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JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2016
NÚMERO 274
Número 274
Jueves 27 de octubre de 2016
ÍNDICE
5
Convocatoria de la Comisión de Competitividad
6
Comparecencia del secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal
8
•
Intervención de la diputada Lluvia Flores Sonduk
10
•
Intervención del diputado Waldo Fernández González
12
•
Intervención del diputado Armando Soto Espino
15
•
Intervención de la diputada Lluvia Flores Sonduk
Iniciativas de la diputada Maricela Contreras Julián
16
•
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
26
•
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 10 Quinquies y
10 Sexies de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
Iniciativas del diputado Sergio López Sánchez
32
•
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de
Protección Civil
Continúa pág. 3
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Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
36
•
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
43
•
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley
General de Salud
49
Proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la PGR a que remita la solicitud de
declaración de procedencia en contra de Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado
de Veracruz, a efecto de poder iniciar el juicio de procedencia correspondiente para el
retiro de la inmunidad constitucional. Diputado Omar Ortega Álvarez
52
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Cofepris, a
realizar las acciones necesarias para eliminar el uso de plaguicidas que están causando
serias afectaciones a las abejas y otros polinizadores en todo el país. Diputada Natalia
Karina Barón Ortiz
Proposiciones de la diputada María E. Castelán Mondragón
3
54
•
Punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Legislativos de las Entidades
Federativas de Veracruz, Sonora, Chiapas, Chihuahua y Morelos para que sus
constituciones locales con la Reforma de Derechos Humanos del 2011 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
58
•
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través
de la Sedesol para la implementación temporal del programa piloto de descuento de
leche a un peso a los mil 12 municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre
60
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud
para que implemente acciones, campañas, protocolos y políticas públicas encaminadas
a prevenir, disminuir y erradicar la diabetes mellitus de la población en general y
particularmente de las niñas y niños. Diputado Rafael Hernández Soriano
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Grupo Parlamentario del PRD
SOLIDARIDAD CON HAITÍ
Los colaboradores del GPPRD se solidarizan
con el pueblo haitiano
Centro de acopio: La recepción del GPPRD,
en el piso 3, edificio B, a partir del jueves 13
de octubre de 2016
Dona alimentos enlatados o en grano:
Arroz, frijol, café, azucar y todo lo necesario
para quienes se quedaron sin nada, solo
con la esperanza de que los mexicanos no
los vamos a dejar solos.
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jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
Convocatoria
La Comisión de Competitividad convoca a la 1ª Reunión Extraordinaria de la
Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de octubre a las
9:45 horas, en la sala de juntas del Grupo Parlamentario del PRD, ubicada en
el Basamento del Edificio “A”:
Diputado Héctor Peralta Grappin
Presidente
(Rúbrica)
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jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Comparecencia
del
secretario
de Economía Ildefonso Guajardo
Villarreal
Exposición del secretario
Ildefonso Guajardo Villarreal
Gracias,
señor presidente y con un atento
saludo a todos los miembros de esta Comisión
de Economía, con quien hemos desarrollado
una gran relación de coordinación y de trabajo
productivo por el bien del país.
Antes de iniciar mis comentarios quiero
dedicar un momento para agradecerles el trabajo
que esta comisión ha hecho para procesar leyes
muy importantes, sin duda en diferentes temas
de la economía nacional. Las sociedades de
acción simplificada se dan gracias a que esta
comisión hizo un procesamiento eficiente del
tema, el apoyo a los juicios orales mercantiles,
el procesamiento de las zonas económicas
estratégicas y, sin duda, el sistema de oposición
de marcas que nos pone a la altura internacional
para poder procesar nuevos horizontes en
materia de integración comercial.
Me concentraré básicamente en los
lineamientos que he ido repasando con ustedes
en las reuniones que he tenido con esta
comisión, partiendo de un elemento que ustedes
tienen perfectamente visualizado y que es el
momento que le toca a la economía mundial
enfrentar a través de la disminución del precio
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Grupo Parlamentario del PRD
de las materias primas y del petróleo y un menor
crecimiento a nivel internacional, que antes de
la crisis de 2009 andaba alrededor del cinco por
ciento, con un crecimiento del 16 y después de
la crisis no se ha podido recuperar más allá de
3.4. Si ustedes excluyen a China y a la India, el
crecimiento mundial no anda más que por el dos
por ciento a nivel internacional.
Estos elementos han, de alguna manera,
impactado columnas fundamentales de la
economía mexicana, sobre todo aquellas que
tienen que ver con el pilar del motor exportador
de la economía. Es en tanto a ello que fue
fundamental podernos reubicar en la estrategia
para poder establecer que el motor de la
economía interna tomara un lugar preponderante
que no había tomado en el pasado ni en la crisis
financiera de 2008, ni siquiera cuando estuvimos
antes en 1994 tratando de enfrentar este gran
reto.
La Secretaría de Economía se orientó
fundamentalmente en cinco áreas estratégicas
que hemos venido compartiendo con ustedes.
La primera es una política industrial que
esté acorde a una política de economía abierta
para poder soportar el crecimiento basado
fundamentalmente en una estrategia de agendas
de política industrial y de política pública con
sectores estratégicos de la economía.
Daré algunos ejemplos que ustedes tienen
perfectamente visualizados. En la historia
reciente del país no se habían dado crecimientos
en las ventas internas de vehículos como las que
observamos del año 2014 al 15 y del 15 al 16,
crecimientos anuales del 20 por ciento que sólo
podemos hoy refrendar gracias a que tuvimos
la capacidad en esta estrategia de trabajar con
la industria nacional para desatorar cuellos de
botella fundamentales.
La reforma en el mercado financiero para
permitir financiamiento de autos nuevos que
estaban restringidos por cuellos de botella
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
indeseables; el esquema de control de evitar
la chatarrización del país para poder generar
realmente un mercado de autos en México, lo
cual sin duda reflejó un incremento importante
en la industria.
Hoy México pasa del lugar octavo en
producción mundial al séptimo y dadas las
inversiones recibidas por más de 27 mil millones
de dólares en el sector automotriz, estaremos a
más tardar para el 2020 posicionándonos en el
lugar quinto a nivel internacional compitiendo con
Corea en esta posición.
Esta estrategia se traslada también a la
industria del acero. En la industria del acero
tuvimos amenazas fundamentales justamente
con la sobrecapacidad en los países asiáticos
que inundaron los mercados internacionales.
Trabajamos de la mano con los acereros
de México y usamos efectivamente nuestros
instrumentos de política de protección contra
el comercio desleal y pudimos establecer
44 medidas efectivas contra productos que
indebidamente estaban subsidiados y sujetos a
dumping.
Mientras que la economía brasileña en acero
cayó seis por ciento, la inglesa 27 por ciento, la
norteamericana tres por ciento, en el año 2015
la industria mexicana del acero pudo crecer
a una tasa alrededor del ocho por ciento. Esto
sin duda salvaguarda empleos fundamentales
importantes viendo siempre que la economía
debe de mantenerse competitiva, pero no
contra la competencia desleal en el comercio
internacional.
Lo mismo se hizo para el 2015 con el sector
textil y del calzado, atacando fundamentalmente
la ilegalidad en su comercio y tratando de
restablecer un mercado interno favorable para el
desarrollo de nuestras capacidades.
Por primera vez en el 2015 la industria textilera
en México invirtió, se creció alrededor del cinco
por ciento, y en el calzado logramos reducir de
7
Grupo Parlamentario del PRD
manera efectiva importaciones indeseables
combatiendo justamente el comercio no desleal,
en este caso el comercio ilegal, restableciendo el
principio de derecho.
Así como les doy estos ejemplos, hemos
construido agendas de política pública con el
sector de dispositivos médicos, con el sector
agroespacial, con sectores estratégicos, 28 de
la economía mexicana, porque nos queda claro
que el único espacio para crecer... es en estos
momentos de turbulencia internacional es crecer
adentro y facilitar con eficiencia y competitividad
la expansión de sectores estratégicos de la
economía mexicana.
El sector exportador sin duda sigue siendo
fundamental. Sólo para darles un dato, en el
2006 apenas éramos el 53 por ciento de la
economía mexica en el sector exportador. Hoy ya
representamos el 63.5 por ciento. Si hablamos
de manufacturas o tomando como referencia el
año 2007, hoy hemos crecido 50 por ciento la
exportación de manufacturas.
Si comparamos, por ejemplo, automotriz,
hemos doblado las exportaciones automotrices
justamente cuando estamos comparando el
primer trimestre, este período hasta el 2016, con
el mismo período justamente, seis años antes.
Esto tiene un reflejo directo en los
fortalecimientos de inversión en el país, tanto
nacional como extranjera. Justamente en lo
que llevamos de esta administración, hemos
acumulado más de 120 mil millones de dólares
de inversión extranjera directa, reportando un
promedio mensual de 35 mil millones de dólares
que de alguna forma está impactando de una
manera importante un cambio estructural en esta
inversión.
Traíamos un promedio de 19 mil millones
de dólares desde la época del TLCAN hasta el
2102, este promedio cambia estructuralmente,
parte también por las reformas estructurales que
este legislativo ha autorizado al Ejecutivo.
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ÁGORA
Dentro de este esquema, estaríamos
pendientes de no compartir con ustedes algo
fundamental y estratégico, y es el contenido
nacional de nuestra plataforma exportadora. Un
dato que acaba de compartir el Inegi hace poco
tiempo, es un dato que debemos de seguirlo
con mucha detención específica. Justamente
traíamos un contenido nacional en el 2007 del 33
por ciento, y este prácticamente ya está llegando
al 40 por ciento.
Quiere decir que de cada peso que
exportamos, ya se logran 40 centavos de
incorporación de contenido nacional que es el
esfuerzo que tenemos que hacer para que dentro
de un mercado internacional que se afloja, el
contenido nacional siga dando posibilidades de
crecimiento de una manera importante.
Compartiendo con ustedes en los pocos
minutos que me quedan, esto tiene que ser
soportado por una política de reconocimiento de
que en las cadenas de valor la participación de las
Pymes es estratégica y fundamental. Por ello, las
reformas que se ejecutaron eran fundamentales
para poder mejorar esa competitividad y poderles
dar cancha pareja para participar en las cadenas
de valor global.
En ese sentido la creación del Inadem,
y justamente la transparentación del Fondo
Nacional del Emprendedor, fue fundamental.
Cuando se recibe este fondo, en términos
de evaluación estaba en el último lugar de
los programas públicos federales en el lugar
72; ESOC acaba de darle el primer lugar de
conocimiento en materia de desempeño de
programas y de transparencia en sus procesos.
Al día de hoy ha habido casi 50 mil
empresas apoyadas justamente para proyectos
de incorporación o en la cadena de valor
o mejoramiento en las tecnologías de la
información para mejorar la eficiencia de los
sectores tradicionales.
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Grupo Parlamentario del PRD
Dentro del esquema sin duda esta integración
de posicionamiento del sector productivo
nacional debe entrar también en una visión de
incorporación al comercio internacional. Por eso
nuestra misión fue concluir las negociaciones del
TPP en el área del Pacífico, un área descuidada
en las relaciones internacionales, pero al mismo
tiempo culminar Alianza del Pacífico reconociendo
el potencial del mercado latinoamericano, el cual
ya fue aprobado por el Senado de la República
y hoy el comercio en entre estos cuatro países
de Latinoamérica el 92 por ciento circula a 0 por
ciento de aranceles. Este proceso de integración
seguirá avanzando en las cadenas de valor.
Hay dos elementos fundamentales que me
gustará y seguramente tenemos oportunidad de
compartirlo en las preguntas, que es a través
de este proceso de reforzamiento, tenemos que
crear las condiciones de negocio apropiadas
en la facilitación, en la mejora regulatoria y en
el estado de derecho para un desenvolvimiento
adecuado de estos negocios y, el segundo, un
marco de competencia económica a partir de la
ley que ustedes aprobaron, que es fundamental
para garantizar insumos y productos de calidad
a precios competitivos que no correspondan a
mercados concentrados.
Primera ronda de preguntas y respuestas
Intervención de la diputada
Lluvia Flores Sonduk
Gracias, presidente. Bienvenido, secretario.
Aplaudo este ejercicio democrático y sabemos
la importancia de la minería en nuestro país, tal
es la importancia que aporta un 4 por ciento del
producto interno bruto.
Para el ambiente de negocios en México
y en cualquier país, el Estado de derecho, la
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ÁGORA
seguridad de los trabajadores y la confianza en la
justicia es un elemento indispensable para poder
dar certeza jurídica a los inversores.
Para las empresas y los proveedores, tengan
certidumbre al resolver sus controversias y para
que los emprendedores y pequeñas empresas
sientan el respaldo de las instituciones públicas
ante cualquier problema.
Todos estos actores necesitan que nuestra
economía ofrezca las condiciones que garanticen
un entorno económico y de seguridad que les
permita llevar a cabo sus actividades productivas
eficientemente y con éxito, así impulsar el
crecimiento de nuestro país.
Desafortunadamente en los últimos años este
sector se ha enfrentado con bajas, secretario.
Tenemos el ejemplo de este 2015, que el
índice de precios de los metales base hubo un
decremento del 20.8 por ciento en respecto al
2014. Asimismo, los metales preciosos hubo un
decremento del 10.3 a comparación del 2014.
Aquí en México y de acuerdo con las cifras
de la Cámara Minera, la industria invirtió 4 mil
630 millones de dólares durante el 2015, cifra
por debajo de los 8 mil 43 millones invertidos en
el 2012, cuando se alcanzaron niveles de récord
en los principales indicadores de la minería
mexicana.
Considerando este ambiente complejo, este
escenario adverso para el sector, secretario,
le pregunto, ¿cuáles son las acciones que
ha realizado la Secretaría de Economía para
que esta industria siga creciendo y generando
empleos?
¿De qué manera se está coadyuvando o está
coadyuvando la Secretaría de Economía en
materia de seguridad de las zonas mineras y,
sobre todo, los incentivos a los emprendedores
que sufren la violencia en los estados?
Sería interesante su opinión, señor secretario,
sobre el sector automotriz de los autos irregulares
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Grupo Parlamentario del PRD
en nuestro país, donde por lo menos contamos
con 2 millones de autos circulando a lo largo y
a lo ancho de nuestro territorio. Y que bueno,
el regularizarlos traería ingresos importantes
a las arcas de nuestro país. ¿Y cuáles son los
mecanismos que se están empleando para
formar las inversiones en nuestro territorio?
Y bueno, por último, por último, señor
secretario. Quisiera yo preguntarle si nuestro
país no está a punto de entrar en una recesión
económica.
Respuesta del secretario
Ildefonso Guajardo Villarreal
Gracias. Diputada, rápidamente me enfoco
primero a su pregunta sobre el sector minero.
Déjeme decirle que sin duda los precios de los
minerales, sobre todo de metales preciosos
y de los metales no preciosos tuvieron un
decrecimiento drástico y fundamental que
cambia los incentivos dentro del esquema de
proyectos a nivel global, a nivel mundial. Y sin
duda, la minería en México sigue teniendo una
gran fortaleza como la mostrada por las cifras de
inversión que usted nos compartió, del 2015. Y la
pregunta es, ¿qué hemos venido haciendo con
la minería?
Primero decirle que desde que inició esta
administración creamos un grupo intersecretarial
para que la minería no tuviera que estar viniendo
a tocar puertas cada vez que se le presenta un
problema de una manera diferente. Integramos a
todas las áreas relevantes, Sedatu, Secretaría de
Hacienda para poder analizar el tipo de conflictos
que se pueden presentar en el esquema minero.
Lamentablemente, nuestro marco legal, la Ley
Minera y la Ley Agraria son leyes que entre sí
dejan algunos puntos de inconsistencia y le dan
cierta fragilidad jurídica cuando hay contratos de
por medio dentro del proceso.
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ÁGORA
Creo que el poder mejorar la certidumbre
jurídica es un elemento fundamental a la hora
de revisar esos marcos legales. Pero le puedo
decir que hoy actualmente tenemos 27 puntos
específicos de la gran cantidad de mineras que
hay en el país.
Hemos detectado de ellos que 10 son
temas de cuidado ambiental, dos de ellos son
temas laborales, cinco son focos importantes
de seguridad. Y le doy un ejemplo claramente
establecido, la minera Torex Gold estableció
un proyecto para Guerrero. Este año fuimos
testigos de una inversión de 800 millones de
dólares, justamente en el estado de Guerrero, en
un punto difícil en el estado de Guerrero, donde
la empresa invirtió también en 500 casas para
trabajadores, de 500 metros de terreno, con
200 metros de construcción, de tal manera que
están conscientes que al ejidatario, si se le va a
reacomodar dentro de un proyecto minero no se
le puede meter en una casa de Infonavit.
El esquema ambiental es de primer mundo,
demostrándonos que hay minería sustentable
que genera riqueza y genera empleo a las partes
más pobres de México y es un punto importante
para reconocer.
Con ellos establecimos un esquema de
coordinación con el gobierno estatal, el municipal
y el federal para darle justamente atención
específica a sus temas de seguridad. El tema no
es solo sobre la empresa, es sobre el ejidatario
que recibe dividendos, es sobre el empleado.
Evitar que estén sujetos a extorsiones, evitar que
estén sujetos a presiones.
Eso lo hemos abierto en los diferentes frentes
de lo que se presenta en algunos casos como
problemática en el sector. Sin duda la minería en
el mundo está bajo observación y tiene que ser
un tema de minería responsable, sustentable y
que acompañe el crecimiento del país.
Usted me pregunta también sobre el tema de
autos irregulares. En el caso de autos irregulares
10
Grupo Parlamentario del PRD
quiero decirle rápidamente que el tema que
acordamos a nivel nacional es impedir lo ilegal.
Que dejemos entrar al país a otros que no
cumplen con las condiciones físico-mecánicas
o ambientales que les exigimos a los autos
nacionales.
De eso, sin duda, estamos conscientes de
que en el territorio de frontera puede haber un
cúmulo de autos que ya existen y que de alguna
manera en los estados se vean obligados a tratar
de tenerlos bajo control, para que no participen
en ilícitos y poder tener elementos de control de
seguridad.
Pero nuestra recomendación respetuosa es
que no permitamos la regularización de lo que
por principio no debe ser aceptable porque no
cumple con las condiciones ambientales que
estamos exigiendo a la industria nacional, que
les estamos exigiendo a los consumidores
nacionales cuando tienen un auto de producción
nacional.
Finalmente, le diría que sin duda la economía
mexicana es una de las economías que están por
encima del promedio latinoamericano en cuanto
a desarrollo. No es la tasa óptima de crecimiento.
Sin duda se observan algunos esquemas de
menor potencial de desaceleración, pero bajo
ningún esquema estamos hablando de ningún
elemento recesivo en este momento en la
economía nacional.
Si observamos todavía la cifra de consumo
para este mes en el año, siguen siendo positivas.
No de 10 por ciento, efectivamente, pero no, de
ninguna manera, para estar observando ningún
síntoma de recesión.
Segunda ronda de preguntas y respuestas
Intervención del diputado
Waldo Fernández González
Bienvenido, señor secretario, buenas tardes. Me
llamaba la atención, en alguna de las respuestas
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que daba usted en la ronda pasada, que hablaba
de certidumbre jurídica. Evidentemente yo, como
abogado, es algo que entiendo y que me parece
que el país ha pagado grandes costos por darle
certidumbre jurídica a empresas trasnacionales,
e incluso a las empresas mexicanas, cosa que no
critico, cosa que incluso me parece muy valiosa.
Creo que ahorita el caso más sonado o más
reciente sería el tema de Exportadora de Sal,
una empresa mexicana que con un contrato
firmado hace más de 40 años está sufriendo
las consecuencias de la actualización de este
contrato.
En esta lógica de la certidumbre jurídica.
Hace poco el gobierno chileno impuso un
derecho antidumping del 11.01 por ciento, a
través del ministro de Hacienda y a través de
su Comisión Antidistorsiones, acusa a DeAcero
de comercializar varilla en Chile a precios por
debajo de ese costo. Esta fue la naturaleza de
este antidumping.
Por lo que le quisiera preguntar, señor
secretario, ¿qué tan cierto es o qué tan viable es
que el gobierno mexicano esté subsidiando a la
industria mexicana el acero, permitiéndole a sus
productos exportar a precios por debajo de sus
costos?
De acuerdo a información pública que circuló
en medios chilenos, a la audiencia sostenido
por De Acero con la Comisión Antidistorsiones
dentro de la Fiscalía Nacional Económica, a la
cual asistió la segunda secretaria de la embajada
mexicana en Chile, Fabela Legaspi, en su
posicionamiento que desarrolló en conjunto con
la Secretaría de Economía dio, y me dio mucho
gusto decirlo, mencionó que la validez de la
investigación estaba sujeta a discusión porque
se vulneraban las normas de la Organización
Mundial del Comercio, la embajada sostuvo que la
investigación no satisfacía los requisitos mínimos
indispensables para iniciar una investigación y
que contenía vicios de origen.
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Grupo Parlamentario del PRD
Esto es, la Comisión Antidistorsiones no
definió adecuadamente los periodos analizados
para determinar el daño, usando diferentes
periodos para los análisis de daños en precios y
los periodos para los análisis de importación.
¿La Secretaría de Economía o usted
sostendría esta posición presentada por la
embajada mexicana? Y en caso de sostener esta
posición y si el proceso llevado por la Comisión
Antidistorsiones sigue adelante sin considerar
las observaciones del gobierno de México, ¿qué
medidas se estarían considerando a tomar por la
secretaría a su cargo?
Es de todos sabidos que en las diferentes
negociaciones que se han sostenido con la
República de Chile para negociar tratados de
libre comercio, uno de los rubros más discutido ha
sido el del sector agropecuario, en esta materia
siempre se ha planteado que es necesario tener
apertura comercial con Chile a pesar de las
presiones que hemos recibido de los productores
locales.
En caso de que el gobierno chileno tome
medidas proteccionistas definitivas contra la
varilla mexicana, no cree usted que deberíamos
reconsiderar las condiciones comerciales
actuales en otras fracciones tales como los
productos agropecuarios, esto en la lógica de
lo que hablábamos hace un momento de la
certidumbre jurídica que sí damos a las empresas
que vienen a México, pero que aparentemente
en otros países no le dan a nuestras empresas.
