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TRIB f AL CONSTITUCIONAL
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EXP N ° 02932 2014-PHD/TC
LAMBAYEQUE
JULIO RUIZ MEDINA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2015, el Pleno del Tribunal
stitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales,
e Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y EspinosaS al aña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
R
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Ruiz Medina,
contra la resolución de fojas 142, de fecha 5 de junio de 2014, expedida por la Sala
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, que declaró infundada la demanda de autos.
EDENTES
Con fecha 1 de agosto de 2012, el recurrente interpone demanda de hábeas
data contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Solicita que se le permita
el acceso a la información que dicha entidad custodia, relacionada con los periodos de
aportaciones afectos al Sistema Nacional de Pensiones respecto de la relación laboral
que mantuvo con sus exempleadores; y que, como consecuencia de ello, se extracte el
periodo laborado del mes de enero de 1956 al mes de diciembre de 1992. Manifiesta
que mediante carta notarial, de fecha 26 de marzo de 2012, requirió la información
antes mencionada, pero que no obtuvo respuesta alguna, lesionándose su derecho de
acceso a la información pública.
La ONP, por su parte, sostiene que según el Memorándum 550-2005GO.DP/ONP, de fecha 22 de abril de 2005, la División de Pensiones de la ONP
comunicó a la Gerencia Legal que el acervo documentario institucional no cuenta con
información anterior al mes de mayo de 1995.
El Octavo Juzgado Civil con Especialidad Comercial de Chiclayo, con fecha
20 de noviembre de 2013, declaró infundada la demanda, por considerar que con la
documentación obrante en autos resulta imposible estimar la pretensión demandada,
pues no se ha podido acreditar que la entidad emplazada cuente con la información
solicitada.
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A su turno, la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, confirmó la apelada tras considerar que lo
solicitado por el demandante tanto en la vía administrativa como en el presente
proceso supone la elaboración de un cuadro de aportaciones de manera que se trata de
'nformación con la que no cuenta la ONP. Por tanto, estimó que su derecho no
iabiliza el proceso de hábeas data.
UNDAMENTOS
elimitación del petitorio y procedencia de la demanda
1. Mediante la demanda de autos, el actor solicita el acceso a la información que la
ONP custodiaría respecto de los periodos de aportes afectos al Sistema Nacional
de Pensiones de la relación laboral que mantuvo con sus exempleadores, y que,
como consecuencia de ello, se extracte el periodo laborado entre enero de 1956 a
diciembre de 1992. En ese sentido, el derecho que fundamenta el pedido del
recurrente es el de autodeterminación informativa y no el de acceso a la
información pública, como erróneamente invoca.
2. Con el documento de fojas 2, de fecha 23 de marzo de 2012, se acredita que el
urrente ha cumplido con el requisito especial de la demanda de hábeas data
evisto en el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, razón por la que
orresponde emitir una decisión sobre el fondo.
Análisis de la controversia
3. Este Tribunal, en anterior jurisprudencia, ha establecido que:
(...) la protección del derecho a la autodeterminación informativa a través del hábeas
data comprende, en primer lugar, la capacidad de exigir jurisdiccionalmente la
posibilidad de acceder a los registros de información, computarizados o no, cualquiera
que sea su naturaleza, en los que se encuentren almacenados los datos de una persona.
Tal acceso puede tener por objeto que se permita conocer qué es lo que se encuentra
registrado, para qué y para quién se realizó el registro de información así corno la (o las)
persona(s) que recabaron dicha información. En segundo lugar el hábeas data puede
tener la finalidad de agregar datos al registro que se tenga, sea por la necesidad de que se
actualicen los que se encuentran registrados, o con el fin de que se incluyan aquellos no
registrados, pero que son necesarios para que se tenga una cabal referencia sobre la
imagen e identidad de la persona afectada. Asimismo con el derecho en referencia, y en
defecto de él, mediante el hábeas data, un individuo puede rectificar la información,
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personal o familiar, que se haya registrado; impedir que esta se difunda para fines
distintos de aquellos que justificaron su registro o, incluso tiene la potestad de cancelar
aquellos que razonablemente no debieran encontrarse almacenados (...). (STC N°
03052-2007-PHD/TC, fundamento 13).
Respecto del acceso a la información materia de tratamiento de datos, el artículo
19 de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) ha establecido que:
El titular de datos personales tiene derecho a obtener la información que sobre sí mismo
sea objeto de tratamiento en bancos de datos de administración pública o privada, la
forma en que sus datos fueron recopilados, las razones que motivaron su recopilación y
a solicitud de quién se realizó la recopilación, así corno las transferencias realizadas o
que se prevén hacer de ellos.
4.
En el presente caso se aprecia que el demandante solicitó a la ONP la entrega de
la información materia de la demanda mediante documento de fecha 23 de marzo
de 2012 (fs.2), pedido que no mereció respuesta alguna por la parte emplazada.
Así, de autos aparece que mediante escrito de fecha 24 de enero de 2013, la
emplazada adjuntó al proceso el Expediente administrativo 00800006802 digitalizado en formato de CD-ROM- que fuera iniciado por el recurrente en
virtud de su petición de reconocimiento de aportes y otorgamiento de pensión. De
su contenido, si bien se advierte el Memorándum N° 2313-2012-DPR.SA/ONP,
de
23 de octubre de 2012, según el cual, la ONP habría dado respuesta al
del demandante mediante la Carta N° 10205-2012-DPR.SA/ONP, de fecha
octubre de 2012; sin embargo, la existencia de dicho documento no se
cuentra acreditada en autos, toda vez que este no obra en el referido expediente
administrativo.
5.
Siendo así, este Tribunal considera que la entidad emplazada ha vulnerado el
derecho a la autodeterminación informativa del recurrente al no haber ofrecido
respuesta alguna al pedido formulado, máxime si conforme se aprecia de la
Resolución N° 552-2012-DPR.SP.01/0NP obrante en el expediente
administrativo aludido supra, este ha quedado reconstruido. Por estas razones
corresponde estimar la demanda, debiendo la entidad demandada proceder en el
presente caso a efectuar la búsqueda de la información solicitada y comunicar al
demandante el resultado de la misma. Ahora bien, ello no implica que en la
ejecución de la presente sentencia se pueda obligar a la ONP a generar mayor
información del periodo que el demandante viene solicitando. Debe tenerse
entonces claro que el alcance del proceso de hábeas data de cognición o acceso a
los datos personales únicamente se manifiesta respecto de la información que se
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la entidad emplazada mantiene en custodia.
6. En la medida que en el caso de autos se ha evidenciado la lesión del derecho
invocado, corresponde ordenar que la ONP asuma el pago de los costos
procesales en atención a lo dispuesto por el artículo 56 del Código Procesal
Constitucional. Dichos pagos deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la
presente sentencia.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del
derecho de autodeterminación informativa de don Julio Ruiz Medina.
2. DISPONER que la Oficina de Normalización Previsional proceda a efectuar la
búsqueda de la información solicitada y comunicar al demandante el resultado de
la misma, condenando a la emplazada al pago de costos.
Publíquese y notifi uese.
SS.
URVIOLA HANI
MIRANDA CA
BLUME F • TINI
RAMOS NÚÑEZ
SARDÓN DE TABOADA
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA B ERA
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