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PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
PÁGINAS: 7
O.J.D.: 55020
TARIFA: 4731 €
E.G.M.: 411000
ÁREA: 414 CM² - 46%
SECCIÓN: CIUDADANOS
Jueves 02.06.16
2 Junio, 2016
EL CORREO
CIUDADANOS
7
«Hay dos cuidadoras para 170 mayores de noche»
Trabajadoras de
residencias, en huelga
por sus condiciones,
denuncian el impacto
de su «insoportable»
carga de trabajo
JESÚS J.
HERNÁNDEZ
 [email protected]
BILBAO. Un grupo de trajabadoras
de diferentes residencias vizcaínas
acudieron ayer, como invitadas, a la
comisión de Acción Social de las Juntas. Representaron a un colectivo inmerso en una huelga que ha vivido
en los últimos meses once jornadas
de paro con una duración de 24 horas, con servicios mínimos del 50%.
El próximo miércoles (día 8) comenzarán siete días de huelga consecutivos. Reclaman mejoras laborales en
un convenio que hace que algunas de
ellas (en los centros más pequeños)
no se lleven ni mil euros a casa a fin
de mes. «La carga de trabajo es insorportable», advierten. Su testimonio
impresiona, no solo por ellas, sino
también por los 10.000 mayores vizcaínos dependientes que viven en
esas residencias, la mitad de ellos en
una plaza concertada de la Diputación.
«Para cumpir los ratios, se incluye
en los listados de trabajadores a personal de mantenimiento o jardineros», relatan varias de estas mujeres.
«A diario hay dos cuidadoras para 23
usuarios y, en las comidas, una menos. De noche, no hay enfermera y
una solo gerocultora atiende a 46 mayores», relata otra. Pero hay casos más
flagrantes. «Dos personas tienen que
atender de noche, en diferentes plantas, a 170 personas». De hecho, no hay
huelga nocturna en estos centros porque «nos han dicho que ya estamos
en el mínimo». Aseguran que dan la
medicación ellas mismas a la carrera, por lo que son «frecuentes» los
errores.
Su discurso contrasta con lo expuesto ayer ante las Juntas por la diputada foral de Acción Social, Isabel
Sánchez Robles. Según explicó, las
residencias vizcaínas «superan el ratio de atención que les exige la ley,
concretamente en un 48%». Es un indicador, creado en 1998, y que estableció la obligatoriedad de que haya
«casi media jornada laboral diaria
(0,45) por cada persona dependiente».
«Seis minutos»
Los tiempos están apurados al segundo, según las cuidadoras. Disponen
de «entre cinco y seis minutos para
levantar a un abuelo, asearle, mirar
cómo tiene la piel y darle las cremas.
Pero tratamos con personas y las circunstancias cambian». «Se considera como válido a cualquiera que se
pueda poner en pie. Y hay personas
que un día son capaces pero luego no.
O quien está más lúcido una mañana y se lava los dientes él solo pero
que, 24 horas después, no sabe ni dónde está. Y, evidentemente, hay que
ayudarle. Muchas trabajadoras estamos llegando media hora antes a nuestros empleos para poder atenderles
con dignidad. O tener un segundo
para preguntarles cómo están cuando les ves mal», sentencian.
Sánchez Robles mostró ayer su sorpresa «porque no nos han llegado protestas hasta que empezó la negociación del convenio. Los trabajadores
no dijeron nada antes». También esgrimió que «el número de quejas registradas en 2014 asciende a 37 y durante 2015 ha bajado a 34. Hablamos
de 10.000 plazas», zanjó. La Diputación llevó a cabo once inspecciones
derivadas de protestas de internos y
familiares. Después de que Josu Unanue, portavoz de EH Bildu, hablara
ayer de «condiciones laborales extremas», la diputada reclamó «no extender un halo negativo sobre un servicio ejemplar». Por su parte, las trabajadoras insisten en que «las quejas
son constantes» desde hace años, tanto «las que nos traladan familiares»
como «las nuestras a la dirección, a
través de los sindicatos». Y apuntan
aspectos sorprentes: «Nos avisan
siempre cuando va a haber una inspección y se deja todo impoluto. Cuan-
LA CLAVE
La otra versión
La Diputación defiende
que solo llegaron 34 quejas
en 2015 y que mejoran «un
48% lo que marca la ley»
tablada con la viceconsejera del área,
Covadonga Solaguren. De este modo,
«se les realojará por la Zona Minera,
probablemente en régimen de alquiler social».
Asimismo, ambas administraciones han iniciado las gestiones para
que «se les adjudique la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)». No obstante, fuentes municipales señalaron que «se les hará cumplir una serie de obligaciones para que esta vez
destinen el dinero público al abono
de la vivienda, pues anteriormente
el Ayuntamiento de Ortuella les entregó varias Ayudas de Máxima Necesidad que deberían haber dedicado a pagar el piso de alquiler donde
residían, pero no lo hicieron».