Respuesta del secretario
Ildefonso Guajardo Villarreal
Gracias, señor diputado. Les comparto sin tratar
de meterme demasiado a la tecnicidad del tema.
Generalmente cuando hay competencia desleal
en el comercio internacional hay dos elementos
que intervienen en ella, uno de ellos puede ser
porque usted está vendiendo en un mercado a
precios más bajos del que vende en su mercado
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ÁGORA
nacional, que ese es básicamente un dumping. Y
la otra es, porque artificialmente está subsidiando
una producción con recursos del Estado para
competir deslealmente, eso es básicamente la
investigación por subsidios.
Quiero compartirle que siempre para todas las
empresas mexicanas tiene un acompañamiento
muy cercano de la Secretaría de Economía
a través de la OCSI para poder proteger
nuestras exportaciones en todos los mercados
internacionales.
Primero decirle, estamos apoyando a la
empresa, estamos trabajando con las autoridades
chilenas para que se cumplan estrictamente las
reglas de la Organización Mundial del Comercio,
las reglas establecidas, porque todo mundo
tenemos que obedecer bajo ciertas reglas, si no
se convertiría esto en un galimatías, en términos
de que todo mundo estaríamos haciendo lo
que quisiéramos y desataríamos las guerras
comerciales que nos afectan a todos.
Déjeme decirle que por ejemplo, en el caso
nuestro, apoyando a empresas como De
acero, ya tenemos 44 medidas de impuestos
compensatorios sobre importaciones asiáticas.
Y decirle que, porque le quiero poner como
ejemplo, imagínense ustedes si China decidiera,
porque le pusimos un impuesto compensatorio,
que de repente le va a pegar a los tequileros
mexicanos o le va a pegar a los exportadores de
berrys mexicanos.
Si no hubiera ciertas reglas de comportamiento
en el comercio internacional desataríamos
guerras comerciales. Y eso me ayuda a
comentarle que si bien entiendo, cuando usted
subraya, que le compramos muchos productos
frescos, frutas a chile, hay ciertas reglas del
comercio internacional donde yo no pudiera,
simple y sencillamente, por mis pistolas, decirle,
pues ahora no importa quién me la hizo sino
quién me la paga y pegarle a los exportadores
chilenos de frutas. O sea, eso es por el bien del
12
Grupo Parlamentario del PRD
comercio internacional y es por el bien de todos.
Sin embargo, le doy la garantía que estamos
apoyando a la empresa, estamos siguiendo a
pie juntillas que el país se apegue al derecho
comercial internacional y que finalmente podamos
demostrar que no hay una diferenciación de
precios entre lo que De acero vende en el
mercado chileno y de lo que vende en el mercado
mexicano.
Tercera ronda de preguntas y respuestas
Intervención del diputado Armando Soto Espino
Señor secretario, le doy una cálida bienvenida a
este recinto, con su venia.
En mi carácter de secretario de esta Comisión
de Economía, mi intervención es con relación al
Presupuesto del año siguiente. ¿Qué estrategia
de reactivación económica va a realizar para salir
de esta recesión, donde usted tiene un papel
fundamental?
Siguiendo con el tema del TPP, son varias
las críticas a ese tratado que se han planteado
dentro y fuera de los países firmantes, señalando
que ese tratado va más allá del libre comercio,
entre otros, algunos de los aspectos criticados
son los siguientes, por mencionar algunos.
1. Impone restricciones a la privacidad de
las personas y a la libertad para acceder aq
contenidos en Internet, se elevaría el costo
de acceso a Internet ya que permitiría que las
empresas cobraran sobre las descargas de
contenidos y no sólo de su uso.
2. Propone el aumento a la protección de
patentes, por ejemplo, la de las grandes
farmacéuticas internacionales que limitarían
el acceso a medicamentos más baratos para
atender a la población, restringiendo los
medicamentos genéricos e incrementando
sus precios.
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3. Otro caso es el de las patentes sobre las
semillas, lo que puede incentivar la biopiratería
y limitar los derechos de los pueblos a la
agricultura tradicional, afectando la seguridad
y la soberanía alimentaria, los transgénicos se
multiplicarían en el país, y la producción se
vería diezmada.
4. Propone una mayor desregulación financiera,
garantizando a las corporaciones trasnacionales
sus expectativas de ganancias sometiendo a los
estados nacionales a demandas en tribunales
extranjeros, incluso en Estados Unidos el
mayor país participante en este tratado, sus dos
candidatos principales a la presidencia se han
manifestado en contra del mismo.
Usted declaró a la prensa hace unos días, que
consideraba que el TPP debería aprobarse en
nuestro país, independientemente de lo que
ocurra en Estados Unidos, para mandar una
señal de que la negociación de este tratado está
cerrada y así evitar una nueva renegociación en
caso de que así lo plantee el nuevo gobierno de
Estados Unidos.
Por citar un caso, los autos están aquí porque
ustedes no pueden controlar las aduanas y
cuando queremos apoyar nos salen con los
temas ambientales y eso nos limita, la pregunta
sería, ¿cuál es la prisa o la urgencia para que se
apruebe por México este tratado que ha generado
un fuerte debate a nivel mundial? ¿Qué opinión
le merecen los cuestionamientos al tratado? Y si
considera que el tratado afectaría a la soberanía,
la economía y las libertades de nuestro país.
Respuesta del secretario
Ildefonso Guajardo Villarreal
Bueno, primero comentarle que bajo ninguna
circunstancia un tratado internacional firmado
por México violenta o transgrede la soberanía
nacional.
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Grupo Parlamentario del PRD
No ha sido ninguno de los tratados que
hasta hoy tenemos, de los dos existentes ni
lo será, al menos mientras en mí caso sea mi
responsabilidad ser el secretario de Economía.
Y déjeme entrar a particularidades y me gustaría
mucho, señor diputado, tener la posibilidad de
que nuestro equipo de trabajo de negociaciones
internacionales tenga una conversación con
usted.
Muchas de las cosas que escuchamos sobre
el TPP, a veces no hacen referencia específica
a qué lo dice dentro del texto del acuerdo. O
sea, sería muy bueno que cuando escuchamos
que va a restar la libertad en materia de bajar o
descargar cosas de Internet o del uso del mismo
Internet, pues me gustaría que nos dijeran, tal
frase tiene como consecuencia tal cosa.
Yo le digo categóricamente que nada del
capítulo de propiedad intelectual restringe la
libertad del uso del Internet como un medio de
comunicación abierto y totalmente libre a la
gente.
Lo que probablemente usted hace referencia,
es que hay un grupo en este país, que es la
Asociación de Autores y Compositores de
México, que son los creativos de México. Ellos
cuando consultamos la negociación, ellos nos
dijeron, creemos que si yo soy autor de una
canción y a alguien le gusta esa canción, yo tengo
derecho para seguir aumentando el patrimonio
de canciones de mi país y del mundo, pues tener
un beneficio de esa aportación que yo hago al
patrimonio musical de México.
Lo que no le puedo negar es que en el acuerdo
de TPP hay un acuerdo para poder respetar los
derechos de autores y compositores. Porque
sería totalmente inmerecido que ustedes tienen
muy seguido aquí la visita de don Armando
Manzanero, y quien dirige esta Asociación, que
viene a platicar con ustedes sobre estos temas.
Entonces, si a ustedes no les gusta esto, pues
evidentemente, entonces empecemos a cambiar
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ÁGORA
la legislación mexicana. Y yo creo que no sería
un buen mensaje para los autores y compositores
de México.
Segundo. Usted me dice que en el caso de
patentes estaríamos impidiendo el incremento de
genéricos. No hay nada en el TPP que extienda
las patentes que actualmente están reconocidas
en la Organización Mundial de Comercio en
materia de productos farmo-químicos.
La diferencia está en biotecnológicos, porque
es la medicina del siglo XXI y muy pocos países
participantes en el TPP tenían un marco de
protección de biotecnológicos. Muchos de los
países no tenían protección para biotecnológicos.
Y déjeme decirle que es tan malo no tener
protección, porque desincentiva la innovación,
como tener una protección exagerada como la
que pretendían Japón y Estados Unidos. Es el
famoso lema de ni tanto que queme al santo ni
tan poquito que no lo alumbre.
Por eso la solución en TPP, en biotecnológicos
fue una solución intermedia. Y le doy ejemplos,
porque también hay esta aseveración de que
afectaría el costo en el manejo de la salud pública.
Efectivamente, hay alguien que ya inventó el
biotecnológico, es una cura para la hepatitis C. Y,
efectivamente, el tratamiento cuesta casi 100 mil
dólares. Pero me gustaría que usted viera cuánto
cuesta un paciente que contrajo hepatitis C a los
30 años y en el periodo de vida tuvo que ser
administrada, no curada, y compare los costos
de esos dos procedimientos.
Sin duda no me da mucho gusto pagarle a
un invento los 100 mil pesos que cobra por su
innovación, pero qué bueno que la tenemos
y resulta en el largo plazo más barata que la
administración farmoquímica de la enfermedad.
Entonces, sin duda categóricamente: no hay
extensión de farmoquímicos, no hay restricciones
para que el día 1 del vencimiento de una patente
farmoquímica entre inmediatamente un genérico,
y sí hay una nueva formulación para patentes
14
Grupo Parlamentario del PRD
de biotecnológicos. Pero justamente para
incentivarlos en el procedo de tener disponibles
nuevas soluciones en el terreno de la medicina.
Déjeme decirle que en el TPP no hay ningún
compromiso para transgénicos. En México la ley
la definen ustedes. El mecanismo entre productos
transgénicos y orgánicos está definido en las
leyes nacionales no hay nada que firmemos
en tratados internacionales que no pase por
la consideración del Congreso de la Unión. Y
sin duda, bajo consulta, no es el caso de los
transgénicos.
Déjeme decirle dentro de los comentarios que
usted hace –y ya no entiendo ni mi propia letra–
al final, después de transgénicos usted hablaba
sobre los autos. Déjeme decirle que el caso
de los autos es un tema muy claro. Los autos
usados son parte del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte. Pero como todos los
acuerdos de tratados internacionales, son bajo el
supuesto que cumplen con las leyes nacionales.
Entonces, el mercado está abierto para autos
usados, siempre y cuando cumplan con las
normas ecológicas establecidas en México y con
las normas físico-mecánicas.
Si no cumplen con esas normas, evidentemente
no pueden introducirse al territorio nacional. Las
leyes nacionales no se supeditan en ese sentido
necesariamente a tratados internacionales.
Y aquí el caso específico es que muchos de
los vehículos que se estaban introduciendo no
cumplían con esa reglamentación ambiental
mexicana. Lo que hacemos claramente es
detener ese flujo a través de cortar una serie de
amparos fraudulentos que se habían establecido.
Y tiene usted razón, hay que fortalecer las
aduanas porque el peor escenario es que haya
un contrabando bronco de esos vehículos y que
finalmente tengamos un problema porque no
tenemos capacidad de ejecución.
Pero le quiero decir que de 2014 a 2015
redujimos la importación de autos usados en mal
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
funcionamiento ambiental, de 600 mil unidades a
140 mil unidades. Y sin duda sí somos sensibles al
tema de poder acreditar la existencia de vehículos
que deben ser identificados en circulación en
fronteras por motivos de seguridad. Pero, no
simple y sencillamente abrir la puerta a vehículos
que no cumplen con las condiciones nacionales.
Comentarios finales
Intervención de la diputada Lluvia Flores Sonduk
Grupo Parlamentario del PRD
Democrática queda con algunas incógnitas.
Pues bueno, secretario, hagámoslo posible en
coordinar los esfuerzos por orientar la economía
mexicana a bien, a buen puerto.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
21 de octubre de 2016
Pues, presidente, muchísimas gracias por este
acto democrático y el Partido de la Revolución
15
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Diputada Maricela Contreras Julián
Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 73
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática de la
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71
fracción II y 135 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1,
fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto
a consideración del Pleno de la Cámara de
Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto.
Planteamiento del problema
A principios de los años noventa y a finales de la
Guerra Fría en nuestro país proliferó un nuevo
tipo de conflictos internos, puesto que un número
significativo de personas fueron retiradas del
lugar donde habitaban dentro de su propio país,
incluso de la misma región; a dicho fenómeno se
le denominó desplazamientos internos.
Se ha tratado de negar el origen principal de
dichos desplazamientos, ya que se perciben
intereses políticos y económicos que persiguen
el aprovechamiento y control de los recursos
naturales de las comunidades donde las
personas han sido desplazadas, sumándose
16
Grupo Parlamentario del PRD
además factores asociados a la inseguridad o
el narcotráfico; no obstante, públicamente se
ha dicho que los desplazamientos obedecen
a conflictos de índole religioso, étnicos o de
identidad.
El aumento de los desplazamientos internos en
diversos países, con el consecuente conocimiento
de la situación que viven las personas afectadas,
sin duda es preocupante, ya que las personas
desplazadas internamente sufren carencias y
privaciones, lo que expone su integridad física y
supervivencia en todo el proceso que viven. Esto
se ve mayormente reflejado en las personas
que presentan una debilidad física mayor como
es el caso de las niñas, niños, adultos mayores,
mujeres, personas con discapacidad y grupos
que por sus condiciones son vulnerables, como
el caso de los pueblos indígenas.
Dicha situación llevó a la comunidad
internacional a la búsqueda de mecanismos que
regularan los desplazamientos internos y protejan
a las personas que los viven, a la vez de aplicar
instrumentos institucionales que vinculen a los
gobiernos con su cumplimiento para la tutela de
sus derechos.
En la Compilación y Análisis de las Normas
Jurídicas se recogen las normas internacionales
en materia de derechos humanos estableciendo
disposiciones para la protección de las personas
desplazadas internamente, existiendo un informe
que ostentó el Representante de la ONU para el
tema de los desplazados en la Asamblea General
de dicho organismo.
El documento presentado se basa en estudios
realizados por el Instituto de Derechos Humanos
Ludwig Boltzmann (Austria); la American Society
of International Law y el International Human
Rights Law Group (Estados Unidos de América).
Los análisis fueron examinados por juristas y
expertos en la materia durante 1994 y 1995, lo
que dio como resultado un sólo documento que
fue aprobado en septiembre de 1995 y es lo que
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
se conoce como Compilación y Análisis de las
Normas Jurídicas.
La Compilación reconoce que existen diversas
esferas en que el derecho no ofrece suficiente
protección a las personas desplazadas y alerta
sobre las consecuencias que producen los
desplazamientos, como son el rompimiento del
núcleo familiar y de los lazos culturales y sociales
dentro de una comunidad; además de terminar
con las relaciones estables de empleo, de hacer
difícil o imposible las oportunidades educativas,
de privar de una protección especial a las niñas,
niños, mujeres, enfermos y personas adultas
mayores y de negar el acceso a los servicios
que ofrece el sector público o privado para la
satisfacción de sus necesidades.
En lo que respecta a las normas internacionales
de los derechos humanos, la Compilación
evoca lo señalado en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y en la Carta de las
Naciones Unidas, pues reconocen los derechos
y libertades fundamentales de las personas que
son inherentes a la dignidad humana; además
establecen la obligación del Estado de respetar
y asegurar dichos derechos y libertades. De ahí
que en diversos ordenamientos internacionales
se encuentren disposiciones que, no en un
sentido estricto ni explícito, tutelan los derechos
de los desplazados internos y en algunos casos
se llega a su prohibición.
Al reconocer al Derecho Humanitario como la
rama del Derecho Internacional que protege los
derechos de las víctimas de conflictos armados
al interior y fuera de un país, la compilación
hace un repaso de los ordenamientos que son
parte del Derecho Humanitario; derivado de ello,
establece que el Comité Internacional de la Cruz
Roja supervisa y coadyuva en la aplicación del
mismo, de acuerdo a los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949 y a sus protocolos adicionales,
con lo que se contribuye a una protección y
ayuda de las personas desplazadas al interior de
17
su país en situaciones de conflicto.
La Compilación reconoce tres situaciones
donde se dan desplazamientos internos, las
cuales son reguladas por ordenamientos jurídicos
en especial y son:
•
•
•
Las situaciones de tensiones y de disturbios
o de desastres, donde son aplicables las
normas de los derechos humanos.
Las situaciones de los conflictos armados
no internacionales regidos por algunos de
los principios del Derecho Humanitario
y por muchas garantías de los derechos
humanos.
Las situaciones del conflicto armado de
un Estado a otro donde las disposiciones
del Derecho Humanitario llegan a ser
sobre todo operativas, aunque muchas
garantías importantes de los derechos
humanos siguen siendo aplicables.
Aunque la compilación refiere un amplio estudio
sobre diversos ordenamientos del Derecho
Humanitario y de las normas internacionales de
los derechos humanos, una vez presentado dicho
informe ante la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU, se llegó a la conclusión de que era
necesario realizar un análisis por separado de
las normas que protegen a los desplazados y que
dan derecho a no ser desplazado en particular.
Se preparó un documento denominado
Compilación y Análisis de las Normas Jurídicas,
Parte II: Aspectos jurídicos relativos a la
protección contra los desplazamientos arbitrarios
(Documento
E/CN.4/1998/53/Add.1)
Dicho
estudio fue preparado por la griega María
Stavropoulou, revisado por diversos expertos en
Ginebra entre 1996 y 1997, entre los cuales se
encontraban Robert K. Golman (Estados Unidos
de América), Walter Kälin (Suiza), Manfred Nowak
(Austria), Daniel Helle de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Jean-Francois Durieux de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Unidas para los Refugiados, Toni Pfanner y Jean
Phillippe Lavoyer del Comité Internacional de la
Cruz Roja.
El documento referido muestra un análisis
de la legislación internacional que implícita o
explícitamente prohíbe los desplazamiento
internos; sin embargo, un aspecto que es
importante destacar es que el estudio menciona
las diversas disposiciones en las que se prohíben
los desplazamientos que llama arbitrarios, es
decir, los que no se encuentran justificados por
causa legal o de hecho alguna. Por lo que deja
abierta la posibilidad de que los desplazamientos
internos se pueden llevar a cabo, siempre y
cuando se respeten las pautas que puede
marcar la legislación, ya sea en el ámbito local o
internacional.
Derivado de ello, se establecen cuatro tipos
de violaciones a los derechos de las personas en
los desplazamientos arbitrarios:
•
•
•
•
En el caso de que los desplazamientos se
basen en motivos que no están permitidos
conforme al Derecho Internacional, y
se esté vulnerando el derecho a la libre
circulación y el de residencia, así como el
de la inviolabilidad del hogar y la vivienda.
Cuando se da un desplazamiento y no se
respetan las garantías de procedimiento.
Si se da un desplazamiento, puede
llegarse a la violación de otros derechos,
tales como la libertad personal, el derecho
a no ser torturado o sometido a tratos
inhumanos o degradantes o el derecho a
la vida.
Los desplazamientos pueden acarrear
consecuencias que impidan el uso y goce
de otros derechos humanos.
De lo anterior se deduce que el Estado, al ser
garante de los derechos de las personas y el
encargado de respetar y hacer respetar las leyes,
debe adoptar diversas medidas a efecto de que
no se vulneren los derechos de las personas que
se vean sometidas a un desplazamiento.
18
Grupo Parlamentario del PRD
En el documento citado se reconoce que existe
un limitado número de disposiciones jurídicas
de protección sobre el tema; sin embargo, las
existentes apuntan a la regla general de que el
desplazamiento no puede llevarse a cabo de
manera arbitraria.
Con dicho reconocimiento, se hace un análisis
de los ordenamientos que contienen derechos
que implícitamente prohíben los desplazamientos
internos de manera arbitraria; para tal efecto,
haremos los siguientes comentarios sobre
ciertos derechos que contienen la prohibición
de los desplazamientos internos, con base en el
documento citado:
Derecho a circular libremente y a escoger lugar
de residencia.
El artículo 13 párrafo 1 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos establece que “Toda
persona tiene derecho a circular libremente y a
elegir su residencia en el territorio de un Estado”;
de igual forma, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos en el párrafo 1 de su artículo
12 menciona que “Toda persona que se halle
legalmente en el territorio de un Estado tendrá
derecho a circular libremente por él y a escoger
libremente en él su residencia”; además en algunos
instrumentos jurídicos de carácter regional, como
la Convención Americana, la Carta Africana y la
Convención Europea, encontramos disposiciones
semejantes; por lo que los derechos de libre
tránsito y a elegir el lugar de residencia de las
personas, forman parte del Derecho Internacional
vigente y se encuentran debidamente tutelados.
Luego entonces, los desplazamientos internos
constituyen la negación del derecho a circular
libremente en el territorio de un Estado y de elegir el
lugar de residencia, pues en aquellos las personas
se ven obligadas a salir de su hogar a efecto de no
sufrir las consecuencias de alguna situación que
es ajena a su voluntad y no gozan de la garantía
de circular libremente por el territorio, ya que están
sujetos a la protección de su integridad física o al
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
hecho de evitar la circunstancia por la cual huyeron
de su residencia.
Lo anterior, no obstante que los propios documentos
que enunciamos contemplan determinadas
situaciones que restringen el derecho en estudio,
ya que “...no podrán ser objeto de restricciones
(el derecho a la libre circulación y elegir el lugar
de residencia) salvo cuando éstas se hallen
previstas en la ley, sean necesarias para proteger
la seguridad nacional, el orden público, la salud
o la moral públicas o los derechos y libertades
de terceros, y sean compatibles con los demás
derechos reconocidos en el presente Pacto (Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”
De ello se deriva que deben existir restricciones
expresamente para dichos derechos, debidamente
fundadas y fundamentadas por la autoridad estatal
para llevarlas a cabo, cosa que no es aplicable en
el caso de los desplazamientos internos.
Protección contra las injerencias en la vida
privada de las personas.
El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos establece que “Nadie será
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra
y reputación”; asimismo, la Convención Europea o
la Convención Americana contemplan situaciones
similares.
Debemos destacar que una injerencia ilegal es
aquella que va en contra de lo establecido en los
instrumentos jurídicos nacionales o internacionales;
y se considera arbitraria aquella que sea contrario
a lo justo o razonable. Por tal motivo, en el caso
de presentarse el desplazamiento interno, hay
una injerencia ilegal y arbitraria, ya que no existe
ningún fundamento legal que justifique el proceder
o alguna causa razonable para que se motive un
desplazamiento forzoso de las personas.
19
Grupo Parlamentario del PRD
Prohibición de la discriminación.
