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Sesión 25ª ordinaria, Legislatura 364, 19 de May. de 2016

REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 364ª
Sesión 25ª, en jueves 19 de mayo de 2016
(Ordinaria, de 10.37 a 12.33 horas)
Presidencia de los señores Andrade Lara, don Osvaldo, y
Espinosa Monardes, don Marcos.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
REDACCIÓN DE SESIONES
PUBLICACIÓN OFICIAL
CÁMARA DE DIPUTADOS
2
ÍNDICE
I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.-
ASISTENCIA
APERTURA DE LA SESIÓN
ACTAS
CUENTA
ORDEN DEL DÍA
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A
DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL
DEL CONGRESO NACIONAL.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
3
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA .......................................................................................................................................... 36 II. APERTURA DE LA SESIÓN .............................................................................................................. 39 III. ACTAS ................................................................................................................................................. 39 IV. CUENTA .............................................................................................................................................. 39 ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN .................................................................................... 40 INTEGRACIÓN DE COMISIONES DE REJA Y DE PÓRTICO ................................................ 41 V. ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 41 ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE MENORES
REMUNERACIONES DE REGIÓN DE ATACAMA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
BOLETÍN N° 10603-05) .............................................................................................................. 41 INCLUSIÓN DE MECANISMOS DE EQUIDAD EN TARIFAS ELÉCTRICAS (SEGUNDO
BOLETÍN N° 10161-08) .................................................................... 42 TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 67 1. OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9152-07) ............................... 67 2. OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 7543-12) ............................... 67 3. OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 7963-06) ............................... 68 4. OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10165-05) ............................. 68 5. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10603-05) ......................................................................... 68 6. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 8493-14) ........................................................................... 69 7. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10253-24) ......................................................................... 86 8. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9885-07) ........................................................................... 86 9. INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO
EN MOCIÓN , QUE “F ORTALECE LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TERRORISTAS Y DE AQUELLOS
QUE AFECTEN LA SEGURIDAD DEL ESTADO EN CASOS DE ESPECIAL GRAVEDAD ”. ( BOLETÍN
N° 10460-25) ............................................................................................................................ 87 10. INFORME
DE LA COMISIÓN DE D EPORTES Y RECREACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO ,
INICIADO EN MOCIÓN , QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.712, DEL D EPORTE, PARA EXTENDER LA
VIGENCIA DE LOS DIRECTORIOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES
INHABILITADAS PARA RECIBIR RECURSOS PÚBLICOS DESDE EL I NSTITUTO N ACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE”. (BOLETÍN N° 10581-29) .........................................................................
104 11. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS;
BORIC, JACKSON Y ROBLES, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS GIRARDI, PROVOSTE Y VALLEJO,
QUE “REGULA LOS PROCESOS DE CIERRE DE CARRERAS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR ”. ( BOLETÍN N° 10697-04) ......................................................................................... 109 4
CÁMARA DE DIPUTADOS
Pág.
12. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HASBÚN, COLOMA, GAHONA,
MORALES, NORAMBUENA, URRUTIA, DON OSVALDO; URRUTIA, DON IGNACIO, Y W ARD, Y DE
LAS DIPUTADAS SEÑORAS H OFFMANN Y MOLINA , QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.477,
ORGÁNICA DEL S ERVICIO DE REGISTRO CIVIL E I DENTIFICACIÓN , EN MATERIA DE
NOMBRAMIENTO DEL D IRECTOR N ACIONAL DE DICHO S ERVICIO”. ( BOLETÍN N° 10698-07) ........ 112 13. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES AGUILÓ, ARRIAGADA,
BERGER, FARÍAS, OJEDA, SANDOVAL Y VERDUGO, QUE “CONCEDE LA NACIONALIDAD POR
GRACIA AL DIÁCONO G UIDO G OOSSENS ROELL”. ( BOLETÍN N° 10699-06) .................................. 114 14. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE, BELLOLIO Y
BORIC, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA, CICARDINI Y FERNÁNDEZ, QUE “MODIFICA LA
LEY N° 18.918, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO N ACIONAL, PARA ESTABLECER LA
OBLIGACIÓN DE RECIBIR EN LAS COMISIONES DE AMBAS CÁMARAS A CANDIDATOS A CARGOS EN
CUYO NOMBRAMIENTO LES CORRESPONDA INTERVENIR ”. ( BOLETÍN N° 10700-07) .....................
117 15. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, Y DE LOS
DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA , DON MARCOS ; F ARCAS , J ARPA , LETELIER , O JEDA , ROBLES ,
ROCAFULL, SALDÍVAR Y SOTO, QUE “DEROGA EL DECRETO LEY N° 3.342, DE 1980, QUE
ESTABLECE LIBERTAD DE AFILIACIÓN A LA CONFEDERACIÓN MUTUALISTA DE CHILE Y
AUTORIZA A LAS INSTITUCIONES DE SOCORROS MUTUOS PARA FORMAR FEDERACIONES Y
CONFEDERACIONES ”. ( BOLETÍN N° 10701-13) ...........................................................................
123 16. INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR ULLOA SOBRE SU PARTICIPACIÓN, EN CONJUNTO CON LOS
DIPUTADOS SEÑORES ESPINOZA , DON F IDEL; F LORES, Y MONCKEBERG, DON N ICOLÁS , EN LA
VISITA OFICIAL DE LA COMISIÓN I NTERPARLAMENTARIA DE S EGUIMIENTO A LA A LIANZA DEL
PACÍFICO, LLEVADA A CABO ENTRE EL 9 Y EL 11 DE MAYO DE 2016, EN LAS CIUDADES DE
SANTIAGO Y VALPARAÍSO. .......................................................................................................
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VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Nota:
- Del diputado señor Robles por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un
plazo inferior a treinta días, a contar del 17 de mayo de 2016, para dirigirse a
Taiwán y Australia.
2. Oficios:
- Del Secretario General de la Corporación por el cual informa que la mesa redonda
sobre el tema del agua, organizada por el Comité de Cuestiones del Medio Oriente
de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se desarrollará entre los días 30 de mayo
y 2 de junio de 2016, en que se ha autorizado la participación de la diputada señora
Pascal, se efectuará, en definitiva, en Ginebra, Suiza (122).
- Del Secretario General de la Corporación por el cual comunica que el diputado señor Monckeberg, don Nicolás, integrará la delegación que concurrirá a la Reunión
de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico,
Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que
se desarrollará entre los días 14 y 15 de junio de 2016, en Panamá. (123).
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
- Del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual informa que el diputado señor Paulsen integrará la delegación que concurrirá a la Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, a
realizarse en Quito, Ecuador, los días 2, 3 y 4 de junio de 2016 (124).
- Del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual informa que se ha
calificado como “misión oficial” la participación de la diputada señora Provoste en
el II Programa de Capacitación Ejecutiva en Liderazgo y Gestión del Cambio para
la Alta Gerencia Pública de América Latina, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina, que se desarrollará entre los días 30 de mayo y 3 de junio
de 2016, en Francia (127).
Respuestas a Oficios
Contraloría General de la República
- Diputado Robles, Reitera las peticiones contenidas en el oficio N° 15.082, de 5 de
enero del presente año, sobre eventuales irregularidades administrativas cometidas
en el Servicio Agrícola y Ganadero y acerca de la actual política de personal en dicho organismo. (35243 al 18388).
- Diputado Farcas, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta
Cámara sobre la denuncia esgrimida por los Dirigentes de la población Cerro Colorado, de la comuna de Renca, donde el municipio habría iniciado la construcción
de un área de esparcimiento en las intersecciones de calle Paula Jaraquemada con
calle Sargento Candelaria, de aproximadamente 10 metros cuadrados, cuyo costo
es de $30.044.14, efectuando las fiscalizaciones que correspondan. (35667 al
18531).
Ministerio de Interior
- Diputada Pacheco doña Clemira, Informar a esta Cámara acerca de los trámites
que debe cumplir el señor Luis Edgardo Sánchez Hernández para calificar en la
condición de exonerado político y acogerse a los beneficios de la ley N° 19.234 y
sus modificaciones. (10364 al 17519).
- Diputado Pilowsky, Acciones penales ejercidas para perseguir las infracciones al
artículo 268 sexies del Código Penal, que sanciona a los que mediante violencia o
intimidación retuvieren o tomaren el control de un vehículo de transporte público
de pasajeros y sus resultados. (10365 al 17667).
- Diputado Fuenzalida, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a
esta Cámara sobre el cargo de abogado del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos
Violentos en la ciudad de La Unión, pronunciándose respecto de las demás interrogantes que plantea. (10369 al 17722).
- Diputada Álvarez doña Jenny, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña,
informe a esta Cámara sobre la posibilidad de reingresar los datos del Señor Gumercindo del Carmen Muñoz Torres, de la comuna de Chonchi, al programa de reconocimiento del exonerado político, ya que al no poder acreditar su componente
político fue rechazada. (10371 al 17448).
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Rathgeb, Reiterar el oficio N° 8.290 esta Corporación, de fecha 23 de
Abril de 2015. (1467 al 18141).
- Diputado Hasbún, Diputado Coloma, Para reiterar el oficio N° 17.463 de esta Corporación, de fecha 16 de marzo de 2016. (545 al 19557).
Ministerio de Educación
- Diputado Espinoza don Fidel, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña,
remita a esta Cámara los antecedentes y nómina de los 14 establecimientos que sufrieron la revocación del reconocimiento oficial ante incumplimientos graves a la
normativa educacional, con datos desagregados por región y causa específica, indicando el número de alumnos afectados y acciones de reubicación de los estudiantes. (0536 al 18185).
Ministerio de Justicia
- Diputado Morales, Diputado Álvarez-Salamanca, Diputado Gutiérrez don Romilio,
Diputado Urrutia don Ignacio, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña,
remita a esta Cámara la nómina de personas beneficiadas con libertad condicional
en su región, con indicación precisa de su nombre, delitos cometidos y pena establecida en concreto por cada uno; una copia de cada resolución que la otorgó, con
sus respectivos fundamentos de hecho y de derecho, informando si los beneficiados contaban con ofrecimientos de trabajo o si no se consideró dicho elemento al
momento de pronunciarse. Además, se envíe copia del proceso de calificación de
reinserción social de cada uno. (1162 al 19289).
- Diputado Pilowsky, Para que, al tenor de la solicitud adjunta, remita información
sobre los vehículos pertenecientes a los señores Rodolfo Fuente-Alba Pinochet,
Juan Miguel Fuente-Alba Pinochet, Fernando Fuente-Alba Pinochet y la señora
Anita María Pinochet Ribbeck, incluyendo transacciones anteriores y posteriores.
(322 al 19542).
- Diputado Lavín, Diputada Nogueira doña Claudia, Diputado Coloma, Para que, al
tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la existencia de
antecedentes médicos sobre alguna cardiopatía o enfermedad cardiovascular y/o
respiratoria que sufriera la menor Lissete Villa, señalando si se efectúa un monitoreo médico permanente a todos los menores que ingresan a los recintos, pronunciándose respecto de las demás interrogantes que plantea. (953 al 18788).
Ministerio de Defensa Nacional
- Diputado Ward, Diputado Edwards, Diputada Núñez doña Paulina, Diputado
Fuenzalida, Remita a esta Cámara todos los antecedentes que solicitan respecto de
la operación en Chile de la aeronave Cessna 525, matrícula PR-TAP, procedente
de Brasil. (408 al 17715).
Ministerio de Obras Públicas
- Diputado Morales, Diputado Álvarez-Salamanca, Diputado Urrutia don Ignacio,
Informe a esta Cámara sobre el número e individualización de las comunas declaradas como zonas de escasez hídrica, a nivel regional, señalando las razones que lo
justifican y el plan destinado a mitigar la situación. (1099 al 18226).
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
- Diputado Letelier, Planes de acción concertados entre la autoridad, las concesionarias de carreteras y los equipos de emergencia, en relación con las distintas operaciones ejecutadas frente a los accidentes de tránsito y su impacto en el tráfico y
circulación de los demás automóviles. (1102 al 16560).
- Diputada TURRES doña MARISOL, Medidas adoptadas para extinguir el incendio que afecta al relleno sanitario de Lagunitas, en la comuna de Puerto Montt y
prevenir el riesgo en que se encuentran las viviendas aledañas. (1103 al 16999).
- Diputada Carvajal doña Loreto, informe las causas que habrían justificado la suspensión de las obras correspondientes al proyecto de agua potable rural en el sector
de sector Buli Caserío de la comuna de Ñiquen, en la Región del Biobío, indicando
las medidas que se adoptarán para dar una pronta solución a los habitantes de dicha
zona. (1104 al 18586).
- Diputado Urízar, Se sirva disponer la compra de un equipo generador y la reparación del tablero eléctrico que permitirá recuperar la operatividad del pozo que provee de agua potable rural al sector San Lorenzo de casas Viejas el Guindo de la
provincia de Petorca, informando a esta Cámara el resultado de sus gestiones.
(1105 al 17430).
- Diputado Trisotti, Plan de inversiones que ese Ministerio tiene para la Región de
Tarapacá, asimismo señalar la existencia de algún convenio de programación entre
su cartera y el Gobierno Regional, precisando los montos involucrados en cada institución, los proyectos a financiar y el estado de ejecución de cada uno. (1106 al
18530).
- Diputado Sabag, Posibilidad de agilizar la solución al problema de falta de pasarelas en los sectores de Santa Teresa y Buli de la comuna de San Carlos, con el
propósito de evitar los continuos accidentes de tránsito con resultado de muerte para peatones que ocurren en dichos lugares. (1107 al 16602).
Ministerio de Bienes Nacionales
- Diputado Santana, Informar a esta Cámara sobre la etapa, observaciones, estado de
avance, calendarización, recursos destinados y ejecución presupuestaria de los
proyectos que indica, enmarcados en el plan de zonas extremas, Plan Patagonia
Verde, en la provincia de Palena. (273 al 17408).
- Diputado Santana, Reiterar el oficio N°17.408, de esta Corporación, de fecha 14 de
Marzo de 2016. (273 al 19026).
Ministerio de Salud
- Diputado Rathgeb, Informar a esta Cámara sobre la situación del señor Eduardo
Cifuentes Iturra, quien padece de una Hernia Inguinal, considerando la posibilidad
de apresurar su cirugía en el Hospital de Victoria (1454 al 17592).
- Diputado Rathgeb, Para que, al tenor de la solicitud y antecedentes que se acompañan, informe a esta Cámara sobre la situación del señor Luis Hugo Neira
Hernández, diagnosticado con Cáncer Epidermoide, analizando la posibilidad de
efectuar una cirugía en calidad de urgente en el Hospital Regional de Temuco.
(1455 al 18391).
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Monsalve, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a
esta Cámara sobre la situación de la señora Margarita Aurora Aguayo Castro, de la
comuna de Cañete, adulto mayor que se encuentra en total abandono, analizando la
posibilidad de gestionar la compra de pañales para adultos debido a su condición
de postrada. (1456 al 18424).
- Diputado Monsalve, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a
esta Cámara sobre la situación del señor Gastón Alfredo Abello Ortega, realizando
las gestiones que le permitan efectuar el cambio de su prótesis ocular, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. (1457 al 18422).
- Diputado Rocafull, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a
esta Cámara sobre los niveles de arsénico en el agua de consumo humano en la
Provincia de Parinacota, señalando las causas de los altos niveles de arsénico, pronunciándose respecto de las demás interrogantes que plantea. (1473 al 18088).
- Diputada Álvarez doña Jenny, Remitir a esta Cámara los antecedentes de la masiva
evacuación de los trabajadores de la planta acuícola Marine Farmby Torna galeones debido a una fuga de amoniaco, producida el pasado 19 de Marzo. Asimismo,
indique los resultados de las fiscalizaciones, medidas, sanciones y multas ante la
medición de contenidos tóxicos que realizó de bomberos en la zona. (1474 al
18167).
- Diputado Espinoza don Fidel, Diputada Álvarez doña Jenny, Fiscalizaciones y
medidas adoptadas para asegurar que las empresas salmoneras cumplan con la
obligación de resguardar la vida de sus trabajadores, dotándoles de los elementos
de seguridad necesarios para las tareas de carga y descarga de salmones muertos
por la proliferación de algas nocivas. (1475 al 17556).
- Diputada Molina doña Andrea, Informe a esta Cámara sobre la existencia de alguna propuesta para una ley de polimetales y la etapa de estudio en que se encuentra.
(1476 al 18989).
- Diputado Monsalve, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a
esta Cámara sobre la situación de la menor Franchesca Anaís Fernández Torres,
quien se encuentra internada desde su nacimiento en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Doctor Guillermo Benavente de Concepción, realizando las gestiones necesarias que permitan ayudar con la compra de pañales talla
G, mitigando los elevados gastos en que incurre su familia. (1478 al 18198).
- Diputado Hasbún, Diputado Macaya, Diputado Kast, Diputado Coloma, Para que,
al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la cantidad
de personas que, en virtud de la Ley N° 20.850, se encuentran en espera de la entrega de sus medicamentos y/o inicio de sus tratamientos, señalando las causas de
la demora y plazo de solución. (1479 al 18546).
Ministerio de Minería
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar a esta Cámara sobre la eventual instalación de un proyecto minero en las cercanías del Glaciar Universidad en la VI
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, remitiendo toda la información disponible de dicho proyecto. (349 al 17361).
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
Ministerio Público
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña,
informe a esta Cámara sobre la situación del señor Danilo Labra Meneses, de la
comuna de Alto Hospicio, quien fue formalizado por el delito de robo por sorpresa,
analizando los antecedentes de la causa RIT 2304- 2016, con la finalidad de resguardar el ejercicio del derecho a defensa penal del solicitante, en atención a los
antecedentes mencionados. (315 al 2178).
Ministerio Medio Ambiente
- Diputado Paulsen, Informar a esta Cámara sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2016, el gasto en personal desde 2015 y el pago de horas extraordinarias de esa secretaría regional, con las especificaciones que
requiere. (179 al 18109).
Consejo de Defensa Del Estado
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña,
informe a esta Cámara sobre la posibilidad de interponer las acciones legales correspondientes a fin de resguardar el patrimonio fiscal eventualmente vulnerado
por los delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos públicos correspondientes a 29 obras públicas licitadas por la municipalidad de Camiña. (2750 al
19173).
Empresas del Estado
- Diputado Ward, Diputado Kast, Informe sobre todos los contratos suscritos al amparo de la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestación de servicios, los convenios de transferencias y cualquier transferencia
con cargo a la Ley de Presupuestos del Sector Público, por su Ministerio, las respectivas subsecretarías y sus servicios relacionados con cualquiera de las instituciones que enumeran, a partir del 11 de marzo de 2014. (334 al 18432).
- Diputado Kast, Informe a esta Cámara si su cónyuge, hijos de filiación biológica o
adoptiva o cualquier pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive, y los correspondientes a los subsecretarios de ese Ministerio,
tienen un vínculo laboral en calidad de planta, contrata o a honorarios, con alguna
de las entidades que indica. (350 al 18820).
Intendencias
- Diputado Morales, Diputado Álvarez-Salamanca, Diputado Urrutia don Ignacio,
Informe a esta Cámara sobre el número e individualización de las comunas declaradas como zonas de escasez hídrica, a nivel regional, señalando las razones que lo
justifican y el plan destinado a mitigar la situación (1100 al 18225).
Servicios
- Diputada Carvajal doña Loreto, Solicita informe las causas que habrían justificado
la suspensión de las obras correspondientes al proyecto de agua potable rural en el
sector de sector Buli Caserío de la comuna de Ñiquen, en la Región del Biobío, indicando las medidas que se adoptarán para dar una pronta solución a los habitantes
de dicha zona. (1104 al 18585).
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Santana, Informar a esta Cámara sobre la etapa, observaciones, estado de
avance, calendarización, recursos destinados y ejecución presupuestaria de los
proyectos que indica, enmarcados en el plan de zonas extremas, Plan Patagonia
Verde, en la provincia de Palena. (223 al 17410).
- Diputado Pilowsky, Solicita remitir los antecedentes que obren en su poder de
carácter tributario y respecto a las transacciones de bienes raíces y vehículos motorizados, efectuados por el señor Juan Miguel Fuente-Alba Poblete en los últimos
10 años, informando además si a dicho contribuyente se le han realizado fiscalizaciones por dichas operaciones. (321 al 19472).
- Diputado Santana, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los criterios utilizados para el cambio de los centros de pago de
beneficios sociales en la Región de Los Lagos, especificando las situaciones de cada comuna en razón a su composición geográfica e índices de aislamientos y pronunciándose respecto de las demás interrogantes y solicitudes que plantea. (41060
al 18195).
Varios
- Diputado Hernández, Posibilidad de crear una unidad del Grupo de Operaciones
Policiales Especiales, GOPE, en la provincia de Osorno. (10366 al 16975).
- Diputado Kort, Para que, al tenor de la solicitud y antecedentes que se acompañan,
informe a esta Cámara sobre la posibilidad de responder las peticiones formuladas
en el documento adjunto, en relación las eventuales irregularidades en el desarrollo
de los campos clínicos de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Antofagasta. (231 al 18172).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita efectuar una investigación respecto a los
hechos ocurridos el día 13 de abril del año en curso en el Liceo Agrícola Vista
Hermosa en la comuna de Río Negro, particularmente respecto de la actuación de
un funcionario de Carabineros de Chile en el procedimiento de detención a un
alumno de dicho establecimiento, remitiendo los resultados y conclusiones de dicha indagación. (544 al 18996).
- Diputada Pacheco doña Clemira, Se sirva remitir a esta Cámara la información que
solicita sobre las playas aptas y no aptas para el baño y el sistema de salvavidas,
remitiendo estadísticas de accidentes con resultado de muerte o daño neurológico
ocurridos como consecuencia del nado en el mar e individualizando los programas
educativos para la prevención de accidentes por nado imprudente en el mar. (6855
al 17509).
- Diputado Sandoval, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a
esta Cámara sobre la posibilidad de reevaluar la opción de desarrollar un estudio
de la batimetría del Lago General Carrera, comuna de Chile Chico, Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, señalando los planes que se tendrían
para su realización. (6855 al 18076).
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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Municipalidades
- Diputado Jaramillo, Informe sobre la composición y periodicidad de las reuniones
del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, Cosoc, remitiendo
copias de sus actas e indicando el monto del presupuesto municipal destinado a su
funcionamiento. (0354 al 18033).
- Diputado Jaramillo, Informe sobre la composición y periodicidad de las reuniones
del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, Cosoc, remitiendo
copias de sus actas e indicando el monto del presupuesto municipal destinado a su
funcionamiento. (08 al 18012).
- Diputada Sabat doña Marcela, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña,
informe a esta Cámara sobre la posibilidad de disponer las medidas de seguridad
necesarias que puedan facilitar las condiciones de vida de los habitantes de la población Rosita Renard, coordinando con Carabineros de Chile el aumento de rondas preventivas. (1140 al 19168).
- Diputado Jaramillo, Informe sobre la composición y periodicidad de las reuniones
del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, Cosoc, remitiendo
copias de sus actas e indicando el monto del presupuesto municipal destinado a su
funcionamiento.
VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Diputado Espinoza don Fidel, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña,
remita a esta Cámara antecedentes sobre la conformación de una asociación, o de
algún otro tipo de organización gremial de trabajadores municipales de la educación, en la comuna de Puerto Varas, de fecha 29 de abril del presente año, indicando la forma en que fue requerido el ministro de fe, la fecha de la solicitud y quienes la efectuaron, señalando si cumple con todos los requisitos legales, en los
términos que señala. (19700 de 16/05/2016). A director regional del Trabajo de
Los Lagos.
- Diputado Edwards, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a
esta Cámara sobre la cantidad de solicitudes de mediación por daños a la salud, a
nivel nacional, regional y provincial, señalando los casos en que hubo acuerdo y en
los que no, en estos últimos indicar cuales se judicializaron, desde el 2014 a la fecha, pronunciándose respecto de las demás interrogantes que plantea. (19701 de
16/05/2016). A Ministerio de Justicia.
- Diputado Edwards, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a
esta Cámara sobre la cantidad de sumarios iniciados por eventuales negligencias
médicas en todos los centros hospitalarios de la Región de La Araucanía, desagregados por comunas, desde 2014 a la fecha, precisando sus causas, duración y resultados. (19702 de 16/05/2016). A director del Servicio de Salud Araucanía Norte.
- Diputado Edwards, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a
esta Cámara sobre la cantidad de sumarios iniciados por eventuales negligencias
médicas en todos los centros hospitalarios de la Región de La Araucanía, desagregados por comunas, desde 2014 a la fecha, precisando sus causas, duración y resultados. (19703 de 16/05/2016). A director del Servicio de Salud Araucanía Sur.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Schilling, Para que, al tenor de la solicitud y antecedentes que se acompañan, informe a esta Cámara sobre el operativo realizado en 2015 consistente en
la demolición de las casas de los sitios N°0253 y 0151 de la calle Vergara de la
comuna de Quilpué, procedimiento que obstruyó el paso natural del curso de las
aguas lluvias, provocando inundaciones en los terrenos colindantes, y afectando
gravemente a vecinos del sector, adoptando todas la medidas necesarias a fin de
solucionar el problema. (19704 de 16/05/2016). A alcalde de la Municipalidad de
Quilpué.
- Diputado Schilling, Para que, al tenor de la solicitud y antecedentes que se acompañan, informe a esta Cámara sobre la situación del señor Renato Vicencio Covarrubias
de la comuna de Limache, quien fue beneficiado con el subsidio habitacional “Plan
de Reconstrucción”, con fecha de inicio el 16 de marzo de 2015 para concluir en su
totalidad el 30 de agosto del mismo año, señalando las causas del incumplimiento
por parte de la empresa y adoptando las medidas necesarias para subsanar el problema. (19705 de 16/05/2016). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputada Nogueira doña Claudia, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el número total de reos que vuestra institución
postuló al beneficio de libertad condicional, a nivel nacional, especialmente en las
regiones de Tarapacá, Valparaíso y Metropolitana, individualizando los internos
con informes desfavorables e indicando la veracidad de la información publicada
por el diario El Mercurio de fecha 16 de mayo de 2016 en los términos que se indica. Además, se sirva proponer aspectos o sugerencias a fin de mejorar el decreto
ley N° 321, de 1925 que establece la libertad condicional para los penados. (19706
de 16/05/2016). A director nacional de Gendarmería de Chile.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19712 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19713 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19714 de 17/05/2016). A Ministerio de Interior.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19715 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19716 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19717 de 17/05/2016). A municipalidades.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19718 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19719 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19720 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19721 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19722 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19723 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19724 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19725 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19726 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19727 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19728 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19729 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19730 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19731 de 17/05/2016). A municipalidades.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19732 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19733 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19734 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19735 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19736 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19737 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19738 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19739 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19740 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19741 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19742 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19743 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19744 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19745 de 17/05/2016). A municipalidades.
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- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19746 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19747 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19748 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19749 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19750 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19751 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19752 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19753 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19754 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19755 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19757 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19758 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19759 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19760 de 17/05/2016). A municipalidades.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19761 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19762 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19763 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19764 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19765 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19766 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19767 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19768 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19769 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19770 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19771 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19772 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19773 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19774 de 17/05/2016). A municipalidades.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19775 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19776 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19777 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19778 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19779 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19780 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19781 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19782 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19783 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19784 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19785 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19786 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19787 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19788 de 17/05/2016). A municipalidades.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19789 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19790 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19791 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19792 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19793 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19794 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19795 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19796 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19797 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19798 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19799 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19800 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19801 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19802 de 17/05/2016). A municipalidades.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19803 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19804 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19805 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19806 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19807 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19808 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19809 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19810 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19811 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19812 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19813 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19814 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19815 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19816 de 17/05/2016). A municipalidades.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19817 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19818 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19819 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19820 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19821 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19822 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19823 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19824 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19825 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19826 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19827 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19828 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19829 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19830 de 17/05/2016). A municipalidades.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19831 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19832 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19833 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19834 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19835 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19836 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19837 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19838 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19839 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19840 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19841 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19842 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19843 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19844 de 17/05/2016). A municipalidades.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19845 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19846 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19847 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19848 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19849 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19850 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19851 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19852 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19853 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19854 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19855 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19856 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19857 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19858 de 17/05/2016). A municipalidades.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19859 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19860 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19862 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19863 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19864 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19865 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19866 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19867 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19868 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19869 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19870 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19871 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19872 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19873 de 17/05/2016). A municipalidades.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19874 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19875 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19876 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19877 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19878 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19879 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19880 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19881 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19882 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19883 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19884 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19885 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19886 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19887 de 17/05/2016). A municipalidades.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19888 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19889 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19890 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19891 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19892 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19893 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19894 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19895 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19896 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19897 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19898 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19899 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19900 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19901 de 17/05/2016). A municipalidades.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19902 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19903 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19904 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19905 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19906 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19907 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19908 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19909 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19910 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19911 de 17/05/2016). A municipalidades.
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- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19916 de 17/05/2016). A municipalidades.
