1. No category

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.”
Convención sobre los Derechos del Niño (art. 4)
El Grupo Confederal Unidos PODEMOS-En Comú PODEM, a iniciativa de la
diputada Ione Bellarra, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la siguiente
Propuesta para la creación de una Comisión Permanente No Legislativa de
Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA) para su aprobación en el
Pleno del Congreso, relativa a garantizar medidas efectivas y de amplia
cobertura de reducción de los umbrales de pobreza infantil. Dicha propuesta
ya fue aprobada en pleno la pasada legislatura en el mes de marzo.
Congreso de los Diputados, a 8 de septiembre de 2016
Ione Belarra Urteaga
Diputada
Irene Montero Gil
Portavoz
::: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :::
La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989) ratificada por España en 1990- introdujo un nuevo paradigma llamado a
transformar el espacio social de los niños, niñas, y adolescentes al pasar a ser
considerados sujetos de derecho con capacidad para ser agentes sociales
activos y superando la doctrina paternalista del niño objeto de protección que
había imperado hasta la fecha. Su bienestar material, subjetivo y relacional
salió de la esfera privada para convertirse en un asunto público, en un bien
social que conlleva obligaciones y responsabilidades para todos los adultos, en
particular y a mayor abundamiento para las instancias públicas y políticas. De
acuerdo con la Constitución Española, la Convención es parte integrante del
ordenamiento jurídico, de aplicación directa en España y el estándar mínimo
que debe respetarse a la hora de legislar y desarrollar políticas públicas que
afecten a la infancia. La infancia y la adolescencia, deben ser un Compromiso
de Estado.
A lo largo de sus 54 artículos la Convención presenta unas disposiciones que
obligan a los Estados parte a proveer las condiciones necesarias para que el
sistema nacional del país parte garantice la esfera completa de derechos
humanos
internacionales,
englobando
derechos
civiles,
culturales,
económicos, políticos y sociales, así como aspectos del derecho humanitario,
en aras del bienestar material, subjetivo y relacional del niño o niña. Sus cuatro
principios vertebradores son la no discriminación, la primacía del interés
superior del niño o niña, la garantía de la supervivencia y el pleno desarrollo, y
la participación infantil.
En España existen 8.300.000 niñas (representan el 17,9% del total de la
población), niños y adolescentes, que no votan pero cuyos derechos están
reconocidos por el marco legislativo nacional e internacional y que, por
ende, deben poder ejercerlos de manera real y efectiva sin distinción de
ningún tipo. Son ciudadanos de pleno derechos en constante desarrollo a
través de las distintas etapas evolutivas por las que transitan hasta convertirse
en adultos. Esto significa que todas las políticas les afectan al igual que a otros
colectivos. Además, las decisiones públicas a la intención de otros colectivos
también pueden tener repercusiones en ellos puesto que se trata de personas
dependientes económicamente del mundo adulto.
Pobreza y desigualdad. Las niñas y niños no están saliendo de la crisis. Pese a
ser un fenómeno muy invisible, la pobreza ha aumentado y ha crecido en
intensidad y lo ha hecho mucho más en la población infantil. Según datos del
Comité Español de UNICEF, el 30,5% de los menores de 18 años se encuentran
en riesgo de pobreza y el 35,8% de la población infantil, en situación de riesgo
o exclusión social. Especial consideración merece la pobreza relativa, que
sigue en aumento y afecta sobre todo al colectivo de entre 12 y 17 años (el
35,5%), el tramo de edad crítica para su trayectoria educativa o inserción
futura en el mercado laboral.
En base a cifras de Save the Children (2016), "los niños no están saliendo de la
crisis, al contrario, los más pobres lo son cada vez más. Desde 2008, el número
de niños que viven en situación de pobreza severa ha aumentado en casi
medio millón, de 968.000 a 1.390.000 en 2015”.
Según datos de La Infancia en España 2014-UNICEF, uno de los rasgos más
distintivos de la realidad social española es el riesgo diferencial de pobreza de
los hogares con niños. […] Las distintas fuentes de datos que recogen
información sobre diferentes dimensiones del bienestar de los hogares –
empleo, ingresos y condiciones de vida– coinciden en mostrar un retrato muy
desfavorable de la situación de los hogares con niños y de la creciente
insuficiencia de sus recursos para escapar del riesgo de pobreza”. Por lo tanto,
tener hijos es ya es un factor de riesgo de pobreza.
