1. No category

ISSN:
-
Ecología Política de la hidroenergía:
Represando agua y
defendiendo territorios
Movimientos sociales y resistencia a proyectos hidroeléctricos en América Latina
Revista (In) justicias hídricas, resistencias y alternativas en América Latina
Segundo número.
Correo electrónico: [email protected]
Comité editorial:
Claudia López Pardo, Denisse Roca-Servat, Andrés Jiménez Gómez, Mourik Bueno de
Mesquita.
Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas
Este volumen corresponde a la Serie “Temas de Actualidad 12019”, Fondo Editorial CBC
Alianza Justicia Hídrica
Este volumen corresponde a la Serie “Agua y Sociedad” No. 2
ISSN: 2414-1119
Corrección de estilo:
Claudia López Pardo, Denisse Roca-Servat y Andrés Jiménez Gómez.
Diseño Ilustración de caratula e Impresión:
www.creacionlibertaria.net
Medellín, Colombia
Noviembre 2015.
reación ibertaria
DESARROLLANDO IDEAS
Invitado especial:
Raúl Zibechi
Colaboradoras/es por países:
Ecuador: Juan Pablo Hidalgo y Edgar Isch
México: Teresa Campos Sánchez
Chile: María Jesús Martínez, Felipe Tapia y Robinson Torres Salinas
Colombia: Andrés Jiménez Gómez, Jenni Perdomo, John Duque, Red de Acción frente al
extractivismo, Andrea Echeverri Sierra, Marion Benassaya, Descolonizando La Jagua
Perú: Leticia Saldi, Daniela Henríquez, Jenni Perdomo, Denisse Roca-Servat y Mourik
Bueno de Mesquita
Guatemala: Lieselotte Viaene
Brasil: Gustavo Muñoz Gaviria
Agradecimientos:
Diana Calle, Ana María Pino Jordán, Anael Pilares (CBC), Rutgerd Boelens, Leontien Cremers,
CINARA – Universidad del Valle (En especial a Johnny Rojas).
Con el auspicio de:
Índice
Editorial
3
Artículos de análisis de coyuntura
Geopolítica regional de la hidroenergía: ¿A dónde irá la energía de Ecuador y del resto de países?
Edgar Isch
7
Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo: Cuando el bien común se confunde con el amiguismo
María Jesús Martínez y Felipe Tapia
12
Notas informativas
Colombia: Visualizando la esperanza en nuestras prácticas Curso taller “Agua Territorios de Vida”
Andrés Jiménez Gómez y Jenni Perdomo. Nodo Justicia Hídrica Medellín
15
AGUAnta: Encuentro por la Defensa del Agua (San Carlos –Antioquia)
John Duque y la Red de Acción Frente al Extractivismo
18
Visiones indígenas sobre el impacto del proyecto de la represa Xalalá a los derechos humanos de los
pueblos indígenas en Guatemala
Lieselotte Viaene
Estudios de caso
Brasil: Formas de violencia en la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte
Gustavo Muñoz Gaviria
22
28
Perú: El proyecto hidroenergético de Salcca Pucara en Perú; percepciones de cambio, relaciones de
poder, y estrategias de inserción al territorio
Leticia Saldi, Daniela Henriquez, Jenni Perdomo y Denisse Roca-Servat
35
Colombia: Los retos de la explotación hidroeléctrica para el desarrollo local en un territorio afectado por
el conicto armado colombiano, el caso de la represa Ituango
Marion Benassaya
41
Entrevista con Raúl Zibechi
“La salida del modelo extractivo requiere de una crisis política, social, económica y de poder, no
podemos salir gradualmente”
Andrés Jiménez Gómez y Claudia López Pardo
Estudios de casos
Ecuador: Reexiones en construcción sobre el reconocimiento y la cuanticación de derechos, el caso
del megaproyecto hidráulico multipropósito Chone
Juan Pablo Hidalgo
México: Conictos sociambientales en comunidades Nahuas de la Sierra de Zongolica, México
Teresa Campos Sánchez
48
57
64
Colombia: Reviviendo conictos, hidroeléctricas en el Oriente antioqueño
Andrea Echeverri Sierra
Perú: El Proyecto de la Hidroeléctrica “Inambari” en la Amazonía del sur de Perú
Mourik Bueno de Mesquita
Chile: El movimiento anti-represas y su potencial para la transformación social; caso HidroAysén
Robinson Torres Salinas
Foto reportaje
Colombia: Yuma (Magdalena), el río que testica la dignidad huilense en contra del proyecto
Hidroeléctrico El Quimbo
Descolonizando La Jagua
69
76
81
89
Editorial
E
ntre la energía y el agua existe un profundo y complejo vínculo. La energía es necesaria para trasladar el
agua de un lugar a otro, así como el agua es indispensable para producir energía. Ambos son
elementos claves para la vida y la supervivencia del ser humano. Sin embargo, pocas veces se toman
en cuenta seriamente las distintas valoraciones culturales y relaciones socionaturales que
establecemos con el agua y la energía, la gran variedad de formas de gestión social y de sistemas
tecnológicos que son empleados para su apropiación, uso y cuidado así como las consecuencias de
las relaciones de poder en estas dinámicas. Por lo general, se asume desde una posición
antropocéntrica que el agua y la energía deben estar al servicio del sistema capitalista moderno
colonial que promueve el consumo desmedido.
Debido a la importancia geopolítica de América Latina, al contener el 30% de la escorrentía de agua dulce en
el mundo, esta región se proyecta como una de las principales exportadoras de agua y energía. El discurso
sobre la necesidad de un cambio en la matriz energética que plantea pasar de una dependencia de los
“recursos no renovables” a una basada en “recursos renovables”, está trayendo consigo una fuerte
dependencia en la hidroenergía. Es importante reconocer que más del 16% de la demanda de electricidad
mundial es cubierta por la hidroenergía (IEA, 2010). En la región de América Latina y el Caribe, el 23% de la
demanda es cubierta por hidroeléctricas (OLADE, 2012a), y en particular 11 países producen al menos 50%
de la electricidad con hidroenergía (OLADE, 2012b).
En la conguración de un nuevo orden energético internacional, donde a los mayores consumidores
energéticos del norte global (Europa, Norte América, Australia, Japón) se unen las economías emergentes
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), América Latina es proyectada como un exportador de
energía proveniente de combustibles fósiles convencionales (carbón, gas y petróleo) y no convencionales
(gas de esquistos o lutitas) y el agua, principalmente. Si bien los combustibles fósiles representan el 82 % de
las fuentes de energía mundial, la hidroenergía se proyecta para la región latinoamericana como una de las
fuentes energéticas con mayor proyección mercantil.
Gracias a las grandes cantidades de agua que uyen por ríos, valles y selvas, así como por su geografía
mesoamericana, andina y amazónica, múltiples empresas nacionales, transnacionales y los estados
latinoamericanos están viendo la hidroenergía como un negocio rentable que se camua bajo discursos
sibilinos como el de la “seguridad energética nacional”, la reducción de importaciones de combustibles, el
cambio de matriz productiva, o por mantenerse o consolidarse como exportadores, etc. Más allá de estas
argumentaciones de gobiernos de derecha e izquierda, como lo indica Raúl Zibechi en su contribución a este
boletín, la agenda política energética de la región sigue los lineamientos neoliberales al servicio de los
mercados. Esto implica la producción y comercialización de hidroenergía según las necesidades de las
empresas mineras y constructoras llegadas a la región y su amoldamiento a la política de seguridad
energética del Departamento de Estado Estadounidense, tal como lo deja ver Edgar Isch en su análisis de
coyuntura de la región, y a las necesidades voraces del gigante chino, sin olvidar la hegemonía e
imperialismo interno brasileño.
En este tablero, los estados latinoamericanos juegan un papel fundamental al consolidar, institucionalizar y
legitimar las relaciones que se entablan entre actores burocráticos, actores económico-nancieros y actores
3
sociales en la construcción de territorios donde se reproducen la injusticias y desigualdades hídricas
(Toro 2012). Los estados de la región conguran soberanías fragmentadas donde desarrollan
infraestructura con recursos públicos bajo el interés del mercado global, codican legislaciones laxas
(ambiental, laboral, etc.), formulan políticas públicas y planes de desarrollo para el benecio de un
modelo que orienta las aguas y la vida para la reproducción de la dominación y el capital.
Este número del Boletín (In) justicia hídrica, resistencias y alternativas en América Latina, titulado
“Ecología Política de la hidroenergia: represando agua y defendiendo territorios” reexiona sobre estas
interrelaciones al presentar artículos que evidencian cómo los sistemas energéticos y hidrológicos son
sistemas socioambientales que se producen y afectan mutuamente. Los artículos aquí presentados
dejan ver cómo la vorágine del crecimiento económico de los modelos desarrollistas, en manos de
actores poderosos que a partir de una racionalidad instrumental y economicista, intenta controlar el
abastecimiento mundial de energía y agua a partir de sus mercantilización y privatización en detrimento
de la vida.
Esta destrucción es propiciada por la producción y el consumo insustentable de mercancías, servicios y
tecnologías que conguran modos de vida que fomentan el despliegue global del extractivismo
especulativo, que se basa en la nanciarización de la naturaleza y la acumulación por desposesión de
elementos materiales y espirituales esenciales para la vida. Así, como lo indica en la entrevista realizada
para el número anterior del boletín, el investigador Horacio Machado (2014), “la violenta explotación y
mercantilización de la naturaleza está produciendo una geopolítica de la “escasez” mundial de la energía
y del agua”. En su entrevista para este segundo número del boletín, el pensador y activista Raúl Zibechi,
enlaza esta geopolítica de la escasez con el patrón de crecimiento económico basado en el modelo
extractivo y en el mayor consumo de la población.
Los impactos negativos asociados a la construcción de grandes represas incluyen la destrucción del
tejido social como señala el artículo sobre el proyecto hidroenergético de Salcca Pucara (Perú) escrito
por Leticia Saldi, Daniela Henriquez, Jenni Perdomo y Denisse Roca-Servat, el desplazamiento y despojo
de comunidades minero campesinas como lo demuestra Marion Benassaya en su estudio sobre la
represa de Ituango en Antioquia (Colombia), la pérdida de la soberanía territorial y formas de violencia
física y simbólica generadas por la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte (Brasil) como lo
ilustra en su artículo Gustavo Muñoz.
También resulta interesante cómo se reviven conictos producidos por proyectos hidroeléctricos en el
Oriente antioqueño (Colombia) narrado por Andrea Echeverri y la amenaza a los derechos humanos de
pueblos y comunidades indígenas como describe Lieselotte Viaene sobre el pueblo Maya Q’eqchi’
(Guatemala) o las comunidades Nahua de la Sierra Zongolica (México) como indica Teresa Campos en su
artículo. Además, la grave afectación generada por estos proyectos hidráulicos, que se reeja, en la
alteración de los ujos del rio Magdalena y su impacto territorial en el fotoreportaje del colectivo
Descolonizando Los Jaguos (Huila, Colombia) y la degradación de la calidad del agua que afecta a las
comunidades campesinas y ecosistemas, los graves problemas que tienen los procesos de
licenciamiento ambiental y el desconocimiento de las comunidades locales por los intereses de las
“mayorias” en Chone (Ecuador) como señala Juan Pablo Hidalgo.
Mourik Bueno de Mesquita en el caso de la represa Inambari (Perú), nos plantea un buen ejemplo de los
nefastos múltiples impactos socioambientales que generan estos mega-proyectos de centrales
4
hidroeléctricas y nos muestra con argumentos contundentes que estos en la Amazonia no deben
planicarse ni ejecutarse y que se requiere urgentemente debates públicos para lograr estrategias
efectivas de incidencia y propuestas de políticas alternativas. Más aún, por fuera de los posibles
“impactos” y “externalidades” negativos que conllevarían estos proyectos, lo que está en juego es la
hegemonía de un sistema político-económico poco transparente, autoritario, indolente, monocultural y
avallasador, como lo ilustran a través del caso chileno en su artículo de análisis de coyuntura María Jesús
Martínez y Felipa Tapia.
En este contexto, podemos enmarcar el debate sobre el real signicado de la energía hidroeléctrica como
energía limpia. Para responder a esta cuestión haría falta analizar el concepto de desarrollo sustentable en
el cual se fundamenta la dependencia de la hidroenergía, lo que permitiría observar su asociación a la idea
de crecimiento económico “verde”, dejando de lado las mal llamadas “externalidades negativas” en sus
dimensiones sociales y ambientales. Por lo que se hace necesario emplazar el debate de la
sustentabilidad de la energía en cuatro dimensiones: ecológica, social, económica y política y
considerar que, sobre todo las grandes obras irrumpen sobre las dimensiones socio-ecológicas
priorizando el crecimiento económico. De ahí que el concepto de sustentabilidad y la idea de “renovable”
no sean sucientes para problematizar las tendencias verdes de un capitalismo voraz que se despliega en
el sector energético. Sigue siendo de vital importancia, por lo tanto, preguntarnos en relación a los
proyectos hidroenergéticos: ¿para qué? y ¿para quién?, ¿qué intereses benecian y qué racionalidades
los sustentan?
Esta alarmante situación pone de maniesto la importancia de insertar al binomio agua-energía bajo
otras racionalidades culturales, y formas alternativas de gestión social y política, diferentes a las
actualmente dominantes. Y ello implica transformar nuestra relación con la naturaleza, y permitirnos
implementar estrategias autónomas de producción de energía, y de cuidado del agua. El derecho a una
vida digna implica el deber de cuidar el agua y la energía, y de buscar transformaciones de matriz
energéticas alternativas. En este sentido, el artículo de Robinson Torres nos presenta el caso del
movimiento anti-represas en Chile como un posible sujeto político transformador del modelo de
gobernanza neoliberal del agua en ese país. El debate sobre la construcción de nuevas relaciones
sociales en el plano de la producción, distribución y consumo de energía es trascendental para subvertir
el enfoque de las políticas energéticas actuales y las políticas de los modelos de desarrollo en la región.
Finalmente, consideramos que debemos descentrar la discusión técnico-económica y poner en el centro
del debate los procesos de producción y construcción de lo común (agua y energía), la reproducción de
las lógicas comunitarias entorno a su constitución como elementos nodales de la vida. Es decir,
debemos volver a privilegiar su valor de uso más que su valor de cambio, la riqueza concreta que
poseemos como parte del ciclo hidrológico y no su utilización para satisfacer necesidades impuestas por
los administradores de la profunda crisis civilizatoria que nos atraviesa.
5
6
Análisis de coyuntura
Geopolítica regional de la hidroenergía:
¿A dónde irá la energía de Ecuador y del resto de países?¹
Edgar Isch L2
Algo de historia
E
l denominado boom petrolero en los años
setenta entregó al Estado ecuatoriano grandes
recursos que se emplearon a favor de una
política desarrollista y de sustitución de
importaciones. Parte de esa política permitió
la construcción de importantes proyectos
hidroeléctricos como Agoyán, Pisayambo,
Paute-Amaluza y Daule-Peripa, junto a otros
proyectos menores. Su capacidad de
generación fue la principal fuente de
electricidad hasta nes del siglo XX.
Si bien unas represas fueron destinadas
estrictamente a la producción de energía eléctrica,
como es el caso de la de mayor capacidad de
generación, Paute-Amaluza, ubicada a la entrada de
la Amazonia Sur, otras fueron ya parte de proyectos
multipropósito, como es el caso de la presa DaulePeripa, ubicada, en la Costa ecuatoriana, que
concluiría años más tarde.
Esta última presa forma parte de los proyectos
nanciados por la deuda externa calicada como
ilegítima y generadora de una grave deuda ambiental
y social en la zona en la cual se encuentra (CAIC,
2008 y Acción Ecológica, 2009). Según el Informe
de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito
Público sobre Daule Peripa: “la potencia promedio
generada en los últimos 8 años ha sido de 75,8 MW,
lo que muestra claramente el sobre
dimensionamiento de las 3 turbinas, que funcionan
a un 30% de su capacidad…”
La inversión pública para este tipo de obras se
redujo sustancialmente a partir de la crisis que vivió
el país en 1982 y la aplicación de las políticas
neoliberales hasta el 2006. Se impulsaron plantas
de generación térmica basadas en la quema de
combustibles fósiles, cuyo aporte creció del 27%,
en 1991 al 47%, del total de energía para el 2006. La
insuciencia en la generación frente a la demanda
condujo a que desde nes de los años noventa, el
país ampliara su consumo de energía importada
desde Colombia y Perú.
A partir de 2006, el gobierno de Rafael Correa dio
énfasis a la construcción de grandes centrales
hidroeléctricas. En 2007, se inauguró la central San
Francisco con 230 MW, en 2010 entró en operación
la central Paute-Mazar con 160 MW. Se han
incorporado también algunas centrales menores y,
en 2007, se incorporaron 2.4 MW con las primeras
turbinas teóricas ubicadas en las islas Galápagos.
En el Plan Maestro de Electricación 2012 - 2021
(Ministerio de Electricidad y Energía Renovable,
2012b) existen ocho proyectos estratégicos que
son: Coca-Codo Sinclair (1.500 MW), PauteSopladora (487 MW), Toachi-Pilatón (253 MW),
Minas-San Francisco (270 MW), Delsitanisagua
(115 MW), Mazar-Dudas (21 MW), Manduriaco (60
MW), Quijos (50 MW). Existen también una serie de
1. Este artículo recoge apartes de dos trabajos previos del autor. El primero, corresponde al capítulo “Ecuador, estrategias del
poder gubernamental para debilitar las protestas de los afectados” en: Yacoub, Cristina, Bibiana Duarte y Rutgerd Boelens (eds.)
2015. Agua y ecología política: El extractivismo en la agroexportación, la minería y las hidroeléctricas en Latinoamérica. Quito:
Justicia Hídrica, (Serie Agua y Sociedad, Sección Justicia Hídrica, 22). El segundo es el artículo: “Generación hidroeléctrica y la
política norteamericana”, publicado en lalineadefuego.info en enero de 2014.
2. Profesor universitario e investigador en temas sociales y ambientales. Autor de diversas obras en esos campos. Ex Ministro de
Ambiente del Ecuador y consultor de instituciones nacionales e internacionales.
7
otros proyectos entre los que se encuentra nuestro
caso de estudio. Para el 2016 el gobierno anuncia
que el 93% de la energía eléctrica del país será
generada por centrales hidráulicas.
La situación energética de los últimos años
La transición energética hacia la adopción de
fuentes renovables de energía es parte de un
conjunto de decisiones estratégicas que tienen que
ver con factores como el progresivo agotamiento de
las reservas de petróleo, cuyas exportaciones no
podrían superar otros 25 años, la inequidad en la
distribución de la renta petrolera, la inadecuada
estructura de renación que obliga a importar
derivados con alto costo, los graves problemas del
sector eléctrico y los daños ambientales del actual
esquema de producción energética. Además, el país
se caracteriza por una amplia disponibilidad de
fuentes de energía renovable.
Este cambio, que se ha dado fundamentalmente en
dirección a las hidroeléctricas (cuadro 1), implica,
ciertamente, reducción en el número de toneladas
de hidrocarburos quemados para producir
electricidad y sus consecuentes emisiones de gases
de efecto invernadero, pero reeja también que no
se procura la diversicación de fuentes energéticas
renovables y, por otro lado, que se refuerza un
sistema centralizado de distribución energética que
diculta el control y acceso por parte de toda la
población, particularmente de las comunidades
rurales.
Cabe señalar que un 11.8% de la producción
energética nacional corresponde a centros de
generación y transmisión que no están
incorporados en el Sistema Nacional
Interconectado, mientras el 88.2% restante forman
par te de ese sistema. Este porcentaje es
fundamentalmente empleado por la empresa
privada.
8
Tabla 1
Potencia efectiva de generación
Fuente de generación
1997
2006
2012
Hidroeléctrica
55%
48%
64,27%
Termoeléctricas
45%
41%
33,84%
Importación
0
9%
1,24%
Otros
0
2%
0,65%
Fuente: Plan Maestro de Electricación 2007 -2016 y Plan
Maestro de Electricación 2012 -2021.
Elaboración: EIL
El cambio en las fuentes de generación se da en
medio de un aumento en la demanda de energía
eléctrica, que ha crecido en un 6% anual entre 1991
y 2008.
En lo institucional, una novedad fue la
conformación, el 14 enero 2010, a través de
Decreto Ejecutivo 220, de la Empresa Pública
Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador,
CELEC -EP, conformada por las empresas
generadoras y de transmisión eléctrica estatales a
nivel nacional. A la par se anuncia la reforma la Ley
de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) publicada
en el Registro Ocial de 10 octubre de 1996, bajo un
esquema privatizador contrario a los principios
constitucionales actuales. Esa ley fue creada por el
Consejo Nacional de Electricidad– CONELEC -, el
cual es el responsable de elaborar el plan de
electricación, “de cumplimiento obligatorio para el
sector público y referencial para el sector privado”,
según remarca la misma ley.