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- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19918 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19919 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19920 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19921 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19922 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19923 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19924 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19925 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19926 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19927 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19928 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19929 de 17/05/2016). A municipalidades.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19930 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19931 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19932 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19933 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19934 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19935 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19936 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19937 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19938 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19939 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19940 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19941 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19942 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19943 de 17/05/2016). A municipalidades.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19944 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19945 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19946 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19947 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19948 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19949 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19950 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19951 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19952 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19953 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19954 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19955 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19956 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19957 de 17/05/2016). A municipalidades.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19958 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19959 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19960 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19961 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19962 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19963 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19964 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19965 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19966 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19967 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19968 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19969 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19970 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19971 de 17/05/2016). A municipalidades.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19972 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19973 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19974 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19975 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19976 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19977 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19978 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19979 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19980 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19981 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19982 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19983 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19984 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19985 de 17/05/2016). A municipalidades.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19986 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19987 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19988 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19989 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19990 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19991 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19992 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19993 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19994 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19995 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19996 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19997 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19998 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (19999 de 17/05/2016). A municipalidades.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20000 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20001 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20002 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20003 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20004 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20005 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20006 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20007 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20008 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20009 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20010 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20011 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20012 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20013 de 17/05/2016). A municipalidades.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20014 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20015 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20016 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20017 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20018 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20019 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20020 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20021 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20022 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20023 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20024 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20025 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20026 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20027 de 17/05/2016). A municipalidades.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
35
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20028 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20029 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20030 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20031 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20032 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20033 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20034 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20035 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20036 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20037 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20038 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20039 de 17/05/2016). A municipalidades.
- Diputado Hernández, Número de campamentos que existen en esa comuna y el estado de avance en sus procesos de regularización. (20040 de 17/05/2016). A municipalidades.
CÁMARA DE DIPUTADOS
36
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
NOMBRE
Aguiló Melo, Sergio
Álvarez Vera, Jenny
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
Alvarado Ramírez Miguel Ángel
Andrade Lara, Osvaldo
Arriagada Macaya, Claudio
Auth Stewart, Pepe
Barros Montero, Ramón
Becker Alvear, Germán
Bellolio Avaria, Jaime
Berger Fett, Bernardo
Boric Font, Gabriel
Browne Urrejola, Pedro
Campos Jara, Cristián
Cariola Oliva, Karol
Carmona Soto, Lautaro
Carvajal Ambiado, Loreto
Castro González, Juan Luis
Ceroni Fuentes, Guillermo
Chahin Valenzuela, Fuad
Chávez Velásquez, Marcelo
Cicardini Milla, Daniella
Coloma Álamos, Juan Antonio
Cornejo González, Aldo
Edwards Silva, José Manuel
Espejo Yaksic, Sergio
Espinosa Monardes, Marcos
Espinoza Sandoval, Fidel
Farcas Guendelman, Daniel
Farías Ponce, Ramón
Fernández Allende, Maya
Fuentes Castillo, Iván
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
Gahona Salazar, Sergio
García García, René Manuel
Girardi Lavín, Cristina
Godoy Ibáñez, Joaquín
González Torres, Rodrigo
Gutiérrez Gálvez, Hugo
Gutiérrez Pino, Romilio
(Partido*
Región
Distrito)
IND
PS
UDI
PPD
PS
DC
PPD
UDI
RN
UDI
RN
IND
IND
PPD
PC
PC
PPD
PS
PPD
DC
DC
IND
UDI
DC
RN
DC
PRSD
PS
PPD
PPD
PS
IND
RN
UDI
RN
PPD
IND
PPD
PC
UDI
VII
X
VII
IV
RM
RM
RM
VI
IX
RM
XIV
XII
RM
VIII
RM
III
VIII
VI
VII
IX
VIII
III
RM
V
IX
VI
II
X
RM
RM
RM
XI
XIV
IV
IX
RM
V
V
I
VII
37
58
38
9
29
25
20
35
50
30
53
60
28
43
19
5
42
32
40
49
45
5
31
13
51
35
3
56
17
25
21
59
54
7
52
18
13
14
2
39
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
Hasbún Selume, Gustavo
Hernández Hernández, Javier
Hernando Pérez, Marcela
Hoffmann Opazo, María José
Jackson Drago, Giorgio
Jarpa Wevar, Carlos
Jiménez Fuentes, Tucapel
Kast Rist, José Antonio
Kast Sommerhoff, Felipe
Kort Garriga, Issa
Lavín León, Joaquín
Lemus Aracena, Luis
León Ramírez, Roberto
Letelier Norambuena, Felipe
Lorenzini Basso, Pablo
Melero Abaroa, Patricio
Melo Contreras, Daniel
Mirosevic Verdugo, Vlado
Molina Oliva, Andrea
Monckeberg Bruner, Cristián
Monckeberg Díaz, Nicolás
Monsalve Benavides, Manuel
Morano Cornejo, Juan Enrique
Nogueira Fernández, Claudia
Norambuena Farías, Iván
Núñez Arancibia, Daniel
Núñez Lozano, Marco Antonio
Núñez Urrutia, Paulina
Ojeda Uribe, Sergio
Ortiz Novoa, José Miguel
Pacheco Rivas, Clemira
Pascal Allende, Denise
Paulsen Kehr, Diego
Pérez Arriagada, José
Pérez Lahsen, Leopoldo
Pilowsky Greene, Jaime
Poblete Zapata, Roberto
Provoste Campillay, Yasna
Rathgeb Schifferli, Jorge
Rocafull López, Luis
Rubilar Barahona, Karla
Sabag Villalobos, Jorge
Sabat Fernández, Marcela
Saffirio Espinoza, René
Saldívar Auger, Raúl
Sandoval Plaza, David
UDI
UDI
PRSD
UDI
IND
PRSD
PPD
UDI
IND
UDI
UDI
PS
DC
PPD
DC
UDI
PS
Liberal de Chile
UDI
RN
RN
PS
DC
UDI
UDI
PC
PPD
RN
DC
DC
PS
PS
RN
PRSD
RN
DC
IND.
DC
RN
PS
IND
DC
RN
DC
PS
UDI
RM
X
II
V
RM
VIII
RM
RM
RM
VI
RM
IV
VII
VI
VII
RM
RM
XV
V
RM
RM
VIII
XII
RM
VIII
IV
V
II
X
VIII
VIII
RM
IX
VIII
RM
RM
VIII
III
IX
XV
RM
VIII
RM
IX
IV
XI
37
26
55
4
15
22
41
27
24
22
32
20
9
36
33
38
16
27
1
10
23
18
46
60
19
46
8
11
4
55
44
45
31
49
47
29
24
47
6
48
1
17
42
21
50
7
59
38
CÁMARA DE DIPUTADOS
Santana Tirachini, Alejandro
Schilling Rodríguez, Marcelo
Sepúlveda Orbenes, Alejandra
Silber Romo, Gabriel
Silva Méndez, Ernesto
Soto Ferrada, Leonardo
Squella Ovalle, Arturo
Tarud Daccarett, Jorge
Teillier del Valle, Guillermo
Torres Jeldes, Víctor
Trisotti Martínez, Renzo
Tuma Zedán, Joaquín
Turres Figueroa, Marisol
Ulloa Aguillón, Jorge
Urízar Muñoz, Christian
Urrutia Bonilla, Ignacio
Urrutia Soto, Osvaldo
Vallejo Dowling, Camila
Vallespín López, Patricio
Van Rysselberghe Herrera, Enrique
Venegas Cárdenas, Mario
Verdugo Soto, Germán
Walker Prieto, Matías
Ward Edwards, Felipe
RN
PS
IND
DC
UDI
PS
UDI
PPD
PC
DC
UDI
PPD
UDI
UDI
PS
UDI
UDI
PC
DC
UDI
DC
RN
DC
UDI
X
V
VI
RM
RM
RM
V
VII
RM
V
I
IX
X
VIII
V
VII
V
RM
X
VIII
IX
VII
IV
II
58
12
34
16
23
30
12
39
28
15
2
51
57
43
10
40
14
26
57
44
48
37
8
3
-Concurrió, además, el ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: El diputado señor Fernando Meza Moncada.
-Con licencia médica: El diputado señor Enrique Jaramillo Becker.
-Con Acuerdo de Comités: Los diputados señores Felipe De Mussy Hiriart, Iván Flores
García y Alberto Robles Pantoja.
-
*
PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente;
RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
39
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor ANDRADE (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ANDRADE (Presidente).- El acta de la sesión 16ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 17ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ANDRADE (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
-oEl señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente, en los últimos días hemos conocido a través de la prensa el caso de la joven de 28 años, Nabila Rifo Ruiz, quien fue agredida en Coyhaique por su pareja. Es uno de los actos más violentos contra una mujer que
hemos visto en el último tiempo. Nabila fue golpeada, le arrancaron los ojos y tiene fracturas
en el cráneo y en la mandíbula.
Durante este año han ocurrido catorce femicidios. En este mes ya llevamos dos, todos
ellos casos brutales. Desde 2007 hasta la fecha se han producido más de 438 casos.
Frente a esta realidad, el Congreso Nacional debe actuar y hacerlo a través de aquello a lo
que estamos convocados -para eso nos ha dado el valor la ciudadanía-, que es nuestro rol de
legisladores.
Por tanto, solicito que, con urgencia, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento ponga en tabla el proyecto de ley, que está durmiendo en esa instancia, que establece inhabilidad para desempeñar cargos públicos por haber sido condenado por delito contemplado en la Ley N° 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar (boletín N° 5979-18). Se trata
de establecer dicha inhabilidad no solo respecto de los cargos designados por el gobierno,
sino también de aquellos de elección popular. En ese sentido, hago un llamado a los partidos
políticos a revisar quiénes son sus candidatos.
CÁMARA DE DIPUTADOS
40
Solicito, señor Presidente, que mi petición sea considerada por la Comisión de Régimen
Interno, a fin de que se dé urgencia a la tramitación del proyecto señalado, más aún a raíz de
la brutalidad de los actos que hemos conocido en este último tiempo.
Termino con la frase que la propia Presidenta Michelle Bachelet ha pronunciado: “En
Chile ya no hay espacio para cobardes.”.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- Señora diputada, su solicitud será analizada en reunión de Comités.
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, dada la carga de trabajo
que existe en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, ¿existe la
posibilidad de que el proyecto sea tratado por la Comisión de Familia y Adulto Mayor o por
otra comisión?
El señor ANDRADE (Presidente).- Señora diputada, el proyecto fue tratado por la Comisión de Familia y Adulto Mayor y luego fue remitido a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Entiendo que lo que usted solicita es que el proyecto retorne a la Comisión de Familia y
Adulto Mayor.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Así es, señor Presidente.
El señor ANDRADE (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que el proyecto señalado retorne a la Comisión de Familia y Adulto Mayor?
No hay acuerdo.
Como no fue dado el acuerdo por la Sala, analizaremos en reunión de Comités la solicitud
de la diputada Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Muchas gracias, señor Presidente.
ENVÍODEPROYECTOACOMISIÓN
El señor ANDRADE (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para enviar a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales el proyecto de ley, iniciado en
mensaje, en tercer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público
aplicable a los proyectos de construcción (boletín N° 8493-14), a fin de que informe sobre el
alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 120 del Reglamento de la Corporación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
41
INTEGRACIÓNDECOMISIONESDEREJAYDEPÓRTICO
El señor ANDRADE (Presidente).- Propongo a la Sala integrar las comisiones de Reja y
de Pórtico que deberán recibir a su excelencia la Presidenta de la República el próximo 21 de
Mayo, con los siguientes señores diputados y señoras diputadas:
Comisión de Reja: diputada Marcela Sabat y diputados Pedro Browne, Daniel Farcas,
Iván Fuentes, Carlos Abel Jarpa, Leonardo Soto y Osvaldo Urrutia.
Comisión de Pórtico: diputada Maya Fernández y diputados Claudio Arriagada, Cristián
Campos, Lautaro Carmona, Juan Antonio Coloma y Jorge Rathgeb.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
A los mencionados señores diputados y señoras diputadas se les solicita integrarse a sus
respectivas comisiones a las 9.00 horas de ese día.
Cabe recordar que todos los diputados y diputadas se encuentran convocados a la sesión
del Congreso Pleno, que se iniciará a las 9.30 horas.
V. ORDEN DEL DÍA
ASIGNACIÓNEXTRAORDINARIAAFUNCIONARIOSPÚBLICOSDEMENORES
REMUNERACIONESDEREGIÓNDEATACAMA(TERCERTRÁMITECONSTITUCIONAL.
BOLETÍNN°10603‐05)
El señor ANDRADE (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para votar, sin discusión, en el tiempo de votaciones, el proyecto, en tercer trámite constitucional,
que establece el “bono Atacama”.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor URRUTIA (don Ignacio).- Señor Presidente, votemos ahora el proyecto. Si no lo
vamos a discutir, apretemos el botón de votación al tiro.
El señor ANDRADE (Presidente).- Solicito la unanimidad de la Sala para votar de inmediato el proyecto de ley que otorga el “bono Atacama”.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
42
CÁMARA DE DIPUTADOS
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.
El señor ANDRADE (Presidente).- En votación las modificaciones introducidas por el
Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga una asignación extraordinaria,
por única vez, a los funcionarios de menores remuneraciones de la Región de Atacama que
cumplan las condiciones que se indica.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente
resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Carmona
Soto, Lautaro; Ceroni Fuentes, Guillermo; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Fernández Allende, Maya; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel;
Hernández Hernández, Javier; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kort
Garriga, Issa; Lemus Aracena, Luis; León Ramírez, Roberto; Lorenzini Basso, Pablo; Mirosevic Verdugo, Vlado; Morano Cornejo, Juan Enrique; Nogueira Fernández, Claudia; Núñez
Arancibia, Daniel; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira;
Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Saffirio
Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes,
Alejandra; Soto Ferrada, Leonardo; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo;
Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling,
Camila; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías; Ward
Edwards, Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Norambuena Farías, Iván; Silva Méndez, Ernesto; Squella Ovalle, Arturo.
El señor ANDRADE (Presidente).- Despachado el proyecto.
INCLUSIÓNDEMECANISMOSDEEQUIDADENTARIFASELÉCTRICAS
(SEGUNDOTRÁMITECONSTITUCIONAL.BOLETÍNN°10161‐08)
El señor ANDRADE (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo
trámite constitucional, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas.
Diputados informantes de las comisiones de Minería y Energía, y de Hacienda, son la señora Yasna Provoste y el señor José Miguel Ortiz, respectivamente.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
43
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 2ª de la presente legislatura, en 16 de marzo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Certificado de la Comisión de Minería y Energía, sesión 24ª de la presente legislatura,
en 18 de mayo 2016.Documentos de la Cuenta N° 12.
-Certificado de la Comisión de Hacienda, sesión 24ª de la presente legislatura, en 18 de
mayo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 16.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Minería y Energía.
La señora PROVOSTE, doña Yasna (de pie).- Señor Presidente, antes de rendir el informe, quiero agradecer a la Sala el apoyo brindado a la Región de Atacama a través de la aprobación del proyecto que otorga una asignación a sus trabajadores del sector público.
Asimismo, como me pidió el diputado Pablo Lorenzini, agradezco a la Comisión de
Hacienda todo su trabajo y compromiso en ese sentido.
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Minería y Energía, paso a informar sobre
el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en
mensaje de su excelencia la Presidenta de la República y calificado con urgencia de “discusión inmediata”, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas.
La idea matriz del proyecto está encaminada a lograr un doble objetivo: por una parte,
disminuir las tarifas de los clientes regulados en aquellas comunas que posean centrales de
generación de energía eléctrica, y, por la otra, acotar las diferencias de tarifas eléctricas residenciales entre las distintas zonas del país.
Para cumplir con los objetivos señalados, la iniciativa contempla dos medidas: la primera,
el reconocimiento de la generación local, en virtud de la cual se establece un descuento en el
componente de energía de las tarifas reguladas (no solo las residenciales) de las comunas
intensivas en generación eléctrica, que será asumido por los usuarios de aquellas comunas
que no son consideradas como tales; la segunda, la equidad tarifaria residencial, en virtud de
la cual se modifica el componente “distribución” de las tarifas residenciales para lograr que
la diferencia entre el promedio de las cuentas a nivel nacional y la cuenta más alta no sea
superior al 10 por ciento del primero. Esta medida será financiada por todos los clientes sometidos a regulación de precios. Sin perjuicio de ello, los clientes regulados residenciales
solo aportarán al financiamiento cuando tengan un consumo promedio mensual del año calendario anterior superior a 200 kilowatts/hora.
Se ha señalado en distintas instancias que este es uno de los proyectos más importantes
del gobierno en materia de energía y forma parte de la denominada agenda de energía, anunciada por la Presidenta de la República en mayo de año 2014, cuando se manifestó la necesidad de construir una matriz sustentable, confiable, inclusiva y de precios razonables. En este
sentido, la presente iniciativa consiste básicamente en asociar el desarrollo de proyectos eléctricos al progreso y bienestar de las comunas donde se instala la infraestructura eléctrica.
Por su parte, el ministro de Energía, señor Máximo Pacheco, durante la discusión del proyecto sostuvo que el problema de la gran dispersión existente en las tarifas eléctricas es una
de las prioridades del gobierno, que se remonta a más de cuarenta años. Así, por ejemplo, por
44
CÁMARA DE DIPUTADOS
un consumo de 180 kilowatts/hora al mes en Santiago se pagan 19.344 pesos, mientras que
en Linares se cancelan 36.159 pesos.
Esa diferencia, queridos colegas, es inaceptable y debe ser enfrentada a través de este
proyecto de ley.
La iniciativa en informe es el tercer pilar del sistema, por cuanto permite que los vecinos
de las comunas que son generadoras se vean beneficiados en los cobros por las cuentas de
luz, y también es respuesta a lo planteado por la Presidenta en el mensaje del 21 de mayo
último, cuando se refirió a la necesidad de hacerse cargo de las tarifas eléctricas.
En el caso de Alto Biobío, donde se ubica una de las centrales más grandes del país, luego
de aprobado este proyecto, la tarifa bajará más de 45 por ciento; en el de Mejillones, 35 por
ciento; en el de Ránquil, 33 por ciento; en el de Perquenco, 30 por ciento; en el caso de
Huasco, 17,6 por ciento, etcétera. En suma, esta propuesta beneficiará a 59 comunas del país
y 2,7 millones de clientes verán disminuida su cuenta de luz a fin de mes.
Por cierto, el objetivo que se persigue con este proyecto de ley es atenuar las diferencias
de tarifas eléctricas residenciales existentes entre las distintas zonas del país. Por ello, la iniciativa es de suma importancia, pues permite fortalecer el carácter nacional del sistema, único e integrado; la regionalización asociada a la generación eléctrica, y que rijan normas de
solidaridad que permitan al sistema y a la sociedad crecer de manera mucho más sana.
Como señalé, el presente proyecto de ley modifica el componente de distribución de la tarifa BT1, que rige para el consumo residencial, y se requiere lograr que ninguna tarifa sea
superior al 10 por ciento de una cuenta promedio.
Asimismo, el segundo componente de esta iniciativa es el reconocimiento de las comunas
que son grandes generadoras de energía eléctrica. Este reconocimiento se hará mediante un
descuento en el componente de “energía” de las tarifas reguladas de las comunas intensivas
en generación eléctrica, que será asumido por aquellas comunas que no se consideran como
intensivas de generación.
Lo anterior significa tener un parque de generación eléctrica que, referido al número de
personas que viven en esas comunas, dará un índice basado en el cual se determinarán aquellas comunas que son intensivas en generación.
Tales comunas tendrán un descuento en el elemento “energía” de su cuenta, el cual puede
alcanzar hasta el 35 por ciento.
Para el desarrollo de proyectos nuevos se puede llegar a factores de descuento de hasta 50
por ciento. Es decir, el proyecto no solo crea un mecanismo para las fuentes generadoras
existentes, sino también para las nuevas fuentes que se incorporen, con la finalidad de que
esto se traduzca igualmente en descuentos de las cuentas de luz de esos vecinos y vecinas.
Son 63 las comunas intensivas en generación, y verán reducidas las tarifas en rangos que
van entre el 2,5 y el 19 por ciento.
Durante el trámite del proyecto en el Senado se agregaron algunos beneficios adicionales.
Uno de ellos es incorporar un reconocimiento plus para un grupo de comunas que tienen
enorme incidencia en el sistema. Se trata de aquellas cuya capacidad instalada supera el 5 por
ciento de toda la capacidad instalada en el país. Se trata, entre otras, de las comunas de Tocopilla, de Huasco, de Puchuncaví y de Quillota.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
45
También se incorporó a las comunas de generación hidroeléctrica, especialmente en aquellos casos en que la sala de máquinas está en una comuna distinta de donde se encuentra el
embalse o la bocatoma. En estos casos se definió que la comuna se considerará como la obra
hidráulica en su conjunto, es decir, tomando la totalidad de las instalaciones.
Durante el trámite del proyecto en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara también se logró incorporar beneficios en la materia.
En cuanto a los efectos de la iniciativa -lo señalé-, esta favorecerá a 2,7 millones de clientes, quienes verán disminuidas sus cuentas de luz en un promedio de 14 por ciento.
Con respecto al financiamiento, contribuirán a él los clientes con consumos mayores a
200 kilowatts/hora por mes y menor o igual a 240 kilowatts/hora mensuales, de manera gradual, lo cual fue acogido en el proyecto a través de una indicación parlamentaria.
Esta norma representa un avance importante, porque cuando recibimos el proyecto en la
Comisión de Minería y Energía solo se consideraba hasta los 200 kilowatts/hora, y en materia de gradualidad -ello fue un esfuerzo transversal- conseguimos que entre 200 y 210 kilowatts/hora, el descuento fuera de 20 por ciento; entre 210 y 220 kilowatts/hora, de 40 por
ciento; entre 220 y 230 kilowatts/hora, de 60 por ciento; entre 230 y 240 kilowatts/hora, de
80 por ciento, y sobre los 240 kilowatts/hora, de ciento por ciento.
Al respecto, señalo a la Sala que el promedio en Chile es de 186 kilowatts/hora.
Otra indicación parlamentaria de la Comisión de Minería y Energía de esta Cámara dice
relación con enfrentar un componente de inequidad que se ha recogido durante la discusión
del proyecto en materia de corte y reposición del servicio eléctrico.
Hay familias que enfrentan dificultades para poder cancelar la cuenta de luz, y mayores
dificultades aún cuando deben hacerse cargo de los pagos por corte y reposición del servicio,
para lo cual deben disponer de 12.000 pesos en promedio.
A este respecto, el señor ministro de Minería y Energía asumió el compromiso de que al
final del presente año se solucionará ese problema en el nuevo proceso de fijación de tarifas,
de manera de incorporar el servicio de corte y reposición como parte del servicio general que
presta la distribuidora y así terminar definitivamente con los cobros asociados a aquel.
El ministro señor Pacheco planteó que la contribución de los clientes debe tener una gradualidad, para lo cual el país se divide en seis áreas típicas. La idea es comenzar en el primer
año con las zonas tarifarias 5 y 6 para la aplicación de la equidad tarifaria, porque corresponden a las zonas con las tarifas más altas. Así, se irán incorporando el resto de las áreas de
tarificación.
Es necesario recordar que durante el estudio de este proyecto de ley algunos diputados
plantearon la necesidad de que el Ministerio de Energía estudie una solución real y definitiva
a la denominada “hora punta”, que afecta a la actividad productiva en general y a la agricultura familiar campesina en particular.
Asimismo, le pedimos al ministro Pacheco que estudie la posibilidad de instalar un subsidio en las comunas de generación eléctrica, que beneficie a las familias de los sectores más
pobres del país, similar al subsidio que existe para el agua potable, y se asumió un compromiso con la comisión en ese sentido, que esperamos que se concrete pronto.
En cuanto a la exportación de energía, se explicó que lo que se está exportando es la capacidad ociosa instalada. Chile cuenta con ocho gasoductos, que costaron más de 3.000 mi-
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CÁMARA DE DIPUTADOS
llones de dólares y se utilizaron durante cinco años para traer gas desde Argentina, luego de
lo cual quedaron en desuso. Ahora traemos gas natural licuado desde Trinidad y Tobago y lo
regasificamos en plantas instaladas en nuestro país, por lo que podemos volver a utilizar esos
gasoductos para vender el gas sobrante al hermano país, dado que Argentina tiene un horizonte de déficit de gas natural de quince años.
De esa manera se avanzará en la integración energética entre Chile y el resto de los países
de la región. En esa línea se está trabajando también con el Pacto Andino, para crear condiciones de seguridad energética y crear más riqueza.
El ministro explicó que la generación y la transmisión representan el 70 por ciento de la
tarifa eléctrica, lo que quiere decir que en dos proyectos de ley de gran complejidad se ha
discutido el 70 por ciento de la composición de la tarifa de la energía eléctrica. Ahora es el
momento de estudiar el 30 por ciento restante, que corresponde a la distribución. Esa es la
causa de que estemos discutiendo esta iniciativa.
Finalmente, quiero reconocer el esfuerzo y el tesón desplegado por el personal del Ministerio de Energía, encabezado por el ministro Máximo Pacheco; el de la Comisión Nacional
de Energía, dirigido por Andrés Romero, quien se preocupó de sacar adelante esta iniciativa
y de establecer la forma en que se disminuirá el precio de las tarifas en las comunas generadoras de energía. Sin embargo, quiero reiterar que esperamos que los compromisos adquiridos en la comisión se traduzcan pronto en medidas administrativas y en proyectos de ley
concretos, según corresponda.
Por lo tanto, solicito a la Sala aprobar el proyecto, dado que es de indudable justicia social.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).- Damos la bienvenida al ministro de
Energía, señor Máximo Pacheco, quien se incorpora a la discusión de este importante proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ORTIZ (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada como de “discusión inmediata”, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas.
El propósito de la iniciativa es introducir mecanismos de equidad en la fijación de las tarifas eléctricas, a fin de disminuir las cuentas de los clientes regulados de aquellas comunas
que posean centrales de generación de energía eléctrica y acotar las diferencias entre las tarifas residenciales que se aplican en distintas zonas del país.
Para cumplir esos objetivos, el proyecto propone dos medidas:
La primera es el reconocimiento a la generación local. En virtud de esta medida, se aplicará un descuento en el componente de energía de las tarifas reguladas en las comunas intensivas en generación eléctrica. El costo que supone esta medida será asumido por los usuarios
del resto de las comunas del país, que no generan energía eléctrica en forma intensiva.
Para mejor comprensión, el ministro de Energía, señor Máximo Pacheco, planteó a la comisión la cosa más insólita que sucede en la actualidad: lo que ocurre en Alto Biobío, donde
se genera mucha electricidad, pero se pagan las tarifas más altas por consumo eléctrico. ¡Es
incomprensible!
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El proyecto soluciona ese problema mediante la aplicación de dos cánones en los que
siempre hemos creído: la igualdad y la no discriminación.
La segunda medida tiene que ver con la equidad tarifaria residencial. Para lograr este objetivo se modifica el componente “distribución” de las tarifas residenciales, hoy BT1, para
que la diferencia entre el promedio de las cuentas a nivel nacional y el promedio de las cuentas más altas no supere el 10 de las primeras.
Esta medida será financiada por todos los clientes sometidos a regulación de precios. Sin
perjuicio de ello, solo aportarán al financiamiento aquellos clientes regulados residenciales
cuyo consumo mensual supere los 200 kilowatts/hora al mes. La contribución que harán estos consumidores será progresiva, de manera que solo los que consuman sobre 240 kilowatts/hora al mes aportarán el ciento por ciento.
Un mensaje: hay que cuidar el consumo de la energía eléctrica. Lo decimos con mucha
claridad, para que mañana nadie se encuentre con la sorpresa de que le subió la cuenta.
Fruto de este proyecto, 2,7 millones de clientes verán reducidas sus cuentas por consumo
de electricidad en un promedio de 14 por ciento, pero la rebaja puede llegar a 46 por ciento.
Ello ocurrirá cuando se trate de consumidores que residen en una comuna generadora, como
la de Alto Biobío, de nuestra Región del Biobío.
Contribuirán alrededor de 650.000 clientes, que son los que consumen sobre 200
kilowatts/hora al mes. Eso, naturalmente, es una proyección. Para quienes consuman sobre
240 kilowatts/hora al mes, obviamente el alza será mayor.
En la Comisión de Hacienda recibimos el proyecto por remisión que nos hizo la comisión
técnica, la de Minería y Energía, que determinó que eran de competencia de nuestra comisión
los artículos tercero y cuarto transitorios.
El artículo tercero transitorio incrementa la dotación del Ministerio de Energía en un cupo; la de la Comisión Nacional de Energía, en cuatro cupos, y la de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, en tres cupos, debiendo ajustarse el número total de las plantas
de dichas instituciones. El incremento opera a partir de 2015, vale decir, tendrá efecto retroactivo.
En consecuencia, son ocho cargos en total, no cuarenta o cincuenta, como algunos afirmaron.
Esa es la realidad y es lo que aprobamos en la Comisión de Hacienda respecto del artículo
tercero transitorio.
Por su parte, el artículo cuarto transitorio dispone que el mayor gasto que represente la aplicación de esta nueva ley en proyecto durante el primer año presupuestario de entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Energía y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplirlo con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público.
Quiero aclarar, para que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, cuál
será la rebaja en regiones.
Aquí tengo el resumen de todas las regiones. La rebaja más alta es, en este instante, la que
beneficiará a nuestra Región del Biobío, con una disminución que, en promedio, será de 21,1
por ciento. Luego vienen la Región de La Araucanía, con 20,5 por ciento; la Región Antofagasta, con 20,9 por ciento; la Región de Los Ríos, con 17,5 por ciento; la Región del Maule,
con 13,4 por ciento; la Región de Aysén, con 15,9 por ciento. Eso, a vía de ejemplo.
Ante una intervención del honorable diputado Juan Morano, el señor ministro se comprometió a ocuparse de lo que ocurre con la Región de Magallanes, que es la que menos rebaja recibirá: 2,6 por ciento, así como también del caso de la Región de Coquimbo, donde la
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CÁMARA DE DIPUTADOS
rebaja será de 3,5 por ciento, y del de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins,
que recibirá una rebaja del 3,2 por ciento.
Lo señalo para que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley que este
ministro realmente cumple lo que promete y que tomará las medidas y providencias para que
así suceda.
En cuanto al costo fiscal del proyecto de ley, el informe financiero N° 65, de 17 de mayo
de 2016, elaborado por la Dirección de Presupuestos, actualiza los valores del efecto del proyecto sobre el presupuesto fiscal. Señala que implica un gasto fiscal anual de personal, en
régimen, de 346.712.000 pesos.
Por su parte el primer año, considerando la puesta en marcha en un plazo de cinco meses,
el gasto en personal, mobiliario, máquinas y equipos, incluyendo los informáticos, será de
82.878.000 pesos.
En régimen, de esos recursos se destinarán 35.815.000 pesos para la Subsecretaría de
Energía, 201.646.000 pesos a la Comisión Nacional de Energía y 109.251.000 pesos a la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Durante el debate del proyecto estuvo presente en nuestra Comisión de Hacienda el señor
Máximo Pacheco, ministro de Energía, y la señora Ximena Oviedo, jefa de Unidad Procesos
y Modelos Tarifarios, Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía.
Los representantes del Ejecutivo explicaron la necesidad de terminar con la enorme dispersión de tarifas residenciales en el país, ya que por un mismo consumo de sobre 180 kilowatts por mes del año 2015 pueden oscilar entre 19.000 pesos en Santiago y 36.000 pesos en
Linares. Como dije hace un rato, también se debe terminar con la paradoja de que los habitantes de los lugares en que se genera la energía eléctrica, que sirve a todo el país, paguen
mucho más que los de sectores en que no se produce esa energía.
Finalmente, después de haber escuchado a dichas autoridades y de haber realizado el debate correspondiente, la Comisión de Hacienda aprobó la iniciativa por la unanimidad de sus
miembros, pues consideramos que es un gran proyecto que aliviará especialmente a los sectores modestos de nuestro país.
Por lo tanto, nuestra comisión recomienda darle su aprobación por unanimidad.
He dicho.
El señor MELERO.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, quiero precisar que el proyecto de ley no fue
aprobado por unanimidad, pues el diputado Gabriel Silber y quien habla nos abstuvimos de
votar.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ (de pie).- Señor Presidente, el diputado Melero tiene toda la razón. Fue
un lapsus.
Aclaro que el diputado Melero explicó en la comisión que se abstendría de votar, pues él
consideraba que la rebaja propuesta debería ser mayor. Sin embargo, el resto votamos a favor.
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De esta manera quedará registrado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley
que los diputados Patricio Melero y Gabriel Silber se abstuvieron de votar.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el ministro de Energía, señor Máximo Pacheco.
El señor PACHECO (ministro de Energía).- Señor Presidente, hace dos años, cuando el
sector energético estaba paralizado, lleno de incertidumbre y desconfianza, y con nuestros
empresarios señalando que el tema del alto costo de la energía eléctrica era su mayor preocupación, había que ser muy optimista para pensar que podíamos revertir esa situación a través
de un diálogo abierto con la ciudadanía.
Fuimos optimistas. Nos convencimos de que era posible dibujar el futuro energético bajo
un nuevo paradigma, más inclusivo y participativo.
Tras años de descuidos respecto de la producción de energía, acordamos una hoja de ruta,
que hoy está dando frutos concretos y en línea con lo comprometido.
Estamos construyendo una infraestructura que no aspira a otra cosa que a usar la energía
como un instrumento para avanzar hacia una sociedad más justa.
El sistema eléctrico es un solo sistema nacional, un sistema integrado e interconectado, el
que, a contar del segundo semestre del próximo año, unirá el Sistema Interconectado Central
(SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Es decir, tendremos un solo
sistema desde Arica hasta Chiloé, que cubrirá el 95 por ciento de toda nuestra población. Los
beneficios de la interconexión para nuestras familias e industrias, por la reducción esperada
en los precios de la energía que provocará, se calculan en más de 1.100 millones de dólares.
El proyecto que hoy estamos tratando hace justicia. Hay justicia cuando los hogares chilenos consiguen acceso a la electricidad a precios razonables; hay justicia cuando las comunas que generan energía son recompensadas por la contribución que hacen a todo el país; hay
justicia cuando tenemos un suministro eléctrico con menos cortes y, además, que se sustenta
en fuentes limpias y renovables; también hay justicia cuando todos los habitantes de Chile
tienen acceso a tarifas eléctricas en condiciones similares.
Con el proyecto de ley se enfrenta una aspiración muy sentida y una demanda insatisfecha
por varias décadas, ya que apunta a una igualdad tarifaria entre todos los chilenos. Ya no existirán las enormes diferencias que hoy tenemos en nuestro país entre clientes de Santiago y los
del resto de Chile por el mismo consumo eléctrico. Esto es dar igualdad de oportunidades.
¿Cuál es el problema que estamos resolviendo con el proyecto, que han explicado la diputada Provoste y el diputado Ortiz? En la actualidad existe un cobro muy desigual en las tarifas eléctricas residenciales a lo largo del país, lo que implica que por un mismo nivel de consumo, una familia de Linares, por ejemplo, paga 90 por ciento más que una familia de Santiago. Diferencias de esta magnitud no se observan en otros mercados interconectados, como
es el sistema eléctrico, lo que es aún más llamativo si se considera que los cargos por generación y transmisión en las tarifas eléctricas no difieren a lo largo del país.
En efecto, señor Presidente, la tarificación eléctrica se compone de los siguientes elementos: generación, transmisión, distribución e IVA.
Todos los chilenos pagamos el mismo IVA. Como acabo de señalar, la generación y la