Demografía. Por ello no sorprende que España asista ya a un invierno
demográfico. Según datos de UNICEF (2014) por primera vez en 42 años, la
población descendió en España. Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional
de Estadística (INE) indican que la población se redujo en 113.902 habitantes
en España en 2012, y que la proyección para 2013 era de una reducción de
242.437 más. En esta tónica, y si se mantienen los comportamientos
demográficos actuales, España perdería 2,6 millones de habitantes en los
próximos 10 años.
Por ello es urgente actuar con medidas específicas para paliar las situaciones
de pobreza de la infancia: fracaso y abandono escolar, un mercado laboral
peor preparado, un mayor gasto en sanidad, en definitiva ya no solo desde
una perspectiva de DD.HH. sino desde una perspectiva de viabilidad y
fiscalidad de país, urge atender a este colectivo.
Estamos ante una oportunidad de revertir las desigualdades y mejorar la
cohesión social y nuestra calidad democrática. Pero también, de eficiencia y
competitividad, porque la pobreza infantil se traduce a medio plazo en
mayores costes en prestaciones y en un tejido laboral de menor calidad.
Invertir en infancia es invertir en el conjunto de la sociedad.
La recuperación social a través de la creación de empleo es insuficiente para
mejorar la situación de la infancia que vive bajo el umbral de la pobreza. Los
datos, sin embargo, muestran que la baja calidad de los nuevos empleos
españoles (precariedad, temporalidad, bajos salarios) impide a muchas
familias trabajadoras con hijos escapar de la pobreza. Las tasas de pobreza
entre familias con empleo e hijos prácticamente doblan la de aquellas que no
tienen hijos, lo que convierte a los niños en lo más parecido a un lastre. Incluso
en el mejor de los casos, la recuperación del empleo no conseguiría resolver la
debilidad del sistema de protección para los niños en familias desempleadas,
que se ha puesto de manifiesto durante la crisis1.
Creación de una Comisión Permanente sobre Infancia y Adolescencia2
Consideramos que, en el marco del Congreso de los Diputados, se debe poner
en marcha una Comisión Permanente que focalice el debate de las políticas
dirigidas al bienestar de la infancia y adolescencia y garantice una necesaria
transversalización de este colectivo en el resto de Comisiones Parlamentarias,
promoviendo una cultura de defensa de los Derechos de la Infancia como
imperativo ético y de derecho que considere el cumplimiento de los más altos
estándares internacionales y nacionales.
 Por ello y con el fin de promover un espacio parlamentario que trabaje
en la creación y discusión de propuestas que permitan al Estado crear
el marco necesario para que todos los niños y niñas que se hallan en el
territorio de España puedan disfrutar de sus derechos, Podemos
presenta la creación de una Comisión Permanente no Legislativa para
la Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA) .
La creación de esta CPDIA, dedicada específicamente a las políticas de
infancia debe ser el reconocimiento del más importante rango de las políticas
de infancia en el conjunto de la actuación del Estado.
Entre las posibles funciones de la CPDIA, podrían estar:
1. Garantizar que todas las leyes, políticas, mecanismos, planes, programas
y presupuestos estén en alineación con el Interés Superior de la Infancia
y el enfoque de los derechos del niño mandatados con la Convención,
con las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño, con
el marco legislativo de la UE y del Consejo de Europa y con la
Constitución Española.
2. Velar por el adecuado seguimiento y evaluación de la inversión en la
infancia y los recursos específicos estableciendo mecanismos de
seguimiento y evaluación, y promover la participación de las familias,
los niños, las entidades sociales y el sector privado.
3. Velar por la creación y correcto funcionamiento de un sistema
integrado de garantías y protección de los derechos de los niños, niñas
1
http://porcausa.org/siete-preguntas-inquietantes-sobre-la-pobreza-infantil-en-espana/#sthash.XIZFcxpl.dpuf
La creación de una CPL específica sobre infancia viene recogida en el Programa electoral de Podemos: medida
#160: NNA prioridad en las instituciones (página 101).
2
y adolescentes y debe estar dotado de las funciones suficientes a fin de
proponer, legislar, articular y dar seguimiento a todos los asuntos de
infancia que afecten a distintos ministerios y servicios.
