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Así se apañó Román para pagar a El Faro miles de euros públicos en publicidad que
no se publicó
Autor Pablo Matés
miércoles, 29 de junio de 2016
- Emvicesa firmó un acuerdo extrajudicial de reconocimiento de 277.000 euros por tres contratos de publicidad sin
consignación presupuestaria, denunciados y que en algún caso ni se llegó a prestar el servicio
- El propio López alertó a Guillermo Martínez, cuyo padre inició la denuncia judicial, de que existían informes jurídicos propios
en Emvicesa aconsejando no pagar lo correspondiente a 2013, unos 90.000 euros.
- Román tardó sólo 2 meses y 4 días en acordar el pago desde la presentación de la reclamación judicial del diario y lo hizo
apoyándose en un informe externo encargado al hoy abogado de Antonio López
Lo que sigue es el relato de un perfecto desastre de gestión pública, bordeando en algunos casos los límites legales como mínimo-, que termina con la salida de las arcas públicas de 277.342,41 euros en dirección a una de las
sociedades con las que opera El Faro de Ceuta y que lleva la firma de Susana Román Benet en la orden de pago y en
el timón de la gestión. Se paga esa cantidad de dinero por tres contratos de publicidad en 2012 y 2013, prorrogados a
pesar de ser contratos no menores, que por la cantidad deberían haber seguido algún proceso de concurso y no lo
hicieron en 2008, como apuntó el propio servicio jurídico de Emvicesa en un informe posterior a todo el proceso en
febrero de 2014; sin consignación presupuestaria, ya que con el plan de ajuste se eliminó toda la publicidad de las
sociedades municipales desde 2012; denunciados, aunque aparentemente fuera de plazo y a otra sociedad distinta
de la que figuraba en el contrato (otra chapuza), sin que se ejecutara gran parte de la publicidad contratada (gastando
de forma inútil el dinero público); y con informes jurídicos propios e internos de Emvicesa que recomendaban no
pagar, al menos lo correspondiente a 2013, y que se sortearon encargando un informe externo al hoy abogado
particular del ex gerente, Antonio López, que, por supuesto, dijo que había que pagar todo sin analizar la veracidad de
las facturas, que las presentaba una sociedad distinta de aquella con la que se había firmado el contrato.
De ahí que, finalmente y para sortear los recelos mostrados por la Intervención, la propia Emvicesa y la Consejería de
Economía y Hacienda, el pago se realizara después de un proceso monitorio en la vía judicial iniciado por El Faro y
cuyo primer escrito lleva la firma del padre del hoy senador, Guillermo Martínez.
Como la información es enjundiosa, aunque no compleja, le ofrecemos la posibilidad de seguir leyendo de forma
ordenada o de optar por hacerlo de manera despiezada, poco a poco, mala gestión a mala gestión. Si opta por saltar los
siguientes titulares y sigue, encontrará algo parecido a un relato cronológico de los hechos, si lo prefiere opte por
pinchar en los titulares ofrecidos a continuación para leer de uno en uno los diferentes pasos administrativos dados por
Emvicesa: -Emvicesa firmó en 2008 tres contratos el mismo día, para el mismo servicio con la misma empresa
-Emvicesa adjudicó a El Faro de forma directa tres contratos no menores, sin ningún concurso
-Román pactó pagar 277.000€ a El Faro en publi con informes en contra y sin asignación presupuestaria
-Román encargó un informe externo al hoy abogado de Antonio López que abogó por pagar a El Faro a pesar de la no
emisión de publicidad
2008. Se firman tres contratos el mismo día para el mismo servicio con la misma empresa
En el año 2008, el entonces presidente del Consejo de Administración de Emvicesa, Francisco Márquez, firmó un
contrato de publicidad con la sociedad Joaquín Ferrer y Cia. en representación de El Faro de Ceuta, una de las dos
sociedades con las que suele operar el diario. En realidad se trata de tres contratos diferenciados: Uno para publicitar
Emvicesa en la página web del diario, otro para publicitar la sociedad municipal de la vivienda de forma regular en el
diario impreso y otro para anunciar Emvicesa en los cuatro suplementos especiales que el decano elabora con motivo
de las fiestas tradicionales de Ceuta: Carnaval, Semana Santa, Feria y Navidad.