transmisión no registran mayores diferencias en sus valores a lo largo del país. Entonces, la
pregunta es: ¿A qué se debe la diferencia de tarifas? Se debe al factor de la distribución de la
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CÁMARA DE DIPUTADOS
electricidad, que es desigual, según la densidad poblacional de cada zona. Eso es lo que estamos abordando.
Por ello, un primer objetivo del proyecto de ley es introducir mecanismos para disminuir
las diferencias existentes en el componente “distribución” de las cuentas de electricidad de
las familias en las distintas comunas del país, con un claro objetivo de equidad territorial.
Por otra parte, la iniciativa también contempla el reconocimiento a la generación de
energía en comunas productoras de la misma. El proceso de desarrollo regional y el reconocimiento al aporte que cada una de las regiones entregan al desarrollo del país es un tema que
nos urge a todos como sociedad.
¡Cuántas veces escuchamos el reclamo legítimo de las regiones respecto de la forma en
que se reparten los beneficios de un país que crece y progresa con la fuerza que lo ha hecho
Chile en las últimas décadas!
Permítanme hablar desde mi experiencia como ministro de Energía. Es muy recurrente,
casi como un rito, recibir inquietudes y reclamos en mis visitas a regiones en relación con el
cobro de la cuenta de la luz. Esto pasa en cada lugar donde tenemos alguna actividad.
Desde el punto de vista económico y técnico, no es muy difícil explicar por qué, si como
país no hemos construido suficiente infraestructura de generación y transmisión eléctrica,
hemos llegado a tener las cuentas de luz más caras de América Latina.
¿Cómo se le explica a una familia de la comuna de Alto Biobío, Quilaco o Antuco, que lo
primero que ve cada mañana es una central hidroeléctrica, que su tarifa de electricidad cuesta
el doble que en Santiago? Esto se replica en demasiadas comunas, como Tocopilla, Mejillones, Quillota, Huasco y Colbún, por mencionar solo algunas.
Sin duda, generar un cambio en la forma en que se cobran las tarifas a lo largo del país, y
las diferencias existentes entre estas, ha sido un tema que ha preocupado a la ciudadanía desde hace décadas. En los últimos cincuenta años, varios presidentes de la República han solicitado abordar esta modificación, la que no se ha podido realizar hasta la fecha.
De la misma manera, esos problemas han sido evidenciados por el Congreso Nacional.
Varias mociones de honorables diputados -de distintos sectores políticos- han propuesto descuentos en las cuentas de electricidad para las personas que tienen domicilio en una comuna
intensiva en generación eléctrica.
Por ello, el proyecto de ley que introduce mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas
se hace cargo de ese problema tan importante y tan postergado. El apoyo transversal que ha
recibido esta iniciativa durante su tramitación legislativa, con la presentación de indicaciones
que han fortalecido el sentido solidario de esta medida, es una señal fuerte para el país respecto de la forma transversal y consensuada en que una política pública puede asumir la solución de distorsiones que creíamos endémicas.
En nombre del Ministerio de Energía y del gobierno, quiero agradecer el apoyo que
hemos recibido de los parlamentarios durante la tramitación del proyecto.
En cuanto a los beneficios esperados de la iniciativa, podemos señalar que la medida de
equidad tarifaria, como ya se ha dicho, se hace cargo de ecualizar el componente de distribución de las tarifas residenciales, logrando que la diferencia entre las cuentas tipo y la cuenta
tipo más alta no supere el 10 por ciento.
Es muy importante destacar que solo contribuyen a financiar esta medida los clientes residenciales con consumos mayores a 200 kilowatts/hora al mes.
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Aun más, en la Comisión de Minería y Energía de esta Corporación alcanzamos un acuerdo para que los clientes que consumen sobre 200 kilowatts/hora al mes y hasta 240
kilowatts/hora al mes contribuyan de manera gradual.
Esa indicación, apoyada transversalmente, permitirá que miles de familias se vean favorecidas, focalizándose el aporte al financiamiento de esta medida en los consumos más altos.
El impacto de la iniciativa es de una magnitud enorme. Ya se ha señalado que, en total, se
beneficiarán los vecinos de 239 comunas, de manera que la iniciativa en discusión beneficiará a 2.700.000 hogares, con rebajas, en promedio, de 14 por ciento en la cuenta de la luz.
Estamos hablando de alrededor de 11 millones de chilenos y de chilenas que verán un beneficio efectivo. Se trata de familias que hoy son castigadas por vivir en zonas con una densidad poblacional más baja que la de Santiago.
La electricidad ha vivido varias etapas en Chile. Hoy, su apertura al mundo nos está permitiendo incorporar nuevos actores y nuevas tecnologías, de las que hasta hace muy poco
tiempo no disponíamos. Sin embargo, siempre, por más cambios que haya experimentado
este sector en sus distintos segmentos, la electricidad mantuvo su condición de servicio
público básico y fundamental en la vida de los hogares de Chile.
Ahora, por fin, este servicio público tiene la posibilidad de hacerse cargo de esa anomalía,
que ha afectado el desarrollo y el progreso de tantas familias chilenas, especialmente en regiones y zonas aisladas.
No basta con recibir el suministro, no basta con que bajemos el número de cortes en el
año y tampoco basta con que funcionemos usando nuestros recursos propios, como la radiación solar, el agua, el viento o la biomasa. La electricidad, ese servicio público tan decisivo
en nuestras vidas, no puede seguir siendo un factor de desigualdad para chilenas y chilenos.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Gahona.
El señor GAHONA.- Señor Presidente, lo primero que hay que dejar de manifiesto respecto del proyecto de ley de equidad tarifaria es la falta de consideración que, en buena medida, ha tenido el Ejecutivo con la Cámara de Diputados, al imponer escasos tiempos legislativos para su adecuada tramitación.
En el Senado, el proyecto fue estudiado por más de ocho meses, y cuando llegó a nuestra
Corporación, el Ejecutivo puso el pie en el acelerador y buscó tenerlo aprobado en un par de
sesiones.
Francamente, a nuestro juicio, eso es una falta de consideración para esta rama del Congreso Nacional, así como una muestra más de lo que ha sido la costumbre de este gobierno:
legislar a la rápida.
La iniciativa en discusión busca dos objetivos: en primer lugar, disminuir las tarifas eléctricas en aquellas comunas que posean centrales de generación de energía eléctrica, y, en
segundo término, acotar las diferencias de las tarifas eléctricas residenciales entre las distintas zonas del país.
Para concretar esos dos objetivos, el proyecto propone dos medidas. Para el primer objetivo,
la disminución de las tarifas, el proyecto establece el reconocimiento de la generación local,
que consiste en un descuento en el componente de energía de las tarifas de las comunas que
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CÁMARA DE DIPUTADOS
ahora se denominarán como intensivas en generación eléctrica, descuento que será asumido por
los consumidores de las comunas que no son consideradas del modo antes señalado.
Para el cumplimiento del segundo objetivo, es decir, para disminuir las diferencias en las
tarifas eléctricas, el proyecto establece la equidad tarifaria residencial, mecanismo que consiste en la modificación del componente “distribución” de las tarifas residenciales, para lograr que la diferencia entre el promedio de las cuentas a nivel nacional y la cuenta más alta,
tal como lo señaló el ministro de Energía, no sea superior a 10 por ciento.
Como todos sabemos, el proceso eléctrico está dividido en tres etapas: la generación de la
energía, la transmisión de esa energía a lo largo del territorio, y su distribución a los consumidores finales.
El precio de la distribución está regulado y, según la cantidad de consumidores por kilómetro de línea, se va abaratando su costo. Por ello, mientras más hogares haya por kilómetro
cuadrado, más barata será la distribución de la energía, ya que donde hay mayor cantidad de
población, el costo de las instalaciones se prorratea en un mayor número de consumidores, lo
que redunda en tarifas más económicas que en aquellos lugares donde hay poca población.
Quienes terminarán pagando las medidas que propone este proyecto de ley serán los habitantes de las comunas no consideradas como intensivas en generación, las que, mayoritariamente, se encuentran en Santiago, y que consuman más de 200 kilowatts/hora.
Cabe señalar que el consumo promedio para un hogar de cuatro personas es de 220 kilowatts/hora, lo que, indudablemente, redundará en que este impuesto encubierto lo terminará
pagando, una vez más, la clase media del país.
Se darán situaciones en que zonas de alta densidad poblacional, como La Pintana o Puente
Alto, terminarán por subsidiar a zonas que efectivamente tienen menos población, lo que nos
parece bien, pero mayores niveles de ingreso, como Pucón.
Si bien el proyecto tiene un rol social relevante, no es la manera óptima de atacar el problema de los costos por distribución de la energía eléctrica, ni mucho menos aún el suscitado
entre las comunidades y las empresas generadoras.
La iniciativa nada dice tampoco respecto de la calidad del servicio, para cuyo análisis se
debe tener en cuenta que aún hoy, en pleno 2016, existen localidades que tienen electricidad
solo por algunas horas del día, y que en otros lugares se pagan altísimos precios por un pésimo servicio.
Con el objetivo de mejorar el proyecto de ley en debate, presentamos una serie de indicaciones, las cuales en su mayoría fueron declaradas inadmisibles. No obstante, una de las más
importantes, que dice relación con el cobro de este subsidio cruzado -porque eso es- a los
hogares que hayan consumido más de 200 kilowatts/hora, enhorabuena fue acogida por el
Ejecutivo.
Esa indicación viene a corregir un grosero error de esta iniciativa, el cual, de hecho, fue
manifestado por los expertos que alcanzamos a invitar a la Comisión de Minería y Energía,
en el poco tiempo de estudio que nos dejó el Ejecutivo para tal efecto.
El proyecto establecía que un hogar debería pagar por completo este subsidio cruzado,
cuando pasara de los 200 kilowatts/hora, sin tener en cuenta que no existen mayores diferencias entre un hogar que consume 199 kilowatts/hora y otro que consume 201 kilowatts/hora.
Por ello, planteamos la idea de hacer este cobro de manera gradual, con el objeto de que
una familia que consumiera alrededor de los 200 kilowatts/hora no pagara por completo el
subsidio, estableciéndose de ese modo una adecuada gradualidad, lo cual, sin lugar a dudas,
alivianará la carga de esas familias de clase media que deberán aportar a la equidad tarifaria.
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En definitiva, el proyecto representa, teóricamente, una buena medida para reducir las diferencias que existen en el pago de las cuentas eléctricas entre distintas zonas geográficas del
país, diferencias que incluso pueden llegar hasta 76 por ciento, aun cuando se consuma la misma cantidad de energía. Sin embargo, la focalización del subsidio cruzado que se pretende
otorgar puede generar problemas de justicia redistributiva, toda vez que el sobreprecio se paga
en función de la densidad habitacional, no en función de la capacidad de pago del usuario.
A pesar de la mejora sustancial introducida por la gradualidad que propuse, el Ejecutivo
podría haber hecho un esfuerzo adicional, tomándose el debido tiempo, que faltó en esta tramitación, para focalizar el subsidio cruzado.
Esta equidad tarifaria es un subsidio cruzado que solidariamente se paga entre los propios
consumidores, no teniendo injerencia alguna las empresas eléctricas de distribución. En otras
palabras, aquí no hay ni un solo peso de las empresas de distribución o del gobierno, por lo
que espero que este 21 de Mayo nadie se vista con ropa ajena.
Donde sí hace gasto el gobierno es en contratar más personal, tanto para el Ministerio de
Energía como para la cuestionada Comisión Nacional de Energía y para la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles, a propósito de declaraciones del último tiempo.
Llamo al gobierno a transparentar que este subsidio cruzado será íntegramente solventado
por todos los consumidores del país, así como también a realizar un verdadero aporte a los
consumidores más vulnerables y enviar, a la brevedad, un proyecto de ley de subsidio focalizado en las tarifas eléctricas, tal como se ha hecho con el agua potable, que recoja las propuestas que este y otros diputados de la comisión, de manera transversal, hemos presentado
al respecto.
Espero que el gobierno no se vista con ropa ajena, pues este proyecto de equidad que
aprobaremos -porque lo vamos a aprobar- se deberá, única y exclusivamente, a la solidaridad
entre los consumidores.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente, valoro este proyecto, que va en
una línea social, porque tiene el claro objetivo de disminuir las tarifas eléctricas a los clientes
regulados en aquellas comunas en que están instaladas centrales de generación de energía
eléctrica y también porque busca acotar las diferencias de las tarifas eléctricas residenciales
en las distintas zonas del país.
Sin embargo, me pregunto qué ocurre en el resto del país, especialmente en comunas como Coronel, que represento, que es generadora de electricidad.
En nuestro país existe más de un centenar de centrales termoeléctricas, que funcionan con
carbón, petróleo, gas natural, biomasa o de ciclos combinados. En los últimos diez años, entraron en operaciones 88 de ellas, por lo que el 60 por ciento de la generación eléctrica en
nuestro país proviene de centrales termoeléctricas.
En el caso de la comuna de Coronel, donde vivo, la primera planta termoeléctrica data de
los años 70, Bocamina I, de Endesa, que pertenecía al Estado, época en que las exigencias
ambientales eran mínimas.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
En el 2012, más de cuarenta años después, entró en funcionamiento la central Bocamina
II, que fue altamente cuestionada por la ciudadanía y por la comunidad, que incluso ha paralizado su funcionamiento por orden judicial debido a la contaminación que ha generado, no
solo en el aire, sino también en el mar.
A estas termoeléctricas de Endesa se sumó el complejo Santa María, de Colbún, cuya
primera unidad recibió la aprobación ambiental en febrero del 2007 y entró en operaciones
en 2012, y su segunda etapa fue aprobada ese mismo año, lo que ha provocado gran cantidad
de conflictos sociales entre mis propios vecinos, especialmente los pescadores.
Esta situación afecta de manera grave la calidad de vida de los habitantes que viven cerca
de esas instalaciones, situación que conozco de primera mano, porque vivo cerca de las centrales Bocamina I y II, en Coronel.
Frente a esta situación, surge la natural pregunta: ¿Los habitantes de las comunas que son
generadoras eléctricas merecemos vivir con este bajo nivel de vida? Vivir en condiciones
ambientales tan precarias infringe el mandato constitucional que consagra el derecho a vivir
en un medio ambiente libre contaminación.
Por ello, me parece bastante lógico que se establezcan mecanismos de reparación o de
compensación frente a este derecho no respetado a los habitantes.
En esta línea, en 2011 presentamos un proyecto de acuerdo, el número 475, que buscaba
reducir en 50 por ciento el valor de la tarifa para los usuarios que habitaban en las comunas
que eran generadoras eléctricas. Este proyecto de acuerdo nació de la demanda de la comunidad, manifestada en las reuniones que sostuvimos con los distintos dirigentes de las juntas
de vecinos, y fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Es muy claro que la generación de energía ocasiona impactos negativos en los lugares
donde se emplazan las instalaciones, lo que se traduce, principalmente, en la contaminación
del aire y del mar; esto último se produce porque las centrales termoeléctricas succionan
agua del mar. También afecta los recursos hidrobiológicos y contribuye a producir congestión vial, suciedad y el deterioro estético de los sectores aledaños a las plantas de generación.
Además, la instalación de estas empresas genera ruidos molestos y ha provocado la inhabilitación de viviendas colindantes, por las vibraciones del terreno y el colapso de los suelos.
Por ello, quiero pedir al Ejecutivo que evalúe esta compensación en las tarifas, porque
está muy claro que es una compensación de un subsidio cruzado.
En esta situación, la pregunta que corresponde formular es la siguiente: ¿Cuánto es el valor en dinero? ¿Cuánto están colocando las empresas generadoras en el sistema eléctrico para
compensar esta rebaja de tarifas eléctricas? La respuesta es cero. Tengo que decirlo: ¡Cero!
Es un subsidio cruzado que busca alcanzar la equidad para que todos paguen lo mismo,
aproximadamente.
Coronel, al igual que muchas otras comunas generadoras eléctricas en este país, es una
zona de sacrificio. La comuna de Coronel tiene cuatro generadoras termoeléctricas. ¡Cuatro!
Es una zona de sacrificio en cuanto a impacto medioambiental y en la calidad de vida de sus
habitantes, lo que se evidencia en los últimos estudios en algunos niños, cuyos resultados
muestran que su sangre contiene metales pesados.
Entonces, pido -insisto, en realidad- al Ejecutivo que evalúe el aumento del porcentaje de
aporte que realizan las empresas, especialmente en las comunas generadoras. Ese es el se-
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gundo paso. Este proyecto de ley es el primer paso, que va en una línea correcta, que valoro,
pero también pido al ministro -por su intermedio, señor Presidente- que se aumente ese porcentaje. En Coronel, bajar en 14 o 18 por ciento las tarifas por el consumo eléctrico es la
nada misma, porque es una comuna que tiene muchos problemas económicos, con mucha
cesantía y con una pobreza histórica, endémica y estructural.
Por lo tanto, anuncio que votaremos favorablemente el proyecto, porque considero que va
en la línea correcta, y lo valoro, pero creo que es insuficiente.
Por eso, le pido al señor ministro que el Ejecutivo dé un segundo paso y presente otro
proyecto que determine el aporte que entregarán las empresas para la rebaja de la tarifa eléctrica de los habitantes, especialmente de las comunas que son generadoras.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Morano.
El señor MORANO.- Señor Presidente, estamos ante una iniciativa de ley que, sin duda,
constituye un avance sustantivo para quienes generan energía eléctrica en sus territorios, pero
que también soportan un excesivo costo en el pago de sus cuentas.
Pero esa no es la única variable que, a mi juicio, debería haber considerado un proyecto
de equidad tarifaria. Hay otras que no dependen siquiera de las personas que habitan ese territorio. El hecho de que Aysén y Magallanes tengan entre 1,5 y 4 horas menos de luz natural
diaria en el otoño y en el invierno no depende de las personas que habitamos el territorio,
pero igual nos obliga a consumir más energía eléctrica.
Por otra parte, hay criterios que, a nuestro juicio, debieron ser tomados en cuenta. Esperamos que en el futuro se incorporen.
Hay regiones que están viviendo preemergencias y emergencias ambientales recurrentes,
incluso en otoño e invierno, razón por la cual se prohíbe el uso de leña como combustible.
Seguramente, una alternativa a ese combustible es el uso de electricidad.
Como el criterio que se aplica en la iniciativa es el consumo, lo cual nos parece adecuado,
en el futuro, en las regiones donde se declare emergencia ambiental, debería introducirse una
corrección para no establecer límites, de manera que no castiguemos a la persona que utiliza
energía eléctrica para evitar contaminar, haciendo que pague más por el uso de ese recurso.
En el caso particular de Magallanes y de Aysén, pero sobre todo de Magallanes, se usan
los mismos criterios que en el resto del país; sin embargo, no formaremos parte de ese gran
sistema interconectado que anuncia el ministro, y seguramente nunca seremos parte de él.
Por nuestra realidad geográfica, tal vez sea mucho más viable interconectarnos con la república Argentina.
En todo caso, se nos aplica un límite de consumo de invierno, al igual que al resto del
país, como si fuéramos parte del sistema interconectado. Aquellos que en invierno consumen
más del promedio habitual son castigados y se les cobra una tarifa mayor. Pero ya lo dije:
que en Magallanes oscurezca más temprano no es una variable que podamos manejar; es
parte de nuestra realidad.
Tampoco influye el clima en el costo de producción de la energía eléctrica. En Magallanes no se produce energía a través de centrales hidroeléctricas, sino por un factor constante,
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CÁMARA DE DIPUTADOS
el gas, que, por cierto, tiene un gran subsidio del Estado. En 2016 ese subsidio llegará a casi
100 millones de dólares.
Por lo tanto, no se justifica que la empresa eléctrica cobre diferentes tarifas, dependiendo
de si es invierno o verano, y se aumente el límite de consumo.
Espero que estas situaciones sean abordadas en un futuro proyecto de ley o mediante una
modificación al proyecto de ley que introduce mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas. Con todo, nos parece muy bien el factor de distribución como componente de la tarifa.
Anuncio que votaré a favor la iniciativa, haciendo salvedad de aquellas cuestiones que
quedaron como tareas pendientes.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, de pronto me sorprende escuchar la resistencia al concepto de solidaridad territorial y que quienes promueven una economía libre, sustentada,
además, en el desarrollo empresarial, echen en falta los subsidios estatales en lugar de destacar
el esfuerzo nacional por rebajar en general el costo de la energía que está impulsando la agenda
que encabeza el ministro Pacheco, con éxito reconocido transversalmente, por lo demás.
Hace pocos años estábamos hablando del enorme desfase entre la inversión en energía y
las necesidades de desarrollo del país, y resulta que hoy el sector más dinámico y con mayor
inversión es justamente el energético.
La materia reflejada en el proyecto de ley es muy importante no solo para lo que estamos
discutiendo, sino como eventual ejemplo para llevar el concepto de equidad territorial a otras
áreas. Es cierto que el componente “distribución” se limita estrictamente a la tarifa residencial, pero también se establece un descuento en el componente “energía” de las tarifas reguladas -comerciales, pymes, etcétera- en las comunas que producen energía. Con todo, me
gustaría que ese concepto, incorporado en el proyecto, se pudiera extender a otros ámbitos.
Chile, hasta ahora, es parte del pequeñísimo club de países donde más del 40 por ciento
de la población se concentra en la capital. Son muy pocos los países con tal concentración
urbana y con tanta falta de ocupación general del territorio. Esa realidad se relaciona con
cuestiones como las que discutimos.
Por eso saludo el proyecto, que busca, en primer lugar, atenuar las diferencias en el costo
de la electricidad en los hogares según su distancia de los centros urbanos. No puede ser que
la energía sea más cara donde hay menos recursos. Los habitantes de las comunas rurales del
diputado Lemus o del diputado Tuma pagan una tarifa de luz más alta que los habitantes de
Maipú, La Serena o Coquimbo. ¿Es eso justo para un país? Mi respuesta es no, y por eso
saludo el proyecto.
Se trata de una cuestión de solidaridad territorial básica: no puede pagarse el costo de estar lejos con uno adicional, cual es pagar un mayor precio por el uso de la energía. Como me
dijo el diputado Tuma, la política sobre esta materia está equivocada.
Ahora bien, son muchas las cosas que podríamos hacer para desconcentrar el país. En la
Comisión de Hacienda le comenté al ministro Pacheco que algunos países han desarrollado
medidas para que el costo de la bencina o del petróleo sea el mismo en todas partes. Como el
costo de la energía no es igualitario, ese componente es muy importante para definir en qué
región instalar una industria. Por supuesto, estas han tendido a instalarse en el centro del
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país, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. El ejemplo que nos da el ámbito de la
energía deberíamos extenderlo a otros sectores.
En segundo lugar, el proyecto se inmiscuye en el concepto de retribución según el aporte
energético de cada comuna. Resulta obsceno que los habitantes de Alto Biobío paguen una
de las tarifas más altas de energía, en circunstancias de que cuenta con una de las centrales
que más aporta a la producción energética nacional.
En consecuencia, la idea es beneficiar a las 63 comunas donde la producción de energía y el
aporte es muchísimo mayor que el consumo, aplicando un descuento plus a Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Quillota, Colbún, Alto Biobío y Quilaco, que aportan más de la mitad
de la producción energética de Chile, pero consumen menos del 5 por ciento de ella.
Es una sinrazón que les cueste más cara la energía. Por eso, rebajar a prácticamente la mitad el precio a las comunidades de Alto Biobío es un gran aporte del proyecto.
Ahora bien, la iniciativa solo es posible en el contexto de la agenda que ha desarrollado
este gobierno para reducir el precio global de la energía.
Entiendo que el proyecto sobre asociatividad se encuentra en trabajo prelegislativo. La
idea, como ha quedado dicho, es que las comunidades donde se instalen proyectos energéticos reciban los beneficios de ese desarrollo.
Por eso, como usted comprenderá, ministro, vamos a votar a favor el proyecto, como lo
hicimos en la Comisión de Hacienda. No entendemos para nada que aquellos que creen en
una economía sustentada en el desarrollo de la iniciativa empresarial hoy echen en falta un
subsidio estatal, en circunstancias de que estamos hablando de la solidaridad y la equidad
territorial.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, la bancada del Partido Comunista y la Izquierda
Ciudadana, con absoluta convicción y conocimiento de causa, va a respaldar este proyecto de
ley que ha sido expuesto, representado y defendido, entre otros, por el ministro de Energía,
don Máximo Pacheco, a quien saludo. Valoramos que esté presente en el intercambio de
opiniones de los parlamentarios y que recoja los diversos argumentos que se viertan en la
Sala.
Desde mi punto de vista, es vinculante reivindicar los planteamientos y propuestas de los
trabajadores organizados en la mesa del sector público de Atacama, cuya primera demanda
se plasmó en el proyecto que les otorga una asignación, el cual fue votado y aprobado a primera hora en esta sesión. ¿Por qué es vinculante? Porque ellos, en una mirada amplia, como
la que siempre han tenido, preocupados no solo de ellos, sino de toda la comunidad, firmaron
el protocolo Nuevo Trato para Atacama, que beneficia a toda la región y en el cual se plantean materias como el establecimiento de una política de Estado sobre los recursos hídricos y
energéticos. Contar con agua y con energía solar es una materia que preocupa, primero porque Atacama es desierto y, por consiguiente, el agua es un recurso siempre crítico; pero también Atacama es costa y, por tanto, se requieren políticas de construcción de plantas desalinizadoras.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Asimismo, a propósito de uso de energías renovables no convencionales, la Región de
Atacama, que es la capital del sol a nivel planetario, afortunadamente ha empezado a generar
una sinergia constructiva en torno a transformar ese recurso natural en energía. El camino
avanzado es evidente y viene a echar por tierra no solo la idea de que estábamos condenados
a usar únicamente energía contaminante, como la termoeléctrica, sino también la tesis de que
implementar el uso de energías renovables no convencionales, como la eólica, la que proviene de la fuerza del mar o, como se plantea en este caso, la energía solar, iba a ser un proceso
largo y muy costoso.
Hoy, a pocos años -dos o tres- de tomada la decisión, podemos detectar, ver y confirmar
la cantidad de parques fotovoltaicos que se han empezado a instalar en nuestro territorio. Si
alguna vez se estimara que esa tecnología está añeja o que el sol ya no produce energía, los
paneles solares se podrán recoger sin provocar daños ni dejar pasivos, como los que deja
cualquier otra actividad humana industrial que utiliza recursos del planeta.
Deberíamos difundir mucho más las bondades de los parques solares ubicados en nuestro
territorio. En efecto, podríamos rápidamente llegar a ser la primera potencia a nivel mundial
en producción de energía solar, fruto de nuestra particularidad de tener una zona soleada
permanentemente.
Pero la pregunta que se hacen quienes siguen los debates en el Congreso Nacional, y que
también me hago, es por qué cada cierto tiempo hay que abordar el equilibrio tarifario vía
asignaciones o políticas regulatorias. ¿Por qué hay que analizar si hace falta o no una asignación en tal o cual región del país? ¿Por qué tiene tanto sentido democrático y tanto sentido de
sensibilidad social un título como el del proyecto en comento, que habla de “mecanismos de
equidad”? La idea contenida en este título se parece mucho a aquella que plantea que debe
darse “a cada cual según su necesidad”. Es decir, no se trata de una asignación plana e igualitarista. No, equidad supone asignar al que está más en dificultad una proporción mayor de un
beneficio que a aquel que no lo necesita.
El título de este proyecto -reitero-, que habla de “mecanismos de equidad” y que es tan
valorado y saludado, está diciendo algo. Está diciendo que no solo en el plano de las tarifas
eléctricas, sino en el de la actividad económica más global, no hay equidad. Si uno reivindica
la equidad es porque esta hace falta. ¿Por qué? Porque hay un modelo de desarrollo concentrador, inequitativo, injusto y que, por consiguiente, desequilibra la relación.
Por eso es tan grave la iniciativa que tomó la derecha de cuestionar que se regulara el establecimiento de posibilidades para todos por la vía de la reforma laboral. ¡Esto tiene que ver
con el proyecto en discusión! Tiene que ver, porque no se permite fortalecer a la contraparte
en un diálogo que podría ayudar a resolver los problemas de equidad tarifaria en el uso de la
energía eléctrica, de equidad en el uso del recurso agua potable, de equidad en el acceso a
una vivienda digna, etcétera.
El hecho de que el gobierno que encabeza la Presidenta Bachelet, representado en la Sala
por el ministro Máximo Pacheco, promueva un debate que va en la dirección de alcanzar
algún grado de equidad en materia de tarifas eléctricas, es valorable -valga la redundanciaen términos de valores. Es valorable por la conjunción de valores que supone la equidad en la
interacción dentro de una comunidad. También es valorable en cuanto estimula la posibilidad
de que quienes más sufren las consecuencias de los pasivos ambientales que deja la instalación y producción de energía -para qué vamos a exagerar cuando se trata de la energía termoeléctrica- tengan, al menos, no digo una compensación, sino un reconocimiento del Esta-
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do a través del establecimiento de mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas, lo que
valoro profundamente.
Es verdad que todos habríamos querido que se hubiesen tomado en cuenta otros elementos que también están en la raíz de la equidad, como es el tratamiento en materia tarifaria, en
horas punta, para sectores de la economía que operan a veces por esfuerzo propio o por pequeñas comunidades. El compromiso es que ello será materia de otro proyecto de ley.
Espero que sigamos en la dirección de abordar las situaciones de inequidad con iniciativas
que hablen de equidad. La idea es que lleguemos a un debate más macro en que le metamos
mano al origen, a la raíz de la inequidad, y alcancemos un país donde la riqueza beneficie a
todas y a todos; donde, al decir de Neruda, nos sentemos a la mesa y podamos compartir el
pan con presencia de todos y no en una mesa ladeada solo para un sector que concentra riqueza, que genera esta necesidad y esta ausencia de políticas de equidad, las cuales obligaron
a nuestro gobierno a proponer un proyecto del valor del que ahora nos ocupa.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, es tremendamente importante que en este
momento nos encontremos discutiendo un proyecto de equidad tarifaria eléctrica, que tanta
falta hace en nuestro país.
En varias oportunidades conversamos sobre la materia con el ministro de Minería y
Energía. En este sentido, junto con alcaldes he ido al ministerio a plantear esta tremenda injusticia que hoy se vive en la materia y que se puede verificar en comunas y provincias muy
importantes desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica a nivel nacional. Me
refiero a Antuco, a Santa Bárbara, a Quilaco, a Alto Biobío, donde se produce más de la mitad de la energía eléctrica que se genera en Chile. Sin embargo, con el paso del tiempo
hemos visto cómo en la comuna de Antuco, donde se produce una enorme riqueza, su alcalde
debe estar administrando permanentemente pobreza porque las empresas eléctricas no hacen
los aportes que se esperan en aquellas comunas donde están instaladas extrayendo grandes
riquezas.
Cuando hablamos de regionalización, deberíamos preocuparnos de que a futuro el país se
pueda desarrollar armónicamente, de establecer normas para que las grandes eléctricas que se
instalan en comunas pequeñas entreguen allí un aporte importante a través de impuestos para
el crecimiento, el desarrollo y el combate a la pobreza de aquellas.
Antuco, Alto Biobío, Quilaco, Santa Bárbara y Quilleco son comunas con tremendos
índices de pobreza y de cesantía, y las tarifas eléctricas tienen ahí un precio elevadísimo, uno
de los más altos a nivel nacional.
Al respecto, quiero reconocer y celebrar que desde hace un tiempo a esta parte el ministro
ha venido planteando la necesidad de que haya una redistribución de tarifas eléctricas domiciliarias, que haya equidad tarifaria a nivel nacional. Por consiguiente, es de justicia que las
comunas generadoras de este tipo de energía tengan una respuesta positiva en tal sentido.
Creo que las negociaciones fueron mal hechas al comienzo, cuando se instalaron las centrales hidroeléctricas Pangue y Ralco en la comuna de Alto Biobío. En esa oportunidad debió
establecerse el compromiso de entregar la energía que ambas centrales generaran sin costo o
a un bajísimo costo a esas comunidades. Sin embargo, como lo manifestaron algunos diputa-
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CÁMARA DE DIPUTADOS
dos que me antecedieron en el uso de la palabra, en Alto Biobío, donde se genera una cantidad importante de energía eléctrica para el país, se pagan las tarifas más altas.
Por cierto, este proyecto considera una rebaja muy sustantiva, de acuerdo al informe que
nos entregó el propio ministro. Pero tenemos que acelerar el proceso y que dicha rebaja comience a operar lo antes posible, porque no es una situación sostenible; para los habitantes de
Alto Biobío no es posible pagar tan alto costo por la energía eléctrica domiciliaria, por ejemplo, para quienes perciben una pensión básica solidaria. En efecto, si sus beneficiarios cancelan con esos recursos la cuenta de luz, quedan con mucha dificultad para satisfacer las necesidades propias del hogar, como la alimentación.
Nos llama la atención que en la comuna de Los Ángeles, capital de la provincia de Biobío,
se produjera un alza de las tarifas eléctricas en el curso del presente año, concretamente en
los últimos meses. Las empresas eléctricas explicaron que se trata de un reajuste pendiente
del año pasado.
Me gustaría que el señor ministro se refiriera a ese aspecto, porque existe un tremendo
desorden, una injusticia en el trato que le dan al entorno, no solo las empresas generadoras
eléctricas, sino también las empresas distribuidoras de energía, que permanentemente van al
sector rural, cortan los árboles cercanos a las líneas de alta tensión y los dejan ahí, convirtiéndolos en combustible para potenciales focos de incendio en el verano.
También hay que regular esa situación para que cuando corten algún material verde, las
empresas distribuidoras tengan la obligación de sacarlo y llevarlo a un lugar que no represente ningún riesgo de incendio en la época veraniega.
Son muchos los incendios que se han ocasionado de esa forma en los últimos años, a consecuencia de la irresponsabilidad de las empresas distribuidoras de energía eléctrica.
Por lo tanto, en nombre de los habitantes de la provincia de Biobío, saludo y felicito al
ministro de Minería y Energía por esta iniciativa. Espero que la tramitemos con la máxima
velocidad posible para que en el más corto plazo sea una realidad y para que, en justicia, se
rebajen las tarifas eléctricas domiciliarias en las distintas comunas de nuestro país, especialmente en aquellos lugares donde las empresas generan un porcentaje altísimo de la energía
que hoy abastece a Chile.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones
tanto al ministro y su equipo como a los diferentes parlamentarios que en las respectivas comisiones trabajaron para perfeccionar el proyecto de ley en discusión, porque evidentemente
aborda una materia pendiente de asumir.
En mi distrito se ubica Colbún, una comuna eminentemente generadora de energía eléctrica. Tiene una importante cantidad de centrales, por lo que contribuye en un porcentaje significativo al Sistema Interconectado Central. Además, es una de las comunas con las tarifas
eléctricas domiciliarias más altas en el país.
Este proyecto tiene un doble efecto: reconocer, entre otras, a la comuna de Colbún como
generadora de energía eléctrica y, a la vez, beneficiar a sus habitantes con una rebaja, en
promedio, cercana al 30 por ciento de la energía eléctrica, dependiendo de la empresa que la
distribuye a los diferentes hogares.
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Pero la presente iniciativa también beneficia al resto de las comunas. ¿Por qué eso es importante? Porque la provincia de Linares es una de las que tienen el más alto desempleo en nuestro
país; uno de cada cuatro trabajadores gana el sueldo mínimo; muchas personas solo tienen trabajo de temporada y uno de sus principales gastos es el consumo de energía eléctrica.
Por eso creemos que este beneficio, que va directamente al bolsillo de las familias, es muy
relevante.
Es cierto lo que planteó el diputado Gahona relativo al subsidio cruzado, porque hay zonas donde la tarifa va a subir. Pero también es conveniente que exista un rango de diferencia
tarifaria, que en el proyecto se establece en 10 por ciento. Nosotros creemos que algunos
clientes deben asumir ese costo.
Por lo tanto, esperamos que este sea un primer paso para seguir avanzando en disminuir
los costos de la energía eléctrica en nuestro país, lo que nos puede ayudar a combatir la contaminación.
Hoy, una de las principales fuentes de calor en el hogar es la leña, un producto altamente
contaminante. Debido a su uso, nuestras comunas ya tienen serios problemas de calidad del
aire, lo que también afecta la salud de la gente. Pero las personas no pueden emplear otro
elemento para su calefacción, como, en este caso, la energía eléctrica, porque es muy cara, y
la gente evita hacer ese gasto.
Por lo tanto, creemos que si a futuro vamos viendo nuevas medidas que permitan rebajar
el costo de la energía eléctrica domiciliaria, podremos ir resolviendo otros problemas sociales, otras dificultades que afectan la calidad de vida de nuestras familias.
Sí sería importante aclarar cómo se va a traducir esto en la práctica, cómo se fiscalizará su
cumplimiento. Es una de las dudas que han planteado los vecinos.
Nosotros les hemos explicado el proyecto, les hemos dado a conocer los porcentajes de
rebaja, les hemos señalado a partir de qué consumo se empieza a tener el beneficio, pero la
gente tiene dudas respecto de quién verificará que efectivamente esta rebaja en la cuenta de
la luz se traduzca en algo concreto. Sería muy positivo decirle a la ciudadanía dónde deberán
consultar para saber si el mecanismo operará en su caso específico.
Para terminar, quiero felicitar a los parlamentarios y al ministro por el trabajo realizado
durante la tramitación de esta iniciativa. Ojalá la hubiéramos aprobado antes; lamentablemente, aunque no trata un tema tan complejo o que requiera mucho debate, la fueron retrasando poco a poco. Pero quizá ese retraso permitió mejorarla.
Espero que este sea el primero de muchos pasos que se den para que la energía eléctrica
sea más barata, de más fácil acceso para todos y podamos así resolver otros problemas que
afectan a nuestra comunidad.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Luis
Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Minería y
Energía y le agradezco que nos acompañe en el debate de este importante proyecto.
En cuanto al contenido de la iniciativa, durante su tramitación en la Comisión de Minería
y Energía se trató un tema superrelevante que ha estado en el corazón de la discusión: el de
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CÁMARA DE DIPUTADOS
las tarifas eléctricas en horarios punta, cuyo establecimiento se remonta a la época en que
dependíamos de una matriz energética fundamentalmente hídrica.
La dependencia de centrales hidroeléctricas provocaba que disminuyera la generación y el
suministro de energía eléctrico cuando había sequía y que, consecuentemente, se produjeran
apagones. Para enfrentar esa situación, se estableció una medida destinada a bajar el consumo durante las horas de mayor demanda, que consiste en aplicar una tarifa mayor en dichos
horarios, llamados punta.
En la actualidad, con la diversificación de la matriz energética, esa medida no tiene razón
de ser, por lo cual se presentó una indicación que insinuaba la posibilidad de dejar de aplicar
el horario punta en algunas circunstancias, fundamentalmente en situaciones de sequía extrema, como la que afecta al norte y al centro de nuestro país, donde los agricultores y pequeños empresarios están obligados a entrar al horario punta.
El propósito de la indicación era que cuando se dictara un decreto de emergencia o se declarara zona de catástrofe, el Presidente de la República tuviera la facultad de dejar fuera de