De acuerdo con los datos del Censo de Población y
Vivienda de 2010 (INEC, 2011), el Ecuador estaba
habitado en ese año por cerca de 14 millones 307
mil habitantes, de los cuales el 94.77% dispone de
electricidad en su vivienda. El consumo per cápita
facturado por habitante es de 984 kWh/año, cifra
que, aunque un tanto mayor a la de años anteriores,
ubica al Ecuador entre los de menor consumo por
habitante de América Latina, lo que permite ver el
bajo grado de industrialización que se verica
también al observar la energía capturada por
clientes nales (gráco 1).
Gráco 1
Energía facturada a clientes finales
(GWh).Junio de 2012 Cantidad
890,6%
1328,8%
Residencial
3099,
20%
5447,35%
Industrial
Comercial
Otros
4945,31%
Centrémonos ahora en un hecho: en América Latina
se promueve un alto número de proyectos
hidroeléctricos y podemos decir que todos los
gobiernos anuncian exportar energía en el futuro
cercano. Parece que todos los vecinos vamos a
comprar energía unos a otros.
Alumbrado público
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable,
2012. Visión sector eléctrico ecuatoriano y benecios del
proyecto Mazar. Presentación. Cuenca.
Elaboración: EIL
Generación eléctrica regional
Ecuador es uno de los países en los que se vive una
fuerte ebre de construcción de hidroeléctricas,
situación compartida por diversos país en la región.
En todos nuestros países se las presenta como
energía limpia, como cambio en la matriz energética
e incluso productiva que supuestamente será la
salida del “subdesarrollo”, pero poco se habla de su
rol en el escenario regional y global. Este es un
primer aspecto del análisis que debe enfrentarse.
Es importante profundizar no solo en los aspectos
positivos que se suelen señalar sobre las grandes
presas, sino también en lo que signican como
alteración de ecosistemas terrestres, uviales y
formas comunitarias de vida. Debería considerarse
obligatorio recuperar las conclusiones de la
Comisión Mundial de Represas de Naciones Unidas
que, en su informe del año 2000, señala que el costo
de los benecios de las grandes represas ha sido
muy alto y en ocasiones inaceptable, a más de su
ineciencia generalizada, por lo que al menos se
debería contar con la aceptación demostrada de la
población sobre estas decisiones claves (CMR,
2000). Las críticas y los ejemplos de ese informe
son múltiples y desmitican las grandes presas.
Además, las megaobras se presentan como única
opción, cuando en cada caso, se debe discutir sobre
la generación y la distribución local de energía no
centralizada, la micro producción hidroeléctrica sin
alterar zonas de vida y, por supuesto, la energía solar
y otras opciones.
El gobierno de Ecuador, proyecta que: “Tendremos
tanta energía que llegará un momento que se
acumulará, de tal manera podremos empezar a
exportar servicios eléctricos y no solo bienes
primarios a países que lo necesitan” (Espinoza,
2012). Pero Colombia tiene energía para exportar,
ya lo hace de manera importante hacia Venezuela y
tiene varios proyectos para incrementar su
producción (Dinero, 2012 y Caracol 2012).
Igualmente, Perú proyecta exportar electricidad a
Brasil gracias a la constr ucción de 20
hidroeléctricas (Aininoticias.org, 2011), aunque hay
problemas de nanciamiento y de aceptación en el
Congreso Peruano (La Primera, 2010). Hay quienes
han planteado también exportar energía, esta vez,
generación térmica, a Chile. Bolivia también se
proyecta como exportador de electricidad a sus
vecinos a partir de 2015 (fmbolivia.com.bo, 2012).
Pero si bien todos piensan exportar electricidad a
Brasil y esto mantiene como principal exportador a
Paraguay gracias a la presa binacional de Itaipú,
Brasil tiene grandes proyectos en agenda,
incluyendo centrales hidroeléctricas binacionales,
como es el caso del proyecto del Madeira
internacional con Bolivia y de las hidroeléctricas de
Garabí y Panambí con Argentina, buscando un gran
aumento de su capacidad energética (Energía
Bolivia, 2013; ver también el caso de Brasil en este
boletín).
Chile, al contrario de lo deseado desde Perú y
Bolivia, no se mira como país comprador de
electricidad, sino de exportador teniendo como su
cliente principal a Argentina. Para ello, la producción
de energía eléctrica en el Norte Grande chileno
crecería con la próxima puesta en marcha de dos
nuevas centrales térmicas, que generarán 300 MW
adicionales (La Nación, 2011). Por su parte,
Argentina trabaja en la construcción de centrales
hidroeléctricas en Santa Cruz y las mencionadas
binacionales con Brasil.
9
Esto dejaría con excedentes importantes a Uruguay,
que por hoy, exporta a Argentina, y que incrementó
sus ventas ante la crisis energética que viven
ciudades como Buenos Aires desde diciembre de
2013 (Reuters, 2013).
Si bien este último caso demuestra la importancia
de la interconexión para superar dicultades
momentáneas y estacionales, los datos conrman
que casi todos los gobiernos anuncian sustanciales
incrementos en la generación de electricidad y que
exportarán a sus vecinos. Pero ello es imposible con
exceso de producción en cada país.
¿Energía para quién?:
Dos hipótesis igualmente válidas
Si los distintos países de América del Sur van a tener
en pocos años un superávit de energía eléctrica, la
pregunta clave está en cuál será el destino de esa
energía. Tema fundamental que supera el considerar
la cantidad de energía e incluso su fuente de origen,
pues resulta poco conveniente desde la perspectiva
ecológica y el objetivo de emancipación popular, el
producir energía limpia con el propósito de mantener
el sistema de explotación y de acumulación de
capitales en pocas manos.
Las hipótesis factibles que se presentan son dos: la
energía será para los grandes proyectos
extractivistas (en el caso del Ecuador además para
universalizar las cocinas de inducción como forma
de uso del superávit) o, la energía será para
exportarla a las potencias del Norte. Las
dos son válidas y no excluyentes
entre sí. Además, el extractivismo
en última instancia también
benecia a las potencias del
Nor te, sus corporaciones
transnacionales y, por otro
lado, la energía exportable a
partir de grandes represas
puede considerarse como
otra forma de extractivismo.
En la hipótesis ligada directamente
a la explotación de grandes
volúmenes de recursos naturales
(una de las características del
10
extractivismo), hay que recordar que la minería a
gran escala no se realizará sin grandes volúmenes
de agua y un importante consumo de electricidad.
De manera que, realmente se debe generar más
electricidad para esas empresas, lo que implica que
las hidroeléctricas no necesariamente están
vinculadas a un cambio en la matriz productiva sino
que pueden sustentar el extractivismo y el viejo
modelo de acumulación igual como lo han hecho los
hidrocarburos.
En el segundo caso, se entiende con facilidad la
entrega de energía a Brasil, potencia regional
emergente, mientras no cubra sus propias
necesidades energéticas, tal como lo tiene
planteado. Lo que parecía muy lejano es el poder
enviar esa energía a Estados Unidos y Canadá, pero
la barrera que suponía la región del Darién en
Panamá, a pesar de las dicultades geográcas será
superada en poco tiempo.
La Organización Latinoamericana de Energía
(OLADE) evidencia que: “En la actualidad, se
pueden distinguir 4 subregiones eléctricamente
interconectadas en América Latina y el Caribe: la
primera, formada por México interconectado con
América Central a través de Guatemala y Belice y la
interconexión interna de América Central; una
segunda subregión, la constituyen los países del
área Andina, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú;
la tercera subregión está denida por la
interconexión entre Argentina y Chile; y la cuarta por
los países del Merco Sur: Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay. A estas 4
subregiones interconectadas, hay que
agregar interconexión existente
entre Venezuela y Brasil”
(OLADE, 2011).
Con esta realidad y los
nuevos planes de
interconexión, desde Estados
Unidos ya se preparan a
aprovechar la electricidad
que generen los países
latinoamericanos. Para ello, ya
está proyectada la interconexión
entre Colombia y Panamá, que
integrará a Centro y Sur América, con
una línea que contará con un tramo terrestre y otro
marítimo con una inversión de unos 450 millones de
dólares norteamericanos (OLADE, 2011). Los
gobiernos de los respectivos países rmaron ya un
acuerdo al respecto (Proyecto Mesoamérica de
Integración y Desarrollo), aunque por lo pronto,
Panamá lo pospondría por razones económicas
(EFE, 2013), dejando abierta la posibilidad de
buscar un nuevo socio para cubrir la inversión
necesaria (El Universal, 2013).
interconectado, con oportunidades espectaculares
de empleos en Estados Unidos, intereses
comerciales, desarrollo económico y la seguridad
energética ligada a perspectivas políticas en
Canadá, México, Venezuela, el Caribe y más allá…
Todas estas actividades son críticas para lograr
nuestra propia seguridad energética, así como para
un mayor desarrollo económico, acceso a la energía
y estabilidad para un futuro más fuerte, más seguro
y más próspero para las Américas”.
El volumen de energía a la que el imperialismo
norteamericano pretende acceder, puede tener
magnitudes enormes. En un reciente estudio del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2013), se
establece que el potencial de energía renovable de
América Latina y el Caribe para 2030, es suciente
para cubrir más de 22 veces la demanda eléctrica
proyectada hacia ese año. En otras palabras, los
recursos solares, geotérmicos, mareomotrices,
eólicos, y la biomasa disponibles en esta región
podrían producir hasta 80 petavatios/hora de
electricidad, cuando hoy la región consume apenas
1,3 petavatios/hora de electricidad. Y para el 2030
requeriría entre 2,5 a 3,3 petavatios/hora.
La enorme potencialidad, sin contar con otras
fuentes de generación ya presentes en la región, es
vista como una impor tante posibilidad de
exportación.
Las consideraciones geopolíticas del documento
son múltiples, incluyendo su preocupación por la
trascendencia solidaria de Petrocaribe y la
“dependencia” en Venezuela de varios países
(nunca ven mal la dependencia real ante Estados
Unidos), o el crecimiento de inuencia de Brasil y el
peso de Argentina como posible tercer poseedor de
reservas de shale gas (también conocido como gas
de esquisto o gas pizarra, por encontrarse a grandes
profundidades en formaciones de este tipo de
rocas).
Los planes del gobierno norteamericano
Con lo señalado anteriormente, la sorpresa es
menor al conocer que el 11 de abril de 2013, Carlos
Pascual, jefe de Energía del Departamento de
Estado norteamericano, presentó a la Cámara de
Representantes de Estados Unidos un documento
(Pascual, 2013) donde detalla el proyecto
denominado “Connecting the Americas”, en el que
las empresas de su país, “desde la frontera con
México, hasta la Tierra del Fuego“, pueden
establecer un sistema eléctrico, que representa un
negocio de 1,4 billones (millones de millones) de
dólares.
En palabras de Carlos Pascual:
“Fundamentalmente, el panorama de la energía en el
hemisferio occidental es profundamente complejo e
Un documento que puede considerarse
complementario, es la presentación realizada por el
mismo Carlos Pascual en el Woodrow Wilson Center
en mayo de 2012 (Pascual, 2012). Allí plantea como
objetivos de la política norteamericana: dirigir la
geopolítica de la energía (incluyendo “mercados
dinámicos” y “fronteras energéticas”); estimular
mercados para la transformación energética
(privatización, como la que acaba de ocurrir en
México); y transparencia, gobernanza y acceso a la
energía (a partir de servicios privados, se entiende).
No duda en presentar las interconexiones que
unirían a toda América Latina con Estados Unidos y
Canadá, las cuales deberían estar operables para
2020, año proyectado del Conecting the Americas.
¿Vamos a producir más energía eléctrica para
garantizar la “seguridad energética” de Estados
Unidos? Esa es una pregunta que no se plantean los
gobiernos extractivistas de la región. Insisten en que
se exportará electricidad, pero no se dice para quién
y con qué nes. Sin embargo, el extractivismo nos
ubica geopolíticamente como proveedores de
materias primas y recursos demandados por las
potencias capitalistas. Esa es la pista fundamental
para encontrar la respuesta correcta.
11
Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo:
cuando el bien común se confunde con el amiguismo
María Jesús Martínez1 y Felipe Tapia2
Foto: Miguel Hechenleitner
G
obierno tras gobierno, Chile ha buscado
posicionarse como un país estable y seguro
para los inversionistas. Para ello, se ha
empeñado en demostrarle a las “grandes
potencias” mundiales que Chile es una
excelente opción dentro de los países de
América Latina. Pertenecer a un grupo
selecto en el orden mundial, como la OCDE3
por ejemplo, es uno de los principales
objetivos para la clase gobernante; quienes
buscan proyectar una imagen de país
“exitoso”.
En la práctica, este afán de quienes dicen gobernar
el país, ha tenido consecuencias importantes, ya
que ha implicado direccionar el “desarrollo” hacia lo
que las potencias demandan, a como dé lugar.
Sumado a esto está el contexto interno de lo
nacional, que reproduce las mismas lógicas
mundiales de desigualdad, como consecuencia de
un formato político desgastado y por sobre todo,
enlodado por los intereses económicos de unos
pocos. Los grandes grupos económicos han sido
favorecidos históricamente por la clase política de
nuestro largo y angosto país. Existe un cruce, una
unión casi marital, más fuerte que cualquier lazo que
han logrado fortalecer para su benecio acaparando
y concentrando las riquezas, en el amplio sentido de
la palabra, de esta nación.
Hoy esta íntima relación estatal-corporativa, queda
de maniesto en el manejo de los recursos
1. Licenciada de Geografía, miembro de la iniciativa AguasLibres.com y activista de la Red Metropolitana No Alto Maipo.
Contacto: [email protected].
2. Abogado, MSc en Gobernanza de Riesgos y Recursos. Académico de la Universidad Mayor (Chile) y exalumno del Curso
Justicia Hídrica (2013). Contacto: [email protected].
3.Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
12
naturales, donde se observa un literal “saqueo
medioambiental”. Éste se ejemplica en una mega
minería contaminante y avasalladora de los
recursos hídricos, en la agro industria acaparadora
de tierras, en el modelo forestal que arrasa con el
bosque nativo y su biodiversidad y despoja de
tierras a comunidades indígenas, en la
concentración de los recursos marítimos y
contaminación del fondo marino, en una matriz
energética monopolizada, carbonizada,
depredadora de nuestros ríos y valles con el
aumento progresivo de hidroeléctricas, en la
violencia hacia los pueblos originarios
despojándolos de sus tierras y cultura, en las
constantes iniciativas por acabar con el
campesinado y la soberanía alimentaria. En suma,
ejerciendo una violencia implícita (y
lamentablemente física en cier tos territorios
militarizados por levantar la voz) hacia las
comunidades y los ecosistemas.
En materia de aguas, uno de los proyectos
emblemáticos y más cuestionados para la
generación de hidroelectricidad es el Proyecto
Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) de la
transnacional norteamaericana Aes Gener y el
Gr upo Luksic (dueños del 60% y 40%
respectivamente). Este caso es digno de
análisis puesto que es un el ejemplo de
cómo se desvir túa la institucionalidad
ambiental para favorecer a las empresas
bajo una clara y evidente red de poder.
Institucionalidad que pareciera ser un traje a
la medida para éstas.
El PHAM es un mega proyecto, ingresado
bajo el título de “central de pasada”, que se
localiza en la zona alta de la cuenca del río
Maipo. Esta cuenca es una de las más
importantes del país, ya que alberga y
abastece a más de 6 millones de habitantes
en la Región Metropolitana de Santiago.
Volcán y Colorado 1.800.000 m³ de agua) para
conducirlas por un túnel subterráneo (pasando bajo
glaciares) de 70 km de largo para devolver las aguas
en un cuarto río (Maipo) y dadas la curvatura de éste
en su trayecto, son devueltas 100 km aguas abajo
del punto de captación; lo que se entiende como un
trasvase de cuenca deserticando más de 100.000
ha solo en el área directa de impacto (determinado
por la misma empresa porque así el sistema lo
permite), ya que aguas abajo los impactos no fueron
considerados ni previstos como importantes para
las autoridades, aun cuando, por ejemplo, el
impacto en la infraestructura vial sobre el lecho del
río (como puentes) de dicha zona no fue evaluado.
Las organizaciones socioambientales han
denunciado que el PHAM generará impactos
irreversibles sobre la cuenca estratégica de la
capital. Sin embargo, la ciudadanía ha visto cómo la
“puerta giratoria” entre el mundo público y privado
opera; ya es común ver a funcionarios que luego de
trabajar para distintos gobiernos, ahora lo hacen
dentro del mencionado proyecto, teniendo en
muchos casos acceso a información privilegiada,
de ahí la desconanza del mundo social ante los
representantes de máxima autoridad como los
ministerios4.
Fuente: http://www.lanacion.cl/c
entral-alto-maipo-trabajadores-del
turismo-piden-frenar-proyecto/noti
cias/2012-02-07/205833.html
Busca captar las aguas de 3 ríos (Yeso,
4. Ejemplo de esto es Jorge Rodríguez Grossi ex triministro de minería, energía y economía en el gobierno de Ricardo Lagos hoy
Presidente del Directorio de Alto Maipo y a partir de octubre pasará a ser parte del directorio del Banco Estado, nancista de Alto
Maipo; y la ex Directora Nacional de Conaf Catalina Bau, quién presionó a la Directora Regional María Teresa Latorre para que los
informes, en un comienzo desfavorables para el proyecto, obtuvieran el permiso nal dentro del proceso de aprobación. Catalina
Bau es casada con Enrique Correa, conocido lobista de la Concertación (Nueva Mayoría) y dueño de la Consultora Imaginación,
empresa que realizó estudios de mercado para Alto Maipo.
13
B
achelet amparó este cuestionado proyecto como una de sus políticas de estado. Es así como el
Ministro de Energía Máximo Pacheco, a nombre de todo el Gobierno, señaló públicamente el apoyo a
Alto Maipo por “tener todos sus permisos al día y cumplir con la legislación ambiental”5, sin
considerar realmente los profundos cuestionamientos, dejando claro que en Chile instancias como el
Servicio de Evaluación Ambiental (aprobación/rechazo de proyectos) y la Superintendencia del Medio
Ambiente (fiscalización de proyectos) parecieran ser un mero adorno y por lo demás, poco efectivas.
Declaraciones como la antes mencionada, siembran aún más interrogantes en la poco transparente relación
Estado-Empresas. Es interesante observar que el Grupo Luksic es uno de los principales nancistas de las
campañas políticas del ocialismo, además de tener un fuerte lazo de amistad con el actual ministro de
Energía6.
En este escenario surge la resistencia por parte de las comunidades y organizaciones, quienes buscan
justicia y ser escuchados. La ciudadanía ha entendido, poco a poco, que defender sus territorios es una
lucha de largo aliento y lo más importante, que es una lucha por la vida.
AGUA
VIDA
5. El Mostrador (2014) Gobierno da su respaldo al resistido proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. 3 de septiembre de 2014. [en
línea] http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/03/gobierno-da-su-respaldo-al-resistido-proyecto-hidroelectrico-alto-maipo/
6. Ver El Mostrador (2015) Las extensas redes de Andrónico Luksic en la Nueva Mayoría [en línea]
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/11/las-extensas-redes-de-andronico-luksic-en-la-nueva-mayoria/
14
Notas Informativas
Visualizando la esperanza en nuestras prácticas:
Curso taller Agua, territorios de vida
(Medellin 10 al 12 de abril de 2015)
Andrés Jiménez Gómez1 y Jenni Perdomo2. Nodo Justicia Hídrica Medellín
L
a creciente explosión y agudización de conictos
socioambientales en torno al signicado, acceso,
uso, apropiación y distribución del agua nos exigen
pensar en alternativas a la crisis ambiental y
civilizatoria que vivimos. La implementación de
proyectos de desarrollo extractivo que reprimarizan
nuestras economías, degredan ecosistemas,
amenazan la biosociodiversidad y despojan a las
comunidades locales, evidencian la necesidad de
problematizar la unidimensionalidad de las ideas de
desarrollo y bienestar, así como cuestionar la
mercantilización de la vida y el agua.
