora iba a pararse en contra. Por teléfono, Máximo Kirchner
buscaba tranquilizarlo. "Está todo bien. Nos vemos el 29 en el Congreso", le decía.
Y es que, tras perder la oportunidad de mostrarse unido en la Legislatura, el peronismo tendrá el
próximo jueves una nueva chance para cerrar filas antes del año electoral. La cita, sin embargo,
podría derivar en una fractura mayor entre los intendentes, que buscan una construcción de poder
más horizontal, sostenida desde los municipios, y el kirchnerismo duro, encabezado por La
Cámpora, que no duda de la conducción de Cristina Kirchner .
Las diferencias se basan en dos puntos: que el PJ pase a tener seis apoderados, como pretenden los
intendentes, para licuar el poder de los dos apoderados actuales: el camporista Eduardo De Pedro y
Jorge Landau. Son quienes tienen la "lapicera" a la hora de armar las listas de candidatos.
Pero La Cámpora desconfía aún más de la Comisión de Acción Política (CAP) que el peronismo formó
con 15 miembros y sólo una silla para los jóvenes kirchneristas. Esa CAP, advierten en La Cámpora,
será utilizada para suplantar el Concejo del PJ, donde son mayoría los leales a la ex presidenta.
"Es hora de que «los pibitos» vayan aterrizando en el planeta Tierra y descubran que no hay poder
sin territorio", advirtió a LA NACION un intendente del conurbano. "Les molesta que tengamos una
organización, pero más les molesta que Cristina mida 40 puntos en sus distritos", replanteó un
joven K.
Aunque la batalla podría aflorar en el Congreso del 29 de diciembre, el grueso de los dirigentes
consultados por LA NACION prefirió destacar que el peronismo terminará 2016 mucho mejor que
cómo lo empezó, fracturado y muy golpeado luego de la derrota electoral.
"La única forma de estar juntos otra vez es que volvamos a tenernos confianza y la votación de ayer
no ayudó. Pero todos sabemos que juntos tenemos todo para ganar en 2017. Separados, no",
destacó Espinoza a LA NACION.
"Los intendentes salieron fortalecidos de la Legislatura, pero no por eso hay crisis con La Cámpora.
En estas semanas compartimos muy buenas conversaciones", agregó Gabriel Katopodis, intendente
de San Martín y miembro del Grupo Esmeralda, el sector que más forcejeó con La Cámpora por los
cargos que se dirimieron junto al presupuesto.
Se quedó con el Defensor del Pueblo para Guido Lorenzino, un ex sciolista que ahora aboga por la
candidatura de Florencio Randazzo, cercano a los Esmeralda. Randazzo tuvo más premios: Marcelo
Feliú se convirtió en vicepresidente primero de Diputados.
El Movimiento Evita, por su parte, se quedó con el Defensor de Derechos Sociales y otra de las
vicepresidencias de Diputados. Espinoza (o el grupo Fénix de intendentes), podría reclamar una
vacante en el Tribunal de Cuentas.
"Se llenaron la boca hablando de unidad, pero al final se repartieron los carguitos", señalaba ayer
un camporista, con la mirada puesta en el Congreso del 29.
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El Ministerio de Economía bonaerense concretó hoy una emisión de títulos públicos por $1.960
millones, en el marco del Programa de Emisión de Deuda Pública en el Mercado Local de Capitales
2016.
Según sostuvo en un comunicado, la cifra representa "prácticamente el doble del monto
originalmente anunciado".
"Luego de tres colocaciones en el mercado internacional de capitales, las recientes colocaciones en
el mercado local contribuirán a diversificar las fuentes de financiamiento de la provincia y permitirán
avanzar en la construcción de una curva de rendimientos en moneda doméstica", resaltó el
Ministerio.
El primero de los instrumentos ofrecidos es a 36 meses de plazo y con un cupón de 400 puntos
básicos sobre Badlar.
El segundo de los instrumentos ofrecidos, implica un título a 24 meses de plazo con un margen fijo
sobre la tasa Badlar de 350 puntos básicos.
"Los fondos captados a través del mercado de capitales permitirán financiar el esfuerzo de inversión
pública y la recuperación de la infraestructura económica y social de la provincia con vistas a
mejorar el bienestar de sus habitantes y las condiciones productivas de las firmas bonaerenses",
sostuvo la cartera económica bonaerense.
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El gobierno de María Eugenia Vidal fue autorizado a tomar endeudamiento el año próximo por 52
mil millones de pesos y consiguió aval para aplicar un incremento en el impuesto Inmobiliario y en
el porcentaje de Ingresos Brutos que pagan las salas de juego en la Provincia.
Así lo disponen los proyectos de Presupuesto y de Ley Fiscal que sancionó la Legislatura bonaerense
en las primeras horas de ayer, al cabo de una trabajosa negociación con los bloques opositores que
recién pudo destrabarse bien entrada la noche del miércoles.
La “ley de leyes” prevé una proyección de gasto de 521.410.794.201 pesos e incluye, después de
muchos años, una pauta destinada al aumento salarial de los estatales bonaerenses estimada en el
orden del 17%.
Los proyectos fueron tratados primero en el Senado, donde contaron con el acompañamiento de
todos los bloques, con excepción del Frente para la Victoria.
En Diputados, que comenzó a sesionar al filo de la medianoche, el FpV también lo rechazó, aunque
en una postura divida. Un grupo de legisladores de la bancada votó a favor, en una decisión que
podría derivar en una nueva ruptura del espacio.
ACUERDOS
La sanción del presupuesto logró destrabarse luego que el oficialismo acordara con los distintos
bloques del peronismo bajar el endeudamiento de 93 mil millones de pesos a unos 52 mil millones.
A partir de un planteo de los intendentes del peronismo, también se incluyó un fondo de 8.500
millones de pesos que serán destinados a los municipios, de los cuales el Ejecutivo tomó el
compromiso de girar el 30% para marzo y luego el 11% cada vez que tome deuda.
Los 521 mil millones de presupuesto implican 107.000 millones más (26%) que el Presupuesto
proyectado-ejecutado de 2016, que estaría en el orden de los 413 mil millones de pesos. El
incremento responde, fundamentalmente, a que para infraestructura se destinarán 43.800 millones,
lo que significa un 70% más que lo proyectado en 2016 y cuatro veces lo ejecutado en 2015.
En tanto, incluye 826 obras, de las cuales 442 son nuevas. Implicarán un desembolso de 13 mil
millones de pesos e incluyen agua potable, saneamiento y control de inundaciones por más de
9.300 millones de pesos.
La Ley Fiscal, en tanto, dispone un incremento del 36% en los impuestos Inmobiliario Urbano y
Rural, y una suba del 1 al 3% el impuesto a los Sellos para la compra de autos cero kilómetro.
Como contrapartida, se reducirá la presión fiscal del gravamen a los Ingresos Brutos de aquellos
comerciantes que facturen hasta $1,3 millones de pesos al año, que, se estima, son unos 120 mil
contribuyentes.
En tanto, también se incorporó un incremento de tres puntos en la alícuota de Ingresos Brutos que
pagan las salas de juego, que además deberán cobrar una entrada de 20 pesos por apostador.
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En medio de una sesión turbulenta, cruzada por las tensiones por el Presupuesto, el Senado
bonaerense aprobó el pliego que envió la gobernadora María Eugenia Vidal para la designación de
Julio Conte Grand en la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia. El ahora
exsecretario de Legal y Técnica asumirá la semana próxima como jefe de los fiscales bonaerenses e
inaugurará una nueva etapa en el Ministerio Público.
La designación de Conte Grand, un hombre del riñón macrista, marcó el cierre de la gestión de
María del Carmen Falbo, quien estuvo al frente de la Procuración desde 2004 y hasta noviembre
pasado, cuando formalizó su renuncia.
La salida de Falbo se produjo al cabo de un año de fuertes cruces, que se iniciaron apenas Vidal
asumió en la Gobernación y que tuvieron como principal disparador las derivaciones de la fuga de la
cárcel de General Alvear de los tres condenados por el denominado crimen de la efedrina.
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El episodio derivó en una fuerte embestida por parte del Gobierno provincial contra Falbo, a quien le
reprocharon el accionar de fiscales que intervinieron en la persecución de los hermanos Martín y
Christian Lanatta y Víctor Schillaci.
Por esos días, y en medio de la primera crisis que debió atravesar en su gestión, desde el entorno
de Vidal se reconocía que la entonces Procuradora “no generaba confianza”. Falbo estaba apuntada
no sólo por su desempeño en un organismo clave, desde donde se diseña la política de investigación
penal en la Provincia, sino también por motivos políticos. Abogada y escribana oriunda de Quilmes,
la “Pochi” dio sus primeros pasos de la mano del exgobernador Eduardo Duhalde, quien la designó
como secretaria de Justicia de la Provincia, cargo que ocupó entre 1995 y 1999. Luego de un paso
por la Cámara de Diputados de la Nación, y ya en la gestión de Felipe Solá, fue designada en 2004
al frente de la Procuración, donde se mantuvo a lo largo de los dos períodos de gobierno de Scioli.