sus efectos a los agricultores y pequeños empresarios en cuanto a su obligación de tener que
acogerse al horario punta. Pero ocurre que el señor ministro se adelantó a esta discusión,
porque en declaraciones que formuló al diario El Mercurio apuntó al horario punta para los
sábados, como una medida que es posible implementar.
Si es así, eso significa que no se necesita una modificación a la ley, ya que existiría una
disposición reglamentaria que permitiría hacer este tipo de excepciones, cosa que se saluda
positivamente, aunque creemos que se puede hacer algo más.
En todo caso, el ministro adquirió un compromiso con la comisión en cuanto a abordar el
problema.
Señor Presidente, lo que me interesa resaltar es que este proyecto de equidad tarifaria funcionará a través del cargo por distribución y favorecerá a los consumidores que habitan en
zonas despobladas, en las que existe menor densidad poblacional, sin que nos metamos en el
corazón de la tarifa eléctrica.
Como dijo el diputado Auth, esto funcionará con un sentido solidario, ya que los clientes
de los sectores donde se paga menos por el cargo de distribución, que son los de las zonas
más densamente pobladas y que consuman más de 200 kilowatts/hora al mes deberán pagar
una diferencia en favor de quienes habitan en las comunas que se busca beneficiar. Bueno,
funcionará así, es verdad. Se trata de una especie de subsidio cruzado.
El ministro Pacheco ha jugado un rol muy importante, al igual que el resto del gobierno,
para impulsar la inversión en materia de generación eléctrica, lo que ha permitido el desarrollo de proyectos muy certeros en este ámbito. Sin embargo, me gustaría que diversificáramos
más nuestra matriz energética para que no dependiéramos tanto de un solo elemento, el costo
de la energía bajara y eso se expresara también en las cuentas que pagan los clientes, porque
lo que ellos ven habitualmente es que cuando las tarifas de la energía bajan, sus cuentas no
bajan.
Considero recomendable que la Comisión de Minería y Energía, y la Cámara de Diputados en general, se preocupen un poco más de las cuentas de los clientes, sobre todo de los
clientes regulados, que no son solo los residenciales, sino también los pequeños empresarios,
los pequeños emprendedores, que no recibirán el beneficio porque el proyecto no los va a
tocar.
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Este es un gran esfuerzo y hay que agradecerlo. En especial saludamos el trabajo inteligente -como siempre- realizado por el ministro de Energía.
Si bien estas son medidas que vamos a pagar todos, tendrán un efecto positivo para los
habitantes de los territorios que más lo necesitan, razón por la cual votaremos a favor el proyecto.
Ojalá que el ministro cumpla el compromiso de implementar su propuesta sobre el horario
punta, ya que favorecería principalmente a los pequeños emprendedores del país.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana.
El señor SANTANA.- Señor Presidente, el propósito de esta iniciativa, como bien expresa su texto, consiste en introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas, para lo
cual, a través de las modificaciones que introduce en la Ley General de Servicios Eléctricos,
busca disminuir las tarifas que se aplican a los clientes regulados que habitan en comunas
donde existen centrales generadoras de energía eléctrica.
Valoramos esta propuesta legislativa y, como le expresamos al ministro Pacheco, nos interesa que prospere.
En todo caso, esperamos que en lo que resta de su tramitación se pondere de manera distinta la situación de algunas comunas donde hay proyectos de generación de energía eléctrica
funcionando y otros en carpeta, como ocurre en Ancud y Quellón, en la provincia de Chiloé,
las que no fueron incluidas en el factor de ponderación de la equidad tarifaria. Algo similar
ocurre con Hualaihué, donde vive el 53 por ciento de la población de la provincia de Palena.
Esperamos que se incorpore a esa localidad y, en consecuencia, se beneficie a sus habitantes.
Además, tal como han planteado algunos colegas, hay observaciones respecto de otras
comunas que también debieran ser consideradas.
El propósito de esta iniciativa es loable, pues la equidad tarifaria es relevante para el país.
Sin embargo, y por lo mismo, hay temas que deben ser revisados, como el de los peak de
consumo como resultado de situaciones de emergencia, problema que expuso muy bien el
diputado Morano.
Se trata de una sumatoria de medidas que van en la línea correcta, responden a las demandas de la ciudadanía y, sin lugar a dudas, ayudan a alcanzar un fin social que valoramos.
En consecuencia, votaremos a favor el proyecto, pero esperamos que el señor ministro
acoja los planteamientos que le hemos hecho varios parlamentarios, ya que siempre será positivo incorporar opiniones diversas para mejorar las iniciativas legislativas.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, aplaudimos la noticia del
pasado 21 de Mayo, cuando la Presidenta de la República señaló que los pobladores de las
comunas que más aportan a la generación eléctrica tendrían tarifas menores. Sin embargo
estoy triste, porque estuve con los asesores del ministro Pacheco, quienes me señalaron que
el análisis fue muy técnico, de cifras y de promedios.
Hay cosas que me cuesta entender. En la Región del Libertador General Bernardo
O´Higgins tenemos dos empresas, CGE Distribución y Emelectric. Al parecer, la última tiene
costos mucho más altos que la primera, por lo que el delta será mayor para Emelectric que
para CGE Distribución.
Hay cosas que uno debe explicar a la ciudadanía. No puedo entender que los habitantes de
San Fernando deban soportar un aumento de la tarifa eléctrica de 2,26 por ciento, en circunstancias de que hay cuatro centrales hidroeléctricas en esa zona, las que han generado, como he
dicho en varias oportunidades en este hemiciclo, externalidades negativas a los habitantes de
San Fernando, Chimbarongo y a los pequeños agricultores aguas abajo del río Tinguiririca.
Chimbarongo, que es una comuna rural de las más grandes en la región y que es de una
pobreza reconocida en todos los factores medidos por Ministerio de Desarrollo Social, tendrá
un aumento de 5,75 por ciento en el precio de las tarifas eléctricas. Lo mismo sucede con la
comuna de Peumo, que es pobre y pequeña.
Ese mismo 5,75 por ciento de aumento se aplicará a las tarifas eléctricas de los habitantes
de la ciudad más importante, grande y densa, que es Rancagua. Ahora, ¿cómo explico esto a
la ciudadanía?
El proyecto tiene que ver con la solidaridad; no obstante, ¿cómo explico a la ciudadanía
de dos comunas que no le podemos aplicar una rebaja sustancial de sus tarifas de consumo
eléctrico, a pesar de que sufren las externalidades negativas que producen las cuatro centrales
instaladas en el sector?
Este anuncio de la Presidenta de la República era una buena noticia para nosotros; pero
una de las cosas más importantes para un político es cómo nos paramos frente a la ciudadanía
para explicarle lo que va a ocurrir con sus tarifas eléctricas.
Por eso, me gustaría hablar con los asesores del ministro, con el fin de que me entreguen
los argumentos suficientes para dar las explicaciones que corresponden sobre esta situación.
Me imagino que lo mismo pasa en las comunas más alejadas.
Me alegro de que no votemos esta iniciativa ahora, dado que eso nos permitirá tener más
tiempo para entender bien todo el proceso y buscar la forma de explicarlo a la ciudadanía.
Llevamos a cabo una reunión muy importante con representantes de CGE Distribución, a
la cual asistieron muchos vecinos de Pichidegua y de otras comunas, en la que se planteó la
inquietud por el cobro de seis cuotas, que se deben volver a pagar después. La gente no entiende por qué está pagando una cuota tras otra.
Al respecto, los representantes de la empresa señalaron algo que nos preocupó a todas las
autoridades, incluyendo a muchos alcaldes, cual es que no se estaba emitiendo a tiempo el
decreto del reajuste del cobro respectivo. Eso no solo ocurrió durante los cuatro años del
gobierno anterior, en que no se aplicó el aumento de las tarifas eléctricas, sino también está
sucediendo en este gobierno, lo que provoca complicaciones a las familias que deben pagar
esto en cuotas.
Por intermedio del señor Presidente, quiero consultar al señor ministro qué está pasando
con la emisión de los decretos de ajustes tarifarios que se deben realizar permanentemente,
pero que no se están enviando a tiempo, por lo que la ciudadanía tiene la percepción de que
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le están cobrando algo que no corresponde, lo que se suma a la injusticia del alza tarifaria
que señalé, que esos vecinos no comparten.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, por su intermedio saludo cordialmente al señor
ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien nos acompaña en esta sesión.
El proyecto de ley es de suma trascendencia. La situación planteada es similar a la que
ocurre en Coyhaique. Me refiero a la contaminación y a la rebaja en el costo de la cuenta tipo
para un habitante de la Región de Aysén, de 15,9 por ciento, lo que es una buena noticia para
dicha región, que, dicho sea de paso, tiene los más altos costos de energía en el país, después
de Antofagasta.
Por lo tanto, cualquier esfuerzo encaminado en esta dirección nos parece absolutamente
razonable. Nos alegramos por eso y por el hecho de que la Presidenta cumplió con lo anunciado durante la inauguración de una central hidroeléctrica en la Región del Biobío.
Ahora bien, es curioso que los habitantes de las comunas que tienen más generadoras de
electricidad deban pagar la tarifa más alta por la energía domiciliaria.
Por tal razón, nos parece que el proyecto es de suma trascendencia para las regiones donde se produce la energía, porque establece que los grandes consumidores de la energía eléctrica que se produce en otras regiones deberán pagar más por ese consumo.
Desde este punto de vista, destaco y valoro la iniciativa. Me parece absolutamente necesario señalarlo. Creo que va en la dirección adecuada, ya que tendrá un impacto favorable en
las tarifas eléctricas de la gente de la Región de Aysén, que, como dije, paga la energía eléctrica más cara, después de la que cancelan los habitantes de la Región de Antofagasta.
En Coyhaique, donde vive más de la mitad de la población de la Región de Aysén, todos
los años se repiten altos índices de contaminación. La solución a ese problema la tiene el
Ministerio de Energía, que debe buscar un sustituto para el uso de la leña -muy generalizado
en la actualidad- para calefaccionar los hogares, con el fin de que esa ciudad no se transforme en la más contaminada del país.
Al respecto, el Ministerio del Medio Ambiente planteó una solución de mediano a largo
plazo -estamos hablando de alrededor de diez años- consistente en aislar térmicamente las
viviendas y mejorar la calidad de la leña. No obstante, el problema de la mala calidad de vida
que deben sufrir los habitantes de Coyhaique por la nube tóxica que cubre esa ciudad desde
abril a agosto, debe ser resuelto con medidas mucho más radicales, a la escala de la magnitud
de la situación.
Señor Presidente, por su intermedio quiero explicar al ministro tres propuestas de rápida
implementación para que el Ejecutivo las considere:
En primer lugar, la eliminación del impuesto a los combustibles en la Región de Aysén, particularmente en la comuna de Coyhaique, en especial en el periodo en que se registran niveles
de contaminación extremos, es decir, de abril a agosto. Es una medida de aplicación rápida,
inmediata, que permitirá una rebaja sustantiva de los precios del petróleo y de la parafina.
En segundo lugar, reflotar la iniciativa que durante su gestión anunció el Presidente Ricardo Lagos para resolver el problema de contaminación en Coyhaique, esto es, traer gas
desde Argentina.
CÁMARA DE DIPUTADOS
66
En el marco del presente debate, algunos diputados han hecho alusión a que hoy Chile
está exportando gas natural licuado hacia Argentina, traspaso que se lleva a cabo en la zona
norte del país y, según tengo entendido, se va a ampliar el volumen de exportación desde la
zona central gracias al envío diario de 3.000.000 de metros cúbicos de combustible, el cual se
despachará a través del gasoducto Gasandes.
Por eso, nos parece razonable reflotar el proyecto que anunció durante su mandato el Presidente Ricardo Lagos, pues considero que va en la dirección correcta. En su momento, el
entonces Presidente dijo que en seis meses resolvería el problema de contaminación en Coyhaique; sin embargo, pasó su gobierno, trascurrieron todos estos años y hoy Coyhaique es la
ciudad más contaminada de nuestro país.
En tercer lugar -sé que al ministro le interesa sobremanera el tema-, generar incentivos para estimular la construcción de centrales hidroeléctricas, de pequeña y de mediana escala, en
la Región de Aysén, zona en que existen varios proyectos atingentes a este tema.
En el marco del debate del proyecto, quise aprovechar la oportunidad para hacer presente
estas tres propuestas, las cuales considero absolutamente relevantes para resguardar la salud
de los habitantes de la Región de Aysén.
Por último, sin perjuicio de felicitar al ministro por la presente iniciativa, le dejo la tarea
de exponer las propuestas descritas ante el consejo de ministros, dada la urgencia de resolver
el gravísimo problema de contaminación que afecta a la ciudad de Coyhaique.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.
La discusión y votación del proyecto queda pendiente para una próxima sesión.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.33 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.
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VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.OFICIODES.E.LAPRESIDENTADELAREPÚBLICA.(BOLETÍNN°9152‐07)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el
despacho del proyecto de ley Modifica el Código Procesal Penal, para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal. (boletín N° 9152-07)
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución
Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites
constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el
proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN, Ministro Secretario General de la Presidencia”.
2.OFICIODES.E.LAPRESIDENTADELAREPÚBLICA.(BOLETÍNN°7543‐12)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el
despacho del proyecto de ley que Reforma el Código de Aguas. (boletín N° 7543-12)
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución
Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites
constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el
proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN, Ministro Secretario General de la Presidencia”.
CÁMARA DE DIPUTADOS
68
3.OFICIODES.E.LAPRESIDENTADELAREPÚBLICA.(BOLETÍNN°7963‐06)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el
despacho del proyecto de ley que Relativo al fortalecimiento de la regionalización del país.
(boletín N° 7963-06)
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución
Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites
constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el
proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN, Ministro Secretario General de la Presidencia”.
4.OFICIODES.E.LAPRESIDENTADELAREPÚBLICA.(BOLETÍNN°10165‐05)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el
despacho del proyecto de ley que Moderniza la legislación aduanera. (boletín N° 10165-05)
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución
Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites
constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el
proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN, Ministro Secretario General de la Presidencia”.
5.OFICIODELSENADO.(BOLETÍNN°10603‐05)
“Valparaíso, 18 de mayo de 2016.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al
proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que otorga una asignación extraordinaria, por
única vez, para los funcionarios públicos de menores remuneraciones de la Región de Ata-
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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cama, que cumplan las condiciones que se indican, correspondiente al Boletín Nº 10.603-05,
con la siguiente enmienda:
-oHa incorporado el siguiente artículo 4°, nuevo:
“Artículo 4°.- Durante el año 2016, el Ministerio de Hacienda encargará un estudio sobre
diferenciales de patrones de consumo, y su valoración, en la Región de Atacama respecto de
otras regiones del país, el que deberá estar terminado en el año 2017.
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de este artículo, durante el primer año
presupuestario de su vigencia, será financiado con recursos provenientes de la partida presupuestaria del Ministerio de Hacienda y, en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.
-oLo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 12.556, de 17 de mayo
de 2016.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JAIME QUINTANA LEAL, Vicepresidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado”.
6.OFICIODELSENADO.(BOLETÍNN°8493‐14)
“Valparaíso, 18 de mayo de 2016.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al
proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio
público aplicable a los proyectos de construcción, correspondiente al Boletín Nº 8.493-14,
con las siguientes enmiendas:
Artículo 1°
Ha sustituido su encabezamiento por el siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, de la siguiente forma:”.
Número 1)
Lo ha eliminado.
-o-
CÁMARA DE DIPUTADOS
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Ha consultado como número 1), nuevo, el que se consigna a continuación:
“1) Agrégase el siguiente artículo 28 ter:
“Artículo 28 ter.- Asimismo, a través de planos de detalle subordinados a los planes reguladores comunales, seccionales o intercomunales, podrán fijarse con exactitud el diseño y
características de los espacios públicos, los límites de las distintas zonas o áreas del plan y,
en el caso de los planes reguladores comunales y seccionales, el agrupamiento de edificios y
las características arquitectónicas de los proyectos a realizarse en sectores vinculados con
monumentos nacionales, en inmuebles o zonas de conservación histórica o en sectores en que
el plan regulador exija la adopción de una determinada morfología o un particular estilo arquitectónico de fachadas.
Estos planos de detalle serán elaborados y aprobados conforme señala el artículo precedente, con los siguientes cambios:
a) Deberán contener una breve memoria y disposiciones reglamentarias.
b) Se deberá realizar una o más audiencias públicas en los barrios o sectores afectados
para exponer la propuesta de plan de detalle a la comunidad, en la forma establecida en la
ordenanza de participación ciudadana de la respectiva Municipalidad.
c) Antes de su aprobación, se expondrán a la comunidad por un plazo de treinta días, vencido el cual los interesados podrán formular observaciones escritas y fundadas hasta por
otros treinta días, aplicándoseles lo previsto en el artículo 43.”.”.
-oNúmeros 2) y 3)
Los ha suprimido.
Número 4)
Ha pasado a ser número 2), reemplazado por el siguiente:
“2) Deróganse los incisos primero y tercero del artículo 46.”.
Números 5), 6) y 7)
Los ha eliminado.
-oHa incorporado el número 3), nuevo, que se señala a continuación:
“3) Sustitúyese, en el artículo 75, la palabra “Planos” por “Planes”.”.
-oNúmero 8)
Ha pasado a ser número 4), eliminándose en el texto que propone, la expresión “, o recepción definitiva de edificaciones,”.
Número 9)
Lo ha suprimido.
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71
Número 10)
Ha pasado a ser número 5), modificado como sigue:
Letra b)
Ha intercalado, en el inciso que este literal propone, luego de la expresión “inserción urbana”, lo siguiente: “, o su conectividad cuando se trate de proyectos en el área rural conforme al artículo 55”.
Números 11) y 12)
Los ha eliminado.
-oHa incorporado los siguientes números 6), 7) y 8), nuevos:
“6) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 140, la palabra “Planos” por “Planes”.
7) Intercálanse, a continuación del artículo 167, el siguiente Título V y los artículos 168 a
186 que lo componen, nuevos, pasando los actuales artículos 168, 169 y 170 a ser artículos
187, 188 y 189, respectivamente:
“TÍTULO V
De las mitigaciones y aportes al espacio público
Capítulo I
Principios aplicables a las mitigaciones y aportes
Artículo 168.- Serán aplicables a este Título los siguientes principios:
a) Universalidad: todos los proyectos inmobiliarios públicos y privados deberán mitigar
y/o aportar conforme a las reglas del presente Título.
b) Proporcionalidad: las mitigaciones deberán ser equivalentes a las externalidades efectivamente generadas por el proyecto y no se harán cargo de los déficits históricos de infraestructura. Los aportes se ajustarán a la densidad y al destino del proyecto.
c) Predictibilidad: las mitigaciones y aportes se calcularán según métodos objetivos y en
base a procedimientos y plazos predefinidos y estandarizados. La Administración velará porque puedan conocerse en forma oportuna las obras y aportes que se exigirán.
Artículo 169.- Para los efectos de este Título se entenderá por crecimiento urbano por extensión, el proceso que incorpora nuevo suelo urbanizado a consecuencia de un loteo; y por crecimiento urbano por densificación, el proceso que incrementa la intensidad de ocupación del
suelo, sea como consecuencia del aumento de sus habitantes, ocupantes o edificación.
Lo anterior, se aplicará tanto a los proyectos ubicados dentro de los límites urbanos, como
a los situados fuera de ellos y autorizados conforme lo dispuesto en esta ley.
Capítulo II
De las mitigaciones directas
Artículo 170.- Los proyectos que conlleven crecimiento urbano por extensión o por densificación y ocasionen impactos relevantes sobre la movilidad local deberán ser mitigados a
través de la ejecución de medidas relacionadas con la gestión e infraestructura del transporte
72
CÁMARA DE DIPUTADOS
público y privado y los modos no motorizados, y sus servicios conexos, entendiendo que esto
incluye soluciones como las siguientes: pistas exclusivas para buses, terminales, paraderos,
semaforización, señalización, habilitación de ciclovías y mejoramientos o adecuaciones a la
vialidad.
Estas medidas de mitigación considerarán los impactos del proyecto sobre el sistema de
movilidad local, dentro de su área de influencia, propendiendo a que, tras su puesta en operación, aquel mantenga sus estándares de servicio en un nivel semejante al existente, considerando las características de la zona en que se emplaza y resguardando la circulación segura
de peatones y medios de transporte, las condiciones de accesibilidad del proyecto, su interacción con el sistema de movilidad y su inserción armónica con el entorno urbano.
El área de influencia se definirá a partir de la dispersión de los flujos vehiculares o peatonales, inducidos por el proyecto en la vialidad circundante, considerada desde los accesos y,
como máximo, hasta la octava intersección. Para este efecto, se considerarán todas las intersecciones, salvo aquellas que incluyan calles sin salida, pasajes o calles peatonales. Excepcionalmente, el área podrá extenderse hasta la duodécima intersección tratándose de dos o
más proyectos cercanos en su localización que presenten, en forma conjunta, un informe de
mitigación de impacto vial, en adelante, informe de mitigación, o de proyectos individuales
que induzcan mil o más viajes en transporte privado o tres mil o más viajes totales por hora,
al menos en un período del día.
En el caso de los proyectos de loteos, se considerará un área de influencia comprendida
desde los accesos y, como máximo, hasta la vigésima intersección en que se realiza una dispersión del flujo vehicular o peatonal, conforme lo establezca el reglamento a que se refiere
el inciso segundo del artículo 171. Para este efecto, se considerarán todas las intersecciones,
salvo aquellas que incluyan calles sin salida, pasajes o calles peatonales.
Los flujos vehiculares y peatonales inducidos por el proyecto corresponderán al total de
viajes en transporte privado y público, como también en modos no motorizados, como lo es
la bicicleta y caminata, todos ellos obtenidos a partir de las tasas de generación o atracción
de viajes que mejor reflejen la actividad, ubicación, período de mayor intensidad y temporalidad del proyecto, para lo cual el reglamento especificará los parámetros y mantendrá actualizado sus valores de acuerdo a lo que determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La estimación de los flujos vehiculares y peatonales inducidos por el proyecto, en los
términos indicados anteriormente, será implementada en un sistema electrónico que establecerán los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones para
este efecto.
Artículo 171.- Todos los proyectos que generen crecimiento urbano por extensión o por
densificación deberán registrar la información que el reglamento determine en el sistema
electrónico especificado en el artículo 170. A través de este sistema, la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones indicará si el titular debe elaborar un informe de mitigación de impacto vial. En caso positivo, éste se presentará y tramitará, a través
del mismo sistema, ante la autoridad que corresponda conforme al inciso siguiente.
El informe de mitigación se elaborará y evaluará conforme al procedimiento y a la metodología que fije el reglamento expedido por decreto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, suscrito por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, aplicando los principios de
celeridad, economía procedimental y no formalización. Atendiendo a las características y el
impacto que pueda producir el proyecto en el área de influencia, dicho reglamento:
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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a) Establecerá categorías diferenciadas de informes, en función de los flujos vehiculares y
peatonales inducidos por el proyecto, pudiendo fundadamente reducir los plazos máximos
contemplados en el artículo 172 para una o todas las categorías;
b) Fijará las condiciones para que dos o más proyectos que sean cercanos en su localización puedan realizar un informe de mitigación conjunto, a propuesta de los interesados o de
la autoridad respectiva;
c) Determinará en qué categorías los informes podrán ser confeccionados por los proyectistas y deberán ser presentados, a través del sistema electrónico, ante la unidad municipal
encargada de la función de tránsito y transporte públicos, en adelante, Dirección de Tránsito
y Transporte Públicos Municipal, y en cuáles deberán ser presentados, a través del mismo
sistema, ante la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones y elaborados por un consultor inscrito en el registro que, para estos efectos, llevará la Subsecretaría de Transportes;
d) Definirá los proyectos que no requerirán elaborar informes de mitigación por no producir alteraciones significativas en el estándar de servicio del sistema de movilidad local, y
e) Detallará el contenido del informe de mitigación del proyecto, que deberá incluir sus
características y área de influencia y la justificación de las medidas de mitigación propuestas,
representadas gráficamente, todo ello de conformidad a la metodología definida por el reglamento.
Las medidas propuestas en el informe, en conjunto con la ejecución de las consideradas
en el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, deberán mitigar
los efectos del proyecto sobre el sistema de movilidad dentro del área de influencia para que
sus estándares de servicio tengan un nivel semejante al existente, de acuerdo a las características de la zona en que se inserta. El proyecto no podrá recepcionarse si no se han materializado las obras del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público cuya
ejecución hubiere previsto el informe.
Artículo 172.- El Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones o
el Director de Tránsito y Transporte Públicos Municipal, según corresponda, tendrá un plazo
máximo de sesenta días para aprobar, observar o rechazar el informe de mitigación mediante
resolución fundada, previa consulta a los demás órganos competentes, incluyéndose, en el
caso de las Municipalidades, las Direcciones de Obras Municipales, los cuales deberán remitir sus respuestas en un plazo máximo de treinta días, contado desde el envío del respectivo
informe. Vencido este plazo sin que se hayan evacuado dichas respuestas, la autoridad correspondiente estará facultada para pronunciarse directamente sobre la solicitud.
Si el informe fuese observado, el titular del proyecto tendrá un plazo máximo de treinta
días para presentar el informe corregido, debiendo el Secretario Regional Ministerial de
Transportes y Telecomunicaciones o el Director de Tránsito y Transporte Públicos Municipal, según proceda, pronunciarse en un plazo máximo de treinta días, previa repetición de la
consulta que exige el inciso anterior. En este caso, los organismos tendrán un plazo máximo
de quince días para pronunciarse, contado desde el envío del respectivo informe corregido.
Vencido este plazo sin que se hubieren evacuado dichas respuestas, la autoridad correspondiente podrá pronunciarse directamente sobre la solicitud.
La autoridad respectiva, de oficio o a petición del interesado, en este último caso cuando
el plazo sea establecido en su favor, podrá prorrogar fundadamente los plazos señalados en
los incisos anteriores, por igual período y sólo una vez, siempre que la complejidad del informe lo justifique.
74
CÁMARA DE DIPUTADOS
Vencidos los plazos o las prórrogas sin que hubiere pronunciamiento por parte del Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones o el Director de Tránsito y
Transporte Públicos Municipal, el informe de mitigación se entenderá aprobado, lo que deberá certificarse a petición del interesado, sin más trámite.
La resolución que apruebe el informe de mitigación deberá consignar las características
del proyecto, las medidas de mitigación aprobadas, la posibilidad de considerar etapas con
mitigaciones parciales y la de garantizar las obras a ejecutar. En contra de la resolución que
apruebe o rechace el informe de mitigación, se podrá deducir recurso de reposición de conformidad a lo contemplado en la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Tratándose de los Directores de Tránsito y Transporte Públicos Municipal podrá además reclamarse
de la legalidad de lo obrado ante la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectiva, debiendo cumplir para ello las normas sobre plazos y tramitación
contempladas para el recurso jerárquico en la ley N° 19.880.
La resolución que apruebe el informe de mitigación o el certificado emitido por el sistema
que acredite que el proyecto no requiere de dicho informe deberá acompañarse al solicitar los
permisos de urbanización o edificación o las autorizaciones correspondientes. La resolución
tendrá una vigencia de tres años desde la fecha de su notificación y deberá ser revisada si el
proyecto experimenta modificaciones, para verificar la suficiencia de las medidas. Una vez
obtenido el permiso respectivo, la resolución extenderá su vigencia hasta completar, como
máximo, un total de diez años para efectos de solicitar la recepción definitiva de las obras. Si
vencido ese plazo no se pide la recepción, o si habiendo sido solicitada ésta es rechazada, el
titular del proyecto deberá presentar un nuevo informe de mitigación y cumplir las medidas
que se dispongan al aprobarlo para obtener la recepción definitiva. Lo anterior, no afectará
las etapas con mitigaciones parciales ya ejecutadas y recepcionadas, cuando la resolución
aprobatoria del informe las hubiere considerado.
Artículo 173.- Las Direcciones de Obras Municipales no podrán cursar la recepción del
proyecto sin que previamente se acredite, por parte del interesado, la ejecución de las medidas contenidas en la resolución que apruebe el informe de mitigación, aplicándose al titular
del proyecto lo previsto en el artículo 136 de esta ley. En caso que la resolución haya considerado etapas con mitigaciones parciales, la recepción de cada etapa requerirá de la ejecución
conforme de sus respectivas mitigaciones.
No obstante, la Dirección de Obras deberá autorizar ventas y adjudicaciones antes de la
recepción definitiva mediante un certificado de mitigación local garantizada, siempre que la
resolución que apruebe el informe de mitigación así lo admita. Para tales efectos, el interesado deberá presentar los proyectos y presupuestos aprobados por los organismos competentes,
pudiendo la Dirección incrementar, por resolución fundada, el valor a garantizar hasta en un
50% considerando imprevistos y costos administrativos de contratación e inspección, todo
ello en conformidad a lo que disponga la Ordenanza General de esta ley.
Las garantías caucionarán la correcta ejecución de las medidas de mitigación dentro del o
de los años siguientes a su emisión, sin que su materialización pueda exceder de los diez
años a que se refiere el inciso sexto del artículo 172, y podrán consistir, indistintamente, en
una boleta bancaria o una póliza de seguro cuyo período de vigencia exceda en seis meses al
plazo para su ejecución. Las instituciones bancarias o aseguradoras que hubieren emitido el
respectivo documento de garantía pagarán los valores garantizados con el solo mérito del
certificado que otorgue el Director de Obras Municipales señalando que las medidas no se
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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ejecutaron dentro de este plazo, debiendo dichos valores destinarse a la ejecución de las medidas de mitigación garantizadas en la forma y plazos que establezca la Ordenanza General
de esta ley.
Artículo 174.- Los informes de mitigación que se presenten y las resoluciones finales que
recaigan sobre ellos, tramitados a través del sistema electrónico a que se refiere el artículo
170, se encontrarán a disposición permanente del público en los sitios electrónicos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de los respectivos Municipios, según corresponda, conforme dispone el artículo 7° de la ley N° 20.285, de transparencia de la función
pública y de acceso a la información de la Administración del Estado. Las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones y las Direcciones de Tránsito y
Transporte Públicos Municipal, según sea el caso, serán las encargadas de mantener dicha
información actualizada.
Capítulo III
De los aportes al espacio público
Artículo 175.- Los proyectos que conlleven crecimiento urbano por densificación deberán
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de esta ley, directamente, o a través de un
aporte equivalente al avalúo fiscal del porcentaje de terreno a ceder a la Municipalidad respectiva, para las finalidades y en la forma que se establecen en los artículos siguientes. Los
aportes se ajustarán a la densidad y al destino del proyecto en la forma que disponga la Ordenanza General.
Artículo 176.- Cada Municipio elaborará un plan comunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, que contendrá una cartera de proyectos, obras y medidas
incluidas en los instrumentos de planificación territorial existentes o asociadas a éstos, debidamente priorizadas, para mejorar sus condiciones de conectividad, accesibilidad, operación
y movilidad, así como la calidad de sus espacios públicos y la cohesión social y sustentabilidad urbanas. Para estos efectos, el Municipio contará con la asistencia técnica de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones, y del Programa de Vialidad y Transporte Urbano del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
El plan deberá someterse a la aprobación del Concejo Municipal respectivo. Una vez
aprobado, será promulgado por el Alcalde, quien remitirá copia al gobierno regional.
Las Municipalidades podrán solicitar al gobierno regional la elaboración de estos planes o
también incluirlos en la formulación o actualización del plan comunal de desarrollo a que se
refiere el artículo 6° de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.
Artículo 177.- En las áreas metropolitanas o que estén incluidas en un plan regulador metropolitano o intercomunal las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo
y de Transportes y Telecomunicaciones, con consulta a las Municipalidades respectivas, elaborarán un proyecto de plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y
espacio público, análogo al previsto en el artículo precedente, pero que contendrá proyectos,
obras y medidas incluidas en los instrumentos de planificación de nivel intercomunal o asociadas a éstos.
El Intendente someterá este proyecto a la aprobación de los Alcaldes de las comunas incluidas en el área correspondiente. Obtenida la conformidad de la mayoría absoluta de aquellos, el plan será presentado al Consejo Regional y promulgado por el Intendente luego de su
aprobación, remitiendo copia a las Municipalidades respectivas.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Artículo 178.- Los planes comunales e intercomunales de inversiones en infraestructura
de movilidad y espacio público deberán actualizarse periódicamente, en un plazo no mayor a
diez años, y cuando se apruebe un nuevo instrumento de planificación comunal o intercomunal, siguiendo el mismo procedimiento señalado en los artículos precedentes.
Artículo 179.- Los aportes deberán pagarse en dinero, en forma previa a la recepción municipal del proyecto. Tratándose de cambios de destino o modificaciones o ampliaciones del
giro de la patente comercial de una propiedad, los aportes deberán pagarse antes del otorgamiento de la autorización respectiva.
Alternativamente, el interesado podrá solicitar que el aporte se materialice a través de la
ejecución de estudios de prefactibilidad, proyectos de ingeniería y/o de arquitectura, medidas
operacionales para el transporte público o privado y los modos no motorizados, obras de
infraestructura pública u otras medidas, con tal que lo propuesto esté incluido en el plan comunal o intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público.
Podrán, también, proponerse estudios, proyectos, obras y medidas que no estén considerados
en estos planes pero sean coherentes con ellos, siempre y cuando no correspondan a mitigaciones directas que deba ejecutar el proyecto. En tal caso, el Alcalde deberá someterlos a la
aprobación del Concejo Municipal, requiriendo de un informe favorable previo de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones cuando se trate de estudios, proyectos, obras y medidas de nivel intercomunal.
La solicitud deberá presentarse a través del sistema electrónico especificado en el artículo
170, pudiendo tramitarse en conjunto con el informe de mitigación, e incluirá un presupuesto
detallado del costo de ejecución, en los términos que establezca el reglamento a que se refiere el inciso segundo del artículo 171. La Municipalidad deberá aprobar, rechazar u observar
la solicitud, previa consulta a los demás órganos competentes, aplicándose los mismos plazos
que señala el artículo 172, incluidas las posibles prórrogas. Tratándose de estudios, proyectos, obras y medidas incluidos en los planes intercomunales, la aprobación requerirá del informe favorable de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de
Transportes y Telecomunicaciones. Vencidos los plazos o sus prórrogas sin pronunciamiento
municipal, regirá lo contemplado en el artículo 64 de la ley N° 19.880. Se aplicará a las solicitudes y a las resoluciones finales que recaigan sobre ellas lo dispuesto en el artículo 174 de
esta ley, correspondiendo a la Municipalidad mantener esta información actualizada.
Aprobada la solicitud y su presupuesto la Municipalidad y el interesado no podrán reclamar, posteriormente, un aporte adicional o un reembolso del aporte alegando que la obra tuvo
un costo inferior o superior al valor que se debía pagar.
Los estudios, proyectos, obras y medidas que se materialicen de acuerdo a los tres incisos
anteriores deberán ejecutarse en forma previa a la recepción municipal del proyecto a que corresponden los aportes pertinentes, aplicándoseles lo dispuesto en el artículo 173 de esta ley.
Artículo 180.- Los aportes serán recaudados por el Municipio respectivo, el que deberá
mantenerlos en una cuenta especial y separada del resto del presupuesto municipal.
Aquellos estarán destinados única y exclusivamente a los siguientes fines:
a) Ejecución de obras identificadas en los planes comunales e intercomunales de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, incluida la construcción de las nuevas
áreas verdes o espacios públicos allí indicados;
b) Pago de expropiaciones que sean necesarias para la materialización de dichas obras;
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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c) Actualización de los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio
público, desarrollo de los instrumentos de planificación que sean necesarios para su ejecución y elaboración de los proyectos de las obras, y
d) Gastos de administración e inspección, incluidos aquellos en personal, hasta por el 10%
de los fondos recaudados.
Al menos el 70% de los aportes percibidos, deducidos los gastos de administración, deberán ser invertidos en movilidad. La Municipalidad determinará qué parte del remanente
será destinado a la inversión en otros espacios públicos.
En las comunas donde exista un plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, al menos el 40% de los aportes recaudados anualmente deberá destinarse a la ejecución de obras incluidas en dicho plan intercomunal. Para estos efectos, la Municipalidad deberá ejecutar esas obras directamente o transferir los recursos a alguna de las entidades competentes para ejecutarlas mediante un convenio mandato. En este último caso, la
entidad receptora sólo podrá emplear los recursos en los fines señalados en este artículo.
Por resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, y previa solicitud de la Municipalidad interesada, el porcentaje establecido en el inciso
precedente podrá ser modificado para la ejecución de obras determinadas, considerando la
priorización contemplada en el plan.
Artículo 181.- En sus rendiciones de cuentas anuales, las Municipalidades darán una explicación circunstanciada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes
recaudados, debiendo publicarse tales rendiciones conforme dispone el artículo 7° de la ley
N° 20.285, de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado.
Se incluirán dentro de esta rendición las medidas de mitigación a que se refiere el artículo
170 y los estudios, proyectos, obras y medidas que regula el artículo 179, recepcionadas y
garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados, consignando las garantías a que alude
el artículo 173 que obren en poder del Municipio y la situación de los fondos obtenidos por
el cobro de garantías.
Artículo 182.- Tratándose de proyectos que incrementen el coeficiente de constructibilidad a través de beneficios urbanísticos conferidos por esta ley, su Ordenanza General o el
instrumento de planificación territorial, el avalúo fiscal del terreno sobre el cual se calculará
el porcentaje a ceder se aumentará en la misma proporción del beneficio obtenido.
Capítulo IV
De la mitigación y los incentivos en los instrumentos de planificación territorial
Artículo 183.- Cuando los planes reguladores intercomunales establezcan nuevas áreas
urbanas o de extensión urbana podrán determinar condiciones adicionales de urbanización y
equipamiento para el desarrollo de los proyectos que se emplacen en ellas, incluyendo la
ejecución de obras de urbanización fuera del terreno en que se ubica el proyecto, la ejecución
de obras o medidas en el sistema de movilidad urbana o que mejoren los espacios públicos,
la inclusión de tipos de vivienda o usos de suelo en sus proyectos, la materialización o mejoramiento de equipamientos públicos u otras medidas que promuevan la integración social,
todo lo cual se determinará de acuerdo con un estudio de impacto urbano y las reglas que
establezca la Ordenanza General.
78
CÁMARA DE DIPUTADOS
El cumplimiento de las condiciones deberá garantizarse mediante cauciones que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 173 y su incumplimiento acarreará, además de su cobro, la
caducidad de las autorizaciones otorgadas y no ejecutadas.
En estos casos deberá considerarse el área de influencia total del proyecto para efectos de
las mitigaciones directas que regula el Capítulo II de este Título, incorporando, a lo menos, la
red de vías estructurantes existentes o proyectadas con las que se conectarán las nuevas áreas
y el territorio o sector geográfico con el cual interactuarán funcionalmente.
Artículo 184.- Los planes reguladores comunales podrán otorgar incentivos en las normas
urbanísticas aplicadas en todo o parte de su territorio condicionadas al desarrollo de espacios
públicos o el mejoramiento de los ya existentes, a la materialización, reparación o mejoramiento de equipamientos públicos, a la instalación o incorporación de obras de arte en el
espacio público o al cumplimiento de otras condiciones que induzcan o colaboren en el mejoramiento de los niveles de integración social urbana.
El cumplimiento de las condiciones anteriores será requisito para la recepción de los proyectos, aplicándoseles lo dispuesto en el artículo 173.
La aprobación de un plan con estos incentivos dejará sin aplicación en el territorio planificado los artículos 63, 107, 108 y 109 de esta ley.
Capítulo V
De los aportes urbanos reembolsables
Artículo 185.- Cuando un interesado proponga ejecutar un estudio, proyecto, obra o medida del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, conforme
admite al artículo 179 de esta ley, y el costo aprobado sea mayor al aporte que le corresponda
enterar, podrá acoger dicho excedente a la modalidad de aportes reembolsables.
Artículo 186.- Para los efectos señalados en el artículo anterior, el interesado firmará un
convenio con la Municipalidad respectiva. En dicho convenio se establecerá:
a) Los estudios, proyectos, obras o medidas a ejecutar y su costo;
b) El valor a reembolsar y su plazo de devolución por parte de la Municipalidad, que no
podrá superar los quince años, y
c) La forma en que la Municipalidad reembolsará dichos aportes.
Las devoluciones se entregarán a la persona que se designe en el respectivo convenio,
deberán ser en dinero o pagarés reajustables y equivaldrán al valor inicial reajustado.”.
8) Introdúcese el siguiente artículo 190:
“Artículo 190.- Los plazos de días contenidos en esta ley, en que no se indique expresamente que se trata de plazos de días hábiles, son de días corridos.
Con todo, siempre que el último día de un plazo contemplado en esta ley sea inhábil se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.”.”.
-OHa contemplado como artículo segundo, nuevo, el siguiente:
“ARTÍCULO SEGUNDO.- Incorpóranse en la ley N° 18.696, que modifica artículo 6° de
la ley N° 18.502, autoriza importación de vehículos que señala y establece normas sobre
transporte de pasajeros, los siguientes artículos 5° a 17:
“Artículo 5º.- Créase un registro de consultores en informes de mitigación de impacto vial
a cargo de la Subsecretaría de Transportes, que lo administrará. El registro regirá para todo el
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79
territorio nacional y tendrá carácter público y permanente. No obstante, las solicitudes de
inscripciones y de modificaciones al registro se presentarán y tramitarán ante la respectiva
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante SEREMI,
conforme a los requisitos y procedimiento establecidos en el reglamento que al efecto dicte el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La inscripción realizada en cualquier región permitirá al consultor presentar informes en todo el país.
En contra de las resoluciones emitidas por las SEREMI en el procedimiento de inscripción podrán deducirse los recursos generales contemplados en la ley N° 19.880. El recurso
jerárquico se interpondrá ante el Subsecretario de Transportes.
Artículo 6°.- Sólo podrán inscribirse en el registro y permanecer inscritas en él las personas naturales y jurídicas que cumplan los requisitos que en cada caso se señalan:
I. Las personas naturales que:
a) Acrediten estar en posesión del título profesional de ingeniero civil con mención en
transportes o ingenierías similares, u otros profesionales con posgrado o postítulo en transporte. Con todo, el título profesional deberá ser de una carrera con un currículum de, a lo
menos, ocho semestres de duración;
b) No estén afectas a alguna inhabilidad establecida en el artículo 7°, y
c) Acrediten una experiencia mínima de tres años en la elaboración o revisión de proyectos de ingeniería de transporte.
II. Las personas jurídicas que:
a) Sean sociedades de personas, cuando al menos uno de los socios cumpla con los requisitos profesionales y de habilidad establecidos en el número I anterior.
b) Sean sociedades anónimas, cuando a lo menos uno de los socios miembros de su directorio cumpla con los requisitos profesionales y de habilidad establecidos en el número I precedente.
c) Sean otras sociedades, nacionales o extranjeras, en las cuales a lo menos un socio, director, representante o agente cumpla con los requisitos profesionales y de habilidad exigidos
en el número I anterior.
Artículo 7°.- Las inhabilidades para inscribirse y permanecer en el registro serán las siguientes:
a) Ser funcionario o estar empleado a cualquier título en el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, sus Secretarías Regionales u organismos dependientes o cualquiera de
los demás órganos que deban ser consultados a propósito de los informes de mitigación de
impacto vial conforme a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.
b) Haber sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.
c) Haber sido sancionado con la eliminación o tener la inscripción suspendida en este
registro.
Las inhabilidades derivadas de una condena penal o administrativa quedarán sin efecto
transcurridos cinco años desde el término del cumplimiento de la pena o sanción.
Artículo 8°.- Los consultores que regula esta ley no podrán elaborar informes de mitigación de impacto vial que hayan de ser presentados en Municipalidades en las que ellos o
cualquiera de las personas que les presten servicios sean funcionarios o tengan alguna relación contractual, hasta pasados dos años desde que dicho vínculo haya cesado.
80
CÁMARA DE DIPUTADOS
Tratándose de personas jurídicas se aplicará la misma restricción si sus socios, administradores o personas que les presten servicios, reúnen las calidades antes señaladas.
Artículo 9°.- Se considerará como infracción leve, y se sancionará con amonestación por
escrito, no comunicar al registro cualquier modificación de antecedentes personales que incidan
en el cumplimiento de los requisitos de inscripción o las causales de inhabilidad. La comunicación deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la modificación.
Artículo 10.- Las siguientes actuaciones del consultor serán constitutivas de infracciones
graves y se sancionarán con la suspensión del registro, hasta por el plazo de un año:
a) Reincidir en la comisión de alguna infracción leve dentro de un período de tres años.
b) Emitir un informe en contravención a las normas reglamentarias que regulan los informes de mitigación de impacto vial.
c) Emitir informes con antecedentes o datos incompletos, cuya omisión pudiera afectar la
correcta evaluación de las medidas de mitigación propuestas.
Artículo 11.- Las siguientes actuaciones del consultor serán constitutivas de infracciones
gravísimas y se sancionarán con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal, suspensión de entre uno y tres años y/o la eliminación del registro:
a) Reincidir en la comisión de alguna infracción grave dentro de un período de tres años.
b) Actuar encontrándose afectado por alguna causal de inhabilidad o habiendo perdido
alguno de los requisitos habilitantes para la inscripción en el registro.
c) Proporcionar información inexacta relativa al cumplimiento de los requisitos de inscripción u omitir información referida a esta misma materia.
d) Aportar datos o antecedentes falsos respecto al levantamiento de la información, la
simulación de los sistemas de transporte o la estimación de los impactos del proyecto analizado, induciendo a error o impidiendo la correcta evaluación de las medidas de mitigación
propuestas en el informe emitido.
e) Ser condenado por sentencia ejecutoriada debido a responsabilidades civiles o penales
derivadas de la elaboración de los informes de mitigación de impacto vial.
f) Emitir un informe en contravención a las normas legales que regulan los informes de
mitigación de impacto vial.
g) Infringir lo dispuesto en el artículo 8° de esta ley.
Artículo 12.- Las inhabilidades y sanciones que afecten a personas jurídicas se harán extensivas a la totalidad de sus socios, si se trata de sociedades de personas, y a sus directores,
administradores y/o representantes, si se trata de sociedades anónimas u otras personas jurídicas. De igual manera, las inhabilidades y sanciones que afecten a una persona natural, socia
de una sociedad de personas, o directora, administradora y/o representante de una sociedad
anónima u otra persona jurídica, se harán extensivas a la respectiva persona jurídica.
Artículo 13.- Será competente para conocer de las infracciones en que incurran los consultores y aplicar las sanciones establecidas en la presente ley la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la región en que se cometió la infracción.
El procedimiento sancionatorio deberá iniciarse de oficio, cuando la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones correspondiente tome conocimiento de
hechos que pudieren ser constitutivos de alguna de las infracciones a que se refiere esta ley.
El procedimiento también podrá iniciarse mediante denuncia escrita, ante la Secretaría
Regional Ministerial competente, formulada y suscrita por una persona interesada. Las denuncias deberán ser fundadas y contendrán una descripción de los hechos concretos que se
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estiman constitutivos de infracción, debiendo acompañarse copia de los antecedentes en que
se fundan. De no cumplirse estos requisitos, la denuncia no será admitida a trámite.
Artículo 14.- El procedimiento sancionatorio se iniciará mediante una resolución de la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones correspondiente en la
que deberán constar los cargos precisos formulados contra el presunto infractor, la cual se le
notificará por carta certificada enviada al domicilio que tenga registrado, adjuntando los antecedentes en que se funda.
La formulación de cargos deberá señalar el modo en que se ha iniciado el procedimiento,
una descripción de los hechos que se estiman constitutivos de infracción, la norma eventualmente infringida y la disposición que establece la sanción asignada a la infracción. El presunto infractor tendrá un plazo de treinta días para formular descargos, contado desde la notificación.
Artículo 15.- Recibidos los descargos o transcurrido el término establecido para ello, la
Secretaría Regional Ministerial examinará el mérito de los antecedentes y, en caso de ser
necesario, ordenará la realización de las pericias e inspecciones que sean pertinentes y la
recepción de los demás medios probatorios que procedan. Los hechos investigados y las responsabilidades de los infractores podrán acreditarse mediante cualquier medio de prueba
admisible en derecho, apreciándose en conciencia.
Artículo 16.- La resolución que ponga fin al procedimiento sancionatorio será fundada y
abordará todas las cuestiones planteadas, pronunciándose sobre cada una de las alegaciones y
defensas del imputado, debiendo declarar la sanción que impone al infractor o su absolución.
La resolución final deberá dictarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se
haya evacuado la última diligencia ordenada en el expediente.
Las sanciones se anotarán en el registro.
En contra de las resoluciones emitidas por las SEREMI en los procedimientos sancionatorios podrán deducirse los recursos generales contemplados en la ley N° 19.880. El recurso
jerárquico se interpondrá ante el Subsecretario de Transportes.
Artículo 17.- Las acciones para perseguir las infracciones a que se refiere la presente ley
prescribirán en el plazo de dos años, respecto de las leves y graves, y de cuatro, tratándose de
las gravísimas, contado desde la fecha en que se cometió la infracción.
El cobro de las multas aplicadas conforme a esta ley prescribirá a los dos años desde la
fecha en que la respectiva resolución sancionatoria haya quedado firme. Las demás sanciones
se aplicarán de pleno derecho desde esa misma fecha.”.”.
-oArtículo 2°
Ha pasado a ser artículo tercero, reemplazado por el siguiente:
“ARTÍCULO TERCERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley
Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior,
promulgado y publicado el año 2006:
1) Modifícase el inciso primero del artículo 5° del siguiente modo:
a) Reemplázanse, en el literal j), la expresión final “, y” por un punto y coma (;), y en los
literales k) y l), los correspondientes puntos finales (.) por un punto y coma (;).
82
CÁMARA DE DIPUTADOS
b) Incorpóranse los siguientes literales m) y n):
“m) Elaborar, aprobar, modificar y materializar los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, y
n) Recaudar, administrar y ejecutar, en una cuenta especial y separada del resto del presupuesto municipal, los aportes al espacio público que se perciban, de conformidad a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y suscribir los convenios sobre
aportes urbanos reembolsables que regula el mismo cuerpo legal.”.
2) Agrégase, en el literal b) del inciso tercero del artículo 21, a continuación de la expresión “y preparar”, la frase “el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio
público y”.
3) Reemplázase el literal e) del inciso primero del artículo 24, por el siguiente:
“e) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural y pronunciarse sobre los
informes de mitigación de impacto vial presentados en la comuna a petición de la Secretaría
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones o de la Dirección de Tránsito y
Transporte Públicos Municipal respectivas;”.
4) Modifícase el artículo 26 de la siguiente manera:
a) Sustitúyese, en el literal c), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).
b) Intercálase el siguiente literal d), nuevo, pasando la actual letra d) a ser literal e):
“d) Aprobar, observar o rechazar los informes de mitigación de impacto vial o emitir opinión sobre ellos, a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y”.
5) Modifícase el artículo 63 de la siguiente forma:
a) Reemplázase, en el literal n), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).
b) Sustitúyese, en el literal ñ), el punto final (.) por la expresión “, y”.
c) Incorpórase el siguiente literal o):
“o) Aprobar, observar o rechazar las solicitudes de materializar los aportes al espacio
público que contempla la Ley General de Urbanismo y Construcciones a través de la ejecución de estudios, proyectos, obras y medidas de acuerdo a lo que dispone el mismo cuerpo
legal.”.
6) Modifícase el inciso primero del artículo 65 del modo que sigue:
a) Agrégase, en el literal b), después de la expresión “y sus planos de detalle,”, la frase “el
plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y los estudios, proyectos, obras y medidas no incluidos en éstos que sean propuestos por los interesados conforme
establece el artículo 179 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su caso,”.
b) Incorpórase, en el literal i), después de la expresión “de dicho concejo”, lo siguiente: “.
Asimismo, suscribir los convenios sobre aportes urbanos reembolsables que regula la Ley
General de Urbanismo y Construcciones”.
7) Modifícase el inciso segundo del artículo 67 de la siguiente manera:
a) Reemplázanse, en el literal g), la expresión final “, y” por un punto y coma (;), y en el
literal h), el punto final (.) por la expresión “, y”.
b) Agrégase, a continuación del literal h), la siguiente letra i):
“i) Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los
aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y
espacio público a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la asignación de aportes en dinero a obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos disponibles en
la cuenta especial, la programación de obras para el año siguiente y las medidas de mitiga-
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
83
ción directa, estudios, proyectos, obras y medidas por concepto de aportes al espacio público
recepcionadas y garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados, consignando además
las garantías a que alude el artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
que obren en su poder y la situación de los fondos obtenidos por el cobro de garantías.”.
8) Intercálase, en el literal a) del inciso segundo del artículo 98, después de la expresión
“presupuesto municipal”, la frase “, el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y
espacio público, en su caso,”.”.
Artículos 3° y 4°
Los ha eliminado.
Artículo 5°
Ha pasado a ser artículo cuarto, sustituido por el que sigue:
“ARTÍCULO CUARTO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.175,
orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del
Ministerio del Interior, promulgado y publicado el año 2005:
1) Modifícase el artículo 16 del modo que sigue:
a) Reemplázanse, en el literal i), la expresión final “, y” por un punto y coma (;), y en el
párrafo segundo del literal j), el punto final (.) por “, y”.
b) Agrégase el siguiente literal k):
“k) Elaborar y aprobar los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio
público asociados al o a los planes reguladores metropolitanos o intercomunales existentes en
la región, consultando a las respectivas municipalidades.”.
2) Sustitúyese, en la letra f) del artículo 20, la frase “y los planes seccionales”, por la siguiente: “, los planes seccionales y los planes de inversiones en infraestructura de movilidad
y espacio público”.
3) Reemplázase, en el literal o) del artículo 24, la expresión “y los planos de detalle de
planes reguladores intercomunales”, por la frase “, los planos de detalle de planes reguladores intercomunales y los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio
público”.
4) Agrégase, en el literal i) del artículo 30 ter, el siguiente numeral 4 ter):
“4 ter) Planes de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público.”.
5) Intercálase, en el artículo 36, el siguiente literal c bis):
“c bis) Aprobar los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público
asociados al o a los planes reguladores metropolitanos o intercomunales de la región, los que
serán elaborados por las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de
Transportes y Telecomunicaciones, previa consulta a las municipalidades respectivas, conforme
a lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Antes de la aprobación del
consejo, se requerirá la conformidad de la mayoría absoluta de los alcaldes de las municipalidades correspondientes. El consejo regional deberá pronunciarse dentro del plazo de sesenta
días, contado desde su recepción, transcurrido el cual se entenderá aprobado;”.”.
84
CÁMARA DE DIPUTADOS
Disposiciones transitorias
-o-
Ha introducido el siguiente artículo primero, transitorio, nuevo:
“Artículo primero.- Las mitigaciones viales y los aportes al espacio público que establecen los Capítulos I, II y III del Título V, que esta ley introduce en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sólo serán exigibles transcurridos dieciocho meses desde que se
publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere el artículo 171 del mismo cuerpo
legal.
Mientras no se cumpla dicho plazo, las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones evaluarán los estudios de impacto sobre el transporte urbano conforme a la Resolución Exenta N° 2.379, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2003, y
a lo establecido en los artículos 2.4.3., 4.5.4., 4.8.3. y 4.13.4. de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, y los informes viales básicos, de acuerdo al decreto supremo
N° 83, de 1985, y a la Resolución Exenta N° 511, de 2012, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.”.
-oArtículo primero
Ha pasado a ser artículo segundo, reemplazado por el siguiente:
“Artículo segundo.- Si cumplido el plazo que establece el artículo precedente no se hubiere aprobado en una comuna el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio
público, la municipalidad respectiva estará obligada a cobrar los aportes en dinero, pero no
podrá destinarlos a ejecutar estudios, proyectos, obras y/o medidas, y únicamente estará facultada para emplear hasta un tercio de los aportes recaudados en la elaboración de dichos
planes.
Si transcurridos otros dos años aún no se hubieren aprobado tales planes, las municipalidades también podrán utilizar los aportes recaudados para las siguientes finalidades:
a) El pago de las expropiaciones derivadas de las declaratorias de utilidad pública a que se
refiere el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;
b) Tratándose de comunas que formen parte de áreas metropolitanas o que estén normadas
por un plan regulador metropolitano o intercomunal, en los proyectos, obras, medidas y estudios incluidos en el plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, y
c) En cuanto a comunas que estén normadas por un plan regulador, en financiar estudios
de prefactibilidad, proyectos de ingeniería y/o de arquitectura, medidas operacionales para el
transporte público o privado y los modos no motorizados, obras de infraestructura pública u
otras medidas que sean coherentes con el plan regulador o, en su defecto, el plan comunal de
desarrollo, propuestas por el alcalde y aprobadas y ejecutadas conforme al procedimiento
establecido en los incisos segundo y siguientes del artículo 179 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Mediante el mismo mecanismo los interesados podrán solicitar que
sus aportes se materialicen ejecutando estudios, proyectos, obras y/o medidas.”.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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Artículos segundo, tercero y cuarto
Los ha eliminado.
-oHa consultado los siguientes artículos tercero y cuarto, transitorios, nuevos:
“Artículo tercero.- Las municipalidades que carezcan de plan regulador, en todo o parte
de su territorio, podrán incluir en sus planes comunales de inversiones en infraestructura de
movilidad y espacio público, tratándose de dichas zonas, proyectos, obras y medidas que
sean coherentes con el plan comunal de desarrollo.
Artículo cuarto.- Los primeros planes comunales e intercomunales de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público que se elaboren en cada comuna o territorio
intercomunal o metropolitano deberán, antes de iniciarse su proceso de aprobación, ser sometidos por la autoridad que los elabore a una consulta pública durante treinta días.”.
-oArtículo quinto
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo quinto.- Los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Vivienda y
Urbanismo deberán publicar y someter a consulta pública, durante treinta días, el proyecto
del reglamento a que se refiere el artículo 171 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
El reglamento deberá dictarse dentro del plazo de seis meses, contado desde la publicación de esta ley.”.
-oHago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general,
con el voto favorable de 26 Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En particular, los números 2), 5) y 7) -en lo que respecta a los artículos 172, 173, 176,
177, 179, 180, 181 y 186 que contiene-, todos numerales del ARTÍCULO PRIMERO; los
números 1) a 8) del ARTÍCULO TERCERO, y los números 1) a 5) del ARTÍCULO CUARTO, permanentes, así como los artículos segundo, tercero y cuarto, transitorios, del proyecto
de ley despachado por el Senado fueron aprobados con el voto a favor de 32 Senadores, de
un total de 37 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.591, de 23 de enero
de 2013.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): RICARDO LAGOS WEBER, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado”.
86
CÁMARA DE DIPUTADOS
7.OFICIODELSENADO.(BOLETÍNN°10253‐24)
“Valparaíso, 18 de mayo de 2016.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos
términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria de la folclorista señora Margot Loyola Palacios, correspondiente al
Boletín N° 10.253-24.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 12.289, de 7 de enero
de 2016.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): RICARDO LAGOS WEBER, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado”.
8.OFICIODELSENADO.(BOLETÍNN°9885‐07)
“Valparaíso, 18 de mayo de 2016.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición
formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con
ocasión de la tramitación del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas
establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en
dichos delitos, correspondiente al Boletín N° 9.885-07.
Hago presente a Vuestra Excelencia que dicha proposición, respecto del artículo 14 de la
iniciativa legal, fue aprobada con el voto favorable de 29 Senadores, de un total de 37 en
ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la
Constitución Política de la República.
Por otra parte, la referida proposición, en lo relativo al número 16) del artículo 2° del proyecto de ley, fue aprobada por 29 votos a favor, de un total de 37 Senadores en ejercicio,
dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la
Carta Fundamental.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 12.561, de 18 de mayo
de 2016.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JAIME QUINTANA LEAL, Vicepresidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado”.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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9.INFORMEDELACOMISIÓNDESEGURIDADCIUDADANARECAÍDOENELPROYECTO,
INICIADOENMOCIÓN,QUE“FORTALECELAINVESTIGACIÓNDEDELITOSTERRORISTASYDE
AQUELLOSQUEAFECTENLASEGURIDADDELESTADOENCASOSDEESPECIALGRAVEDAD”.
(BOLETÍNN°10460‐25)
“Honorable cámara:
La Comisión de Seguridad Ciudadana viene en informar, en primer trámite constitucional
y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción de la diputada
señora Claudia Nogueira y Marcela Sabat, y de los diputados señores Germán Becker, Gonzalo Fuenzalida, René Manuel García, Diego Paulsen, y Jorge Rathgeb, sin urgencia.
-oCabe hacer presente que, en virtud del artículo 77 de la Constitución Política, la Excma.
Corte Suprema se pronunció respecto de esta moción, remitiendo el informe respectivo,
dándose cuenta del mismo en la sesión de Sala N° 14, del 18 de abril de 2016.
-oDurante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración
de las siguientes personas: el Subsecretario del Interior, don Mahmud Aleuy, y el Director de
la Agencia Nacional de Inteligencia, don Gustavo Villalobos; la asesora en temas de Seguridad y Terrorismo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, doña Nelly Salvo y los
asesores legislativos, señores Rodrigo Medina y Tomás Mackenney; el Director de la Unidad
Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO), don Mauricio Fernández Montalbán, en representación del señor Fiscal
Nacional, don Jorge Abbott; el General Director de Carabineros de Chile, don Bruno Villalobos; el Director Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, General Inspector don Gonzalo Blu; el Director de Justicia de Carabineros de Chile, General don Juan Gutiérrez Silva; y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinosa Valenzuela.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.
La idea central del proyecto se orienta a fortalecer la investigación de los delitos de carácter terrorista y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad.
2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM
CALIFICADO.
Los artículos 1°, 2°, 3° 4°, 5°, 6° y 7° del texto aprobado tienen rango de ley orgánica
constitucional, por cuanto incide en las atribuciones del Ministerio Público, según lo establecido en el artículo 84 de la Constitución Política.
88
CÁMARA DE DIPUTADOS
El artículo 6° del texto aprobado tiene rango de ley de quórum calificado, toda vez que se
establece el carácter de reservado del informe que debe remitir el fiscal designado al Fiscal
Nacional, conforme lo señala el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política.
3.- NORMAS QUE REQUIEREN TRÁMITE DE HACIENDA.
No requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
4.- EL PROYECTO FUE APROBADO, EN GENERAL, POR MAYORÍA DE VOTOS.
Votaron a favor las diputadas señoras Nogueira y Sabat, y los diputados señores Ceroni,
Farcas, Fuenzalida, Silber, Silva, Squella y Walker. Votó en contra el diputado señor Gutiérrez (don Hugo). No hubo abstenciones.
5.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS.
ARTÍCULOS DEL PROYECTO:
ARTÍCULO 2°
Artículo 2°.- Para asegurar el éxito de la investigación, el Fiscal Nacional podrá solicitar
la colaboración de los distintos órganos de Estado, en los asuntos que a ellos les competa y
tengan relación con el mandato investigativo al que se refiere el artículo anterior.
De esta manera, el Fiscal Nacional podrá requerir de los órganos y servicios de la Administración del Estado, incluidas las Fuerzas de Seguridad y de Orden, la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias, en comisión de servicio a la Fiscalía Nacional, sin
sujeción a la limitación establecida en el inciso primero del artículo 76 de ley Nº 18.834,
sobre Estatuto Administrativo.
ARTÍCULO 3°
Artículo 3°.- Las diligencias de la investigación tendrán carácter reservado y sólo podrán
tener acceso a ellas, con omisión de la identidad de quienes las practiquen, los intervinientes
una vez que la misma se formalice.
La infracción del deber de reserva de esta u otra disposición de la presente ley, será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien
proporcionare la información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a treinta
unidades tributarias mensuales.
INDICACIONES RECHAZADAS:
De la Diputada señora Nogueira:
1.- Al artículo 2° del proyecto
i.- En su inciso primero para reemplazar la expresión “Fiscal Nacional” por “el Fiscal con
dedicación exclusiva para la investigación de los hechos constitutivos de delito de las leyes
18.314 y 12.927”.
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ii.- En su inciso segundo, para sustituir la voz “Fiscal Nacional” por “el referido Fiscal”.
2.- Para agregar un artículo 2° ter nuevo:
“Artículo 2° Ter. Sin necesidad de autorización judicial previa, el fiscal con dedicación
exclusiva para la investigación de los hechos constitutivos de delito de las leyes 18.314 y
12.927 podrá requerir a terceros la entrega voluntaria de todos los antecedentes, informaciones y datos que hayan sido recopilados y que digan relación con la identidad y actividades de
las personas sospechosas de haber cometido los delitos previstos en esta ley, ya sea que consten en sistemas de grabación, informáticos o en cualquier otro soporte. En caso de negativa
del tercero, el juez de garantía podrá autorizar al fiscal para exigir la entrega.”.
3.- Para reemplazar el artículo 3° del proyecto, por el siguiente:
Artículo 3°. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 182 del Código Procesal Penal,
cuando se trate de la investigación de los delitos a que se refiere las leyes las leyes 18.314 y
12.927, si el Ministerio Público estimare que existe riesgo para la seguridad de los agentes
encubiertos, informantes, testigos, peritos y, en general, de quienes hayan cooperado eficazmente en el procedimiento, podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidos en secreto respecto de uno o más intervinientes, en los términos que
dispone la citada norma. En estos casos, el plazo establecido en el inciso tercero del artículo
182 del Código Procesal Penal podrá ampliarse hasta por un total de seis meses.
El que revelare actuaciones, registros o documentos ordenados mantener en secreto será
castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo, sin perjuicio de lo dispuesto en
la ley 19733.”.
-oLa Comisión declaró inadmisible la siguiente indicación formulada por la diputada
Nogueira:
Para introducir un artículo 2° bis nuevo, del modo siguiente:
“Artículo 2° bis. Los notarios, conservadores, archiveros y demás funcionarios públicos
deberán entregar al fiscal con dedicación exclusiva para la investigación de los hechos constitutivos de delito de las leyes 18.314 y 12.927 en forma expedita y rápida, los informes, documentos, copias de instrumentos y datos que se les soliciten.
El otorgamiento de los antecedentes mencionados será gratuito y libre de toda clase de
derechos e impuestos.
El que se resista o se niegue injustificadamente a entregar al Ministerio Público los informes, documentos y demás antecedentes que se le soliciten en conformidad al presente artículo, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.”
6.- DIPUTADO INFORMANTE.
Se designa diputado informante al señor GONZALO FUENZALIDA FIGUEROA.
II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA MOCIÓN
Sostienen los autores de esta iniciativa que los déficits evidenciados por las leyes especiales para enfrentar los fenómenos delictivos que buscan erosionar los pilares de nuestro Estado de Derecho, que es transversalmente reconocido. Añaden que resulta inaceptable que se
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CÁMARA DE DIPUTADOS
prefiera perseguir conductas bajo la forma de delincuencia común, renunciando al especial
reproche que, por ejemplo, contienen las normas de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad y la ley N° 12.927, sobre seguridad interior del Estado.
Opinan que si bien, en efecto, las falencias del tipo penal de la ley N° 18.314 y el dolo
terrorista son una barrera sustancial al momento de obtener condenas, no es sino la falta de
inteligencia policial y de medios de prueba idóneos lo que ha hecho fracasar rotundamente
cada causa donde se persigue obtener condenas por delitos terroristas u otros que afecten a la
seguridad interior.
Aducen que ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en la Región de la Araucanía en los
últimos años –particularmente en los últimos meses, sostienen-, en que los niveles de violencia resultan inéditos y los resultados son personas lesionadas, mutiladas e incluso fallecidas,
en un espiral de violencia que amenaza con dañar sustancialmente las bases del Estado democrático de Derecho, como asimismo millones de dólares en pérdidas.
Agregan que si bien los conflictos en la región se arrastran por años, resulta preocupante
como en el último tiempo los niveles de violencia e impunidad han alcanzado alarma. Particularmente, los niveles de inseguridad están directamente relacionados con los índices de
eficacia estatal en la labor preventiva y represiva de los hechos delictivos. Es imperativo
dotar de eficacia al mandato legal, y ello solo se puede lograr con la aplicación de las normas
legales, lo que requiere de convicción y decisión por parte del Gobierno. De lo contrario,
acotan, se generan dudas del correcto funcionamiento de las instituciones, profundizando en
la población la sensación que no habrá sanciones para quienes atenten contra bienes o personas. En definitiva, lo que se debilita es el Estado de Derecho.
Precisan que la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, considera una serie de herramientas de gran valor investigativo. Se trata
de los “agentes encubiertos” e “informantes”. Y es que si bien la ley 19.974 sobre el sistema
de inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, dispone la utilización
de agentes encubiertos para operaciones de inteligencia –con un fin meramente preventivo y
ajeno a toda instancia judicial-, tan solo la ley N° 20.000 permite el uso de agentes encubierto e informantes como herramientas de investigación del Ministerio Público.
Por ende, con el propósito de potenciar las investigaciones del ente persecutor y dotarlas
de mayor eficacia desde el punto de vista condenatorio, es conveniente incorporar el agente
encubierto y el informante, en términos similares a la ley 20.000.
Gran parte de las teorías que buscan explicar atentados terroristas coinciden en el fracaso del
aparato de inteligencia y en las escasas facultades de las policías y el Ministerio Público. Así,
diseñar una institucionalidad especializada en la pesquisa de este tipo de delitos coordinando
esfuerzos multisectoriales, será de gran utilidad para sancionar y evitar futuros atentados.
Más allá de las evidentes falencias que presenta nuestra normativa, particularmente la ley
N° 18.314, en relación con la persecución y sanción de delitos que comprometen gravemente
el orden institucional, se deben crear las herramientas legales para que fiscales, jueces y policías puedan –en un marco de respecto de los derechos fundamentales- llevar adelante su
tarea, sin el pesar de que la autoridad los re catalogará como delincuencia común o que el
estándar probatorio culminará en la impunidad de los imputados.
Por ello, concluyen que esta moción busca dotar a la Fiscalía de herramientas investigativas y probatorias que, junto a la enmienda de los tipos penales de la ley N° 18.314, redunde
en una institucionalidad suficiente para hacer frente al fenómeno terrorista. Asimismo, se
alteran las normas generales de competencia, con el objeto de sustanciar procesos de esta
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naturaleza fuera del territorio jurisdiccional donde han tenido lugar, replicando fórmulas similares que ya han sido utilizadas en países como España.
III. RELACIÓN DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.
Consta de siete artículos.
Mediante el artículo 1°, se autoriza en determinados casos al Fiscal Nacional el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva para la investigación de los hechos constitutivos de delito, contemplados en las leyes N°s 18.314 y 12.927, cumpliendo determinadas
condiciones
Por el artículo 2°, el Fiscal Nacional puede solicitar la colaboración de los distintos órganos de Estado, para asegurar el éxito de la investigación,
Por el artículo 3°, se establece que las diligencias de la investigación tendrán carácter reservado y se consagra una infracción al deber de reserva.
Mediante el artículo 4°, se estipula que el Fiscal designado podrá hacer uso de todos los
mecanismos investigativos y medios de prueba que disponga el Código Procesal Penal y las
leyes 18.314 y 12.927, podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen
como agentes encubiertos, y consagra la figura del informante.
Su artículo 5°, estipula que el fiscal designado podrá requerir de la Agencia Nacional de
Inteligencia, toda la información que tenga en relación al caso y los recursos operativos necesarios para el éxito de la investigación.
Su artículo 6°, prescribe la obligación del Fiscal designado para la investigación de remitir, a
lo menos una vez al mes, un informe al Fiscal Nacional, el que tendrá carácter reservado.
Su artículo 7°, para efectos de la investigación y enjuiciamiento de las acciones señaladas
en su artículo 1°, faculta al Fiscal designado solicitar a la Corte Suprema la prórroga de competencia a tribunales ubicados en una región distinta a aquella en que hayan tenido lugar los
ilícitos, bajo determinadas circunstancias.
IV. DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA.
La iniciativa parlamentaria en estudio hace nacer a la vida del Derecho una nueva normativa jurídica, con incidencia en los siguientes textos legales: ley N° 18.314, que determina
conductas terroristas y fija su penalidad; ley N° 12.927, sobre seguridad interior del Estado;
ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; y
la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.
V. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.
A.- DISCUSIÓN GENERAL.
En el marco del debate de la discusión general, se recibió el parecer de las y los señores
diputados e invitados:
La señora asesora en temas de Seguridad y Terrorismo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, doña Nelly Salvo, expresa la intención del Ejecutivo de apoyar este tipo de
iniciativas legales que permitan fortalecer la regulación contra delitos terroristas, destacando
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CÁMARA DE DIPUTADOS
que el proyecto denominado “Ley Antiterrorista”, boletín N° 9692-07, actualmente radicado