En Latinoamérica, las luchas de las comunidades
articuladas en el 2000 por la coordinadora del Agua en
Cochabamba (Bolivia) contra la privatización del agua, la
resistencia frente a la construcción de grandes represas
hidroeléctricas en Colombia y Brasil, las grandes
movilizaciones sociales en contra de la extracción de
minerales de las cabeceras de cuenca en Chile,
Argentina, Perú y México,
son ejemplos que
demuestran la urgencia de
juntarnos a senti-pensar de
manera horizontal y
creativa cómo podemos
transformar estas
relaciones asimétricas que
amenazan la soberanía
alimentaria, el patrimonio
ambiental, histórico y
cultural y nuestras formas
de habitar el mundo. Vemos
necesario desplegar
ejercicios de encuentro, debate y transformación que nos
permitan concebir y visualizar de manera colectiva
relaciones alter-nativas justas entre sociedad –
naturaleza, que reestructeren los ámbitos políticos,
económicos, culturales, y posibiliten la reapropiación
colectiva de nuestras vidas y sus futuros.
Como un paso más en este caminar, durante los días, 10,
11 y 12 de abril, de 2015, se realizó en la ciudad de
Medellín, el Curso-Taller “Agua: Territorios de Vida”,
organizado por el Nodo de Justicia Hídrica de esta
ciudad3. En este espacio, se congregaron hombres y
mujeres líderes, integrantes de movimientos sociales,
activistas, estudiantes, docentes e investigadores,
quienes conversaron alrededor de las in-justicias que
viven frente al agua en sus territorios, con el objetivo de
generar redes y alianzas que permitan fortalecer los
procesos sociales de resistencia, las apuestas otras de
“buena vida” y el encuentro para el tejer colectivo. En ese
sentido, este
curso-taller ofreció un
espacio en el que, a través
del diálogo y el intercambio
de saberes, se
c o m p a r t i e r o n
epistemologías diferentes
a las que sustentan el
modelo de desarrollo
hegemónico y se buscó
potenciar procesos que
propendan por la
construcción de justicia
hídrica en los territorios
de los participantes.
1. Antropólogo integrante del grupo de investigación RERDSA INER, Universidad de Antioquia (Colombia) y Estudiante Maestria
Gestión Sustentable del Agua, Colegio de San Luis (México). Correo: [email protected].
2. Estudiante de la Maestría en Estudios Socioespaciales, grupo Estudios del Territorio, Instituto de Estudios Regionales INER,
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Correo electrónico: [email protected]
3. La propuesta de este curso-taller se desprende del trabajo y las sinergias establecidas por un grupo de investigadores y
estudiantes que se conocieron en el contexto del curso “Justicia Hídrica; ¿Cómo analizar y comprender los procesos de
acumulación de derechos de agua y la proliferación de los conictos hídricos?”, realizado en la ciudad del Cusco - Perú por la
Alianza Justicia Hídrica en 2013.
15
al Agua - Vida inicio curso
Foto: Alvaro Restrepo, Ritu
Entre las organizaciones que participaron en el
curso están la Red Tejiendo Páramos (Zona Centro,
Cundinamarca), Ríos Vivos (Noroccidente de
Antioquia), el Cinturón Occidental Ambiental
(suroeste antioqueño: Caramanta, Tamesis, Jerico,
Pueblorrico), la Organización Indigena de Antioquia,
la Licenciatura en Pedagogías de la Madre Tierra
(Universidad de Antioquia), la Corporacion Natybos
(San Carlos), Vigías del Río Dormilón (San Luis), la
Corporación Jurídica Libertad, Movete (Movimiento
social por la defensa del territorio y la vida en el
oriente antioqueño), los pueblos Gunadule y Zenú (El
Bagre y Caucasia) , la Asociación de Acueductos
Comunitarios de Antioquia (ADACA), Centro Cultural
de las Colinas – CECUCOL (Valle del Cauca), Mesa
Interbarrial de Desconectados (Medellín), Tribunal
DESC de Mujeres (Medellín), Asociación de Mujeres
de Bolombolo, Censat Agua Viva y algunos invitados
internacionales de México y Perú.
Las diferentes organizaciones, líderes y
movimientos compartieron sus experiencias de
movilización y las estrategias de defensa territorial
desarrolladas localmente. Así por ejemplo, “Pacho”
Salazar de la Asociación de Mineros Tradicionales
contó lo que sucedía en Buritica con la llegada de la
multinacional Continental Gold a su municipio y la
militarización y constante criminalización a las
economias de subsistencia de los mineros
16
taller, Abril 2015.
tradicionales de esta región del Rio Cauca. Don
Alfonso Patiño, compar tió la experiencia de
resistencia frente a la minería a gran escala de ASAP
Caramanta, el proceso de fortalecimientro de las
economías campesinas a partir de la agroecología y
su articulación regional en el Cinturon Occidental
Ambiental. Ruby Rondón de la Asociación Arcoiris
(Sonsón) y Abel Osorio de Manzanares (Caldas)
hablaron sobre las problemáticas de los municipios
cercanos al Páramo de Sonsón: proyectos
hidroeléctricos de diversa índole y la solicitud de
títulos para minería de oro. Además, Don Ivan
González con Paola Rivas de la Mesa Interbarrial de
Desconectados, presentaron su experiencia en los
procesos de construcción barrial comunitaria en la
lucha por vida diga y ser vicios públicos
domicialirios de calidad, especícamente del barrio
Las Independencias, en la comuna 13 (Medellín).
También Miguel Henao de ADACA socializó la
propuesta de ley propia de gestión comunitaria del
agua que han construido desde la articulación de
procesos a nivel nacional, Carlos Olaya de la
Corporación Natybos de San Carlos nos hizo una
profunda reexión sobre el negocio de la
hidroenergía y el despojo que generan, y Humberto
Pino de Ríos Vivos Antioquia, expuso las
alter nativas energéticas que han venido
desarrollando en sus territorios.
Tambien contamos con la presentación de
conceptos y/o perspectivas que ayudaron a
comprender las dinámicas que se viven en los
territorios: Mourik Bueno de Mesquita nos realizó
una exposición sobre la injusticia hídrica en América
Latina; Angelica Serna comentó las ideas criticas
sobre el “desarrollo”; Denisse Roca Servat presentó
la Ecologia política del Agua; Danilo Urrea de Censat
Agua Viva explicó como funciona la acumulación
por desposesión; Yulieth Hillón habló sobre
pluralidad jurídica y el agua; Elkin Ramirez de la
Corporación Jurídica Liber tad planteó la
criminalización en las luchas socioambientales que
han tenido diversos procesos y, nalmente, las
compañeras del Tribunal DESC de mujeres contaron
su experiencia en defensa del agua en la Comuna 8
de Medellín, especícamente en Golondrinas y
Llanadas.
Como un ejercicio colectivo de reconocimiento de
problemáticas territoriales, realizamos cartografías
sociales sobre las amenazas y actividades
extractivas (minería, hidroeléctricas, monocultivos,
agroindustrias, ganadería extensiva, acaparamiento
de tierras y autopistas, etc.) que están llegando a los
territorios y las resistencias y estrategias de defensa
territorial que se han implementado (movilización,
agroecología, encuentros y foros, recorridos y
mapeos territoriales, escuelas y pedagogías
propias, comunicación, etc.). La apuesta
metodológica permitió la visualización a nivel
regional de los multiples actores, estrategias y
riesgos que se despliegan en los territorios y
posibilitó el reconocimiento de los
puntos y estrategias comunes que las
comunidades están realizando.
Las organizaciones, procesos y
movimientos que asitimos al
encuentro identicamos que hemos
desplegado estrategias similares para
la defensa territorial, aunque cada una
adaptada a nuestros contextos. Hemos
encontrado en la practica y en nuestras
reexiones que la articulación de los
mecanismos legislados y no
legislados, la implementación de
procesos de (auto)formación, escuelas
y encuentros subregionales ligados a
procesos de movilización legal y acciones directas
comunitarias han logrado visibilizar las resistencias,
poner en la agenda colectiva el tema de las
propuestas de permanencia territorial y generado en
nuestros cuerpos esperanzas por sabernos
acompañados en un camino plegado de asimetrías,
violencias históricas e inequidades inaceptables.
El encuentro en el Curso Taller nos posibilitó la
escenicación de saberes y haceres que, paralelos y
en diálogo con los conocimientos académicos,
nutrieron la polifonía de aprendizajes que en cada
uno de los espacios surgieron a partir del compartir
solidario. Si bien los relatos de despojo,
connamiento y expulsión que recorren al país se
hicieron también presentes, en especial, en palabras
de los participantes del Pueblo Zenú y sus múltiples
afectaciones por la ebre del oro y las violencias que
viven sus territorios, en el continuo desplazamiento
de los integrantes del Movimiento Rios Vivos
Antioquia afectados por la construcción de
Hidroituango o en los habitantes del oriente
antioqueño que luego de lograr permanecer en sus
territorios después de la violencia de la última
década, hoy son revictimizados por nuevas
modalidades de despojo ligadas al extractivismo,
tambien emergieron palabras de esperanza y
alegría a partir de la identicación de que no
estamos solos, que las comunidades resisten y se
reinventan en todos los rincones donde construyen
planes de vida y autodeterminación para la
permanencia territorial.
os
ndo car tografía de conict
ajo en grupos elabora
Foto: Alvaro Restrepo, Trab
y alternativas, Abril 2015.
17
AGUAnta: Encuentro por la Defensa del Agua
(San Carlos – Antioquia)
Por: John Duque1 y Red de Acción Frente al Extractivismo2
s Antioquia
Foto: Andrea Echeverri Sierra, San Carlo
El 22 de marzo de 2015 se realizó en San Carlos (Antioquia - Colombia) “AGUAnta. Encuentro por
la Defensa del Agua”, en el cual se discutieron temas como la geopolítica del agua y el
otorgamiento de una ilegitima licencia ambiental para la hidroeléctrica Porvenir II. De igual
manera, se visibilizaron alternativas ambientales, evidenciando así la necesidad de un cambio en
el modelo económico y el modo de vida que aparece como principal amenaza para el planeta.
E
l sistema hídrico del oriente antioqueño aporta
casi el 30 % del caudal del río Magdalena a su
paso por el departamento y alrededor del 30%
de la energía eléctrica al sistema
interconectado nacional. Esta región esta
conformada por tierras regadas por grandes
cuencas que uyen en las zonas montañosa
de la cordillera central donde conuyen los
cañones del río Magdalena, como el Nus, San
Carlos, Samaná norte y sur, Cocorná Sur,
Guatapé, Nare, Calderas, Melcocho, Santo
Domingo, Rio Verde y Tafetanes, entre otros.
Estos ecosistemas y ríos se encuentran
amenazados por el boom de microcentrales y
la proliferación de títulos mineros.
En San Carlos, llamado por sus habitantes “la
costica dulce del oriente antioqueño”, el 70% del
territorio esta solicitado para minería y proyectan
represar el río Samaná con el proyecto
hidroeléctrico Porvenir II.
Una invitación constante durante el Encuentro fue
re-pensarnos en varias dimensiones, como lo
expresaba uno de los expositores: “debemos partir
de un punto de vista diferente: no nos relacionamos
con el agua, somos básicamente agua. Ella hilvana a
través de sus incesantes movimientos, ujos y
ciclos, los componentes esenciales que hacen
posible la vida. En el ciclo del agua se evidencian
todas las contradicciones y desigualdades sociales,
las asimetrías de poder y las violencias
estructurantes del modelo hegemónico”.
1. Comunicador popular, Medellín – Colombia.
2. Proceso de articulación de diversos colectivos que trabaja desde el 2009 en tres líneas en el departamento de Antioquia:
formación para la defensa territorial, acompañamiento a las acciones de las comunidades afectadas por el extractivismo y
generación comunicación desde y para las comunidades urbanas y rurales. Correo: [email protected]
18
Geopolítica del agua:
El problema es el modelo económico
capitalista que es hidroenergointensivo
Del agua que hay en todo el planeta un 3% sería
dulce, pero de esta cantidad, solo el 1% estaría
disponible para el consumo humano. Además esa
poca agua se encuentra muy mal distribuida:
mientras 748 millones de personas no tienen
acceso, hay un consumo en aumento de las
grandes empresas, y consumidores urbanos y
existe una gran diferencia entre los consumidores
de lo que llaman “primer mundo” y los del llamado
“tercer mundo”. No solo el aumento de la población
amenaza la distribución del agua, también las
diferencias de consumo entre países y regiones. Por
ejemplo, como señalo uno de los expositores de la
Red de Acción Frente al Extractivismo “en Canadá
de 1971 a 1991 la población creció un 3% sin
embargo su consumo de agua creció 80%; además
un habitante urbano consume 3 veces más que un
campesino”.
Una de las intervenciones en AGUAnta de una
compañera de la Red de Acción nos deja algo para
pensar en relación a la denición y tratamiento del
agua como “recurso” operando como “renovable”:
“Si lo que hacemos es imponer unos ciclos
económicos sobre unos ciclos ecológicos, el agua
no tiene tiempo de renovarse”. Con el pago de
trasferencias y regalías por lo que llaman “recursos
naturales”, las empresas hacen “un desastre
terrible” pero entregan algo de plata “para intentar
limpiar la imagen corporativa y hacer más rentable la
extracción”.
El expositor de la Red de Acción señala cómo “el
modelo económico en que estamos es
hidroenergointensivo, o sea necesita grandes
cantidades de agua y energía para poder funcionar”
y como a través de este “estamos acabando con las
bases en que sustenta la vida, como la soberanía
alimentaria, la soberanía hídrica, la soberanía
territorial”. Según menciona el compañero “los
proyectos extractivos que se desarrollan en las
últimas décadas, tienden a basarse en el
Manifestación en contra de la licencia a PCH la Chorrera.
San Carlos, Antioquia.
dislocamiento del lugar de la extracción y el lugar de
consumo”, o sea, extraen de un lugar materia prima
que será consumida en otro lugar, quedando los
problemas en donde extraen.
En Suramérica, continúan los compañeros de la
Red, “tenemos una suer te de imperialismo
energético con Brasil”, especialmente en los países
amazónicos. Perú es asediado con gran cantidad de
represas para la energía de Brasil y en Colombia
están planteando la construcción de una carretera
que pasando por el Sibundoy (Putumayo), conecte
Buenaventura con Manaos. Esto hace parte de un
proyecto que de IIRSA pasó a llamarse COSIPLAN
(Consejo Suramericano de Infraestructura y
Planeamiento). “Si bien hay países (Ecuador, Brasil
o Venezuela) que uno piensa que actuarían un poco
diferente por sus gobiernos “progresistas”, han
seguido la misma agenda política neoliberal a nivel
energético”.
Colombia tiene interconexión energética con países
vecinos y piensa exportar energía a Centroamérica y
EEUU, mientras que al interior existe desigualdad en
la distribución del agua, y la privatización de la
gestión del agua ha conducido a problemas de
militarización, despojo territorial, dicultades en la
disponibilidad y el acceso a agua y energía3. Como
señalaba un compañero de la Corporación Jurídica
Libertad “Si bien EPM (Empresas Publicas de
Medellín) tiene mucha agua en varias de sus
represas, por ejemplo, en la comuna 8 de Medellín
3. Algunas páginas que pueden ayudar a entender estos impactos desde los proceso organizativos
https://descolonizandolajagua.wordpress.com/; http://debatehidroituango.blogspot.mx/; https://defensaterritorios.wordpress.com/;
http://moveteoriente.blogspot.mx/
19
hay barrios como el Faro, 13 de Noviembre, Altos
de la Torre, El Pacico y Llanaditas sin agua y sin
disponibilidad de redes. Y aunque existieran redes,
muchos no accederían por no poder pagar las altas
tarifas. En el marco de los Planes Departamentales
de Agua, más que potabilizando están privatizando
el ciclo del agua. Los planes departamentales de
agua acaban con los acueductos comunitarios y los
procesos organizativos entorno al agua”.También
se habló del “agua virtual”, que es la utilizada en el
proceso de producción de las mercancías que
usamos (Ej. cámaras, computadores, ropa, etc.).
Como señalaba un habitante de San Carlos “El
banano exportado se lleva también el agua usada
para producirlo y pasa igual con el oro, la carne (se
utiliza 20.000 lts de agua para producir un kilo de
pollo o 15.000 para uno de res)” o el chocolate (se
utiliza 2.400 litros de agua para 100 grs de
chocolate). Desafor tunadamente “estamos
dándolo todo por esa riqueza virtual para perder una
riqueza concreta que son los suelos y el agua que es
lo que tenemos y de lo que depende la vida”.
Proyecto hidroeléctrico Porvenir II:
“La extracción de “riqueza hídrica”
le ha causado daños irreparables a San Carlos”
En San Carlos muchos ya han pasado de ser
guardianes del alimento (café, maíz, caña, yuca,
fríjol, plátano, piña) a ser guardianes de
infraestr uctura, han debido negociar su
desplazamiento bajo una inmensa presión para que
vendieran o desalojaran tierras para nutrir las
hidroeléctricas de EPM como Playas (201 MW), y
de ISAGEN como Calderas (26 MW), Jaguas (170
MW), y San Carlos (1.240 MW) que es la de mayor
capacidad instalada en el país.
Son miles de megawatts de horror en embalses
como Punchiná –hidroeléctrica San Carlos- que se
convirtieron en fosa del movimiento cívico y
campesino dada la tradición de movilización frente
a la construcción e implicaciones de las represas
–según dirían historiadores locales-. La ANLA
–Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-,
que posiblemente entregará a Hydrochina el río
Magdalena para la construcción de 16 represas y la
navegación de grandes convoys con mercancía,
20
expidió en febrero la licencia ambiental del proyecto
hidroeléctrico Porvenir II –represando el río Samaná
norte-, a pesar de que el año pasado en la audiencia
pública ambiental las comunidades afectadas de
San Luis, San Carlos y Puer to Nare,
mayoritariamente se expresaron en contra del
otorgamiento de la licencia.
Esta licencia, como analiza un abogado de la
Corporación Jurídica Libertad (CJL), “se otorga por
50 años, que son muy pocos años produciendo
energía comparado a los daños devastadores sobre
el territorio”. El Samaná Norte en su recorrido es un
eje estructurante de la zona de Bosques Húmedos
Tropicales; nace en la convergencia de Sonsón,
Carmen de Viboral y San Francisco y recorre
además territorios de Cocorná, San Luis, San Carlos
y Caracolí, donde se encuentra con los ríos Nare y
Nus para desembocar en el Magdalena.
Imaginemos entonces el gran daño ambiental.
Encima de eso, continua el compañero de la CJL, “el
estado colombiano ha autorizado a Proesas
(Producción de Energía S.A.S.) propiedad de Celsia
- perteneciente al grupo empresarial antioqueño- a
no tener que desmontar la represa” aunque -de
acuerdo con los estudios que reconoce la misma
licencia- “a los 50 años el nivel de sedimentación
acumulado estará 4 ms por encima de la cota
máxima de estancamiento del embalse que es
alrededor de 395 m.s.n.m”.
Esos niveles de sedimentación -materia podridatraerían nuevos microcambios climáticos en esta
zona que ha vivido el aumento de la radiación solar
(los rayos del sol normalmente minimizados por la
capa vegetal, se devuelven o reejan en los
embalses) e inundaciones graves en temporada de
lluvias cuando descargan el exceso de agua que
termina por romper los diques. En una ocasión un
campesino del corregimiento Samaná, desplazado
ya del caserío Puerto Belo por el embalse Punchiná,
reportó que “en Samaná mueren entre 40 o 50 reses
anuales por las tormentas eléctricas que crean los
espejos de agua de la región”.
Otro tema que preocupa es la posible presencia de
restos de personas desaparecidas en el área que
inundaría Porvenir II. Algunas familias desplazadas
por la violencia de la década
pasada vendieron ya sus tierras en
Samaná y la ganadería ha ido
desalojando la agricultura y los
bosques. De concretarse la planta
de energía Porvenir II seguiría
inundándose esta región con el
“desarrollo que descompone el
campesinado para entregar la tierra
a la ganadería, a monocultivos, o al
represamiento de los ríos”4.
Por una gestión del agua y
de la tierra menos agresiva
con la naturaleza
Como formas de alternativas
ecológicas y de conservación
desde las comunidades se
mencionaron la permacultura, los
biodigestores y el diseño de ncas
familiares de Asproinca en
Riosucio (Caldas), energías
renovables, tecnologías
apropiadas (sin depender de gran
tecnología e inversiones),
recuperación de la cultura
ancestral (ej. los Zenues
manejaban canales de riego para
los cultivos y para evitar
inundaciones; existieron las
chinampas, especie de
plataformas sobre lagos). Una
experiencia local es la Casa de la
Juventud que trabaja en red con
organizaciones ambientales y en
procesos como el Proyecto
Ambiental la Casa (donde hay una
huerta) y el Proyecto Ambiental el
Barrio, sensibilizando sobre
residuos orgánicos, tóxicos y así
mismo salidas a la piedra el tabor y
otras reservas.
