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FACUA.org - Europa - 3 de junio de 2016
TTIP: la pretendida arcadia de las grandes
corporaciones
Los Gobiernos de EE UU y la UE negocian en secreto un acuerdo de libre comercio que
dará un poder casi ilimitado a las grandes empresas y reducirá la capacidad de la to
ma de decisiones de la ciudadanía.
Imagina que vas a comprar al mercado una pechuga de pollo y éste ha sido lavado en cloro antes de estar a la venta, y su e
tiqueta no dice nada. Imagina que vas a comprar una botella de vino fino de Jerez y no es de Jerez, sino hecho en
Massachusetts. Imagina que compras una bandeja de carne picada y la etiqueta no dice de dónde viene. Imagina que vas a c
omprar un pintalabios y en ningún sitio dice que provoca alergia. Imagina que tu barrio no tiene suministro de agua a d
omicilio o servicio de alcantarillado porque la empresa dueña de la gestión del agua considera que no es rentable llegar hasta al
lí.
Deja de imaginar. Todo esto será real si finalmente sale adelante el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e In
versiones, por sus siglas en inglés), que negocian en secreto el Gobierno de EE UU y la Comisión Europea desde 2013. Con la
excusa de liberalizar el comercio entre ambos bloques, este tratado pretende "eliminar trabas" al comercio, esto es, acabar
con la legislación y protección de los derechos de los consumidores, medioambientales e incluso sociales.
Pero el TTIP va mucho más allá, porque "trabas", para los negociadores (y las empresas multinacionales que son co
nsultadas y opinan sobre el Tratado) también son las legislaciones nacionales, los tribunales ordinarios de justicia y las d
ecisiones de los representantes elegidos democráticamente, desde los ayuntamientos hasta el Parlamento Europeo.
Pese a que se negocia en secreto, diversas filtraciones de la negociación demuestran lo anterior. Para contrarrestar la c
reciente oposición de la población a un tratado que a todas luces perjudica a la ciudadanía, algunos líderes políticos y empre
sariales defienden que creará empleo (aunque no explican de dónde salen las cifras de nuevos empleos que manejan, ni qué con
diciones de trabajo y / o derechos asistirán a los trabajadores) y que se trata de facilitar el comercio. Sin embargo, la r
ealidad es que los aranceles comerciales entre los países de la UE y EE UU ya son especialmente bajos (un 2% de media) y l
a mitad de los productos que se intercambian entre ambos bloques no soportan ninguna tasa. Lo que el TTIP pone en
peligro son los pilares del Estado del Bienestar: la protección de la ciudadanía y la garantía de funcionamiento de los servicios bás
icos, que suponen una ?traba? a los beneficios sin límite de las empresas multinacionales.
Productos con menos calidad y garantías
El TTIP supondría una rebaja sin precedentes en los estándares para los productos comercializados, porque la regulación es una
traba al comercio desde la óptica de los grandes empresarios. Los documentos de la negociación filtrados hasta ahora (el úl
timo, hecho público por Greenpeace , se refiere a la ronda de negociaciones que tuvo lugar en abril de 2016) muestran que
EE UU quiere, entre otras cosas, eliminar el principio de precaución, que recoge que cualquier sustancia sospechosa de ser t
óxica no puede salir al mercado hasta que la empresa demuestre su inocuidad. Este principio está recogido en el propio Tr
atado de la UE, pero EE UU quiere imponer un enfoque similar al que rige en este país, basado en el riesgo, que contemple l
a gestión de las sustancias peligrosas y que impida a los legisladores tomar medidas preventivas.
Esto permitiría que se comercialicen en Europa cosméticos que no han sido probados dermatológicamente para demostrar que
no producen alergias en la piel, por ejemplo. Estarían a la venta hasta que alguien pueda demostrar que causan alergia. Pero e
ste principio se aplicaría en todos los productos a la venta: alimentos, medicamentos, etc.
En un sector especialmente sensible como es el de los fármacos, EE UU quiere, además, rebajar las normas de las pa
tentes y los estándares de calidad necesarios para aprobar definitivamente el uso de determinadas medicinas, dificultar el a
cceso a los medicamentos genéricos, limitar la transparencia de los ensayos clínicos, etc. Esto redundará en medicamentos más
caros, más inseguros y de los que habrá menos información.
