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Desafíos estratégicos para las universidades regionales en el
proceso descentralizador de Chile
Emilio Rodríguez Ponce*
RESUMEN: Chile es uno de los países más centralizados si se compara con sus pares de América
Latina y si se considera su extensión geográfica, el número de sus habitantes, el tamaño de su
economía y las atribuciones de manejo presupuestario en las regiones respecto del poder de
decisión de los Ministerios en el centro del país.
Los procesos de descentralización iniciados en los años 90, han tenido más bien un perfil político y
han estado orientados a la legitimización democrática de las autoridades locales, mediante la
elección directa de los gobiernos municipales. En la actualidad, se prevé una profundización de los
niveles de descentralización; aunque no es posible estimar con certeza el punto hasta el cuál se
avance. En todo caso, resulta claro que, al menos, se darán pasos significativos en: la elección
directa de Intendentes Regionales; la descentralización presupuestaria y toma de decisiones a nivel
regional; y la incorporación al gobierno regional de algunos servicios que hoy son administrados
centralmente.
En consecuencia, considerando este ambiente descentralizador y además tomando en cuenta que el
país participa de la sociedad del conocimiento, resulta evidente que se abren un conjunto de
oportunidades y desafíos estratégicos para las universidades regionales
Entre los desafíos más relevantes se pueden enunciar: formación de capital humano avanzado de
pregrado con capacidades para operar en ambientes globales, aunque con el sello que las regiones
demandan; además, se requiere una formación de postgrado y de especialidades médicas de alta
calidad y con énfasis en el desarrollo regional, junto a una formación continua pertinente y eficaz.
Por cierto, debe sumarse como un requerimiento el desafío de crear conocimiento avanzado a través
de la investigación, con un foco central en el desarrollo y en la innovación, como catalizadores del
desarrollo económico y regional. Finalmente, las universidades deben generar una relación de
vinculación bilateral que les permita constituirse en un centro de pensamiento relevante para la
región; así como realizar acciones de transferencia tecnológica y prestaciones de servicios para el
mejoramiento de las capacidades competitivas regionales; siendo las entidades universitarias una
puerta abierta para descubrir y atender, en lo pertinente, las demandas y problemáticas regionales
sobre todo en el ámbito cultural.
*Profesor Titular de la Universidad de Tarapacá. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales – Universidad
Complutense de Madrid. Doctor en Ciencias de la Educación- Universidad Autónoma de Barcelona. Magister en
Finanzas – Universidad de Chile. Master en Sociedad de la Información y del Conocimiento. Universidad
Complutense de Madrid. Investigador Principal del Proyecto FONDECYT N°1140026. Co Investigador del
Proyecto FONDECYT N°1140027.
SUMMARY: Chile is one of the most centralized countries of Latin America, compared with its counterparts in
terms of geographical extent, number of inhabitants, size of its economy and management of budget in its
regions in respect of the power of decision-making of the ministries in the center of the country.
The decentralization processes that started in the 90s have had a more political profile and have been aimed
at the democratic legitimization of local authorities, through the direct election of municipal governments. At
present, it is expected deepening levels of decentralization; although it is not possible to estimate with certainty
the extent to which progress is made. In any case, it is clear that, at least, significant steps will be made in: the
direct election of regional mayors; fiscal decentralization and decision making at the regional level; and
incorporation in the regional government of some services that are currently administered centrally.
Consequently, considering the decentralization environment and also taking into account that Chile
participates in the knowledge society, it is clear that a set of strategic challenges and opportunities are open to
regional universities.
Among the most relevant challenges can be stated: formation of advanced undergraduate human capital with
capabilities to operate in global environments, but with the stamp that regions demand; also is required a
postgraduate training and high-quality medical specialties with an emphasis on regional development, along
with an ongoing relevant and effective training.
Indeed, it must be added as a requirement, the challenge of creates advanced knowledge through research,
with central focus on development and innovation, as catalysts for economic and regional development.
Finally, universities must generate a bilateral relationship that allows them to become a center of relevant
thought to the region; as well as carry out actions of technology transfer and services for the improvement of
regional competitive capabilities; university institutions must being an open door to discover and address, as
appropriate, demands and regional issues especially in the cultural field.
I INTRODUCCIÓN
La sociedad del conocimiento permite, en la actualidad, alcanzar logros notables en materia de
ciencia y tecnología, generando impactos mayores en la calidad y esperanza de vida de las
personas. Ahora bien, como contraparte las naciones y las organizaciones tienen el desafío de
insertarse en una sociedad altamente compleja, competitiva y en donde el conocimiento marca la
diferencia entre el éxito y el fracaso.
Hoy el progreso de las naciones se asocia, cada vez de modo más predominante, a la generación de
activos intangibles. Son los intangibles los que crean valor estratégico para las organizaciones y
subsecuentemente para las naciones. En tal contexto, la creación de innovaciones y patentes, el
posicionamiento estratégico de las marcas, el diseño de sistemas de organización y la optimización
de las rutinas organizativas, junto a la capacidad para tomar decisiones y administrar el “know how”
organizacional, constituyen el eje articulador de la ventaja competitiva.
Chile enfrenta estos nuevos imperativos en un marco de una alta concentración del poder político,
administrativo y financiero en la Región Metropolitana. Sin duda, Chile es uno de los países más
centralizados de América Latina considerando la extensión de su territorio, el número de sus
habitantes, y el tamaño de su economía.