Otra intervención del Colectivo
Pacha Mama en Aguanta incita a
Foto: Juan Camilo Gaviria.
Paseo a la Cascada, municipio de San
Carlo
s.
“articular este tipo de acciones que ya se han logrado al tema de la
gestión del agua”, articular “todas esas comunidades que por
ausencia del estado han encontrado -además de acueductos
comunitarios- formas novedosas de gestionar el territorio y el agua”.
Así mismo “reconocerles como patrimonio de cada una de las
localidades”, sobre todo ante la actual política de privatización del
gobierno con los planes departamentales de agua y aguas para la
prosperidad en la zona rural.
4. Siembro mi or en el jardín de la memoria. Alianza Medellín-San Carlos en su proyecto Piloto: Retorno Colectivo de Población
desplazada. En: http://es.slideshare.net/conciudadania/siembro-mi-or-en-el-jardin-de-la-memoria Consultado 10/07/2015.
21
Visiones indígenas sobre el impacto del
proyecto de la represa Xalalá a los derechos
humanos de los pueblos indígenas en Guatemala
a en cuenta.
“Es un problema que el Estado no nos tom
Es opinión de toda mi comunidad.
familia,
Supuestamente es un desarrollo para cada
Xalalá]”
ecto
pero no para todos, trae muerte [el proy
Por: Lieselotte Viaene1
Autoridad q’eqchi’
Foto: Lieselotte Viaene, Entrega e informe a autoridades comunitarias región Nimlaha´kok, Marzo 2015.
E
n marzo de este año, se realizó una gira de presentaciones en Guatemala del informe de investigación
“La hidroeléctrica Xalalá en territorio indígena maya q’eqchi’ de Guatemala. ¿Qué pasará con nuestra
tierra y agua sagradas? Un análisis antropológico-jurídico de los derechos humanos amenazados”.
En diferentes espacios, se presentaron y discutieron los hallazgos tanto con las comunidades indígenas
potencialmente afectadas, como con la sociedad civil local y nacional, y los actores estatales clave2.
1. Investigadora post-doctoral asociada, Centro de Derechos Humanos, Universidad de Gante (Bélgica). Lieselotte Viaene es una
antropóloga belga, con PhD en Derecho (2011), especializada en justicia transicional, derechos humanos multiculturales,
pluralismo jurídico, derechos de los pueblos indígenas y mega proyectos energéticos y extractivos, con amplia experiencia en
Guatemala, Ecuador y Perú.
2. La investigación fue patrocinada por el Departamento Norte-Sur de la Municipalidad de Herent (Bélgica) que tiene desde 2000
un hermanamiento con las microrregiones de Nimlaha’kok y Nimlasachal de la municipalidad de Cobán, Alta Verapaz. Ambas
regios pertenecen a la zona de inuencia del proyecto hidroeléctrico Xalalá. También contó con el apoyo institucional del Centro
de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gante (Bélgica).
22
Este proyecto energético ubicado en la
frontera entre los departamentos de Alta
Verapaz y El Quiché, contaría con
potencial para generar 181 megawatts
(MW). Si bien el proyecto surge en los
años setenta, durante el conicto armado
interno se cancela su construcción.
Desde 2004, los sucesivos gobiernos
colocan al proyecto en la agenda política
pública para la transformación de la
matriz energética, mediante el uso de
energías renovables. Según el Instituto
Foto: Lieselotte Viaene,
Nacional de la Electricación (INDE), la
Trabajo grupal socialización informe impacto de represa Xalalá, Marzo 2015.
entidad estatal que promueve
históricamente el proyecto, la
hidroeléctrica Xalalá sería la segunda más grande proyectos energéticos y extractivos en sus
territorios. El estudio está fundamentado en una
del país después de Chixoy.
investigación documental y empírica que aplicó la
Hasta hoy en día, el diseño de este mega proyecto triangulación metodológica, entre ellos una misión
no se ha realizado bajo un proceso de consulta por de investigación entre mayo y junio 2014, donde se
parte del Estado de Guatemala con las comunidades reunió con varios actores nacionales, entre ellos el
indígenas maya q’eqchi’ potencialmente afectadas Instituto Nacional de Electricación (INDE), e
para obtener su consentimiento previo, libre e internacionales y se organizó grupos focales,
informado. De hecho, a 20 años de la raticación del talleres y reuniones con autoridades comunitarias,
Convenio 169 de la Organización Internacional de mujeres y ancianos q’eqchi’ potencialmente
Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el afectados. Sobre la base de una visión intercultural
Estado de Guatemala ha omitido cumplir con esta de derechos humanos, este estudio cristaliza
obligación internacional y ha impuesto centenares también una serie de recomendaciones dirigidas al
de proyectos extractivos y energéticos en territorios Estado de Guatemala, inversionistas y la
indígenas maya con el argumento de que son clave cooperación internacional.
para la inversión social, el desarrollo económico y la
reducción de la pobreza. Esta omisión y la falta de
información sobre los emprendimientos es el
detonante principal de la alta conictividad social en
Guatemala. Además, el país está viviendo la crisis
política más profunda desde la rma de los
Acuerdos de Paz en 1996 por los escándalos de
corrupción e impunidad a gran escala del actual
gobierno.
El presente artículo busca aportar al entendimiento
de la compleja situación socio-política y legal del
proyecto hidroeléctrico Xalalá desde una
perspectiva de derechos del pueblo indígena maya
q’eqchi’, tanto a nivel nacional como local.
Asimismo, intenta fomentar una discusión abierta y
participativa sobre las obligaciones del Estado de
Guatemala de proteger, respetar y garantizar los
derechos humanos de los pueblos indígenas frente a
El trabajo del INDE en la zona de
influencia del proyecto fomenta la
conflictividad social y el divisionismo en
las comunidades potencialmente afectadas.
Los datos proporcionados por el INDE muestran que
durante la administración del gobierno de Pérez
Molina (2012-2015) se elaboró un nuevo mapa de la
zona de inuencia del proyecto y otro modelo de
gestión diferente a las anteriores políticas públicas
sobre hidroeléctricas. Sin embargo, a pesar de su
constante demanda de información, hasta hoy el
INDE no ha compartido públicamente esta nueva
información y tampoco la visión de desarrollo del
proyecto Xalalá con la población potencialmente
afectada.
23
En esta nueva zona de inuencia, que abarca
alrededor de 220-230 comunidades indígenas en
tres municipios - Cobán, Uspantán e Ixcán – de los
departamentos Alta Verapaz y El Quiché, viven 62
964 personas, de las cuales 95% pertenecen al
grupo indígena maya q’eqchi’. Otro dato importante
es que el INDE reconoce que el 80% de las personas
potencialmente afectadas por este proyecto no
cuentan con la seguridad jurídica de sus tierras. La
población q’eqchi’ ha sido recurrentemente
despojada de sus tierras durante la época colonial,
el periodo liberal, la contra-revolución militar, el
conicto armado interno y los gobiernos
neoliberales que favorecieron a nqueros
extranjeros, militares y empresas nacionales y
transnacionales.
Según el nuevo Modelo de Gestión Integral del INDE,
se caracteriza por una nueva metodología de gestión
social, el respeto de los derechos colectivos e
individuales de los pueblos indígenas, la
par ticipación de las comunidades en la
administración y los benecios del proyecto. Se
enfoca en una comunicación clara y directa con las
comunidades, informa sobre el quehacer del INDE,
comprende la racionalidad de la oposición y tiene
por n hallar puntos de encuentro para un trabajo
común. Además, el INDE desiste también de la
construcción de un gran embalse, como fue el caso
de Chixoy, por su efecto negativo en las
comunidades y el medioambiente, por lo cual,
planea una cadena de tres a cinco represas
medianas sobre el río Chixoy.
Sin embargo, los datos recopilados durante la
misión de investigación demuestran una gran
brecha entre este discurso progresista del INDE y la
realidad local. Por un lado, las comunidades han
denunciado públicamente en varias ocasiones las
presiones sobre sus líderes comunitarios por el
personal del equipo social del I N D E , e l
condicionamiento de proyectos de electricación
rural por la aceptación del proyecto Xalalá y las
amenazas de remilitarizar la zona por la presencia
sorpresiva de efectivos de las fuerzas públicas en su
territorio. Por otro lado, en las entrevistas realizadas
durante la misión de investigación, el INDE negó
estas acusaciones de parte de las comunidades.
Por lo que se concluye que por no aclarar su rol y las
24
actividades en la zona de inuencia del proyecto de
manera transparente y pública, esta institución
estatal está fomentando la conictividad social en
contradicción con los objetivos plasmados en su
nuevo Modelo de Gestión Integral de crear conanza
y respetar los derechos humanos.
Riesgo de nuevas violaciones a los derechos
humanos de los indígenas q’eqchi’
“Igual nos pasó en los ‘80, cuando queríamos
tierra, empezó la guerra.
igual va a pasar ahora.
El INDE no aclara qué problemas va a traer.”
Líder comunitario
La gran mayoría de las personas que viven en la
zona de inuencia del proyecto, no solamente
carecen la seguridad jurídica de sus tierras, sino
también son sobrevivientes de graves violaciones a
los derechos humanos sufridas durante el conicto
armado interno (1960-1996). Es decir, existe un
histórico desequilibrio de poder entre el Estado de
Guatemala y la población q’eqchi’. La construcción
de la represa, una gran “o” en forma de catarata, no
solamente implica el desplazamiento masivo de las
comunidades asentadas a la orilla del río Chixoy por
las inundaciones, sino también la destrucción de
sus tierras fértiles, desagüe y el cambio del ujo de
este gran rio. En esa zona, las familias q’eqchi’ viven
de la agricultura de subsistencia, por lo cual el
proyecto pone también en grave riesgo su seguridad
alimentaria. Es decir, el proyecto Xalalá implicará
graves riesgos de nuevas vulneraciones a sus
derechos fundamentales, lo cual agravará su
situación.
Los datos etnográcos muestran temores y
profundas preocupaciones entre la población
q’eqchi’ potencialmente afectada, que atañan tanto
a derechos colectivos como individuales: los
derechos a la tierra y territorio, el derecho a no ser
desplazado forzosamente, el derecho al agua y la
alimentación y a un nivel de vida adecuado, derecho
a la consulta previa, libre e informada y el derecho a
la identidad cultural.
Foto: Lieselotte Viaene, Carretera hacia territorio de la represa, Marzo 2015.
Asimismo, revelan que los q’eqchi’ de la zona de
inuencia perciben este proyecto como otro nimla
rahilal, una expresión que normalmente usan para
referirse a la violencia sufrida en la época del
conicto armado interno. Es decir, esta población
teme profundamente que el impacto provoque un
nuevo gran dolor y sufrimiento que no solamente
estará localizado a nivel individual físico y
emocional, sino también a nivel colectivo de las
comunidades y en la esfera espiritual. Este temor
constituye una nueva violación de su derecho a la
identidad cultural que, según la Comisión de
Esclarecimiento Histórico (CEH), ya fue vulnerado
durante el conicto armado interno.
Este estudio evidencia que el proyecto Xalalá es otro
ejemplo de campo social minado (Rodríguez
Garavito, 2012), que podría explotar en el futuro si el
Estado guatemalteco no cumple con sus
obligaciones internacionales de respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos colectivos e
individuales de la población que vive en la zona de
inuencia. Además, convertirá a los q’eqchi’ en un
pueblo en constante desplazamiento y permanente
vulneración de sus derechos humanos.
A la vez esta investigación demuestra también la
existencia de otras visiones y concepciones de los
derechos humanos por ejemplo al desarrollo, a la
administración de justicia, al territorio, la vida y el
agua porque son fundamentadas en un marco de
referencia epistemológico y ontológico o
cosmovisión q’eqchi’ muy diferente al de las
interpretaciones convencionales del derecho
internacional. Es decir, el proyecto Xalalá no es
solamente un campo social minado, es
fundamentalmente cultural. Por tal razón, es
imprescindible la interpretación intercultural de los
derechos humanos en dialogo con los q’eqchi’,
como estrategia necesaria para aterrizar las normas
25
universales en la sociedad Guatemalteca
multiétnica.
Enfoque intercultural de los derechos
humanos amenazados
Desde la percepción indígena q’eqchi’, la
construcción de esta represa implicará vivir en un
estado permanente de violaciones individuales y
colectivas de los derechos humanos, de la
naturaleza y de lo espiritual. Esta hidroeléctrica
amenazará las piedras angulares de la identidad y
espiritualidad q’eqchi’ que son su relación con la
tierra expresada en la autodenominación como
“hijos e hijas de la tierra” (r’al ch’och), lo sagrado
(loqlaj) que se traduce en la interrelación entre las
esferas espiritual, natural y social y su fuerte
sentimiento comunitario entre los miembros de las
comunidades (junajil). Asimismo, los Tzuultaq’a
(Cerro-Valle) o espíritus de las montañas son los
dueños de la tierra y de todo lo que vive en ella, es
decir los q’eqchi’ no son los dueños de la naturaleza,
más bien forman parte de ella y mantiene una
relación de respeto hacia el Tzuultaq’a y a sus
elementos.
La destrucción de estas bases de substancia física el río Chixoy, los auentes, las orillas fértiles, otras
tierras de cultivo, bosques – y el espiritual – las
cuevas y otros sitios sagrados, los Tzuultaq’a, el
maíz sagrado, los nacimientos de agua y ríos
sagrados, signica una gran amenaza a la unidad
material, cultural y espiritual territorial, base de su
economía, bienestar e identidad cultural.
Esta interpretación intercultural de sus derechos
humanos muestra también que desde su visión
holística e integral del territorio, cualquier tipo de
impacto por este proyecto hidroeléctrico será
directo, y que no existen las afectaciones indirectas.
Es decir, la inundación y destrucción de sus sitios
sagrados, Tzuultaq’a, el maíz y agua sagrados no
solamente impactará a las comunidades que deben
ser desplazadas, sino también al bienestar espiritual
de las personas que viven en las comunidades más
lejanas. Asimismo, el desplazamiento interno de las
comunidades asentadas en las orillas del río Chixoy
provocará el aumento de la presión sobre las tierras
de las demás comunidades y estimulará la
26
conictividad agraria en la zona de inuencia.
En la cosmovisión q’eqchi’, las interrelaciones entre
la tierra, lo sagrado y lo colectivo cultivan distintas
responsabilidades con la tierra y los demás
elementos de la naturaleza. Esto implica que su
sistema normativo no diferencia entre las normas y
principios que derivan del orden social y las que se
originan en lo sagrado (Viaene, 2013). Es decir, para
preservar el orden, la armonía y el equilibrio entre los
seres humanos, la naturaleza y el cosmos, se debe
tratar y usar todo lo existente conforme a su
naturaleza. La construcción de la represa Xalalá
implicará transgresiones masivas a esta norma
social y espiritual, que conllevarán fuer tes
reacciones de parte de los sagrados Tzuultaq’a, el
río Chixoy y el maíz. Efectivamente, desde su
normativa, este proyecto energético no solamente
generará afectaciones a los seres humanos, sino
que la naturaleza será sujeta de afectaciones.
Más allá del derecho humano individual al
agua
“El agua es como la sangre que corre tanto en las
mujeres como los hombres.
Sin agua, los cerros y valles sagrados no pueden vivir
y tampoco los seres humanos ni los animales.”
Anciano q’eqchi’
Dentro de la espiritualidad maya q’eqchi’ el agua, tanto ríos, nacimientos de agua, y mares-, reviste
una importancia fundamental para la vida porque da
vida, es decir, es como la sangre de la tierra y por eso
es sagrada (loqlaj li ha). Además, el agua tiene
corriente y espíritus, por lo cual vive también, como
los cerros y valles. Los q’eqchi’ no conciben el agua
como un elemento independiente de los otros
recursos naturales, sino que está en función de los
cerros, la tierra y los animales.
De hecho, el Popol Vuh, el texto de los antepasados
maya sobre la creación del mundo, narra que antes
de la Tierra hubo un silencio primigenio en el cual
existía solamente el cielo y el mar en calma. La Tierra
surgió cuando “del agua empezaron a surgir los
cerros e inmediato en grandes montañas se
convirtieron” (Popol Wuj, 2008). Es decir, según la
mitología maya, el agua da vida a la tierra, los seres
humanos y todos los demás habitantes de este
planeta. Ante esto, no es sorprendente que los
q’eqchi’ potencialmente afectados por el proyecto
Xalalá reclaman que “sin luz se puede vivir, pero no
sin agua”. O como expresó una anciana: “El agua es
de todos y es vital, mucha gente va a sufrir”.
naturaleza que son las bases de la subsistencia
física y espiritual de los q’eqchi’. Dentro de su
espiritualidad los grandes ríos tienen en general un
espíritu muy fuerte, por lo cual dicen que “el río va
sentir dolor y va sufrir” cuando se construya una
hidroeléctrica, sea grande, pequeña o mediana.
Además, el río Chixoy es un referente muy
importante para el bienestar espiritual q’eqchi’,
como un anciano guía espiritual explicó durante una
entrevista. El conjunto que forma con las veras
fértiles y los auentes es como una familia de
madre, padre e hijos. El río es percibido como la
madre que da vida a las veras, mientras los auentes
son los hijos. Las veras y los auentes son para los
q’eqchi’ “nuestra madre y padre”. Estas
hidroeléctricas sobre el Chixoy y sus auentes,
según el anciano, destruirán esta familia nuclear de
Las mujeres q’eqchi’ mantienen una relación
especial con el agua, como explica una señora
q’eqchi’: “sin agua no podemos trabajar nosotros
[las mujeres]. Desde que nos levantamos, hacer
café, lavar, preparar la comida… todo es agua”. Las
mujeres recalcan que “los hombres casi no trabajan
con el agua, solamente se levanten y se lavan. O
lavan sus manos en un charco cuando regresan de
la milpa”. Por eso, las mujeres indican que su voz y
opinión son de suma importancia cuando se debata
la construcción de la hidroeléctrica Xalalá.
Conclusiones
Una gran tarea pendiente en Guatemala es
rever tir la desprotección histórica de los
derechos humanos y la exclusión de la toma de
decisiones de la población maya, lo que impide
llegar a un entendimiento mutuo y lograr
consensos en torno a una política nacional de
desarrollo. Un anhelo de las comunidades
indígenas es el cese de las licencias mineras y
operaciones hidroeléctricas no consultadas
que están afectando o amenazando sus
territorios.
Si el Estado guatemalteco decide seguir
impulsando este proyecto hidroeléctrico Xalalá,
debe respetar, proteger y promover de forma
integral, es decir en tanto indivisibles e
interdependientes, los derechos humanos de
las personas y comunidades indígenas
potencialmente afectadas por este mega
proyecto. Esto requiere, primero cumplir con
las obligaciones internacionales de protección
de los derechos territoriales de los q’eqchi’ y el
derecho internacional a la reparación integral de
las víctimas indígenas del conicto armado
interno que viven actualmente en la zona de
inuencia. El Estado debe también asegurar un
genuino proceso de consulta con las
comunidades potencialmente afectadas, según
los estándares internacionales de derechos
humanos y una amplia visión intercultural para
obtener el consentimiento. No será una tarea
fácil, y menos en esta crisis política profunda,
pero Guatemala ya no puede seguir barriendo
bajo la alfombra los derechos colectivos de los
pueblos maya.
Como parte del proceso de transformación del
Estado guatemalteco hacia un Estado de
derechos humanos, justicia social e
intercultural, el proyecto Xalalá podría ser una
oportunidad para denir buenas prácticas de
construcción de un diálogo intercultural que
respete plenamente los derechos humanos de
los pueblos indígenas. En esa linea, el Estado
guatemalteco debe crear las condiciones para
el logro de un verdadero ejercicio de diálogo y
comunicación intercultural, asumiendo una
postura de respeto y respuesta a las
inquietudes de las comunidades en un clima de
conanza mutua. Además, debe tomar
medidas efectivas para mitigar la asimetría de
poder entre las comunidades q’eqchi’, el
gobierno y las empresas interesadas en el
proyecto hidroeléctrico Xalalá. De no ser así,
cualquier expresión de consenso o acuerdo
resultante de la consulta carecerá de
legitimidad y sostenibilidad.
27
Estudios de Caso
Formas de violencia en la construcción
de la central hidroeléctrica Belo Monte - Brasil
Gustavo Adolfo Muñoz Gaviria1
El proyecto, impactos y conflictos
E
n Brasil, así como en Colombia y buena parte de América Latina, la expansión hidroeléctrica, junto con
la industria minera, las exportaciones de materias primas, el agro-negocio, y los grandes proyectos de
inversión urbanos y regionales; actúan en detrimento de una diversidad de grupos sociales que en
condiciones de distribución desigual de poder (Acselrad et. al., 2013) intentan aprovechar los
recursos que el capital les disputa para su expansión.