“Todas las personas son iguales ante la ley
y tienen derecho sin discriminación a igual
protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas
las personas protección igual y efectiva contra
cualquier discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición
social” es lo que establece el Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos; además, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial, brinda
garantías sobre el derecho a no ser objeto de
discriminación.
En estas disposiciones encontramos de manera
implícita la prohibición de los desplazamientos
internos, ya que debemos recordar que una de
las causas de los mismos es precisamente la
discriminación en las formas que se enumeran,
cuando se presenta la segregación racial o
desplazamiento de su lugar de origen por
pertenecer a un determinado grupo social, político
o religioso.
Por otra parte, entendemos por discriminación
racial “...toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico, que tenga por
objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones
de igualdad, de los derechos humanos y libertades,
en las esferas política, económica, social, cultural o
en cualquier otra esfera de la vida pública...” según
la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación Racial.
Prohibición del genocidio.
El Artículo 2° de la Convención sobre el Genocidio,
define a este delito como “...cualquiera de los actos
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
… perpetrados con la intención de destruir, total o
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso, como tal:
A. Matanza de miembros de grupo;
B. Lesión grave a la integridad física o mental de
los miembros de grupo;
C. Sometimiento intencional del grupo a
condiciones de existencia que hayan de acarrear
su destrucción física, total o parcial;
D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos
en el seno del grupo;
E. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro
grupo”
El genocidio es una violación al derecho a la vida
y constituye un delito de carácter internacional
cometido en cualquier momento.
Algunos casos de genocidio que se han
presentado en países como Yugoslavia o
Rwanda bajo la forma de limpieza étnica, han
derivado también en desplazamientos internos
de personas o grupos, vulnerando todos los
derechos que son conexos al respeto a la vida
e integridad física de las personas; además
de todos los supuestos que hemos señalado
líneas atrás sobre la prohibición implícita a los
desplazamientos internos en ordenamientos
jurídicos de carácter internacional.
Por otra parte, producto de diversas
disposiciones que se encontraban dispersas
en algunos instrumentos jurídicos de carácter
internacional sobre la protección de las personas
desplazadas internas y de la intención de
recogerlas en un sólo documento que sirviera de
base o guía en la materia, surgieron los Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos
elaborados por Francis Deng, el Representante
del Secretario General de la ONU para este tema.
Los Principios Rectores son el tipo de
instrumento que protege a las personas en
situaciones muy variadas, de ahí la definición que
establece sobre desplazados internos, contempla
20
Grupo Parlamentario del PRD
diversas circunstancias en las que pueden verse
y entiende por estos a “Las personas o grupos de
personas que se han visto forzadas u obligadas
a escapar o huir de su hogar o de su lugar de
residencia habitual, en particular como resultado
o para evitar los efectos de un conflicto armado,
de situaciones de violencia generalizada, de
violaciones de los derechos humanos o de
catástrofes naturales o provocadas por el ser
humano, y que no han cruzado una frontera
estatal internacionalmente reconocida”
Es importante decir que los Principios
Rectores contemplan la prohibición de los
desplazamientos internos y la posibilidad de los
mismos, siempre y cuando se cumplan ciertas
circunstancias y se respeten los derechos
y libertades de las personas desplazadas.
Además, se abordan las distintas fases y facetas
del desplazamiento, es decir, protección debida a
las personas desplazadas, asistencia, su regreso
y reintegración. En las primeras se establecen
ciertas disposiciones que buscan la tutela de
sus derechos básicos y las obligaciones de los
agentes estatales para velar por su integridad y
evitar que sean vulnerados dichos derechos.
Los Principios Rectores están, ante todo,
destinados a los gobiernos, así como a los
grupos de oposición armados que también están
obligados por el Derecho Internacional. A ellos
incumbe el respeto del Derecho Humanitario, que
cumple una función de primer orden en materia
de desplazamiento de población. En el principio
3 se afirma, de manera más general, que el
primer deber del Estado es ofrecer protección y
asistencia a las personas desplazadas.
También se reserva un espacio importante
para la protección de las mujeres y de los niños
como personas especialmente vulnerables,
como lo hemos anotado líneas atrás; así, en el
documento se abordan el reclutamiento de niños
en las fuerzas armadas y su participación en las
hostilidades, así como el derecho de los niños
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
desplazados a la educación. Las mujeres son
objeto de especial atención, fundamentalmente
en los ámbitos de salud y de educación.
En el caso de la asistencia a las personas
desplazadas, se hacen varias consideraciones
con el objeto de brindar mayor protección a
las personas desplazadas y se reconoce la
intervención que tienen las organizaciones
humanitarias sobre este respecto, sin que se
entienda dicha labor como injerencia en los
asuntos internos de los Estados.
En el caso de que se terminen las causas
que originaron el desplazamiento, los Principios
Rectores establecen el derecho de los desplazados
internos a regresar a su hogar en condiciones
seguras y dignas, y que las autoridades
competentes tienen el deber de asistirlos; además
de brindarles ayuda para recobrar las propiedades
y posesiones que hayan abandonado o, cuando
esto no sea posible, a recibir una indemnización
equitativa u otra forma de reparación. También se
protege expresamente a los desplazados internos
contra el regreso o el reasentamiento forzado en
cualquier lugar donde su vida, seguridad, libertad
y/o salud esté en peligro.
Es importante el esfuerzo que se ha hecho
para darle un orden a las disposiciones dispersas
en materia de desplazamiento internos en los
instrumentos jurídicos de carácter internacional;
sin embargo, como hemos apuntado, el hecho
de que los Principios Rectores no constituyan
un instrumento vinculante, hace difícil su
cumplimiento.
Esta situación deja sujeto el cumplimiento
de las disposiciones de los Principios Rectores
a la voluntad política de los actores, por lo que
debemos tomar en cuenta que ésta será la que
haga posible o no los desplazamientos internos,
o bien, respetar o hacer que se respeten los
derechos de las personas desplazadas.
Sin constituir un documento que sea
obligatorio, deja a esa misma voluntad política
21
Grupo Parlamentario del PRD
de los agentes estatales, la aplicación de
mecanismos jurídicos para que las disposiciones
que prohíben los desplazamientos internos y la
protección de las personas desplazadas se vean
reflejadas en la legislación de cada país.
Argumentos
Esa situación coloca en estado de indefensión
a las personas que pueden ser víctimas de
un desplazamiento, o bien, a las personas
desplazadas, pues no encuentran tutela de sus
derechos en una legislación nacional y tienen
que invocar instrumentos internacionales para
verse protegidos. Lo que retrasa la impartición de
justicia y se permiten situaciones que violentan
los derechos fundamentales de las personas, en
lo que se aplican las norma internacionales en la
materia.
En México no contamos con cifras oficiales
sobre el número de desplazados internos. Sin
embargo, a raíz del Informe del Representante
del Secretario General sobre los desplazados
internos, Francis Deng, titulado Pautas sobre
los desplazamientos: México, presentado el
10 de enero de 2003, se habla de 16 mil a 21
mil personas desplazadas sólo en el Estado
de Chiapas. En tanto, el Diagnóstico sobre la
Situación de los Derechos Humanos en México de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas en 2004, señala que hay de tres mil a 21
mil desplazados en Chiapas, y cita la cifra de 60
mil para referirse al tema.
El propio diagnóstico menciona que
no se cuentan con estadísticas sobre los
desplazamientos internos debido a su naturaleza
inestable y temporal y el hecho de que ninguna
dependencia, gubernamental o no, tiene un
mandato explícito para dar seguimiento. Nosotros
agregamos la falta de voluntad política de las
autoridades para atender la problemática, siendo
que son responsables de los desplazamientos,
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
por acción u omisión, y falta de voluntad política
también, en el reconocimiento pleno de los
derechos de los pueblos indígenas que prevendría
los desplazamientos internos, o bien protegería a
aquellos en caso de que se presentaran.
Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de Derechos Humanos reporta
que, mediante diversos estudios realizados, si
bien no pueden identificar la magnitud real del
feómeno, confirman su existencia y gravedad
con los testimonios recogidos de familias
de desplazados internos forzados.
Dicha
organización indica que derivado de los patrones
de violencia en México se puede observar desde
2006 a 12 entidades federativas con éxodo de
personas, donde el desplazamiento interno
se presenta de zonas rurales a las ciudades y
en sentido inverso también; precisa que este
fenómeno tiene su origen en Chihuahua, Nuevo
León, tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán,
Guerrero y Veracruz y que tan sólo considerando
las personas desplazadas de Chiapa, Sinaloa y
Ciudad Juárez, Chihuahua, puede hablarse de
170 mil personas desplazadas internamente.
En tanto, el Informe Global 2014 del Centro
de Monitoreo de Desplazamiento Interno,
reporta que la ola expansiva de la violencia
ocasionada principalmente por grupos delictivos
y las operaciones militares para su combate,
constituyen una de las causas principales de
desplazamiento y calcula en 160 mil las personas
desplazadas por estos motivos en todo el país.
Por otro lado, en un informe de la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
denominado Women on the Run, muestra el
testimonio de 160 mujeres que se han visto
forzadas a salir de sus lugares de origen por
violencia de grupos criminales y violencia por
razones de género. En el reporte, se habla de
mujeres que huyen de El Salvador, Guatemala,
Honduras y algunas partes de México y destaca
que en 2014, el número de mujeres que cruzó la
22
frontera con Estados Unidos fue casi tres veces
mayor que en 2013. El informe precisa que más
del 60% de las madres entrevistadas se vieron
obligadas a dejar a sus hijos, mientras que el
85% de las entrevistadas confesó haber vivido en
comunidades bajo el control grupos criminales y
el 64 por ciento fue blanco de amenazas directas
y ataques. El reporte precisa que a muchas de
ellas se les pidió una cuota para vivir o ir al trabajo
en un área determinada. Ante ello, la ACNUR
alerta de una crisis que sólo crece debido a la
expansión del crimen organizado.
Si bien existe una problemática sobre los
desplazamientos inernos de manera forzada,
no existe una base legal para dar atención a las
situaciones de violaciones de derechos humanos
que existen en torno a ellos; parte de las
acciones de reconocimiento de este fenómeno
se manifiestan en las siguientes acciones:
•
•
•
Mención en el Programa Nacional de
Derechos Humanos 2004-2008, donde
en su objetivo específico 1.3 incluye la
situación de los desplazados internos
y propone acciones para contar con
un diagnóstico sobre la situación de
los mismos, de formulación de planes
de atención integral que contemplen el
retorno o la reubicación de manera segura,
además de promover la discusión para el
marco legal necesario que regule dichas
situaciones.
Proyecto de Atención a Indígenas
Desplazados que surge en 2006 dentro
de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas para coadyuvar
en una estrategia que contribuya a la
reubicación o retorno a sus localidades
de origen de la población indígena
desplazada.
Leyes Estatales para la Prevención y
Atención del Desplazamiento Interno
como es el caso del Estado de Chiapas
que entró en vigor en febrero de 2012 y
establece diversas disposiciones para
atender este fenómeno.
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
•
•
•
•
•
•
23
Referencias en la Ley General de
Víctimas a la situación de las personas
desplazadas internas de manera forzada
para proporcionarles protección y atención
en los artículos 5, 38 y 93.
Recomendación General 10 de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa:
Informe Especial sobre los Desplazados
Internos de Personas en Sinaloa, de abril
de 2013, la cual reconoce la existencia
de la problemática y la violación a los
derechos humanos que conlleva.
Informe Especial, Derechos Humanos
en Áreas de Conflicto en el Estado de
Michoacán, de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos del Estado, emitido
en abril de 2014 donde documenta casos
específicos de desplazamientos en la
entidad y propone una serie de acciones
para llevarse a cabo entre diversos actores
para su atención y prevención.
Finalmente, el Informe del Representante
del Secretario General sobre los
desplazados internos, Francis Deng,
titulado Pautas sobre los desplazamientos:
México, en el cual da cuenta de la
situación de las personas desplazadas,
principalmente de los pueblos indígenas,
se desprenden otras recomendaciones
que se traducen en lo siguiente:
Adopción y aplicación de políticas por
parte del Estado para atender y proteger a
los desplazados internos; lo que significa
que las autoridades del Estado, en
cualquier nivel de gobierno, deben aplicar
acciones en materia de desplazamientos
internos de los pueblos indígenas; sin
embargo, ellas no deben ir encaminadas
a producir más o agudizar los que
existen, sino a establecer un esquema
primario de atención para que satisfagan
las necesidades de los desplazados, se
brinde una protección inmediata ante la
violación de sus derechos y se resguarde
su integridad física.
Levantamiento de datos para determinar la
magnitud del problema de los desplazados
internos; es decir, se debe contar con un
•
panorama claro de la situación de los
desplazados internos en nuestro país y de
ahí determinar qué tipo de necesidades
tienen para la proyección de las acciones
que se tomarán para su asistencia y
protección de sus derechos. Esta acción
podría hacerse de manera paralela a los
censos que las autoridades federales y
locales realizan sobre diversos temas.
Establecimiento de mecanismos de
coordinación; éstos deben ir orientados
en el sentido de que, las acciones que se
tomen por las autoridades, deben estar
coordinadas a efecto de que no sean
contradictorias y redunden en perjuicio de
los derechos de las pueblos desplazados.
Además, deben incorporarse a éstas
acciones organizaciones de la sociedad
civil, ya que en muchos casos han
proporcionado asistencia a los desplazados
ante la ausencia de la autoridad o
protegiéndolos de las acciones de ésta.
Con el cumplimiento de esas condiciones,
estaremos en circunstancias de generar un
marco legal sobre los desplazamientos, el
cual debe consagrarse en primer lugar a nivel
constitucional y, en un segundo, expedir una Ley
General que de manera mínima, contemple lo
siguiente:
Principio de prevención. Debe establecerse
la prohibición de los desplazamientos internos
forosos, como una medida para evitarlos y
prevenirlos.
Participación informada. El abrir la puerta de
la participación en asuntos que directamente
afecten a las personas que pueden ser objeto
de desplazamientos forzados por actos
administrativos, legales o de cualquier otra
índole, constituye un referente que parte del
supuesto de respetar sus decisiones, para lo
cual debe proporcionarse toda la información
al respecto, la cual es indispensable para
contar con su opinión.
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Respeto a las decisiones. No basta que
se de una participación informada, sino que
exista el respeto a la decisión que se tome
por parte de las personas que puedan ser
sujetas a desplazamientos internos; aún
más tratándose de que éstos se originen
por el aprovechamiento y explotación de sus
recursos por personas ajenas a ellos o por la
aplicación de proyectos de desarrollo.
Protección de los desplazados internos. En
el supuesto de que existan los desplazamientos,
debe establecerse el derecho a la protección
y asistencia de las personas desplazadas en
este proceso, con la finalidad de salvaguardar
su integridad física y la protección de sus
derechos. Se debe poner especial atención en
los niños, mujeres, personas con discapacidad
y adultas mayores, ya que son los grupos más
vulnerables en la violación de sus derechos,
reconociendo en todo momento los que son
consagrados en instrumentos internacionales
para cada sector en específico. La protección
y asistencia debe darse en todo el proceso
de desplazamiento, es decir, desde que se
produce hasta que retornan a su lugar de
origen o lleguen al sitio de reubicación, fijando
la obligación de continuar con esas medidas
hasta que los pueblos indígenas desplazados
retomen las condiciones necesarias para su
desarrollo.
Retorno al lugar de origen. Debe cerciorarse
de que existen las condiciones de seguridad
para que los desplazados internos retornen
a su lugar de origen; esto será posible,
una vez que las autoridades adopten las
medidas para eliminar la causa que dio
origen al desplazamiento. De igual forma,
se garantizarán los apoyos necesarios para
que las personas desplazadas adquieran
las condiciones para su desarrollo de nueva
cuenta.
24
Grupo Parlamentario del PRD
Reubicación. Se debe dar esta, una vez
que se determine de común acuerdo entre
las personas desplazadas y las autoridades,
que no existen las condiciones para retornar
al lugar de origen. La reubicación debe darse
con características iguales o mejores, a las
del lugar que habitaban otorgando en todos
los casos la certeza jurídica de la propiedad.
Además de recibir una indemnización que
debe fijarse tomando en cuenta las leyes en la
materia, y la protección y asistencia hasta que
adquieran las condiciones para su desarrollo
como pueblos en el nuevo lugar, garantizando
que no serán molestados y se respetarán sus
derechos.
Protección de los derechos de los
desplazados. Aún cuando nuestro orden
jurídico e instrumentos internacionales lo
contemplan de manera genérica, debe
establecerse el respeto a los derechos de
los desplazados que tienen sobre la vida, a
circular libremente, a la atención médica, al
uso de su lengua, de profesar su religión, a la
educación, al trabajo y a asociarse; también a
que no pueden ser sujetos de discriminación,
de violencia de cualquier tipo o de detención.
Responsabilidades ante el incumplimiento.
Debe establecerse la responsabilidad civil,
penal y administrativa de las autoridades,
organizaciones, organismos o personas que
motiven un desplazamiento interno o adopten
medidas para llevarlo a cabo; de igual forma,
para los casos en los que se violen los derechos
de los pueblos durante su desplazamiento
y causen daños a sus tierras o recursos
naturales. Esas responsabilidades deben
contemplar sanciones que, por su naturaleza y
alcance, no permitan con instrumentos legales
evadir la responsabilidad por incumplimiento
de la ley, o bien, que aun cuando recibiendo
la sanción, ésta no sea lo suficientemente
severa para que no inhiba la conducta. En
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
ese apartado debe reconocerse el derecho de
los pueblos indígenas de interponer acciones
legales cuando se sientan vulnerados en
sus derechos frente a los desplazamientos
internos.
Marco legal de obligaciones para todos.
Como los desplazamientos internos no
sólo son provocados por acciones de
gobierno, sino que también intervienen
grupos delicuenciales o bien organismos que
impulsan proyectos de desarrollo o personas
que buscan la explotación y aprovechamiento
de los recursos naturales, debe establecerse
que la observancia de la regulación sobre
desplazamientos internos es general y que
todos los actores sociales son responsables
ante su incumplimiento.
Participación de la sociedad. Se debe
contemplar la participación de la sociedad civil,
de organizaciones, especialmente aquellas
promotoras de los derechos humanos, en
el proceso de protección y asistencia de los
desplazados internos en todas sus fases; lo
anterior obedece a que éstas organizaciones
han sido las que han actuado frente a los
desplazamientos y pueden fungir como
observadores para que se de la garantía
de que se respeten los derechos de los
desplazados.
La propuesta de modificación sería la siguiente:
Texto vigente de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 73. …
Artículo 73. …
I a XX. …
I a XX. …
XXI. …
XXI. …
Las leyes generales que establezcan
a)
como mínimo, los tipos penales y sus
sanciones en las materias de secuestro,
desaparición forzada de personas, otras
formas de privación de la libertad contrarias a
la ley, trata de personas, tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes,
así como electoral.
Las
leyes
generales
que
a)
establezcan como mínimo, los tipos
penales y sus sanciones en las materias de
secuestro,
desaparición
forzada
de
personas, otras formas de privación de la
libertad
contrarias
a
la
ley,
desplazamientos internos forzados, trata
de personas, tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, así
como electoral.
…
b) a c) …
…
…
XXII a XXX. …
Propuesta de modificación
…
b) a c) …
…
…
XXII a XXX. …
25
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
Por lo anterior, somete a esta Honorable
Soberania la siguiente inciativa con:
Diputada Maricela Contreras Julián
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 73 fracción XXI,
inciso a) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. …
I a XX. …
XXI. …
a) Las leyes generales que establezcan como
mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las
materias de secuestro, desaparición forzada de
personas, otras formas de privación de la libertad
contrarias a la ley, desplazamientos internos
forzados, trata de personas, tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, así
como electoral.
…
b) a c) …
…
…
XXII a XXX. …
Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adicionan los artículos
10 Quinquies y 10 Sexies de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General
de la República
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática de la
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados;
con fundamento en lo dispuesto en los artículos
71 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1,
fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a consideración del Pleno de
la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá
expedir la legislación en la materia que se
adiciona por virtud del presente Decreto al artículo
73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días
siguientes a la entrada en vigor del mismo.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2016
26
Planteamiento del problema
La Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE), es la institución
encargada de procurar justicia en materia penal
electoral, investigando y persiguiendo los delitos
electorales.
La Fiscalía tiene como misión prevenir,
investigar y perseguir los delitos electorales para
garantizar la libertad del voto, así como generar
seguridad, certeza jurídica y paz social en los
procesos electorales del país.
La FEPADE se creó mediante decreto que
reforma diversas disposiciones del Reglamento
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
de la República, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 19 de julio de 1994 y tiene
como antecedente el Acuerdo del Consejo
General del Instituto Federal Electoral para la
creación de una Fiscalía Especial de Delitos
Electorales, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 23 de marzo de 1994; tiene
nivel de Subprocuraduría y goza de Autonomía
Técnica respecto de la Procuraduría General de
la República.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la
República, entre sus atribuciones encontramos
las siguientes:
•
•
•
•
•
Prevenir la comisión de delitos electorales
Conocer de las denuncias sobre hechos
que puedan constituir un delito electoral
Realizar todos los actos conducentes a
la comprobación de los elementos que
constituyen un delito electoral.
Dictar o promover las medidas precautorias
permitidas por la ley, a efecto de llevar a
buen curso las averiguaciones previas o el
desarrollo del proceso
En su caso, ejercitar la acción penal,
determinar la reserva o el no ejercicio de
la acción penal
y atentan contra las características del voto,
que debe ser universal, libre directo, personal,
secreto e intransferible.
Desde su creación, se ha consolidado como
una instancia que ha coadyuvado al desarrollo
democrático del país y en el ejercicio de los
derechos políticos de las personas; entre las
acciones que podemos destacar son las que
se han presentado en los pasados comicios
electorales de 2015 que, en términos numéricos,
arroja lo siguiente:
•
•
•
Entre los casos que ha destacado la FEPADE de
su actuación en ese proceso electoral precisa los
siguientes:
•
La FEPADE es la institución encargada de
la procuración de justicia penal electoral y
complementa el esquema de justicia electoral
conjuntamente con el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y el Instituto Nacional
Electoral.