Ciertamente, a partir de los años 90, en el país se ha concebido la descentralización como una
expresión del fortalecimiento democrático más que como un instrumento de las políticas y gestión
pública que busca mejorar la eficacia y eficiencia en el funcionamiento del Estado. En efecto, la
concepción de legitimidad democrática ha sido la causa principal de la descentralización y no la
delegación de funciones junto con las atribuciones y recursos para realizar tales labores,
empoderando a los actores regionales en el progreso y desarrollo de su propio territorio.
Sin embargo, esta mirada parece cambiar de rumbo ya que desde el Programa de Gobierno de la
Presidenta Bachelet hasta las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial, han detectado el
clamor de las regiones por mayor descentralización, pero además se ha entendido que el país no
puede insertarse con una real capacidad competitiva en la sociedad del conocimiento sin considerar
el potencial de sus regiones.
Por lo tanto, en Chile se ha diseñado una agenda descentralizadora, que apunta tanto a los aspectos
políticos, como los administrativos, sin dejar de lado los financieros y presupuestarios. No es fácil
proyectar cuál será el nivel de profundidad de esta descentralización en curso, pero si se prevén
algunos elementos centrales: la elección directa de Intendentes como Presidente del Gobierno
Regional y como principal ejecutivo del Gobierno Regional; la descentralización presupuestaria en
términos de permitir decisiones sectoriales con una mayor proporción de recursos definidos
localmente; y la incorporación de algunos servicios centrales en forma plena al gobierno regional.
Desde luego, pueden incorporarse otros elementos al proceso descentralizador; no obstante lo
anterior, incluso con una agenda acotada de descentralización emergen un conjunto de
posibilidades y desafíos para las universidades regionales. Estas instituciones en el cumplimiento de
su misión no sólo pueden sino que deben alinear su labor de formación de capital humano avanzado
con los requerimientos regionales, así como la tarea de la creación de conocimiento avanzado y las
funciones de vinculación con el medio, en la perspectiva de fortalecer la descentralización y la plena
inserción de las regiones en el desarrollo del país, vigorizando la capacidad competitiva nacional.
II LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
La sociedad del conocimiento se encuentra en construcción, ya que cada día la humanidad avanza
significativamente a partir de los esfuerzos de institucionalización y los resultados producidos por la
ciencia y la tecnología. El conocimiento ha sido desde siempre un factor determinante de los
procesos productivos, pero en la actualidad adquiere un papel aún más esencial como fuente básica
de la ventaja competitiva de las naciones y de las organizaciones (Rodríguez-Ponce, 2009).
En efecto, la vieja dicotomía entre trabajo y capital se ve superada conceptualmente por el
posicionamiento del conocimiento y su gestión, como elementos centrales de la creación de valor.
Ciertamente, la capacidad para administrar, almacenar y transmitir grandes cantidades de
información a bajo precio es un aspecto que caracteriza los procesos organizativos, productivos y las
interacciones en la sociedad. Sin embargo, no toda la información se transforma en conocimiento
valioso y éste último es el que marca la diferencia entre el éxito o el fracaso en la sociedad del
conocimiento (Rodríguez-Ponce y Palma, 2010).
Hace doce años atrás Brunner (2003) sostenía que si tomamos como base de referencia la era
cristiana, entonces era posible señalar que la humanidad tardó 1.750 años para que el conocimiento
se duplicara por primera vez; en tanto que hoy el conocimiento se duplicaría aproximadamente cada
3 años, y se estima que hacia el año 2020, la cantidad de conocimiento se duplicará cada 73 días.
Pues bien, más allá del grado de exactitud de tal estimación, el punto a relevar consiste en que cada
vez se dispone de una mayor cantidad de conocimiento para operar en la sociedad. Luego, la
cuestión es cómo gestionar ese conocimiento para generar valor estratégico para las naciones y
para las organizaciones públicas y privadas.
En efecto, el uso masivo de internet y la digitalización de la información han favorecido el uso
intensivo del conocimiento, transformando a éste en un factor predominante de la creación de valor.
Así, tanto en el sector público como en el sector privado se emplea habitualmente las herramientas
tecnológicas, incluyendo aplicaciones de redes sociales tales como: Twitter, Facebook, Wikis
(Rodríguez-Ponce, 2012). En este mismo contexto, se ha avanzado hacia la Web 3.0, basada en la
personalización de los objetos de aprendizaje mientras se aprende en ambientes virtuales (Kuriolvas
et al., 2014).
Una de las dimensiones que configura y forma parte de la sociedad del conocimiento es la economía
del conocimiento. La economía del conocimiento se caracteriza porque, precisamente como ya se ha
indicado, el conocimiento es el aspecto central en la creación de riqueza. En cualquier caso, crear
conocimiento y aplicarlo no es trivial toda vez que su gestión debe incorporar formas y métodos para
resolver problemas en los distintos ámbitos del quehacer de las empresas y de la sociedad
(Santiago et al., 2014).
Con todo, la capacidad de generación de valor a partir del conocimiento se produce principalmente a
partir de activos intangibles. Al respecto, considérese que en la primera década del siglo XXI, el
producto interno bruto de algunas naciones se generaba en cerca del 80% por actividades basadas
en conocimiento y el valor en libros de algunas organizaciones intensivas en conocimiento era
menor al 10% de su valor de mercado, lo cual permitía observar que la creación de valor económico
en esta nueva economía se sustenta en recursos intangibles más que en recursos físicos y
financieros (Rodríguez-Ponce y Palma, 2010).