Un caso emblemático de los conictos por la apropiación de recursos naturales en el sector hidroeléctrico lo
constituye el proyecto Belo Monte, sobre el río Xingú (tributario del río Amazonas), en el Estado de ParáBrasil.
Según la cartilla del proyecto2, éste generará más de 11.000 MW en un proceso gradual que comenzaría el
presente año (2015), con un área inundada de más de 500 km2. Éste es el proyecto de generación
energética más grande que tiene Brasil en la actualidad, que implica numerosos impactos sociales, bióticos
y físicos. Su magnitud puede inferirse del gran volumen de suelo excavado, que es mayor que en la represa
Tres Gargantas, en la China
Figura 1. Impactos de obras civiles
Fuente: http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/belo-monte/
1.Ingeniero Ambiental de la Universidad de Medellín, Especialista en Economía de la Universidad de Los Andes, Magíster en
Gobierno de la Universidad de Medellín, candidato a doctor del Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional (IPPUR)
- Universidad Federal de Río de Janeiro. [email protected]
2. Ver Cartilla Norte Energía (2011) en las referencias bibliográcas.
28
Sobre el componente social, por alguna razón, en la
cartilla de la empresa no se especica el número de
personas impactadas por el proyecto. Sin embargo,
en el Estudio de Impacto Ambiental (Magalhães, et.
al., 2009); y basados en la arbitrariedad de la
denición del área directamente afectada se
excluyen poblaciones impactadas por el
desecamiento de sus tierras a causa de las obras de
desviación permanente de parte del caudal del río.
Se arma que:
Así, por los problemas metodológicos
mencionados arriba y por exclusiones
arbitrarias, se llega a un número de 2822
personas “directamente impactadas” en la
región rural... Una metáfora numérica que, por
tanto, excluye: área a ser desecada en la Vuelta
Grande; lotes inviables; ausentes del domicilio
en el momento de la encuesta; proyección de
migrantes que potencialmente se instalarán en
esas áreas y, además, proyección del rango de
edades al momento de la investigación y en el
momento en que se haga efectivo el
desplazamiento obligatorio (Magalhães, et al.
2009, p. 33).
Por otro lado, en su cartilla, la empresa Norte
Energía (2011) arma que un 10% de la energía de
Belo Monte es para empresas “auto-productoras de
la región y participantes de la inversión” (Norte
Energía, 2011, p. 6, resaltado nuestro). Pero ¿qué
empresas son éstas? Según Mello (2013), la
generación de energía sería “básicamente para
suplir grandes proyectos de minería, siderurgia y
demás industrias electro-intensivas altamente
contaminantes, que responden por la mayor porción
del consumo energético nacional y pagan las
menores tarifas…” (Mello, 2013, p. 143, traducción
nuestra). Esta información es corroborada por
expertos consultados por el sitio web del Instituto
Socioambiental3, donde se arma que el 50% de la
energía eléctrica en Brasil es consumida por la
industria y que el 30% se restringe a seis sectores:
acero, aluminio, cemento, petroquímica, papel
celulosa y aleaciones de hierro.
Según la empresa, el proyecto estuvo en estudio
desde la década de setenta y tuvo que ser
modicado en su concepción inicial para que no
inundara las tierras indígenas Paquiçamba y Arara,
la modicación consistió en hacer una desviación
del río, reduciendo el área de embalse y evitando que
se inundara la zona del gran meandro en donde
habitan las mencionadas comunidades.
Según Mello (2013), estos cambios se debieron a la
resistencia de los pueblos indígenas, movimientos
sociales, organizaciones de la sociedad civil, iglesia
católica y partidos políticos de izquierda durante la
década del ochenta; hecho que no es mencionado
por la empresa en los videos promocionales del
proyecto. Cabe anotar que esta central fue
concebida en una época de desarrollo autoritario
proveniente de la dictadura brasilera, donde las
tierras amazónicas eran consideradas vacías y
susceptibles de ser colonizadas (Mello, 2013), lo
cual explica por qué en principio, antes de la
oposición de los sectores de la sociedad antes
mencionados, no se considere la generación del
impacto directo sobre las comunidades en ese
territorio.
Sin embargo, las propias modicaciones generarían
impacto en las comunidades indígenas Yudjá, y los
afectados pasarán de ser “inundados” a ser
“secados” (Mello, 2013). En este orden de ideas,
Molina (2009) muestra cómo los niveles del río, y
por consiguiente, los de los niveles freáticos en el
tramo que dejó de ser inundado, según la
concepción inicial del proyecto serán reducidos,
trayendo consecuencias adversas para la fauna, la
ora, la navegación, y el acceso al agua de las
poblaciones, haciéndolas dependientes de la
construcción de pozos profundos.
Un impacto directo de esta modicación de niveles
es el producido sobre la dinámica de la actividad
agrícola de los pueblos indígenas Yudjá que
dependen de la fertilización natural que el río hace
sobre el suelo cada vez que baja, dejando las tierras
aptas para ser cultivadas; cosa que con los niveles
mínimos dejados por la desviación será imposible.
Igualmente preocupante es la situación para la
actividad de pesca, que constituye la fuente de
alimento del día a día, así como una fuente de
ingreso para comprar algunos bienes necesarios
3. Ver sitio: http://www.socioambiental.org/esp/bm/dest.asp (Fecha de ingreso: )
29
como ropa, útiles, escolares, etc.
Otros impactos en Belo Monte se relacionan con la
proliferación de plagas (malaria) por el aumento de
aguas estancadas en la zona en donde se reducirían
los niveles de agua, esta dinámica que era temporal
con la uctuación normal del río, ahora, sería
constante durante el año; la deforestación de
grandes áreas ; la presión poblacional y el aumento
de conictos en las tierras indígenas y en las zonas
de conservación por la presencia del proyecto,
siendo el décit habitacional, y la atención en salud,
problemas derivados de esa presión.
Igualmente impactantes serán las rupturas de los
lazos sociales establecidos entre las poblaciones
indígenas, tanto entre aldeas, como entre las aldeas
y la ciudad; lugares entre los cuales, según Mello
(2013), existe una completa movilidad de la
población. Y adicionalmente, la presión migratoria
induce a conictos entre los pobladores.
Desde el punto de vista de los habitantes, Mello
(2013) evidencia los conictos del proceso al traer
un conjunto de manifestaciones que se resumen en:
(1) La ausencia de información conable
en lenguaje apropiado sobre los impactos reales
de la central sobre los indígenas; (2) la ausencia
de reuniones y audiencias públicas para que los
indígenas fueran oídos; y (3) la subestimación
del número de indígenas residentes en la ciudad
de Altamira y de aquellos que viven en las zona
rivereña, que serán igualmente impactados y
que fueron considerados como “población en
general” y no como indígenas. Arma un
indígena de la etnia Yudjá: “En la aldea son 18
familias, pero nosotros tenemos muchos
parientes regados, parientes que viven en la
ciudad, pariente ribereño, que vive en la margen
del río. Cómo van a quedar ellos?” (Mello, 2013,
p. 132, traducción nuestra).
Estos conictos se desarrollan en medio de
prácticas que pueden ser consideradas violentas
desde diferentes acepciones del término. A
continuación, se analizan dos formas de violencia
identicables en los discursos y las prácticas de la
empresa y sus aliados en la construcción del
proyecto Belo Monte.
Violencia simbólica
El concepto de violencia simbólica ha sido
desarrollado por Pierre Bourdieu en sus teorías
sobre la acción social (2007) y la reproducción
social (2013). Comencemos por denir el concepto
de capital simbólico en Bourdieu, del cual deriva el
de violencia simbólica. Para esta autor, aquel sería:
La forma que adquiere cualquier tipo de
capital cuando es percibido a través de unas
categorías de percepción que son fruto de la
incorporación de las divisiones o de las
oposiciones inscritas en la estructura de la
distribución de esta especie de capital (por
ejemplo fuer te/débil, grande/pequeño,
rico/pobre, culto/inculto, etc.) (Bourdieu,
2007, p. 108, resaltado nuestro).
En ese sentido, se entiende lo simbólico como
aquello que se percibe según divisiones u
oposiciones de sentido. Así, el poder de lo simbólico
lo posee quien posee un capital que es identicado y
valorado por las personas frente a pares de
oposición de sentido. Este reconocimiento de valor
por parte de otros da lugar a que sus beneciarios
ejerzan la violencia simbólica, que Bourdieu
caracteriza como una:
[…] violencia suave, invisible,
desconocida como tal, elegida tanto como
sufrida, la de la conanza, la obligación, la
delidad personal, la hospitalidad, el don, la
deuda, el reconocimiento o la piedad: en una
palabra, todas las virtudes que honran la moral
del honor - se impone como el modo de
dominación más económico porque es el más
adecuado a la economía del sistema (Bourdieu,
2013, p. 65-66).
Para Bourdieu y Wacquant, (2008), la violencia
simbólica se ejercería sobre un agente social con su
complicidad inconsciente. Más precisamente, ésta
sería la aceptación natural del orden de las cosas, es
4. Video publicado en abril de 2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UREtg_JVP1k
30
decir, la adecuación entre las estructuras cognitivas
y las estructuras objetivas.
Según Bourdieu (2013), para ejercer ecazmente la
dominación, los dominantes establecen
mecanismos de objetivación de su capital para
regular la interacción con los dominados;
mecanismos que por ser creados por ellos son
acordes con las formas dominantes de percepción.
En el caso de los proyectos hidroeléctricos, estos
mecanismos estarían determinados por
instrumentos que hacen parte del licenciamiento
ambiental. Sin embargo, cuando estos mecanismos
no existen, o no son sucientes para responder a las
exceptivas de los dominantes, la dominación
buscaría “atar” a los dominados mediante formas
elementales de dominación, aquellas que se ejercen
de persona a persona.
Un ejemplo de un mecanismo de objetivación del
capital al servicio de los intereses de la empresa lo
constituye la negociación con los afectados, en la
que se congura un mercado de negociación de
derechos que establece criterios de inclusión y
exclusión de “impactados” susceptibles de ser
indemnizados, establece qué tipo de daños son
indemnizables, el valor de los bienes a ser
compensados, y las condiciones de esa
indemnización. Según se mostró en la primera
parte, la arbitrariedad de la denición del área
directamente afectada por el proyecto Belo Monte
llevó a la subestimación de la población impactada y
al desconocimiento de impactos y personas
afectadas por fuera de esa área.
Y un ejemplo de violencia simbólica a través de
formas elementales de dominación, estaría
presente en la entrega de “regalos” a los líderes,
como lo maniesta un indígena Yudjá, citado por
Mello (2013):
El mayor impacto que yo veo es que a
veces, por ejemplo, él y yo, nosotros somos
parientes, pero como la empresa pone tantas
cosas en la cabeza de él, él se va a poner en contra
mía. Eso ya pasó allá dentro de nuestra aldea,
porque ellos se la pasan yendo allá y dándoles
regalitos. Cuando nosotros vamos a hablar en
contra, a ellos no les gusta. Se la pasan poniendo
a los parientes unos contra los otros, hasta que
los parientes se confrontan (indígena Yudjá,
citado en Mello, 2013, p. 133, traducción
nuestra).
En este testimonio se observan dos resultados de la
acción de la empresa. Por un lado, aquel donde la
violencia simbólica de hecho ocurre, lo cual se
evidencia en la aceptación de la acción de la
Río Xingú, tributario del Amazonas, Brasil. Crédito: André Solnik/Creative Commons.
Fuente: http://www.aida-americas.org/es/project/belomonte
31
empresa como un gesto bondadoso por parte del
pariente de la persona entrevistada. Caso contrario
es el del entrevistado, quien con su gesto de
denuncia demuestra cómo esa acción no surtió en
él, el efecto simbólico buscado por la empresa.
En la medida en que el poder simbólico de los
dominantes solo podría descansar sobre el
reconocimiento de éste como legítimo, sobretodo
en función de la virtud (Bourdieu, 2013) de sus
detentores, estos se ven obligados a implementar
todo tipo de estrategias de imposición de sentidos, o
de comunicación eufemizada (Bourdieu, 2013) de
las relaciones, que refuercen su imagen y
reputación. En este punto, son claves estrategias
que van desde la cooptación de personajes
fundamentales en el territorio a través de regalos,
hasta técnicas de comunicación, que en los
boletines y videos ociales de los grandes proyectos
intentan, sistemáticamente, producir una imagen
positiva de su acción. Un ejemplo de este tipo de
comunicaciones puede verse en el último video
promocional de la central4, donde se maniesta que:
“… para preservar es necesario concientizar” y que
por eso “… la Norte Energía ha invertido en la
construcción, reforma y ampliación de escuelas de
varios municipios… direccionando el conocimiento
para el medio ambiente”; queriendo mostrar a las
poblaciones como carentes de conocimientos para
la preservación, y a la empresa como propiciadora
del acceso a ellos, lo que por otro lado, oculta la
realidad de los efectos adversos de la construcción
de la mega central.
Otro sentido que intentan imponer las empresas y
los defensores de los proyectos es el de la existencia
de unas comunidades absolutamente carentes,
cuya situación va a ser mejorada con la entrada de
los proyectos. En el caso Belo Monte esta práctica
se evidencia en la descripción que la empresa hace
de las comunidades:
La central Belo Monte llevará desarrollo a
toda la región de su área de inuencia,
mejorando, en Altamira, la condición de vida
de aproximadamente cinco mil familias que
viven en palatos y de centenares de familias
indígenas que viven en la ciudad, a merced de
los ciclos anuales de inundaciones, sin
32
saneamiento básico y otros servicios
esenciales (Norte Energía, p. 4, traducción
nuestra, resaltado nuestro).
Esta práctica es una forma de construir un otro
sobre el cual inter venir con programas
prediseñados, al tiempo que se justica la entrada
del proyecto como portador de “progreso”. Así,
prácticas que forman parte de la tradición y cultura
de estas poblaciones son mostradas como
problemas a ser resueltos y para los cuales la
llegada del proyecto es la solución. Es interesante
hacer hincapié en cómo una condición natural de la
dinámica uctuante de los niveles del río es
mostrada como una desgracia; discurso éste que
desconoce los impactos negativos de tal
estabilización de los niveles del río, que como se
mostró en la primera parte, son contundentemente
negativos.
Violencia material
Para una aproximación al concepto de violencia
material proponemos entender el reasentamiento de
población producido por grandes proyectos como
una prueba en el sentido de Boltanski y Chiapello
(2002). Para estos autores, la prueba es el
dispositivo que permite describir la interacción entre
dos individuos. Estas pruebas pueden ser de fuerza
o de grandeza. En las primeras no hay ninguna
consideración moral, solo la fuerza o el poder, en
cualquiera de sus formas. Las pruebas de grandeza,
por el contrario, ponen en juego la legitimidad de las
acciones de los agentes, que se mide en el carácter
justo del orden revelado por la prueba (Boltanski y
Chiapello, 2002, p. 41).
El reasentamiento de población en tanto prueba,
estaría reglamentado conforme a medidas o planes
de acción que la empresa presenta y el Estado
aprueba. Sin embargo, la evidencia empírica
muestra que las empresas usan fuerzas por fuera de
lo aprobado en dichos planes para mejorar sus
benecios. El Estado también evadiría la prueba con
el objetivo de viabilizar los proyectos. La prueba del
reasentamiento de población en grandes proyectos
se pretende como legítima en la medida en que se
fundamenta en las nociones de bien común, utilidad
pública, sostenibilidad y responsabilidad
empresarial, todas ellas fácilmente identicables en
sus discursos de justicación.
información adecuada. Según la información
publicada por el Instituto Socioambiental:
Este abordaje teórico nos permite caracterizar las
formas de violencia material en las interacciones
sociales por cuanto, todo aquello que está por fuera
de la especicación de la prueba puede ser
considerado como uso indebido de fuerza o como
una forma de violencia, que sería por demás
considerarse una for ma de violencia no
institucionalizada. Boltanski y Chiapello introducen
la noción de desplazamiento [no en el sentido de
desplazamiento de población] para entender las
estrategias del capitalismo con el objetivo de
cambiar el curso de las pruebas en busca de
mayores benecios. En otras palabras, un
desplazamiento o micro-desplazamiento es una
acción que busca hacerle el quite a una parte de la
prueba.
Las comunidades locales impactadas no fueron
oídas, conforme lo determina la Constitución
Federal, que arma que el aprovechamiento de
recursos hídricos en Tierras Indígenas solo puede
hacerse efectivo con “autorización del Congreso
nacional, una vez escuchadas las comunidades
afectadas” (Instituto Socioambiental, 2015).
Una primera señal de desplazamiento la constituye
la estrategia de dejar por fuera de la denición de
área directamente afectada un conjunto de
territorios, que de hecho, han sido y serán afectados
por los cambios en el régimen hidráulico del río,
como se vio en la primera parte. Esta omisión por
parte de la empresa afectará las posibilidades de
reproducción material de las poblaciones que allí
habitan. En algunos proyectos, este microdesplazamiento ha provocado una lucha simbólica
por la denición de lo que es ser impactado, como
bien lo muestran los trabajos de Vainer (2008).
De forma similar, el Estado que desde algunos de
sus sectores también está interesado en que se
adelante la obra, como lo demuestra su inclusión en
el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento)
por parte del gobierno federal, también realiza
desplazamientos con respecto a la prueba; sobre
todo a través de la omisión de sus funciones, lo que
se evidencia en la ausencia de garantías para que las
comunidades sean oídas, y par ticipen con
De igual forma, se presentó la no asistencia del
Estado a las reuniones de ley convocadas por las
comunidades indígenas:
Diversos representantes de pueblos indígenas
(Arara, Guarani, Yudjá, Kaiapó, Xavante, Xipaia,
Xicrin e Yanomami)… lanzan un maniesto,
denunciando el desacato del gobierno federal [de la
convocatoria a una audiencia pública sobre la
construcción de la central (Instituto
Socioambiental, 2015).
Según el mismo Instituto, en reunión posterior, a la
cual el gobierno tampoco envió representantes, los
indígenas acusaron a la FUNAI (Fundación Nacional
del Indio) de haberlos abandonado.
Otro ejemplo de violencia material, ejercida sobre las
poblaciones afectadas por represas lo constituyen
los impactos sobre la salud mental que la
incertidumbre sobre su destino produce en esas
personas, impacto que se produce incluso antes e
independientemente de que la central sea o no
construida. En el caso de Belo Monte, un testimonio
de un indígena Yudjá nos ejemplica esta situación:
Yo me preocupo por mi papá que está con 81 años y
mi mamá que está con 78 años... Todo eso les quita
el sueño, ya hay un impacto emocional ahí (indígena
Yudjá, citado por Mello, 2013, p.137, traducción
nuestra).
Este impacto puede considerarse material por la
conexión directa que existe entre la salud mental y la
salud física de las personas; y actuaría tanto por el
hecho mismo de que el desplazamiento genera
incer tidumbre, como por la omisión de
informaciones precisas sobre las opciones para las
33
poblaciones afectadas, omisión que constituiría un
desplazamiento en el sentido antes referido.
Según el nuevo video de la central hidroeléctrica
Belo Monte5, las obras civiles se encuentran en más
de un 75% de avance y se prevé su terminación para
enero de 2019. Y según el mismo video, las obras
avanzan a la par con inversiones en los
componentes social y ambiental. Sin embargo,
según reportaje de Craide (2015), el carácter
conictivo de este proyecto se sigue manifestando
en escenarios jurídicos entre la empresa y familias
que aún no han negociado. Se trata de problemas de
localización de los reasentamientos, calidad de las
viviendas y montos de las indemnizaciones, según
lo muestra un artículo. El propio Defensor del Pueblo
reconoce que hay problemas con los avalúos de los
predios para las indemnizaciones, lo que depara un
futuro incierto para aquellos que sean indemnizados
en dinero debido a los altos costos de la tierra por la
especulación inmobiliaria producida por el proyecto.
Finalmente, el malestar expresado por los
testimonios de los afectados evidencia la crisis de
legitimidad del proceso de construcción de la
central Belo Monte. Igualmente, se evidenció como
el propio indígena consigue identicar el ejercicio de
la violencia simbólica contenida, por ejemplo en los
“regalos”, lo que nos lleva a pensar en la necesidad
de visibilizar los conictos y las asimetrías de poder
presentes en la implantación de proyectos
hidroeléctricos con miras a combatir esas formas
de violencia.