Esto es, la empresa pública Emvicesa firma tres contratos el mismo día con la misma sociedad y para el mismo
servicio: publicitarse en el mismo diario en su versión en papel (por dos conceptos distintos) y en su versión digital.
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Dichos contratos, firmados entre Emvicesa y Joaquín Ferrer y Cia el 1 de enero de 2008, preveían la prórroga
automática anual si no eran denunciados por una de las partes con sesenta días de antelación a su vencimiento. Y
además en la prórroga se incluiría una revisión del precio incrementando al mismo el IPC.
La crisis y el Plan de Ajuste
Los contratos entre Emvicesa e InvesCeuta se van prorrogando sin mayor problema de forma automática hasta que
la crisis lo inunda todo; en los cajones del Ayuntamiento aparecen por pagar facturas por valor de más de 100
millones de euros y el Gobierno de Vivas se acoge a un plan extraordinario puesto en marcha por el ministro Cristóbal
Montoro para pagar a proveedores las facturas atrasadas y suscribe un crédito con el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) por valor de más de 80 millones de euros. Esa financiación extra para pagar a proveedores le supone al
Ejecutivo de Vivas poner en marcha un duro Plan de Ajuste, que, entre otras cosas, recorta la partida destinada para
comunicación y publicidad de la Ciudad Autónoma y elimina ese gasto en todas las sociedades municipales.
Para ser exactos, en todas, no. En septiembre de 2012, el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, interpeló al
entonces consejero de Economía y Hacienda, Guillermo Martínez, sobre el asunto. Martínez aseguró que sólo mantenían
publicidad por contratos prorrogados Procesa (Con El Pueblo y El Faro de Ceuta) y Emvicesa (sólo con El Pueblo).
Nada dijo ni mencionó de los tres contratos con InvesCeuta (El Faro), que seguirían vigentes y por los que se pagaría
hasta junio de 2013 incluido.
Proceso de reclamación septiembre de 2013
Un año después de aquella interpelación, en septiembre de 2013, el Faro presentó un único proceso de reclamación
judicial y no tres por los tres contratos para el ejercicio 2012 por un valor de 164.476,89 euros, por 28 facturas, con
fecha siempre del último día de cada mes de ese año. Y por otras 14 facturas (el primer semestre) de 2013 por un
valor de 88.267,40 euros. En total 252.744,29 euros. A la vista de la reclamación se puede deducir que cada uno de los
tres contratos rebasa en su valor los 20.000 euros.
Además, la reclamación la presenta la sociedad Joaquín Ferrer y Cia, la sociedad limitada con la que opera
administrativamente el decano y con la que había firmado el contrato Emvicesa y no InvesCeuta, la otra sociedad con la
que opera el diario y que era la que había presentado factura por factura ante Emvicesa desde enero de 2012. El
primer documento de reclamación judicial lo firma el padre del hoy senador, Guillermo Martínez, en aquel septiembre de
2013 ya dimitido.
La hoy consejera de Economía y Hacienda, Susana Román, preguntada por el asunto, ha asegurado a
Ceutaldia.com que las sociedades públicas se pueden regir en su contratación como lo hacen las privadas. Pero lo
cierto es que en la arcaica web de Emvicesa se puede seguir consultando el perfil del contratante cuya fecha es del
28 de noviembre de 2008 y que reproduce un texto que entró en vigor el mismo 1 de enero de 2008, el día que se
firmaron los contratos, y que en el punto 3 de su artículo 4 establece que: “Los contratos menores podrán
adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional
necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 95 de la Ley de Contratos
del Sector público. Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos. Cantidades todas ellas sin incluir el
IVA”. Menciona el IVA porque la normativa que rige la contratación pública es nacional.
Eso también lo señalan los servicios jurídicos de Emvicesa en febrero de 2014, y tal vez en informes anteriores
requeridos por Intervención al recibir las facturas.
Lo que de facto suponía la obligación para Emvicesa de haber utilizado algún tipo de contratación que no fuera directa
para los tres contratos de El Faro, extremo que no aclara Román, quien en un primer momento al ser preguntado por
el expediente se mostró dispuesta a mostrar a Ceutaldia.com toda la documentación y después se negó a ello, lo que ha
hecho imposible para este medio acceder a parte de la documentación, como los contratos firmados en 2008 y
prorrogados automáticamente hasta 2013. Tampoco ha podido ver la misma documentación algún grupo de la
oposición que ha solicitado por escrito la misma hace ya dos semanas.