Según lo dicho, en la sociedad del conocimiento, la economía se sustenta en la generación de
intangibles, tales como: la creación de innovaciones y patentes, el posicionamiento estratégico de
las marcas, el diseño de sistemas de organización y rutinas organizativas, la capacidad de tomar
decisiones y administrar el “know how organizacional”, y en la capacidad de emplear el conocimiento
para generar valor funcional, pero sobre todo valor estratégico (Pedraja-Rejas, 2011).
La mirada anterior es fundamental para poner en su justa perspectiva las demandas y oportunidades
que se habrán de crear para el sistema universitario regional de Chile ante una eventual nueva
agenda descentralizadora. Ciertamente, resulta insoslayable reconocer el rol de las universidades
regionales como entidades esenciales en la creación y difusión de conocimiento y, por lo tanto, como
fuente esencial de la ventaja competitiva de las naciones a partir del desarrollo de las regiones. Sin
embargo, esto implica que las universidades deben tener una perspectiva de desarrollo regional, sin
perder de vista su rol global.
III LA AGENDA DESCENTRALIZADORA EN CHILE
La descentralización es un instrumento de las políticas y gestión pública que tiene como finalidad
mejorar el funcionamiento del Estado mediante la delegación de funciones y tareas junto con las
atribuciones y recursos para realizar tales labores, empoderando a los actores regionales en el
desafío de lograr progreso y desarrollo en su propio territorio (Büchs, 2009). La tesis fundamental
que subyace en los procesos de descentralización consiste en asumir que a nivel territorial se tendrá
un mejor diagnóstico de los requerimientos de la población, de sus necesidades de desarrollo, por lo
cual se espera que sea también en el campo territorial donde se encuentren las mejores soluciones
(Borge et al., 2014).
Por consiguiente, el objetivo de la descentralización estriba en permitir a los agentes y actores
territoriales que dispongan de los recursos, las atribuciones y las capacidades para resolver sus
propias demandas y sus requerimientos de desarrollo territorial en forma local, sin tener que recurrir
obligatoriamente al sistema central para buscar tales soluciones.
Complementariamente, en el estado del arte, la evidencia empírica muestra que para que la
descentralización tenga éxito es imprescindible dotar a los gobiernos locales no sólo de recursos
presupuestarios, sino que principalmente de capacidades de gestión (por ejemplo, Smoke, 2015;
Supriyono et al., 2015; Bergh, 2012); y de las atribuciones para decidir las cuestiones esenciales y
no sólo los temas superficiales (por ejemplo, Faguet, 2014; Hajjar et al., 2012; Wever et al., 2012).
También, en el acervo de conocimientos, se ha avanzado en reconocer que los procesos
descentralizadores pueden generar desarrollo económico para los territorios (por ejemplo Ahmad et
al., 2015; Asha et al., 2013; Popescu y Enescu, 2013); además, de permitir un fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática de la sociedad (por ejemplo, Lyon, 2015; Gill, 2013; Patsias et al., 2012).
En el caso chileno, si bien se ha avanzado paulatinamente en la democratización a partir del año
1990, lo cierto es que en materia de descentralización los avances han sido modestos tanto en lo
administrativo como en el manejo presupuestario (Montecinos, 2013). Como contraparte, el ámbito
de mayor avance ha sido el de la descentralización política, donde destaca la Ley Orgánica
Constitucional de Gobiernos Regionales, la elección directa de alcaldes, concejales y consejeros
regionales (Díaz y Rivera, 2014).
En este contexto, en Chile se avanzó en la elección democrática del concejo municipal. Así, el
sistema empleado en las elecciones municipales del año 1992 permitía que el candidato a concejal
más votado, perteneciente al pacto más votado, y que sobrepasara el umbral del 35% de los votos,
resultara automáticamente proclamado alcalde. Ahora bien, si tales condiciones no se cumplían,
entonces los concejales electos votaban para elegir, de entre ellos, quién ocuparía el cargo de
alcalde (Mardones, 2006). De este mismo modo, se avanzó en la decisión acerca que fueran los
concejales quienes eligieran a los consejeros regionales (Eaton, 2004).
Los procesos eleccionarios se realizaron cada 4 años y partir del año 2004, los alcaldes fueron
elegidos en votación directa y mediante cédula electoral diferente a la de los concejales. Una
cuestión esencial de tal reforma fue que no se podía postular simultáneamente a alcalde y concejal.
Finalmente, en tanto los alcaldes se elegirían por el principio de mayoría relativa, los concejales se
elegirían por una fórmula proporcional (Bunker y Navia, 2010). A partir del año 2013 y para
comenzar su gestión en el 2014, los consejeros regionales se eligieron en votación directa dando un
paso relevante en materia de representación democrática en las regiones (González-Bustamante,
2014).
Ciertamente, se han logrado avances en materia de descentralización ya que se ha conseguido
legitimidad en los gobiernos municipales, así como el posicionamiento de la responsabilidad políticas
del desarrollo local en la instancia pertinente. También se han incrementado las expectativas
respecto de las demandas locales; lo cual no ha ido unido del presupuesto equivalente. Tal y como lo
indica Montecinos (2013), se transfirieron una gran cantidad de responsabilidades administrativas a
las municipalidades, pero con escaso margen de autonomía presupuestaria para poder cumplir con
una agenda local relevante. En consecuencia, los gobiernos municipales tienen una agenda pública
diversa, amplia, con crecientes demandas de la ciudadanía, pero con escasos recursos públicos
para dar respuesta a tales requerimientos.