Según los documentos filtrados, EE UU también trabaja para que desaparezca el origen del producto en el etiquetado en lo
s productos alimenticios. Esto es, que cuando compres una bandeja de carne picada de ternera y cerdo, por ejemplo, no
sepas de dónde viene la ternera, de dónde la carne de cerdo, dónde se procesó y dónde fue envasada antes de entrar en la cadena de co
mercialización.
En el sector alimenticio, el TTIP también contempla rebajar la normativa en Europa para el tratamiento de animales de c
onsumo humano (ternera, pollo, cerdo, etc) con hormonas de engorde y antibióticos, incluso si no se trata de animales e
nfermos. Esto favorece el crecimiento más rápido de los animales e impide que enfermen y por tanto acorta los tiempos de
producción, pero estas hormonas y antibióticos pasan, tras su ingesta, a los humanos que los consumen, y según algunos est
udios, esto está directamente relacionado con algunos tipos de cáncer y los trastornos endocrinos (hormonales, que af
ectan al funcionamiento normal del organismo), además de hacer a los consumidores más resistentes a los antibióticos (y por
lo tanto, las enfermedades son más difíciles de curar), entre otras cuestiones.
Además, si el TTIP entra en vigor, desaparecerán de la etiqueta de los productos alimenticios la presencia de Organismos Ge
néticamente Modificados (transgénicos), que ahora mismo es obligatoria en Europa y que EE UU pretende eliminar.
También pretende EE UU acabar con las denominaciones de origen, un distintivo netamente europeo que dice que d
eterminados productos sólo pueden llamarse de una manera si se producen en una región determinada y con un proceso de pr
oducción determinado. Eso hace especial a productos como el vino (el Cognac sólo se produce en esta región de Francia, igual que
el champagne o el vino de Burdeos, o en España el Rioja o el vino de Jerez, pero también afecta a quesos artesanos o al ja
món de Jabugo, por citar algunos de los productos más conocidos). En EE UU, cualquier vino espumoso puede recibir el no
mbre de champagne, por lo que, si su planteamiento sale adelante, se podría comercializar vino de Jerez hecho en M
assachusetts, cava de California o jamón de Jabugo criado en Kansas.
Pérdida de soberanía
Una de las cuestiones fundamentales del TTIP es que pretende desplazar la toma de decisiones, de manera que no sean los
representantes democráticos de la ciudadanía quienes decidan sobre la legislación sino que ésta esté influida y participada por l
as grandes empresas. El documento filtrado por Greenpeace recoge que no se permitirán nuevas regulaciones si no es e
strictamente necesario y no sin antes llevar a cabo un estudio de coste-beneficio. Además, EE UU pretende que la n
ormativa que pueda afectar al comercio y a la prestación de servicios sea consultada por las grandes empresas y patronales, h
asta el punto de que en asuntos como la agricultura o la industria química no se pueda tomar una decisión sin consultar antes co
n la industria.
Además de esto, ha trascendido que el TTIP será vinculante en todos los niveles de la Administración, esto es, limitará a los
Gobiernos locales, autonómicos y nacionales que decidan de manera soberana tomar medidas en virtud de la protección de la ci
udadanía. Esto es, impedirá que los ayuntamientos, por ejemplo, mantengan una gestión pública de servicios básicos como la re
cogida de basura o el suministro de agua potable.
En su afán por aumentar los intercambios comerciales, los documentos filtrados también recogen el fomento de la pa
rticipación privada en todos los servicios que hasta ahora han estado garantizados a la ciudadanía por las administraciones pú
blicas: esto es, una progresiva privatización de la sanidad, educación, etc, en las que las máximas sean el mayor beneficio al men
or costo.
Y enlazado con esto, la cláusula de irrevocabilidad: los servicios que sean privatizados no podrán ser devueltos a la ge
stión pública. Esta cláusula, actualmente vigente en otros tratados de comercio internacional, implica que los Estados no pue
den reintroducir un obstáculo a la privatización si la ha eliminado con anterioridad.
Privatización de la justicia
En una vuelta de tuerca más, el TTIP permitirá que las empresas puedan demandar a los Estados que tomen medidas pe
nsadas en el bienestar de la población pero que perjudiquen los intereses empresariales.
Esto se hará a través de los tribunales de arbitraje (de los que ya hay numerosos ejemplos, dado que hay numerosos tr
atados de libre comercio firmados entre países). Se trata de uno de los puntos más polémicos y que más rechazo han prov
ocado entre la población: el ICS (Investment Court System), un sistema judicial privado que funcionará con árbitros ?ab
ogados- independientes a los sistemas judiciales de los países y no se someterán a la jurisdicción de ninguno.