“ETAPA CUMPLIDA”
A Falbo se le cuestionó también su vínculo con Aníbal Fernández, a quien defendió como abogada
cuando el exjefe de Gabinete del kirchnerismo resultó acusado de administración fraudulenta en su
paso por la intendencia de Quilmes
La ofensiva se hizo más notoria cuando el ministro de Seguridad Cristian Ritondo afirmó que su ciclo
estaba cumplido, una frase que confirmó que el gobierno de Vidal la quería fuera de la Procuración.
Con todo, las tensiones fueron aplacándose con el correr de los meses, en lo que pareció un acuerdo
tácito para que la funcionaria tenga una salida “sin ruidos” de del Ministerio Público. El escenario
terminó de despejarse cuando Falbo anunció, a mediados de año, que había iniciado los trámites de
su jubilación. Finalmente, en noviembre, le presentó su renuncia a Vidal.
Entre los principales críticos de Falbo están la diputada nacional Elisa Carrió, que la denunció por
supuestamente encubrir información sobre el triple crimen de General Rodríguez.
Con Falbo en proceso de retirada, Vidal tomó la decisión de impulsar para ese cargo a Julio Conte
Grand, a quien había designado al inicio de su gestión en la secretaría de Legal y Técnica, un
organismo clave ya que debe controlar los decretos que llevan la firma de la Gobernadora.
Abogado recibido en la UBA con un promedio de 9,50, Conte Grand se desempeñó hasta fines de
2015 como Procurador General en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde logró construir una
relación cercana y de confianza con Vidal, entonces vicejefa de Gobierno porteño. En sus primeros
pasos en la vida pública estuvo vinculado al menemismo y al ex intendente de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Carlos Grosso, quien lo designó en la Comisión de Reforma Normativa de la
entonces Municipalidad porteña.
LEGAL Y TECNICA
En tanto, con el desembarco de Julio Conte Grand en la Procuración, quedó vacante el cargo de
secretario de Legal y Técnica de la Gobernación.
Ayer, fuentes del Ejecutivo informaron que el cargo será ocupado por María Fernanda Inza, quien
venía desempeñándose en la subsecretaria Técnica de la Presidencia de la Nación.
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Por primera vez desde su puesta en marcha, en el año 2009, la Defensoría del Pueblo de la
Provincia será conducida por la oposición. Al cabo de una extensa y conflictiva negociación, el
Senado y la Cámara de Diputados aprobaron en la madrugada de ayer la designación del peronista
Guido Lorenzino Matta al frente del organismo.
El exdiputado y exfuncionario del ministerio de Seguridad, hoy cercano a los intendentes del Grupo
Esmeralda, reemplazará a Marcelo Honores, quien conducía la Defensoría en forma interina desde la
renuncia del platense Carlos Bonicatto.
La designación del ómbudsman provincial fue uno de los puntos más conflictivos en la negociación
que se desarrolló el miércoles en la Legislatura, ya que el cargo, así como los sillones de los
defensores adjuntos, era reclamado por distintos sectores del peronismo y el Frente Renovador.
La elección del nuevo ómbudsman se concretó luego de que se sancionara un proyecto que modificó
la estructura del organismo
El reparto de esos espacios quedó envuelto en medio de una fuerte pulseada entre los distintos
sectores del peronismo, ya que el nombre de Lorenzino no contaba con el respaldo del kirchnerismo
y La Cámpora.
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La elección se concretó luego de una compleja maniobra legislativa para modificar la composición
del organismo a través de un proyecto de ley sancionado minutos antes de la designación de los
cargos.
Así, habrá dos defensores adjuntos generales: uno de ellos será el exdiputado Walter Martello, un
dirigente que inició su carrera política en la Coalición Cívica de Elisa Carrió pero que luego pasó a las
filas del massismo, que de esa manera logró su objetivo de colocar a un hombre de su espacio en el
organismo.
ADJUNTOS
El segundo defensor adjunto corresponderá al Frente para la Victoria. En principio, se trata de un
sillón reservado para La Cámpora, que le fue ofrecido a ese sector en el marco de las negociaciones,
aunque aún no hay definiciones sobre quién lo ocupará ni está claro que la organización haya
respondido a ese ofrecimiento. El nombre de la diputada nacional de La Cámpora Fernanda Raverta
sonó con fuerza.
En tanto, se definió que habrá dos defensores adjuntos para temáticas específicas. La de Derechos
Sociales será ocupada por el exsenador Eduardo Ancona, un dirigente del Movimiento Evita.
En tanto, la Defensoría adjunta en Derechos Humanos y Servicios de Salud, en la que revistará el
radical Marcelo Honores, hasta ahora a cargo de la Defensoría en forma interina.
La designación de Honores responde a un pedido explícito de la UCR a la gobernadora María Eugenia
Vidal para contener a ese sector y al dirigente que asumió el interinato que se abrió a principios de
2015.
La norma incluyó también una disposición transitoria que exceptuó por única vez el procedimiento
previsto para la elección del Defensor del Pueblo, debido a que su titularidad está vacante desde
hace casi dos años, cuando se le venció el mandato a Carlos Bonicatto.
En ese entonces, asumió Honores interinamente por ser el secretario general del organismo. Sin
embargo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia lo desconoció como autoridad competente en el
marco de la disputa judicial por el aumento de las tarifas a principio de año.
FUNCIONES
La Defensoría del Pueblo es un cargo que fue creado en la reforma constitucional de 1994, pero que
recién comenzó a funcionar en el año 2009.
En ese entonces, el exgobernador Daniel Scioli impulsó la candidatura del peronista Carlos
Bonicatto, lo que le valió críticas desde la oposición, que entendía que, como órgano de garantía,
unipersonal, autónomo e independiente, la Defensoría del Pueblo no podría quedar en manos de un
dirigente del oficialismo
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Fue uno de los ejes centrales de la pulseada que se extendió hasta la medianoche del miércoles.
Pero, finalmente, Cambiemos, el massismo y un sector del peronismo lograron llegar a un acuerdo
por el recambio de autoridades en la Cámara de Diputados bonaerense.
De esa forma, el oficialista Manuel Mosca se convirtió en el nuevo presidente de la cámara baja
bonaerense, en reemplazo del massista Jorge Sarghini, quien ocupó un año ese cargo. En tanto, el
Frente Renovador se quedó con la vicepresidencia, donde fue designado Ramiro Gutiérrez, un
diputado oriundo de Dolores.
El esquema confirmó la continuidad del acuerdo de gobernabilidad que firmaron a principio de año
la gobernadora Maria Eugenia Vidal y Sergio Masa, que contemplaba un esquema de presidencias
“rotativas” en Diputados.
El acuerdo contemplaba que, luego de un año, Sarghini debería dejar la conducción del cuerpo a
Cambiemos y se quedaría con la vicepresidencia, un espacio clave ya que cuenta con “poder de
firma” en cuestiones legislativas y administrativas, que hasta ahora venía ocupando el oficialismo.
La designación de Mosca se concretó en las primeras horas de ayer, en el inicio de la sesión en la
que la Cámara baja sancionó el Presupuesto.
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Fue un trámite complejo, que implicó la renuncia de todas las autoridades de la Cámara, que quedó
momentáneamente bajo la presidencia provisoria del titular de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Santiago Nardelli.
Oriundo de Bolívar, Mosca es considerado un “vidalista puro”. Desde su llegada a la Legislatura, a
fines del año pasado, mostró un perfil activo que le valió algunas controversias, como la que
mantuvo con la intendenta de La Matanza Verónica Magario por su aval al proyecto para dividir el
distrito.
VICEPRESIDENCIAS
El esquema se completa con el diputado de Bahía Blanca Marcelo Feliú como presidente primero. Se
trata de un dirigente alineado con Florencio Randazzo. Por su parte, Leonardo Santiago, del GEN,
seguirá como vicepresidente segundo y Patricia Cubría, de Peronismo Para la Victoria-FpV como vice
tercera. Cubría responde al Movimiento Evita y es la esposa de uno de sus máximos dirigentes:
Emilio Pérsico.
La Cámpora, en tanto, rechazó el acuerdo y a través del diputado José Ottavis presentó un recurso
de amparo en el juzgado 10 de La Plata porque considera que el pacto de alternancia es “es el
resultado de un accionar antidemocrático de la Gobernadora ya que interfiere en el Poder
Legislativo, violando el reglamento interno de la Cámara. Mucho ha hablado Cambiemos del respeto
a las instituciones, y hoy hacen todo lo que criticaron”.
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Finalmente, se despejó la duda de miles de empleados de la administración pública bonaerense, que
se preguntaban, como sucede cada vez a esta altura del año, si las autoridades los liberarían de
trabajar en las horas previas a las fiestas de fin de año: la gobernadora María Eugenia Vidal decretó
ayer asueto para hoy y el 30 de diciembre y el beneficio correrá a partir de las 13.
“Por su profundo sentido religioso y conmemorativo, las citadas fechas son celebradas
tradicionalmente por la ciudadanía mediante la unión y acercamiento de las familias y grupos”,
señala el decreto que declara asueto para el turno tarde de ambos días.