Por otro lado, los gobiernos regionales tienen definición sobre los Fondos Nacionales de Desarrollo,
pero el monitoreo y control de la Dirección de Presupuesto es tal que incluso tiene derecho a veto y
este poderoso ente central del Estado en la realidad delinea en lo que es y no es factible destinar los
recursos regionales. Además, los sectores dominan las inversiones que se realizan en regiones a
través de decisiones adoptadas al nivel central en los Ministerios respectivos.
A lo anterior se suma la baja legitimidad política de las autoridades regionales, dado que están son
designadas por los gobiernos de turno, sin criterios de excelencia como eje central de tal decisión,
sino que más bien respondiendo a un cuoteo político. Por su parte, la elección de Consejeros
Regionales sin atribuciones adicionales reales, probablemente ha generado más confusión que
claridad, más discusión que consensos, y una menor comprensión por parte de la opinión publica
respecto del funcionamiento de los Consejos Regionales, sus atribuciones y funciones. La
aspiración y exigencia por parte de los Consejeros Regionales de un respeto y reconocimiento por
su valer político y social, se ha expresado en peticiones de mayores dietas, mejores condiciones de
funcionamiento, incorporación privilegiada en los protocolos regionales, todo lo cual genera mejores
condiciones de operación y una mayor consideración de la institucionalidad hacia estos actores
políticos relevantes. Pero, ninguno de estos logros de los Consejeros Regionales se asocia
necesariamente con un mayor y mejor desarrollo regional.
Con todo lo anterior, Chile sigue siendo uno de los países más centralizados de América Latina
considerando el tamaño de su economía, su población y su territorio (von Baer y Torralbo, 2012).
Dicho con claridad, la Región Metropolitana marca de manera rotunda y significativa el desarrollo del
país, mientras que las regiones se caracterizan por mostrar una alta diversidad en sus indicadores
de progreso. Por ejemplo, en el año 2013 el ingreso per cápita de los ciudadanos de Arica y
Parinacota equivalía sólo al 51,27% del promedio del país (Plan Especial de Zonas Extremas Región
de Arica y Parinacota, 2014).
Las principales decisiones de inversión regional se definen en la Región Metropolitana. Más aún, el
Intendente como primera autoridad regional es un representante del gobierno central ante los
ciudadanos y difícilmente habrá de representar a los ciudadanos ante el poder central.
Claramente, las principales inversiones públicas en las regiones son de naturaleza sectorial. En este
contexto, dichas decisiones más bien responden a las miradas centrales sobre el desarrollo regional
que a la perspectiva de los propios actores regionales. Además, el país se caracteriza por una
institucionalidad pública uniforme y sectorial que es poco flexible y que no es capaz de reconocer el
orden natural territorial.
Ciertamente, dicho orden territorial es esencialmente diverso y no simplificable a soluciones
sectoriales rígidamente predefinidas desde el centro de la nación, para ser aplicadas indistintamente
en las diferentes Regiones del país. Por ejemplo, en la Región de Arica y Parinacota se reconocen,
más de 14 mil personas contaminadas por polimetales, entre las múltiples soluciones requeridas
para atender las demandas de estas personas está la erradicación de sectores poblaciones
completos contaminados. Sin embargo, lejos de generarse soluciones regionales que incorporen la
excepcionalidad de la situación, el sistema público suele ser vertical, jerarquizado y centralizado, de
tal suerte que más bien ha tratado de estandarizar sus respuestas impulsando soluciones regulares
para casos que no sólo son especiales, sino que excepcionales.
Adicionalmente, se debe considerar que los equipos de los Gobierno Regionales se definen por
criterio esencialmente político, y tales funcionarios públicos alinean su mirada y sus esfuerzos con el
gobierno central de turno. De esta manera, en los hechos reales los niveles de autonomía para
generar desarrollo en las Regiones, es prácticamente nulo. Por ejemplo, los Fondos Nacionales de
desarrollo Regional (F.N.D.R.) comprenden decisiones de inversión definidas por los consejeros
regionales con criterio local, pero dichos fondos son significativamente inferiores a las inversiones
regionales definidas a nivel central en cada uno de los respectivos ministerios, más aún las
decisiones del Consejo Regional puede, en los hechos concretos, ser vetada por la Dirección de
Presupuesto.
En este contexto, un imperativo estratégico para el país es profundizar la descentralización, lo que
es un tema dominante del último tiempo al punto de generarse un conjunto de propuestas, a partir
de una Comisión Asesora Presidencial, y la generación de una agenda legislativa. Las propuestas de
la comisión son públicas y en lo fundamental se pueden agrupar en medidas que favorecen: la
descentralización política; la descentralización administrativa; la descentralización fiscal; el
fortalecimiento de las capacidades regionales; y la participación ciudadana.
La propuesta de la Comisión Asesora es ambiciosa y vigorosa, sus principales aspectos se pueden
resumir en la siguiente tabla: (Valenzuela et al., 2014)
DIMENSIONES
Descentralización
política
ELEMENTOS CENTRALES



Descentralización
administrativa


Elección de la máxima autoridad regional, que implicaría que el ejecutivo del
Gobierno Regional debería ser elegido por la ciudadanía. En tal sentido, a esta
autoridad le correspondería la dirección y gestión del gobierno regional y ejercería
todas las competencias del Gobierno Regional. También sería el Presidente del
Consejo Regional.
Declarar a la actual Región de La Araucanía como una región plurinacional y
multicultural.