La importancia de contar con esta institución
es que es la encargada de prevenir y perseguir la
posible comisión de delitos electorales, los cuales
se conceptualizan como aquellas acciones u
omisiones que lesionan o ponen en peligro el
adecuado desarrollo de la función electoral
27
Se consignaron 960 averiguaciones
previas en contra de mil 122 probables
responsables por la comisión de delitos
electorales, siendo los principales delitos
la venta de credenciales, violencia política
contra las mujeres y turismo electoral
Se iniciaron mil 465 averiguaciones
previas, 2 mil 685 actas circunstanciadas
y 132 carpetas de investigación
Se libraron 298 órdenes de aprehensión por
juzgados federales y detenidas 137 personas
como presuntos delincuentes electorales
•
El desmantelamiento de un grupo de ex
funcionarios que vendían credenciales a
menores de edad en el Estado de México,
así como la detención de las agresoras
de la vocal ejecutiva del INE en Juchitán,
Oaxaca, en un caso de violencia política
contra las mujeres
La obtención de medidas cautelares contra
policías que detuvieron a un ciudadano de
forma arbitraria fuera de una casilla, así
como la captura de una funcionaria de
Morelos por promover el turismo electoral
en el estado de Veracruz
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
•
•
Obtención de órdenes de aprehensión y
autos de formal prisión en contra de cuatro
personas que habían violado la veda
electoral en Coahuila y Campeche
Vinculación a proceso de una persona en
el estado de Yucatán por la compra de
votos
Por otra parte, destacan los siguientes datos
del 4°Informe de labores 2015-2016 de la
Procuraduría General de la República, donde se
reporta que la FEPADE en el periodo del 1º de
septiembre 2015 al 30 de junio de 2016, realizó
las siguientes acciones:
•
•
•
•
3 mil 560 averiguaciones previas con 978
Consignaciones y 236 sin ejercicio de
acción penal, 1 mil 190 Reservas de ley,
22 Incompetencias y 15 Acumulaciones
de causas.
Se iniciaron 449 actas circunstanciadas y
se atendieron 739 actas, de las cuales 716
se archivaron por no contar con elementos
para elevar a averiguación previa y sólo
23 se inició averiguación.
Se iniciaron 837 carpetas de investigación
y se determinaron 180: 60 incompetencias,
61 no ejercicio de la acción penal, 44
acumuladas y 15 justificadas.
Se propuso ante la autoridad judicial el
ejercicio penal de 978 averiguaciones
previas; se liberaron 324 mandamientos
de captura contra 343 personas, se
cumplieron 140 órdenes judiciales
contenidas en 121 mandamientos
jurisdiccionales.
Han existido algunos casos que han tenido mayor
resonancia mediática como la investigación
contra el entonces Director Técnico de la
Selección Mexicana Miguel Herrera durante
la jornada electoral del 7 de junio de 2015
28
Grupo Parlamentario del PRD
por hacer alusión de su apoyo al Partido Verde
Ecologista de México, a través de una mención
en redes sociales el día de las elecciones; sin
embargo, también destaca lo relacionado con
el respeto de los derchos políticos, sobre este
particular, la FEPADE lleva registradas un total
de 141 casos de violencia política de género, de
los cuales, en el año 2015 se atendieron 38 y en
lo que va del 2016, se tiene conocimiento de 103,
en donde la víctima es una mujer.
Argumentos
La Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales es el organismo que se
encarga de atender lo relativo a los delitos
electorales y forma parte del sistema que busca
garantizar la equidad, legalidad y transparencia
de las elecciones federales y locales en los casos
que resultan de su competencia.
Sin embargo y a pesar de su importancia,
su naturaleza jurídica se sustenta en un
Reglamento y no en la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República situación
que no se explica a la luz de la reciente creación
de la Fiscalía Especializada en materia de delitos
relacionados con hechos de corrupción que, al
contrario de la FEPADE, si se incorporó en dicho
ordenamiento.
En las discusiones que hubo en el Poder
Legislativo sobre las reformas a la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República y que
crearon la Fiscalía Especializada en materia de
delitos relacionados con hechos de corrupción,
se argumentó que era necesario dar un trato igual
a la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales, pero se le negó la posibilidad
jurídica de estar en dicha norma.
El único argumento que se dio es que se
estaba abordando con las reformas lo referente
al combate a la corrupción, sin embargo, uno de
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
los argumento expuesto era qué acaso en los
procesos electorales no existen muchos casos
de corrupción para obtener beneficios o bien que
si no muchos de los recursos ilícitos que dan
financiamiento a las campañas no provienen de
hechos de corrupción.
Se dio un trato desigual a la FEPADE negando
la funcionalidad sin otorgar la independencia
técnica y operativa para investigar, prevenir
y conocer de los delitos en materia electoral.
También se le cerró la posibilidad de contar
con una estructura dentro del territorio nacional
para el seguimiento de las investigaciones y, lo
más grave: se limitó que investigue los casos de
corrupción que tengan que ver con los procesos
electorales.
Necesitamos instituciones sólidas y sobre todo
tratándose del respeto de los derechos políticos
que son amenazados por conductas delictivas,
al respecto, la propia FEPADE ha elaborado una
lista de los delitos electorales más comunes que
son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
Comprar el voto
Votar con una credencial que no es suya
Presionar en la casilla para emitir el voto a
favor de un partido
Recoger en cualquier tiempo, sin causa
prevista por la ley, la credencial de elector
Obtener recursos ilegales para su
campaña electoral
Obligar a sus subordinados a votar por
candidato o partido
Condicionar algún servicio o programa
social a cambio del voto
Expulsar sin causa justificada de la casilla
a representantes de partidos políticos
Alterar los resultados de la elección
Presionar a los ciudadanos para votar por
candidato o partido
•
•
•
•
•
•
•
Permitir que un ciudadano vote con una
credencial que no es suya
Impedir que se instale, abra o cierre una
casilla
Obstaculizar el desarrollo de la elección
Hacer propaganda el día de la elección
mientras cumple con sus funciones
Utilizar recursos públicos para apoyar a
candidato o partido
Prestar un servicio o apoyo a través de sus
subordinados a algún candidato o partido
usando el tiempo correspondiente a sus
labores de manera ilegal
Alterar o participar en la alteración del
Registro Federal de Electores, de los
listados nominales o en la expedición
ilícita de credenciales para votar
Por ello, la presente Iniciativa busca elevar a
rango de Ley a la FEPADE con las atribuciones
con las que actualmente funciona para que
nuestro país continúe impulsando la democracia
y consolidando los procesos a través del
fortalecimiento de sus instituciones públicas,
el equilibrio de poderes y la continua mejoría
en la legalidad, equidad y transparencia de los
procesos electorales.
A lo largo de su creación, la FEPADE ha
contado con suficiencia presupuestal para el
cumplimiento de sus atribuciones contenidas
dentro del Presupuesto de Egresos de la
Federación en el Ramo 17 Procuraduría General
de la República identificada en la Unidad
Responsable 700 como Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales y los
montos, por citar ejemplos, en los ejercicios
fiscales de 2010 a 2016 de la siguiente manera:
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Con ello, la presente propuesta cumple con lo
establecido en el artículo 18 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
que establece la obligación de las comisiones
correspondientes del Congreso de la Unión, al
elaborar los dictámenes respectivos, realizar
una valoración del impacto presupuestario
de las iniciativas de ley o decreto, pues el
impacto presupuestal se ha contemplado ya
en las previsiones de gasto del Presupuesto
de Egresos de la Federación de los ejercicios
fiscales respectivos asignados a la FEPADE con
sustento en el Decreto que reforma diversas
disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el
19 de julio de 1994.
Por lo anterior expuesto, se somete a esta
Honorable Soberanía la siguiente inciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adicionan los artículos 10 Quinquies y
10 Sexies de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, para quedar como
sigue:
30
Grupo Parlamentario del PRD
Artículo 10 Quinquies. La Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales es el
órgano con independencia técnica y operativa para
investigar, prevenir y perseguir delitos electorales
en los términos de la Ley General correspondiente.
Contará con el personal sustantivo, directivo,
administrativo y auxiliar para el debido
cumplimiento de sus funciones, contará con una
unidad de capacitación que tendrá a su cargo
el sistema de profesionalización de los Agentes
del Ministerio Público, y demás personal técnico
jurídico adscrito a la misma, asimismo contará con
unidades regionales distribuidas en el territorio
nacional, cuya conformación será determinada por
acuerdo del Fiscal Especializado.
La Fiscalía Especializada para el desarrollo de sus
funciones se auxiliará de la instancia competente
en materia de Servicios Periciales y Forenses, la
cual en su caso, deberá dar trámite y desahogo
al peritaje solicitado en el término que al efecto
establezca el Ministerio Público.
El titular de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales elaborará su
anteproyecto de presupuesto para enviarlo a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
por conducto de la Procuraduría General de la
República, para que se integre en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente que envíe para su aprobación a la
Cámara de Diputados.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación se
identificará el monto aprobado a esta Fiscalía para
el respectivo ejercicio fiscal.
Artículo 10 Sexies. Corresponde a la Fiscalía
Especializada para la atención de Delitos
Electorales:
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
I. Ejercer las atribuciones que la Constitución,
la presente ley y demás disposiciones jurídicas
confieren al Ministerio Público de la Federación,
respecto de delitos electorales;
II. Ejercer la facultad de atracción para la
investigación y persecución de delitos del fuero
común que tengan conexidad con delitos federales
materia de su competencia;
III. Nombrar y remover a través del Fiscal
especializado a los titulares de las Unidades
Especiales y Direcciones Generales;
IV. Aprobar el nombramiento de los agentes del
Ministerio Público especializados en materia de
Delitos Electorales, atendiéndose a los requisitos
establecido en el artículo 34 de la presente Ley;
V. Aprobar a través del Fiscal especializado el
nombramiento de los titulares de las Unidades
Regionales;
VI. Diseñar y ejecutar acciones, protocolos,
programas y políticas públicas en materia de
capacitación, coordinación y cooperación con los
diversos órganos de gobierno, pudiendo delegar
estas funciones a las unidades regionales por
lo que corresponde a su ámbito de competencia
territorial;
VII. Coordinar y supervisar la actuación de la policía
de investigación que este bajo su conducción y
mando;
VIII. Diseñar e implementar estrategias y líneas de
acción para combatir los delitos electorales;
IX. Diseñar, elaborar e implementar programas de
prevención de delitos electorales;
X. Instrumentar mecanismos de coordinación
con otras autoridades para la elaboración de
estrategias y programas tendientes a prevenir y
combatir la comisión de delitos electorales;
XI. Presentar anualmente ante el Senado de la
República un Informe de las actividades realizadas;
XII. En el ámbito de su competencia, fortalecer
e implementar mecanismos de cooperación y
colaboración con autoridades de los tres niveles
de gobierno en el ámbito de su competencia;
XIII. Contar con un sistema de información nacional
en materia de delitos electorales que incluirá datos
en materia de prevención y persecución de los
delitos electorales en materia local y federal;
XIV. Aprobar el programa nacional de capacitación
propuesto por su unidad de capacitación;
XV. Diseñar e implementar proyectos, estudios y
programas permanentes de información y fomento
de la cultura de la denuncia y de la legalidad en
materia de delitos electorales, y
31
Grupo Parlamentario del PRD
XVI. Las demás que en su caso le confieran otras
disposiciones legales aplicables.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La persona titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales nombrada por el Senado de la República,
continuará en su cargo de acuerdo a los términos aprobados por ese órgano legislativo. Para
la operación de esta Fiscalía en el ejercicio fiscal
correspondiente al que entre en vigor el presente
Decreto, se estará a lo previsiones presupuestales contenidas en el Presupuesto de Egresos de
la Federación aprobado para dicho año para la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de conformidad al decreto que
reforma diversas disposiciones del Reglamento
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 19 de julio de 1994.
Tercero. La Cámara de Diputados realizará
las acciones necesarias para proveer de recursos a la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales. El presupuesto aprobado
deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales necesarios para cumplir con sus
funciones.
Cuarto. Todas las disposiciones que se opongan al presente decreto quedarán derogadas a
partir de su entrada en vigor.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2016
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Diputado Sergio López Sánchez
Iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona un artículo 20 Bis a la
Ley General de Protección Civil
El
suscrito, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6,
numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados,
presenta a
consideración de esta soberanía iniciativa con
proyecto de decreto.
Planteamiento del problema
Proponemos la adición de un artículo 20 BIS a
la Ley General de Protección Civil en la que se
establezca de manera expresa, la obligatoriedad
de constituir el Grupo Técnico para Ciclones
Tropicales a fin de que cuente, como consecuencia
de un mandato normativo del entorno, el equipo,
los expertos y las opiniones para la correcta toma
de decisiones.
La riqueza de nuestro país así como su
importante ubicación geográfica trae consigo
que de manera constante se encuentre expuesto
a fenómenos de origen natural y antropogénico
(acción humana). Los primeros se clasifican en:
a) Geológicos: sismos, maremotos, volcanes,
deslizamiento de suelos;
32
Grupo Parlamentario del PRD
b) Hidrometeorológicos: ciclones tropicales
(depresión tropical, tormenta tropical y
huracán), Inundaciones, tormentas eléctricas,
sequías, heladas, nevadas, incendios
forestales.
Por su parte, los fenómenos de origen humano
o antropogénico, se clasifican en
a) Químico-tecnológicos;
b) Sanitario-ecológicos; y
c) Socio-organizativos.
Como consecuencia de ello, el Sistema Nacional
de Protección Civil se ha constituido desde hace
tres décadas, como la instancia encargada del
diseño, ejecución y puesta en marcha de las
acciones de prevención y autoprotección y
cuidado de las personas y sus bienes; en este
sentido, su labor es la de ser un ente coordinador
de acciones y políticas para los tres órdenes de
gobierno y su actuar se encuentra regido por la
Ley General de Protección Civil en la materia.
Nuestro país se encuentra expuesto, a lo
largo de todo el año, a fenómenos de diversa
índole y dependiendo de la región es el riesgo1
y aunque no podemos evitar que se manifiesten
los fenómenos naturales o que manejemos
materiales peligrosos, lo que podemos hacer es
reducir la probabilidad de afectación de personas,
bienes y sistemas, a través de la reducción de la
vulnerabilidad, de manera que:
PELIGRO POR EXPOSICIÓN DE PERSONAS,
BIENES Y SISTEMAS – VULNERABILIDAD =
REDUCCIÓN O MITIGACIÓN DEL RIESGO.
Dentro del territorio nacional existen zonas con
diferente nivel de riesgo sísmico. Son 7 estados
los clasificados con mayor peligro a sismos: Baja
California, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco,
Michoacán y Oaxaca. En las zonas clasificadas
de alto y muy alto peligro sísmico habita la tercera
parte de la población.2
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
En el caso de maremotos o tsunamis,
antecedentes históricos identifican peligros a
estos fenómenos de origen natural, en Acapulco,
Gro. (1732), (1754) y (1787); Zihuatanejo, Gro.
(1925); Cuyutlán, Jal. Manzanillo (1932); Islas
Marías, Nayarit. (1948); Acapulco-Salina Cruz,
Guerrero. (1957); Lázaro Cárdenas, Michoacán Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero. (1985); AcapulcoZihuatanejo, Gro. (1985); Barra de Navidad-San
Mateo-Melaque, Col. Jal. (1995).3
En cuanto a riesgos volcánicos, se calcula
que cerca de 5 millones 300 mil habitantes,
distribuidos en 120 municipios, se encuentran
expuestos o viven cerca de algún volcán, como
el Volcán de Fuego o Volcán de Colima, ubicado
entre Jalisco y Colima, el Citlaltépetl o Pico de
Orizaba en Veracruz, el Tacaná en Chiapas y
Guatemala, el Chichón o Chichonal en Chiapas
y el Popocatépetl, compartido entre el Estado de
México, Puebla y Morelos.4
Por su parte, los Estados de la República
Mexicana de mayor peligro a ciclones tropicales,
son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán,
Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja
California, Baja California Sur, Quintana Roo,
Yucatán, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.5
Por riesgo alto de inundaciones a causa de
las lluvias Chiapas, Coahuila, Guerrero, Jalisco,
México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas y Veracruz.6
Los Estados con mayor recurrencia de
heladas: Aguascalientes, Baja California,
Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Chihuahua,
Durango,
México,
Guanajuato,
Hidalgo,
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.7
Respecto a los Estados de mayor peligro por
sequías, son: Chihuahua, Coahuila, Durango,
Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa,
Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes,
33
Grupo Parlamentario del PRD
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.8 En
el caso de los fenómenos de origen humano
encontramos los incendios forestales, que en un
97 por ciento del total de los que se producen
en México, son atribuibles a causas humanas.9
Los Estados susceptibles a riesgo extremo por
este fenómeno, son: Baja California, Coahuila,
Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y
Tabasco.
En cuanto a accidentes químicos, los Estados de
mayor peligro por almacenamiento de sustancias
peligrosas, son: Veracruz, México, Puebla,
Tamaulipas y Jalisco.10 Como antecedente de la
presente iniciativa es preciso mencionar que en
su momento, la X Asamblea General Ordinaria
de la Organización Mundial del Turismo (OMT),
realizada en Bali, Indonesia ( octubre de 1993),11
emitió una serie de recomendaciones en donde
se establecieron compromisos de los Estados
para garantizar medidas de seguridad de los
viajeros, turistas e instalaciones turísticas, así
como para otorgar facilidades para la oportuna
información y asistencia en sus recorridos por
países anfitriones, por su parte en el año 2002,
las Secretarías de Turismo (SECTUR) y de
Gobernación (SEGOB), implementaron acciones
compartidas para que conociendo lugar y tipo de
fenómeno y su recurrencia; el comportamiento
y características; así como ubicación de la
población, se vinculara al sector turismo a
través de la acción concertada entre ambas
dependencias, en lugares o destinos turísticos,
con el fin de promover la cultura de protección
civil entre la comunidad turística.12
Ambas
Dependencias
implementaron
estrategias específicas de coordinación, a través
de la Subsecretaría de Operación Turística y la
Coordinación General de Protección Civil, para el
envío de boletines meteorológicos diario y para
alertamiento sobre riesgos en zonas turísticas.
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
La participación de la SECTUR en el Grupo
Interinstitucional para Ciclones Tropicales de
la SEGOB, con un representante y el área
de comunicación social de la primera fueron
fundamentales para que las recomendaciones
que emitiera este Grupo de inmediato se
transmitieran a las diversas autoridades
turísticas, desarrolladores y se tengan los
elementos precisos para la su difusión pública a
nivel nacional e internacional en el ramo.
En correlación, la participación de la SEGOB,
(Coordinación Nacional de Protección Civil,
Instituto Nacional de Migración y Comunicación
Social), en el Comité de Comunicación de
Crisis del Sector Turismo complementó de
manera eficaz dichas acciones de prevención,
particularmente en destinos turísticos, la
coordinación permanente entre funcionarios
de Entidades Federativas de la SECTUR y
titulares de Protección Civil de esas Entidades y
Municipios había sido determinante para evitar la
pérdida de vidas humanas.
En su momento y con la finalidad de
documentar estas acciones compartidas,
ambas Secretarías emitieron una publicación
titulada ¿Cómo actuar ante situaciones de
emergencia? Recomendaciones de Protección
Civil para prestadores de servicios turísticos.13
En dicho documento se incluyen lineamientos
y herramientas valiosas destinadas a garantizar
una respuesta oportuna y adecuada ante la
presencia de eventuales fenómenos de origen
natural como humano, que puedan poner en
riesgo la tranquilidad y convivencia de los
destinos turísticos de nuestro país.
Es evidente que estos esfuerzos han quedado
archivados por el actual Gobierno Federal y la
consecuencia es que durante los tres primeros
años de administración, han fallecido más
personas por ciclones y huracanes tropicales
que durante los anteriores 14 años.
34
Frente a la inacción del Gobierno Federal,
su incapacidad e inoperancia para salvaguardar
la vida y el entorno de quienes son víctimas de
un desastre, las y los legisladores tenemos el
deber ineludible de construir enunciados que
permitan a la autoridad, conducir su actuar
a fin de que no existan dudas o titubeos en la
aplicación de los enunciados normativos, sobre
todo, cuando se trata de la protección a las vidas
humanas y a su entorno, en lo referente a su
papel de coadyuvantes en la autoprotección y el
autocuidado en el fortalecimiento y consolidación
de una cultura de la Protección Civil.
Proponemos la adición de un artículo 20
BIS a la Ley General de Protección Civil en
la que se establezca de manera expresa, la
obligatoriedad de constituir el Grupo Técnico
para Ciclones Tropicales a fin de que cuente,
como consecuencia de un mandato normativo del
entorno, el equipo, los expertos y las opiniones
para la correcta toma de decisiones.
Asimismo, frente a la evidencia documental,
estaremos dotando al ejecutivo del camino a
seguir frente a meteoros tan devastadores y
donde es incapaz para enfrentarlos pues no
cabe la creatividad o la posibilidad de innovación
como consecuencia de privilegiar la letra de la
ley.
Por lo anteriormente expuesto, presenta a
consideración de esta soberanía iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona un Artículo 20 BIS a la Ley
General de Protección Civil para quedar como
sigue:
Capítulo III
Del Sistema Nacional de Protección Civil
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
Artículo 20 Bis. Con la finalidad de contar con
la opinión y asesoría técnica y operativa para la
atención durante la temporada anual de ciclones
tropicales, se constituirá el Comité Técnico en la
materia que tendrá las siguientes atribuciones:
Segundo. El Comité Técnico, se constituirá en
un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes
a la entrada en vigor del presente decreto.
Notas:
I. Someter a consideración de los integrantes del
Sistema Nacional de Protección Civil, las acciones
preventivas que permitan contar con mecanismos
de participación de los diversos sectores de
la sociedad a fin de que toda persona sepa lo
que debe hacer antes, durante y después de la
presencia de un ciclón tropical;
II. Integrar las opiniones de los representantes
de las Dependencias del Gobierno Federal que
participen en este Comité;
III. Elaborar una puntual proyección de tareas
y acciones de prevención en términos de la
normatividad aplicable;
IV. Realizar de manera conjunta con el Servicio
Meteorológico Nacional, los diagnósticos y
conclusiones a fin de que las demás áreas que
integran el Sistema Nacional de Protección Civil
cuenten con los elementos que les permitan
implementar acciones de salvaguarda y rescate
de la población;
V. Emitir, con base en la información de las
Dependencias participantes, las recomendaciones
de evacuar poblaciones, precisar qué zonas, con
qué anticipación, qué medidas y en su caso, en
qué franja en kilómetros se debe desplazar a lugar
seguro.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
35
1. El riesgo a los efectos de fenómenos de diversa
índole, es igual al peligro, que es la probabilidad de que
se presente un evento, multiplicado por la exposición,
que es la cantidad de personas, bienes y sistemas
afectables, multiplicado por la vulnerabilidad, que es la
propensión de estas personas, bienes y sistemas a ser
afectados, de manera que:
2. Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos
de Desastres en México, CENAPRED, Primera Edición.