La norma indica que “se estima conveniente arbitrar las medidas idóneas que faciliten y alienten las
celebraciones tradicionales, máxime para todas aquellas personas que se domicilian alejadas de sus
seres queridos”.
RUTAS RECARGADAS
“Como consecuencia de las mismas, la circulación en las rutas se incrementan considerablemente,
siendo necesario procurar medidas para asegurar el resguardo de los ciudadanos que deben
trasladarse”, agrega el decreto.
En este sentido, los considerandos de la norma concluyen que, “por las razones expuestas, resulta
conveniente intervenir a tal fin tomando las medidas idóneas que faciliten y alienten dichas
celebraciones”.
Adhirió a la medida, asimismo, la órbita comunal, por lo que los empleados de la administración
municipal tampoco trabajarán hoy y el 30 del corriente a partir de las 13.
Desde el Municipio se informó que las razones de la medida están vinculadas a facilitar el encuentro
familiar, teniendo en cuenta el carácter conmemorativo de las fechas.
En Ensenada también darán asueto desde las 13 de hoy. Por su parte, la Municipalidad de Berisso
informó que por decreto municipal Nº 1067, el intendente decretó asueto administrativo para hoy y
el 30 de diciembre, desde las 12.
De esta forma, a diferencia de la administración pública nacional (donde fuentes oficiales
consignaron días pasados que no serán decretados asuetos en las jornadas previas a las fiestas), la
administración pública bonaerense sí gozará de dos medias jornadas de asueto hoy y el 30.
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El Consejo de la Magistratura aprobó que Juan Manuel Culotta cubra la vacancia del Tribunal Federal
Nº 1 de La Plata. Empezará a ejercer el 1º de abril, cuando termine la subrogancia de María Servini
de Cubría
La comisión de selección del Consejo de la Magistratura aprobó ayer el traslado del juez federal
Juan Manuel Culotta, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
de Tres de Febrero, al Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, con competencia electoral en la Provincia.
En una votación que fue nominal a pedido del consejero y diputado del Frente para la Victoria (FpV),
Rodolfo Tailhade, votaron a favor del traslado del juez Culotta los consejeros Leónidas Moldes
(juez), Juan Bautista Mahiques (representante del Poder Ejecutivo), Pablo Tonelli (diputado de
Cambiemos) y Gustavo Valdés (diputado radical).
En tanto, se abstuvieron los consejeros Daniel Candis (académico) y Luis María Cabral (juez y
presidente de esa comisión) y se opusieron los consejeros Gabriela Vázquez (jueza) y Tailhade.
El diputado Gustavo Valdés recordó que el juez fue elegido en una terna y que fue aprobado por el
Senado hace algunos años, por lo que “reúne los requisitos para ser magistrado”.
El Juzgado Federal Nº 1 de La Plata es el tribunal bonaerense competente en materia electoral y
quedó vacante tras la muerte del juez Manuel Blanco el 2 de septiembre de 2014.
El kirchnerismo, que en esos años era oficialismo en el Consejo, llevó a la comisión de selección el
nombre del entonces secretario judicial de la Cámara Federal, Laureano Durán, pero en febrero de
este año el Consejo de la Magistratura le dio la subrogancia a la jueza María
Servini, titular del Juzgado Federal Nº1 porteño, que tiene la competencia electoral en la Ciudad de
Buenos Aires. Esa subrogancia venció el 30 de noviembre, pero se la prolongaron hasta el 30 de
marzo.
En la sesión de ayer se resolvió la vacancia que se generará a partir del 1º de abril.
“Crecimiento personal”
Según trascendió, el juez Culotta envió el pasado 14 de diciembre una carta al Consejo de la
Magistratura solicitando que “se autorice su traslado como magistrado al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº1 de La Plata, que actualmente se encuentra vacante”.
Culotta sostuvo que lo motivaba un “crecimiento personal” para realizar el cambio basado en una
mayor responsabilidad territorial, y por su gravitación en el juzgamiento de causas por delitos de
lesa humanidad y también electoral. Enumeró sus antecedentes como juez federal desde 2006,
ocupando una vacante en la Cámara de San Martín y atendiendo múltiples causas.
Pero más allá del pedido, la comisión de selección del Consejo habilitó una consulta a la Cámara
Federal de La Plata para preguntarles por el traslado, algo que fue contestado por todos los
magistrados el 20 de diciembre a través de la Resolución Nº 243. Los camaristas no hicieron
observaciones sobre el candidato.
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Aquella escandalosa designación de Laureano Durán
Tras el fallecimiento del juez Manuel Blanco en 2014, La Cámpora puso a dedo como titular del
Juzgado Federal Nº 1 de La Plata a Laureano Durán, hasta que el año pasado fue apartado por la
Corte Suprema de Justicia.
Durán se desempeñaba como un simple “auxiliar escribiente” en un Juzgado, y se le creó un cargo
de secretaría de un día para el otro.
Fue tan cuestionable su designación que, entre los antecedentes publicados en su web
(www.laureanoduran.com), un sitio personal creado supuestamente para que la ciudadanía lo
conociera, se afirmaba que en el año 2000 había ingresado a trabajar como jefe de despacho
(relator) en la Cámara Federal de La Plata. Es decir, de ser cierto ese antecedente, habría cumplido
esa función cuando tenía 18 años, recién egresado del colegio secundario.
El proceso de impugnación de la designación de Durán se inició en La Plata y, tras varios meses y
artilugios penales, se determinó la sustitución.
Durán fue reemplazado por María Servini de Cubría, tras declarar inconstitucional su nombramiento.
La medida tomada a fines de 2015 por el máximo tribunal del país fue un fuerte límite a las
aspiraciones del kirchnerismo de manejar el Poder Judicial a su antojo, al designar como
subrogantes a abogados leales para lograr impunidad.
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En una sesión exprés, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto para la baja del Impuesto
a las Ganancias que acordó el Gobierno con la CGT y que fue avalado por los gobernadores.
Ayer los senadores ya le habían dado media sanción. En ambos casos, la mayor parte de los bloques
opositores se sumaron al oficialismo para darle amplio respaldo al proyecto, que modificó al que se
había votado inicialmente en la Cámara baja por impulso del massismo y el kirchnerismo.
En Diputados, la sanción de la ley obtuvo 167 votos a favor (de Cambiemos, el Frente Renovador, el
peronismo disidente, el FAP y algunos kirchneristas que se diferenciaron de su bloque), contra 4 que
rechazaron el proyecto (de la izquierda) y 3 abstenciones.
El FPV-PJ pretendía que en primer lugar se tratara su dictamen del tema Ganancias, que propone
insistir con la sanción original del proyecto que habían logrado sancionar 14 bloques de la oposición
en contra del deseo del oficialismo.
El jefe del bloque del FPV-PJ, Héctor Recalde, explicó que el proyecto que devolvió el Senado "es
peor que el primero que había mandado el Gobierno" porque, explicó Axel Kicillof, "en las escalas
aparecen la trampa" y aseguró que en junio del año próximo habrá 2 millones de trabajadores,
jubilados y monotributistas tributando el gravamen.
El presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Luciano Laspina (PRO), aseguró, al abrir
esta tarde el debate del proyecto de reforma de Ganancias en el recinto de la Cámara baja, que la
iniciativa "viene a reparar las profundas inequidades y distorsiones que se vienen dando en los
últimos años, que implicaron subirle los impuestos a los trabajadores sin pasar por el Congreso".
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Isela Costantini se resistió al desembarco privilegiado de Avianca en el mercado aerocomercial
doméstico. Se trata de un proyecto que la Casa Rosada alienta para que comiencen a concretarse
inversiones en la Argentina. Esa posición fue uno de los motivos centrales que desencadenó su
abrupta e inexplicable salida del equipo de Gobierno. Y así terminó la experiencia política de
Cambiemos de incluir a una eficiente ejecutiva para comandar a la estatal Aerolíneas Argentinas. La
contracara del descontrol de Mariano Recalde.
El otro hecho puntual ocurrió el domingo: la Jefatura de Gabinete no le perdonó a Isela que tuviera
una actitud condescendiente con el paro del lunes pasado y les facilitara las cosas a los gremios con
la decisión empresaria de suspender directamente los vuelos. Ambas causas detonaron la ya
explosiva relación que ella mantenía con Gustavo Lopetegui, Mario Quintana y Guillermo Dietrich.
El trío utilizó esas inflexibles posiciones para empujar a Costantini definitivamente del Gobierno. La
“ejecutiva” no compartía que a la futura inversión de Avianca se le otorgaran privilegios. De la mano
del empresario Carlos Colunga –de fuerte llegada a la Casa Rosada– Avianca pretende obtener rutas
clave para invertir en la Argentina. Colunga es vicepresidente de Avian Líneas Aéreas, la subsidiara
de Avianca que adquirió 12 aviones con la idea de operar las mejores rutas del país. Antes dirigía
Mac-Air, la firma de Franco Macri que fue vendida a Avianca.