4. Abrir un diálogo permanente con la sociedad civil del conjunto del
Estado, en especial las organizaciones de infancia, a fin de que las
propuestas de los niños y niñas y los problemas que afectan a la infancia
y adolescencia española puedan ser incluidos en la agenda
permanente del Congreso.
o En base al artículo 44 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Comisión puede recabar:
i. 1º. La información y la documentación que precisen del
Gobierno y de las Administraciones Públicas, siendo
aplicable lo establecido en el apartado 2 del artículo 7º.
ii. 2º. La presencia ante ellas de los miembros de Gobierno,
para que informen sobre asuntos relacionados con sus
respectivos Departamentos.
iii. 3º. La presencia de autoridades y funcionarios públicos
competentes por razón de la materia objeto del debate, a
fin de informar a la Comisión.
iv. 4º. La comparecencia de otras personas competentes en
la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión.
5. Informar con carácter previo de anteproyectos de Ley y otras
disposiciones generales de la Administración General del Estado que
regulen materias concernientes al bienestar de la infancia3.
6. Esta Comisión podría ser además un paso previo para poner en marcha
una de las medidas altamente demandada por todas las
organizaciones de la sociedad civil4, y atendida por buena parte de los
partidos políticos, esto es apostar por un Pacto de Estado por la Inversión
en la Infancia y que se fundamente en:
o El artículo 39.1 y 39.4 de la C.Española:
 Los poderes públicos aseguran la protección social,
económica y jurídica de la familia.
 Los niños gozarán de la protección prevista en los
acuerdos internacionales que velan por sus derechos)
3
Los actuales planes de infancia competen a cerca de 10 ministerios y 50 entes implicados entre Agencias,
Direcciones Generales, Secretarias, Consejos, Institutos, Observatorios. Este dato da cuenta de la necesidad de un
adecuado seguimiento parlamentario que permita tener una mirada global de las acciones de las instituciones
implicadas, así como de la efectividad impacto y sostenibilidad y de otras iniciativas legislativas que se pongan en
marcha en la XII Legislatura y que fortalezca el rol del actual Observatorio de Infancia (cuya actividad en la pasada
legislatura se ha caracterizado por una falta de presupuestos adecuados para el cumplimiento de su mandato).
4
El Pacto, promovido inicialmente por UNICEF y en la actualidad, liderado por la Plataforma de Organizaciones de
Infancia (POI) ya ha sido respaldado por más de 120.000 personas, más de 200 entidades (ayuntamientos,
empresas, organizaciones) y cerca de 30.000 niños y niñas.
o Los Objetivos de la Estrategia 2020 de la Unión Europea y el
Programa Nacional de Reformas de nuestro país.
o Los planes nacionales de infancia y adolescencia y de inclusión
social.
o La Recomendación de la Comisión Europea de 2013: “Invertir en
la infancia: romper el círculo de las desventajas”.
o La nueva Agenda Universal de Desarrollo Sostenible.
o Las Recomendaciones del Comité de los Derechos de la Infancia
de NN.UU. de Ginebra.
o Este Pacto debe incorporar un Paquete específico de medidas
urgentes contra la pobreza infantil y la exclusión social,
desarrollando una estrategia estatal de reducción de la pobreza
infantil que incorpore un presupuesto desglosado y transparente
en los PGE y que iguale la inversión en infancia a la media
europea (actual 1,4% vs. 2,3%).
Para el mejor desarrollo de su cometido, la CPDIA podrá crear distintos grupos
y comisiones de trabajo que traten temas específicos a petición de los distintos
grupos de la CPL o de otras comisiones, que transversalice el enfoque de
derechos de la infancia en otras comisiones o instancias y, en términos
generales, promueva una cultura de infancia en todas las esferas de la vida
parlamentaria.
a. Ej. Grupo de Trabajo que, en coordinación con la CPL de
Cooperación al Desarrollo, garantice la adecuada aplicación y
evaluación de la Estrategia de Infancia de la Cooperación
Española.
Atendiendo al principio de la participación de la infancia recogido en la
Convención, el bienestar de la infancia, la recuperación social y económica
no se pueden concebir sin la plena consideración de la infancia apostando
por convertirles en un colectivo prioritario al que la sociedad otorgue el valor
social que tiene, entendiendo que las niñas, niños y adolescentes son un
presente que construye sociedad.