3. Ídem
4. Ídem
5. Ídem
6. Ídem
7. Ídem
8. Ídem
9. Ídem
10. Ídem
11. http://www2.unwto.org/es/content/asamblea-general
12. ¿Cómo actuar ante situaciones de emergencia?
Recomendaciones de Protección Civil para prestadores
de servicios turísticos. Primera Edición, 2002.
13. Ídem
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2016
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
Diputado Sergio López Sánchez
Iniciativa con proyecto de decreto que
reforma diversas disposiciones de la
Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión
El
suscrito, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6,
numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, presenta a
consideración de esta soberanía iniciativa con
proyecto de decreto.
Planteamiento del problema
Ante la falta de una figura jurídica que defienda
los derechos de las audiencias de radio y
televisión, proponemos crear la Defensoría
de Audiencia a fin de que sea atribución del
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT);
el Defensor de Audiencias sea parte del IFT
con los mismos derechos y obligaciones que
los comisionados, excepto integrar el Pleno;
que los concesionarios cuenten con un área
específica encargada de recibir y atender las
rectificaciones, recomendaciones o propuestas
de acción correctiva que emita la misma.
Argumentos
En el mundo globalizado, las sociedades demandan
ser escuchadas no solo para cuestiones políticas
y sociales, sino para todo aquello que afecta su
36
entorno, como son los medios de comunicación.
Con el auge de las redes sociales y la accesibilidad
a servicios de televisión de paga las audiencias se
han vuelto más exigentes, más selectivas y por
supuesto más participativas.
La medición del rating ha quedado obsoleta,
al no saber realmente que le gusta y que no
le gusta a la audiencia, que le ofende, que
le afecta, pues tiene derecho a recibir una
comunicación de calidad, con contenidos que
sean acordes a sus valores y educación, a tener
la tranquilidad de que se respetan los horarios
para la transmisión de contenidos no aptos para
niños y jóvenes, contenidos que no incitan a la
violencia, a la inequidad de género, entre otros
factores. Asimismo, tiene derecho a que su voz
sea escuchada cuando lo anterior no suceda y
que la solución no quede “en el cambio de canal”
o “en apagar la radio o el televisor”.
La medición del rating se hace de una manera
mecánica, no con mucha certeza de que el grupo
objetivo este realmente viendo o escuchando un
programa de radio o televisión y tampoco abre un
espacio para conocer la opinión de la audiencia
respecto a los contenidos de los programas. Este
método cuantitativo de calificación no mide lo
que la audiencia opina acerca de la creatividad,
comunicación, entretenimiento, información y de
la publicidad que se transmite, por lo tanto no hay
garantía de que la selección de un programa se
traduzca en preferencia, agrado y aceptación total
de los contenidos. Asimismo, dicha medición no
garantiza el cumplimiento de los derechos de las
audiencias por parte de los concesionarios y mucho
menos atiende la violación de alguno de éstos.
Sin embargo, la medición del rating puede
continuar siendo una herramienta exitosa si
solo se usa para fines comerciales, no así
como parámetro para la creación, permanencia
y evaluación de contenidos, pues ello implica
tomar en cuenta el cumplimiento de los derechos
de las audiencias, y como todo derecho, crear
una figura defensora que garantice y vigile que
éstos se cumplan.
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
En 1967 en Suecia y Estados Unidos, se
crea el defensor de audiencia. No obstante,
a América Latina llega veinte años después,
específicamente fue en 1989 en Brasil, que se
crea la figura para un medio impreso. “En el
terreno audiovisual, el primer caso en la región
fue de la cadena Caracol de Colombia, hacia
1997. En México se creó este personaje hasta
2007 en la televisión pública, tanto en Canal
22 como en Canal 11; para 2008 aparece el
defensor de Radio Educación y posteriormente
el Instituto Mexicano de la Radio, en 2009. La
primera empresa privada en contar con esta
figura fue MVS Radio en 2011”.1
En ese sentido, no es de extrañar que, en
Latinoamérica, los temas de los derechos de
las audiencias y la defensoría de las mismas,
se encuentren rezagados. En México, apenas
en el año 2014 se promulgó la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye
ambos tópicos. Sin embargo, el rezago no solo se
dio por la falta de leyes en la materia sino por la
forma de abordarlos, en países como Colombia,
Ecuador y México la defensoría de audiencia se
encuentra como facultad de los concesionarios de
radiodifusión, haciendo prioritaria la autorregulación
sobre la regulación, que no necesariamente tendría
que ser por parte del Estado.
En la práctica internacional destacan los
organismos autónomos encargados de regular
y vigilar el cumplimiento de los derechos de las
audiencias, así como de establecer la defensoría
de audiencias desde sus estructuras, entre
los que destacan Francia, Italia, Reino Unido,
Estados Unidos, España, y Argentina, en América
Latina.
Volviendo al caso particular de México,
desde la discusión de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, se cuestionó
el hecho de que la Defensoría de Audiencias
quedará del lado de los concesionarios y no solo
eso, sino el poco control que tendría la autoridad
competente, en este caso el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), sobre el seguimiento
37
Grupo Parlamentario del PRD
de las quejas y denuncias por parte de las
audiencias, así como las casi nulas sanciones en
caso de incumplimiento.
Por su parte, los defensores de audiencias de
Canal 22, Radio Educación, el Instituto Mexicano
de la Radio (IMER), y el Ombudsman de Noticias
MVS, durante la discusión de la Ley cuestionaron
el hecho de que de ser aprobada así, los derechos
de las audiencias quedarían sin un instrumento
de defensa efectiva, pues si un medio de
comunicación no atendía las recomendaciones
de la o el titular de la Defensoría de la Audiencia,
no existían mecanismos alternos para la
protección efectiva de los derechos. “Si bien la
Defensoría puede dar a conocer públicamente
sus resoluciones, como una manera de poner en
evidencia alguna violación al Código de Ética o a
un derecho de la audiencia, esto no significa que
el medio hará las rectificaciones derivadas de las
recomendaciones”. Por lo anterior propusieron
que, ante situaciones graves, se debería
considerar la posibilidad para que la defensoría
pudiera acudir al pleno del IFT, para que fuera
éste quien emitiera una resolución final.
Entre otros cuestionamientos se encontraba, el
que dicha iniciativa no garantizaba la autonomía
del titular de la Defensoría de Audiencia, por
lo que el artículo 258 podría convertirse en
letra muerta. Ante lo que proponían que se
estableciera que la defensora o el defensor
tuvieran autonomía funcional respecto de los
órganos de administración y dirección del medio,
para lo cual el medio debía brindarle el apoyo
material y humano para el desempeño de sus
funciones. Así como autonomía técnica, para
atender en términos más amplios las demandas
de las audiencias, de conformidad con los
derechos establecidos en la propia ley.
Ya entrada en vigor la Ley, los defensores
de audiencias Francisco Prieto, Adriana
Solórzano, Gabriel Sosa Plata, Felipe López
Veneroni y Beatriz Solís, hicieron las siguientes
recomendaciones al IFT:
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Grupo Parlamentario del PRD
RECOMENDACIONES PRESENTADAS AL IFT
Duración en el cargo. No podrá exceder de tres años por periodo y puede ser
1
prorrogable por dos ocasiones.
Vinculación con IFT. Es fundamental hacer explícito y necesario que el IFT cuente con
un área que asuma la atención, sustentación y gestión de los derechos de las
audiencias derivados de los servicios de radiodifusión que están bajo su supervisión y
promoción. Por otra parte y para no dejar en el vacío la garantía de los derechos de las
audiencias será fundamental que tengan en el IFT una instancia de apelación si no ven
atendidas sus demandas (para dejar un precedente que ayude al deslinde de
responsabilidades).
El Instituto contará con una unidad administrativa con estructura, al menos de dirección
2 general, encargada de la promoción, protección y garantía de los derechos de las
audiencias, la cual tendrá, entre otras, funciones para atender los recursos presentados
por las audiencias que habiendo recurrido a las defensorías de los medios no
encuentren satisfechas sus demandas y emitirá, en su caso, por sí, o a través del
Pleno, una recomendación pública.
El defensor presentará, ante la unidad administrativa, garante de los derechos de las
audiencias, un informe semestral en que se incluyan las participaciones de las
audiencias, principales asuntos abordados y resoluciones emitidas. Este informe
deberá hacerse público en los mecanismos de comunicación que tenga para tal efecto.
Vinculación con Consejo consultivo. El defensor de las audiencias deberá contar con el
apoyo del Consejo consultivo del Instituto y ante sus miembros presentarán sus
informes, propuestas y resoluciones. Como instancia de mediación y atención de las
audiencias el Defensor deberá contar con mecanismos alternos para dar su informe y
3
al mismo tiempo el Consejo consultivo del IFT estará en conocimiento del
comportamiento de las audiencias sujetos directos de los derechos incluidos en los
Artículos 6 y 7 de la Constitución que son el eje de responsabilidad del Consejo por lo
que se propone colaboración compartida entre el defensor y el Consejo.
Transparencia. El defensor deberá tener un ejercicio transparente y hacer públicas sus
4
recomendaciones y sistematizar las quejas recibidas por las audiencias.
Que cuando un defensor atienda a más de un canal o estación (por ejemplo, todo un
grupo radiofónico) sea porque se rigen por el mismo código de ética, línea editorial o
5
cualquier otro documento que tenga por finalidad la autorregulación (para intentar evitar
un defensor por toda la industria, como lo planea hacer la CIRT).
Explicitar los recursos que se deben poner a disposición del defensor para garantizar
6
eficiencia e independencia operativa.
Establecer las formas que el concesionario pondrá al servicio del defensor en las que el
7
medio difundirá las formas de contacto con el defensor.
Garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad al micrositio web de la
8
defensoría.
El concesionario deberá elaborar material impreso y audiovisual para difundir los
9
derechos de las audiencias y los mecanismos de funcionamiento de las defensorías.
Establecer procedimientos para el ejercicio del Derecho de réplica (y no sólo esperar a
10
la ley)
2
38
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Como podemos ver, antes de la aprobación
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión y después de la misma, ya estando
en vigor, los propios defensores de audiencias
han considerado indispensable la participación
del IFT en la defensoría, con el fin de “no dejar
en el vacío la garantía de los derechos de las
audiencias”.
Entre las propuestas destaca la recomendación
número dos, en la cual piden que el Instituto
cuente con una unidad administrativa encargada
de la promoción, protección y garantía de los
derechos de las audiencias, la cual tendrá
entre sus funciones la de atender los recursos
presentados por las audiencias que habiendo
recurrido a las defensorías de los medios no
encuentren satisfechas sus demandas.
Siendo así, el promovente de la presente
Iniciativa considera necesario que la defensoría
de audiencias recaiga en el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, pues la autorregulación
deber ser una obligación implícita en el
otorgamiento de una concesión, sin embargo, no
puede ser la única garantía en el cumplimiento
de los derechos de las audiencias.
El mundo ya ha demostrado que la regulación
por parte de un ente autónomo, no atenta a la
libertad de expresión y si contribuye a un mejor
servicio de radiodifusión en cuanto a contenidos
se refiere.
En
nuestro
país,
la
radiodifusión,
particularmente la de uso comercial requiere
un cambio urgente, no es casualidad que los
monopolios televisivos estén atravesando por
una crisis, derivado de la nula retroalimentación
que reciben de las audiencias y de su empeño
por transmitir programas con contenidos que en
poco o nada contribuyen a la pluralidad, calidad
y transmisión de cultura.
Se calcula, según datos del año 2015, que
10 millones de hogares tienen contratado un
servicio de televisión de paga, lo que representa
39
Grupo Parlamentario del PRD
una penetración a nivel nacional de 41.2 por
ciento. De acuerdo con datos de Latin American
Multichannel Advertising Council (LAMAC,
por sus siglas en inglés), “el crecimiento en
penetración observado en México se presenta
sobre todo en niveles socioeconómicos mediosbajos y bajos con 40 por ciento en D+ (que ganan
entre 6 mil 800 y 11 mil 599 pesos al mes) y 44
por ciento en DE (con ingresos mensuales de
hasta 6 mil 799 pesos)”.3
Sin embargo, hay un 68.8 por ciento de hogares
que no tienen acceso a este tipo de televisión
y por necesidad, no por gusto, sintonizan la
televisión abierta. Lo anterior, se ve reflejado en
la caída de rating que ha tenido particularmente,
la televisora de San Ángel. Desde el año 2011,
según información del diario The Wall Street
Journal, tanto Televisa como Tv Azteca habían
dejado de publicar sus índices de ratings, los
cuales han ido bajando de 43 puntos a 22 en
las producciones más populares.4 No obstante,
no faltara quien diga que esto se debe a la
migración del televidente a servicios “streaming”
y televisión de paga y no al desinterés de los
concesionarios por crear contenidos de calidad.
La realidad de nuestros medios es diversa, y
lamentablemente las transmisiones no se limitan
a cuestiones educativas, culturales y dotadas de
valores, también contienen violencia, vulgaridad,
discriminación, entre otros.
Lo cierto es, que las audiencias no tendrían
porque optar por uno o por otro, es un derecho
de todo mexicano recibir información plural y
oportuna, con contenidos de calidad, los servicios
de radiodifusión están obligados a satisfacer esta
necesidad, su gratuidad nada tiene que ver con la
calidad de los contenidos, deben estar enfocados
en que son un servicio público de interés general,
que llega a millones de personas de diversos
contextos sociales y pueden llegar a tener un
carácter influyente en el comportamiento social.
Sin embargo, a dos años de entrada en
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, no todos los concesionarios,
particularmente las dos grandes televisoras
de uso comercial, cuentan con un defensor de
audiencias o al menos no con un mecanismo
para la difusión de su actuación, como un correo
electrónico, páginas electrónicas o un número
telefónico, con funcionalidades de accesibilidad
para audiencias con discapacidad, como lo
establece el artículo 259 de la Ley y mucho
menos con un espacio visible dentro de sus
portales de Internet.
Por todo lo anterior y en concordancia con las
recomendaciones hechas por algunos defensores
de audiencias así como organizaciones de la
sociedad civil y especialistas al IFT, proponemos
modificar los artículos 7, 15, 17, 24, 29, 30, 31, 216,
259, 260, 261, 311 y crear un artículo 260 Bis de la
Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión a fin
de que la Defensoría de Audiencia sea atribución
del Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT); el Defensor de Audiencias sea parte del
IFT con los mismos derechos y obligaciones
que los comisionados, excepto integrar el Pleno;
que los concesionarios cuenten con un área
específica encargada de recibir y atender las
rectificaciones, recomendaciones o propuestas
de acción correctiva que emita la defensoría
de audiencia, en ese sentido los actuales
defensores de audiencias de los concesionarios
podrían permanecer como esa área encargada,
para llevar a cabo un trabajo conjunto con el
IFT; que el denfensor de audiencia cumpla con
los requisitos y procedimiento de designación,
establecidos en el artículo 28 de la Constitución
para los comisionados y que este sujeto durante
su encargo y concluido el mismo a lo establecido
en la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
De
esta
forma,
la
Reforma
en
Telecomunicaciones tendrá un elemento del que
lamentablemente careció durante su aprobación,
40
al tiempo que el Congreso de la Unión envía
un correcto mensaje de respeto, cuidado y
salvaguarda del tejido social en lo que respecta a
los derechos de las y los mexicanos que día con
día hacen uso del espectro de radio y televisión a
fin de que los contenidos, estándares de calidad
y productos televisivos ofrecidos, se encuentren
a la altura de los mejores del mundo y tengan la
posibilidad de competir con ellos.
Por todo lo anteriormente expuesto, presenta
a consideración de esta soberanía iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforman el párrafo cuarto del Artículo 7,
la fracción LIX del artículo 15, el segundo párrafo
de la fracción I del artículo 17, el primer párrafo
de los artículos 24, 29, 30 y 31, la fracción II del
artículo 216, el primer párrafo del artículo 259,
el artículo 260, el artículo 261 párrafos tercero,
cuarto y quinto y el inciso b) del artículo 311 y
se suprime el penúltimo párrafo y se adiciona
un artículo 260 Bis, todos de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar
como sigue:
Ley Federal
Radiodifusión
de
Telecomunicaciones
y
Artículo 7. …
…
…
…
El Instituto es la autoridad en materia de
lineamientos técnicos relativos a la infraestructura
y los equipos que se conecten a las redes de
telecomunicaciones, así como en materia de
homologación y evaluación de la conformidad de
dicha infraestructura y equipos; en materia de
Defensoría de Audiencias ejercerá dicha facultad
a través del Defensor de Audiencias.
Artículo 15. …
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
I a LVIII. …
LIX. Establecer los mecanismos y criterios de la
Defensoría de Audiencia para recibir, atender
y resolver denuncias de las audiencias de los
servicios de radiodifusión; imponer sanciones así
como cualquier otra actuación administrativa que
sus facultades permitan.
LX a LXIII. …
…
…
…
…
Artículo 17. …
I.a X. …
I. …
Artículo 216. Corresponde al Instituto:
Por lo que se refiere a la fraccion LVIII, será
indelegable únicamente respecto a la imposición
de la sanción;
I. …
II. Vigilar y sancionar, a través de su defensor de
audiencia, las obligaciones en la materia en los
términos señalados por esta Ley;
III.a V. …
…
Artículo 24. Los comisionados y el defensor de
audiencia estarán impedidos y deberán excusarse
inmediatamente de conocer asuntos en los que
exista una o varias situaciones que le impidan
resolver un asunto de su competencia con plena
independencia, profesionalismo e imparcialidad.
Para efectos de lo anterior, los comisionados
estarán impedidos para conocer de un asunto en
el que tengan interés directo o indirecto.
…
…
…
Artículo 29. Los comisionados, el titular de la
autoridad investigadora y el defensor de audiencia,
en el ejercicio de sus respectivas funciones,
deberán:
I.a V. …
…
…
…
Artículo 30. Fuera de las audiencias previstas en
los procedimientos establecidos en esta Ley, los
comisionados y el defensor de audiencia podrán
tratar asuntos de su competencia con personas
que representen los intereses de los agentes
regulados por el Instituto, únicamente mediante
entrevista.
…
…
…
41
Artículo 31. Son faltas graves y causales de
remoción de los comisionados y el defensor de
audiencia:
Artículo 259. El instituto contará con una
defensoría de audiencia, que será la responsable
de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento
a las observaciones, quejas, sugerencias,
peticiones y/o señalamientos de las personas
que componen la audiencia de los servicios de
radiodifusión. Los concesionarios deberán contar
con un área específica para recibir y atender las
rectificaciones, recomendaciones o propuestas
de acción correctiva que emita la defensoría de
audiencia.
Artículo 260. El defensor de audiencia deberá
cumplir con los requisitos y procedimiento de
designación, establecidos en el artículo 28 de la
Constitución para los comisionados.
El defensor de audiencia, durante su encargo y
concluido el mismo estará sujeto a lo establecido
en la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo 260 Bis. Corresponde al defensor de
audiencia:
I. Participar en foros, reuniones, negociaciones,
eventos, convenciones y congresos que se lleven a
cabo con organismos nacionales, internacionales y
gobiernos extranjeros, cuando se refieran a temas
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
en el ámbito de su competencia;
II. Nombrar y remover libremente al personal de
asesoría y apoyo que les sea asignado;
III. Proporcionar al Pleno la información que les
sea solicitada en el ámbito de su competencia;
IV. Presentar al Comisionado Presidente sus
necesidades presupuestales para que sean
consideradas en la elaboración del anteproyecto
de presupuesto del Instituto;
V. Coadyuvar con el Comisionado Presidente en
la integración del programa anual y los informes
trimestrales del Instituto;
VI. Las demás que les confieran esta Ley, el
estatuto orgánico del Instituto, el Pleno y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 261. …
…
Recibidas
las
reclamaciones,
quejas
o
sugerencias, el defensor las procesará y tramitará
con el concesionario correspondiente, requiriendo
las explicaciones que considere pertinentes.
El defensor responderá al radioescucha o
televidente en un plazo máximo de veinte días
hábiles aportando las respuestas recibidas y con
la explicación y solución que a su juicio merezca.
La rectificación, recomendación o propuesta de
acción correctiva que en su caso corresponda,
deberá ser clara y precisa. El concesionario
deberá difundir dentro de un plazo de veinticuatro
horas, en su página electrónica la rectificación,
recomendación o propuesta de acción que el
defensor de audiencia del Instituto emita.
Artículo 311. …
A) …
B) …
I. No atender las rectificaciones, recomendaciones
o propuestas de acción correctiva que haga el
Instituto a través de la defensoría de audiencia;
II. No crear un área específica para la atención de
la defensoría de audiencia;
42
III. …
C) …
(Se deroga penúltimo párrafo)
En caso de que se trate de la primera infracción, el
Instituto amonestará al infractor por única ocasión
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. El instituto contará con 180 días
naturales a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto para armonizar y adecuar a sus
contenidos los Lineamientos Generales sobre los
Derechos de las Audiencias.
Notas:
1.https://radioyuniversidad.wordpress.
c o m / 2 0 1 5 / 0 8 / 11 / l a - d e f e n s o r i a - d e - a u d i e n cias-en-mexicoretos-de-la-nueva-ley/
2.http://www.unavozcontodos.mx/defensoria/
secciones/temasinteres/documentos/articulos/201503_informe_defensora.pdf
3.
http://expansion.mx/negocios/2011/03/07/cable-tv-suscriptor-dish-sky-cablevision
4.http://www.eluniversal.com.mx/articulo/espectaculos/television/2015/07/26/mexicanos-ven-18-horas-de-tv-al-dia
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2016
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Diputado Sergio López Sánchez
Grupo Parlamentario del PRD
en uso en la región o comunidad, en caso de
comunidades indígenas.