Desde el inicio, Costantini tuvo un fuerte enfrentamiento con Lopetegui. El vicejefe de Gabinete –fue
jefe de LAN y es experto en el negocio– propició acelerar la política de “cielos abiertos” y pidió,
desde el inicio, cirugía sin anestesia para el déficit de Aerolíneas. Las peleas entre Costantini y
Lopetegui derivaron en una decisión del Presidente para evitar cuestionamientos éticos : hace
meses decidió que Costantini sea auditada por Quintana y no por Lopetegui.
Guillermo Dietrich fue el encargado de cuestionar la flexibilidad con los gremios. Primero, por los
fuertes aumentos acordados en las paritarias –pilotos, del 49 %– y después por lo ocurrido el lunes.
El viernes pasado nada hacía presagiar la crisis. El presidente Mauricio Macri estuvo a solas en
Olivos con Isela, Dietrich y Quintana. Hablaron del futuro de Aerolíneas, y Costantini defendió su
posición sin sobresaltos.
La salida de Costantini opacó la desgastante negociación por Ganancias. Ayer terminó todo con
éxito, pero la cuestión reflejó el inadecuado manejo político inicial del Gobierno. Héctor Daer, de la
CGT y diputado nacional por el Frente Renovador, inauguró así el primer encuentro con el Gobierno:
“Mario, entiendo que no quieran poner el impuesto al dólar futuro, porque vos te vas a perjudicar
económicamente”, dijo. Mario era Quintana. El hombre fuerte de la economía respondió : “Yo no
voy a pagar, porque no gané ni un peso con el dólar futuro.” Ocurrió hace una semana. La reunión
clave fue en la casa de Sergio Massa. Ahí las cosas estaban más distendidas: todos querían una
salida al costoso conflicto político. Quintana y Rogelio Frigerio no ahorraron críticas hacia Alfonso
Prat- Gay. Frigerio dijo : “Alfonso le llenó la cabeza a Mauricio”. La negociación estuvo a punto de
naufragar cuando se discutió el monotributo y las exenciones a jubilados. Pero la flexibilidad de la
dupla Frigerio-Quintana permitió llegar a buen puerto y sacar un proyecto de consenso.
Prat- Gay fue cuestionado en la Casa Rosada. Pero el ministro reivindicó entre sus íntimos que su
dura posición inicial le permitió al Gobierno acordar un proyecto unánime sin un elevado costo
fiscal. Según Economía, asciende a $ 33.000 millones y en el Congreso se habló de $ 50.000
millones. Por eso en Wall Street persisten las dudas: ¿puede el Gobierno aprobar leyes, sin grandes
concesiones en nuevos gastos? Los informes de los bancos de inversión insisten en que las últimas
leyes implicaron un taxi fiscal que aumenta el gasto y el déficit.
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En la comunidad de negocios hubo ayer una conmoción por la admisión de la poderosa firma
Oderbrecht del pago de coimas al gobierno de Cristina Kirchner. Es la primera vez que una empresa
confirma un método sobre el cual nadie dudaba: los retornos para adjudicar obras públicas en la era
kirchnerista. La noticia volvió a inquietar a la Cámara de la Construcción, que hasta ahora salió
airosa de las denuncias de corrupción. Ningún juez la involucró ni la investiga.
Por el momento, la declaración de la firma brasileña no incluye nombres de funcionarios. Pero hubo
sólo tres personas que decidieron la adjudicación de las megaobras públicas a Odebrecht: Néstor
Kirchner, Cristina Kirchner y Julio de Vido. La firma pagó honorarios a la inmobiliaria familiar. Para
el Gobierno, también es un serio problema: Odebrecht participa del consorcio que construye el
soterramiento del Sarmiento. Según fuentes de la investigación internacional, existen otras
compañías de la Argentina sospechadas y hay –al menos– dos intermediarios individualizados: uno
de ellos es un conocido miembro de la farándula de resonantes romances con divas de la TV.
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Los Kirchner quedaron involucrados en el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht que
admitió el pago de coimas a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner entre el 2007 y el 2014
por obtener contratos públicos por 270 millones de dólares por varios caminos. Una a través de una
denuncia por lavado de dinero contra el primo de Néstor y ex subsecretario de Coordinación de Obra
Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, y otra por una factura que Odebrecht pagó a Negocios
Inmobiliarios, la inmobiliaria de los Kirchner que maneja el “Bochi” Sanfelice, entre otras pistas.
En abril de 2014, Odebrecht transifirió a través del Banco Galicia 80.000 pesos a una cuenta del
Banco Santa Cruz a Negocios Inmobiliarios SA, la inmobilaria de los Kirchner, según una factura
difundida por el sitio web Tangoleaks y publicada el año pasado. Ante otras extrañas facturas como
estas, Sanfelice había dicho que eran pagos en concepto de alquileres de “inmuebles o máquinas”.
La factura está firmada por Mauricio Perez y Arlindo Sergio de Olivera Facadio, apoderados de
Odebrecht en la Argentina. Pero el acuerdo judicial de ayer en EE.UU aportó nuevos datos. Entre el
año 2011 y 2014, Odebrecht pagó una suma aproximada de US$ 2.9 millones a “un intermediario
quien trasladaría dichos gastos a los funcionarios del gobierno argentino”. Una fuente empresaria
dijo a Clarín, en forma enigmática, que el intermediario podría ser un personaje que años atrás tuvo
un romance con una famosa actriz y que, además, estuvo relacionado con el ex ministro de
Planificación, Julio De Vido. El intermediario hizo gestiones para que Odebrechet consiguiera jugosos
contratos como el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.En el punto 50 del acuerdo entre la
justicia de EE.UU y la constructora brasileña revela que entre enero del año 2011 y marzo del año
2014, Odebrecht realizó “pagos por la suma de USD$500.000 a cuentas privadas de un
intermediario que se habría comprometido a trasladar dicha suma a los funcionarios argentinos”.
Uno de esos pagos por 80 mil dólares habría ido al ex secretario de Transporte K, Ricardo Jaime, a
través de la cuenta Prinnbont Corporation SA del First Caribbean International Bank.
Según fuentes judiciales se pagaban sobornos para cobrar contratos y también para cobrar los
certificados de obras. Por eso resultó significado que la Unidad de Información Financiera (UIF) -que
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dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico pidieron al juez federal Julián Ercolini y el fiscal
Gerardo Pollicita que inhiba los bienes e investigue por lavado de dinero al primo de Néstor. Ercolini
y Pollicita investigan la causa por el redireccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez en
la que Carlos Santiago Kirchner declaró, el mes pasado, como sospechoso de haber sido parte de la
maniobra.
La UIF descubrió que el primo tiene una pinturería en Río Gallegos cuyo nombre legal es K-Sanc
S.A. y que la “usó para la compra” de departamentos, vehículos de alta gama y la apertura de
plazos fijos millonarios, más que para vender pinturas. En un informe, se señala que la empresa fue
creada en el 2011 y al año siguiente compró 5 unidades funcionales por 29 millones de pesos y
luego un departamento en Puerto Madero por unos 10 millones de dóalres. Más tarde, adquirió un
Mercedes Benz Coupe 350, un Peugeot 4008 y un Volkswagen de alta gama.
En el 2013, el primo de Néstor había aumentado sus bienes en casi $2 millones en 2012, según su
declaración jurada de bienes. A comienzos de 2012, informó tener bienes, depósitos y dinero por un
total de $6.142.031,31 y al finalizar ese período contabilizó $8.078.619,32, convirtiéndose en uno
de los funcionarios más ricos de todo el gabinete K.
Arquitecto de profesión, en 1988, fue designado en la Jefatura de Departamento del área de
Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Río Gallegos. Dos años más tarde, en 1990, fue
nombrado vocal del Poder Ejecutivo del Instituto de vivienda de Río Gallegos, y en 2003 pasó a
presidir ese organismo. Recién a mitad del mandato de Kirchner, en 2005, "El Negro" Carlos pasó
en la órbita nacional. Su primo le creó un cargo a medida: subsecretario de coordinación de Obra
Pública. Ya la Auditoría General de la Nación había advertido en 2009 que el primo político de
Cristina Kirchner en su subsecretaría había un “muy débil control del destino final de los fondos”.
Los negocios de Odebrecht en Argentina están investigados por varios jueces a la vez. La denuncia
de Ocaña la tiene el juez Martínez De Giorgi, la de la diputada Margarita Stolbizer, el fiscal Carlos
Stornelli, mientras que la líder del ARI-CC Elisa Carrió denunció a De Vido por el cobro de coimas y
a Odebrecht por maniobras con las declaraciones juradas únicas de importación (DJAI). Mientras la
titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió datos a los fiscales brasileños sobre el pago
de sobornos de la constructora en la Argentina.
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Con dos juicios ya iniciados contra Milagro Sala, hay un tercero en puerta. La Fiscalía de
Investigación 1° de Jujuy pidió la elevación a juicio oral de la causa por “fraude a la administración
pública, asociación ilícita y extorsión", por la cual la dirigente social permanece en prisión desde
enero.
“Se formula el requerimiento porque está agotado el período de investigación”, indicó a Clarín el
fiscal general del Ministerio Público de Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez.