5. Video publicado en abril de 2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UREtg_JVP1k
34
El proyecto hidroenergético de Salcca Pucara en Perú:
percepciones de cambio, relaciones de poder, y
estrategias de inserción al territorio
1
2
3
Leticia Saldi , Daniela Henríquez , Jenni Perdomo y Denisse Roca-Servat
able por proyecto represa, Noviembre
Foto: Denisse Roca-Servat, Área inund
E
n los últimos 10 años, la producción
energética del Perú se ha incrementado en un
92% (Ministerio de Energía Minas, 2014).
Esto, debido sobre todo, a la puesta en marcha
de un plan de desarrollo nacional dependiente
de la extracción de recursos naturales
principalmente de minerales e hidrocarburos,
del desarrollo de proyectos industriales, así
como de la constante ampliación del proceso
de urbanización. El proyecto hidroenergético
Salcca Pucara, ubicado en la provincia de
4
2014.
Canchis en la región del Cusco en Perú, es uno de
estos nuevos emprendimientos destinados a cubrir
las demandas de un creciente sector mineroindustrial que desde mediados de la década del ’80
se viene impulsando junto a las políticas de
agroexpor tación y de proyectos turísticos de
alcance internacional.
El proyecto Salcca Pucara, gestionado desde el
2001 por la empresa EGECUSCO S.A, plantea la
modicación del paisaje hídrico a gran escala a
1. Antropóloga por la Universidad Nacional de Rosario y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo,
investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas y Técnicas (Argentina). Correo electrónico:
[email protected]; [email protected]
2. Socióloga, ejecutiva de Proyectos del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo.
Correo electrónico: [email protected]
3. Estudiante de la Maestría en Estudios Socioespaciales, grupo Estudios del Territorio, Instituto de Estudios Regionales
INER, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Correo electrónico: [email protected].
4. Profesora Asociada, Investigadora del grupo Territorio, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad Ponticia
Bolivariana sede Medellín, Colombia. PhD en Estudios de Justicia. Correo electrónico: [email protected]
35
partir de la construcción de una represa y el trasvase
del río Salcca en la sub-cuenca del río Acco Acco
que, a su vez, desemboca en la cuenca del
Vilcanota. Varias comunidades campesinas de los
distritos de Sicuani, Tinta, San Pedro y San Pablo,
así como actores públicos y privados, e
instituciones a nivel local, nacional e internacional,
están implicados en este nuevo proyecto.
Manifestando su oposición a la construcción de la
represa, los habitantes de varias comunidades
aledañas al proyecto organizan en el año 2008 el
primer levantamiento de los pueblos. Un año
después, el segundo levantamiento termina con la
constitución de una mesa de diálogo con
representantes del gobierno nacional y regional
(Estrada, 2014b).
Durante los últimos tres años, los participantes del
curso “Justicia Hídrica” (JH) organizado por el
Centro Bartolomé de las Casas (CBC) y la Alianza
Justicia Hídrica, han realizado encuentros in-situ
con diferentes actores relacionados a la
construcción del proyecto Salcca Pucara con el n
de conocer la complejidad de la problemática en
torno a las distintas posiciones de los actores
implicados (pobladores comunitarios, empresarios,
funcionarios) que se encuentran y entrecruzan
conictivamente. Los trabajos elaborados
anteriormente por este grupo (Estrada, 2014a,
2014b; Abdó, 2014), dan cuenta de la historia y del
proceso de desencadenamiento del conicto. En
este artículo, a partir de los encuentros in-situ que
se realizaron con alumnos del VI Curso- Taller de JH
en noviembre de 20145, nos concentramos en
describir las percepciones de cambio de las
comunidades implicadas, las relaciones de poder
entre los diferentes actores, y las estrategias de
inserción al territorio que emplea la empresa
(Carvajal et.al., 2014; Cortes et.al., 2014; El Fasi
et.al., 2014; Guerrero et.al., 2014; Roque et.al.,
2014).
Percepciones de cambios
La magnitud del área de afectación, así como la
diversidad de actores implicados permite la
presencia de múltiples percepciones ambientales de
cambio. Denimos a la percepción no como una
mera recepción de estímulos del entorno, sino como
una acción que relaciona nuestro entorno con
nuestra ubicación y posición en él. La percepción,
es por tanto una habilidad para manejarnos dentro
de nuestro entorno, permitiéndonos la posibilidad de
explicar y describir discursivamente las acciones
para uno mismo y para los otros (Durand, 2008).
La percepción del proyecto Salcca Pucara deviene
entonces en cómo el proyecto fue presentado en
sucesivas ocasiones a los distintos pobladores, en
dónde estaban ubicados estos actores no solo a
nivel de las localidades sino también a nivel de las
individualidades, considerando sus edades, género,
sus formas de subsistencia (pastoreo de animales,
agricultura de secano o de riego, pertenecientes a
comunidades de regantes, etc.), y sus trayectorias
de vida. Así mismo, debemos considerar que estas
percepciones o habilidades de cómo situarse en el
mundo, están atravesadas por experiencias del
pasado así como por visiones e intereses a futuro,
planteando, entre otras cosas, qué, dónde y cómo
se quiere vivir.
Aguas arriba de la cuenca, a 3800 msnm se
encuentra la comunidad de Santa Bárbara. Aquí la
población y asistente al encuentro manifestó tener
importantes expectativas de cambio a partir de su
ejecución (Roque et.al., 2014). Asimismo, estas
expectativas podían estar vinculadas con la represa,
como la de generar un proyecto para la
comercialización de pescado, o no, como por
ejemplo, el desarrollo de emprendimientos agrícolas
y ganaderos independientemente de la represa. Así
mismo, los pobladores de Santa Bárbara expresaron
que el proyecto hidroeléctrico no afectaría a las
demás comunidades puesto que una vez construida
la represa el río Vilcanota continuaría su cauce
manteniendo su caudal y calidad hídricos. Esta
percepción se basaba en la experiencia previa
vivida a partir de la construcción cercana de dos
represas. Por lo tanto, y en general, para los
5. Se realizaron cinco reuniones paralelas y simultáneas en donde los alumnos de JH organizados en cinco grupos asistieron a
los distintos encuentros previamente convocados por los docentes del taller. Los encuentros se realizaron con las comunidades
de Santa Bárbara, Combapata, y Machacmarca, con los representantes de la empresa EGECUSCO S.A y los representantes
municipales de San Pablo, San Pedro y Checacupe. Entre los integrantes de las comunidades participaron mujeres y varones de
entre 20 y 70 u 80 años realizando con ellos distintas actividades grupales para conocer sus percepciones, aspiraciones,
intereses personales, familiares y comunales. Con las autoridades tanto municipales como de la empresa se realizaron entrevistas
semi-estructuradas.
36
pobladores de dicha comunidad los cambios que se
podrían generar a partir de la represa propiciarían
mayores oportunidades laborales y productivas.
Esta interpretación se complementó con el deseo de
que Santa Bárbara se convirtiera en distrito y fuera
administradora directa de bienes económicos, sin
intermediación del municipio de Tinta al cual
pertenecen. En denitiva, el proyecto, en términos
generales, les generó una percepción de esperanza,
para poder, en un futuro cercano, ‘desarrollarse’ y
competir con otras comunidades en importancia
económica, social y tecnológica.
Aguas abajo las percepciones cambiaban
signicativamente. Los pobladores de
Machacmarca y de Combapata que asistieron a sus
respectivos encuentros (ver nota al pie número 5)
estaban temerosos por el secamiento de sus tierras,
la contaminación del agua, la pérdida de sus
derechos de riego, la reducción de sus cultivos y
animales de pastoreo, y el aumento de la
conictividad intra e intercomuntaria (Cortes et.al.,
2014: Guerrero et.al., 2014). Por lo tanto, las
percepciones de cambio sobre el paisaje hídrico
eran altamente signicativas así como negativas.
Las pobladoras y los pobladores de Combapata y
Machacmarca, percibían también una cier ta
incapacidad de poder ser escuchados y respetados
por parte de los dirigentes distritales y nacionales
para plantear alternativas al proyecto hidroeléctrico.
Esto llevaba a que dicho proyecto se percibiera
como avasallador, sin dar lugar a otras formas de
subsistencia como las que se vienen practicando en
el valle (agricultura y ganadería), u otras que se
proyectan como el turismo y la cría de cuyes.
A pesar de las diferencias entre la comunidad de
Santa Bárbara y las situadas aguas abajo, hay
percepciones en común. En cada encuentro con los
participantes del curso-taller JH se entrevió que la
ejecución del proyecto se percibe como aquello que
cambiará signicativamente sus vidas, por lo que
los temores, las desconanzas, los sentimientos de
incertidumbre se vuelven comunes, más cuando
todos aspiran a continuar viviendo en la zona a
través de las sucesivas generaciones (aun
habiendo aceptado dinero por parte de la empresa
para abandonar tierras a ser inundadas). Esto hace
que la sola pronunciación del “Proyecto Salcca
Pucara” despierte el estado de alerta en todos los
pobladores. Se puede sugerir entonces que dicho
proyecto es un catalizador de procesos sociales,
culturales, políticos, económicos y ambientales
atravesados por fuertes jerarquías; eje que plantea y
articula el pasado, con el presente y el futuro al
generar la duda y la discusión sobre cómo se vivió,
cómo se vive ahora, y cómo se anhela vivir tanto
individual como colectivamente.
Relaciones de poder y verdades entre los
actores involucrados
Las representaciones que tienen los actores en
torno a un conicto se relacionan con la
cosmovisión que tienen estos respecto a lo que está
en juego. En base a las signicaciones que se hacen
se esgrime lo que es bueno y lo que es malo. Se trata
de tensiones entre verdades (Foucault, 1992), a
partir de relaciones de poder, las cuales permiten
que se instalen determinados discursos como
verdades. En función de estas relaciones de poder,
se desatan las relaciones en el conicto y los
discursos a legitimar que están en juego (Svampa,
2008).
En el caso Salcca Pucara, podemos decir que la
discusión no versa sobre quién tiene la razón
respecto a los efectos objetivos del proyecto, sino
que más bien, quién tiene la razón según qué verdad
es más legitimada socialmente. Podemos identicar
entonces, las posiciones de los actores y sus
respectivas relaciones de poder frente al proyecto
Salcca Pucara y analizar las representaciones
sociales y relaciones de por lo menos dos actores
relevantes: Comunidades y gobiernos locales.
Comunidades del Valle de Salcca: Posiciones
encontradas
Las comunidades en la parte alta del Valle Salcca
son principalmente comunidades campesinas
quechuas y son habitadas por
agricultores/ganaderos alpaqueros con economías
de subsistencia muchas veces en condiciones de
pobreza. Gran parte de los pobladores no poseen
escolaridad y no tienen acceso a servicios básicos
como agua potable, alcantarillado o luz eléctrica. Así
mismo, como sector rural, sufren de los procesos
de aislamiento y exclusión propios de sistemas de
35
37
gobiernos urbanocéntricos. Esta situación se hace
más aguda en las localidades más extremas en
términos territoriales y de altura, los cuales perciben
que el proyecto es una posibilidad de inclusión y de
acceso a benecios que podrían mejorar su calidad
de vida. Así, se observó que no existe una posición
(o una verdad) única entre las comunidades
afectadas directa o indirectamente por el proyecto.
Mientras que algunas comunidades del Valle,
especícamente las de la parte baja dependientes
del agua del río Salcca para el riego de sus cultivos
de autoconsumo y de venta en los mercados
regionales, se encuentran organizadas y en
contraposición frente al proyecto, la de la parte más
alta del Valle llamada Santa Bárbara, ya ha
negociado y aceptado la llegada del proyecto.
Lo anterior evidencia las diferentes posiciones de
poder frente al conicto. Las comunidades de las
zonas bajas se han empoderado de un discurso antiproyecto que se ha consolidado con los años. Lo
interesante aquí es que no se trata de un discurso
práctico que pueda ser negociable, sino que más
bien es un discurso clausurado que se opone al
proyecto por lo que representa: una amenaza a sus
condiciones de vida, y a la capacidad de decisión
sobre el acceso y el uso de agua del río Salcca con
nes de riego. De esta manera, la posición contra la
empresa representa una consolidación de su propia
identidad campesina/quechua. Mientras, en la
comunidad de Santa Bárbara en lo alto del Valle, el
proyecto representa una posibilidad de inclusión a
un desarrollo que hasta ahora han visto pasar desde
lejos, entregando responsabilidades públicas de
competencia del Estado a actores privados como la
empresa en cuestión.
Gobiernos locales: política de la ‘neutralidad’
La situación de Santa Bárbara, en cuanto a su
aislamiento territorial, es un buen ejemplo de la baja
capacidad que tienen actualmente los gobiernos
locales para la gobernabilidad de los mismos
territorios. Como se mencionó anteriormente, las
comunidades del valle tienen necesidades sociales
crecientes, y los gobiernos locales no pueden dar
respuesta a estas demandas debido a que cuentan
con escasos recursos. En este sentido, el proyecto y
la empresa representan una ventana de ingresos por
medio del pago del canon, impuestos y regalías, a
38
ser destinados por ejemplo, a cumplir con otras
necesidades sociales como educación y salud, que
en el orden de prioridades de los gobiernos locales
son las más relevantes. Pero no es solo una cuestión
de recursos sino que también de poder en la toma de
decisiones.
El proyecto fue negociado directamente entre la
empresa y el gobierno central, desde dónde se
otorgaron las autorizaciones respectivas para la
planicación y construcción. Por lo tanto, nos
encontramos con gobiernos locales incapaces de
inuir en las decisiones, pero a su vez, altamente
presionados y confrontados por la comunidad. El
proyecto entonces, encarna un conicto entre
empresa y comunidad aparentemente “ajeno” al
gobierno local. Sin embargo, a su vez, representa un
posible espacio de instrumentalización para otros
nes como alternativas de ingresos para el servicio
público, y campañas políticas. Entendiendo la
representación política como un ejercicio de
vocería, las autoridades municipales se escudan en
su rol externo al conicto y su posición va a variar
dependiendo de la posición de las comunidades
especialmente en tiempos de campaña electoral (El
Fasi et.al., 2014).
Sin embargo, como se indicó, no existe una sola
sino varias posiciones. En ese sentido, no se trata de
que los alcaldes y funcionarios municipales se
queden al margen del conicto sin postura alguna
frente a él, sino que han decidido deliberadamente
asumir la posición de la no posición para hacer
frente al conicto. De esta manera, los gobiernos
locales no asumen compromisos puesto que cada
fase del conicto puede ser provechosa en términos
de campaña. Es decir, si la instalación del proyecto
les permite ganar votantes e ingresos adicionales
para la gestión, apoyarán el proyecto. En cambio, si
la instalación de la represa les resta votantes y
genera problemas sociales que abultarán más la
agenda social del gobierno local, se opondrán.
Esto nos permite evidenciar que los argumentos de
un discurso, dependerán de la verdad que se está
defendiendo. En este caso, la verdad a defender por
parte de los gobiernos locales, dependerá de la
verdad dominante del contexto, la cual puede
corresponder a una oposición comunitaria
fundamentada en la identidad campesina/quechua,
Foto: Denisse Roca-Servat, Encuentro
, Valla de Salcca, Noviembre 2014.
con pobladores comunidad Combapata
así como también, la verdad del discurso del
progreso y la necesidad de recursos para ese n.
Por lo tanto, la posición de la supuesta neutralidad o
más bien de la versatilidad es una alternativa
bastante conveniente para los gobiernos locales a la
hora de tener que deslizarse sutilmente entre los
discursos aparentemente opuestos.
Estrategias de inserción al territorio
Las estrategias que emplea la empresa para
acercarse a las comunidades y el papel de los
expertos en la mediación con las mismas resultan
de suma importancia. Un experto como lo propone
Boyer “es un actor que ha desarrollado habilidades
en competencia semiótico-epistémicas en relación
con alguna esfera de la vida práctica” (2008, p. 39).
Desde esta mirada, nos concentramos en la
identicación de los perles profesionales que
articula la empresa, como parte del plan estratégico
para el desarrollo de la intervención.
La implementación del proyecto hidroeléctrico
involucra la puesta en escena de diversos
conocimientos, los cuales son jerarquizados según
el ámbito de competencia. En entrevista con la
empresa6, se identicaron tres momentos de la
puesta en marcha del proyecto, en los cuales se
ar ticulan diferentes perles según los
requerimientos del contexto y el plan estratégico de
la compañía (Carvajal et.al., 2014).
En la primera fase, durante el acercamiento a las
comunidades, se contrataron profesionales del área
de Ciencias Sociales, cuya función era establecer
las reglas de negociación con las comunidades
afectadas (Chapichumo, Acco Acco, Pataanza,
Callanca, Santa Barbara, Livincaya y Pampaanza) y,
generar conanza frente a las intenciones y alcance
del proyecto. Este proceso no tuvo los resultados
esperados dado que, según los funcionarios, la
información entregada se tergiversó y llevó a la
constr ucción de un r umor en tor no a la
“privatización del río”, idea que consideraron resulta
injusticada y contraria a los nes de la empresa, los
cuales atienden a una “necesidad local de producir
luz eléctrica, como anhelo de la localidad de
Sicuani” (Entrevista funcionario empresa,
noviembre de 2014). La palabra “privatización”,
expresa uno de los funcionarios, “genera conicto,
pues hay un grupo de comuneros que dicen
proteger sus aguas y sus territorios, más allá de
todas las consecuencias que esto les pueda
6. Se realizó una entrevista con tres funcionarios de la empresa.
39
35
generar ” (Entrevista funcionario empresa,
noviembre de 2014).
Ante los conictos emergentes y las acciones
colectivas emprendidas por las comunidades
afectadas, la empresa modicó su estrategia de
acercamiento a partir de la vinculación al equipo, de
una persona local, formada en ingeniería, quien
además de contar con conocimientos técnicos
especícos en torno a proyectos que involucran el
manejo del agua, es de origen campesino, domina la
lengua quechua y cuenta con más de treinta años de
experiencia de trabajo en la zona. La lógica que
subyace a esta vinculación se apoya en que el
conocimiento de la lengua, los códigos y realidades
locales, posibilitan el establecimiento de un diálogo
directo con las personas afectadas y les otorga
legitimidad al proceso, dado que su pertenencia a la
zona, justica el interés de promover proyectos que
benecien a las comunidades y generen desarrollo.
La creación de energía constituye para la empresa la
promoción del “avance de los pueblos”, a través, del
desarrollo, discurso que se contrapone a lo que
consideran es una “confusión de las comunidades”,
al negarse a la generación de bienestar colectivo
mediante la producción energética y la consecuente
implementación de proyectos subsididarios de riego
y agricultura.
El tercer momento se relaciona con la proyección de
la puesta en funcionamiento de la represa y el
proceso de administración de la misma. Según los
acuerdos establecidos con las comunidades, todos
los comités de riego de las comunidades afectadas
deberán participar. Para ello, según información
otorgada por la empresa, los habitantes de la zona
reciben capacitaciones que les permitirán insertarse
en funciones operativas en el futuro. Los cambios
en la estructura económica suponen diferentes
retos para las comunidades que aceptan el
proyecto, esto incluye la generación de nuevas
habilidades y competencias que les permita
responder a las demandas de la empresa. En
términos más amplios implica la creación de nuevos
sujetos.
Conclusiones
Proyectos hidroenergéticos como el de Salcca
Pucara en Cusco, Perú, implican la
signicativa transformación del paisaje hídrico
y conllevan una serie de procesos sociales,
culturales, políticos, económicos y
ambientales atravesados por fuer tes
jerarquías. De esta manera, entran en disputa
distintas formas de relacionarse con el entorno
y diversas cosmovisiones sobre lo que está en
conicto. Estas diferentes posiciones e
interpretaciones con respecto a las
implicancias del proyecto, se encuentran
mediadas por relaciones de poder
inequitativas que permiten que se instalen
discursos como verdades.
A pesar de contar con el respaldo del discurso
de desarrollo extractivista promulgado por el
gobierno peruano, le es difícil a la empresa a
cargo del proyecto hidroenergético instalar su
verdad como legítima, por lo que recurre a
emplear una serie de estrategias para
insertarse y acercarse a las comunidades.
Entre las estrategias utilizadas por EGECUSCO
S.A cabe resaltar la creación de nuevos
sujetos que son anes a sus lógicas. En ese
sentido, queda claro que lo que está en juego
es la forma de vida misma de las comunidades
campesinas quechuas y su capacidad para
rechazar, negociar, modicar y hasta proponer
diversos proyectos socio-económicos de
alcance no solo local sino también nacional.