Argumentos
Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma diversas disposiciones
de la Ley General de Salud
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1,
fracción I, 76, numeral 1, 77, numeral 1, y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo
a la consideración de esta Cámara de Diputados
la iniciativa con proyecto de decreto.
Planteamiento del problema
Ante los crecientes casos de violaciones a los
Derechos Humanos, se propone que en los
hospitales públicos del país, se incorpore un
servidor público denominado ombudsman de
los Derechos de los Usuarios de los Servicios
de Salud, cuya facultad será la de ser la
autoridad sanitaria encargada de supervisar los
procedimientos de orientación y asesoría a los
usuarios sobre el uso de los servicios de salud
que requieran, así como mecanismos para
que los usuarios o solicitantes presenten sus
quejas, reclamaciones y sugerencias respecto
de la prestación de los servicios de salud y en
relación a la falta de probidad, en su caso, de los
servidores públicos, recibir las quejas y brindar
orientación en español y en la lengua o lenguas
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La Organización Mundial de la Salud (OMS)
afirma que el goce del grado máximo de salud
que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano; por ello,
el denominado “Derecho a la Salud” abarca
distintas facetas ya que incluye el acceso
oportuno, aceptable y asequible a servicios de
atención de salud de calidad suficiente.
No obstante, con datos de la propia OMS, se
calcula que aproximadamente 100 millones de
personas de todo el mundo son empujadas cada
año a vivir por debajo del umbral de pobreza
como consecuencia de los gastos sanitarios,
esto quiere decir que aunque los gobiernos de
los estados establezcan en su normatividad
la protección y cobertura bajo esquemas de
costo accesible o gratuito, todavía no es posible
alcanzar el principal objetivo denominado “grado
máximo de salud que se pueda lograr”.
Este grado máximo exige un conjunto de
criterios sociales que propicien la salud de
todas las personas, entre ellos la disponibilidad
de servicios de salud, condiciones de trabajo
seguras, vivienda adecuada y alimentos
nutritivos. El goce del derecho a la salud está
estrechamente relacionado con el de otros
derechos humanos tales como los derechos a la
alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación,
la no discriminación, el acceso a la información y
la participación.
El derecho a la salud abarca libertades y
la protección de la dignidad y el respeto a las
personas que participan del mismo como usuarios
de los servicios: pacientes, familiares, visitantes
y en general, todas aquellas personas que
directa e indirectamente acceden a los mismos,
con independencia de si son considerados
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
“derechohabientes” dependiendo del sistema al
que se encuentren afiliados.
Por ello, los derechos transversales que son
incluidos en la defensa, protección y salvaguarda
del derecho universal a la salud abarcan el del
derecho de acceso a mecanismos, trámites y
procedimientos que ofrezcan por igual a todas
las personas las mismas oportunidades de
disfrutar del grado máximo de salud que se
pueda alcanzar.
Salud y Derechos Humanos
Las violaciones o la inobservancia de los
Derechos Humanos en la aplicación de políticas
públicas de salud por parte de las naciones
pueden generar de manera directa y no sólo
colateral, graves consecuencias sanitarias; por sí
misma la discriminación manifiesta o implícita en
la prestación de servicios de salud viola derechos
humanos fundamentales.
No es casualidad que veamos en las salas de
espera, consultorios, áreas y zonas de urgencias
o en internamiento a personas con trastornos
de salud mental que terminan en centros
para enfermos mentales contra su voluntad, a
pesar de que tienen la capacidad para tomar
decisiones sobre su futuro. Por otra parte, cuando
faltan camas de hospital, se suele dar de alta
prematuramente a los usuarios, lo que puede dar
lugar a altas tasas de readmisión, y en ocasiones
incluso a defunciones, y constituye también una
violación de sus derechos a recibir tratamiento.
Asimismo, se suele denegar a las mujeres el
acceso a servicios y atención de salud sexual y
reproductiva, tanto en países en desarrollo como
en países desarrollados. Esta violación de los
derechos humanos está profundamente arraigada
en valores sociales relativos a la sexualidad
de las mujeres. Además de la denegación de
la atención, en algunas sociedades se suele
someter a las mujeres a intervenciones tales
44
Grupo Parlamentario del PRD
como esterilización, abortos o exámenes de
virginidad.
Un enfoque de la salud basado en los derechos
humanos ofrece estrategias y soluciones que
permiten afrontar y corregir las desigualdades,
las prácticas discriminatorias y las relaciones de
poder injustas que suelen ser aspectos centrales
de la inequidad en los resultados sanitarios.
El objetivo de un enfoque basado en los
derechos humanos es que todas las políticas,
estrategias y programas se formulen con el
fin de mejorar progresivamente el goce del
derecho a la salud para todas las personas. Las
intervenciones para conseguirlo se rigen por
principios y normas rigurosos que incluyen la no
discriminación en donde se procura garantizar
el ejercicio de los derechos sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición, la de disponibilidad
pues se deberá contar con un número suficiente
de establecimientos, bienes y servicios públicos
de salud, así como de programas de salud, la
accesibilidad, la aceptabilidad, la calidad, la
Rendición de cuentas, la Universalidad y de
manera muy especial, la implementación de
mecanismos de acceso a la denuncia y la queja
por parte de los usuarios de los servicios de salud
en caso de francas y evidentes violaciones a los
Derechos Humanos.
En nuestro país, a lo largo de los últimos
años resulta cotidiano escuchar en los medios
de comunicación, las redes sociales e incluso
conocer directamente, de testimonios de
personas a quienes por su condición social o
pertenencia a una comunidad originaria, le es
negada la atención y el acceso inmediato a los
servicios de salud; en algunos casos los propios
medios han documentado que algunas mujeres
han entrado en labor de parto en los pasillos de
las salas de espera de las clínicas y centros de
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ÁGORA
salud minutos después de haber sido rechazadas
por el médico en turno.
Desde el año 2000, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos ha realizado una importante
labor a fin de documentar diversos casos de
violación al derecho a la protección de la salud;
incluso es preciso mencionar que en el año 2009
emitió la emblemática recomendación número 15
sobre esa temática, la cual se dirige a aquellas
autoridades responsables de proporcionar el
servicio de salud en los niveles federal y estatal,
identificando en ella los principales puntos de
atención urgente y que requieren de coordinación
de los ámbitos público y de la sociedad:
1. Es evidente la carencia de presupuesto para
contar con infraestructura y el personal para
atender a la población de forma adecuada,
desarrollar la investigación y contar con la
tecnología adecuada;
2. La necesidad de impulsar la protección de la
salud desde la promoción y la prevención, así
como el abasto y suministro de medicamentos;
3. La mejora de las condiciones sanitarias
para la población;
4. Capacitación al personal relacionado con
los servicios de salud acerca de las Normas
Oficiales Mexicanas y el Servicio Profesional;
5. La sensibilización relativa a los grupos de
personas en situación de vulnerabilidad;
6. El cambio de procedimientos para otorgar
servicios de salud; y
7. El apoyo emocional a quien se entrega un
resultado de VIH.
El trabajo de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos no se circunscribió
únicamente a la emisión de la Recomendación
Número 15 sino a la identificación y vinculación
de casos documentados de violaciones a los
Derechos Humanos de las personas afectadas.
Así entre otras personas que se encontraron
45
Grupo Parlamentario del PRD
en una condición de riesgo por la fragilidad que
presentaron al momento de solicitar los servicios
de salud y que se pusieron bajo la atención de
un médico perteneciente a una institución de
salud pública, están los casos en que una mujer
embarazada acudió a solicitar los servicios de
salud cuando estaba a punto de parir, tomamos
ese ejemplo porque fue el más recomendado,
al tratarse de un grupo en situación de
vulnerabilidad y porque algunos casos presentan
más de una des- ventaja, como el hecho de ser
mujer, paciente, indígena y en su caso menor de
edad. Se trata de ocho casos que identifican con
las Recomendaciones 1/2014, 8/2014, 15/2014,
24/2014, 29/2014, 35/2014, 43/2014 y la 50/2014.
Los casos se refieren a ocho mujeres
embarazadas, siete adultas y una menor de
edad, en cinco de ellos se trata de indígenas,
en tres de ellos las mujeres pierden la vida por
la deficiente atención recibida, en dos de esos
tres casos los productos también pierden la vida,
en cuatro de los casos los partos se dan sin
asistencia médica, ni de salubridad y fuera de las
instalaciones sanitarias y en uno sin la asistencia
y en la sala de espera por no haber sido recibidas
oportunamente.
Las autoridades involucradas o violadoras de
los Derechos Humanos son la Secretaría o los
Servicios de Salud del Estado, en cuatro casos
de Oaxaca, en uno de Yucatán, uno de Chiapas,
uno de Tabasco y uno de Guerrero.
Las violaciones cometidas por la institución
encargada de proveer los servicios de salud de
acuerdo a las recomendaciones son: En los ocho
casos al derecho a la Protección de la salud, en
tres a la integridad personal, en ocho al trato
digno, en tres a la vida, en dos al principio del
Interés Superior de la Niñez y uno a una vida
libre de violencia obstétrica.
En este sentido, se emitieron sendas
sugerencias al Director del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) consistentes en la
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ÁGORA
reparación de los daños a los familiares de los
agraviados y la atención médica y psicológica, la
colaboración en la presentación y seguimiento
de la denuncia de hechos ante la Procuraduría
General de la República y el inicio de la queja
ante el órgano interno de control correspondiente,
y otras de tipo preventivo, como la capacitación
al personal en materia de derechos humanos,
la protección de salud y el tratamiento ante
un Consejo de Especialidades Médicas y la
instrucción acerca de la adecuada integración de
los expediente clínicos.
Las personas que solicitan servicios de salud
como pacientes en una condición de debilidad
ante los médicos y las instituciones de salud y los
familiares ante situaciones de desconocimiento
técnico y médico de las condiciones bajo las que
se encuentra su paciente son circunstancias
a la que se pueden sumar otras dificultades
provenientes de las causas ya enunciadas como
las características de vulnerabilidad estructural
de ciertos grupos que pueden terminar con graves
alteraciones en su salud y en su vida, violando
sus Derechos Humanos por vicios culturales y
falta de humanismo.
En México el Sistema Nacional de Salud se
integró totalmente en el año de 1984 considerando
también a los proveedores de la salud a partir de
los sectores privado, público y social, aunque el
último sector era de nomenclatura, existían los
primeros dos para aquellas personas que podían
sufragar sus gastos de forma privada o bien,
por ser trabajadores con derecho a participar
de la seguridad social; fuera de tales grupos
la opción era la solicitud abierta a los servicios
dependientes de las Secretarías de Salud federal
o locales y sin la seguridad social de contar con la
prestación del servicio de manera integral como
el internamiento o el acceso a procedimientos
quirúrgicos. Lo anterior, se complementó con la
modificación en 2003 a la Ley General de Salud
para crear el Sistema de Protección Social en
46
Grupo Parlamentario del PRD
Salud por medio del Seguro Popular, como un
proveedor mixto de la salud al participar en éste
tanto la Federación, los estados y los beneficiarios
que no ha logrado consolidarse al interior de uno
de los dos Sistemas Nacionales de Salud.
Lo que es una realidad, es la reiteración
de quejas al Sistema que permite observar el
incumplimiento de las obligaciones básicas
en el ámbito de la prestación de los servicios
de salud, ya que es claro que no garantizan la
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y con
ello, su calidad en perjuicio de los usuarios de los
servicios de salud.
Han sido documentados los problemas más
graves que aquejan al mismo, entre ellos la
falta de médicos, especialistas y personal de
enfermería necesarios, la falta de capacitación
para elaborar diagnósticos eficientes y otorgar
tratamientos adecuados, así como la insuficiente
supervisión de residentes o pasantes.
Se observa con preocupación la insuficiencia
de recursos destinados al Sistema Nacional
de Salud y la atención y falta de elementos
que complementen la labor que garantice de
forma efectiva el derecho a la protección en
salud, particularmente es evidente que las
quejas recibidas denotan un trato poco amable
e irrespetuoso a pacientes y familiares, y en
algunos casos conductas discriminatorias que
atentan contra la dignidad de los enfermos.
Ante ello, son limitados los esfuerzos por
establecer mecanismos preventivos e inhibitorios
de estas conductas en las instituciones de salud;
es claro que en el caso particular de la salud,
cuando se presenta una violación a los derechos
humanos de los usuarios de los servicios, el
daño es irreparable y cualquier contraprestación
a manera de reparación del daño que pudiera
establecerse como consecuencia de una queja o
denuncia, se presenta demasiado tarde.
Estamos ante la posibilidad de establecer
mecanismos coadyuvantes de la sociedad y que
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ÁGORA
en tiempo real exista la supervisión por parte
de un ombudsman especializado que atienda y
reciba las quejas por parte de los usuarios de los
servicios públicos de salud, que por mandato de
la Ley General de Salud cuente con las facultades
para actuar e intervenir, evitando violaciones que
actualmente se presentan sin que las personas
cuenten con un aliado en la defensa y protección
de sus derechos.
Por ello, proponemos que en los hospitales
públicos del país, se incorpore un servidor público
denominado ombudsman de los Derechos de
los Usuarios de los Servicios de Salud, cuya
facultad será la de ser la autoridad sanitaria
encargada de supervisar los procedimientos
de orientación y asesoría a los usuarios sobre
el uso de los servicios de salud que requieran,
así como mecanismos para que los usuarios o
solicitantes presenten sus quejas, reclamaciones
y sugerencias respecto de la prestación de los
servicios de salud y en relación a la falta de
probidad, en su caso, de los servidores públicos,
recibir las quejas y brindar orientación en español
y en la lengua o lenguas en uso en la región o
comunidad, en caso de comunidades indígenas.
Se contempla que en caso de que el
ombudsman de los Usuarios de los Servicios
de Salud reciba quejas que por su carácter
constituyan probables hechos delictivos lo
comunicará de inmediato a las autoridades
correspondientes quedando salvaguardada
su facultad de emitir con posterioridad, la
recomendación correspondiente.
Asimismo, se define al ombudsman de los
Usuarios de los Servicios de Salud como el
defensor público con carácter de autoridad
administrativa que en coordinación con las
Contralorías Internas, se encargará de recibir
las quejas y denuncias de aquellas personas
a quienes les sea negada la atención médica
por parte de las áreas administrativas de las
instalaciones hospitalarias y cuyas atribuciones
47
Grupo Parlamentario del PRD
serán el atender, recibir las quejas y en su
caso, canalizar las mismas ante las autoridades
administrativas y penales correspondientes,
gestionar ante las áreas administrativas de las
instalaciones hospitalarias las peticiones de los
usuarios de los servicios de salud, llevar a cabo
un registro de quejas por parte de los usuarios
de los servicios de salud, solicitar el apoyo de
la fuerza pública en caso de cometerse uno de
los hechos establecidos en las fracciones I y II
del Artículo 427 de la Ley General de Salud, dar
parte a las autoridades de Seguridad Pública
correspondientes de la posible comisión de
delitos y faltas administrativas así como la
emisión de lineamientos generales a manera de
recomendaciones de carácter no vinculante.
El promovente de la presente iniciativa
esta consciente de la necesidad de incorporar
al Sistema Nacional de Salud, una visión
de respeto, promoción y salvaguarda de los
Derechos Humanos, particularmente de los
usuarios de los servicios de salud, sobre todo
porque prácticamente se encuentran frente
a una situación de total indefensión, por ello,
consideramos indispensable la adecuación del
marco normativo aplicable a efecto de establecer
mecanismos y procedimientos que inhiban
conductas discriminatorias y vulneren el derecho
de toda mexicana y todo mexicano de acceso a
los servicios de salud de manera plena.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la
consideración de esta Cámara de Diputados la
iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona una fracción XVI y se recorren
las subsecuentes del artículo 7; se reforma el
primer párrafo del artículo 54 y se adiciona un
artículo 54 BIS de la Ley General de Salud para
quedar como sigue:
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ÁGORA
Ley General de Salud
Artículo 7º. La coordinación del Sistema Nacional
de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud,
correspondiéndole a ésta:
I. a XIII. …
XIV. Instaurar y poner en marcha la oficina del
Ombudsman del usuario de servicios de salud
en cada una de las instalaciones hospitalarias
de carácter público en el país y en los términos
establecidos por el Artículo 9 del presente
ordenamiento;
XV. y XVI. …
Artículo
54.
Las
autoridades
sanitarias
competentes y las propias instituciones de salud,
establecerán procedimientos de orientación y
asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios
de salud que requieran, así como mecanismos
para que los usuarios o solicitantes presenten sus
quejas, reclamaciones y sugerencias respecto de
la prestación de los servicios de salud y en relación
a la falta de probidad, en su caso, de los servidores
públicos ante el ombudsman de los Usuarios de
los Servicios de Salud o autoridad administrativa
correspondiente. En el caso de las poblaciones o
comunidades indígenas las autoridades sanitarias
brindarán la asesoría y en su caso la orientación
en español y en la lengua o lenguas en uso en la
región o comunidad.
En caso de que el ombudsman de los Usuarios de
los Servicios de Salud reciba quejas que por su
carácter constituyan probables hechos delictivos
lo comunicará de inmediato a las autoridades
correspondientes
quedando
salvaguardada
su facultad de emitir con posterioridad, la
recomendación correspondiente.
Artículo 54 Bis. El ombudsman de los Usuarios
de los Servicios de Salud es el defensor público
con carácter de autoridad administrativa que
en coordinación con las Contralorías Internas,
se encargará de recibir las quejas y denuncias
de aquellas personas a quienes les sea negada
la atención médica por parte de las áreas
administrativas de las instalaciones hospitalarias y
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Atender, recibir las quejas y en su caso, canalizar
las mismas ante las autoridades administrativas y
penales correspondientes;
II. Gestionar ante las áreas administrativas de las
instalaciones hospitalarias las peticiones de los
48
Grupo Parlamentario del PRD
usuarios de los servicios de salud;
III. Llevar a cabo un registro de quejas por parte de
los usuarios de los servicios de salud;
IV. Solicitar el apoyo de la fuerza pública en caso
de cometerse uno de los hechos establecidos en
las fracciones I y II del Artículo 427 del presente
ordenamiento;
V. Dar parte a las autoridades de Seguridad Pública
correspondientes de la posible comisión de delitos
y faltas administrativas;
VI. Emitir lineamientos generales a manera de
recomendaciones de carácter no vinculante; y
VII. Las demás que se determinen en esta Ley, su
Reglamento y demás ordenamientos aplicables.
Transitorios
Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Tercero. A partir de la publicación en el Diario
Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal
contará con 180 días para llevar a cabo las
modificaciones reglamentarias a fin de incorporar
a la estructura organizacional de los Sistemas
de Salud al ombudsman de los Usuarios de los
Servicios de Salud.
Cuarto. A partir de la publicación en el Diario
Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal
contará con 180 días para llevar a cabo las
adecuaciones y reasignaciones presupuestales
a fin de que se cuente con un ombudsman de los
Usuarios de los Servicios de Salud y un espacio
habilitado para la atención a los mismos, en
cada uno de los hospitales regionales, de zona y
Centros médicos nacionales del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2016
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Diputado Omar Ortega Álvarez
Proposición con puntos de acuerdo
para exhortar a la PGR a que remita
la solicitud de declaración de
procedencia en contra de Javier
Duarte de Ochoa, gobernador del
estado de Veracruz, a efecto de
poder iniciar el juicio de procedencia
correspondiente para el retiro de la
inmunidad constitucional
El
que suscribe,
integrante del Grupo
Parlamentario de la Revolución Democrática de
la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo que disponen los artículos
71, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6,
numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral
1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someten a consideración
el presente punto de acuerdo de urgente u obvia
resolución, con base en las siguientes:
Consideraciones
La violencia en Veracruz ha sido un foco rojo
durante los últimos años. Mujeres, personas
defensoras, periodistas, jóvenes y toda la
sociedad veracruzana en su conjunto ha sido,
fuertemente afectada.
De acuerdo a organizaciones de la sociedad
civil que monitorean la violencia con enfoque de
género, del año 2014 a la fecha alrededor de 300
49
Grupo Parlamentario del PRD
mujeres han sido asesinadas, y han destacado
al año 2016 como uno de los más violentos para
ese sector poblacional.1
En el mes de julio del 2016, en el informe
presentado por la organización artículo 19,
durante el año 2015, Veracruz fue considerado
como el segundo estado de todo el país con
más agresiones a periodistas. En este sentido,
tampoco se pueden olvidar a los cinco jóvenes
que desaparecieron en enero del mismo año en
el municipio de Tierra Blanca a manos de policías
estatales, y cuyo caso llevó a que se encontraran
más de tres mil fragmentos de restos humanos
en un rancho en el municipio veracruzano de
Tlalixcoyan.
En el marco de estas tragedias y las que no
han sido nombradas, la complicidad, indolencia,
omisión e indiferencia del ahora gobernador con
licencia y presunto prófugo de la justicia, Javier
Duarte, fueron acciones que abonaron a que la
ingobernabilidad reinara en el estado.
Cuando la situación en Veracruz llegaba a
niveles incontrolables, y la prensa nacional e
internacional alertaban sobre la violencia en
el estado -en un contexto de un claro rechazo
nacional hacia el partido que Duarte representa-,
un proceso de suspensión de derechos partidistas
llevó a evidenciar el intento de alejamiento hacia la
figura que el entonces gobernador representaba.
Finalmente, ante el supuesto distanciamiento
de su partido, las investigaciones en su contra
y el claro repudio social hacia él, Duarte solicitó
licencia mientras sería investigado por delitos
de delincuencia organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
Actualmente, el paradero de Duarte es
desconocido. Diversos grupos demandamos
medidas precautorias para evitar la fuga. Sin
embargo, el gobierno se abstuvo de actuar
conforme a derecho, montando un show
mediático sin verdaderos esfuerzos por hacer
justicia.
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Ante la malversación de recursos públicos,
el gobernador con licencia debe ser no sólo
enjuiciado pero sobre todo, es indispensable
recuperar lo que se ha sustraído ilícitamente.
El faltante detectado en las finanzas del estado
ascienden al menos a 35 mil millones de pesos,
recursos con los cuales se dejaron de construir
hospitales y clínicas, de mejorar el servicio de
seguridad pública y procuración de justicia, de
proteger a población vulnerable ante fenómenos
como huracanes y de atender muchos otros
rubros sensibles para la población.
