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Claridad, El Periódico de la Nación Puertorriqueña
Sobre Perelló y el regalito de los federales
Por: Manuel de J. González
Los que defienden que Jaime Perelló siga oficiando como presidente de la Cámara de
Representantes –manteniendo control sobre su presupuesto y sobre la agenda legislativa del
PPD– dicen no tiene por qué responder por las actuaciones de otros. Afirman, además, que no
ha sido imputado de delito alguno ni es objeto de investigación. Es decir, que está impoluto.
Los que exigen su dimisión, incluyendo al presidente del PPD David Bernier, dicen que
Perrelló tiene que asumir la responsabilidad por las actuaciones de sus subalternos. Le reclaman
eso que los abogados llaman “responsabilidad vicaria”, la norma jurídica que hace responsables
a los padres de las acciones de los hijos menores de edad.
Ambos se equivocan. Lo de Perelló no es simple “responsabilidad vicaria”, sino corrupción
monda y lironda. No fue que dos o tres de sus subalternos violaron la ley y él falló en
supervisarlos, es que él participó personalmente en la malversación de fondos públicos. Su
responsabilidad es directa y tiene las manos embarradas hasta la muñeca.
En una vieja decisión del Tribunal Supremo hay una frase que viene al caso. Refiriéndose a
asuntos sobre los que no hubo prueba directa pero que de todos modos resultan evidentes, el
tribunal dijo que nadie puede pretender que “ un juez crea lo que nadie cree”. ¿Acaso alguien
puede creer que Jaime Perelló no sabía lo de los contratos de Anaudi Hernández ni actuó para
beneficiarlo? Nadie con inteligencia normal pudiera creer en su inocencia ni mucho menos en
su desvinculación de la trama corrupta. Resulta que el beneficiado directo de los contratos que,
a su vez, representaron un robo de fondos públicos, fue el que recaudó el dinero que financió la
campaña de Perelló, y quienes manipularon los procedimientos para facilitar el robo fueron las personas que él puso a cargo. Se trata, por tanto, de un ejecutor
directo de un acto de corrupción, que utilizó fondos públicos para pagar una deuda política.
Para la mayoría de la gente, salvo los acólitos del líder cameral, estas cosas resultan evidentes. También les resulta repugnante que el líder cameral vea cómo sus
subalternos dan la cara y se preparan para ir a la cárcel, mientras él se amarra al cargo público como tabla de salvación.
Lo que los defensores de Perelló no han dicho –o solo dicen en voz baja– es que hay otro cuya responsabilidad en la trama corrupta es parecida a la del
presidente cameral y a ese nadie le está pidiendo la renuncia. Se trata del todavía gobernador Alejandro García Padilla. Los hechos conocidos indican que el tal
Anaudi (un delincuente de provincias con ínfulas de señor feudal) también fue su recaudador de dinero para la campaña, además de amigo y compañero de un
viaje a Europa. (¿Quién pagó por el viaje? Recuerden la frase de lo que nadie espere que un juez crea.) Luego el propio recaudador se encargó de colocar en
importantes puestos de gobierno a las personas que gestionarán sus contratos con cargo al tesoro público. También utiliza los recursos del gobierno para sus fiestas
y bebelatas, manda mensajes con requerimientos y órdenes al personal de la Fortaleza y se pavonea urbi et orbi de sus contactos. ¿Nadie se enteró de lo que
ocurría?
Tal vez en cuanto al Gobernador no hay un hilo conductor tan directo como el de Perelló, quien debió haber ordenado el otorgamiento de los contratos fatulos
por tratarse de una administración pequeña como la de la Cámara. Pero resulta obvio que García Padilla debió conocer de los traqueteos del buscón de Aguadilla
cuya amistad reconoce. Claro está, nadie le pide la renuncia porque resultaría perder el tiempo. En su caso los días ya están contados y estas malas noticias tan solo
hacen más profunda la sepultura.
Finalmente, hay otro asunto que no puede pasarse por alto. El embrollo de Anaudi fue destapado por la fiscalía de los federales como secuela de la vieja
investigación en torno a un juez corrupto también de Aguadilla. Revolcando aquella inmundicia dieron con Anaudi ante quien había acudido el sobornador del juez
para tratar de conseguirle un ascenso al Tribunal de Apelaciones. Resulta que el sobornador era recaudador del PNP y no tenía influencia entre los Populares,
nuevo partido de gobierno a partir de 2012. Como los delincuentes son solidarios entre ellos –no faltaba más– Anaudi, recaudador del PPD, ahora en alza, debía
ayudar al del PNP que había tenido la mala suerte de que sus contactos novoprogresistas perdieran el poder cuando más los necesitaba. Anaudi hizo todo lo posible
por ayudar a su colega, sin saber que éste ya estaba en la mirilla policial. Así fue como él también quedó retratado.
Los investigadores siguieron desenredando la madeja y así fue como llegaron hasta los contratos otorgados por Perelló y los funcionarios de la administración de
García Padilla. Como recientemente señaló el abogado Harry Anduze, resulta sospechoso que el juicio en el Tribunal Federal se haya programado para que
coincidiera con la recta final de la campaña electoral de 2016. Según las normas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las fiscalías de distrito deben
evitar que los procesos judiciales influyan innecesariamente en los electorales. En el asunto que nos ocupa no había razón para que el juicio no se hubiese
programado para una fecha posterior a la cita electoral. Se trata de un caso recién presentado en el que los principales implicados, Anaudi y sus socios, ya se
habían declarado culpables. Sin embargo, lo ubicaron apenas dos meses antes de la cita de noviembre.
Quien conozca a la fiscalía federal, particularmente a su jefa Rosa Emilia Rodríguez, identificada con el PNP y el anexionismo, no puede concluir que se trate de
una mera coincidencia. Como sucedió con el caso del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, el proceso que ahora se conduce repercutirá en el resultado electoral. Es
un regalito que el PNP tal vez no necesitaba, pero que no le viene mal.
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