Agradecimientos
A las comunidades de Santa Bárbara, Combapata, y Machacmarca; a los representantes municipales de San
Pablo, San Pedro y Checacupe, y a los delegados de la empresa EGECUSCO S.A, por su colaboración y
disposición al diálogo. Finalmente, un agradecimiento muy especial a los estudiantes del curso-taller
Justicia Hídrica- 2014 quienes hicieron posible este artículo con sus experiencias de campo y diversas
reexiones.
40
Los retos de la explotación hidroeléctrica para el
desarrollo local en un territorio afectado por el
conflicto armado colombiano,
el caso de la represa Ituango
Marion Benassaya1
ot.com.co
Fuente: http://debatehidroituango.blogsp
L
a represa hidroeléctrica Ituango, situada al
norte de Antioquia, está en construcción y
planea la generación de 2400Mw, una vez
ter minadas las obras en 2018. Esta
perspectiva, dene al proyecto como el más
grande del país, y el tercero en América Latina.
La mayor par te de este potencial será
comercializada con América Central2 . El
proyecto es entonces, un ejemplo
característico de las orientaciones
extractivistas de la economía antioqueña, y en
general colombianas, en el marco de la
locomotora minera-energética que impulsa el
gobierno nacional.
Su zona de inuencia corresponde al cañón del
Cauca y comprende doce municipios
per tenecientes a las subregiones del Nor te,
Occidente y Bajo Cauca. El proyecto generará
cambios profundos en estos municipios donde el
contexto geopolítico es ya complejo.
Principalmente nanciado por EPM (Empresas
Públicas de Medellín) en una alianza público-privada
que implica a la Gobernación de Antioquia, es un
proyecto promovido en el discurso de los
constr uctores como una opor tunidad sin
precedente de desarrollo para el departamento, la
ciudad de Medellín y la zona de inuencia del
1. UMR PRODIG, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Francia
2. http://www.hidroituango.com.co
35
41
proyecto. Sin embargo, responde también al reto de
reconquista estatal de un territorio que actualmente,
está bajo el control de los actores ilegales, con el
objetivo de explotar masivamente sus recursos. De
ahí, resulta una competencia por el control territorial
en el que las poblaciones afectadas son las que
menos pueden expresar su propia visión del
desarrollo y se encuentran doblemente
victimizadas: por la agudización del conicto por
una parte, y por el despojo cultural y territorial que
genera el proyecto, por otra.
¿Oportunidad de desarrollo en un contexto de
conflicto o factor de agudización de la
violencia?
El proyecto ocupa una zona montañosa en la
frontera entre los departamentos de Antioquia y
Córdoba, en un territorio que se ha quedado al
margen del modelo de desarrollo antioqueño.3
Desde el siglo XIX, este modelo ha sido pensado
según un patrón centralizado alrededor de la ciudad
de Medellín y concentrado en los altiplanos
productivos de la región. Los municipios afectados
se encuentran alrededor del cañón del Cauca, cuyas
pendientes abruptas y ocupadas por bosques secos
tropicales presentan muy pocas supercies
productivas y suelos muy vulnerables. Hasta antes
del inicio de las obras, el recorrido entre el municipio
de Ituango y Medellín duraba más de diez horas por
una carretera sin pavimentar. El conicto armado
mantuvo el territorio en una situación de
vulnerabilidad grande.
Desde los años 80, la región ha sido fuertemente
marcada por la presencia de guerrilleros y
paramilitares. Los actores armados se han
aprovechado de este aislamiento para establecer
áreas de entrenamiento militar y de cultivos ilegales.
Estas actividades fueron permitidas por la ausencia
de representación ocial del Estado y permitieron el
establecimiento de una dominación territorial por los
grupos ilegales. El área también es estratégica para
los grupos armados porque representa un corredor
de comercio ilegal entre el Urabá y los puertos
caribeños, al norte, y el Magdalena Medio, al sur.
Esto ha provocado enfrentamientos violentos entre
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia) y los paramilitares por el control de las
rutas y ha generado masacres y desplazamientos de
poblaciones locales, acentuando la marginalización
y la pobreza de la región.4
Esta situación se agudizó justo antes de la validación
del proyecto de la represa, cuando ocurrieron las
masacres del Aro (1997) y de Orobajo (1998) por
grupos paramilitares. Las incursiones paramilitares
en esa época se presentaron con el objetivo de
“erradicar” la guerrilla de las FARC en la zona, lo que
se tradujo en una persecución sistemática de todos
los habitantes. Al ver que las fechas de validación del
proyecto y que los episodios de violencia coincidían,
basándose en los testimonios de la población lo
local, varios obser vadores denunciaron al
constructor por haber contactado a los paramilitares
para “limpiar” el terreno necesario para las obras,
acaparárselo ilegalmente y eliminar la amenaza de la
guerrilla (s/f). Se llevó adelante un investigación en
el tribunal de Justicia y Paz de Medellín pero fue
interrumpida antes de llegar a cualquier conclusión.5
Desde 2010, las primeras fases de la construcción
del proyecto fueron acompañadas de una nueva
agudización de la violencia. Sin embargo, los
constructores del proyecto prometieron cambios
profundos del contexto en la región con impactos
territoriales positivos, hasta se presentaron como un
actor de la construcción de la paz en el territorio, en
el contexto del proceso de paz a escala nacional. El
objetivo de este discurso es presentar una imagen
ética y responsable del desarrollo hidroeléctrico,
que rompa con la experiencia de proyectos como
Guatapé que tuvo consecuencias muy graves para
las comunidades locales.
Estos discursos que buscan generar una imagen de
empresa responsable son muy importantes para la
3.VALENCIA SEPÚLVEDA, La Reconquista De Ituango: Un Reto En Seguridad Y Defensa Nacional Del Estado Colombiano,
Analecta Política, 2013, Vol 3-4, Pp 139-160.
4. Fundación Sumapaz, Instituto Popular de Capacitación –IPCCORPADES, ASCNA, ASCIT y la Corporación Jurídica Libertad.
Estado de los derechos humanos en antioquia, entre el sueno de la paz y la guerra, 2013.
5. http://www.semana.com, Juan Diego Restrepo, “la sombras de HidroItuango”28/10/2014.
42
Fuente: http://debatehidroituango.blogspot.com.co
vocación internacional que EPM busca desarrollar.
Según la empresa, el proyecto representa una
iniciativa de desarrollo enmarcada en el escenario
del posconicto. El crecimiento económico y la
mejora de las vías de acceso se acompañan de una
consolidación de las instituciones por medio de la
titulación de propiedades, la creación de empleo
formal, la capacitación de las alcaldías y, sobre todo,
el refuerzo de la presencia policial y del ejército.
Estas medidas amenazan directamente el control
territorial de los actores armados ilegales y
provocaron un aumento de la violencia al principio
de las obras6, lo que se tradujo en la proliferación de
enfrentamientos entre los grupos armados y la
fuerza pública, con la población civil en medio del
conicto, el incremento del desplazamiento forzado,
del cual los cañoneros son las primeras víctimas. La
violencia y los desplazamientos debilitan el arraigo
de las comunidades a su tierra y tales condiciones
hacen que las comunidades no puedan participar
plenamente en las transformaciones territoriales
que están ocurriendo con la construcción del
proyecto.
Con el proyecto EPM planea desalojar a los actores
ilegales a largo plazo y permitir a la administración
ocial retomar el control del territorio. Pero con la
nueva vocación económica del territorio, inducida
por el proyecto, es poco probable que las
poblaciones desplazadas vuelvan algún día y
puedan adaptarse a los nuevos usos del territorio.
EPM ha impulsado medidas especícas para
adaptar la planeación del proyecto al contexto del
conicto de la región tales como la cooperación con
el Estado para reforzar la institucionalidad en el
territorio o el plan adicional de compensación, que
atribuye 100 mil dólares a los municipios de la zona
de inuencia además de las regalías. Eso puede
atraer a nuevas poblaciones, urbanas y agricultoras
con usos diferentes y un sistema económico
“moderno”. Aunque el proyecto logrará debilitar a
los actores ilegales a largo plazo, existen pocas
posibilidades de que las poblaciones victimizadas
aprovechen estos cambios. El desarraigo de las
comunidades generado por el conicto armado
permite a EPM planear un desarrollo del territorio sin
su población.
El modelo de desarrollo extractivista, nuevo
factor de despojo y de tensión para la
población local
Al mismo tiempo, este discurso enfocado en el
desarrollo y la paz permite desviar la atención de
6. Deléage Estelle, Paysans malgré tout ! Ecologie & politique, 2005/2 N°31, p. 13-23.
35
43
Foto: Catalina Duque, Panorámica del Cañon del Río Cauca, al fondo proyecto hidroituango.
otras problemáticas sociales y ambientales frente a
los que el proyecto no propone soluciones
sostenibles. El proyecto se acompaña de un
discurso desarrollista, prometiendo modernización,
crecimiento económico y restauración de buenas
condiciones de vida en el territorio gracias a la
explotación intensiva del caudal del río Cauca. En
este plan, EPM dene el río como un recurso
económico sin tomar en cuenta la dimensión
integral del cañón como hogar de vida y eje
estructurante de las comunidades.
La constitución colombiana reconoce la
multiculturalidad de sus territorios y los derechos de
las comunidades locales a par ticipar en las
orientaciones del desarrollo, para promover
modelos locales adaptados a las especicidades
culturales territoriales. Algunas investigaciones
académicas demuestran que la participación local
en la construcción territorial es la mejor garantía
para acceder a un desarrollo sostenible en el que la
población tiene la oportunidad de mejorar sus
condiciones de vida7. En el caso del proyecto de
represa Ituango, se evidencia que el retomar el
control territorial a través de un proyecto de
desarrollo extractivista en el contexto de conicto
armado, impide la expresión de las población local y
genera nuevos tipos de conictos locales.
Con más de quinientos años de arraigo al territorio
en un contexto ambiental muy frágil y de aislamiento
físico fuerte, la población se ha mantenido gracias a
prácticas artesanales adaptadas. Las poblaciones
perpetuaron un modo de sustentación heredado de
la cultura Nutabe, grupo indígena casi extinto del
territorio, que se caracteriza por las actividades de
barequeo, pesca artesanal y cultivos de pancoger.
Existe un sistema complejo de interrelaciones
sociales y económicas entre las comunidades
según su localización en las vertientes del cañón, las
temporadas y la disponibilidad de los recursos. Las
comunidades se reparten en tres grupos bastante
distintos: los montañeros, los cañoneros y los
campesinos. El grupo de los campesinos viven en
los altiplanos de los municipios de la zona de
inuencia y en los cascos urbanos. Subsisten
gracias al cultivo de café y cacao, a la ganadería, y a
negocios de tiendas y servicios. Los dos otros
grupos viven en las vertientes del cañón, en la zona
de inundación del proyecto hidroeléctrico. Los
7. Deléage Estelle, Paysans malgré tout ! Ecologie & politique, 2005/2 N°31, p. 13-23.
44
montañeros viven arriba de las vertientes y alternan
actividades de pan coger, explotación de madera y
barequeo 8 . Los cañoneros son poblaciones
itinerantes sobre las orillas del río que se dedican
exclusivamente al barequeo y a la pesca. Estas
actividades están asociadas con unas prácticas, un
saber-hacer tradicional y un sistema histórico que
representan el principal patrimonio de esas
comunidades. Estos tres grupos intercambian
mucho entre ellos, y el oro recogido en las vertientes
del río se vende en los cascos urbanos en los
altiplanos. Sin embargo, los indicadores de pobreza
de esta población son muy altos.
El discurso de EPM redene la imagen del territorio a
través del proyecto, pasando de un territorio
marginalizado del país a un territorio dinámico para
la proyección del desarrollo hidroeléctrico de
Antioquia.9 Pero este modelo económico destruirá
las prácticas tradicionales de las poblaciones
locales, especialmente las del barequeo. En este
contexto, los cambios del perl económico del área
y la introducción de actividades nuevas con el
proyecto de represa amenaza el balance frágil entre
el medio ambiente y el uso de los recursos del
territorio. Estos cambios tienen consecuencias
directas socioambientales que se suman a los
impactos directos de la represa que amenazan con
afectar todo el territorio del cañón del Cauca.
Las poblaciones que más dependen del río para su
sustento, se ven directamente afectadas por la
represa. Pierden el acceso al río, y los cambios del
caudal y del microclima perturban profundamente la
geografía del territorio, así como la disponibilidad de
los recursos básicos. Las tres actividades
principales, la agrícola, la pesca y el barequeo se ven
afectadas. Por un lado, la producción agrícola de
pan coger se ve afectada por el aumento en la
precipitación, la transformación de los microclimas
y el cambio en el ciclo hidrológico de la zona
agrícola. Y por el otro lado, la pesca y el barequeo
podrían desaparecer. La represa representa para
esta población la destrucción de su territorio de vida,
sus recursos económicos, y de su patrimonio
cultural. Además, los barequeros son los más
vulnerables porque no tienen ninguna identicación
formal de propiedad o de actividad. Al ser
itinerantes, parte de ellos, no participaron en los
censos de EPM para acceder a la compensación. La
empresa señala que estas personas, especialmente
los mineros, vienen de otras regiones y no
per tenecen a la zona, y que llegaron para
aprovecharse de los programas de compensación.
Sin embargo, tales programas toman en cuenta
parte de estos afectados. Estas personas se
beneciarán de nuevas viviendas y serán
involucradas en “proyectos productivos” de café o
cacao para remplazar las actividades de pesca y
minería que no podrán realizar más. Estos proyectos
productivos generan un reforzamiento de la presión
en los suelos, con consecuencias de deforestación
y erosión. La agricultura en el cañón del Cauca es
poco sostenible y poco productiva y no representa
una solución a largo plazo. Mientras tanto, los
ecosistemas especícos del área se van a perder.
La reorientación de estos grupos hacia la actividad
agrícola en el marco de los proyectos productivos
representa un derrumbe grave en la estructura de las
comunidades. La represa Ituango va a debilitar el
balance entre los diferentes grupos que viven en el
área de inuencia, generando nuevos tipos de
conictos sociales y ambientales. La desaparición
del barequeo amenaza la estructura de las
comunidades y la relación que existe entre las
poblaciones del fondo del cañón, y los campesinos
de las vertientes. A corto plazo, las comunidades del
área de inuencia se verán afectadas de varias
maneras por el proyecto. Los grupos campesinos
que no se encuentran en zona de inundación no van
a necesitar relocalización. Ellos son los que esperan
más ganancias con la represa gracias a la
organización de los proyectos productivos y las
perspectivas para desarrollar negocios. De esta
situación, pueden desprenderse tensiones dentro de
las comunidades y un reforzamiento de la
marginalización de las poblaciones más vinculadas
con el río a través de los usos tradicionales. Estas
poblaciones se encuentran entonces doblemente
marginalizadas por el desarrollo, en la escala
regional y en la escala del territorio local.
8. Barequeo se le llama a la actividad que consiste en el lavado de arenas sin ayuda de maquinarias o medios mecánicos para
separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas.
9. Londono Ciro Elba Mary (dir) Del Dueno a la realidad, Pescadero-Ituango “Jose Tejada Saenz” 1969-2011, Hidroelectrica
Ituango SA ESP, 2011
45
35
La movilización frente al proyecto diseña un
modelo alternativo para el desarrollo
Esta situación evidencia deciencias mayores en los
programas de desarrollo de las empresas
hidroeléctricas. Varias razones que explican la
insuciencia de los planes: el contexto territorial
mayormente informal, la ausencia de títulos de
propiedad y de actividad, y la desactualización de
los catastros, impidieron un estudio profundo de la
organización de las comunidades en el territorio. Al
principio de las obras se evidenció que los planes de
compensación de EPM fueron insucientes.
Primero, la cantidad de personas impactadas
resultó mayor de lo previsto. Ocialmente aumentó
de 350 a 1400 personas10, pero esta cifra no toma en
cuenta a las poblaciones desplazadas por los
paramilitares ni a las poblaciones “informales” que
practican el barequeo. El proyecto amenaza con
reforzar la vulnerabilidad de estas poblaciones
frente a la pobreza y la violencia. En este contexto las
promesas de desarrollo local hechas por EPM no
pueden realizarse para las poblaciones afectadas.
Sin embargo, el Ministerio del Ambiente otorgó las
licencias ambientales al proyecto. Eso evidencia la
prioridad absoluta de las locomotoras extractivistas
sobre los retos de desarrollo local. Este modelo
promete una generación económica mayor para los
constr uctores, pero genera numerosas
externalidades sociales y ambientales que impiden
un desarrollo sostenible en el territorio. Según la
C o m i s i ó n M u n d i a l d e l a s Re p r e s a s , u n
reconocimiento de todas estas externalidades con
medidas de compensación suciente invertiría el
balance de impactos/benecios de proyectos de tal
dimensión.
Como lo han mostrado los numerosos movimientos
campesinos e indígenas en América Latina y el
mundo, la orientación extractivista de la economía
representa una nueva amenaza para el arraigo y la
sustentación de las poblaciones del campo en su
territorio11. Esta amenaza es comparable a la que
representa el conicto armado por sus
consecuencias: desplazamientos for zados,
acaparamientos de tierras, desestructuración
social, uso inapropiado de los recursos. En varios
países latinoamericanos, la re-primarización de las
economías nacionales en el marco de la integración
mundializada generó movimientos locales fuertes
para defender modelos de desarrollo locales
“altermundialistas” o anti-mundialización. En
Colombia, aunque las nociones de
“multiculturalidad” y “plurietnicidad” en la
constitución deberían promover los modelos de
desarrollo locales, los movimientos locales han sido
incapacitados por la presencia del conicto armado.
Con el argumento de la lucha contra el conicto
armado, los constructores de la represa Ituango
imponen el extractivismo como única opción para la
paz, y los que se oponen al proyecto aparecen como
cómplices de los grupos armados. En el contexto
del conicto se mantuvo una gran desconanza
entre los actores del proyecto y la población local.
EPM acusa a las organizaciones campesinas que se
oponen al proyecto de estar inltradas por las FARC,
lo que le permite negarles su derecho a la
participación y a la negociación. Esto también
problematiza la garantía al respeto de su derecho a la
participación en la movilización social en el contexto
del conicto.
Sin embargo, organizaciones opuestas al proyecto
se movilizaron a partir de 2011, bajo el liderazgo de
la organización Ríos Vivos, a través de bloqueos de
carreteras, de comunicados públicos, de
manifestaciones y marchas campesinas (500
campesinos marcharon hasta Medellín en 2013 y
ocuparon el coliseo de la Universidad de Antioquia 8
meses para informar a la población sobre la
situación en el cañón del Cauca).12Aunque estas
acciones no lograron inuenciar la estrategia de
EPM en el territorio, la movilización permitió dar
visibilidad a la riqueza cultural y ecológica de la
región y denunciar la contradicción entre el modelo
de desarrollo del proyecto y la herencia histórica de
la región.13
Las estrategias de las organizaciones se articulan
alrededor de dos ejes: el reconocimiento del
10. EPM
11. Hugon Philippe, « Le rôle des ressources naturelles dans les conits armés africains », Hérodote, 2009/3 n° 134, p. 63-79.
12. www.debatehidroituango.blogspot, Movimiento Rios Vivos Antioquia, Comunicado Público n°15, Los campesinos y
barequeros desplazados por HidroItuango buscamos refugio en la Universidad de Antioquia, Agosto 11 de 2013
46
patrimonio cultural del cañón por el Estado y su
protección, y el reconocimiento de la condición de
“desplazados por el desarrollo”. El reconocimiento
del patrimonio fue pedido primero al Ministerio del
Interior a través de la creación del resguardo Nutabe
en Oro bajo, grupo indígena que habría desarrollado
la tradición barequera. El objetivo era hacer valer los
derechos especícos de protección territorial de los
grupos étnicos, tales como medidas más estrictas
de par ticipación y de protección del medio
ambiente. El proyecto de resguardo no fue tomado
en cuenta porque fue presentado después de la
Declaración de Interés Público de la represa. Más
tarde, las organizaciones presentaron un proyecto
para incluir el patrimonio barequero en la lista de los
patrimonios inmateriales de la Nación, que está
siendo estudiado por el Ministerio de la Cultura. Esta
acción ha tenido mejor acogida en el territorio. Sin
embargo, la inscripción en la lista consiste
únicamente en un reconocimiento de la existencia
de la comunidad pero no suministra ningún recurso
o protección territorial a la población. Estos
movimientos, sin embargo, par ticipan en
transformar la imagen del territorio como área del
conicto armado, marginalizada y disfuncional
hacia una imagen de un lugar con una riqueza
ambiental, y cultural que merece la atención no solo
de las empresas extractivistas sino de la sociedad
civil colombiana e internacional para la preservación
de su patrimonio.
