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Miércoles 21 diciembre 2016 Expansión 25
ECONOMÍA / POLÍTICA
LA AEDAF OPINA
Efe
El tipo impositivo
de las grandes
empresas españolas
Representantes de 12 organizaciones empresariales y sindicatos, en la firma de un pacto de Estado para la industria, en noviembre pasado.
Guindos cita a la industria
para calmar los ánimos
CUMBRE SECTORIAL/ Economía anuncia un plan para mejorar la expansión e
internacionalización de las pymes, dos días antes de reunirse con el sector.
Bernat García. Madrid
El ministro de Economía,
Luis de Guindos, ha decidido
acompasar los primeros pasos de la legislatura con uno
de los nuevos sectores con los
que debe lidiar tras el incremento de sus atribuciones gubernamentales: la industria.
El alto cargo del Ejecutivo,
ahora titular de Economía,
Industria y Competitividad,
mantendrá una reunión mañana con una veintena de organizaciones y asociaciones
industriales, que precisamente se han quejado de no tener
un interlocutor potente en el
nuevo organigrama del Gobierno de Mariano Rajoy.
El pasado noviembre, Rajoy decidió eliminar el Ministerio de Industria como tal, y
sustituirlo por el de Energía,
Turismo y Agenda Digital,
encabezado por Álvaro Nadal. Las competencias en industria pasaron a depender
del titular de Economía. Sin
embargo, el sector confiaba al
menos en contar con una Secretaría de Estado. Pero el
nuevo organigrama apenas
concede una Secretaría General de la Industria y la Pequeña y Mediana Empresa, que
mantendrá de responsable a
la anterior titular, Begoña
Cristeto, que depende directamente de Guindos.
Un portavoz del Ministerio
de Economía sostiene que se
trata de una “primera toma de
contacto” con casi una veintena de asociaciones, sin ninguna propuesta específica sobre
la mesa. De Guindos quiere
escuchar de primera mano las
reclamaciones del sector, y
La reunión será una
“primera toma de
contacto” tras
asumir Guindos el
área de industria
El sector denuncia
que esta área solo
tenga rango de
Secretaría General
dentro del ministerio
diagnosticar sus fortalezas y
debilidades de cara al nuevo
curso. Sin embargo, el encuentro supone a su vez un
intento de calmar los ánimos
entre patronales y sindicatos,
que recientemente han expresado su malestar por la falta de protagonismo de la industria en el Gobierno.
El mes pasado una docena
de organizaciones empresariales y los principales sindicatos firmaron un manifiesto
para exigir al Gobierno un
acuerdo que “favorezca el
desarrollo industrial de España”. Entre las reivindicaciones al Ejecutivo de Rajoy
se encontraba precisamente
la creación de una Secretaría
de Estado de Industria, pero
también una mejor regulación, abaratamiento de los
costes energéticos, o una política de I+D y de desarrollo
tecnológico y digitalización.
También reclamaban seguridad fiscal para las empresas,
apenas semanas antes de que
el Ejecutivo decidiera que el
grueso del ajuste del déficit
público para 2017 iba a recaer
en las empresas, mediante
Reclamaciones del sector
En noviembre pasado, 12 organizaciones empresariales y los
sindicatos de CCOO y UGT, integradas en la Alianza por la
Competitividad de la Industria Española, firmaron un
manifiesto para reclamar al Gobierno un Pacto de Estado
por la industria, donde recogieron un decálogo de nueve
exigencias al Ejecutivo de Rajoy. Las peticiones incluyen una
política energética para abaratar el coste del suministro;
una política de infraestructuras logísticas y transporte,
para mejorar las conexiones intermodales tanto en España
como al exterior; una política de I+D+i y de desarrollo
tecnológico digital para contribuir a la actividad
innovadara de las empresas; una política de formación y
empleo; una política de regulación inteligente, que proteja
la unidad de mercado y evite la inseguridad jurídica en el
ámbito industrial; la ordenación y control de medidas de
carácter fiscal, para evitar las distorsiones en impuestos
como los medioambientales; una política de inversión,
internacionalización y comercio exterior; la potenciación
del tejido industrial, y la sostenibilidad industrial.
una extensa poda de las deducciones y bonificaciones
del Impuesto de Sociedades,
para recaudar hasta 5.000 millones adicionales. El incremento de la fiscalidad es uno
de los motivos que más ha
enervado a las patronales.