en el Senado, será objeto de indicaciones mediante un mensaje que se encuentra en etapa
final de confección y que esperan presentar a la brevedad, destacando igualmente que ante la
pertinencia de los otros dos proyectos de ley ya mencionados, esto es, boletines N° 10460-25
y N° 9669-07, sería factible considerarlos en complemento al primero, existiendo incluso la
posibilidad de refundirlos posteriormente.
El diputado Walker, consulta la opinión del Ejecutivo sobre el fondo del proyecto hoy en
discusión, boletín N° 10460-25, agregando que en lugar de incorporar las propuestas de este
en el proyecto discutido en el Senado, boletín N° 9692-07, sería más conveniente que esta
Comisión evacúe el primero a la brevedad posible, ya que así podría ejercerse una mayor
presión al Senado, agilizando el proceso total de aprobación.
El diputado Fuenzalida llama la atención acerca de la mención del tiempo que ha tardado
el Ejecutivo en formular las propuestas de indicaciones al proyecto de ley antiterrorista, boletín N° 9692-07, pues desde noviembre de 2014 a la fecha, ha transcurrido un lapso más que
razonable para determinar los aspectos corregibles del mismo.
El diputado Jackson manifiesta que es importante conocer la opinión del Gobierno sobre
la política general planificada en materia de terrorismo. Específicamente sobre la moción en
estudio, consulta por el alcance del articulado del proyecto hoy en estudio, ya que tiene ciertas dudas sobre el alcance y legalidad de lo planteado, como por ejemplo, tratándose de lo
referido en su artículo 3°, conforme al cual se establece que “las diligencias de la investigación tendrán carácter reservado y sólo podrán tener acceso a ellas, con omisión de la identidad de quienes las practiquen, los intervinientes una vez que la misma se formalice”, cuestión que le genera ciertas aprehensiones.
La señora asesora en temas de Seguridad y Terrorismo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, doña Nelly Salvo, indica que la voluntad del señor Ministro del Interior es
tramitar con celeridad la ley antiterrorista, considerando las demás iniciativas que puedan
servir de complemento o aporte. Además, indica que la demora en presentar indicaciones se
debe a que la prioridad ha estado centrada en la tramitación de la denominada “Ley de Agenda Corta”, tras lo cual se espera avanzar en la “Ley Antiterrorista”, teniendo en cuenta las
indicaciones tanto del Ejecutivo, como aquellas emanadas de los parlamentarios.
El señor Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, don Gustavo Villalobos, manifiesta su conformidad con el proyecto en general, pero advirtiendo tener algunas observaciones, referidas fundamentalmente a que este abordaría diversos aspectos que están ya siendo
tratados en el proyecto de ley, iniciado en mensaje Nº 755-362, de S.E. la Presidenta de la
República, que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal
y Procesal Penal, boletín N° 9692-07, de forma que se podría dar paso a una doble regulación innecesaria. Sin embargo, de corregirse o adecuarse tales observaciones, cree conveniente apoyar la tramitación de esta moción, entendiendo que serviría como apoyo a la regulación de delitos terroristas. Además, estima relevante vincular el delito terrorista con la organización criminal, como también respecto de personas individuales.
El señor asesor legislativo del Subsecretario del Interior, don Rodrigo Medina, estima
favorable el proyecto de ley discutido, sin perjuicio de aspectos mejorables, como los correspondientes a elementos de prueba, que ya están tratados en el boletín N° 9692-07 radicado en
el Senado, que hace referencia a ciertas medidas de investigación especiales para delitos
complejos. Sobre el nombramiento de un Fiscal exclusivo, asegura que hoy existe esta facultad, a discreción del señor Fiscal Nacional. En cuanto a los requerimientos de otros organis-
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mos públicos en comisión de servicio, esto se refiere a funciones ajenas al cargo, lo cual no
sería aplicable a las policías, debiendo hablarse mejor de “cometidos de servicio”. Por lo
demás, al aplicar esta fórmula se podría dar paso a la creación de una especie de policía del
Ministerio Público, que puede resultar ser peligroso. En cuanto al uso de información recabada por la ANI, ello es dificultoso de emplear en la práctica, en especial, por la reserva que
pueda pesar sobre esta. Sin embargo, agrega que se han ingresado indicaciones al proyecto
de ley radicado en el Senado, con lo que se espera corregir las potenciales debilidades del
mismo, considerando además que el proyecto en discusión podría representar un complemento adecuado en la materia.
El diputado Fuenzalida, aclara que esta iniciativa es justamente un proyecto excepcional,
en que la lógica fundante es traer a la Institucionalidad desde fuera del lugar mismo en que
ocurran los hechos, para evitar el amedrentamiento usualmente ejercido respecto del ente
persecutor local. Además, recuerda que en el ámbito de Derechos Humanos ya se ha aplicado
la fórmula de “comisión de servicio” para las Policías. Agrega que en otras legislaciones,
existen antecedentes en que se lleva el proceso a otra jurisdicción distinta de aquella en la
que se verifican los hechos, para evitar los problemas que hasta el momento se han dado,
entendiendo que tal medida sólo se aplicaría excepcionalmente, en el caso de delitos terroristas con trascendencia. Y sobre la Ley Antiterrorista discutida hoy en el Senado (boletín N°
9692-07), reconoce los avances del último tiempo, pero recuerda el largo período que ha
tomado su tramitación, de forma que el boletín N° 10460-25 serviría de complemento.
El diputado Walker, señala que el proyecto, signado con el boletín N° 9692-07, sirve
también de excusa para consultar el estado en que se encuentra la Ley Antiterrorista, calificando como un error el que este haya ingresado a través del Senado, que no cuenta con una
Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana. Por ende, cree interesante el proyecto en
discusión, ya que permite incorporar medidas como la dedicación especial de un Fiscal, entre
otros aspectos.
La diputada Nogueira, coincidiendo con el diputado Fuenzalida, indica que el proyecto
tuvo su origen en la alta inseguridad experimentada en las regiones VIII, IX y X, con graves
daños patrimoniales y personales. Así, el proyecto de ley está pensado como una forma de
aumentar las herramientas orientadas a combatir el terrorismo, requiriendo la opinión del
señor Subsecretario del Interior sobre tal proyecto, específicamente, en lo que se refiere a
agilizar el proceso persecutorio de los delitos terroristas.
El señor Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior, don Luis Correa,
sostiene que el proyecto de Ley Antiterrorista tiene su origen en la denominada “Comisión
Hermosilla”, siendo presentado en el año 2014, cuyo aspecto más relevante dice relación con
establecer al delito terrorista como una organización criminal, lo que es esencial, entendiendo
que existe una asociación ilícita tras la comisión de tales delitos. Sostiene que el proyecto de
Ley Antiterrorista permite también homologar las medidas intrusivas de mayor intensidad,
permitiendo con ello una mejor persecución criminal. Finalmente, destaca que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo buscan, en lo principal, que la motivación de la investigación criminal de delitos calificados como terrorismo, sea de iniciativa exclusiva del Ministerio Público, de modo que si este no califica un hecho como tal, no se producirán ninguna de
las consecuencias estimadas para el caso de terrorismo. Así, el proyecto de Ley Antiterrorista
es un aporte fundamental en la legislación chilena.
El diputado Farcas (presidente), espera que la tramitación de esta moción sea más expedita que la Ley Antiterrorista, lo que puede incentivar a una mayor celeridad en el Senado,
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CÁMARA DE DIPUTADOS
agregando lo conveniente que sería la presentación de indicaciones complementarias de parte
del Ejecutivo.
El diputado Ceroni, cuestiona el que existan dos proyectos en materia de terrorismo, desde el punto de vista de la eficiencia legislativa, siendo tal vez mejor esperar que se termine de
tramitar el proyecto radicado en el Senado, que ya cuenta con las indicaciones del Ejecutivo,
para determinar posteriormente el destino del boletín N° 10460-25.
El diputado Fuenzalida, destaca que este proyecto está focalizado en aumentar las facultades de los Fiscales, tanto para requerir apoyo de las Policías, como para efectuar los procesos
en jurisdicciones distintas, herramientas más bien complementarias.
El señor General Director de Carabineros de Chile, don Bruno Villalobos, indica que las
facultades del artículo 1° del proyecto en estudio, hoy están a disposición del Fiscal Nacional, sin que se aprecie mayor novedad en la propuesta. El artículo 2° no sería del todo favorable, pues no explica la razón y tiempo de la destinación especial de personal agregado para
las Fiscalías, con el riesgo asociado de generar una especie de “policía paralela” a la que ya
esté investigando los casos. En cuanto a los artículos 3° y 4°, serían más adecuados, pero
advierte que su contenido ya está contemplado en el proyecto de ley denominado como “Ley
Antiterrorista”, actualmente radicado en el Senado (boletín N° 9692-07), con un mejor tratamiento incluso, de modo que podría resultar innecesario redundar en dicho aspecto. Por su
parte, el artículo 5° del proyecto, sostiene que igualmente estaría considerado dentro del artículo 39 de la Ley de Inteligencia. Y sobre los artículos 6° y 7°, cree que éstos deben ser comentados por el Ministerio Público. Finalmente, cuestiona el punto dos de los fundamentos
dados para el proyecto de ley mismo, no coincidiendo con la idea de aludir a una cierta “falta
de inteligencia policial”, puesto que ello no sería efectivo.
El señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinosa
Valenzuela, valora el contenido de esta iniciativa, pero advierte que existen muchos aspectos
ya presentes en la actual legislación vigente, además del potencial peligro que podría implicar el artículo 2°, en lo que concierne a la destinación especial de funcionarios policiales.
Agrega la importancia de proteger a los funcionarios que desarrollan una labor de inteligencia policial, situación hoy comprendida en la legislación, sin perjuicio de que ello debería
estar sujeto a las debidas excepciones que correspondan. El artículo 3°, que habla de un
agente encubierto dentro de una organización terrorista, observa un cierto símil con la Ley
N° 20.000, pero sostiene que es necesario entender que se trata de realidades diferentes, las
cuales deben ser sopesadas. Tratándose de la facultad de requerir información a la Agencia
Nacional de Inteligencia de Chile (ANI), señala que es una facultad vigente, siempre aplicable bajo los necesarios resguardos, en tanto implica información delicada. Los informantes y
agentes mencionados por el proyecto, estarían igualmente incluidos en la norma actual, la
que además debe estar sujeta a controles serios. Recuerda el boletín N° 9692-07 radicado en
el Senado, que abordaría gran parte del contenido del proyecto de ley que se discute en esta
sesión, con mayor profundidad. Por último, estima que el actuar en materia de terrorismo no
debería quedar a criterio del Gobierno de turno, sino que establecerse bajo criterios claros,
permanentes y aplicables.
El señor Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos,
Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO), don Mauricio Fernández Montalbán,
valora esta moción, puesto que aborda el tema del terrorismo en forma sumamente práctica,
complementando al referido proyecto de Ley Antiterrorista, especialmente en cuestiones
procesales. Así, la facultad contenida en el artículo 1° propuesto, supone una facultad vigen-
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te, pero con un pequeño cambio, torna más flexible la posibilidad de designar a un Fiscal, lo
que podría ser beneficioso, aunque evaluando los potenciales riesgos desde el punto de vista
de la dedicación a cada caso. Tratándose del plazo para investigar, comparte la idea de ampliarlo, por la relevancia y magnitud de tal tipo de situaciones. Añade que las comisiones de
servicio están consideradas en la ley del Ministerio Público, pero sería recomendable avanzar
en el uso mismo de tal herramienta, que hasta ahora ha sido escaso, sugiriendo aplicar otras
figuras distintas a las comisiones de servicio que podrían ser más adecuadas, para evitar dificultades jerárquicas. En el artículo 3°, que habla del secreto y reserva de la información, estima relevante aclarar que tal secreto debe tener un objetivo preciso. En relación a la persecución misma de los delitos terroristas, cree necesario contar con herramientas idóneas de
investigación, tal vez inspirándose en aquellas empleadas para el micro tráfico, con los debidos resguardos y distinciones entre ambas materias. A su vez, respecto al artículo 5°, sostiene
que la interacción entre el Ministerio Público y el sistema de Inteligencia Policial, debe favorecer el curso de las investigaciones, sin perjuicio de cautelar el funcionamiento de este último. De los artículos 6° y 7°, que tratan la competencia, desprende como recomendación la
idea de explorar nuevas fórmulas para enfrentar los casos de terrorismo, analizando la regulación comparada (por ejemplo, España cuenta con tribunales y sistemas especiales para materias de alta complejidad). En definitiva, califica positivamente el poner este tema en discusión, en pos de mejorar la calidad de las investigaciones y el estatuto procesal general del
terrorismo.
El diputado Gutiérrez (don Hugo), entiende que esta discusión está centrada en la existencia de organizaciones terroristas, de modo que pide a los invitados entreguen las cifras de las
personas investigadas o procesadas en Chile por terrorismo, como requisito previo a determinar si esto es o no un problema que afecte al país. Concretamente, solicita información
sobre la existencia de crimen organizado que pretenda atentar contra las bases democráticas
del país. En lo que toca a la Inteligencia, pregunta al señor Director de la ANI si efectivamente se requieren de más facultades a las ya existentes.
El diputado Walker, recuerda que parte de la investigación realizada por la “Comisión
Hermosilla”, que dio origen a la iniciativa, boletín N° 9692-07, ya aludía a lo consultado por
el diputado Gutiérrez, advirtiendo que una de las principales dificultades está dada por la
necesidad de probar un elemento subjetivo como es el ánimo terrorista, lo que deriva en que
muchas veces sea preferible invocar otros cuerpos legales diferentes, ante la menor carga
probatoria exigida, lo que ciertamente debería modificarse. No obstante, cree pertinente conocer las estadísticas del fenómeno terrorista en Chile, incluyendo la aplicación de la actual
Ley Antiterrorista, como también otros casos en que se haya recurrido a figuras diversas, por
razones meramente estratégicas.
La diputada Nogueira, con respecto a la consulta del diputado Gutiérrez, califica de absurdo tal cuestionamiento a fin de determinar la existencia o no del delito terrorista en el
país, señalando que en la Región de La Araucanía existe un problema real que debe ser enfrentado y, cuestionar la pertinencia misma de legislar en este punto, le parece altamente
reprochable. En otro aspecto, pregunta al señor Director de ULDDECO sobre la idea de adecuar las actuales normas que rigen al micro tráfico en materia de terrorismo.
El diputado Fuenzalida, señala que ya antes se ha manifestado una “falta de Estado” en la
región de La Araucanía, pues ante los delitos terroristas es común observar una falta de persecución y sanción penal, razón por la cual se proponen todos estos cambios, con el objeto de
fortalecer la institucionalidad respectiva. Destaca la gran cantidad de delitos de esta especie
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CÁMARA DE DIPUTADOS
observados en las regiones del sur de Chile, que acreditan la existencia de un problema real
de urgente solución, no obstante las precisiones que resulten pertinentes. Por último, señala
que existen amenazas reales en contra de las autoridades involucradas en la persecución de
estos delitos terroristas, que no necesitan más estadísticas, sino la simple observación de la
realidad concreta experimentada a nivel nacional.
El diputado Squella, indica que el proyecto busca facilitar la tarea de los involucrados en
la investigación de delitos terroristas, corrigiendo las actuales falencias regulatorias. En
cuanto al artículo 1° del proyecto, consulta al señor representante del Ministerio Público, si
lo perseguido es dar mayor flexibilidad al Fiscal Nacional para designar a un fiscal específico, así como si los requisitos incluidos en el mismo pueden ser un entorpecimiento a tal facultad. Agrega que no corresponde abstenerse de legislar por el solo hecho de que se esté
tramitando ya la Ley Antiterrorista, pues ello implicaría entrabar toda la actividad legislativa
en general.
El diputado Gutiérrez (don Hugo), estima necesario sincerar el debate, pues entiende que
la idea de corregir las falencias en la investigación del delito de terrorismo, específicamente
en la Región de La Araucanía, estaría fundada en la incompetencia de las autoridades o ausencia de herramientas. Además, pareciera que el delito terrorista está radicado exclusivamente en la región de La Araucanía, lo que lleva a suponer que sólo se está buscando perseguir al pueblo mapuche, más aun entendiendo que muchas de las facultades contempladas en
el boletín discutido ya existen en la normativa vigente. Así, pregunta a los invitados si la
calidad de la investigación del Ministerio Público y de las Policías es tan deficitaria que se
requieren de estas nuevas figuras legales para perseguir dichos delitos, mediante una nueva
ley de la República, que en la práctica está sólo pensada para una región.
El señor Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos,
Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO), don Mauricio Fernández Montalbán,
sostiene que ha opinado desde el punto de vista técnico, basado en los acuerdos internacionales suscritos por Chile, que hoy no se están cumpliendo en materia de terrorismo, siendo esta
la razón que justifica los cambios legales propuestos. Señala que las investigaciones formalizadas bajo la Ley Antiterrorista en el país no superan los 15 casos, pero que también es una
realidad su carácter insuficiente. Respecto a la moción en análisis, agrega que el nombramiento de un Fiscal Adjunto exigiendo requisitos adicionales, como la petición de parte,
podría conducir a la denegación del señor Fiscal Nacional, siendo potencialmente una traba,
de modo que es necesario un análisis en mayor profundidad, entendiendo que actualmente,
aunque se nombre al Fiscal Regional, este se apoya en todo su equipo, conforme resulte necesario. En lo que se refiere a la comisión de servicio, indica que la ley actual sí exime de
plazo, de modo que la propuesta redundaría. Finalmente, atestigua el arduo trabajo contra los
delitos terroristas, pero estima imprudente emitir mayores juicios de valor.
El señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinosa
Valenzuela, declara no contar con el dato estadístico consultado, pero asegura que los delitos
terroristas en Chile son reales, siendo la investigación misma la que hoy exhibe un sinnúmero de trabas que complejizan su persecución general, lo que justamente se busca mejorar,
entendiendo que entre más facultades tengan las Policías, debidamente supeditadas a los controles y regulación pertinente, mejor será el resultado probable.
El señor General Director de Carabineros de Chile, don Bruno Villalobos, asegura que
existe la necesidad efectiva de modificar el sistema vigente aplicable en materia de terroris-
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mo, adecuándolo a las exigencias internacionales. Es decir, la normativa debe actualizarse,
entregando mejores herramientas de investigación a lo largo del país.
-oTeniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción y las opiniones planteadas por los invitados, las y los señores diputados fueron de parecer de aprobar la
idea de legislar sobre la materia, no obstante las observaciones reseñadas precedentemente.
Puesta en votación general la idea de legislar, se APRUEBA por mayoría de votos, en la
forma descrita en las constancias reglamentarias previas.
B.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN PARTICULAR.
ARTÍCULO 1°
El citado artículo es del tenor que sigue: “Autorízase al Fiscal Nacional, de oficio o a requerimiento de partes, el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva para la investigación de los hechos constitutivos de delito de las leyes 18.314 y 12.927; cuando a juicio de
este se trate de hechos que amenacen gravemente el ejercicio de las garantías fundamentales
de un sector significativo de la población nacional, o persigan socavar de manera cierta las
bases del Estado democrático de derecho.
Dicho requerimiento tendrá el carácter de denuncia y deberá cumplir con lo señalado por
los artículos 10 y 26 de las leyes 18.314 y 12.927 respectivamente.
En los casos de hechos perpetrados fuera del territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 12.927, formulado el requerimiento será competente para
dirigir la investigación el fiscal designado, de acuerdo al inciso primero.
La designación se hará por un plazo de hasta un año, pudiendo prorrogarse hasta por igual
periodo de tiempo en casos calificados”.
Sobre este artículo la diputada Nogueira explica que mediante indicación propone eliminar el segundo párrafo del artículo primero, para que no se agreguen requisitos adicionales
que puedan entorpecer la aplicación de la norma.
El diputado Godoy, pregunta cuál es el beneficio de estas atribuciones adicionales conferidas mediante el artículo 1° del proyecto discutido.
El diputado Fuenzalida sostiene que esta facultad actualmente existe, pero no está consagrada explícitamente, de modo que podría ser beneficioso incluir dentro de las herramientas de los
Fiscales Nacionales la posibilidad de designar con dedicación exclusiva a un Fiscal que no necesariamente sea el Fiscal Regional, permitiendo incluir la opción del Fiscal Adjunto.
El diputado Godoy consulta si actualmente solo se designa al Fiscal Regional o este puede
delegar la función encomendada.
El diputado Fuenzalida indica que hoy sólo puede designarse al Fiscal Regional.
El diputado Walker, sugiere considerar las dos alternativas, es decir que el Fiscal designado pueda serlo con dedicación exclusiva o preferente, según corresponda, para que el Fiscal
Nacional tenga ambas opciones.
98
CÁMARA DE DIPUTADOS
La diputada Nogueira, pregunta si legalmente existe sólo la dedicación exclusiva, o también dedicación preferente, pues de lo contrario se podría llegar a la creación de una figura
que no existe.
El diputado Godoy consulta si en la práctica los Fiscales Regionales no pueden cumplir
con su labor al designárseles con dedicación exclusiva.
El diputado Fuenzalida, expresa que esta modificación busca dar la alternativa para que el
Fiscal Nacional pueda designar con dedicación exclusiva a un Fiscal que no pertenezca a la
Región en que se impetró el delito, cuestión particularmente relevante en materia de delitos
terroristas, en que los Fiscales de la zona suelen encontrarse bajo amenaza.
Se acuerda votar separadamente cada inciso del artículo 1°
1) su inciso primero fue objeto de las siguientes indicaciones, presentadas por el diputado
señor Matías Walker y por la diputada señora Claudia Nogueira, respectivamente:
i.- En el artículo 1°, inciso primero, agregar a continuación de la expresión “exclusiva”, la
expresión “o preferente”.
ii.- En el artículo 1°, inciso primero, eliminar la frase “cuando a juicio de este se trate de
hechos que amenacen gravemente el ejercicio de las garantías fundamentales de un sector
significativo de la población nacional, o persigan socavar de manera cierta las bases del Estado democrático de derecho.”.
Puesto en votación el artículo 1° inciso primero, junto con las indicaciones señaladas, fue
aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Nogueira y Sabat, y los
diputados señores Farcas, Fuenzalida, Godoy, Silva, Squella y Walker. No existieron votos
en contra ni abstenciones.
2) sus incisos segundo y tercero no tuvieron indicaciones.
Puesto en votación el artículo 1° con los incisos segundo y tercero, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Nogueira y Sabat, y los diputados señores
Farcas, Fuenzalida, Godoy, Silva y Squella. No existieron votos en contra ni abstenciones.
3) su inciso cuarto fue objeto de la siguiente indicación presentada por la diputada señora
Claudia Nogueira: para reemplazar la frase “un año” por “dos años”.
Puesto en votación el artículo 1° inciso cuarto, con la indicación, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Nogueira y Sabat, y los diputados señores
Farcas, Fuenzalida, Godoy y Squella. No existieron votos en contra ni abstenciones.
En consecuencia, queda el texto del artículo 1º del modo que sigue:
Artículo 1°.- Autorízase al Fiscal Nacional, de oficio o a requerimiento de parte, el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva o preferente para la investigación de los
hechos constitutivos de delito, según las leyes N°s 18.314 y N° 12.927.
Dicho requerimiento tendrá el carácter de denuncia y deberá cumplir con lo señalado en
los artículos 10 y 26 de las leyes N°s 18.314 y 12.927 respectivamente.
En los casos de hechos perpetrados fuera del territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la ley N° 12.927, formulado el requerimiento será competente
para dirigir la investigación el fiscal designado, de acuerdo al inciso primero.
La designación se hará por un plazo de hasta dos años, pudiendo prorrogarse hasta por
igual periodo de tiempo en casos calificados.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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ARTÍCULO 2°
El referido artículo señala: “Para asegurar el éxito de la investigación, el Fiscal Nacional
podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos de Estado, en los asuntos que a ellos les
competa y tengan relación con el mandato investigativo al que se refiere el artículo anterior.
De esta manera, el Fiscal Nacional podrá requerir de los órganos y servicios de la Administración del Estado, incluidas las Fuerzas de Seguridad y de Orden, la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias, en comisión de servicio a la Fiscalía Nacional, sin
sujeción a la limitación establecida en el inciso primero del artículo 76 de ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.”.
El referido artículo fue objeto de la siguiente indicación sustitutiva presentada por el diputado señor Gonzalo Fuenzalida:
Para reemplazar el artículo 2°, por el siguiente:
“Artículo 2°.- Para asegurar el éxito de la investigación, el Fiscal Nacional podrá requerir de
los órganos y servicios de la Administración del Estado, incluidas las Fuerzas de Seguridad y
de Orden, la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias, en comisión de
servicio a la Fiscalía Nacional, sin sujeción a la limitación establecida en el inciso primero
del artículo 76 de ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.”.
Puesta en votación la indicación sustitutiva del artículo 2°, fue aprobada por unanimidad.
Votaron a favor los diputados señores Farcas, Fuenzalida, Squella y Walker. No existieron
votos en contra ni abstenciones. En consecuencia se rechaza el artículo 2° de la moción.
ARTÍCULO 3°
El mencionado artículo prescribe: “Las diligencias de la investigación tendrán carácter
reservado y sólo podrán tener acceso a ellas, con omisión de la identidad de quienes las practiquen, los intervinientes una vez que la misma se formalice.
La infracción del deber de reserva de esta u otra disposición de la presente ley, será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien
proporcionare la información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a treinta
unidades tributarias mensuales.”.
Puesto en votación el artículo 3° fue rechazado por unanimidad. Votaron en contra los
diputados señores Farcas, Fuenzalida, Silber y Squella. No existieron votos a favor ni abstenciones.
ARTÍCULO 4° (que pasa a ser artículo 3°)
Este artículo expresa: “Para llevar a cabo su cometido, el Fiscal designado podrá hacer
uso de todos los mecanismos investigativos y medios de prueba que disponga el Código Procesal Penal y las leyes 18.314 y 12.927, independiente del cuerpo legal por el cual se formalice en definitiva a quienes resulten imputados.
100
CÁMARA DE DIPUTADOS
Asimismo, podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos, y a propuesta de dichos funcionarios, para que determinados informantes de
esos Servicios actúen en tal calidad.
Para los efectos de esta ley, agente encubierto es el funcionario policial que oculta su
identidad oficial y se involucra o introduce en las organizaciones delictuales que persiguen
los fines señalados en la parte final del inciso primero del artículo 1°, con el objetivo de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación. El agente encubierto podrá tener una historia ficticia y le será aplicable lo dispuesto
en el inciso tercero del artículo 25 de la ley 20.000.
Informante es quien suministra antecedentes a los organismos policiales acerca de la preparación o comisión de estos delitos o de quienes han participado en él, o que, sin tener la
intención de cometerlo y con conocimiento de dichos organismos, participa de alguna manera en los actos preparatorios del mismo.
El agente encubierto y el informante en sus actuaciones como tales, estarán exentos de
responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido
impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma.
Las normas sobre protección a testigos y peritos dispuestos en los artículos 15 y siguientes de la ley 18.314, serán aplicables a agentes encubiertos e informantes en cuanto sean necesarias para proteger la vida o integridad física de los mismos en caso de peligro grave.”.
Puesto en votación el artículo 4° (que pasa a ser el artículo 3° en el texto definitivo del
proyecto de ley), fue aprobado en iguales términos, por unanimidad. Votaron a favor los diputados señores Farcas, Fuenzalida, Silber y Squella. No existieron votos en contra ni abstenciones.
ARTÍCULO 4 BIS (que pasa a ser artículo 4°)
La diputada Nogueira presentó la siguiente indicación:
Introdúcese un nuevo artículo 4° Bis, del siguiente tenor: “Artículo 4 Bis.- El Ministerio
Público deberá requerir autorización judicial previa para la realización de cualquier actuación
del procedimiento que, conforme al artículo 9° del Código Procesal Penal, requiera dicha
autorización.”.
Puesta en votación la indicación (cuyo artículo 4 bis pasa a ser artículo 4° del texto definitivo del proyecto), fue aprobada por mayoría. Votaron a favor los diputados señores Fuenzalida, Silber y Squella. Se abstuvo el diputado señor Farcas. No existieron votos en contra.
ARTÍCULO 5°
El referido artículo indica: “El Fiscal designado podrá requerir de la Agencia Nacional de
Inteligencia, a través de su jefe de servicio, toda la información que tenga en relación al caso
y los recursos operativos necesarios para el éxito de la investigación.
Los antecedentes recopilados y aportados por la Agencia Nacional de Inteligencia así
como de otros organismos de inteligencia pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden y
Seguridad; podrán ser utilizados como elementos de prueba y no serán objeto de exclusión,
sin perjuicio del valor probatorio que se les otorgue por el tribunal respectivo.”.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
101
El citado artículo fue objeto de la siguiente indicación formulada por el diputado señor
Daniel Farcas: en su inciso primero, para reemplazar la frase “a través de su jefe de servicio”,
por la expresión “a través del Fiscal Nacional”.
Puesto en votación el artículo 5° con la referida indicación, fue aprobado por unanimidad.
Votaron a favor los diputados señores Farcas, Fuenzalida, Silber y Squella. No existieron
votos en contra ni abstenciones.
ARTÍCULO 6°
Este artículo es del tenor que sigue: “Al menos una vez al mes, el Fiscal designado para la
investigación deberá remitir un informe al Fiscal Nacional; el que tendrá carácter reservado. Sin
perjuicio de lo anterior, los requirentes podrán solicitar por escrito al Fiscal Nacional tener acceso a dichos informes, quien con el mérito de la solicitud, procederá a ponerlos en su conocimiento total o parcialmente según lo estime pertinente para el éxito de la investigación.”.
ARTÍCULO 7°
El artículo en cuestión dice: “Para la investigación y enjuiciamiento de las acciones señaladas en el artículo primero, el Fiscal designado podrá solicitar a la Corte Suprema la prórroga de competencia a tribunales ubicados en una región distinta a aquella en que hayan tenido
lugar los ilícitos; siempre que ello sea indispensable para el éxito de la investigación o para la
seguridad de los intervinientes, testigos y peritos.
Designada la región por parte de la Corte Suprema, se procederá a sortear el juzgado de
garantía competente para conocer del asunto. Este acto se verificará en presencia del secretario de la Corte, el Presidente de la misma y el Fiscal designado.
Con todo, el tribunal competente solo podrá estar radicado en una de las regiones contiguas a aquella donde se hubiesen cometido los ilícitos, sin perjuicio de la facultad de la Corte
Suprema de elegir otra región cuando a juicio de esta, de ello dependiese el éxito de la persecución penal, y siempre que la distancia no suponga un perjuicio sustancial para los intervinientes.”.
Puestos en votación los artículos 6° y 7° fueron aprobados, en los mismos términos, por
unanimidad. Votaron a favor los diputados señores Farcas, Fuenzalida, Silber y Squella. No
existieron votos en contra ni abstenciones.
-OPor las razones señaladas y por los argumentos que expondrá oportunamente el señor
diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Autorízase al Fiscal Nacional, de oficio o a requerimiento de parte, el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva o preferente para la investigación de los
hechos constitutivos de delito, según las leyes N°s 18.314 y N° 12.927 sobre Seguridad del
Estado, cuyo texto refundido y actualizado fue fijado por el decreto Nº 890, de 1975, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Dicho requerimiento tendrá el carácter de denuncia y deberá cumplir con lo señalado en
los artículos 10 y 26 de las leyes N°s 18.314 y 12.927 sobre Seguridad del Estado, cuyo texto
refundido y actualizado fue fijado por el decreto Nº 890, de 1975, del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública, respectivamente.
En los casos de hechos perpetrados fuera del territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la ley N° 12.927 sobre Seguridad del Estado, cuyo texto refundido
y actualizado fue fijado por el decreto Nº 890, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, formulado el requerimiento será competente para dirigir la investigación el fiscal designado, de acuerdo al inciso primero.
La designación se hará por un plazo de hasta dos años, pudiendo prorrogarse hasta por
igual periodo de tiempo en casos calificados.
Artículo 2°.- Para asegurar el éxito de la investigación, el Fiscal Nacional podrá requerir
de los órganos y servicios de la Administración del Estado, incluidas las Fuerzas de Seguridad y de Orden, la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias, en comisión
de servicio a la Fiscalía Nacional, sin sujeción a la limitación establecida en el inciso primero
del artículo 76 de ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3°.- Para llevar a cabo su cometido, el fiscal designado podrá hacer uso de todos
los mecanismos investigativos y medios de prueba que disponga el Código Procesal Penal y
las leyes N°s 18.314 y 12.927, sobre Seguridad del Estado, cuyo texto refundido y actualizado fue fijado por el decreto Nº 890, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
independiente del cuerpo legal por el cual se formalice en definitiva a quienes resulten imputados.
Asimismo, podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos y, a propuesta de dichos funcionarios, para que determinados informantes de
esos servicios actúen en tal calidad.
Para los efectos de esta ley, agente encubierto es el funcionario policial que oculta su
identidad oficial y se involucra o introduce en las organizaciones delictuales que persiguen
los fines señalados en la parte final del inciso primero del artículo 1°, con el objetivo de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación. El agente encubierto podrá tener una historia ficticia y le será aplicable lo dispuesto
en el inciso tercero del artículo 25 de la ley N° 20.000.
Informante es quien suministra antecedentes a los organismos policiales acerca de la preparación o comisión de estos delitos o de quienes han participado en él, o que, sin tener la
intención de cometerlo y con conocimiento de dichos organismos, participa de alguna manera en los actos preparatorios del mismo.
El agente encubierto y el informante en sus actuaciones como tales, estarán exentos de
responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido
impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma.
Las normas sobre protección a testigos y peritos dispuestos en los artículos 15 y siguientes de la ley 18.314, serán aplicables a agentes encubiertos e informantes en cuanto sean necesarias para proteger la vida o integridad física de los mismos en caso de peligro grave.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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Artículo 4°.- El Ministerio Público deberá requerir autorización judicial previa para la
realización de cualquier actuación del procedimiento que, conforme al artículo 9° del Código
Procesal Penal, requiera dicha autorización.
Artículo 5°.- El fiscal designado podrá requerir de la Agencia Nacional de Inteligencia, a
través del Fiscal Nacional, toda la información que tenga en relación con el caso y los recursos operativos necesarios para el éxito de la investigación.
Los antecedentes recopilados y aportados por la Agencia Nacional de Inteligencia, así
como de otros organismos de inteligencia pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden y
Seguridad, podrán ser utilizados como elementos de prueba y no serán objeto de exclusión,
sin perjuicio del valor probatorio que se les otorgue por el tribunal respectivo.
Artículo 6°.- Al menos una vez al mes, el fiscal designado para la investigación deberá
remitir un informe al Fiscal Nacional, el que tendrá carácter reservado. Sin perjuicio de lo
anterior, los requirentes podrán solicitar por escrito al Fiscal Nacional tener acceso a dichos
informes, quien con el mérito de la solicitud, procederá a ponerlos en su conocimiento total o
parcialmente, según lo estime pertinente para el éxito de la investigación.
Artículo 7°.- Para la investigación y enjuiciamiento de las acciones señaladas en el artículo 1°, el fiscal designado podrá solicitar a la Corte Suprema la prórroga de competencia a
tribunales ubicados en una región distinta a aquella en que hayan tenido lugar los ilícitos,
siempre que ello sea indispensable para el éxito de la investigación o para la seguridad de los
intervinientes, testigos y peritos.
Designada la región por parte de la Corte Suprema, se procederá a sortear el juzgado de
garantía competente para conocer del asunto. Este acto se verificará en presencia del secretario de la Corte, el Presidente de la misma y el fiscal designado.
Con todo, el tribunal competente solo podrá estar radicado en una de las regiones contiguas a aquella donde se hubiesen cometido los ilícitos, sin perjuicio de la facultad de la Corte
Suprema de elegir otra región cuando a juicio de esta, de ello dependiese el éxito de la persecución penal, y siempre que la distancia no suponga un perjuicio sustancial para los intervinientes.”.
Sala de la Comisión, a 11 de mayo de 2016.
Tratado y acordado en sesiones de fechas 9 y 23 de marzo; 6 de abril y 11 de mayo de
2016, con la asistencia de los diputados señor Daniel Farcas Gendelman (Presidente), señoras Karol Cariola Oliva, Claudia Nogueira Fernández y Marcela Sabat Fernández, y diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes, Juan Antonio Coloma Álamos, Gonzalo Fuenzalida
Figueroa, Joaquín Godoy Ibáñez, Jaime Pilowsky Greene, Ernesto Silva Méndez, Gabriel
Silber Romo, Leonardo Soto Ferrada, Arturo Squella Ovalle y Matías Walker Prieto.
Asisten además los diputados señores Diego Paulsen Kehr y Giorgio Jackson Drago.
El diputado señor Hugo Gutiérrez Gálvez reemplazó a la diputada señora Karol Cariola
Oliva.
(Fdo.): ALVARO HALABI DIUANA, Abogado Secretario de la Comisión”.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
10.INFORMEDELACOMISIÓNDEDEPORTESYRECREACIÓNRECAÍDOENELPROYECTO,
INICIADOENMOCIÓN,QUE“MODIFICALALEYN°19.712,DELDEPORTE,PARAEXTENDER
LAVIGENCIADELOSDIRECTORIOSDELASFEDERACIONESDEPORTIVASNACIONALES
INHABILITADASPARARECIBIRRECURSOSPÚBLICOSDESDEELINSTITUTONACIONAL
DEDEPORTESDECHILE”.(BOLETÍNN°10581‐29)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Deportes y Recreación viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción de los
diputados señores Claudio Arriagada, Sergio Espejo, Iván Fuentes, Tucapel Jiménez, Sergio
Ojeda, Jaime Pilowsky, Alberto Robles, Víctor Torres, Osvaldo Urrutia y Matías Walker, sin
urgencia.
Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración
de las siguientes personas: La Ministra de Deportes, señora Natalia Riffo Alonso; la Subsecretaria del Deporte, señora Nicole Sáez; el asesor jurídico, señor Hernán Domínguez; el
abogado don Hugo Castelli; la Jefa del Departamento de Organizaciones Deportivas, señorita
Valeria Bastías, y la Asesora Comunicacional, señora Mariella Parodi; el Presidente de la
Federación Chilena de Automovilismo Deportivo (FADECH), señor Mauricio Melo Avaria;
el Presidente de la Federación de Motociclismo de Chile, señor José Tomás Díaz Palma; y el
Presidente de la Federación Chilena de Paracaidismo (Parafech), señor Eduardo Jara Medel.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.
La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en modificar lay N° 19.712, del deporte, en orden a ampliar de doce a treinta y seis meses el plazo de la inhabilitación para recibir recursos públicos que afecta a las federaciones deportivas nacionales, y de esa forma