El Tribunal Constitucional sería la instancia que habría de resolver los conflictos de
competencias entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales o las
Municipalidades.
Traspaso de competencias, servicios y programas públicos desde los Ministerios y
organismos centrales a la dependencia de los Gobiernos Regionales y
Municipalidades.
Creación, en cada Gobierno Regional, de 4 Servicios Públicos Regionales para

Descentralización
fiscal



Fortalecimiento de
capacidades


Participación
ciudadana





dar cabida a las competencias traspasadas. Tales servicios serían: Fomento
Productivo e Innovación; Desarrollo Social; Infraestructura, Habitabilidad,
Transporte y Medio Ambiente; Cultura, Ciencia y Tecnología.
Creación de un sistema para la administración de las Áreas Metropolitanas
(Santiago, Gran Valparaíso, Gran Concepción) basada en cada gobierno regional,
en articulación con Municipalidades. Esto sería extensivo a otras áreas
metropolitanas que sean pertinentes.
Ley de Rentas Regionales, en la senda de alcanzar un gasto subnacional
autónomo del 35% de la recaudación fiscal total, significativamente superior al
18% actual.
Empoderamiento de las regiones para el desarrollo económico: Junto al traspaso
de la CORFO, se propone permitir empresas mixtas regionales, que los COREs
participen en el nombramiento de director de las empresas públicas en los
territorios. También se permitirá el endeudamiento regional con tope máximo cuyo
pago anual de deuda no supere el 7% de su gasto total.
Fondo de Convergencia con el objeto de reducir rezagos socioeconómicos en los
territorios declarados como zonas rezagadas. Esta calidad será determinada por
medio de indicadores objetivos, cualitativos y cuantitativos.
Creación de sistemas regionales de gestión de capital humano calificado para el
desarrollo de comunas y regiones; incentivos para atraer, retener, formar, renovar
y otros.
Fortalecer la institucionalidad pública regional y sus capacidades para liderar y
articular políticas públicas regionales.
Flexibilizar la creación de partidos regionales.
Garantizar la alternancia en cargos de representación popular. La reelección de
Intendente y Alcalde podrá ser de hasta dos periodos consecutivos. Concejal y
Consejero Regional podrán ejercer hasta tres periodos.
Voto Programático: Presidente, Intendentes y alcaldes deben inscribir ante el
SERVEL un programa de gobierno con compromisos, detallando no menos de 10
y no más de 50 medidas y plazos de concreción.
Instituir Plebiscitos y Referéndum Revocatorio de mandato.
Nueva Constitución Democrática con un proceso de participación de los actores
locales y regionales.
Tabla N°1: Dimensiones de la descentralización (Valenzuela et al., 2014)
Más recientemente, González (2015) ha sintetizado la futura agenda descentralizadora en los
siguientes aspectos básicos para ser emprendidos en el corto plazo:
 Elección directa de Intendentes Regionales, que alude a que los ciudadanos elegirán a un
representante regional ante el poder central, quien será el Presidente del Gobierno del
Consejo Regional y la autoridad responsable de la gestión del Gobierno Regional. A su vez,
el gobierno designará un representante del ejecutivo central ante las regiones. La elección
del Intendente supone la asignación de atribuciones y mayores niveles de autonomía que
los actuales. Además, será el Intendente quien podrá conformar sus equipos definidos con
criterio regional.
 Descentralización presupuestaria, que considera la posibilidad de adoptar decisiones al nivel
regional, de tal modo que los Gobiernos Regionales dispondrían de una mayor proporción
de recursos para definir localmente, particularmente asociados a una estrategia regional de
desarrollo.
 Descentralización sectorial, que considera que, al menos a nivel piloto, algunos servicios
nacionales deben asumirse como plenamente descentralizados, es decir, con las facultades
para tomar las decisiones relevantes a nivel regional.
Chile es uno de los países de Latinoamérica con mayor concentración del poder de decisión en la
Región Metropolitana. No obstante lo anterior, se ha propuesto un camino que apunta a lograr
mayores niveles de descentralización con un conjunto de medidas concretas de descentralización.
Sin duda este hecho, con independencia del nivel de profundidad efectivo que se logre finalmente en
el proceso descentralizado, abre un conjunto de posibilidades y desafíos para las universidades
regionales, considerando su rol regional y la necesidad que las universidades deben ser un motor
activo de la plena inserción de las naciones en la sociedad del conocimiento.
IV DESAFÍOS ESTRATÉGICOS PARA LAS UNIVERSIDADES REGIONALES
Las universidades deben colaborar para que el país sea competitivo en la sociedad del conocimiento
y a la vez deben comprometerse con el desarrollo regional y local. Como lo señala Rodríguez-Ponce
(2009), en este siglo XXI las universidades no pueden desconocer roles básicos, tales como: (1) la
formación de capital humano avanzado, la investigación, el desarrollo y la innovación constituyen
pilares fundamentales de la ventaja competitiva para la nación y sus organizaciones y son tareas
esenciales del sistema universitario; (2) las instituciones universitarias deben constituirse en una
fuente permanente de oportunidades de formación continua y de movilidad social, (3) las
instituciones universitarias deben velar por la calidad y pertinencia de su oferta académica, ya que
los programas de formación e investigación deben impactar sobre la capacidad competitiva del país
generando una exitosa inserción de los jóvenes de familias vulnerables al mercado del trabajo.