Sin consignación presupuestaria y con informes jurídicos en contra
Antes de plantear la reclamación de 18 meses y 42 facturas en la vía judicial, la empresa reclamante intentó cobrar las
facturas por la vía ordinaria. Pero no pudo. Entre otras razones, porque las palabras de Martínez en el Pleno de
septiembre de 2012 debían de ser sinceras, y en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma para 2012 y para
2013 no se consignó dinero para este servicio de publicidad.
Hecho que motivó, entre otros, que desde Intervención se denegara el pago de las facturas presentadas y que hizo que
finalmente la empresa iniciara la reclamación judicial.
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Esa falta de consignación presupuestaria la advirtió el propio gerente de Emvicesa, Antonio López, a Guillermo Martínez
mediante un escrito al que ha tenido acceso Ceutaldia.com y en el que le adjunta las facturas presentadas por
InvesCeuta para los años 2012 y 2013; para que si Martínez lo “estima conveniente, se incluyan en la relación de
importes pendientes del próximo expediente de modificación de créditos”.
En el escrito, López relaciona los documentos adjuntos al mismo:
- “Contrato de publicidad del diario El Faro de Ceuta
- 2 escritos del antiguo presidente del Consejo de Administración de Emvicesa para que se resolviera el contrato en
tiempo y forma.
- Escrito de la actual Presidenta del Consejo de Administración (Román) para anular el contrato correspondiente al año
2013.
- Escrito del Administrador Único de la sociedad InvesCeuta, Rafael Montero Palacios de fecha 11 de diciembre de
2012”.
El escrito añade dos párrafos, en el primero reseña la cantidad reclamada por el año 2012 (164.476,89 euros) y
asegura que tras consultar al Departamento Jurídico de Emvicesa, el mismo entiende que debe pagarse al no haber
sido anulado el contrato en tiempo y forma.
“En cambio, respecto al año 2013, en virtud del escrito recibido en esta empresa emitido por D. Rafael Montero
Palacios y consultados nuestros Servicios Jurídicos, no procedería el abono de la cantidad solicitada por la empresa
InvesCeuta, lo que será modificado si, según su criterio, lo estima conveniente”, cierra el escrito López.
Martínez recibió esta información el 5 de junio de 2013. Dimitiría de su puesto como consejero y de su escaño de
diputado en la Asamblea 19 días después, en San Juan, el 24 de junio.
Román era desde el 27 de abril de 2012 la consejera de Fomento y máxima responsable de Emvicesa, sucedió en el
puesto a Guillermo Martínez, que era consejero de Fomento desde el inicio de la legislatura en el verano de 2011,
aunque sólo presidió Emvicesa por un breve periodo de tiempo. Preguntada por el informe jurídico de Emvicesa que antes
de junio de 2013 advertía de que “no procedería el abono” de los cerca de 90.000 euros que reclamaba
Montero por el año 2013, Román ha asegurado a Ceutaldia.com que nunca tuvo conocimiento de un informe de los
servicios jurídicos de Emvicesa anterior al proceso de reclamación judicial iniciado por Joaquín Ferrer y Cia. Román
llega a poner en cuestión a López y a no descartar la posibilidad de que se inventara la existencia de ese documento de
los servicios jurídicos de Emvicesa.
Si bien, en la página de otro informe de los jurídicos de Emvicesa, con registro de entrada en febrero de 2014 se
alude también a informes anteriores al proceso de reclamación judicial a solicitud de la propia intervención de la ciudad:
“La acumulación de facturas adeudadas por servicio de publicidad durante los ejercicio de 2012 y 2013, han
generado innumerables comunicaciones entre Emvicesa, y la Intervención de la Ciudad, que lejos de reconocer la
obligación de pago, ha reclamado la emisión de informes jurídicos y económicos sobre la obligación de pago y los fondos a
emplear, como elementos previos a la instrucción de un expediente de reconocimiento extrajudicial de deuda”.
De este informe sí reconoce su existencia Román, que en la conversación mantenida con Ceutaldia.com ha venido a
desacreditar al mismo, reconociendo que el funcionario encargado de la elaboración del mismo “se comunicaba
con el gerente vía registro de Emvicesa” y que en el mismo llega a cuestionar las competencias del gerente para
firmar el contrato de publicidad.