Según informó, hay 31 personas imputadas. Además de Sala, señalada como “jefa de la asociación
ilícita” están involucrados cooperativistas de la Tupac Amaru y ex funcionarios provinciales y
municipales, entre ellos miembros del Instituto de Vivienda, área que debía controlar las
construcciones sociales financiadas con fondos nacionales.
Esta causa se refiere a los $ 29 millones -denunciados por el propio gobernador Gerardo Moralesque las cooperativas están acusadas de cobrar por obras de infraestructura del plan “Vivir Mejor 2”
que no llevaron a cabo. También incluye la causa "Pibes Villeros", conocida por el video en que
quedaron registrados miembros de esa organización extrayendo del banco $ 14 millones en
diciembre de 2015.
“La investigación comenzó con la denuncia de los propios cooperativistas. Hay 14 denunciantes
integrantes de las organizaciones. El expediente consta de 100 cuerpos y 16.000 fojas. Hay 100
testimoniales y 50 allanamientos realizados, incluso en Buenos Aires”, detalló Lello quien asegura
que la defraudación, en total, asciende a “$ 60 millones” contando también casos registrados en las
localidades de San Pedro y Palpalá.
“Es un plan de defraudación sistemático que se sostuvo en el tiempo y se replicó en otras
localidades. Había un convenio entre Nación y el Instituto de Vivienda provincial o con los
municipios y se emitía un cheque que era cobrado por supuestos cooperativistas”, detalló Lello, y
siguió: "En el caso de Pibes Villeros tenían una única cuenta. El resto recibía cheques de $ 50 mil
que debían endosar a favor de la asociación ilícita que no tenía como objetivo real las obras".
La hipótesis de la investigación determina que todas las cooperativas estaban nucleadas tanto en la
Tupac Amaru como en la Red de Organizaciones Sociales y que "Milagro Sala era la jefa”.
Con este pedido de elevación, se deberá notificar a la defensa y demás partes y, teniendo en cuenta
las diferentes instancias y posibles apelaciones, se estima que recién en marzo podría concretarse la
elevación a juicio.
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La Cámara de Diputados dejó firme ayer la reforma del impuesto a las Ganancias que, tras
negociaciones entre el oficialismo y la oposición, esta semana corrigió el Senado y en cuyo menú
figura un dato novedoso: que los jueces comenzarán a tributar el impuesto a las Ganancias.
Ese renglón, introducido por Diputados y retocado por el Senado, forzó ayer la intervención de la
Corte Suprema para traducir -o aclarar- el alcance de la norma. Como se trata de un tema
controversial, el tribunal precisó que el informe fue realizado ante consultas recibidas, sin que
implique emitir opinión sobre la conveniencia o cualquier otro aspecto sobre el tema".
La salvedad tiene su explicación. La Corte, en el pasado, ya se expresó respecto al pago del
impuesto a las Ganancias por parte de los jueces. Ricardo Lorenzetti, en junio pasado, encabezó
una reunión de funcionarios judiciales de todo el país en el que, según publicó la agencia Télam,
expresó su preocupación".
El informe de la Corte, difundido ayer, fue elaborado por la Secretaría de Administración de la Corte
y se refiere a los alcances de la norma aprobada por el Congreso.
"Frente a los proyectos de ley" de reforma del impuesto a las Ganancias, señala el texto, "realizado
ante consultas recibidas" se puntualiza que "todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores
y magistrados que estén en funciones no pagarán el impuesto" mientras que sí "estarán obligados"
a hacerlo quienes ingresen a partir del año próximo.
El máximo tribunal apareció para dar precisiones sobre el texto y, en particular, para indicar que
solo comenzarán a tributar Ganancias quienes comiencen a formar parte del cuerpo judicial el año
próximo y no todos los que a partir de 2017 sean designados magistrados.
Es decir: los que, antes de ese nombramiento, viniesen desarrollando otras tareas en el Poder
Judicial, no serán alcanzados por la reforma.
El tribunal agrega otro elemento. "Interpretada estrictamente, excluía a los fiscales, defensores,
empleados y funcionarios. La consecuencia es que pagarían el Impuesto a las Ganancias no sólo
quienes ingresen a partir de 2017, sino todos los que ya están en funciones: empleados,
funcionarios, fiscales, defensores, jubilados", indicó.
"De aprobarse esta norma, queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores,
magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto. En cambio, quienes ingresen a partir
de 2017, estarán obligados a pagarlo", indicó la Corte Suprema a través de la web del Centro de
Información Judicial.
En ese marco, señaló que "en el proyecto originariamente aprobado por la Cámara de Diputados se
incluyó una norma para el pago de Ganancias en el Poder Judicial: quienes ingresen en el año 2017
pagan, los anteriores están exentos".
No obstante, con el nuevo texto de la reforma del impuesto, ese punto fue modificado y, de acuerdo
con la redacción actual, "queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores,
magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto", mientras que, "quienes ingresen a
partir de 2017 estarán obligados a pagarlo", indicó el Máximo Tribunal.
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En junio pasado jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados judiciales, y consejeros de la
Magistratura rechazaron en forma unánime ser sujetos pasivos del impuesto.
Cinco meses más tarde, el Congreso incorporó a los "nuevos magistrados" y lo hizo con el respaldo
casi unánime de los bloques legislativos.
Remitieron al artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece la “intangibilidad” de las
remuneraciones de los magistrados y también la “afectación” que sufrirían los ingresos de aplicarse
ese tributo “máxime teniendo en cuenta la inflación” y la disparidad entre los sueldos de los jueces
de distintas jurisdicciones.
En 1996, los magistrados, que no pagaban el tributo, habían sido incluidos como sujetos pasivos por
la Ley 24.631, pero la Corte, entonces presidida por Julio Nazareno, declaró mediante la Acordada
20/96 que la norma era “inaplicable” al Poder Judicial.
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Matar detrás del volante dejará de ser un delito excarcelable. Ayer el Congreso votó una ley que
endurece las sanciones para aquellos conductores que manejen alcoholizados o superando las
velocidades máximas permitidas. También considera un agravante abandonar a las víctimas en la
calle. Se estima que en Argentina mueren entre 20 y 25 personas por día en calles y rutas.
El proyecto, impulsado por la organización Madres del Dolor, recibió 197 votos positivos. En el texto
la ley determina que la pena de prisión será de tres a seis años para los conductores que "se dieren
a la fuga o no intentasen socorrer a la víctima, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con
un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos miligramos por litro de sangre -para
conductores de transporte público- o un gramo por litro de sangre en los demás casos". También
pena el "exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el
lugar del hecho".
El Congreso votó de esta manera un proyecto consensuado con los familiares de víctimas,
desconociendo modificaciones realizadas en el Senado.
En diálogo con Clarín, el presidente de la comisión de Seguridad Interior, Luis Petri (UCR), destacó
el mérito de las Madres del Dolor: "Que fueron las promotoras de esta ley y que nunca desistieron
de su objetivo". Por otro lado, remarcó que se pudo introducir la figura de culpa temeraria: "No es
lo mismo el deber de cuidado de un automovilistas normal que el de un conductor profesional, y la
ley aborda este tema". Y destacó las cifras oficiales en torno al drama de los delitos viales: "Mueren
20 personas por día, hay alrededor de 7.500 muertes anuales. Es la principal causa de muerte en
menores de 35 años. Es vital que el Congreso continúe ocupándose de un tema que es una
catástrofe nacional", destacó.
Si bien la ley tuvo un amplio apoyo, con sólo un voto en contra (de Juan Carlos Giordano, diputado
de la Izquierda Socialista - Frente de Izquierda) y cuatro abstenciones, las Madres del Dolor
batallaron durante doce años para lograr esta ley. En mayo de 2015 había tenido una media sanción
en Cámara de Diputados; sin embargo no logró avanzar en el Senado. Allí los familiares
denunciaron que el senador Pedro Guastavino (del Frente para la Victoria) "cajoneaba" la ley e
impedía su tratamiento. Guastavino había asegurado que el proyecto que salió del Congreso "era
malo y cuestionable". En el Senado se modificó el proyecto del Congreso: en vez de colocar una
cifra concreta en relación al consumo de alcohol, el texto hacía referencia a "un grado
significativamente alto de alcohol. Los familiares se preguntaban quién podría determinar el límite.
Petri consideró que la ley puede generar conciencia en los conductores, pero reclamó más controles.
Aseguró que, con una ley similar, España logró cambios: "En 1990 en ese país tenían 9.000
muertos al año. Hoy son alrededor de 1.600. Lo que demuestra que la política vial puede generar un
cambio real".
El caso Trasancos, uno de los hechos emblemáticos de inseguridad vial de los últimos tiempos,
hubiera tenido una resolución muy diferente si esta ley no se hubiera demorado tanto tiempo: en
2013, a bordo de un Audi TT, Lucas Trasancos atropelló y mató a Viviana Alvarez y Jacobo Ramos.
Los peritos concluyeron que Trasancos conducía por avenida Rivadavia superando "ampliamente" la
velocidad permitida, cruzó en rojo el semáforo de la calle Cuenca y además, abandonó a las
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víctimas. Viviana y Jacobo murieron en el lugar del choque. Todo quedó grabado en una cámara de
seguridad ubicada en esa esquina. "Nadie te devuelve a tus seres queridos, pero creo que al menos
nos hubiéramos encontrado con algo de paz y de justicia. Estoy conforme con la ley que se votó
porque va a generar conciencia", le dijo a Clarín Adriana, mamá de Viviana.