Dichos roles son esenciales en el marco de la sociedad del conocimiento, pero se debe agregar a
esa propuesta requerimientos específicos para responder de manera satisfactoria a las exigencias y
oportunidades que generará una profundización de la descentralización en el país. De este modo, se
proponen las siguientes dimensiones de trabajo, con sus respectivas particularidades:
Recursos humanos competitivos para el desarrollo regional
Recientemente, Barro y Lee (2013) analizan cuál es la rentabilidad de un año más de escolaridad en
146 países con datos desde 1950 hasta el 2010 y estiman un rango de rentabilidad media de entre
un 5%-10% para un año más de escolaridad, en el período estudiado. Trabajos previos, estimaban
que un año más de escolaridad tenía un impacto sobre la productividad individual que bordearía
entre el 6% y el 15% (Bassanini y Scarpetta, 2002; Mankiw et al., 1992). Por lo tanto, un año más de
escolaridad es importante para los individuos porque éstos mejoran su productividad y
subsecuentemente mejoran sus remuneraciones, más dicha inversión en tiempo tiene una
rentabilidad positiva en dinero.
Lo importante es que además ese mismo año adicional de escolaridad implicaría un incremento del
potencial del producto interno bruto para el país en proporciones que, en el largo plazo, resultan muy
significativas. Desde luego, los incrementos de la productividad individual, y las innovaciones o
agregación de valor que las personas son capaces de realizar al mejorar los desarrollos
tecnológicos, así como al mejorar los productos y procesos de las organizaciones, se estiman
elevados al considerarlos en forma agregada.
De hecho, las estimaciones empíricas muestran que el incremento del potencial de producto interno
bruto, ante un año más de escolaridad de la población, estaría en el rango 0,2% a 0,4% según
Dowrick y Rogers (2002) y bordearía el 0,8% según Frantzen (2000). Consistentemente, Barro
(2013) estima dicho crecimiento potencial entre 0,25% y 0,44%.
No cabe duda que la formación de capital humano es esencial para la inserción de las personas en
el mercado del trabajo, ya que mejora su productividad y la retribución percibida. Pero,
adicionalmente, personas más y mejor educadas activan el crecimiento económico de todo el país y
fortalecen la competitividad de cara a enfrentar exitosamente las oportunidades y riesgos de la
sociedad del conocimiento.
Por consiguiente, en esta discusión se puede acoger sin reparo la idea en torno a que es mejor una
población con mayor educación. Sin embargo, en el contexto de la mayor descentralización
propuesta para el país, resulta fundamental establecer algunas presiones o especificaciones
respecto de los desafíos que implica la formación de capital humano avanzado:
 Calidad global y pertinencia regional de las carreras universitarias, la formación de
pregrado debe responder a los requerimientos universales para la generación de
profesionales competentes y capaces de operar en ambientes globales. Pero, se requiere
también que existan profesionales que respondan a las necesidades específicas de cada
región. Por ejemplo, la formación de Ingenieros Agrónomos en Arica y Parinacota no puede
desconocer las técnicas requeridas para la agricultura del desierto; diferente a la realidad
que enfrentaran los Ingenieros Agrónomos en el sur del país.
Ahora bien, hay áreas profesionales más bien desprovistas en la mayoría de las regiones
como lo es la gestión de proyectos (Project Management), es decir, existe una ausencia
significativa de profesionales capaces de diseñar y ejecutar proyectos. Los administradores
públicos tampoco abundan en las regiones, y los abogados con sólidos conocimientos en
derecho administrativo parecen ser escasos. Finalmente, la formación de profesionales
médicos es imprescindible en muchas regiones del país.
Otro tema que no se puede soslayar consiste en la formación de profesores de calidad. Si
bien existen carreras pedagógicas en la mayoría de las regiones, la calidad medida por
resultados como la prueba INICIA indican la existencia de brechas muy importantes en los
procesos formativos de los egresados de las carreras pedagógicas. Por lo demás, los
estudiantes logran en regiones menores resultados promedio en la Prueba de Selección
Universitaria.
Así las cosas, sin una educación parvularia y una educación primaria de alta calidad, las
posibilidades de desarrollo de una región se hacen nulas, porque los niños son la base que
configura el capital humano regional del futuro y son la base de la ventaja competitiva
regional en el largo plazo.
Más allá de estos ejemplos específicos, la descentralización demanda profesionales con
competencias globales porque Chile participa en la sociedad del conocimiento, sin perder
por ello de vista que se necesitan las capacidades esenciales en la formación de un capital
humano avanzado con los conocimientos, competencias, destrezas y habilidades que
brinden pertinencia para enfrentar el desarrollo regional.
 Formación de postgrado y especialidades médicas de alta calidad, la formación de
Doctores (Ph.D.) y Magister (M.Sc.) de calidad internacional, así como la preparación de
otros tipos de Magister con énfasis en las aplicaciones profesionales constituyen demandas
claras para las universidades regionales en un contexto de descentralización. Las áreas de
desarrollo del postgrado deben ser coherentes con la realidad de cada región y la posibilidad
de alianzas estratégicas con otras instituciones regionales puede ser una opción real para
fortalecer la calidad de los programas de postgrado.
Las áreas mencionadas previamente asociadas al diseño de proyectos, gestión y ejecución
de proyectos sociales y públicos, derecho administrativo, y educación constituyen
requerimientos centrales para la formación de postgrado casi en todas las regiones del país.
A estos requerimientos debe sumarse la necesaria formación de especialidades y
subespecialidades médicas, ya que la incapacidad del sistema público de salud para
responder a las listas de espera, en todas las regiones del país, obedece principalmente a la
carencia de estos profesionales altamente calificados.