permitirles regularizar su situación financiera, contable u otra, como asimismo extender la
vigencia de la vigencia del Directorio de la Federación respectiva mientras dure el plazo de
inhabilitación.
2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM
CALIFICADO.
No contiene disposiciones con este carácter.
3.- NORMAS QUE REQUIEREN TRÁMITE DE HACIENDA.
No requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
4.- EL PROYECTO FUE APROBADO EN GENERAL, POR UNANIMIDAD DE
VOTOS.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de los diputados señores Berger, Fuentes, Morales, Pilowsky, Robles, Urrutia, don Osvaldo, Verdugo, y Walker.
5.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS.
No hubo.
6.- DIPUTADO INFORMANTE.
Se designó diputado informante al señor BERNARDO BERGER FETT.
II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
Consignan los autores de esta iniciativa que las federaciones deportivas nacionales son
reguladas a través de la ley N° 19.712, denominada Ley del Deporte, en su título III sobre
Organizaciones Deportivas.
En los últimos años se han producido crisis importantes en algunas federaciones deportivas del país. El ciclismo y la gimnasia han sido algunos de los casos más conocidos.
El Presidente del Comité Olímpico de Chile, señor Neven Ilic, al señalar “cada una de las
familias de los deportes tiene que tomar las decisiones que elijan de la mejor manera y hacerse responsable de sacar sus deportes adelante”, y la Presidenta de la Agrupación de Deportistas de Alto Rendimiento, señora Claudia Vera, al declarar que “hace años bastaba con que
los directores dedicaran poco tiempo y tenían otras actividades laborales. Hoy día se necesita
a los directores al cien por ciento, por lo que urge profesionalizar todo el sistema deportivo
en Chile” demuestran la urgente necesidad de mejorar la gestión de las federaciones deportivas, dado que su déficit afecta directamente el rendimiento de los deportistas, la detección de
nuevos talentos y la proyección internacional de atletas de primer nivel.
Los dirigentes, en su mayoría hombres y mujeres que cumplen su labor con gran responsabilidad y diligencia, deben asumir sus cargos con deudas de arrastre y rendiciones pendientes con el Estado, que deben comenzar a subsanar con el objeto de tener la posibilidad de
volver a recibir recursos del Estado, ya que ellos constituyen su principal sistema de financiamiento.
La contabilidad de las federaciones deportivas está bajo la supervisión de una auditoría
externa de las entidades registradas en la Superintendencia de Valores y Seguros y del Instituto Nacional de Deportes. Adicionalmente, el rechazo de las rendiciones de cuentas de los
recursos entregados por el Instituto Nacional de Deportes provoca la inhabilidad continuar
seguir recibiendo recursos y a su vez, esta inhabilidad, prolongada por más de doce meses,
hace cesar, de pleno derecho, el directorio vigente de dicha federación.
Lamentablemente, una iniciativa que parecía correcta que se dejó establecida en la Ley
del Deporte, en cuanto a incentivar la correcta rendición de cuentas, se ha transformado en
un desincentivo para asumir con seriedad, para arreglar los problemas, la dirigencia deportiva
por quienes tienen la experiencia y conocimiento suficiente para gestionar eficientemente las
tareas financieras y deportivas de las mismas.
El texto de la ley, en este sentido, prescribe que “Si la habilitación para recibir recursos
públicos se prolongare por más de doce meses, cesará, de pleno derecho, la vigencia del Directorio de la Federación respectiva. En todo caso, el Directorio saliente deberá llamar a
106
CÁMARA DE DIPUTADOS
elección dentro de los quince días hábiles siguientes al cumplimiento del mencionado plazo,
no pudiendo participar en ellas ninguno de sus miembros”.
Como es conocido, cuando los problemas financieros y de rendición de cuentas son graves, o datan de largos años anteriores, por más diligente que sea la nueva directiva responsable de sanear hechos de los cuales no tuvieron participación, un año no alcanza a ser el tiempo suficiente para estar al día y permitir que se vuelvan a habilitar para recibir los recursos
que el Ministerio del Deporte, y específicamente el Instituto Nacional del Deporte, destinan a
los deportistas y sus federaciones.
Sumado a estas circunstancias, se reconoce en el mundo deportivo del país, que los dirigentes deportivos de federaciones nacionales son un acotado número de personas, y al mantener la norma de cesación de directorio luego de 12 meses inhabilitados para recibir recursos
del Instituto Nacional del Deporte, provocaría la situación de que lleguen a la dirigencia personas sin experiencia o, en algunos casos, que no haya personas que quieran participar de
una directiva que sabe que tiene un reducido plazo para dar solución a temas financieros
complejos.
Destacan los mocionantes que es urgente modificar la ley, en el sentido de ampliar los
doce meses actuales de inhabilitación de recursos públicos, a treinta y seis meses (3 años),
para cesar de pleno derecho el directorio transcurrido ese plazo, permitiendo que dirigentes
nuevos, que no fueron responsables de las fallas en las rendiciones, puedan tener el tiempo
suficiente para regularizar y dejar saneada la respectiva federación.
III. RELACIÓN DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.
Consta de un artículo único que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, ampliando de 12
a 36 meses el plazo de inhabilitación que afecta a las federaciones deportivas nacionales,
reguladas por la referida ley, para recibir fondos públicos y, de esa forma, puedan con tiempo
regularizar su situación y así acceder a los citados fondos, como asimismo dar más tiempo al
directorio de la federación pertinente para que cese de pleno derecho su vigencia, luego de
expirado el nuevo plazo.
IV. DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA.
La iniciativa en estudio, como ya se indicó, modifica el artículo 40 J de la ley N° 19.712,
del Deporte.
V. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.
A.- DISCUSIÓN GENERAL.
La señora Ministra del Deporte, doña Natalia Riffo, en relación al plazo que plantea el
proyecto, señala que estiman de mayor conveniencia establecerlo en 24 meses y no de 36,
aun cuando reconoce tratarse de un tema susceptible de mayor discusión.
El señor asesor jurídico del Ministerio del Deporte, don Hernán Domínguez, por su parte,
propone un plazo de 24 meses porque el de 36 meses sería muy excesivo, no cumpliendo el
objeto de un Directorio con tales características, mientras que 24 meses serían suficientes
para alcanzar los resultados perseguidos.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
107
El señor Presidente de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo (FADECH),
don Mauricio Melo, señala que han analizado el tema de las Federaciones Deportivas Nacionales, concluyendo que los diversos requisitos exigidos terminarían simplemente por excluirlos o restringirlos en demasía, sin mayores beneficios a cambio. Es por tal motivo que decidieron no modificar sus estatutos, entendiendo que lo contrario implicaría una pérdida de
autonomía. Expresa que el curso contemplado para orientar el proceso de adecuación no se
ha cumplido con eficiencia, pues ellos al menos no tuvieron conocimiento del mismo. Y en
relación con el proyecto en estudio, opina que lo mejor es disponer del mayor plazo posible.
El señor Presidente de la Federación de Motociclismo de Chile, don José Tomás Díaz,
indica que ellos sí decidieron adherirse al nuevo sistema de Federación Deportiva Nacional,
aun cuando tienen igualmente observaciones en la materia, pues entre las nuevas exigencias,
se requiere enviar a los mejores deportistas del ramo, lo que no siempre puede ser cumplido
en la práctica, por el factor económico. Sobre el plazo objeto del proyecto discutido, manifiesta dudas del impacto real que tal cambio pueda significar, pues más que el tiempo, es
necesaria mayor voluntad para entender la causa de los problemas. Así, fijar el plazo en 36
meses puede ser contraproducente.
El señor Presidente de la Federación Chilena de Paracaidismo Deportivo (PARAFECH),
don Eduardo Jara, apoya la idea del proyecto de ley, pues refleja una consideración por los
dirigentes de las Federaciones, al concederles más tiempo para actuar, expresando que un
plazo de 24 meses es demasiado restrictivo. Y en lo que toca al nuevo sistema de Federaciones Deportivas Nacionales, considera que este implica una serie de restricciones que entraban el desarrollo de las Federaciones. En el caso concreto de la organización que representa,
menciona que si bien quieren adecuar sus estatutos, por razones de tiempo han quedado inhabilitados. Finalmente, reitera su apoyo al plazo propuesto de 36 meses.
El diputado Fuentes considera que el plazo de 24 meses es muy limitado, ya que en tres o
cuatro años es posible demostrar una mayor consistencia, compartiendo fijar el nuevo plazo
en 36 meses.
El diputado Verdugo, consulta a los dirigentes de la Federaciones presentes, si el mayor
tiempo realmente les permitirá resolver los problemas, pues si en un año no se puede avanzar, mayor tiempo sólo extendería la agonía del proceso, aumentando la incertidumbre.
El señor Presidente de la Federación de Motociclismo, estima que el plazo mayor podría
simplemente aumentar la agonía del proceso.
El señor Presidente de PARAFECH, apoya el plazo sugerido en el proyecto.
El diputado Walker, considera prudente entregar un plazo razonable para que la ley se
cumpla, aunque sin excederse, planteando como más conveniente fijar dicho plazo en 24
meses.
El diputado Pilowsky, recuerda que el Comité Olímpico planteó un plazo de 48 meses, de
donde se desprende que los 36 meses propuestos no son excesivos. No obstante, cree que
fijar el plazo en 24 meses, igualmente sería un avance.
El diputado Verdugo recuerda que este problema se arrastra desde hace largo tiempo,
estimando que cualquiera sea el plazo, ello no resolverá el problema de fondo. Por ende, 24
meses serían más razonables, pero teniendo en cuenta que lo más importante es encontrar
soluciones profundas y efectivas (por ejemplo, hacer responsables solidariamente a los dirigentes, además de la inhabilitación respectiva).
108
CÁMARA DE DIPUTADOS
El diputado Robles (presidente), comparte la idea de incorporar una responsabilidad solidaria, respecto de los recursos que manejados por los directorios de Federaciones Deportivas.
Sin embargo, estima que tal vez ello debería incorporarse a través de otro proyecto de ley.
El diputado Urrutia, don Osvaldo, plantea la opción de otras alternativas para atacar el
problema de rendición de cuentas, tal vez, obligando a que la nueva Directiva se haga parta
de las acciones legales ejercidas por el IND en contra de los dirigentes infractores.
El diputado Pilowsky, recuerda que es el Ministerio del Deporte quien debería presentar
las soluciones, más allá de la labor de los diputados.
El señor abogado asesor del Ministerio del Deporte, don Hugo Castelli, indica que están a
favor de fijar el plazo en 24 meses, ya que esto coincide con los plazos de reelección de las
directivas.
-oLa Comisión, compartiendo el objetivo y fundamento tenidos en consideración por la
moción y la opinión vertida por el Ejecutivo en apoyo a esta iniciativa, procedió, por unanimidad, a dar su aprobación a la idea de legislar, conforme se detalla en las constancias reglamentarias previas.
-oB.- DISCUSIÓN PARTICULAR.
ARTÍCULO ÚNICO
El referido artículo es del tenor que sigue: “Modifíquese en el inciso quinto del artículo 40
J de la ley 19.712, Ley del Deporte, la palabra “doce” por “treinta y seis”.
Se explicó que esta norma amplía el plazo de inhabilitación de recibir recursos públicos
de doce a treinta y seis meses que la ley establece a los directorios de las federaciones deportivas nacionales que no han cumplido con sus obligaciones legales y, de esa forma, permitirles que puedan subsanar y regularizar su situación y no cesar la vigencia del directorio,
transcurrido que sea el plazo de inhabilitación.
El citado artículo fue objeto de una indicación formulada por los diputados señores Berger, Fuentes, Pilowsky, Robles, Urrutia, don Osvaldo; y Verdugo y Walker, que rebaja a
veinticuatro meses la inhabilitación referida.
Puesto en votación el artículo único con la referida indicación, fue aprobado por unanimidad de votos.
Votaron a favor los diputados señores Berger, Fuentes, Morales, Pilowsky, Robles, Urrutia, don Osvaldo, Verdugo, y Walker.
-oPor las razones señaladas y los argumentos y antecedentes que expondrá oportunamente
el señor diputado informante, esta Comisión recomienda a la H. Corporación aprobar el siguiente:
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PROYECTO DE LEY
“ARTÍCULO ÚNICO.- Reemplázase en el inciso quinto del artículo 40 J de la ley
19.712, del Deporte, la locución “doce” por “veinticuatro”.
Sala de la Comisión, a 12 de mayo de 2016.
Tratado y acordado en sesiones de fechas 5 y 12 de mayo de 2016, con la asistencia de los
diputados señores Alberto Robles (Presidente), Bernardo Berger, Pedro Browne, Fidel Espinoza, Iván Fuentes, Romilio Gutiérrez. Tucapel Jiménez, Celso Morales, Jaime Pilowsky,
Osvaldo Urrutia, Germán Verdugo y Matías Walker.
(Fdo.): ALVARO HALABI DIUANA, Abogado Secretario de la Comisión”.
11.PROYECTOINICIADOENMOCIÓNDELOSDIPUTADOSSEÑORESESPINOSA,DONMARCOS;
BORIC,JACKSONYROBLES,YDELASDIPUTADASSEÑORASGIRARDI,PROVOSTEYVALLEJO,
QUE“REGULALOSPROCESOSDECIERREDECARRERASENLASINSTITUCIONESDE
EDUCACIÓNSUPERIOR”.(BOLETÍNN°10697‐04)
“Vistos:
Lo dispuesto en los Artículos 63° y 65° de la Constitución Política de la República; en la
ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H.
Cámara de Diputados.
Considerando:
1.- Desde hace algún tiempo los movimientos sociales que han surgido en torno a la educación, han puesto sobre la palestra la necesidad de realizar un cambio en la forma de ver la
educación, dejando de lado la concepción mercantil de la misma, para entenderla como un
derecho garantizado y resguardado por nuestra carta fundamental.
2.- Para avanzar en estos grandes cambios a los paradigmas educacionales del país, se deben regular aspectos en materia educacional que nuestra legislación no contempla hoy en día.
3.- Es dentro de esa lógica que legislar sobre el cierre de carreras universitarias y todo lo
que conlleva este proceso, se hace fundamental, en virtud de los hechos acontecidos en estos
últimos años y que han sido el reflejo del fracaso del sistema.
4.- A esto también se le suma instituciones que tienen carreras de primera y segunda categoría. En el caso de las segundas, las casas de estudios destinan menos recursos, quedando a
la deriva y derivándose en el cierre de las mismas para potenciar aún más las carreras de
primera, que son en teoría, las más rentables. Esto si bien no son políticas públicas por parte
de la universidad, son actuaciones que ocurren a diario y que constituyen una discriminación
grave, sobre todo, cuando existen estudiantes que se ven afectados por la falta de seriedad
sobre el particular.
110
CÁMARA DE DIPUTADOS
5.- Lo estipulado en el DFL N° 2 del Ministerio de Educación, no responde en nada a la
falta de normativa sobre el cierre de una carrera, ni tampoco a lo que sucede con sus estudiantes.
6.- El DFL N° 2 antes mencionado, solo hace alusión a la creación de carreras universitarias conforme a lo estipulado en su artículo 63, dando la libertad para crear carreras mientras
estén dentro del rango que establece tal artículo. Para el caso de los institutos profesionales y
centros de formación técnica, estos tienen libertad de crear sus planes de estudios, siempre
bajo la revisión del Ministerio de Educación, pero en la práctica la funcionalidad y la rentabilidad son las que mandan a la hora de abrir y cerrar carreras, sin responsabilidad alguna sobre
la precariedad existente en los procesos de cierre de carrera.
7.- Llegar a la determinación tan drástica como el cierre de una carrera, entendiendo todo
lo que ello conlleva, no puede ser una decisión tomada por un grupo directivo solamente,
sino que por el contrario debe ser un proceso informado, participativo y debe ir de la mano
con una reparación a los estudiantes involucrados, entendiendo que no solo son ellos los
afectados, sino también, sus familias, sus sueños y sus proyectos de vida.
8.- Solo en el año 2015 se cerraron 21 carreras de diferentes áreas y de distintas universidades a nivel nacional, entre los casos más polémicos se encuentra el de la Universidad Los
Leones que cerró 4 carreras, entre éstas 3 ingenierías y la carrera de administración pública.
Sin embargo lo más reprochable de este caso es la forma en que los alumnos fueron notificados, esto es, vía correo electrónico para citarlos a reunión con el director de Carrera y así
ofrecerles opciones de convalidación en otras áreas e informando que no habría continuidad
de sus carreras actuales.
9.- También encontramos el caso de la Universidad Viña Del Mar, la cual tras varios intentos fallidos de cerrar la carrera de Sociología, logro concretarlo durante fines del año 2015 y
principios del año 2016, sin siquiera informar formalmente a sus estudiantes y cuerpo docente.
Este caso resulta aún más preocupante debido a que existían estudiantes matriculados para el
2016, los cuales perdieron su posibilidad de ingresar a estudiar la carrera que escogieron.
Dentro del proceso de cierre despidieron a su plana docente y al jefe de carrera en un acto
público y frente a sus estudiantes.
10.- Existen otros casos históricos como el de la Universidad Tecnológica Metropolitana
(UTEM) con la carrera de criminalística, la que comenzaba a impartirse en diversas universidades, pero que no tenía un campo laboral concreto, reafirmando así que si bien existe libertad de abrir y cerrar carreras, no existe una responsabilidad clara a la hora de cerrarlas.
11.- También bajo esta misma tónica encontramos diversas fórmulas que utilizan las universidades para camuflar los cierres de carrera, utilizando diversos nombres como “cierres
parcializados”, “cierre de matrículas”, “cierre de ingresos”.
12.- Es por lo antes dicho y en virtud de una realidad que se vive hoy en las diversas Universidades de Chile y demás casas de estudio, y ante la notable falta de legislación en la materia, es que los Diputados aquí firmantes presentamos el siguiente proyecto de ley.
Proyecto de Ley.
Artículo 1°: Las Universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, en
adelante instituciones de educación superior, son responsables por cualquier decisión que
afecte el normal funcionamiento de una carrera que se imparta al interior de dicho establecimiento.
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Las instituciones de educación superior que cierren una o más carreras deberán regirse por
lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 2°: Se entenderá por cierre de carrera cualquier acción destinada a detener el
proceso de matrículas de forma indeterminada, a culminar permanentemente el proceso de
admisión de una carrera, o cerrar la carrera sin permitir la continuidad de estudios a los estudiantes que tengan matrícula vigente.
Artículo 3°: Para determinar el cierre de alguna carrera por parte de cualquiera de las instituciones de educación superior mencionadas en el artículo primero, estas deberán cumplir
los siguientes requisitos:
a) Deberán informar personalmente a los docentes, estudiantes y egresados en proceso de
titulación con un plazo no menor a seis meses desde que es tomada dicha decisión.
b) La notificación deberá estipular los hechos que derivaron en la decisión de cierre, también indicará quienes propusieron el cierre y si hubo o no votación para determinar éste.
c) Deberán establecer una mesa conjunta entre administrativos, docentes y estudiantes con
miras a establecer un plan de cierre. El plazo para establecer esta mesa no puede superar los
treinta días desde notificada la resolución de cierre.
d) La institución de educación superior no podrá realizar ningún aumento al arancel o a la
matrícula de la o las carreras a cerrar.
e) Deberá publicar en diarios de circulación nacional la determinación, informando que
dicha universidad no impartirá la carrera al año siguiente. Este aviso deberá realizarlo cada
quince días durante cuatro meses contados desde la resolución que determina el cierre de la o
las carreras.
f) La institución de educación superior debe establecer una mesa de trabajo en conjunto
con docentes y directivos de la carrera. para determinar lo relacionado a planes de estudios y
exámenes de grados.
g) La notificación de cierre no podrá realizarse durante periodos de exámenes.
Artículo 4°: La institución de educación superior no podrá negar la entrega de certificados, planes de estudios u otros documentos a los estudiantes que mantengan deudas con el
establecimiento en cuestión.
Estos documentos no tendrán costo alguno para los estudiantes de la o las carreras en proceso de cierre.
Artículo 5°: Los estudiantes que se vean afectados por la medida de cierre tendrán derecho a los siguientes beneficios:
a) No pago de matrículas mientras dure el proceso de cierre;
b) Reembolso de la matricula si el aviso de cierre se realiza posterior a ésta;
c) Congelamiento en aranceles y descuentos progresivos en éste, mientras dure el proceso
de cierre.
d) Podrán optar a cambios internos de carreras para lo cual la institución educacional debe
garantizar y asegurar el acceso más expedito para realizar el cambio.
e) Los estudiantes que opten por el beneficio de la letra anterior no cancelarán matricula
en la institución de educación superior mientras dure su formación académica en la misma.
Este último beneficio solo podrá aplicarse al primer cambio de carrera.
f) Si el arancel de la carrera escogida para cambiarse supera al de la carrera de origen, se
respetara el arancel de la carrera de origen mientras dure su formación académica.
g) La institución de educación superior no podrá realizar cobros relacionados con el egreso y el grado de los alumnos involucrados en el proceso de cierre.
112
CÁMARA DE DIPUTADOS
h) El estudiante que decida no seguir cursando otra carrera dentro de la misma institución
de educación superior tendrá derecho a una indemnización proporcional al treinta por ciento
del costo total de la carrera.
i) El estudiante que decida optar por el cambio interno, tendrá derecho a una indemnización del quince por ciento del costo total de la carrera.
Artículo 6°: Los plazos para el reembolso de la matrícula y las indemnizaciones contenidas en el artículo anterior, no podrán exceder al plazo acordado en el plan de cierre que determine la mesa que establece la letra c) del artículo tercero de la presente ley.
Artículo 7°: El personal administrativo que preste funciones a la carrera en proceso de cierre
tendrá prioridad para ser reubicado dentro de la misma institución de educación superior.
Además la misma institución establecerá uno o más funcionarios destinados a la orientación y gestión de reubicación de los estudiantes.
Artículo 8°: La institución de educación superior no podrá determinar el cambio de los directivos de la carrera sin consultar a la mesa establecida en el artículo 3° letra c) de esta ley.
Artículo 9°: La institución de educación superior no podrá factorizar la deuda de sus estudiantes, como tampoco podrá determinar sanción alguna contra el estudiante por no pago.
Prohíbase el bloqueo académico, de sistema de intranet, la imposibilidad de acceder a materiales de estudio por no pago, la imposibilidad de acceder a certificados o cualquier otra
medida que atente contra las necesidades del estudiante.
Artículo 10: La institución de educación superior de que se trate, tendrá la obligatoriedad de
elaborar, publicar y notificar a sus estudiantes el nivel de empleabilidad de los egresados por
carrera, como también deberán informar el nivel empleabilidad de las carreras que imparte.
La publicación de los informes del inciso anterior deberá realizarse cada dos años a través
de la página web de la institución o mediante cualquier otro medio electrónico.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero: Las instituciones de educación superior que contengan o no dentro de
sus reglamentos procedimientos relacionados al cierre de carreras, deberán adecuar en un
plazo no mayor a seis meses de publicada esta ley, su normativa interna”.
12.PROYECTOINICIADOENMOCIÓNDELOSDIPUTADOSSEÑORESHASBÚN,COLOMA,
GAHONA,MORALES,NORAMBUENA;URRUTIA,DONOSVALDO;URRUTIA,DONIGNACIO,
YWARD,YDELASDIPUTADASSEÑORASHOFFMANNYMOLINA,QUE“MODIFICALALEY
N°19.477,ORGÁNICADELSERVICIODEREGISTROCIVILEIDENTIFICACIÓN,ENMATERIA
DENOMBRAMIENTODELDIRECTORNACIONALDEDICHOSERVICIO”.
(BOLETÍNN°10698‐07)
I. IDEAS GENERALES.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional el Servicio
de Registro Civil e identificación es un servicio público funcionalmente descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la
República a través del Ministerio de Justicia.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
113
Asimismo, indica el artículo 3° de la referida ley que el Servicio velará por la constitución
legal de la familia y tendrá por objeto principal registrar los actos y hechos vitales que determinen el estado civil de las personas y la identificación de las mismas. Le corresponderá,
también, llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende.
De acuerdo a lo anterior, a este servicio público le corresponde una función de vital trascendencia en nuestra estabilidad jurídica, toda vez que constituye en la mayoría de los casos
una entidad depositaria de la fe pública, institución que a través de ella, miles las personas
establecen la calidad que ocupan en la sociedad.
En este sentido el Registro Civil, establecido en 1884, vino en otorgar a los ciudadanos
mayores espacios de igualdad en una sociedad absolutamente elitista como la existente hacia
fines del siglo XIX, dejando con ello la potestad eclesiástica de bautizar e inscribir a los recién nacidos como asimismo otros importantes actos a cuyo cargo se traspasó al referido
registro civil.
Bajo estas circunstancias, sin dudas, el Servicio de Registro Civil e identificación se erige
como una institución característica de nuestra república y cuyas autoridades responsables
deben constituir personas de excelencia, particularmente en el plano profesional y personal.
Es así como la necesidad de contar con un servicio público, de la trascendencia del Registro Civil cumpliendo con los principios de eficiencia y destinados a alcanzar el bien común
de las personas, de acuerdo al principio de servicialidad que regla nuestra administración,
hace que sus máximas autoridades y especial su director general cuenten con la aquiescencia
de todas las instituciones republicanas y permanentes de nuestro país, esto es la Presidencia
de la República y el Senado.
En efecto, la intervención de estas entidades, hacen que el nombramiento de la máxima
figura del registro civil les otorgue a los ciudadanos mayores garantías de profesionalismo y
excelencia en todos los aspectos.
II. CONSIDERANDO.
1.- Que, la importancia que reviste actualmente el Servicio de Registro Civil en nuestro
país es manifiesta, diariamente los chilenos requerimos de este servicio, innumerables actos y
apoyo para materializar una determinada situación jurídica y cuyos efectos en nuestra vida
son absolutamente notables.
2.- Que, es por lo anterior que la designación de esta autoridad no puede quedar entregado
a un procedimiento puramente administrativo, en donde si bien es cierto, deben prevalecer
los principios de probidad y transparencia pero carentes del consenso necesario para un cargo
de primera línea pública como el que ostentan el director del Registro Civil en nuestro país.
3.- Que, en este sentido, debemos entender a la función pública de estos servicios como la
más trascendente, cuyas atribuciones que les encomienda la ley posibilitan el movimiento de
nuestro engranaje institucional, económico y jurídico.
4.- Que, dicho lo anterior, un servicio que diga relación con tales elementos sociojurídicos requiere de autoridades altamente calificadas y que traspase los márgenes propios
de la alta dirección pública, y por lo dicho debe constituir en una autoridad nominada por
S.E. El Presidente de la República con acuerdo del Senado al igual que otras como Contralor
General de la República.
114
CÁMARA DE DIPUTADOS
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
La presente iniciativa parlamentaria establece un procedimiento para la nominación del
Jefe del Servicio de Registro Civil e Identificación, a través de un proceso que por la relevancia del cargo, requiere que intervengan las máximas autoridades de la República como lo
son el Presidente y el Senado, instancias que se encuentran investidas del suficiente peso
político para la designación de la persona más idónea en el cargo.
IV. PROYECTO DE LEY.
Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso 2° en el artículo 6° 19.477 Orgánica Constitucional del Registro Civil, de acuerdo al siguiente texto:
“El Director Nacional del Servicio de Registro Civil será nombrado por el Presidente de
la República con acuerdo del Senado”.
13.PROYECTOINICIADOENMOCIÓNDELOSDIPUTADOSSEÑORESAGUILÓ,ARRIAGADA,
BERGER,FARÍAS,OJEDA,SANDOVALYVERDUGO,QUE“CONCEDELANACIONALIDADPOR
GRACIAALDIÁCONOGUIDOGOOSSENSROELL”.(BOLETÍNN°10699‐06)
1.- La nacionalidad por gracia.
La nacionalización por gracia de ley constituye una institución de tradición republicana
extraordinariamente fructífera para el bien común chileno. Lo anterior porque a través de este
honor se distingue a extranjeros ilustres que han efectuado un aporte significativo al progreso
del país en las tareas científicas, productivas, comerciales, artísticas, deportivas y culturales;
como asimismo en el magisterio de costumbres y estilos de vida que signifiquen un modelo
de virtudes a seguir por las generaciones venideras.
Esta importante y excepcional institución de la nacionalidad por gracia de ley es recogida
en el número 4 del artículo 10 de la Constitución, cuando expresa que serán chilenos los que
obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.
Vale la pena anotar entonces, que por decisión soberana del Poder Legislativo, la nacionalización por gracia de ley, al mismo tiempo que otorga el supremo reconocimiento de incorporar a la familia chilena al extranjero connotado, le permite mantener la nacionalidad de la
patria quien lo vio nacer.
2.- Vida y obra del hermano GUIDO GOOSSENS ROELL
Guido Goossens Roel es un diácono célibe belga que reside en Chile desde marzo de
1974. Nació en un pueblo rural, Zoersel, cerca de la ciudad de Amberes, el 4 de abril de 1948
y fue ordenado como diácono por don Carlos González, el 6 de Junio del año 1976. Actualmente vive en la Villa San Antonio, ejerce su ministerio en la Parroquia San Sebastián, colabora en la Pastoral Penitenciaria de Talca y participa en una gran diversidad de actividades
que busca el reconocimiento y la promoción de la dignidad humana. Ha sido descrito por la
comunidad Talquina como un “hombre simple, profundo, carismático y transparente” quien
está dedicado “a predicar el evangelio, especialmente en los sectores más necesitados; “representa los valores de solidaridad, humildad, compromiso y consecuencia con los más desposeídos.” Es conocido cariñosamente como el hombre de la bicicleta, por ser su único medio de locomoción en su vida.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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1.- El Hermano Guido después de la enseñanza media en su querida Bélgica se fue a estudiar sociología en religión a la Universidad de Lovaina. Estos años coincidieron justo con el
despertar del movimiento estudiantil que reclamaba cambios profundos. Se cuestionaba el
verticalismo o autoritarismo plasmado en las distintas instituciones que conforman la sociedad como la política, la economía, la iglesia, el matrimonio y por supuesto también la universidad.
Perteneció a la generación llamada de “mayo del 68”, cuando los estudiantes en Francia,
Bélgica, Alemania se tomaron las calles, universidades, hacían alianzas con sindicatos y trabajadores para lograr una sociedad más justa y centrada en otros valores.
2.- Después de terminar sus estudios en sociología hizo dos años de teología y en este lapso, conoció al sacerdote Belga, José Comblin, quien había llegado en 1972 a Talca. Comblin
consultó a don Carlos González, el Obispo de Talca de ese entonces, quien en mayo de 1973
lo invito a colaborar con la Iglesia de Talca. Para lo cual se matriculo en un instituto de Lovaina que se llamaba Copal (Colegio pro América Latina), donde se preparaban, durante
cuatro meses, consagrados y laicos de distintos países de Europa que iban a trabajar en América Latina en diversos países y proyectos.
Se hace presente como anécdota en su vida que en septiembre de 1973 don Carlos Gonzalez Cruchaga paso por Bélgica para concretar con el Obispo de Amberes su traslado como
seminarista a la Diócesis de Talca, y resulta que el día de su llegada el calendario marcaba 11
de septiembre, y don Carlos vio la Moneda en llamas en el televisor de su casa. Fue el día del
golpe militar en Chile. A pesar de aquello, decidió compartir la suerte de la Iglesia en América Latina y el traspaso se hizo.
3.- Llego a Talca 1974, mientras el régimen militar fue descabezando todo el movimiento
social. Sin embargo avanzo en el fortalecimiento de instituciones como la Juventud Estudiantil Católica (JEC) y la Asociación de Universitarios Católicos (AUC), donde estuvo hasta
1978. Posteriormente se fue a Santiago hasta 1981 para complementar sus estudios en teología en la Universidad Católica. Allí se fue fui a vivir a la población La Bandera donde realizo
un trabajo pastoral intenso tomando contacto con el movimiento estudiantil, el movimiento
obrero, el movimiento de pobladores que comenzaban a reorganizarse y también con la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quienes en este año de 1978 organizaron su primera gran huelga de hambre. Poco después en La Bandera se produce la primera
toma de terreno bajo dictadura y también se dan las primeras huelgas de los trabajadores.
Incluso en la misma Universidad Católica que estaba intervenida, el cómo estudiantes de la
facultad de Teología, apoyo un paro de 48 horas, solidarizando con algunos compañeros que
fueron detenidos durante la marcha del 1 de mayo.
4.- El año 1982, vuelve como diácono a la diócesis de Talca, crea una red de amigos sacerdotes con quienes se identifica fuertemente su estilo de vida, de trabajo en equipo, su pastoral social a seguir creciendo en la fidelidad al Evangelio y en el compromiso con la gente
sencilla. Eran los sacerdotes del Prado.
5.- Durante el año 1991 junto con doce personas, tres hombres, ocho mujeres y un sacerdote Padre Marcos Parada, inician la pastoral penitenciaria con la idea de formar al interior
de la cárcel de Talca una comunidad cristiana, de unir estos jóvenes en torno al Evangelio y
promover la participación de parte de ellos. Más que crear un lugar para escuchar una prédica, se buscó un intercambio sobre experiencias de fe y de dudas en relación con la palabra de
Dios. Organización que ha perdurado hasta el día de hoy y que ha tenido un trabajo importante en materia de inserción social con aquellos que ya han cumplido sus penas,
116
CÁMARA DE DIPUTADOS
6.- El año 2003, crea la organización los Peregrinos por los Derechos Humanos. Que consiste en reunir anualmente a jóvenes vulnerables, sensibilizándolos en el tema de los derechos humanos llevándolos a visitar los lugares emblemáticos del tiempo de la dictadura y
donde se dieron grandes testimonios de fe y de amor al pueblo de los pobres. Actividad que
ha sido muy significativa y muy iluminadora y humanizante para todos sus participantes.
7.- Durante el año 2013 el Hermano Guido Goossens recibió el premio como defensor de
Derechos Humanos en el marco de la realización de la 2da Jornada Regional de Derechos
Humanos desarrollada por el programa DDHH del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule.
8.- Por ultimo mediante Decreto Alcaldicio N° 2113 del 24 de Abril de 2015 fue declarado hijo Ilustre de la ciudad de Talca por el Ilustre Concejo municipal de Talca por sus méritos personales que como religiosos ha desarrollado.
Don Guido Goossens ha dedicado su vida a ayudar a los talquinos más necesitados, desarrollando diversas actividades para ir en directo auxilio de los más desprotegidos, realizando
trabajos con los vecinos de la “Brilla el Sol”, sector del cual conoció su verdadera realidad
tras vivir 12 años allí.
En la parroquia San Sebastián de la villa San Antonio, y en la casa de acogida “Puertas
Abiertas”, saben de la importante labor del diácono, pues sin su contribución y trabajo no
hubiese sido posible llevar a cabo su funcionamiento.
Una de las cosas que más se le destaca al hermano Goossens es su trascendental trabajo
con las personas que tienen una deuda con la sociedad, pues siempre ha ayudado a los internos recluidos en la Cárcel de Talca, entregando apoyo a sus familias, ayudándolos a reinsertarse a la sociedad y ejerciendo su ministerio en la Parroquia Penitenciara.
El Hermano Guido ha dicho:
“Estar junto a la gente del sector popular te permite estar más cerca del Evangelio y percibir más directamente las señales del Reino; te ayuda también a mantenerte abierto a una conversión permanente, a no instalarte, a escuchar el clamor de tantos hermanos y hermanas
nuestros que aún son privados de tantos derechos y a celebrar también con ellos los pequeños
o grandes logros o las bondades de la vida cotidiana. Y sobre todo aprender día a día de los
grandes apóstoles y luchadores que viven y trabajan anónimamente en medio de la gente
sencilla”.
3. Ideas matrices.
Esta moción, por la que se otorga la nacionalidad por gracia al Diacono Guido Goossens
Roell, se basa en el reconocimiento al enorme aporte que ha hecho al promover iniciativas interreligiosas y ecuménicas, así como por generar instancias de diálogo e integración nacional.
Considerando el valioso, significativo y desinteresado aporte del Diacono Guido Goossens como se indicó, un grupo de parlamentarios de las más diversas tendencias hemos considerado que se ha hecho especialmente acreedor al honor de la nacionalidad por gracia que
hemos venido comentando. En consecuencia, estamos presentando esta moción parlamentaria para concedérsela por ley.
Por estas razones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 N° 4 de la Constitución Política de la República de Chile, hemos creído de justicia solicitar que se le otorgue por
gracia la nacionalidad chilena, lo que sin duda apreciará profundamente.
Por lo tanto, los diputados que suscriben vienen en presentar la siguiente moción de:
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
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PROYECTO DE LEY:
Artículo único: "Concédase la gracia especial de nacionalización por ley al ciudadano
belga Guido Goossens Roell".
14.PROYECTOINICIADOENMOCIÓNDELOSDIPUTADOSSEÑORESANDRADE,BELLOLIOY
BORIC,YDELASDIPUTADASSEÑORASCARIOLA,CICARDINIYFERNÁNDEZ,QUE“MODIFICA
LALEYN°18.918,ORGÁNICACONSTITUCIONALDELCONGRESONACIONAL,PARA
ESTABLECERLAOBLIGACIÓNDERECIBIRENLASCOMISIONESDEAMBASCÁMARASA
CANDIDATOSACARGOSENCUYONOMBRAMIENTOLESCORRESPONDAINTERVENIR”.
(BOLETÍNN°10700‐07)
Antecedentes Generales
Nuestro ordenamiento jurídico contempla la participación del Congreso Nacional en la
designación de múltiples autoridades, ya sea en órganos unipersonales o en entidades colegiadas.
Hoy la Constitución Política de la República exige la intervención del Senado en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, del fiscal judicial de dicha Corte, del Fiscal
Nacional del Ministerio Público, de hasta cuatro ministros del Tribunal Constitucional, de los
miembros del Consejo Directivo del Servicio Electoral y del Contralor General de la República.
Por su parte, diversas leyes contemplan la participación del Senado en el nombramiento de
ciertas autoridades. Es así como se requiere de la intervención de la Cámara Alta en la designación de los miembros del Consejo del Banco Central, de los ministros suplentes del Tribunal
Constitucional, de seis de los siete miembros del Directorio de Televisión Nacional, de los
miembros del Consejo para la Transparencia, de dos consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros organismos, de los ministros de los tribunales ambientales, de los
miembros del Consejo de la Alta Dirección Pública, de los miembros del Consejo Nacional de
Pesca, de cuatro miembros del Consejo Nacional de Educación, de dos miembros del Consejo
Directivo de la Academia Judicial, dos miembros Del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, dos miembros del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos, de cuatro
miembros del Consejo Consultivo Previsional, un representante en el Comité Calificador de
Donaciones Privadas, dos miembros del Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las
Organizaciones de Interés Público, de los miembros del Consejo Resolutivo de Asignaciones
Parlamentarias y de los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria.
La Cámara de Diputados, a su vez, interviene en la designación de dos ministros del Tribunal Constitucional (los presenta ante el Senado para su aprobación o rechazo), un representante en el Comité Calificador de Donaciones Privadas, en el nombramiento de dos consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dos miembros del Consejo Nacional del
Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, de los miembros del
Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y de los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Pese a la participación de ambas Cámaras en la designación de tan relevantes autoridades,
no existe en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional norma alguna que obligue
118
CÁMARA DE DIPUTADOS
a efectuar una audiencia previa, para escuchar el testimonio de los candidatos a servir tales
cargos, antes de proceder a su nombramiento.
Si bien es cierto que el Senado suele recibir a los candidatos antes de ratificar su nombramiento, en una sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, ello no siempre ocurre. Sin ir más lejos, los candidatos a desempeñarse como ministros
del Tribunal Constitucional suelen ser designados sin mayor debate.