Hasta ahora, la pena prevista para este tipo de delitos es de entre 2 años y medio a cinco años; al
ser inferior a tres años, el delito es excarcelable. Con estos cambios, los familiares entienden que
los jueces podrían fallar con más y mejores herramientas.
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Por cuarto día consecutivo, cientos de jóvenes continuaban anoche ocupando el playón del Polo
Científico de Godoy Cruz y Paraguay, esperando que se resuelva el problema de casi 500
investigadores cuyo ingreso al Conicet fue recomendado, pero a los que se les informó que no se
incorporarían por el recorte de fondos y un cambio de rumbo en la política de expansión del Conicet.
Las negociaciones se prolongan desde el lunes, sin éxito. Por la mañana, representantes de las
agrupaciones Jóvenes Científicos Precarizados, ATE, UPCN, Becarios Empoderados, y Ciencia y
Técnica Argentinas (CyTA) mantuvieron una reunión de más de una hora con Alan Temiño, gerente
de Asuntos Legales del Conicet, y Alberto Arleo, gerente de Recursos Humanos, en la que
rechazaron la propuesta de prolongar las becas de 340 postulantes hasta el 31 de marzo y luego
buscarles posiciones en universidades y otras instituciones del sistema científico, como el INTI, el
INTA y la Comisión Nacional de Energía Atómica.
"No tenían nada que ofrecernos -contó Ana Franchi, directora del Centro de Estudios Farmacológicos
y Botánicos del Conicet, e integrante de CyTA-. Lo que habían propuesto es absolutamente inviable.
Hablamos con los decanos y sería meter gente «por la ventana». Estaríamos transformando un
problema de una institución en otro de 20 instituciones que no tienen recursos ni puestos que les
sobren. Hace poco, en la UBA para un llamado a cubrir 17 cargos se presentaron ¡120 personas!"
Para Lucila D'Urso, licenciada en Relaciones del Trabajo que está finalizando su doctorado en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es integrante de Jóvenes Científicos Precarizados, la
propuesta que ya descartaron no era clara. "Queremos que la presenten por escrito y que incluya a
los 107 becarios que están dejando afuera", afirma.
"Nosotros planteamos que tienen que prolongarles la beca a los 500 hasta fines del año que viene,
mientras se ve cómo resolver cada caso", agrega Franchi.
Costos
Según cálculos realizados por CyTA, incorporar a todos los recomendados tendría un costo para el
Conicet de 200 millones de pesos, apenas un centavo por cada 100 pesos del presupuesto nacional.
La solución de prolongarles la beca por un año saldría 70 millones de pesos. "Evidentemente, el
problema no es de fondos -dice Franchi-. Es una decisión política. Entonces queremos hablar con los
responsables políticos del ministerio y del Conicet. Pero no se presentan en las reuniones."
Los recortes recibieron un rechazo generalizado de todos los sectores de la comunidad científica y
fueron centro de un debate en Twitter.
Mientras algunos se horrorizaban de que los científicos del Conicet usaran "impuestos para
investigar sobre las letras de Arjona", la revista Barcelona anticipaba su nuevo número diciendo que
"hay un plan oficial para reemplazar el Conicet por un call center de tuiteros sin pensamiento crítico
ni de ningún tipo".
El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Glenn Postolski, salió al cruce de las
acusaciones diciendo en un comunicado que "el Conicet, por el desempeño y reconocimiento
académico a nivel internacional de sus investigadores, se encuentra entre los organismos más
prestigiosos del mundo".
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El decano también acusó al Gobierno de gastar "160 millones de pesos para sostener dos equipos
de más de 70 personas dedicadas a sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, pero
no hay dinero para ciencia y tecnología".
También hubo movilizaciones en Córdoba, La Plata, Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Tucumán,
Salta y Santiago del Estero.
Al cierre de esta edición, el ministro Lino Barañao se había reunido con las agrupaciones para
hacerles saber que las negociaciones se retomarían hoy. Se espera que, tras la reunión de su
gabinete por la mañana, volvería a recibirlos alrededor de las tres de la tarde para tratar de
alcanzar una solución.
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La revista británica The Economist volvió a dedicarle un artículo al presidente Mauricio Macri y a las
decisiones que su gobierno ha tomado hasta el momento. No obstante, al recordar que el Presidente
puntuó su administración con un ocho, el artículo de la revista reflexiona: "La falsa modestia está
justificada. Macri desmanteló las políticas populistas de su predecesora, Cristina Fernández de
Kirchner".
Al mencionar las políticas económicas del Presidente, The Economist sostiene que "Macri prometió
que para este momento la confianza estaría restaurada y que el crecimiento sería sano y que eso
calmaría el dolor de sus reformas", y agrega: "En cambio, la economía sigue enferma".
El artículo publicado en la página web de la revista hace referencia a la reciente pelea política que
significó la reforma al impuesto a las ganancias para el Gobierno y la oposición. The Economist dice
que la propuesta del diputado nacional Sergio Massa dejó a Macri en una encrucijada: "Aceptar su
propuesta [la de Massa] arruinaría sus planes [los de Macri] de recortar el déficil en 2017 de 7.2 %
al 6, 8 del PBI". "Un veto hubiera significado un retroceso con el pueblo", añade el artículo y destaca
el impacto negativo que también esto hubiera significado para las provincias.
"Macri podría pensar que sus oponentes encontrarán más difícil obstruir sus propuestas una vez que
sus decisiones hagan crecer la economía. El Gobierno aspira a un crecimiento del 3,5 % en 2017
con la ayuda de las exportaciones agrícolas y con el fin de la recesión brasileña, el mayor socio
comercial de la Argentina" , reflexiona The Economist y añade: "Pero ninguna de estas opciones se
ve asegurada. La recuperación de Brasil ha decepcionado. Y las exportaciones se verán afectadas a
medida que más países se vuelven proteccionistas. El segundo año de Macri lo pondrá aún más a
prueba que el primero", concluye el autor del artículo.
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Unas 100 empresas nacionales vinculadas con el gigante brasileño Odebrecht en tres megaobras de
más de 3000 millones de dólares son investigadas en la Argentina por el pago de 35 millones de
dólares en sobornos a funcionarios del kirchnerismo, efectuados mediante intermediarios.
Además de esta investigación, que está en manos del fiscal de la Procuraduría de Investigaciones
Administrativas Sergio Rodríguez, por lo menos otros tres jueces federales llevan adelante causas
por el pago de sobornos a funcionarios del gobierno anterior.
El acuerdo realizado por Odebrecht ante la fiscalía del distrito este de Nueva York para admitir
sobornos en 13 países y pagar una multa de 3500 millones de dólares impactó en la Argentina. La
diputada Margarita Stolbizer pidió ayer que se abra una investigación preliminar y que el fiscal
Carlos Stornelli solicite al Ministerio del Interior los antecedentes de toda obra adjudicada a
Odebrecht entre 2007 y 2015. Además, sugirió que la Inspección General de Justicia (IGJ) aporte
los expedientes de estatutos y estados contables de Odebrecht, y que la Cancillería colabore para
obtener los documentos de las actuaciones judiciales que tramitan ante los tribunales de los Estados
Unidos.
Pero ya hay una investigación más avanzada sobre el capítulo argentino de la coima.
La lleva adelante el fiscal Rodríguez, quien desde marzo pasado reúne datos sobre los sobornos
pagados por Odebrecht cuando su presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado en Brasil a 19
años de cárcel y pactó con la Justicia de ese país delatar a sus cómplices.
Con la información brasileña Rodríguez se enfocó en tres obras importantes por donde se cree que
pasaron los sobornos. Son la construcción de una planta potabilizadora de agua potable para Aysa
en Paraná de las Palmas, la ampliación de gasoductos que involucran a Skanska -donde ya se
confesó el pago de coimas-, y la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en la que
Odebrecht está asociada a IECSA, la compañía de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio
Macri .
El fiscal Rodríguez ya viajó a Curitiba, Brasil, y se reunió con los fiscales del Lava Jato, la causa de
corrupción que desde 2014 involucra a Odebrecht y a políticos de ese país.
Se trajo en ese momento un mail revelador mediante el cual Manuel Vázquez, jefe del hoy detenido
asesor de Ricardo Jaime, reclamaba 80.000 dólares que supuestamente le adeudaban de una
coima. A raíz de ese correo el juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene una causa abierta por una
denuncia de Graciela Ocaña en la cual rastreó la ruta de ese dinero.
El intercambio de mails se produjo entre Vázquez y Mauricio Couri Ribeiro, director del grupo
brasileño y el pago se hizo a través de una offshore. Hoy Vázquez está con arresto domiciliario
procesado por el pago de sobornos en la compra de trenes usados a España y Portugal,
abandonados como chatarra. Espera ser juzagdo junto a Jaime, ahora en la mira.