Primera iniciativa
Aunque el encuentro deba ser
solo una toma de contacto, el
ministro no quiere ir con las
manos vacías. De Guindos
anunció ayer que su departamento está preparando un informe que recoge las principales trabas de las pymes para
incrementar su tamaño y poder dar el salto al mercado exterior, según anunció ayer en
una comparecencia en el Senado.
“Hay que ver las dificultades fiscales, laborales, regulatorias y de auditoría de las
pymes que llevan a que compense ser pequeño”, expuso
el ministro. La intención de
Economía es presentar este
informe en enero. Guindos se
hizo eco de las recomendaciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI), que la
semana pasada aconsejaba a
España, entre otras medidas,
un plan para incrementar la
competitividad y el tamaño
de las pequeñas y medianas
empresas.
Uno de los elementos clave del informe deberá ser la
financiación de las pequeñas empresas, puesto que
“son mucho más dependientes” del sector bancario,
dijo Guindos, así como los
obstáculos en la gobernanza
económica.
Cada año el Servicio de
Estudios Tributarios y Estadísticas de la Agencia
Tributaria publica su informe sobre la recaudación tributaria y su evolución respecto a ejercicios
anteriores.
En dichos informes
aparece un detalle de los
tipos efectivos del Impuesto sobre Sociedades
de los grupos consolidados españoles, calculados
como la proporción de la
cuota pagada respecto a la
base imponible y al resultado contable, siendo precisamente este segundo tipo efectivo el que arroja
los resultados más llamativos, al oscilar entre el 3,8
% del ejercicio 2011 y el 7,3
% del ejercicio 2014, muy
alejadas del tipo nominal
vigente en dichos periodos impositivos (30%).
Conviene destacar que el
tipo efectivo calculado sobre la base imponible se sitúa para dichos ejercicios
entre el 17 % y el 19 %.
No hay duda de que estos datos invitan a pensar
que las grandes empresas
pagan pocos impuestos y
así lo han venido manifestando tanto los medios de
comunicación como la
Administración, todo ello
en el contexto de la reforma fiscal iniciada en el
2015 y que ha continuado
durante el 2016.
Sin embargo, este cálculo de la tasa efectiva publicado por la Agencia
Tributaria no es el más
adecuado a la hora de determinar un tipo tributario efectivo. Prueba de ello
es que la Dirección General de Tributos, en su informe titulado “El Impuesto sobre Sociedades
en 2010: Análisis de los datos estadísticos del ejercicio”, considera que este tipo efectivo “no constituye
el mejor indicador de la
carga tributaria real que
soportan los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades”. A esta conclusión llega también el
Banco de España (informe “Resultados anuales
de las empresas no finan-
cieras 2011”) y varios organismos internacionales
como la OCDE.
Por lo tanto, se pone de
manifiesto que este cálculo es técnicamente discutible y genera un resultado
claramente distorsionado
por los siguientes motivos:
1) El resultado contable
que se emplea no es el
consolidado sino un agregado o suma de resultados individuales positivos (sin incluir los negativos ni su compensación
con los positivos), y no
considera los ajustes de
consolidación.
2) Compara la cuota líquida española con los resultados contables mundiales, esto es, no tiene en
cuenta los impuestos extranjeros satisfechos por
las filiales no residentes,
cuyos resultados quedan
exentos en España.
3) No tiene en cuenta la
compensación de bases
imponibles negativas de
ejercicios anteriores ni el
efecto de las deducciones
en la cuota que minoran
el tipo nominal.
Además es importante
destacar que las grandes
empresas pagan otros
impuestos, además del
impuesto sobre sus beneficios, representando su
contribución fiscal total
gran parte de la recaudación tributaria española.
Este mensaje sobre el tipo efectivo de las grandes
empresas se está repitiendo continuamente y tiene
un efecto negativo para
todas ellas porque daña
tanto su imagen y reputación internacional como
la del propio sistema tributario español. Además,
las Administraciones tributarias de otros países
podrían cuestionar el acceso de las multinacionales españolas a los beneficios previstos en los tratados internacionales para
evitar la doble imposición,
al considerar que no tributan en España, imponiéndoles una mayor carga tributaria en los mercados
internacionales en los que
compiten.