Esta sustracción ha resultado en saldos
trágicos para la ciudadanía, es una de las
razones que tienen en crisis a las finanzas
públicas estatales y nacionales, y es una de las
causas por las cuales se hacen recortes para la
atención de necesidades básicas de la población
en el presupuesto federal.
Sumado a lo anterior, en recientes días,
los medios de comunicación dieron a conocer
información en torno a la supuesta confesión
de un abogado de Javier Duarte que señala
haber confesado voluntariamente ante la
Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delitos Federales. Entre la información
proporcionada, dijo ser prestanombres del
gobernador con licencia habiendo constituido
sociedades de responsabilidad limitada para
invertir en inmuebles en Estados Unidos. Estimó
los presuntos desvíos de Duarte en al menos
mil 500 millones de pesos; aunque dijo que le
constan unos 350 millones.
Las cantidades son burdas y una ofensa para
la ciudadanía, a todo esto se suma la presunta
fuga de Duarte tras pedir licencia sin que las
autoridades movieran un dedo.
El proceso a seguir frente a esta situación es
claro. La Procuraduría General de la República
(PGR) debe remitir a la brevedad la solicitud
de declaración de procedencia en contra de
Javier Duarte a efecto de poder iniciar el juicio
50
Grupo Parlamentario del PRD
de procedencia correspondiente para el retiro
de la inmunidad constitucional de la que aún
con licencia, éste goza. El órgano encargado de
dictaminar la solicitud de la PGR es la Sección
Instructora de la Comisión Jurisdiccional de
la Cámara de Diputados, y es que aunque el
partido que lo cobijó durante años señale que
con la licencia, él ha perdido el fuero, esto es
falso. No podemos olvidar el caso de José Luis
Abarca Velázquez, edil con licencia a quien se
le buscaba por los hechos de violencia ocurridos
en Iguala el 26 y 27 de Septiembre de 2014,
y al que en octubre del mismo año se le retiró
la inmunidad constitucional de la que aún con
licencia, gozaba. Todo cargo de elección popular
es irrenunciable.
El fuero o la inmunidad constitucional, es un
privilegio del que los funcionarios públicos se han
valido y abusado reiteradamente para cometer
ilícitos, saquear la hacienda pública, gozar de
impunidad, por lo que necesita ser limitado de
manera inmediata.
En el tenor de lo descrito, tampoco se puede
dejar de mencionar las solicitudes de juicio
político pendientes en contra de Javier Duarte
puesto que el Juicio de Procedencia para retirar
la inmunidad constitucional y permitir a las
autoridades aprehender al presunto criminal es
un caso, y otro, es el de Juicio Político.
El artículo 110 constitucional establece que
las sanciones del Juicio Político “consistirán
en la destitución del servidor público y en su
inhabilitación para desempeñar funciones,
empleos, cargos o comisiones de cualquier
naturaleza en el servicio público”. Para ello,
la Subcomisión de Examen Previo, debe
desahogar la solicitud o solicitudes que existan
contra el servidor Público, para que la Cámara
de Diputados proceda a la acusación respectiva
ante la Cámara de Senadores, la cual se erigirá
en Jurado de sentencia y aplicará la sanción
correspondiente mediante resolución de las
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
dos terceras partes de los miembros presentes
en sesión, una vez practicadas las diligencias
correspondientes y con audiencia del acusado.
En este sentido, el juicio político pareciera
un proceso diseñado para ser largo, tortuoso y
limitado. Sin embargo, ningún proceso de justicia
debe ser descartado per se. Tanto es así, que
nunca en la historia de nuestro país ha tenido
lugar un juicio político, hecho que no podemos
soslayar.
Frente a lo descrito, nos encontramos ante un
momento histórico. El gobierno federal tiene en
sus manos la oportunidad de dejar la simulación,
de concretar la aprehensión de Javier Duarte y de
sentar las bases necesarias para dar continuidad
y resolver los juicios pendientes contra éste.
El funcionario con licencia debe explicar a
la ciudadanía, sobre los ataques a personas
jóvenes, periodistas y defensoras de derechos
humanos cometidos durante su administración, y
hacer justicia a las víctimas y sus familiares que
han sido afectados por la violencia en el estado,
así como rendir cuentas de los millones que
faltan en la hacienda pública a la entidad.
Para que la Cámara de Diputados pueda
iniciar el proceso correspondiente que conlleve
el retiro de la inmunidad, la PGR debe remitir
de inmediato, la solicitud de declaración de
procedencia para que la Sección Instructora
pueda proceder a realizar las diligencias
necesarias para analizar la existencia del delito y
la probable responsabilidad del imputado.
De no llevarse a cabo este proceso, Duarte
podría alegar violación al debido proceso y quedar
en libertad como un criminal más de amparado
por estrategias legaloides. Si existe la voluntad
política que el gobierno federal se ha encargado
de declarar y de mostrar a través de acciones
como el Sistema Nacional Anticorrupción,
el proceso de la Sección Instructora podría
desahogarse rápidamente.
51
La justicia no puede hacerse esperar,
demasiadas ofensas ha recibido ya la sociedad
veracruzana y la mexicana en su conjunto, por
los crímenes que Javier Duarte ejecutó bajo el
amparo de su institución partidista.
Por todo lo anteriormente señalado, someto
a consideración de esta Soberanía la siguiente
proposición de urgente u obvia resolución con
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la
Procuraduría General de la República para que
de inmediato remita la solicitud de declaración
de procedencia en contra de Javier Duarte de
Ochoa, gobernador constitucional del estado de
Veracruz con licencia, a efecto de poder iniciar
los procesos correspondientes para el retiro de
la inmunidad constitucional.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a
la Subcomisión de Examen Previo a desahogar
la solicitud o solicitudes de Juicio Político que
estén en su poder, en contra de Javier Duarte de
Ochoa a la brevedad.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la
Auditoría Superior de la Federación a que haga
pública la información respecto a la situación de
los recursos faltantes en el estado de Veracruz
que ha señalado en distintas auditorías, durante
la administración de Javier Duarte de Ochoa.
Nota:
1. Plumas Libres. “Mas de 300 mujeres asesinadas
con violencia en Veracruz y Osorio Chong niega decretar
alerta de género”. Consultado en línea: http://www.
plumaslibres.com.mx/2016/10/19/mas-300-mujeresasesinadas-violencia-veracruz-osorio-chong-niegadecretar-alerta-genero/
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2016
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Diputada Natalia Karina Barón Ortiz
Proposición con punto de acuerdo,
por el que se exhorta a la Sagarpa y
a la Cofepris, a realizar las acciones
necesarias para eliminar el uso de
plaguicidas que están causando
serias afectaciones a las abejas y
otros polinizadores en todo el país
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática de la
de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,
con fundamento en el artículo 79, numerales 1,
fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento
de la Cámara de Diputados, presenta a esta
Cámara de Diputados, la siguiente proposición
con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Que en el marco de la Conferencia de las Partes
sobre la Diversidad Biológica COP13 a celebrase
en Cancún del 4 al 17 de diciembre, la Asociación
de Consumidores Orgánicos y organizaciones
afines han lanzado la campaña #PonteAbeja
con la finalidad de eliminar el uso de plaguicidas
que afectan severamente a los polinizadores en
México, provocando el declive de las abejas y el
síndrome de colapso de colmenas.
Que la COP13 es el máximo órgano de
gobierno del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB) y reúne a los representantes de
52
Grupo Parlamentario del PRD
los países parte y actores clave encargados de
promover su aplicación.
Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica
es “el instrumento global más importante para
promover la conservación de la biodiversidad,
el uso sustentable de sus componentes y la
distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados de la utilización de los recursos
genéticos”1. El convenio entró en vigor en
diciembre de 1993 y actualmente cuenta con 196
partes. México firmó el convenio el 13 de junio de
1992 y lo ratificó el 11 de marzo de 1993.
Que esta grave problemática ha provocado
que diversas organizaciones de la sociedad civil
estén emprendiendo acciones para exigir una
postura responsable del Gobierno federal para
que las instancias responsables como Sagarpa,
y cofepris lleven a cabo las medidas necesarias
para eliminar el uso de plaguicidas.
Que durante lo que va del año se han publicado
noticias y reportajes que dan cuenta de la
situación que han enfrentado las y los apicultores
mexicanos; algunas cifras muestran que la
producción y comercialización de miel ha caído
en tasas mayores al 50 por cierto en los últimos
dos años y se han documentado afectaciones y
disminuciones significativas de colmenas en las
principales regiones productoras del país.
Que se ha relacionado una parte de la
problemática con el uso de insecticidas
neonicotinoides en las actividades agropecuarias
aunado a la inefectividad de sagarpa tanto para
prevenir daños como para hacerse cargo de
éstos cuando ya se generaron.
Que los insecticidas neonicotinoides son los
más usados a nivel mundial en la agricultura y
jardinería y son producidos principalmente por
las grandes y poderosas empresas Bayer y
Syngenta. Sin embargo, hay muchos otros actores
involucrados en la producción y comercialización
de estas sustancias altamente tóxicas que sin
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
la regulación y el monitoreo adecuado, están
generando daños irreversibles en polinizadores
y contaminación de suelos, agua y alimentos que
consumimos.
Que
recientemente
Rémy
Vandame,
Investigador del Colegio de la Frontera Sur,
especialista en abejas y una de la voces de la
campaña #PonteAbeja ha declarado que en
nuestro país “no sabemos de la importancia que
pueden tener los plaguicidas en el problema
de mortalidad y más grave aún, y esta es una
preocupación no solamente para las abejas:
no sabemos a detalle qué plaguicidas se usan,
en qué cantidad, dónde y en qué momento. No
sabemos los grados de contaminación del suelo,
del agua potable o de los alimentos. No sabemos
los efectos sobre la salud de los animales y
sobre nuestra propia salud”.1 Que la importancia
de las abejas en el agro mexicano se deriva a
que son los polinizadores más importantes de
frutos, vegetales, flores y cultivos de importancia
comercial.2 Que más de un tercio de la producción
agrícola mundial depende de la polinización
de las abejas. Hay más de 20,000 especies de
abejas en el mundo, es decir más especies que
de mamíferos y pájaros juntos.
Que es necesario y urgente atender y resolver
el gran vacío de información, opacidad y falta de
monitoreo en el uso de plaguicidas altamente
tóxicos en el país.
Que algunas de las asociaciones que se han
unido a la campaña #PonteAbeja son: Asociación
de
Consumidores
Orgánicos
Colectivo
Ecologista Jalisco Consejo Civil Mexicano
para la Silvicultura Sostenible Colectivo MA
- OGM Eric Vides Borrel y Rémy Vandame,
Investigadores del Equipo Abejas de El Colegio
de la Frontera Sur (ECOSUR) Fundar, Centro de
Análisis e Investigación Mercado El Cien A.C.
Dr. Pablo Jaramillo, Instituto de Investigaciones
de Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM-
53
Grupo Parlamentario del PRD
Campus Morelia Red de Acción de Plaguicidas
y Alternativas en México, RAPAM SlowFood
México y Centroamérica
Que es necesario que desde el Poder
Legislativo nos unamos a esta campaña con
el objetivo de sumar y generar acciones que
detengan y solucionen la problemática que
enfrentan los polinizadores en México y América
Latina.
Que nuestra exigencia va dirigida a los
gobiernos y a las empresas dejar de dañar,
respetar nuestros derechos fundamentales a la
salud, medio ambiente sano y alimentación, e
implementar soluciones efectivas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado
es de solicitar que esta Soberanía apruebe los
siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal
a impulsar la integración el tema de la eliminación
del uso de plaguicidas que afectan a las abejas
y otros polinizadores en el país en la Agenda de
trabajo de la próxima Conferencia de las Partes
sobre la Diversidad Biológica COP13 a celebrase
en Cancún del 4 al 17 de diciembre, a efecto de
salvaguardar la biodiversidad en México
Segundo. La Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, a la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios y
a los gobiernos locales a realizar las acciones
necesarias para eliminar el uso de plaguicidas
que están causando serias afectaciones a las
abejas y otros polinizadores en todo el país.
Tercero. La Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación y a los gobiernos locales para que
promuevan y fortalezcan el uso de biofertilizantes
y bioplaguicidas en el agro mexicano, así como
a que apoyen alternativas agroecológicas para
el control de plagas y así lograr la producción
de alimentos sanos cuidando a las abejas, otros
polinizadores.
Notas:
1. Convenio sobre la Diversidad Biológica, ¿Qué es el
CBD? Disponible en: http://cop13.mx/convenio-sobre-ladiversidad-biologica-cdb/
2. Convenio sobre la Diversidad Biológica, ¿Qué es el
CBD? Disponible en: http://cop13.mx/conveno-sobre-la-
Grupo Parlamentario del PRD
Diputada María E. Castelán Mondragón
Punto de acuerdo por el que se
exhorta a los Poderes Legislativos
de las Entidades Federativas
de Veracruz, Sonora, Chiapas,
Chihuahua y Morelos para que
sus constituciones locales con la
Reforma de Derechos Humanos del
2011 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
diversidad-biologica-cdb/
3. (Endnotes)
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2016
Quien suscribe, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso
de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y
2, Fracción II del artículo 79 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, pongo a la consideración
de este Pleno la siguiente proposición con punto
de acuerdo al tenor de las siguientes:
Antecedentes
Dentro del propósito de indagar los avances
en las entidades federativas en el proceso de
armonización, conforme a las disposiciones
jurídicas de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos obtenidas como resultado de
la Reforma de derechos humanos de 2011, el
primer producto a analizar ha sido el de cotejar los
cambios realizados a las constituciones estatales
con los contenidos de la reforma citada. Se trata
de una comparación entre lo estipulado en el texto
de la Carta Magna del país y los textos resultantes
de la armonización en las constituciones de las
54
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
entidades federativas. Queremos saber qué,
cómo y cuánto de lo que se modificó en 2011 por
el Poder Reformador de la Constitución se refleja
en los textos constitucionales de los estados y en
el correspondiente marco jurídico de la Ciudad
de México.
Como se ha visto, la Reforma de Derechos
Humanos de 2011 aportó veintiún nuevas
disposiciones jurídicas (entiéndase principios,
obligaciones y/o derechos) en esta materia.
Es relevante puntualizar que no todas esas
disposiciones jurídicas dan lugar a que se
armonicen normas cuya expedición, reforma,
derogación o abrogación, sean de la competencia
de los órganos legislativos locales.
Sólo once de las 21 disposiciones jurídicas
a que se ha hecho referencia son susceptibles
de proveer los contenidos de una armonización
constitucional en las Entidades Federativas.
Por ello, la CNDH realizó una revisión a
las constituciones de los 31 estados de la
federación, y retomó la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para efectos
de esta revisión en lo que atañe a la Ciudad de
México, con la finalidad de conocer el avance
de su armonización conforme a las siguientes
disposiciones jurídicas derivadas de la citada
Reforma de derechos humanos:
1. El principio pro persona.
2. El principio de universalidad.
3. El principio de interdependencia.
4. El principio de indivisibilidad.
5. El principio de progresividad.
6. El principio de interpretación conforme a los
tratados internacionales.
7. La obligación de todas las autoridades, en
el ámbito de sus competencias, de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos.
8. La prohibición de toda discriminación
motivada por las preferencias sexuales.
55
Grupo Parlamentario del PRD
9. La obligación del Estado de fomentar
el respeto a los derechos humanos en la
educación que imparta.
10. La obligación del Estado de organizar
el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los derechos humanos.
11. La obligación de establecer y garantizar la
autonomía de los organismos de protección de
los derechos humanos en las constituciones
de las entidades federativas.
Respecto de este universo de 11 disposiciones
normativas, la armonización en los estados
avanzó a nivel nacional en un orden del 83.1
por ciento; es decir, en esa medida se ha
armonizado hasta el momento el conjunto de
las correspondientes constituciones locales.
Para obtener esta media nacional acerca del
avance en las entidades federativas, se procedió
primero a obtener el porcentaje de avance en
cada constitución estatal, respecto de las 11
disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos surgidas de la
Reforma de derechos humanos. Una vez que
se obtuvo cada uno de estos porcentajes se
procedió a promediarlos, a fin de obtener el
porcentaje que representa el grado de avance
alcanzado en el conjunto de los ordenamientos
constitucionales revisados.
Las disposiciones normativas emanadas de la
Reforma de derechos humanos, respecto de las
cuales se han obtenido los mayores porcentajes
de armonización en los ordenamientos
constitucionales de las entidades federativas,
son el principio de interpretación conforme a
los tratados internacionales y la obligación de
establecer y garantizar la autonomía de los
organismos de protección de los derechos
humanos, ambos con un 96.9 por ciento,
respectivamente.
Por el contrario, la disposición jurídica
respecto de la que se ha obtenido un menor
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
grado de armonización en las constituciones
locales, ha sido la que ordena organizar el
sistema penitenciario sobre la base del respeto a
los derechos humanos, con apenas un 56.3 por
ciento, que parece ser congruente con la crisis en
el sistema penitenciario que se vive actualmente
en nuestro país.
Los estados cuyas constituciones reflejan un
grado de armonización del 100 por ciento son 12:
1. Baja California Sur
2. Ciudad de México
3. Coahuila
4. Colima
5. Durango
6. Guanajuato
7. Hidalgo
8. Jalisco
9. Oaxaca
10. Sinaloa
11. Yucatán y
12. Zacatecas
Los 5 estados cuyas constituciones cuentan con
el menor avance de armonización son:
1. Veracruz (18.2 por ciento)
2. Sonora (27.3 por ciento)
3. Chiapas (32.7 por ciento) y
4. Chihuahua (36.4 por ciento) y
5. Morelos (63.6 por ciento)
Consideraciones
Primero: En palabras del titular de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl
González Pérez “Con la Reforma Constitucional
en materia de derechos humanos que entró en
vigor en junio de 2011, el Poder Reformador de
la Constitución tuvo la virtud de colocar en el
56
Grupo Parlamentario del PRD
centro de la actuación del Estado la protección y
garantía de los derechos humanos, pero no por
ello puede afirmarse que se haya consumado
la construcción del régimen mexicano en la
materia, toda vez que es necesario que las
leyes secundarias instrumenten su aplicación y
garanticen su eficacia operativa. Asimismo, en
el marco del pacto federal es menester que las
constituciones estatales y las leyes que emanan
de las mismas, también faciliten su aplicación y
eficacia.
Es por lo anterior que la instrumentación de
la Reforma de los derechos humanos, iniciada
con los cambios constitucionales que entraron
en vigor en junio de 2011, pasa necesariamente
por una ardua tarea de armonización normativa
que implica una revisión a fondo de la legislación
federal, así como de las constituciones estatales
y de la Ciudad de México, incluyendo las leyes
que de las mismas emanan, a fin de que el
sistema legal de todas las partes que componen
el pacto federal conformen la estructura por
donde transiten el ejercicio y disfrute cotidiano
de los derechos humanos, así como las acciones
públicas orientadas a garantizar su observancia
y cumplimiento cabal.”
Segundo : Es lógico que al proceso de
reformas constitucionales en materia de
derechos humanos llevado a cabo en 2011, le
deba seguir, como consecuencia, un amplio
esfuerzo de reformas a nivel federal y estatal, por
medio del cual se expidan o reformen las leyes
federales conducentes y se impulsen los cambios
necesarios en las constituciones locales y se
emitan o adicionen, o se modifiquen, o incluso
se deroguen o abroguen los ordenamientos
legales que sea necesario, a fin de armonizar el
sistema jurídico federal y estatal con los cambios
operados en nuestra Carta Magna en materia de
derechos humanos.
La armonización de los derechos humanos es
una obligación común para todas las instancias
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
normativas del Estado mexicano tanto en el
orden federal como en el estatal. No se trata
de un deber circunstancial, cuya vigencia sea
temporal y cuya atención se resuelva con un solo
acto o un esfuerzo único. Se trata de una tarea
permanente destinada a dar el mantenimiento
que requiere el orden jurídico, a fin de estar en
sincronía con la Ley Suprema de la Unión, en
los términos previstos por el artículo 133 de la
Constitución.
La CNDH acompaña este esfuerzo desde
hace varios años, por medio del seguimiento a los
procesos de armonización que en las instancias
federales y en los estados de la República, así
como en la Ciudad de México, se llevan a cabo,
para ajustar los respectivos órdenes jurídicos a
los términos de la Constitución y de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos.
Tercero: Se está conculcando la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
en su artículo 1, que a la letra dice “Esta ley es de
orden público y de aplicación en todo el territorio
nacional en materia de Derechos Humanos,
respeto de los mexicanos y extranjeros que
se encuentren en el país, en los términos
establecidos por el apartado “B” del artículo 102
constitucional”.
La causa de su transgresión es una aplicación
parcial de la Reforma de Derechos Humanos ya
cita.
Cuarto: Han pasado cinco años desde la
reforma y aún siguen cinco entidades federativas
“ Veracruz , Sonora , Chiapas , Chihuahua ,
Morelos” , sin armonizar sus constituciones
locales ; tres de ellos son estados fronterizos
57
Grupo Parlamentario del PRD
, donde hay un gran número de población
según cifras del Censo de Población y Vivienda
2010 ; Encuesta Intercensal 2015 del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ;
Veracruz cuenta con 8 112 505 ; Sonora 2 850
330 , Chiapas 5 217 908 , Chihuahua 3 556
574 , Morelos 1 903 811, por lo tanto existe
la imperante necesidad de brindar la protección
a los ciudadanos de las entidades federativas ,
dado que la reforma fue ya aprobada hace un
lustro.
Quinto: Con la plena armonización, leitmotiv
de este punto de acuerdo es que las Comisiones
Estatales de los Derechos Humanos logren
fortalecer y consolidarse como instituciones
estrictamente apegadas al Estado de Derecho.
Punto de acuerdo
Único. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Legislativos de las Entidades
Federativas de Veracruz, Sonora, Chiapas, Chihuahua y Morelos para que a la brevedad posible armonicen sus Constituciones Locales con
la Reforma de Derechos Humanos del 2011 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2016
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
Diputada María E. Castelán Mondragón
Proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Ejecutivo
federal, a través de la Sedesol
para la implementación temporal
del programa piloto de descuento
de leche a un peso a los mil 12
municipios de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre
Quien
suscribe,
integrante
del
Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso
de la Unión e, con fundamento en los numerales 1
y 2, Fracción II del artículo 79 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, pongo a la consideración
de este Pleno la siguiente proposición con punto
de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En la Sesión 339 del Consejo de Administración
de LICONSA, celebrada el miércoles 30
de marzo de 2016, en las instalaciones del
corporativo a través del entonces Secretario de
Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribeña,
el órgano colegiado aprobó, por unanimidad, el
descuento al litro de leche a sólo un peso en 150
comunidades marginadas del país, dando así el
inicio del programa piloto que tendría duración
hasta 31 de diciembre de 2016.