El fiscal Rodríguez ayer intentó una videoconferencia con el coordinador de la fiscalía brasileña
Deltan Dallagnol. No lo consiguió por las Fiestas, pero su intención es obtener más información
sobre los pagos. Odebrecht confesó en Nueva York que entre 2007 y 2014 pagó en la Argentina
coimas por más de US$ 35 millones a funcionarios argentinos a través de intermediarios. Dijo que lo
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hizo en al menos tres obras que reportaron beneficios para Odebrecht por US$ 278 millones. El
acuerdo no las identifica, pero serían las que investiga el fiscal Rodríguez.
En 2008, antes de que cerrara una licitación en Argentina, Odebrecht acordó pagar coimas para
quedarse con el proyecto. En esa época el proyecto anunciado más importante fue el del
soterramiento del Sarmiento, que involucra 3000 millones de dólares.
Fue el inicio de una obra que aún no arranca, así que por más que el monto sea sideral, el soborno
es sólo por asegurar el contrato, por lo que no necesariamente es una gran suma. Lo que se vio en
otros casos es el pago escalonado de coimas a medida que avanzan las obras.
Las coimas de Odebrecht -según el acuerdo firmado con la Justicia de los Estados Unidos- se
pagaban mediante un departamento fantasma de la compañía conocido como División Operaciones
Estructuradas (ver aparte). Entre 2011 y 2014, la División de Operaciones Estructuradas completó
pagos por US$ 2,9 millones a un intermediario cuya identidad no se conoce, para entregarlos a
funcionarios argentinos. Hasta ahora, el mencionado en estas investigaciones es Manuel Vázquez,
pero pueden ser otros desconocidos.
El acuerdo con la Justicia norteamericana menciona además que entre enero de 2011 y marzo de
2014 se pagaron coimas adicionales por cerca de US$ 500.000 a cuentas privadas de un
intemediario, tampoco identificado.
En la Argentina el fiscal Rodríguez está recorriendo el camino inverso al norteamericano para
conocer quién cobró los sobornos. Analiza pagos efectuados desde la tesorería entre 2006 y 2012 a
unas 100 empresas que se asociaron con Odebrecht, y otras cuatro para desde ahí rastrear
licitaciones y establecer si hubo sobreprecios, mediante el análisis de cada trámite y las
declaraciones de los que quedaron afuera.
Por otro lado, el juez federal Sebastián Casanello, que investiga los pagos de coimas de Skanska,
quiere saber si Odebrecht también pagó sobornos. Lo mismo el juez Ariel Lijo, que tiene en la mira
obras por otros gasoductos. Ambos pedirán información a Brasil.
En Córdoba, por su parte, Odebrecht fue denunciada dos veces ante el fiscal federal Enrique
Senestrati por su supesta relación con el ex gobernador José Manuel de la Sota. Las denuncias
fueron de los legisladores opositores Juan Pablo Quinteros y Aurelio García Elorrio. Se acusó a De la
Sota de pagar con un depósito offshore el asesoramiento que recibió de Joao Santana, un publicista,
que recibió pagos de aportes ilegales de empresarios brasileños y de pagar sobreprecios en obras
de gas.
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El Producto Bruto Interno (PBI) cayó al termino del tercer trimestre del año el 3,8% en relación con
igual período del año pasado, con fuertes retrocesos en el sector fabril, la construcción, y en el
consumo, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Además, respecto al segundo trimestre del año, entre julio y septiembre el nivel de actividad
retrocedió 0,2% y de esta forma acumula en lo que va del año una merma de 2,4%.
De esta manera, el PBI a precios corrientes ascendió a ocho billones 203.813 millones de pesos,
informó el organismo.
El Indec también dio cuenta que la Formación Bruta de Capital Fijo, entendido esto como una forma
de medir las inversiones, cayó 8,3% en términos interanuales en el tercer trimestre.
El organismo informó que durante el tercer trimestre del año, la actividad industrial bajó un 8% en
comparación a igual período del 2015, mientras que la Construcción retrocedió el 12,9%.
A esto se le debe sumar un retroceso del 5 % en el Comercio en general, del 5,5% en la
Intermediación Financiera, y del 2 % en inmobiliarios y alquileres, entre otros descensos.
Desde el Palacio de Hacienda anticiparon que el año cerrará con un retroceso del 2,4%, mientras
que para el año próximo anticipan una suba del 3,5%, alentadas por el sector agropecuario, las
exportaciones, la construcción, especialmente vinculada a la dinamización de la obra pública, y el
consumo.
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El dólar retrocedió nueve centavos este jueves a $ 16,04 en agencias y bancos de la city porteña,
su menor valor en el mes.
Fue en sintonía con el segmento mayorista de bancos, donde la divisa bajó seis centavos a $ 15,75
y anotó su segunda caída consecutiva en una rueda que mostró una intensa actividad y buen
volumen de negocios.
Los precios exhibieron una tendencia vendedora justificada por ventas de importancia de bancos
oficiales que abastecieron todos los pedidos de compra existentes y provocaron el retroceso de la
cotización.
Durante la semana, el tipo de cambio acumula una pérdida de 17 centavos y vuelve alejarse de los
máximos del año que superaron por poco los $ 16 a mediados de mes.
El analista Fernando Izzo indicó que las ventas de entidades financieras públicas apuntan a
"descomprimir el tipo de cambio, lo que produce distintos efectos en los bancos, empresas e
inversionistas, que compran y venden otros activos y/o toma posiciones ya para fin de año ante la
necesidad de contar con pesos".
En este contexto, el volumen negociado ascendió un 2,7% a u$s 417 millones.
"Los factores estructurales que actualmente justifican la tendencia de debilidad exhibida por el dólar
no parecen agotarse en lo que resta de diciembre y, salvo algún cambio de estrategia oficial,
anticipan un nivel muy flojo para el valor del dólar", indicaron desde PR Corredores de Cambio.
En tanto, el blue subió seis centavos a $ 16,64, según el relevamiento de este medio en cuevas del
Microcentro porteño. Además, el dólar Bolsa bajó ocho centavos a $ 15,81 y el "contado con liqui"
cedió 14 centavos a $ 15,87.
En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 220 millones, el 40% fue en "roll-over" de
diciembre ($ 15,85) a enero a ($ 16,215) con una tasa de 27,1%TNA. El plazo más largo operado
fue febrero, que cerró a $ 16,5150 con una tasa de 26,8%TNA.
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El costo de la Canasta Básica Alimentaria, que reúne la cantidad indispensable para no caer en la
indigencia, aumentó durante noviembre el 1,3%, suba que también se trasladó a la Canasta Básica
Total, que reúne además de alimentos, indumentaria y algunos servicios, informó hoy el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (Indec).
De esta manera, una familia compuesta por dos mayores y dos niños de 6 y 8 años necesitó en
noviembre contar con ingresos por $ 13.126,29 para poder adquirir la canasta básica total(CBT), es
decir, para no caer por debajo de la línea de pobreza.
Ese mismo núcleo familiar requirió de $ 5.446,59 para comprar la CBT, y no ingresar en la zona de
indigencia.
Desde abril, cuando se reanudó la medición de estos indicados, la CBA acumuló un aumento del
16,3%, mientras que la CBT avanzó el 15,9%.
El Indec reanudó este año la medición de los índices de pobreza e indigencia, que habían dejado de
confeccionarse en el 2013.
A mediados de este año, el 32,2 % de los habitantes del país eran pobres, y entre ellos, el 6,3% era
indigente.
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Una encuesta reveló la imagen del presidente Mauricio Macri cayó a su nivel más bajo en lo que va
del año. El informe realizado esta última semana por la consultora Elypsis esta indicó que la
valoración positiva del mandatario cayó al 41% luego de haber tocado un pico máximo de 52% en
junio pasado.
Por otra parte, la imagen negativa del Jefe de Estado llegó a su punto máximo de 40%, mientras
que la valoración regular de su trabajo se mantiene en un 19%, el promedio anual.
Según Elypsis, si bien es prematuro buscar explicaciones de una caída que puede "no ser
tendencial", la evolución por nivel educativo y/o ingresos muestra que "este último recorte de
imagen se dio más claramente en el nivel universitario".
El desglose realizado por la consultora al que tuvo acceso ámbito.com según el nivel educativo
reveló que el 43% de los encuestados con secundario incompleto tiene una imagen positiva del
presidente.
En el caso de los que terminaron el secundario el nivel de imagen sube dos puntos hasta alcanzar el
45%. En tanto, quienes alcanzaron el nivel universitario el nivel de aprobación llegó al 46%.
Vale mencionar que entre los encuestados con universitario completo la imagen positiva del
presidente había llegado al 57% a comienzos de noviembre. En tanto, el pico de imagen positiva de
Macri entre los encuestados con secundario incompleto llegó al 50% en abril y en junio.
La muestra a nivel nacional se realizó sobre la base de 1.53 observaciones desde el 27 de
noviembre al 18 de diciembre. Esta muestra convalidan la caída que la consultora reportara hace
unas semanas para Provincia de Buenos Aires en la imagen positiva de Mauricio Macri, que
actualmente se encuentra en 41% para ambas mediciones.