Informe jurídico externo y acuerdo en 65 días
El 24 de septiembre de 2013, Joaquín Ferrer y Cia inicia un procedimiento judicial para reclamar el pago a Emvicesa
de las facturas presentadas en 2012 y 2013 por InvesCeuta (ambas sociedades con las que opera El Faro). El 10 de
noviembre de ese mismo año, el hoy abogado de Antonio López, firma un informe jurídico que aconseja el pago de
hasta la última de las 42 facturas presentadas por InvesCeuta y que reclama Joaquín Ferrer y Cia, aunque no entró a
analizar la veracidad de las mismas.
De existir los informes jurídicos internos dictaminando sobre la conveniencia o no de pagar las facturas reclamadas por
Montero a Emvicesa, sería en sí mismo una anomalía en los procesos administrativos que Emvicesa hubiera encargado
otro informe a una empresa externa para pronunciarse sobre el mismo asunto.
La entonces presidenta del Consejo de Administración de Emvicesa, Susana Román, al ser preguntada por las
razones para encargar dicho informe ha explicado que las cuestiones de legalidad técnica se le consultan a los
servicios jurídicos propios de la casa, pero que cuando se trata de un proceso de litigio, como el que se abría ante la
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reclamación de El Faro, lo habitual es recurrir a abogados más bregados en la contienda judicial.
El informe del abogado externo, corrobora el desastre de gestión que se había venido produciendo bajo el mando de
Román. El letrado corrobora que en la documentación aportada para su informe por Emvicesa, “no le consta la
denuncia o comunicación de la No Renovación tácita del contrato con 60 días de antelación”. Se realizaron, pero
no en tiempo y forma. En junio de 2012, Román reconoce haber ordenado la anulación del contrato de cara a 2013,
pero la comunicación se produce a la empresa “Contratas Euroceuta SL” (El Pueblo) y no a Joaquín Ferrer
y Cia, según recoge el propio informe del letrado.
Finalmente se hace una comunicación correcta, pero fuera del plazo establecido por el contrato, el 22 de noviembre
de 2012, 39 y no 60 días antes de la expiración del mismo. Aunque en el propio contrato entre Emvicesa y Joaquín
Ferrer y Cia. se establece que la sociedad municipal debe comunicar la inserción de publicidad con sólo 24 horas de
antelación para su inserción al diario.
No se insertó la publicidad contratada
Si fuera pequeño el desastre relatado hasta aquí en la gestión de Emvicesa, el propio informe del letrado certifica que
Emvicesa le ha advertido que “los servicios pactados en los contratos no se han venido realizando por parte de
la actora. Es decir que no se ha incluido en las publicaciones diarias del periódico, así como en los diferentes
especiales, los anuncios contratados por Emvicesa”.
Aún así, a pesar de que no se prestó el servicio, el abogado, recomienda pagar lo reclamado, dado que según se
recogía en el contrato era responsabilidad de Emvicesa remitir las órdenes de publicidad al propio diario, algo que la
empresa municipal no hizo.
Tras este informe jurídico, finalmente, 18 días después de la redacción del mismo, el 28 de noviembre, Román pactó el
pago de lo reclamado por Joaquín Ferrer y Cia. La cantidad final ascendió a 277.342,41 euros, a pesar de que en el
acuerdo se estableció que la empresa no reclamaría intereses de demora ni costas. El pago se produjo en septiembre de
2014.
En su versión de los hechos, Román ha descargado su responsabilidad aludiendo a que todo se hizo de manera legal
y al propio Interventor municipal, al que señala como velador del proceso de reconocimiento extrajudicial de deuda.
Sobre la celeridad en la que se firmó el acuerdo de reconocimiento de deuda, 65 días desde la presentación de la
denuncia de la empresa hasta el acuerdo y sólo 18 desde la obtención del informe jurídico externo, Román ha
asegurado que “lo que yo llevo va siempre así, rápido, rápido”.
Lea paso a paso esta información: -Emvicesa firmó en 2008 tres contratos el mismo día, para el mismo servicio con la
misma empresa -Emvicesa adjudicó a El Faro de forma directa tres contratos no menores, sin ningún concurso Román pactó pagar 277.000€ a El Faro en publi con informes en contra y sin asignación presupuestaria -Román
encargó un informe externo al hoy abogado de Antonio López que abogó por pagar a El Faro a pesar de la no emisión de
publicidad - El MDyC exige que se depuren responsabilidades por el pago de publicidad sin publicar
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