El 22 de enero del 2013 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el decreto por el cual se
estableció el Sistema Nacional para la Cruzada
contra el Hambre (Sinhambre). La Cruzada
58
Grupo Parlamentario del PRD
Nacional Contra el Hambre es una estrategia
coordinada por el Gobierno Federal que busca
que la población supere su condición simultánea
de carencia alimentaria y pobreza extrema, ésta
constituye la población objetivo de la Cruzada,
que en 2010 ascendía a 7.4 millones de personas
distribuidas en todo el país.
En el sentido de alcanzar el mayor número de
beneficiados por programas sociales y políticas
públicas eficientes, que contribuyan a reducir la
brecha producida por los altos índices de pobreza,
hago la propuesta para implementar de manera
permanente el descuento de leche Liconsa a un
peso a los municipios inscritos en el Catálogo de
la Cruzada Nacional Contra el Hambre bajo las
siguientes consideraciones:
Por las directrices e indicadores de Sin Hambre,
considero es el medio idóneo para que sea a través
de su catálogo se realice la aplicación y distribución
del programa solicitado de manera temporal hasta
que el municipio a través de los indicadores de
medición de la pobreza haya superado su condición
de pobreza y pobreza alimentaria, ya que desde
los diferentes ámbitos abarca los aspectos de
política pública en materia de alimentación, salud,
educación, vivienda e ingresos.
Con la aprobación de esta medida, el catálogo
de Sin Hambre se convertirá en el medio de
distribución de los beneficiados para la aplicación
de este programa y se estaría cumpliendo con los
objetivos que plantea la Secretaria de Desarrollo
Social para la dirección y diseño de políticas de
desarrollo social, con la finalidad única de que, a
través de estos programas y acciones, se logre
el combate directo a la pobreza y alimentación.
Desarrollar, ejecutar programas y acciones
de atención a la pobreza es otro objetivo de la
Secretaría de Desarrollo Social, atendiendo a la
vulnerabilidad y exclusión social que permitan a
los sectores más desprotegidos, el cumplimiento
efectivo de sus derechos sociales, promoviendo
políticas diferenciadas de atención de acuerdo a
sus necesidades.
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
El programa piloto iniciado por Liconsa se echó
a andar bajo los principios de dar seguimiento a la
situación nutricional de menores, adultos mayores
y mujeres embarazadas con las consideraciones
y selección de los 150 municipios a través de
CONAPO y no alcanza a cubrir los problemas de
ámbito alimenticio, salud y educación, por lo cual
no se hacen las consideraciones correctas para
la selección de los municipios a beneficiar.
En este sentido ratifico que debería ser a través
del catálogo de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre ya que los estudios y herramientas con
que cuenta se enfocan y tienen un sentido más
realista de sus alcances, beneficiando realmente
a la población objetivo que lo requiere.
Mi petición de implantar este programa piloto
como un programa temporal es con la necesidad
de resarcir los altos niveles de pobreza
alimenticia, educativa y de salud en México ya
que será a través de políticas públicas como se
lograrán reducir los altos índices.
Ahora bien la Comisión Intersecretarial para la
Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre
mediante el instrumento CICH.012/003/2015,
acordó definir como población potencial para el
ejercicio fiscal 2016, a la población identificada
en situación de pobreza extrema con carencia
alimentaria en el Sistema de Focalización
de Desarrollo (SIFODE) de la Secretaría de
Desarrollo Social. Hasta el momento, esta
población la componen 6 millones seiscientos mil
mexicanos que radican en todos los municipios
del país. Así lo acordó.
Bajo las directrices que rigen este Acuerdo,
la medida que proponemos sería la manera más
viable de entender que el beneficio debería ser
más amplio, incluyente y enfocado a revertir los
altos índices de pobreza y mala alimentación
existente en el país.
Ya que la paraestatal destinó recursos propios
y sin la intención de disminuir los recursos de la
institución, es un motivo más por el cual debe
59
Grupo Parlamentario del PRD
integrarse en el Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2017.
Ahora bien una de las problemáticas que
existen es que no se destina el suficiente recurso
o no se le da la debida importancia a temas tan
vitales como la implementación de programas
sociales y políticas públicas que realmente
beneficien a la sociedad más desprotegida. En
este sentido hago el exhorto a la Secretaría
de Desarrollo Social, para considerar en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para
el año 2017, los medios y recursos suficientes
para poder implementar de manera temporal
el descuento de leche Liconsa a un peso en
todos los municipios que se encuentren dentro
del Catálogo de la Cruzada contra el Hambre
y continuarlo en 2017, si así se considera
pertinente.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado
que, para crear la certidumbre y una correcta
aplicación y distribución de políticas públicas
alcancen a la población objetivo, haciendo uso
de las instituciones y recursos públicos federales
para alcanzar una correcto justicia distributiva e
inclusiva es por lo que someto a consideración
de esta Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión respetuosamente exhorta a la
Secretaría de Desarrollo Social para que amplié
el descuento de leche Liconsa a un peso en
todos municipios inscritos en el Catalogo de la
Cruzada Nacional Contra el Hambre, hasta que
el o los municipios logren el avance y salida de
su situación de pobreza y pobreza alimentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2016
jueves 27 de octubre de 2016
Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA
Diputado Rafael Hernández Soriano
Proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al titular de
la Secretaría de Salud para que
implemente acciones, campañas,
protocolos y políticas públicas
encaminadas a prevenir, disminuir
y erradicar la diabetes mellitus
de la población en general y
particularmente de las niñas y niños
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática de
la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,
con fundamento en el artículo 79, numerales 1,
fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento
de la Cámara de Diputados, presenta a esta H.
Cámara de Diputados, la siguiente proposición
con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
niñas y niños.
Por informes de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), se sabe que actualmente
la obesidad es un grave problema de salud
pública, debido a que es asociada con el desarrollo
de enfermedades crónicas no transmisibles,
como son la diabetes, hipertensión, enfermedad
cardiovascular y cáncer.
De ahí que la obesidad infantil es uno de ellos.
El problema es mundial y afecta progresivamente
a muchos países de bajos y medianos ingresos,
sobre todo, en el medio urbano. La prevalencia
ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula
que en 2010 hay 42 millones de niños y niñas con
sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de
35 millones viven en países en desarrollo.1
Las y los niños con sobrepeso tienden a
seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen
más probabilidades de padecer a edades más
tempranas enfermedades no transmisibles como
la diabetes y enfermedades cardiovasculares.
La obesidad en la infancia y la adolescencia
tienen consecuencias para la salud tanto a corto
como a largo plazo. Las repercusiones más
importantes del sobrepeso y la obesidad infantil
que a menudo no se manifiestan hasta la edad
adulta, son:
•
Consideraciones
La niñez en cualquier lugar del mundo es
considerada el capital del futuro de las naciones
y al interior de la familia es la parte más sensible,
razón por la cual, el Estado está obligado a
promover acciones desde su nacimiento para que
crezcan en un ambiente sano, libre de violencia
y con las mayores garantías para un desarrollo
pleno, así como a diseñar campañas, protocolos
y políticas públicas que den respuesta inmediata
al alarmante crecimiento de la diabetes mellitus
en la población nacional y particularmente en las
60
•
•
•
Las
enfermedades
cardiovasculares
-principalmente las cardiopatías y los
accidentes vasculares cerebrales-,
La diabetes,
Los trastornos del aparato locomotor, y
Ciertos tipos de cáncer -de endometrio,
mama y colon-
Ahora bien, debe mencionarse que cada año
mueren a consecuencia del sobrepeso y la
obesidad por lo menos 2,6 millones de personas.2
Este trastorno también tiene en las y los niños
efectos importantes que van mermando su
salud física y psicológica, así como su calidad
de vida con secuelas emocionales importantes
jueves 27 de octubre de 2016
ÁGORA
como: aislamiento, depresión, baja autoestima e
inseguridad, entre otros.3
Sobre las repercusiones de la obesidad en
la salud, sobresale la diabetes mellitus. Existen
principalmente dos tipos de diabetes mellitus, a
saber:
La diabetes de tipo 1 (denominada también
diabetes insulinodependiente, juvenil o de inicio
en la infancia), aparece cuando el páncreas no
es capaz de producir una cantidad suficiente de
insulina, la hormona que regula la presencia de
azúcar en la sangre. Se ignora la causa, pero
parece que se trata de una mezcla de factores
genéticos y ambientales.
La diabetes de tipo 2 (también denominada
diabetes no insulinodependiente, o de inicio en
la edad adulta), se produce cuando el organismo
es incapaz de utilizar eficazmente la insulina
que sintetiza. Esta puede ser prevenible, ya que
generalmente, es consecuencia del sobrepeso y
de la falta de actividad física, y en ocasiones de
una predisposición genética.
Recientemente se ha constatado un aumento
del número de casos notificados de diabetes
de tipo 2 entre las y los niños, así como los
adolescentes, hasta el punto de que en algunas
partes del mundo la diabetes de tipo 2 es el que
más abunda entre la niñez. Existe una percepción
generalizada de que el aumento mundial de la
obesidad y de la inactividad física en la infancia
está desempeñando un papel decisivo en ello.4
Actualmente México ocupa el octavo lugar
mundial en la prevalencia de diabetes. Las
proyecciones de los especialistas internacionales
refieren que para el año 2025, el país ocupará
el sexto o séptimo lugar, con 11.9 millones de
mexicanas y mexicanos con diabetes. En cuanto
a mortalidad por esta enfermedad, México ocupa
el sexto lugar mundial y el tercer lugar en el
continente americano.
Para colaborar en la solución de esta
problemática, la OMS creó la Comisión para
61
Grupo Parlamentario del PRD
acabar con la obesidad infantil, presentando un
informe sobre el tema, destacando que:
o La finalidad es revertir la creciente
tendencia de los niños menores de cinco
años al sobrepeso y la obesidad. Al
menos 41 millones de niñas y niños de
ese grupo de edad son obesos o padecen
sobrepeso, y el mayor aumento de esa
tendencia se observa en los países de
ingresos bajos y medianos.
o La OMS ha de trabajar con los gobiernos
para aplicar una amplia serie de medidas
destinadas a abordar las causas
ambientales de la obesidad y el sobrepeso
y ayudar a las y los niños a iniciar su vida
de manera sana, tal y como se merecen.
o El sobrepeso y la obesidad influyen en la
calidad de vida de las y los niños, pues los
exponen a toda una serie de dificultades,
en particular a consecuencias de orden
físico, psicológico y sanitario.
o El sobrepeso y la obesidad entrañan
graves repercusiones sanitarias y
económicas para ello, sus familias y la
sociedad en su conjunto.
El informe también incluye seis recomendaciones
destinadas a los gobiernos siendo estas las
siguientes:
1. Promoción del consumo de alimentos
saludables: Aplicar programas amplios
que promuevan el consumo de alimentos
saludables y contribuyan a reducir la ingesta
de alimentos malsanos y bebidas azucaradas
por parte de niñas, niños y adolescentes (por
ejemplo, imponiendo gravámenes eficaces
a las bebidas azucaradas y frenando la
comercialización de los alimentos malsanos).
2. Fomento de la actividad física: Aplicar
programas amplios que fomenten la actividad
física y reduzcan los hábitos sedentarios de
las y los niños y adolescentes.
3. Atención pregestacional y durante el
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embarazo: Integrar y reforzar las orientaciones
relativas a la prevención de las enfermedades
no transmisibles con orientaciones actuales
sobre atención pregestacional y prenatal
(para reducir el riesgo de obesidad en la
niñez mediante la prevención del bajo y el
alto peso al nacer, la prematuridad y diversas
complicaciones del embarazo).
4. Alimentación y actividad física en la primera
infancia: Proporcionar orientaciones sobre la
alimentación, el sueño y la actividad física en la
primera infancia; promover hábitos saludables
y velar por que las y los niños crezcan
adecuadamente y adopten esos hábitos
-promoviendo la lactancia materna; limitando
el consumo de alimentos con alto contenido
de grasa, azúcar y sal, y garantizando que las
y los niños tengan acceso a una alimentación
sana y puedan hacer ejercicio en las
guarderías-.
5. Salud, nutrición y actividad física de los
niños en edad escolar: Aplicar programas
amplios que promuevan entornos escolares
saludables, la educación sobre salud y
nutrición y la actividad física entre las y los
niños en edad escolar y los adolescentes
(mediante el establecimiento de normas
relativas a las comidas en los centros
escolares, la eliminación de la venta de
bebidas y alimentos malsanos y la inclusión
en los planes de estudio básicos de formación
sobre salud y nutrición y una buena educación
física).
6. Control del peso: Ofrecer a las y los niños,
así como jóvenes obesos servicios de control
del peso basados en la familia y en el modo
de vida y con componentes múltiples.
En sus conclusiones, la Comisión insta a la OMS
a institucionalizar en toda la Organización un
enfoque intersectorial que abarque la totalidad
del ciclo vital, con el fin de acabar con la obesidad
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infantil.
La
obesidad
infantil
está
asociada
fundamentalmente a la dieta malsana y a la
escasa actividad física, pero no es únicamente
el comportamiento de la niña o el niño, también,
cada vez más se vincula con el desarrollo social y
económico, así como de las políticas en materia
de agricultura, transportes, planificación urbana,
medio ambiente, educación y procesamiento, así
como la distribución y comercialización de los
alimentos.
El problema es social y por consiguiente
requiere un enfoque poblacional, multisectorial,
multidisciplinario y adaptado a las circunstancias
culturales que vive el país. El sobrepeso, la
obesidad y la diabetes infantil, son en gran
medida prevenibles. Por consiguiente hay que
dar prioridad a la prevención de la obesidad
infantil y reducir también el riesgo de la diabetes.
Las políticas, los entornos, las escuelas y
las comunidades son fundamentales, pues
condicionan las decisiones de los padres y los
niños, y pueden hacer que los alimentos más
saludables y la erradicación del sedentarismo
sean la opción más sencilla (accesible, disponible
y asequible), previniendo y reduciendo la
obesidad, las enfermedades no transmisibles y
sus altos costos, tanto físicos como económicos.
Por lo anterior, la Declaración Política de la
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el
Control de las Enfermedades No Transmisibles
adoptada en septiembre de 2011, reconoce
la importancia crucial de reducir el nivel de
exposición de las personas y las poblaciones a
dietas poco sanas y al sedentarismo.
La Declaración manifiesta el compromiso de
promover la aplicación de la Estrategia Mundial
de la OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad
Física y Salud, incluida la introducción de políticas
y medidas orientadas a promover dietas sanas e
incrementar la actividad física.
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Así también, en la Asamblea Mundial de la
Salud de 2012 los países integrantes acordaron
trabajar para frenar cualquier futuro aumento de
la proporción de niños con sobrepeso. Esta es
una de las seis metas mundiales sobre nutrición
destinadas a mejorar la nutrición de la madre, el
lactante y el niño pequeño para 2025.
Cabe señalar que a nuestro país, le cuesta
la obesidad aproximadamente 120 mil millones
de pesos, cantidad que equivale a poco más
de dos veces el costo de la línea dorada del
metro o a casi tres veces el presupuesto del
nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM), estimaron especialistas de la
Universidad Nacional Autónoma de México y de
la Universidad Autónoma Metropolitana.
Según datos del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), se sabe que el 35 por
ciento de los adolescentes, así como niñas y niños
mexicanos presentan sobrepeso y obesidad,
lo que coloca a nuestro país con la población
infantil más grande con este problema; y en los
adultos sube a 73 por ciento, lo que quiere decir
que en total 60.6 millones de nacionales sufren
esta condición.
El problema de estas altas cifras está en los
costos que generan las enfermedades crónicas
degenerativas y sus padecimientos de salud que
le cuestan a nuestro país, aproximadamente
del 25 al 27 por ciento de la participación del
gasto público en salud, según el estudio “Carga
económica de la obesidad y sus comorbilidades
en pacientes adultos en México”.
63
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Asimismo, según el reporte del IMCO, es 21
veces más barato cambiar de hábitos que tratar
una diabetes complicada.5
En este sentido, se señalan algunos datos
sobre la obesidad en México:
1. 42.6 por ciento de los hombres mayores
de 20 años de edad, presentan sobrepeso y
26.8 por ciento obesidad. (Fuente: Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012).
2. 35.5 por ciento de las mujeres mayores
de 20 años de edad, presentan sobrepeso y
37.5 por ciento obesidad. (Fuente: Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012).
3. En México, aproximadamente 7 de cada 10
adultos tienen exceso de peso.
4. La cintura del hombre debe medir menos
de 90 cm y la de las mujeres menos de 80
cm.
5. Alrededor de 30 por ciento de menores de
edad tiene sobrepeso u obesidad.
Según la OCDE, en los últimos 14 años, la tasa
de obesidad en México pasó del 23.5 al 32.4
por ciento de la población, colocándose con la
mayor proporción de obesos sólo después de
Estados Unidos. Los estados de la República con mayor incidencia
en este problema son los siguientes:
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Por otra parte, en el ámbito internacional se
estima que 178 millones de niños y niñas
menores de cinco años en el mundo sufren de
desnutrición crónica (baja talla para la edad),
la cual es responsable del 35 por ciento (3.5
millones) de muertes en este grupo de edad.
En México, 1.5 millones de niñas y niños la
padecen y es más prevalente en la región sur
(19.2 por ciento) así como en las zonas con
población indígena.6
Además, la situación del sobrepeso y
la obesidad muestra que la prevalencia de
sobrepeso afecta a cerca del 10 por ciento de
los niños y niñas menores de cinco años, y que
entre 2006 y 2012 se presentó un mayor aumento
en la región norte.
En el grupo de escolares la prevalencia
referida fue mayor en hombres que en mujeres,
afectando al 34 por ciento de ellos y a un 35
por ciento de los adolescentes, en los cuales
el problema de la obesidad se ha agudizado
hasta alcanzar a 1 de cada 10 (OMS, 2012). En
los adultos, 7 de cada 10 padecen sobrepeso y
obesidad. En las mujeres, la mayor prevalencia
de sobrepeso se ubica en las que tienen entre 30
y 39 años, y de obesidad en las que están entre
los 50 y 59 años.
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Mientras que en los niños y niñas en edad
escolar se ha mostrado un paulatino crecimiento
de estas condiciones entre 2006 y 2012, hasta
alcanzar a más de 1 de cada 3 niños. El 26 por
ciento de los que están en edad escolar (5-11
años) tenía peso poco saludable, y para el 2008
aumentó en 4 puntos porcentuales la prevalencia
de sobrepeso y obesidad, alcanzando en el 2012
hasta un 34.4 por ciento (sobrepeso 19.8 por
ciento; obesidad 14.6 por ciento).7
Estos datos alarmantes vienen a complementar
las cifras del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), que señalan que: más de 400 mil
jóvenes (menores de 15 años de edad), sufren
de diabetes “Tipo 1” o “Tipo 2”, y las principales
causas son: una inadecuada nutrición, falta de
actividad física y sedentarismo. La diabetes “Tipo
1” surge en las primeras semanas de nacimiento
hasta los 30 años de edad, aunque es un período
de cinco a siete años y durante la pubertad en
donde suele ser más común.
Asimismo, la Secretaría de Salud señaló
que en México existen cerca de 8 millones
de personas que padecen diabetes tipo 2, y
1.5 niños de cada 100 mil viven con diabetes
Tipo 1 (0-14 años). En poco más de 20 años, la
tasa de incidencia entre niños y adolescentes se
ha triplicado.8
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ÁGORA
Además, recientemente el estudio Kilos
de Más, Pesos de Menos, elaborado por el
Instituto Mexicano para la Competitividad
reveló que 8 millones 600 mil casos de diabetes
están directamente relacionados con la obesidad,
lo que le cuesta al país 85 mil millones de pesos
al año.
Por todo lo anterior, el sobrepeso, la obesidad
y la diabetes constituyen un factor clave en el
desarrollo de la infancia y de la población en
general. La prevención de estos padecimientos
es una inversión a corto, mediano y largo plazo
que beneficiará a la actual generación y a las
posteriores, por lo cual, debe estar presente en la
agenda nacional como problema prioritario hasta
lograr erradicarlo como un reto para mejorar la
salud pública de las y los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de esta soberanía, la aprobación
de la siguiente proposición con:
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta
respetuosamente al titular de la Secretaría de
65
Salud para que implemente acciones, campañas,
protocolos y políticas públicas encaminadas a
prevenir, disminuir y erradicar la diabetes mellitus
en la población en general y particularmente de
las niñas y niños.
Notas:
1. OMS, Obesidad y sobrepeso [en línea]: http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html
2. Ibídem.
3. Teresa Shamah Levy, Maritza Alejandra Amaya
Castellanos, Lucia Cuevas Nasu, Desnutrición
y obesidad: doble carga en México, Revista Digital
Universitaria, UNAM. 1 de mayo de 2015 vol.16, No.5
4. OMS, Aumento del sobrepeso y la obesidad infantiles.
tp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.
html
5. elfinanciero.com.mx/nacional/obesidad-le-cuesta-alano-a-mexico-veces-el-precio-de-linea-12-metro.
6. GUTIÉRREZ JP, et al., “Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2012. Resultados Nacionales. Cuernavaca”,
México: Instituto Nacional de Salud Pública (MX), 2012.
7. Ibídem.
8. Redacción, Sin embargo, Panorama actual de diabetes
infantil en México preocupa a pediatra, México, marzo 6,
2015
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2016
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Ágora Boletín del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Mesa Directiva: Francisco Martínez Neri, coordinador; José de Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador; Fidel Calderón Torreblanca, coordinador
de Administración Interior; Omar Ortega Álvarez, coordinador de Proceso Legislativo; Cristina Ismene Gaytán Hernández, coordinador de
Comunicación Social; Olga Catalán Padilla, coordinadora de Vigilancia de Administración Interna y Transparencia; Evelyn Parra Álvarez,
coordinadora de Vinculación con Organizaciones y Movimientos Sociales; Candelario Pérez Alvarado, coordinador de Finanzas Públicas; María
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