 Educación continua, la que deber ser inherente al quehacer universitario tanto con fines
de actualización como en la perspectiva de la incorporación de nuevas competencias,
destrezas y habilidades para los individuos de las regiones. Esta educación debería
considerar la realización de cursos, la generación de programas de más larga duración, y la
validación de certificaciones, entre otros programas similares. Esta formación debería
considerar las múltiples metodologías vigentes, incorporando la formación online, junto a
horarios compatibles con un trabajo de los participantes.
En definitiva, en el marco de una profundización de la descentralización la educación
continua puede alzarse como una oportunidad para ampliar conocimientos favoreciendo el
desarrollo personal y profesional de los participantes. Se trata, por cierto, de dotar a las
personas de las capacidades para que actúen proactivamente mejorando sus calificaciones
y aporte individual y grupal al desarrollo de la región.
Investigación competitiva con énfasis en la investigación aplicada al desarrollo regional
La creación de conocimiento asociada a investigación, desarrollo e innovación permite la creación de
nuevos productos y nuevas tecnologías y, por ende, se trata de una inversión con rentabilidad
privada y social. Por ejemplo, De Gregorio et al. (2006) empleando datos de panel correspondientes
a empresas innovadoras en Chile descubren que: el retorno privado para los gastos de investigación
y
desarrollo fue cercano al 30%, durante la década del noventa.
Aunque los trabajos de Nadiri (1993) y Lichtenberg y Siegel (1991), muestran rentabilidades privadas
superiores al 20% para las inversiones en investigación y desarrollo en diferentes sectores
económicos. Esos resultados deben tomarse con prudencia en esta década, ya que las últimas
investigaciones sugieren que si bien la investigación y desarrollo tiene una rentabilidad positiva, la
misma superaría levemente el 11,3% (Ugur et al., 2014).
Cobra así mayor importancia el rol de las universidades ya que la rentabilidad social de la
investigación y desarrollo es consistentemente alta. Por ejemplo, los trabajos de Frantzen (2000) y
Lichtenberg y Van Pottelsberghe (1996), muestran una rentabilidad social superior al 50% para las
inversiones en investigación y desarrollo. Por su parte, Corderi y Lin (2011) validan la existencia de
una alta y significativa tasa de retorno social de la investigación y desarrollo, particularmente en los
países que tienen inversiones emergentes y generan innovaciones como Italia y Alemania.
En consecuencia, en esta discusión se puede acoger la tesis referida a que las instituciones
universitarias deben generar investigación, desarrollo e innovación. No obstante lo anterior, en el
contexto de la mayor descentralización propuesta para el país, resulta fundamental establecer
algunas presiones o especificaciones respecto de los desafíos que la creación de conocimiento
avanzado:
 La investigación básica contribuye al estado del arte, como tal es un bien social
relevante en cualquier economía. Sin embargo, en un contexto de recursos escasos y en
donde existe el desafío de una profundización de la descentralización, resulta menester que
este tipo de investigación sea del más alto nivel, competitiva con impactos significativos a
nivel global, para garantizar que las inversiones en la misma tengan la rentabilidad
académica requerida.
No se propone, por cierto, que las universidades regionales no realicen investigación básica,
al revés, las universidades en regiones deben realizar una investigación básica que sea de
los más altos niveles de excelencia y que logre los mayores impactos académicos. La
realización de investigación básica de escaso impacto y relevancia académica no parece ser
la mejor forma de destinar recursos escasos.
 La investigación aplicada con foco en el desarrollo de nuevos productos e
innovaciones de procesos y productos es esencial, las universidades regionales deben
disponer de equipos de investigación que den respuesta a los requerimientos del desarrollo
productivo de la región en la cual se encuentran insertas. La investigación aplicada con foco
en el desarrollo e innovaciones que generen nuevos productos o procesos es una obligación
o imperativo estratégico de las entidades académicas que crean conocimiento avanzado.
Vinculación con el medio y contribución al desarrollo territorial y a la equidad
Los estudiantes de grupos social y económicamente vulnerables tienen en la educación universitaria
una fuente de movilidad social, que disminuye las brechas de inequidad de la sociedad. La
educación superior es una puerta abierta que ayuda, en sí misma, al desarrollo regional.
En la siguiente tabla se resumen algunos de los beneficios sociales y económicos de la educación
superior:
BENEFICIOS
SOCIALES




ECONÓMICOS






PRIVADOS
Mayor esperanza de vida
personal y familiar
Mejor calidad de vida
personal y familiar
Mayor capacidad para
tomar decisiones
Mayores posibilidades de
acceso a tiempo de ocio y
recreación
Mejor posición social
Mejores remuneraciones
Mayores oportunidades de
empleo
Mejores condiciones de
empleo
Mayor capacidad de ahorro
Mayor posibilidad de
movilidad profesional y
personal











PÚBLICOS
Disminución de las tasas
de delincuencia
Aumento
de
las
donaciones y voluntariado
Mejor calidad cívica de la
ciudadanía
Mayor cohesión social
Mayor respeto por la
diversidad
Mayor recaudación fiscal
por impuestos
Mayor
productividad
individual y grupal
Mayor
potencial
de
crecimiento económico
Mayor flexibilidad laboral
Mayores
niveles
de
consumo
Menores subsidios de
gobierno para grupos
vulnerables
Tabla N°2: Beneficios de la educación superior (Institute for Higher Education Policy, 1998)
Por lo tanto, en esta discusión se puede asumir que las universidades regionales deben tener una
política de vinculación con su región. Sin embargo, en el contexto de la mayor descentralización
propuesta para el país, resulta fundamental establecer algunas presiones o especificaciones
respecto de los desafíos que implica esta vinculación:
 Centro de pensamiento regional, bajo la perspectiva de fomentar el estudio crítico y con
mirada científica de las problemáticas regionales estructurales y emergentes. Generando
espacios de reflexión, para de este modo generar opiniones fundadas de las temáticas en
debate y un valioso feed back para el mejoramiento de las políticas públicas. Las
universidades regionales deberían aportar soluciones e ideas creativas, tendientes al
mejoramiento de los sistemas de inclusión social en cada región del país, orientado acerca
de las opciones más prometedoras de desarrollo regional.