Por su parte, en la Cámara de Diputados, que como ya señalamos, interviene en la designación de ministros del Tribunal Constitucional y de miembros del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no existe la costumbre de escuchar a los candidatos a tales
cargos, en forma previa a su nominación, ni menos existe norma alguna en el Reglamento de
esta Corporación.
Experiencia comparada1
I) Estados Unidos
El procedimiento de las comisiones legislativas del Senado de los EE.UU para dar “consejo y asentimiento” a los nominados o candidatos presentados por el Presidente, tiene su
base en la Constitución de los Estados Unidos de América, en las Senate Rules (Reglamento
del Senado) y en las reglas de procedimiento de cada Comisión.
1. Marco Constitucional De acuerdo al artículo II, sección Segundo, de la Constitución de
Estados Unidos de América, el Presidente: “Tendrá facultad, con el consejo y consentimiento
del Senado, para celebrar tratados, con tal de que den su anuencia dos tercios de los senadores presentes, y propondrá y, con el consejo y asentimiento del Senado, nombrará a los embajadores, los demás ministros públicos y los cónsules, los magistrados del Tribunal Supremo y a todos los demás funcionarios de los Estados Unidos a cuya designación no provea
este documento en otra forma y que hayan sido establecidos por ley. Pero el Congreso podrá
atribuir el nombramiento de los funcionarios inferiores que considere convenientes, por medio de una ley, al Presidente solo, a los tribunales judiciales o a los jefes de los departamentos” (Archives,s/f).
De acuerdo a la norma indicada, la facultad de nombrar le corresponde al Presidente de la
República, con el “consejo y asentimiento” del Senado.
Sin embargo, cabe precisar que la Constitución no establece un procedimiento específico
para llevarlo a cabo (Masdeau,2).
De acuerdo a Rybicki3 el procedimiento en el Senado se denomina Proceso de confirmación y se tramita conforme a los llamadas “Audiencias de las comisiones investigativas”4.
Éste procura, de manera objetiva, examinar las calificaciones de los nominados y cualquier
potencial conflicto de interés. Por otra parte, en ellas los senadores pueden influir políticamente, a través de rechazar nominados u obtener promesas de ellos, antes de dar su consentimiento.
1
Documento elaborado por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca del
Congreso Nacional
2
Masdeau, J. (2013). La selección de magistrados del Tribunal Constitucional. Memoria para optar al
grado de Doctor de la Facultad de derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
3
Rybicki, E. (2015a) Senate consideration of Presidential nominations. Committee and floor procedure.
Congressional Research Service, Library of Congress.
4
Committee investigations and hearings, en ingles.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
119
2. Ingreso y reglas de cada comisión Por costumbre, siguiendo a Rybicki, el Presidente
envía la nominación por escrito. Una vez recibida es remitida a las comisiones pertinentes
(Senate Rule, XXXI) que pueden ser más de una.
De acuerdo a Masdeau en la nominación, existe lo que algunos autores llaman “presumption of confirmation”, una presunción de que la persona escogida por el Presidente de los
Estados Unidos para un cargo importante debe ser capaz de desempeñarlo. Por esa razón,
según el autor, “los debates de confirmación no suelen tratar sobre los méritos del candidato,
sino más bien sobre si existen razones que pudieran hacerlo inadecuado para el puesto”.
Algunas comisiones tienen reglas escritas propias relativas al proceso de Audiencias de
las Comisiones Investigativas seguidas ante ellas (Senate Rule, XXVI, 26.2). En este sentido,
reglas estándares son por ejemplo:
-Generación de una biografía resumida del candidato.
-Información financiera del candidato, con sus activos y pasivos. En este caso, la comisión precisa de si se puede o no hacer pública dicha información.
-Determinar plazos mínimos para las diversas acciones de la comisión, tales como establecer días para las audiencias y votaciones, separados incluso por semanas.
-Reglas sobre las votaciones y su computo (mayoría, unanimidad, voto del presidente en
caso de empate, etc.)
Particularmente, existen comisiones que han establecido etapas para este proceso: recepción de una preaudiencia de información, audiencia con el candidato, distribución de las
transcripciones de la audiencia a quienes votaran y votación de la comisión.
3. Información e investigación: A veces las comisiones, autorizadas para ello, revisan información (parcial o total) generada desde el FBI (Federal Bureau of Investigation) para la
Presidencia de los Estados Unidos, quien la ha requerido para su nominación. Este material,
en algunas comisiones es revisado sólo por el Presidente de la Comisión, o por él y un
miembro de la oposición, e incluso por cualquiera que lo requiera.
Asimismo, se revisa el formulario oficial de información financiera del Gobierno de los
Estados Unidos, denominado Executive Personnel Financial Disclosure Report, completado
por el nominado, para la Presidencia de dicho país. Además, se analizan los comentarios que
hacen funcionarios de Agencias determinadas y de la Office of Government Ethics. Estos
antecedentes financieros son públicos.
En particular, en el caso de los candidatos a ocupar una plaza en la Suprema Corte (llamados Justices), se realizan dos investigaciones: la primera, de naturaleza privada, a partir de
fuentes públicas. En ésta se revisan los archivos y credenciales profesionales del candidato.
La segunda investigación, es dirigida por el FBI y se centra en sus asuntos financieros personales del candidato y es dirigida por los funcionarios del Departamento de Justicia, con ayuda de la Casa Blanca (Rybicki).
Rybicki asevera que algunas comisiones (no todas necesariamente) también llevan adelante su propia investigación. Así, por ejemplo, remiten al nominado un cuestionario escrito que
esperan sea respondido antes de la Audiencia, y así poder generar un segundo cuestionario
que aplicarán precisamente en la Audiencia. Otras comisiones remiten a sus pares de los
congresos estatales, cartas requiriendo su opinión sobre el candidato, consultando si le dan su
apoyo. En particular, el Committe on the Judiciary, tiene un equipo de investigadores propios, los que pueden recibir asistencia del FBI y la GAO (Government Accountability Office,
servicio del Congreso de los EEUU).
120
CÁMARA DE DIPUTADOS
Para el caso de la nominación de los Justice, el mismo Committee on the Judiciary del
Senado ha requerido en el cuestionario, se informe lo siguiente (McMillion5):
-Información completa de los empleos del candidato.
-Lista de todas las organizaciones en las cuales el nominado ha sido miembro.
-Lista de todas sus publicaciones escritas y declaraciones públicas.
-Cargos que ha tenido en la Judicatura.
-Si ha sido juez, los 10 principales casos que ha presidido.
-Las menciones de sus opiniones escritas o en las que ha participado siendo miembro de
un panel.
-Lista de los casos en que ha sido recusado, por los litigantes o partes, por conflicto de interés, con mención a los fundamentos invocados.
-Identificación de cualquier cargo o posición que haya tenido en una campaña política.
-Experiencia docente, incluyendo el nombre de los cursos y las materias principales que
enseñó.
-Las fuentes, las cantidades y las fechas de todos los ingresos tributables por percibir
-Las fuentes, las cantidades y las fechas de todos los ingresos tributables percibidos en el
año calendario.
-Potenciales conflictos de interés.
- Una descripción de los casos y del tiempo destinado a la ayuda de beneficencia.
La autora (Rybicki), plantea que no es poco usual que los nominados deban reunirse, antes de la Audiencia, con los asesores de los senadores, donde se busca conocer al candidato y
no se tratan temas de fondo. Asimismo, a veces los nominados se reúnen con el Jefe de Consejeros de la Comisión (equivalente a un secretario de comisión) para revisar los informes
financieros y cualquier potencial materia de conflicto de interés.
4. Audiencias: Rybicki plantea que no todas las nominaciones pasan por la etapa de Audiencia y que éstas varían en su naturaleza y duración. A veces, sólo el nominado presta testimonio
(testifies), en otras ocasiones la Comisión además invita a un tercero (testigo, witnesses), quien
podrían ser incluso un miembro de la Cámara de Representantes del Congreso.6
Algunas Audiencias abordan temas generales. En otras ocasiones se tratan materias específicas asociadas a programas de política pública, tratando de influir en el candidato
(Rybicki).
Adicionalmente a la discusión eventual sobre política pública, en las Audiencias se analizan las calificaciones personales del nominado y sus potenciales conflictos de intereses. Incluso, los senadores pueden preguntar por temáticas particulares de interés de sus votantes y
remitir preguntas escritas después de la Audiencia para que sean respondidas de la misma
manera.
Suele suceder que los senadores, como miembros de la Comisión, aprovechan la instancia
para obtener compromisos futuros de colaboración del candidato con la instancia legislativa.
Rybicki destaca que, en las nominaciones relevantes, la primera Audiencia con el nominado es sólo una de muchas otras donde deberá concurrir.
Masdeau en particular sobre el nombramiento de los Justices, plantea que existe una
polémica sobre qué tienen derecho a preguntar los miembros del Committee on the Judiciary
5
McMillion, B (2015). Supreme Court Appointment Process: Consideration by the Senate Judiciary
Committee. Congressional Research Service, Library of Congress.
6
Cabe mencionar que la minoría tiene el derecho a convocar a sus testigos, en el procedimiento, al menos
durante un día, Senate Rules XXVI, 26.4.d
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
121
en las sesiones de confirmación. Según el autor, los limites más extremos son: “por un lado
el examen más implacable de la conducta personal del candidato y por el otro el afán por
obtener un retrato absolutamente preciso del perfil ideológico del candidato para poder “predecir” sus futuras posiciones en los debates de interpretación constitucional de mayor relevancia política”.
De acuerdo a la Senate Rule XXVI7, las Audiencias están abiertas al público por regla general, sin embargo por voto de la mayoría pueden ser reservadas. De la misma manera, las
declaraciones (del nominado o de los testigos) se encuentran disponibles en la página web de
la Comisión. Incluso las Audiencias pueden ser impresas.
Por último, el quórum para sesionar en estas Audiencias (especialmente para oír a los testigos) varía de comisión en comisión, pudiendo ser menor a la mayoría de los miembros.
II. España (Congreso de los Diputados)
En el Congreso de los Diputados, desde 2000 existe la Comisión Consultiva de Nombramientos8.
Esta Comisión fue creada mediante una Resolución de la Presidencia del Congreso, de 25
de mayo de 2000, y que trata sobre la intervención de la Cámara en el nombramiento de Autoridades de Estado. La naturaleza de la Comisión es consultiva.
En particular, la Resolución desarrolla e implementa lo dispuesto en el Título XII del Reglamento de la Cámara, respecto de la “propuesta de designación de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial así como en los restantes supuestos en los que la ley atribuye al Congreso la facultad de proponer, aceptar o nombrar directamente personas para ocupar cargos públicos al servicio de Altas Instituciones del Estado”.
En concreto, la Comisión debe informar al Pleno de la Cámara acerca de la idoneidad de las
personas propuestas para acceder a los diferentes cargos. Para Santaolalla9 , este procedimiento busca garantizar que “determinadas funciones estén a cargo de personas que gocen de
un mínimo de legitimidad democrática, legitimidad que les viene precisamente por el hecho
de ser elegidas por las Cortes”.
La Comisión, para cumplir con su mandato, debe examinar, de manera previa, a la votación, las candidaturas presentadas por los Grupos Parlamentarios, cuando la Constitución o
las leyes lo determinen.
La Resolución determina que cuando el Congreso de los Diputados deba efectuar una
propuesta para la designación de personas o proceder al nombramiento directo de éstas, la
Mesa del Congreso, a iniciativa propia o a instancia de los órganos o instituciones correspondientes, acordará la apertura de un plazo para la presentación de candidaturas.
El Reglamento exige, en primer lugar, que las candidaturas presenten los siguientes antecedentes, que han sido calificados de acuerdo a Sánchez10 y Pauner11 como objetivos y vinculados a las capacidades y al mérito:
7
En particular, Senate Rules, XXVI, 26.5.b
Figura similar existe en el Senado de España, ver Reglamento del Senado, artículo 49.2
9
Santoalla. F. (2013). Derecho Parlamentario Español. Dickison S.L.: Madrid.
10
Sánchez, J. (2001). La Comisión consultiva de nombramientos del Congreso de los Diputados. Algunas
reflexiones a propósito de la resolución de la Presidencia del Congreso de 25 de mayo de 2000”. En: Corts,
Anuario de Derecho Parlamentario. Valencia: Corts Valencianes, pp. 153-177, p. 156.
11
Pauner, C. (2007). Autoridades y Parlamento en España: Cinco aspectos críticos. En: Orón, G. (ed).
Diálogos jurídicos España-México Tomo I. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, p. 149-176. También
8
122
CÁMARA DE DIPUTADOS
-Propuesta de la nominación por escrito.
-Currículum vitae de cada candidato, en el que se especificarán sus méritos profesionales
y académicos
-Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la
Constitución y las leyes.
-Otras circunstancias o antecedentes que, en opinión del Grupo Parlamentario proponente,
manifiesten la idoneidad del candidato para el puesto.
En cuanto al procedimiento para examinar a los candidatos, el Reglamento dispone que la
Comisión Consultiva debe proceder al examen de los antecedentes de las candidaturas presentadas. Si se aprueban los requisitos, se determinará (por iniciativa de la Comisión Consultiva o del Grupo Parlamentario que lo presenta) la comparecencia personal del candidato la
que, en todo caso, es voluntaria12.
Durante la comparecencia los miembros de la Comisión Consultiva podrán solicitar al
candidato aclaraciones sobre cualquier aspecto relacionado con su trayectoria profesional o
académica o sobre sus méritos personales.
En esta instancia, la Presidencia velará por el respeto de los derechos del compareciente y
no admitirá aquellas preguntas que pudieran menoscabar o poner en cuestión indebidamente
su honor o intimidad.
Cabe mencionar que las comparecencias y las deliberaciones posteriores seguirán el régimen general de publicidad de las sesiones, es decir no serán públicas. No obstante, podrán
asistir los representantes debidamente acreditados de los medios de comunicación social,
excepto cuando se determine realizarlas a puertas cerradas.
Por último, en cuanto al voto para el procedimiento de adopción de acuerdos, la Resolución efectúa una remisión a lo previsto en el artículo 39.4 del Reglamento del que prevé que
la adopción de decisiones sea “siempre en función del voto ponderado”, es decir proporcional a la fuerza numérica de cada Grupo Parlamentario en el seno de la Cámara (Pauner13).
Como se puede apreciar, existe en el derecho comparado la práctica de someter a los candidatos a diversos órganos del Estado a audiencias donde exponen, entre otras materias, sobre su curriculum, sus antecedentes académicos y sobre eventuales conflictos de interés que
pudieran tener.
Quienes suscribimos la presente iniciativa tenemos la firme convicción que, en general,
tanto el Senado como la Cámara, han ejercido sus atribuciones de manera responsable, designando a personas idóneas para cada uno de los cargos en los que han debido participar en
su nominación.
Sin embargo, se han generado legítimos cuestionamientos respecto de determinados nombramientos, tanto en razón de las personas nominadas, como respecto del procedimiento seguido para ello. En algunos casos, la negociación política, consustancial a órganos de la naturaleza del Congreso Nacional, no ha dejado paso al legítimo escrutinio de la ciudadanía resdisponible
en:
http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_07/area05/GT19/PAUNERCristina(UJI).pdf (Mayo, 2016).
12
En el Senado, en la Comisión de Nombramiento, se sigue similar procedimiento, ver Reglamento del
Senado, artículo 185.
13
Pauner, C. (2007). Autoridades y Parlamento en España: Cinco aspectos críticos. En: Orón, G. (ed).
Diálogos jurídicos España-México Tomo I. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, p. 149-176. También
disponible
en:
http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_07/area05/GT19/PAUNERCristina(UJI).pdf (Mayo, 2016).
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
123
pecto del mérito de las personas nombradas, como de las consideraciones que se tuvieron a la
vista para proceder a su nombramiento.
Más aún, algunos han llegado a estimar que determinados cargos han constituido verdaderos “premios de consuelo” para algunos candidatos derrotados en su carrera al Congreso
Nacional.
A nuestro entender, el establecer un procedimiento o instancia que permita evaluar la idoneidad de las personas nominadas, las cualidades que lo hacen merecedor al nombramiento,
su experiencia laboral y académica, la eventual presencia de conflictos de interés, entre otras
materias, contribuirá a garantizar que quienes resulten nombrados tengan las competencias
que cada cargo exige.
En virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes vienen en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifícase la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para incorporar el siguiente Título VI, nuevo, pasando los actuales Títulos VI y VII a ser
Títulos VII y Títulos VIII respectivamente:
“Título VI
AUDIENCIAS PARA RECIBIR A PERSONAS PROPUESTAS PARA CARGOS
EN QUE EL CONGRESO NACIONAL PARTICIPA EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN
Artículo 58 bis: El Senado y la Cámara de Diputados establecerán en sus respectivos reglamentos las Comisiones que recibirán en una o más audiencias a aquellas personas que han
sido propuestas para cargos en que una o ambas Cámaras participan en su proceso de nombramiento.
En la audiencia los integrantes de cada Comisión podrán requerir información sobre los
antecedentes académicos o profesionales del candidato, sobre su idoneidad para el cargo al
que ha sido propuesto y respecto de la existencia de eventuales conflictos de interés que pudieran afectarles.”
15.PROYECTOINICIADOENMOCIÓNDELADIPUTADASEÑORAHERNANDO,YDELOS
DIPUTADOSSEÑORESESPINOSA,DONMARCOS;FARCAS,JARPA,LETELIER,OJEDA,ROBLES,
ROCAFULL,SALDÍVARYSOTO,QUE“DEROGAELDECRETOLEYN°3.342,DE1980,QUE
ESTABLECELIBERTADDEAFILIACIÓNALACONFEDERACIÓNMUTUALISTADECHILEY
AUTORIZAALASINSTITUCIONESDESOCORROSMUTUOSPARAFORMARFEDERACIONES
YCONFEDERACIONES”.(BOLETÍNN°10701‐13)
1) La Sociedad de la Igualdad, impulsada por Francisco Bilbao y Santiago Arcos es creada el 10 de abril de 1850. En 1853 la Sociedad Tipográfica de Santiago. Nueve años más
tarde, en 1862, se crea la Sociedad de Artesanos “La Unión”, impulsada por don Fermín Vivaceta y quizás el mayor personaje del mutualismo en Chile.
124
CÁMARA DE DIPUTADOS
2) El 22 de marzo de 1963, en Chile, con la promulgación de la ley número 15.177 nace la
Confederación Mutualista de Chile, compuesta por las instituciones de socorro mutuos del
país que contaban hasta ese minuto con personalidad jurídica o que a futuro la obtuvieran.
3) La misma ley, entregaba directrices de organización, atribuciones, facultades y obligaciones, entregándole así mismo al Presidente de la República como es común la obligatoriedad de dictar un reglamento que regiría a esta Confederación, el cual fue publicado el 4 de
febrero de 1966.1
4) Así es como nacen las Sociedades Mutualistas, por la condición natural de las personas
humanas de unirse y sentirse más protegida. Esto en respuesta a los miedos de aislamientos,
soledad y extinción. Por tanto, la tendencia gregaria se manifestó en unirse en grupos dentro
de una sociedad.
5) El fin último de las mutuales se ha visto mermado con la aparición de las Instituciones
De Previsión públicas o privadas, ya que estas pueden cubrir todos los riesgos que sean necesarios, sin embargo, carecen siempre del sentido humano y solidario del cual manifiestan las
mutuales.
6) Es preciso mencionar que el actual decreto y la misma ley, se encuentra en total discordancia con la realidad que vive el país hoy en día y que no satisface las necesidades de quienes conforman estas instituciones de bien social. Ejemplo muy vago de ello, es que dicha ley
fue planificada en Federaciones Provinciales y en Consejos Departamentales contrario al
proceso de Regionalización llevado posteriormente en nuestro país.
7) Así mismo, en un comienzo la Confederación Mutualista estaba representada en el
Consejo de la Corporación de la Vivienda, organismo el cual ya no existe en nuestro país.
8) Con el pasar del tiempo las mutuales han ido quedando en una especie de laguna en
cuanto a sus raíces y relaciones para con la administración del Estado. Es difícil comprender
qué Institución Pública es la encargada de fiscalizarlas, guiarlas y apoyarlas, ya que desde el
período de la Dictadura se han ido cortando los lazos que unían a estas Sociedades, con el
Estado.
9) Es entonces con la dictación del Decreto Ley 3342 del año 1980, que las mutuales dejan de informar y rendir sus actuaciones a las autoridades administrativas, como también de
dejar de ser fiscalizadas.
10) En relación al financiamiento de las mutuales, en un comienzo la ley establecía que
“en el Presupuesto de Gastos de la Nación, se consultará anualmente la suma de veinte mil
escudos en favor de la Confederación Mutualista de Chile, que se financiará con el producto
de alza de tasas y derechos de la correspondencia postal y telegráfica aprobada por el Decreto 1.791 del Ministerio del Interior de fecha 2 de octubre de 1962”. Resultando imposible
poner en práctica esta norma.
11) Es entonces que las Sociedades Mutualistas, están en una profunda crisis económica
que las tienen al borde de la extinción. Gran parte de estas subsisten gracias a acciones de
solidaridad, ayuda conjunta, aportes voluntarios, etc.
12) Indirectamente y a consecuencia de vacíos normativos, el Estado, realiza ayudas que
para las necesidades de las Sociedades resulta precarias. Ejemplo de esto son los dineros
entregados por medio del Fondo Social del Presidente de la República, lo que es inconstante
e inseguro. Las municipalidades entregan subsidios a los mutualista en forma de ayuda, pero
esto ya resulta insostenible para las sociedades en cuanto a continuar con sus actividades
sociales.
1
Decreto Supremo n° 215 Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
125
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO PRIMERO: Deróguese el Decreto Ley 3342 que Establece Libertad De Afiliación A La Confederación Mutualista De Chile Y Autoriza A Las Instituciones De Socorros Mutuos Para Formar Federaciones Y Confederaciones, publicado en fecha 10 de mayo
de 1980, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificándose todo reglamento y Ley
que este afecte”.
16.INFORMEDELDIPUTADOSEÑORULLOASOBRESUPARTICIPACIÓN,ENCONJUNTOCON
LOSDIPUTADOSSEÑORESESPINOZA,DONFIDEL;FLORES,YMONCKEBERG,DONNICOLÁS,
ENLAVISITAOFICIALDELACOMISIÓNINTERPARLAMENTARIADESEGUIMIENTOALA
ALIANZADELPACÍFICO,LLEVADAACABOENTREEL9YEL11DEMAYODE2016,ENLAS
CIUDADESDESANTIAGOYVALPARAÍSO.
“Honorable Cámara.
Tengo a honra informar sobre la visita oficial de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico. realizada en Santiago y Valparaiso, entre el 9 y el 11 de
mayo de 2016. Por Chile participaron los diputados señores Jorge Ulloa, lván Flores, Nicolás
Monckeberg y Fidel Esplnoz.a.
I. Antecedentes
La Alianza del Pacífico se constituyó mediante una Cumbre de los Jefes de Estado en la
ciudad de Lima, el 28 de abril del 2011. Tiene sus antecedentes desde el año 2010, y en junio
del año 2012, se suscribe el Acuerdo Marco, para dotar de institucionalidad jurídica a la
Alianza, entrando en vigencia en julio de 2015.
Se compone de cuatro países, Colombia, México, Perú y Chile. El máximo nivel de decisión lo componen los Presidentes de los cuatro países. a través del mecanismo de las Cumbres. Hasta la fecha se han realizado 10 Cumbres presidenciales.
Cada año, uno de los palses miembros ejerce la Presidencia Pro Témpore. Existen
además, instancias estructurales como son el Oonselo de Ministros, compuesto por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de cada país. También está el Grupo de Alto
Nivel, que integran los Vice Ministros o Subsecretarios del Consejo antes mencionado. Existen Grupos y Subgrupos Técnicos integrados por funcionarios de niveles intermedios y coordinados rotativamente por cada país. El sector privado también tiene una participación importante, a través de del Consejo Empresarial. Finalmente, se contempla una categorla de
país observador, que actualmente la tienen 42 Estados.
En febrero de 2014, se suscribe el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, que contiene
básicamente compromisos en las áreas de bienes, inversiones y servicios, donde se actualizan
y profundizan los compromisos ya existentes. Consta de 19 capítulos y 31 anexos. Perú,
México y Colombia ya lo han ratificado. En nuestro país se encuentra en etapa de tramitación
en el Senado. Se espera que entre en vigor en el presente año.
Entre los principales objetivos de la Alianza del Pacífico está el ser un proyecto integrador, sin exclusiones y con apertura económica.
126
CÁMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Seguimiento Parlamentario de la Alianza del Pacifico
La Comisión de Seguimiento Parlamentario de la Alianza del Pacifico se crea en el año
2013, a instancias de Chile, para fortalecer el componente legislativo que sustente el Acuerdo
Marco.
Al concluir el período de la Presidencia Pro Témpore de Perú, se acuerda realizar una visita oficial a Chile, para consolidar el trabajo de la Comisión de Seguimiento Parlamentario
del Congreso Nacional de Chile, como instancia permanente.
Los parlamentarios que participaron, además de los chilenos, fueron de Perú los congresistas señora Luciana León y seí'iores Ornar Chehade (Presidente Pro Témpore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico), Martfn Belaúnde y Victor
García Belaúnde; de Colombia, en representación del Senador Jimmy Chamorro participó el
asesor señor Rodolfo Cortés; y de México, en representación de la Senadora Rocío Pineda
participó el funcionario de la Embajada señor Sergio González.
II. Reunión Protocolar en el Ministerio de Relaciones Exteriores
El encuentro fue encabezado por el Subsecretario, señor Edgardo Riveros. Manifestó que
es un momento especial en el desarrollo de la Alianza del Pacífico. por cuanto el 1º de mayo
recién pasado entró en vigencia el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco.
Sostuvo que para Chile hay buenas proyecciones especialmente en cuanto a los acuerdos
de asociación. Que existe actualmente un intercambio estudiantil de aproximadamente mil
jóvenes. Anunció también que CEPAL apoyará el trabajo en el tema pesquero, con los cuatro
países de la Alianza del Pacifico.
También comentó que se está trabajando en políticas para intensificar el crecimiento. en materia de educación técnico profesional, entre otros aspectos. Chile puede aportar a la Alianza en
temas como la astronomía, el territorio antártico, el manejo de desastres naturales, etc.
Por último, el Subsecretario planteó que para Chile la Alianza del Pacífico es una plataforma para negociar en bloque, en especial mirando hacia el Asia. Solamente Chile comercia
más de 30 mil millones de dólares. Y que tos desafíos, a partir de la próxima Cumbre Presidencial en Puerto Varas serán la relación público privada, sostenida por la Cumbre Empresarial previa, el trabajo en innovación, ciencia y tecnologla con los países observadores, que
aumentaran de 42 a 46, como también el fortalecimiento institucional, que la haga una alianza funcional y eficiente, !o que predice un horizonte de auspiciosas perspectivas.
El Presidente Pro Témpore, congresista Omar Chehade, presentó a todos los asistentes, al
tiempo que hizo una revisión de los temas pendientes a partir de la última Cumbre Presidencial de Paracas, destacando el aspecto de la minería metalúrgica, como asimismo, la ínnovación, la ciencia y la tecnología.
Los demás asistentes se refirieron a la educación técnica como una materia muy importante y al atraso en la integración financiera, pensando en que se puede constituir un mercado
bursátil líder en la región. Otro tema muy comentado fue el sistema de pensiones, muy en
boga en Perú por la aprobación de una ley que permite el retiro de fondos al cumplir la edad
para jubilar. Al respecto se dijo que la Alianza del Pacifico podrla ser un espacio propicio
para discutir un sistema de pensiones común a los cuatro países.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
127
II. Reunión de trabajo con la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del
Mlnisterio de Relaciones Exteriores
Se contó con la presencia del Director de ProChile, señor Roberto Paiva, la representante
de la Dirección Bilateral, señora Andrea Cerda, y la Jefa del Departamento Alianza del Pacifico de la Direcon, señora Elena Valpuesta.
El Director de ProChile manifestó que las exoortaciones de Chile ascienden a 72 mil millones de dólares, y que del 100% de ellas, el 50% corresponde al cobre, 25% a alimentos y
el otro 25% a productos varios. También destacó la exportación en materia de servicios, como profesionales, asesorías, tecnologías de la información, entre otros. Y recordó que el 22 y
23 de junio se realiza la Macro Rueda de Negocios entre los cuatro países de la Allanza del
Pacífico.
Elena Valpuesta, informó sobre la puesta en marcha de un nuevo Grupo Técnico en el tema minero. Además, que se está trabajando en estra1egias para agregar valor a los productos.
Y se refirió al tema de la portabilidad de pensiones, relacionada a la movilidad de personas.
Andrea Cerda, comentó sobre el Protocolo Adicional, como el conjunto de reglas comunes en la acumulación de oñgen. Mencionó la facilitación del comercio como otro aspecto
importante, especialmente lo que se relaciona con la ventanilla única con certificación fitosanitaria. Y también, la conveniencia del acercamiento con el Mercosur.
El congresista Omar Chehade, se refirió a tres aspectos como fundamentales en estas materias, como son el intercambio comercial, el fortalecimiento institucional y la innovación.
Por su parte el congresista Víctor Garcia Belaúnde, propuso avanzar desde la Portabilidad
de Pensiones trabajada entre Chile y Perú, hacia la posibilidad de elección de sistema y retiro
de utilidades, en el marco de la Alianza del Pacifico.
El diputado señor Jorge Ulloa. destacó la alianza público privada, y reconoció la política
del gobierno de Chile en aras de reducir el déficit energético.
Se reqístró también un interesante debate sobre el sistema de pensiones, además de que se
destacó como principal desafio en materia energética, el desarrollo de estudios a nivel de los
cuatro países.
IV. Reunión de trabajo con el Consejo Empresarial
Luego de recorrer dependencias del Palacio de La Moneda, ocasión en que fueron saludados por el Vicepresidente de la República, señor Jorge Burgos, el grupo de partamentarios
miembros de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacifico, fue
recibido en dependencias de la Sociedad de Fomento Fabril, por el señor Jorge Errázuriz,
Presidente del Consejo Empresarial Chile-Colombia, quien estuvo acompañado de Loreto
Leyton, Francisca Cruzat y Juan Pablo Swett del Consejo Empresarial, además de Femando
Alvear de CPC y Manuel José Prieto de Sofofa.
Los empresarios manifestaron su interés en el libre tránsito de capitales, además de la
oportunidad de potenciarse en conjunto para mirar al Asia. Valoraron a la Alianza del Pacífico como instancia para ir eliminando trabas y la visión de que los empresarios piensen en un
mercado de 200 millones de personas y no solamente en los mercados locales.
Manifestaron que se debe avanzar en una especie de piso común para un sistema de tratamiento de capitales, como en lograr la homogenización del aspecto tributario. Dieron gran
valoración a las Macro Ruedas de Negocios, demandando una mayor cantidad en un año, así
como su conformidad con el TPP, aunque reconociendo que la Alianza del Pacifico tiene
vida propia, surge y se consolida, no dependiendo solamente del TPP.
128
CÁMARA DE DIPUTADOS
Los parlamentarios consultaron sobre herramientas para la homologación y expectativas
sobre las Macro Ruedas de Negocios y las Cumbres Empresariales. También expresaron la
importancia del trabajo mancomunado entre los ámbitos público y privado.
Finalmente, también en esta reunión de dio un muy interesante intercambio de puntos de
vista sobre el sistema de pensiones, específicamente sobre la Ley que aprobó Perú que incluye el retiro voluntario de fondos de pensiones de lasAFP.
V. Reunión de trabajo con los Embajadores de Perú, Colombia y México
En la sede de la Embajada de Perú en Santiago, se reunieron con las representaciones diplomáticas del país anfitrión, representado por su Embajador señor Femando Rojas, la de
Colombia, con su Embajador señor Mauricio Echeverry y la de México, representada por el
Encargado de Negocios señor Oscar Esparza.
El dueño de casa manifestó su complacencia por la reunión y por el hecho de que Chile
asumirá prontamente ta Presidencia Pro Témpore. Destacó también el nuevo formato en el
Consejo de Ministros y países observadores, donde se está haciendo un trabajo especial con
Nueva Zelandia.
El Embajador de Colombia, valoró la consolidación de la unión de cuatro Estados. más
allá de los gobiernos. Y resaltó la importancia del relacionamiento con la región del Asia
Pacífico.
El representante de México, además de compartir lo expresado por los embajadores, puso
énfasis especialmente en el interés de la promoción del turismo.
Por su parte, los parlamentarios plantearon la necesidad de visibilizar los temas trabajados
y los pendientes, para la próxima Presidencia Pro Témpore, como las homologaciones jurídicas, tributarias y educativas, como también temas de infraestructura. Se refirieron a fa importancia de enfrentar los problemas del crecimiento y !a proyección del sector minero. Y como
desafíos enumeraron la alianza público-privada para el desarrollo de los países, el fortalecimiento institucional, con sistemas electorales sólidos y profundización democrática.
Finalmente, el diputado señor lván Flores, planteó la consolidación de las Comisiones
Parfamentarias de Seguimiento en cada uno de los congresos, como asimismo la idea de la
negociación en bloque, con el sello de los poderes legislativos y la proyección del trabajo
con los países observadores. Abordó también las crisis de credibilidad y los problemas sociales asociados al cambio climático que se acentúa, así como la importancia del intercambio de
capacidades humanas.
VI. Reunión protocolar con el Vicepresidente de la Cámara de Diputados
En la Cámara de Diputados, se realizó un interesante encuentro con el Primer Vicepresidente señor Marcos Espinosa. En ta ocasión, el Vicepresidente manifestó su complacencia
por la visita, destacando el rol que cumple la Comisión Interparlamentaria y su proceso de
consolidación en el Congreso Nacional de Chile.
Los parlamentarios visitantes, a su vez, destacaron el trabajo mancomunado de estos días,
especialmente por el reforzamiento al entendimiento y proyección en materias económicas,
en tiempos de consagración para economías abiertas. El Presidente Pro Témpore, Ornar Chehade, destacó la alianza público privada como un desafío venidero, además del interés de
apoyar el intercambio comercial, pero sobre todo, el respaldo para Chile, que debe asumir la
Presidencia Pro Témpore, en la misma dirección del Poder Ejecutivo.
SESIÓN 25ª, EN JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
129
Por su parte, los diputados chilenos agradecieron la instancia y la posibilidad de formalizar los pasos venideros. El diputado señor lván Flores, planteó que en el período que se inicia
en junio, es Importante que se gestione el capital humano, destacando el marco normativo
que realiza la contraparte legislativa en los acuerdos de la Alianza del Pacífico. Por su parte,
el diputado señor Jorge Ulloa, valoró el trabaío conjunto de los parlamentarios, que redunda
en resultados concretos, que se reflejan en importantes oportunidades como el caso del intercambio estudiantil. Destacó finalmente, que la clave está en que los cuatro países poseen
economías abiertas y modelos democráticos similares, lo que convierte a la Alianza del Pacífico, en el acuerdo más exitoso del último tiempo.
VII. Reunión informativa con la Biblioteca del Congreso Nacional
Una de las actividades destacadas fue la visita a la Biblioteca del Congreso Nacional,
donde expusieron el Director de la BCN, señor Manuel Pérez, el Jefe del Departamento de
Estudios, Extensión y Publicaciones, señor Edmundo Serani, el Jefe de la Sección de Estudios, señor David Vásquez. como también los profesionales señores Sofía Calvo y Mariano
Ferrero.
Plantearon que existe una relación directa entre la BCN y la Dirección de Asuntos Internacionales en la Cámara de Diputados y su similar del Senado. Informaron que prestan
múltiples servicios a ciudadanos y parlamentarios de manera gratuita. La BCN tiene 130
años y actualmente, recibe un promedio de 150 mil visitas diarias en su sitio web. Su relación
directa con el Congreso se realiza a través del equipo de Asesoría Parlamentaria, con especialización en Diplomacia Parlamentaria, basados en el principio de la objetividad.
Se conversó la posibilidad de coordinar una mayor relación entre las bibliotecas de los
cuatro países.
VIII. Audiencia con la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e lntegración Latinoamericana de la Cámara de Diputados
Los parlamentarios fueron recibidos por la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Diputados, presidida por el diputado señor Guillermo Teillier. El Presidente Pro
Témpore, Ornar Chehade presentó a los integrantes, al tiempo que manifestó la convicción
que se ha expresado en esta visita, en orden a que la Alianza del Pacifico es e1 acuerdo más
importante de la región. También hizo presente que entre los objetivos del referente parlamentario está perseguir la recuperación del crecimiento y el intercambio de bienes y servicios entre los cuatro países. A su vez, la congresista Luciana León expresó que se debe gestionar y mejorar el Fondo de Iniciativas que existe.
Por parte de los miembros de ta Comisión el diputado señor lssa Kort, solicitó que el tema
de la energía sea incorporado en ta agenda y que se puede trabajar en conjunto con la Comisión de Energía y Minas que preside en el Parlatino. También el díputado señor Luis Rocafull, solicitó tratar el tema de la inmigración y una mirada at tema del TPP.
IX. Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacifico
En dependencias de la Cámara de Diputados se realizó ta reunión central de la visita,
donde los participantes pudJeron manifestar sus pareceres sobre las distintas actividades
efectuadas en el marco de ta visita.
Además, se oficializó el anuncio de que Colombia, por razones lígadas al proceso de paz,
declinaba asumir la Presidencia Pro Témpore de la Comisión, por lo que corresponde a Chile
130
CÁMARA DE DIPUTADOS
asumirla. Se fijó la fecha de la cuarta semana de junio para realizar el traspaso formal. Al
respecto, el diputado señor Jorge Ulloa solicitó a los cuatro países, poder entregar, en un
tiempo breve, proposiciones de uno o dos temas para elaborar la agenda de junio.
La representación de Perú, expresa su completa colaboración, tanto de parlamentarios
como del equipo técnico asesor, para que Chile pueda asumir en plenitud sin problemas. La
representación de Colombia ahondó en las razones de la ausencia parlamentaria y dijo que se
puede hablar ya de post conflicto, ya que el ELN acordó sumarse al proceso de diálogo de
paz.
También expresó la plena colaboración con Chile. Finalmente la representación de México, valoró la experiencia de diplomacia parlamentaria vivida estos dias y se sumó al apoyo
expresado a Chile.
La representación de Chile agradeció los apoyos, como también manifestó el compromiso
de asumir con la mayor responsabilidad. Recogió la idea expresada durante la Audiencia con
la Comisión de Relaciones Exteriores, en cuanto a explorar un acuerdo con la Comisión de
Energia y Minas del Parlatino y avanzar en el desarrollo del tema energético.
X. Reunión protocolar con el Vicepresidente del Senado
Finalmente fueron recibidos por el Vicepresidente del Senado, señor Jaime Quintana,
donde se intercambiaron visiones acerca de la Alianza del Pacífico. El senador destacó la
importancia de la visita y la progresiva valoración del Senado a la Alianza, por su importancia estratégica para Chile. Dijo que les interesa mucho el tema de reafirmar la productividad,
de cómo rendir más con los mismos recursos y la misma dinámíca.
Por su parte, los parlamentarios realizaron un resumen de Ja visita, manifestando que uno
de los objetivos era coordinar el traspaso a Chile de la Presidencia Pro Témpore siguiendo
una hoja de ruta. Que se acentúe el trabajo en la búsqueda de lograr que los cuatro países
vuelvan a ser vanguardia del crecimiento, el fortalecimiento institucional y las materias comerciales, como función de apoyo y facilitación a los Ejecutivos.
Como conclusiones mencionaron la valoración de la Comisión de Seguimiento Parlamentario en Chile como Comisión permanente, asl como la importancia de la proyección de Colombia, a través del proceso de paz.
(Fdo.): JORGE ULLOA AGUILLÓN, Diputado de la República
Valparaiso, 16 de mayo de 2016”.
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ CASTELÁN CARGO: Secretario de

LIC. MARTIN HERNÁNDEZ CASTELÁN CARGO: Secretario de

7 DEL DIPUTADO JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ

7 DEL DIPUTADO JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ

10 DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CLAMONT

10 DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CLAMONT

22 DEL DIPUTADO MIGUEL SAMANO PERALTA

22 DEL DIPUTADO MIGUEL SAMANO PERALTA

20 DEL DIPUTADO REYNALDO NAVARRO DE ALBA

20 DEL DIPUTADO REYNALDO NAVARRO DE ALBA

4 DEL DIPUTADO NOE BARRUETA BARON

4 DEL DIPUTADO NOE BARRUETA BARON

23 DEL DIPUTADO DARIO ZACARIAS CAPUCHINO

23 DEL DIPUTADO DARIO ZACARIAS CAPUCHINO

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