Este mecanismo permitirá que las empresas denuncien a los Estados que aprueben legislaciones que perjudiquen a sus i
ntereses y que éstos enfrenten multas millonarias por leyes aprobadas o cualquier proyecto de ley que esté tramitando y no re
tire.
Un ejemplo real de otros sistemas de arbitraje es la demanda de la multinacional tabaquera Philip Morris a Uruguay y
Australia por sus leyes antitabaco, porque las advertencias de los riesgos de fumar en las cajas de cigarrillos impedían m
ostrar bien la marca y perjudicaba a sus ventas. Otro ejemplo es la demanda de la multinacional sueca Vattenfall al
Gobierno alemán por las restricciones que impuso a sus centrales eléctricas de carbón y en defensa del medio ambiente, que
hizo que Alemania rebajase la protección ambiental para evitar pagar una multa millonaria. La multinacional francesa Veolia (
en España, Dalkia) demandó a Egipto en uno de estos tribunales porque el Gobierno de este país subió el salario mínimo inter
profesional y esto le redujo los beneficios.
Situación actual: división entre los políticos europeos
Desde que comenzó a negociarse en 2013, la Comisión Europea mandató a un grupo de personas para dirigir las con
versaciones con EE UU ajena a la propia Comisión y al Parlamento Europeo. El secretismo de estas gestiones ha sido tal que n
i siquiera los propios europarlamentarios han tenido acceso abierto a los documentos manejados por las partes. Tan sólo han p
odido consultar algunos de ellos en una habitación prácticamente sellada a la que no podían acceder con ningún medio para toma
r notas, ni con teléfonos móviles, y en las que entraban tras firmar un documento de confidencialidad.
Gracias a las filtraciones se ha conocido, sin embargo, que hay constantes consultas a las grandes multinacionales y
patronales sobre las medidas que se pretenden adoptar, y sin embargo, no se consulta ni a la sociedad civil ni a sus
representantes.
La creciente oposición de la ciudadanía ha hecho que muchos grupos políticos se posiciones también en contra del Tratado, o al m
enos, muestren su rechazo a las formas de negociarlo y a los aspectos más polémicos que se conocen de él. En julio de 201
5, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de apoyo a las negociaciones, que salió adelante con el apoyo mayoritario de la
derecha y democracia cristiana (PPE) y liberales (ALDE) y los socialdemócratas (S&D), aunque dentro de éste último gru
po hubo división. Los laboristas británicos y socialistas belgas, franceses y austríacos se opusieron a la resolución. Ésta fue aprob
ada por 436 votos a favor, 241 en contra y 32 abstenciones. El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea (que
incluye a los verdes de varios países y los españoles Podemos e IU), así como otros grupos de izquierda y de extrema der
echa son los únicos que se oponen abiertamente al Tratado en la Eurocámara.
Desde entonces, la oposición más sonada ha sido la del presidente francés, François Hollande(socialista), que indicó a p
rincipios de mayo que en el estado actual de las negociaciones, Francia se opondrá al TTIP. Le han seguido, entre otros, el p
ropio ministro alemán de comercio, Sigmar Gabriel, pese que a su jefa, la cabeza del Ejecutivo alemán Angela Merkel,
es la principal impulsora del Tratado en la UE.
En España, Ciudadanos y Partido Popular (PP) han defendido abiertamente el TTIP, mientras el PSOE mantiene una p
osición ambigua (aunque en el Parlamento Europeo los socialistas españoles votaron a favor) y Podemos e Izquierda Unida se
oponen radicalmente al mismo, y lo han incluido en los debates y programas electorales de sus formaciones.
La ciudadanía española ha sido de las últimas en unirse a las movilizaciones en contra del Tratado en la UE, pero su opo
sición es creciente. Lacampaña estatal No al TTIP , que engloba a más de cien organizaciones sociales, ecologistas, s
indicales y políticas de todo el Estado (entre ellas FACUA-Consumidores en Acción), ha desarrollado una campaña para que los
municipios y comunidades autónomas muestren su rechazo al TTIP. Hasta principios de junio, un total de seis comunidades a
utónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Islas Baleares y Navarra), una diputación provincial (Sevilla), cinco cabi
ldos y consejos insulares y 160 municipios han aprobado mociones o proposiciones no de ley de rechazo al Tratado.
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Ángeles Castellanoes periodista y forma parte del equipo de redacción deConsumerismo.