El hecho que un centro de pensamiento sea parte del quehacer de una universidad regional
garantiza altos niveles de credibilidad, independencia de juicio, y una mayor probabilidad de
colaboración con agentes públicos y privados.
 Prestaciones de servicios y transferencia tecnológica, las universidades regionales en
un contexto de descentralización pasan a constituirse en actores relevantes del desarrollo
económico y productivo, para lo cual es necesario disponer de un conjunto de líneas o
programas de trabajo que permitan la prestación de servicios al sector público y privado, así
como la transferencia tecnológica.
Existen áreas particularmente críticas en regiones como lo es el diseño y gestión de
proyectos sociales. Los cuales con la existencia de un mayor poder de decisión en las
regiones serán un elemento definitorio del éxito o fracaso de la asignación de recursos
públicos. Probablemente, un apoyo permanente de las universidades regionales en esas
tareas a los municipios y los potenciales beneficiarios de recursos fiscales, sea una tarea
muy importante sobre todo en los primeros años de una profundización de la
descentralización.
 Centro de desarrollo de la cultura y las artes, las universidades regionales pueden
erigirse en una puerta abierta para descubrir y atender, en lo pertinente, las demandas y
problemáticas regionales sobre todo en el ámbito cultural y delas artes. La configuración de
las universidades regionales como centro de la cultura y las artes, debe propender a diseñar
e implementar una cartera de proyectos culturales y artísticos que generen un impacto
positivo en la región; fomentando las expresiones artísticas que son inherentes a la
idiosincrasia regional.
Asimismo, a través de esta configuración cultural las universidades regionales pueden
apoyar y capacitar a sus comunidades regionales en la preservación y gestión del
patrimonio cultural, la restauración de lugares de interés histórico, el desarrollo y enseñanza
de las artes como extensión universitaria, y la ejecución de proyectos y programas estables
de literatura, teatro, ballet folclórico, entre otros equivalentes.
V CONCLUSIONES
La sociedad del conocimiento ofrece grandes oportunidades a las personas fundamentalmente en la
mejora de la calidad y de la esperanza vida. Sin embargo, las naciones y las organizaciones
privadas y públicas para competir con éxito en esta sociedad deben gestionar el conocimiento, es
decir, crearlo, compartirlo y aplicarlo de modo de generar una ventaja competitiva sustentable.
Por consiguiente, cualquier política o acción a implementar debe considerar como elemento inicial el
hecho de vivir en una sociedad en donde la esencia de la creación de valor está en el conocimiento.
Chile es uno de los países con mayor centralización entre sus pares de Latinoamérica, por lo cual se
ha propuesto avanzar en una agenda descentralización cuya profundidad aún no es clara ni
evidente. En cualquier caso, mayores niveles de descentralización implican nuevas oportunidades y
desafíos para las universidades regionales.
En particular, se requieren universidades regionales que formen capital humano avanzado de
pregrado con capacidades para operar en ambientes globales, aunque con el sello que las regiones
demandan, además se requiere una formación de postgrado y de especialidades médicas de alta
calidad y con foco en el desarrollo regional, junto a una formación continua pertinente y que
verdaderamente impacte sobre la productividad individual y grupal de los participantes.
Sin embargo, en un contexto de mayor descentralización las universidades deben crear
conocimiento avanzado a través de la investigación, de tal modo de contribuir al estado del arte;
pero principalmente para contribuir al desarrollo productivo a partir de la generación de
innovaciones, nuevos productos, optimización de los procesos, u otras formas de desarrollo e
innovación que generen valor económico y social a las investigaciones.
Finalmente, las universidades deben contribuir al desarrollo territorial y a la equidad no sólo a través
de la formación de capital humano avanzado y la creación de conocimientos avanzados, sino que a
partir de una relación de vinculación bilateral que brinde a las instituciones universitarias la
oportunidad de ser el centro de pensamiento regional por excelencia; la instancia de transferencia
tecnológica y prestaciones de servicios para el mejoramiento de las capacidades competitivas
regionales; y una puerta abierta para percibir las demanda regionales y darle canalización en los
temas relevantes y pertinentes para la oferta universitaria, principalmente en el ámbito cultural.
VI AGRADECIMIENTOS
El presente trabajo forma parte de los resultados del proyecto FONDECYT N° 1140026. Se
agradecen las valiosas observaciones y consideraciones de la Sra Liliana Pedraja-Rejas, Doctora en
Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctora en Administración
y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia; Profesora Titular de la
Universidad de Tarapacá. Sin embargo, los errores que pudiesen existir son de exclusiva
responsabilidad del autor.
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