Reparto de alimentos
El matrimonio ocupa desde hace once meses una fábrica en ruinas. :: PEDRO URRESTI
La pareja que vive en una nave abandonada
de Trapagaran tendrá piso «en pocos días»
El Gobierno vasco
tramita «con celeridad»
la solicitud mientras
se realizan gestiones
de acceso a la RGI
:: RUTH QUEVEDO
TRAPAGARAN. Verónica y José Ignacio, la familia sin recursos que vive
desde hace once meses en una ruinosa fábrica de Trapagaran, podría
encontrar pronto un nuevo hogar.
La difícil inscripción en el censo minero –realizada el 13 de mayo– ha
dado sus primeros frutos. De hecho,
el Ayuntamiento ya ha enviado la
petición correspondiente al Ejecu-
tivo autonómico para que estos vecinos puedan cobijarse bajo un techo digno. «En efecto, ya nos ha llegado la solicitud que se está tramitando con celeridad, de manera que,
en pocos días, tendrá una respuesta
y una vivienda», confirmó ayer a este
periódico un portavoz del Gobierno
vasco. En esta línea se manifestó el
alcalde de Trapagaran, Xabier Cuéllar, tras la última conversación en-
El matrimonio, mientras, lamentó
ayer hallarse «congelado en la burocracia administrativa». «No se ha dispuesto medida alguna que conozcamos, de carácter transitorio, que nos
permita sobrevivir como seres humanos». Sin embargo, su testimonio fue rebatido por los técnicos del
Consistorio, quienes sostuvieron
que «rechazaron la posibilidad de
alojarse temporalmente en una pensión». Al margen del cruce de acusaciones, la pareja, que reconoció haberse negado a acudir al comedor benéfico regentado por Cáritas, ha sido
finalmente inscrita por los servicios
de base en un programa que reparte alimentos entre los residentes sin
recursos.
Por su parte, el Departamento foral de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, liderado por Teresa Laespada, continúa pendiente de que la
Corporación local «nos derive el expediente» para «empezar a trabajar
con ellos en programas destinados a
situaciones de alta exclusión social».
do hay visita, es frecuente llevar a los
que están peor a otra planta».
Aunque varían en cada centro, una
trabajadora tipo a jornada completa,
con 15 años de antigüedad en una residencia, percibe unos 1.150 euros netos. Trabajan por turnos de lunes a
domingo y completan 1.698 horas
anuales. «Pero en los centros más pequeños y en las casas, la escala salarial es mucho peor y no llega a los mil
euros», denuncia el portavoz de ELA
Gaizka de Miguel. «Es un sector que
viene incrementando sus beneficios
porque los salarios con los que se trabaja son muy bajos y la calidad de la
atención a los usuarios empeora año
tras año», denuncia De Miguel. «Nos
duelen mucho estos retrocesos sobre
la posiciones que defendía Pilar Ardanza», agrega.
El conflicto laboral va a recrudecerse en los próximos días con la huelga de una semana. Con unos servicios mínimos del 50% –60% en los
tramos de comidas–, tiene un seguimiento entre los trabajadores del 70%
y «total» en las grandes residencias,
según ELA. Además, UGT ha convocado una concentración hoy a las 11.30
horas ante el Palacio foral para pedir
«un convenio digno».
Abre en Bilbao
un centro de día
para 30 personas
privadas de libertad
:: J. J. H.
BILBAO. La diputada de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, inauguró ayer el
nuevo centro de día Bestalde, que
atenderá anualmente a 30 personas privadas de libertad, «un
paso más en la apuesta de la institución foral por profundizar en
sus políticas de inclusión social».
Situado en el barrio de Iralabarri,
será gestionado por la Fundación
Adsis, una entidad sin ánimo de
lucro que desde hace 50 años trabaja con personas en riesgo de exclusión social, principalmente
jóvenes, proporcionándoles «el
acompañamiento, los recursos y
las herramientas que necesitan
para que puedan superar el fracaso escolar y el desempleo».
Atiende cada año a más de 20.000
personas, entre España y seis países de Latinoamérica.
Acompañada por el consejero
de Empleo y Políticas Sociales,
Ángel Toña, Laespada destacó que
este centro ofrecerá «oportunidades para que muchas personas
puedan hacerse dueñas de su destino, de sus vidas, de su futuro».
«Debe ser un recurso eficiente,
que siga el principio de proporcionalidad inversa. Algo que entendemos en el sentido de que,
cuanto más gastemos en Servicios Sociales de Inclusión, menos será necesario invertir en prisiones», agregó.