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La amenaza partía de una cuenta de Twitter llamada @xLitleSado, en cuyo time line fue publicado
un video en el que figura una hoja con la leyenda "Sr presidente" y un conjunto de balas de grueso
calibre. En el video, además, entra en escena una voz distorsionada que asegura: "Señor
Presidente nadie nos va a detener y por sus crímenes contra los argentinos, pronto usted va a
morir. ¡Viva Perón!". La amenaza fue en respuesta por Twitter a una publicación formulada por el
mandatario en la que difundió fotografías del brindis de fin de año junto a la primera dama en Casa
Rosada.
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El empleo formal en la construcción creció por tercer mes consecutivo y tuvo en octubre un avance
de 0,7% mensual, con 377 mil nuevos puestos de trabajo, informó ayer el Instituto de Estadística y
Registro de la Industria de la Construcción (Ieric). La suba, sin embargo, no alcanza para
compensar la pérdida de puestos a principios de año.
El empleo formal de esa actividad se expandió por tercer mes consecutivo, lo que no sucedía desde
junio de 2015, y en octubre último creció 0,7% mensual, alcanzando un total de 376.997 puestos
de trabajo registrados, mientras que el cotejo interanual tuvo una baja de 11,2%.
La comparación interanual respecto de octubre de 2015 registra así un ritmo de contracción inferior
al de septiembre (12,6%) y también al de junio de 2016 (14,3%), mes en que el empleo sectorial
daba cuenta de su reducción más profunda.
El informe de Ieric señaló que en los primeros diez meses del año, el empleo formal registró una
baja del 11,2% interanual, siendo la disminución más importante para el período enero-octubre, al
superar la baja observada en 2009 (9,6%).
La creación de nuevos puestos de trabajo en octubre se expresó en una mayor expansión del
indicador de empleo promedio, el que se ubicó en los 12,9 trabajadores por empresa, marcando así
un crecimiento del 0,4% mensual.
Las firmas con plantel igual o superior a los 500 trabajadores registrados continúan ganando peso
dentro de la estructura del empleo sectorial.
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La economía de Brasil no levanta cabeza. Después de que en 2015 se desplomara 3,8%, el PBI del
quinto país más poblado del mundo sigue sin tocar fondo. Según las estimaciones publicadas hoy por el
Banco Central de Brasil (BCB), para 2016 se espera un nuevo retroceso, esta vez de 3,4%.
La caída es más pronunciada de lo que el mismo BCB temía (su estimación anterior era retroceder
3,3%) y el alivio del próximo año, menos vigoroso de lo que esperaba: la autoridad monetaria pasó de
confiar en un crecimiento de 1,3% para 2017 al más modesto objetivo de 0,8%.
Para encontrar dos años seguidos con un retroceso de ese calibre en la economía brasileña hay que
remontarse hasta la década de los treinta, cuando la crisis desatada por el crash de 1929 en Wall Street
redujo la demanda global de café y derrumbó los precios de su principal exportación.
Lo peor es que los del gobierno son los cálculos optimistas. El pronóstico del mercado es aún más
lúgubre: apuestan a un retroceso mayor este año (-3,8%) y a una recuperación raquítica el próximo
(+0,57%).
Más allá de las diferencias, el punto en común entre todos los pronósticos es la gravedad de la
situación, que el presidente Michel Temer ha prometido revertir.
“Recuperar el crecimiento y la creación de empleo”, dijo hoy que era su objetivo para el 1° de enero de
2019, cuando termina su mandato. A juzgar por lo hecho hasta ahora, confía en lograrlo con dos
medidas clásicas: mejores condiciones para el sector privado y disciplinamiento fiscal para el Estado.
En el primer grupo se enmarca la propuesta de reforma laboral que presentó hoy: pasa del tope de 44
horas laborables por semana a un nuevo máximo de 48 horas; permite jornadas de hasta 12 horas
seguidas (compensadas con una libranza de 36 horas); y extiende hasta 8 meses la posibilidad de
trabajar con contratos temporales en los que el empleador no hace aportes (hasta ahora, su duración
máxima es de 90 días).
“Es un regalo de Navidad”, dijo Temer sobre la propuesta. “Son medidas que de hecho permiten a las
personas trabajar más productivamente y a las empresas también producir con mayor eficacia”, dijo su
ministro de Hacienda, Henrique Meirelles. El desempleo en Brasil afecta a 12 millones de personas, el
11% de la población activa.
No son las únicas reformas de su gobierno. A mediados de diciembre, y con el objetivo de controlar la
deuda pública, logró que el Senado aprobara durante nada menos que veinte años un congelamiento
del gasto en salud, educación y jubilaciones. La medida provocó una queja del observador de las
Naciones Unidas para la pobreza extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston. “Toda una generación
será condenada”, dijo una semana antes de que se aprobara la ley.
Con la economía por los suelos y un escándalo que lo vincula con las coimas de la constructora
Odebrecht, Temer tiene apenas un 10% de apoyo entre los brasileños, según el instituto Datafolha.
Pero para el presidente, incluso eso es un buen signo. “La baja popularidad del gobierno es lo que ha
permitido tomar medidas que alguien con popularidad extraordinaria, con propósitos electorales, no
podría tomar”, dijo hoy.
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Con los zapatos negros ortopédicos que se compró anteayer personalmente en un negocio vecino al
Vaticano, el papa Francisco pegó ayer algunas patadas virtuales a los conspiradores que continúan
resistiendo a sus reformas. Cargó contra las “críticas malévolas”, malintencionadas, “que se refugian en
las tradiciones, en las apariencias y en las formalidades. A los cardenales y obispos que tenía adelante
sentados en las sillas, les advirtió que “no son las arrugas a las que se debe temer, sino a las manchas”.
Por cuarta vez hizo un discurso anual a la Curia con motivo de las fiestas de fin de año, que estuvo en
la línea de dureza y advertencia que tuvieron sus filípicas de diciembre de 2014, cuando habló de las 13
enfermedades que padecían los cardenales y obispos curiales, y de 2015, cuando les recordó “las
virtudes necesarias” a los monseñores y purpurados que manejan el gobierno central de la Iglesia.
Jorge Bergoglio dijo que en los dos años anteriores “era necesario hablar de enfermedades y curas”,
porque “cada operación para alcanzar el éxito debe estar precedida por un profundo diagnóstico”. En
este diciembre en el que cumplió 80 años y cuando en tres meses cumplirá el cuarto año de su
pontificado, el Papa dijo que había llegado el momento de “precisas prescripciones.
Estas son una docena de criterios-guía sobre cómo debe ser hecha la reforma, que lleva ya tres años en
una obra que continúa abierta porque falta bastante para terminar. Estos criterios son: individualidad,
pastoralidad, misionaridad, racionalidad, funcionalidad, modernidad, sobriedad, subsidiaridad,
colegialidad, catolicidad, profesionalidad y gradualidad”. Bergoglio hizo una síntesis de cada uno para
que todos sepan qué quiere y advirtió que “todos los dicasterios (“ministerios” de la Curia), “deben
referir directamente al Papa”.
Estas guías de trabajo las explicó Francisco tras someter a duras críticas, advertencias y señales de que
la reforma seguirá más que nunca a adelante, a sus interlocutores cardenales, obispos y monseñores. El
Papa quiso recordarles que la Curia “no es un órgano de gobierno central sobre las Iglesias locales” ni
un poder burocrático con ministerios y ministros que entorpece la vida de las comunidades cristianas en
el mundo, sino, como escribió el periodista Andrea Tornielli en Vatican Insider, “una estructura de
servicio al Papa y a su misión, que actúa siempre y solo en nombre y con la autoridad del obispo de
Roma, ayudándolo concretamente en su ministerio”.
Con los zapatos nuevos, Jorge Bergoglio marcó claramente la cancha. Les dijo a los curiales que se
necesita para ir adelante con las reformas necesarias para renovar el gobierno central de la Iglesia,
“una profunda humildad y obediencia incondicional” entre otros requisitos. Elogió las resistencias
abiertas a algunos cambios, hechas “con la buena voluntad y el diálogo sincero”.
El obispo de Roma atacó enseguida “las resistencias ocultas, que nacen de corazones con miedo
petrificados, que se alimentan de las palabras vacías, del gatopartidismo espiritual de quien en las
palabras se dice pronto al cambio pero que quiere que todo quede como antes”.
“Existen también las resistencias malévolas, que germinan en mentes distorsionadas y aparecen cuando
el diablo inspira malas intenciones, a menudo con piel de cordero. Este último tipo de resistencia se
esconde de palabras justificadoras y, en muchos casos, acusatorias, refugiándose en las tradiciones, en
las apariencias, en las formalidades, en lo conocido o en su deseo de llevar todo a lo personal, sin
distinguir entre el acto, el actor y la acción”, denunció el Papa. Estas últimas palabras apuntaron
directamente a los conspiradores ultraconservadores, en particular a la carta con las “dudas” de cuatro
cardenales que le escribieron al Papa una nota inquisidora a raíz de su exhortación apostólica “Amoris
Laeticia”, en lo que se refiere a los casos de los católicos vueltos a casar.
23/12/2016
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