El otro eje de la estrategia se traduce en una
demanda ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para que la condición de
“desplazado por el desarrollo” sea reconocida. Esta
condición no existe en Colombia y abre un debate
mayor para el país sobre la construcción de la paz y
el desarrollo. El país cuenta con una de las tasas de
desplazamiento más altas del mundo por culpa del
conicto armado. Sin embargo, el conicto está
fuertemente vinculado con los grandes proyectos
de extracción pro desarrollo del país que
representan fuentes potenciales de enriquecimiento
para los grupos ilegales, ya que estos proyectos
agudizan los enfrentamientos. Pero también, el
conicto tiene sus raíces en los problemas del
campo, y un sistema agrario de concentración de
tierra que genera una gran vulnerabilidad de los
campesinos14. La orientación extractivista de la
economía perpetúa esta situación, alejando el país
de las reformas agrarias que necesitan los más
vulnerables. Además, genera nuevas tensiones que
se suman cada vez más a conictos sociales y
ambientales y representan obstáculos serios a la
construcción de la paz en los territorios. Por eso la
CIDH dio una acogida favorable a la demanda.
La represa de Ituango produce cambios profundos
en la vocación e identidad del área, impuesto por
actores externos sin tomar en cuenta las
aspiraciones y las propuestas de la escala local para
un desarrollo alternativo. Estos cambios se hacen
en nombre del “bien común superior” que consiste
en generar energía para su comercialización con
países fronteros. Esta comercialización podría
incidir en la modernización y el crecimiento
económico de Antioquia, pero en cambio, se
sacrica el patrimonio cultural y ambiental del cañón
del Cauca.
El proyecto se hace según un modelo desarrollista y
extractivista de los recursos naturales que se
impone en favor de los intereses de grupos privados
(el capital del proyecto es principalmente privado)15,
ignorando el vínculo que la población oriunda del
cañón del Caucatiene con el río, tanto cultural como
económico. El proyecto va a modicar el caudal, la
disponibilidad del agua, las condiciones de acceso
al río y todo un sistema de usos y prácticas
culturales van a desaparecer con el embalse,
generando impactos mucho más complejos que los
que aparecen en los estudios. Finalmente, la
construcción de esta represa también agudiza el
conicto armado, y la falta de concertación impide
la construcción de un modelo de desarrollo justo
para el territorio y perjudica el medio ambiente y las
particularidades locales del territorio.
13. Betancur Alarcón, Laura, Propuesta De Creación De Una Cartografía Digital Como Herramienta De Periodismo Participativo
Para El Tratamiento De Conictos Socioambientales Por El Agua A Raíz Del Proyecto Hidroeléctrico Ituango Epm (Fase I - Análisis)
Universidad Ponticia Bolivariana Escuela De Ciencias Sociales Facultad De Comunicación Social-Periodismo Medellín, 2013.
14. Gomez Jiménez Alcides, Colombia : el contexto de la desigualidad y la pobreza rural en los noventa, Cuadernos de Economia,
2003 n° 38, p. 199-238.
15. Jimenez Morales, Pescadero Ituango La Central De Las Ambiciones, Impresos Al Dia, 2008, 255p
35
47
Entrevista a Raúl Zibechi:
La salida del modelo extractivo requiere de una crisis política,
social, económica y de poder: no podemos salir gradualmente
Andrés Jiménez Gómez1 y Claudia López Pardo2
CE Comité Editorial
RZ: Raúl Zibechi
Foto: Raul Zibechi_Gualajara cortesia Raul Zibechi
C
E: Mientras Estados Unidos y Canadá
desmantelan 1057 represas de su territorio,
parece que en la región andina los proyectos
hidroeléctricos son la punta de lanza en los
argumentos del progresismo de gobiernos de
izquierda (Ecuador o Bolivia) para el cambio
de matriz energética y de la derecha neoliberal
(Colombia o Perú). Los planicadores de las
políticas energéticas tienen una estrategia
geopolítica, ¿qué opinas de la suma de poder
político, poder territorial, violencia y modelo
energético?
Raúl Zibechi es un pensador activista uruguayo que
trabaja diversos temas que tienen como ejes los
movimientos anticapitalistas, las relaciones de
dominación y los caminos de la emancipación en
América Latina. En esta entrevista rastreamos el
tablero de la geopolítica energética, el despliegue
del extractivismo hidroenergético en la región y el
papel de los estados (progresistas y/o neoliberales)
en el mismo, el imperialismo energético brasileño y
su inuencia en los planes de integración regionales
y, nalmente, las dinámicas de los procesos
alternativos y sus transformaciones autonómicas.
RZ: Yo creo que hoy todo lo que sucede en nuestra
región sudamericana o América Latina no pude
alejarse de una cierta lectura geopolítica del mundo
y del papel que está jugando esta región; lo que
estamos observando son dos o tres hechos que me
gustaría mencionar rápidamente. Una fuerte disputa
geopolítica por los recursos energéticos sobre todo
por las mayores potencias energéticas mundiales
que son Norteamérica y Asia. Esa disputa está
centrada en varios recursos, uno de ellos es el
petróleo, pero estamos en la etapa nal del petróleo
como fuente abundante y barata de energía. Yo sé
que los precios están cayendo pero ese no es el
1. Antropólogo integrante del grupo de investigación RERDSA INER, Universidad de Antioquia (Colombia) y Estudiante Maestría
Gestión Sustentable del Agua, Colegio de San Luis (México). Correo: [email protected].
2. Boliviana, vive actualmente en Ecuador. Trabaja en temas de investigación-acción en justicia hídrica con enfoque en conictos
socioambientales, ecología política y género. Ha estado involucrada en campañas por la defensa del agua en Bolivia. Msc. en
Estudios socioambientales en FLACSO-Ecuador.
48
principal dato, sino la desregulación creciente del
mercado del petróleo que está generando un caos
en el acceso al recurso petrolero. Por ejemplo, en
este momento es una gran incógnita saber que va a
suceder con el fracking, hay diversos estudios que
aseguran que el fracking deja de ser rentable en una
gran cantidad de pozos de los Estados Unidos; otros
dicen lo contrario. Lo que quiero decir con esto es
que ni siquiera a nivel analítico hay una cierta
coincidencia de hacia dónde orientarnos, ese es un
claro síntoma de caos en el terreno del petróleo.
En segundo lugar, sostengo que todas las potencias
emergentes en el mundo han ido acompañadas de
una nueva matriz energética: el ascenso de
Inglaterra como potencia global fue acompañada
por la máquina de vapor y el carbón como principal
fuente de energía durante la revolución industrial. El
ascenso de Estados Unidos, hace ya más de un
siglo, fue acompañado por la expansión del
petróleo, y el ascenso de Asia y de China, en
particular, parecería que va acompañado de una
diversidad de fuentes energéticas de las llamadas
alternativas. China es vanguardia en energía eólica,
en energía solar, en el uso de electricidad para los
automóviles que es una importante revolución, etc.
Lo que este segundo aspecto plantea es que esa
disputa por la preeminencia en el terreno de la
energía es muy importante en periodos en los que
además vivimos una tendencia, ya no al cambio,
sino al caos climático creciente.
América Latina, en concreto, Sudamérica es una
región muy rica en recursos hidroeléctricos y se
están construyendo una gran cantidad de represas
hidroeléctricas en la cuenca Amazónica, entre
grandes, medianas y pequeñas, más de cien
represas en proceso de construcción, algunas de
ellas entre las tres, cuatro, o cinco más grandes del
mundo, está Itaipú y ya tenemos en marcha a Belo
Monte, pero también otras gigantes como el
complejo del Río Madera. Entonces, existe una
fuerte inversión de capitales en la construcción de
grandes represas hidroeléctricas, lo que implica
directamente una disputa por el territorio muy fuerte.
No hay construcción de grandes represas
hidroeléctricas (Tocantins, Jirau, San Antonio y
otras en Brasil) sin ocupación vertical del territorio,
desplazamiento violento de áreas habitadas o
habitables, cultivadas o cultivables y se produce
también un sistema de intervención que cada vez se
asemeja más, según lo van diseñando los
especialistas brasileños, al modelo de plataforma
petrolera marina. Se empiezan a hacer menos
hidroeléctricas al viejo estilo como Jirau sobre el río
Madera con diez mil trabajadores que viven allí.
Ahora se ensaya un nuevo estilo con menos
trabajadores, menos intervención directa, de no
traslado de grandes maquinarias, en n, un nuevo
modelo que está implementándose para disminuir la
conictividad que inevitablemente registran estas
represas. Desde el punto de vista del territorio, el
conicto es una brutal agresión en contra suya y de
los pueblos que habitan allí, y eso se está
multiplicando por diez, por cien represas que están
en vía de construcción en Sudamérica, y en algunos
lugares, con una fuerte resistencia popular. No nos
olvidemos que hace casi cuatro años, en 2011,
hubo una enorme revuelta popular en la represa de
Jirau sobre el río Madera con destrucciones
masivas, paralizaciones y retraso de las obras.
Pero también tenemos la masiva y maciza oposición
a un complejo de represas en el sur del Perú, en la
zona de Puno, que ha provocado también
levantamientos populares importantes. Es decir, por
primera vez, en mucho tiempo, hay una
multiplicidad de conictos que enfrentan la
construcción de megarepresas hidroeléctricas.
Recuerdo que en otros periodos, hace treinta,
cuarenta años cuando se hicieron monstruos como
Itaipú ciertamente bajo dictaduras, no hubo aquel
nivel de conictividad que estamos registrando hoy.
CE: ¿Cómo podemos entender la relación entre el
discurso del desarrollo, ahora sostenible con
nuevas tecnologías relacionadas con la producción
de energía limpia y barata y el patrón de
acumulación extractivista que hoy reproducen las
viejas y nuevas élites que se van formando en
Latinoamérica?
RZ: Lo que sucede es que nosotros, en general,
tenemos una lectura no muy acertada, o demasiado
ideológica de algunos procesos, por ejemplo, dividir
los gobiernos de América del Sur entre progresistas
y conservadores o izquierda y derecha, me suena
cada vez menos ajustado. ¿Por qué? Porque lo que
49
35
tienen en común todos ellos es que buscan su
legitimidad fomentando el consumismo, y por lo
tanto, un patrón de crecimiento económico basado
en el modelo extractivo por un lado, y mayor
consumo de la población, por otro. Lo que quiero
decir con esto es que a diferencia de los periodos
anteriores de treinta años atrás, caracterizados por
el modelo de sustitución de importaciones en el que
una masa impor tante de campesinos se
urbanizaban y comenzaban a trabajar en la industria
o en servicios y de ese modo accedían a un mejor
nivel de vida, hoy, el modelo extractivo no genera
empleo digno porque no genera integración.
Las personas que vivimos en países donde impera el
modelo extractivo vivimos en una situación en la
cual no hay procesos de desarrollo industrial -más
allá de que uno lo pueda cuestionar por otros
motivos sobre todo ambientales-, y no hay empleos
legítimos, sino un modelo extractivo que genera un
pequeño polo de dinamismo económico tipo
enclave. El modelo extractivo a diferencia del
modelo industrial, necesita muy pocos trabajadores
porque el grueso de lo que se extrae es para
expor tación, productos sin procesar, ya sea
petróleo, ya sea gas, soja, u otros commodities.
Entonces, no hay una complementación, no hay
industria que permita a los trabajadores consumir lo
que ellos producen, se produce para consumo
externo y eso genera una sociedad a dos
velocidades, un pequeño polo muy dinámico y una
gran parte de la población –que puede estimarse en
torno al 50%- que vive de las transferencias
monetarias de las políticas sociales y de los
servicios.
Estos procesos generan una capacidad de consumo
que no retroalimenta un proceso de desarrollo o de
crecimiento económico más o menos integral, sin
embargo, a partir de estos programas los gobiernos
adquieren su legitimidad. Ni siquiera a través de las
transferencias sino a través del acceso a bienes de
consumo, entonces, en todos nuestros países, más
allá de toda consideración ideológica lo que
tenemos son: emprendimientos extractivos y malls3
urbanos. El consumo no genera ciudadanía, no
genera legitimidad ni participación política y social,
genera simplemente consumo que se agota en sí
3. Grandes centros comerciales
50
mismo y que es necesario revivirlo y repotenciarlo
cada día porque es tan efímero, que existe en la
medida en que se consume. El día que se deja de
consumir, todo eso entra en crisis.
En el modelo industrial eso funcionaba de otra
manera y las prioridades de consumo de los
trabajadores eran la vivienda, la educación, la salud,
que hoy en día están cuestionadas en cuanto a su
calidad por todo el sistema, además que se trata de
empleos y de relaciones sociales ancladas en la
indignidad. Entonces, lo que veo es que el modelo de
extracción de commodities está generando una
desarticulación de las sociedades porque los
espacios en que los sectores sociales se
socializaban e intervenían de las más diversas
maneras, están sometidos a una lógica que los
destruye. De ahí que las políticas sociales
focalizadas, aunque abarcan a un sector muy amplio
de la población, sean necesariamente
complementadas con policialización y militarización
creciente de la sociedad, un sistema de vigilancia
más intenso y extenso, y eso atenta contra cualquier
proceso de integración real. De ahí que estos
regímenes, caso de Ecuador, el de Correa, estén
sometidos a una permanente necesidad de
rear mación y legitimación plebiscitaria,
legitimación casi cotidiana. Esa falta de legitimidad
en lo social no puede zurcirse con discursos. Hace
dos días Álvaro García, en Bolivia dijo que los
revolucionarios no llegaron al Estado para
administrar el capitalismo, lo cual sabemos que es
una soberana mentira porque los que están en el
Estado en Bolivia no son revolucionarios, la mayoría
están para llenarse los bolsillos como la familia de
Álvaro García; y en segundo lugar porque no están
haciendo otra cosa que administrar el capitalismo en
su peor vertiente que es la extractiva. Hay una
necesidad de ganar elecciones, estar
permanentemente plebiscitándose porque la base
de sostén de los regímenes es muy frágil.
CE: Mencionaste alguna vez que la acumulación por
despojo o cuarta guerra mundial es una forma de
robo en la realidad colonizada. ¿Podrías profundizar
esta teoría aplicada a este modelo extractivo?
RZ: Los zapatistas denominan al modelo extractivo
como cuarta guerra mundial, porque es un modelo
de apropiación violenta de los bienes comunes, no
es un modelo productivo sino especulativo. Un
modelo productivo es el modelo fabril. Brevemente:
un capitalista que tiene un dinero lo invierte, compra
un predio, sobre ese predio construye una fábrica,
compra máquinas, compra materias primas,
consigue obreros a los que les paga un salario y ahí
produce. En un período de diez años, amortiza
productivamente sus inversiones.
Después de la Segunda Guerra Mundial esto se
aceleró y las fábricas amortizan en mucho menos
tiempo el capital invertido. En el modelo extractivo,
vamos a poner el caso de la soja porque todavía da la
idea de que es productiva y a diferencia de la minería
a cielo abierto, donde abren el pozo y se llevan el
mineral, se produce un grano que se llama soja. En
ese caso, alquilan las tierras y la maquinaria,
compran el paquete tecnológico de MONSANTO con
los granos, los herbicidas, los pesticidas, etc. y a los
tres, cuatro meses de sembrada la tierra - que cada
vez es menos productiva por la siembra directa y el
uso de agroquímicos -, no solo amor tiza la
“inversión” sino que obtiene una fuerte ganancia. Si
por alguna razón (como el cambio de las reglas
impositivas, cambio de gobierno, problemas
climáticos) decide emigrar a otro país ese pool de
siembra, no tiene ningún problema porque no dejó
ninguna estructura ja. Lo que quiero decir, es que el
capital jo, que era lo que Marx analizaba como la
inversión que queda enterrada y que no se puede
mover, es cada vez más superuo en este tipo de
emprendimientos ¿Por qué? Porque justamente
estamos en un periodo hegemonizado por el capital
nanciero, entonces el modelo commodities, el
modelo extractivo hay que considerarlo parte del
proceso de nanciarización que vive la humanidad
entera y que es guiado por el capital nanciero que
es uno de los más concentrados y más militarista
desde el punto de vista de cómo actúa en los
territorios. Entonces, el modelo extractivo es un
modelo básicamente nanciero que actúa desde el
punto de vista de la población, como lo dice Naomi
Klein en la teoría del shock, genera un tsunami, un
trastorno brutal en la vida de los pueblos en donde
elige instalarse, ya sea minería, ya sea monocultivo,
hidroeléctrica, etc.
Desde el punto de vista de las poblaciones afectadas
lo que se observa es una invasión militar,
desplazamientos y una situación en la que las
personas son despojadas violentamente de sus
medios de sobrevivencia. Y este modelo que en
Colombia en los sitios mineros son las
retroexcavadoras que utilizan tanto el capital
internacional como los actores armados, los
paramilitares y la guerrilla, es el mismo modelo: es
llegar con las retroexcavadoras, instalarse allí,
desplazar población, utilizar algunos trabajadores de
la zonas para vadear las excavadoras en los ríos, en
lugares muy difíciles donde luego de cumplir su
ciclo productivo se van sin dejar más que pasivos
ambientales y degradación social. Si uno mira el
conjunto de ese proceso estamos ante una
intervención militar similar a la de las invasiones y
bombardeos que producen las fuerzas militares.
Pero además el modelo extractivo tiene una pata
urbana muy fuerte que la podemos observar muy
bien en Quito, en Bogotá, en Lima, en todas las
grandes ciudades de América Latina, que es lo que
llamamos el extractivismo urbano, o la especulación
inmobiliaria. Personas que han vivido toda su vida,
que han nacido en un barrio determinado, muchas
veces ganado a tierras baldías donde instalan sus
viviendas, donde construyen las calles y construyen
todo el equipamiento necesario para la vida, e
incluso muchas veces el trabajo comunitario
construye escuelas y salas de salud. Un buen día,
por razones de especulación inmobiliaria ya sea
porque están muy cerca de lugares como puertos,
aeropuertos o vías de tránsito o simplemente
porque el capital consideró que en esas zonas puede
expandirse exitosamente, esa población sufre lo
mismo que la población rural, un proceso de
expulsión violento para construcción de nuevas
obras. Esto fue muy visible en los periodos previos
al mundial de fútbol en Brasil en que 250 mil
personas fueron expulsadas de las favelas o de los
barrios en que vivían desde hacía décadas, algunas
desde hace más de un siglo para poder intensicar la
acumulación del capital a escala urbana, que es
exactamente el mismo proceso extractivo solo que
tiene un despliegue distinto en el seno de las
ciudades, para construir mega obras similares a las
hidroeléctricas pero en la ciudad, o viviendas de lujo
para clase media alta y alta.
35
51
Raul Zibechi cortesia La Vaca www lavaca org
CE: ¿Existen diferencias entre el socialismo del siglo
XXI y el neoliberalismo en relación a sus modelos
energéticos? ¿Cuáles serían sus puntos de
encuentro y desencuentro? ¿Son lo mismo?
RZ: No, no son lo mismo. Hay que comparar casos
concretos. Claro, comparar Colombia o Venezuela
en este momento no es lo más adecuado porque a
mi modo de ver, Venezuela vive un proceso de
irracionalidad económica y de desarticulación de la
economía muy fuerte; mientras que Colombia
mantiene una actividad económica de acumulación
capitalista no solo de commodities sino de otros
emprendimientos tanto productivos, industriales
como nancieros que la diferencian bastante en ese
terreno de Venezuela. Habría que matizar cada uno
de los procesos: Venezuela ha utilizado
positivamente la renta petrolera desviándola a los
sectores populares o para usufructo de los sectores
populares, pero no consiguió que esa renta se
traduzca en una mínima productividad de los
emprendimientos, por ejemplo, alimenticios, lo que
genera una gran dependencia de las importaciones.
En el caso de Colombia hay un desarrollo de
sectores empresariales importante, como el grupo
Sarmiento, ARGOS, etc. son grupos complejos que
abarcan desde la producción y la ganadería o la
agricultura hasta las nanzas, pero a su vez muestra
una gran debilidad en el mercado interno y de
52
políticas de integración de la población.
Probablemente, si el proceso de paz se consolida,
Colombia que es el segundo país de Sudamérica en
población con 50 millones de habitantes, no tenga
otro camino que potenciar el mercado interno, que
por otro lado, es bastante promisorio lo cual
indicaría que tiene que permitir que los trabajadores
tengan mejores salarios, se puedan organizar,
tengan voz en la sociedad, lo que va en contra de la
cultura política de la oligarquía colombiana, en n,
una serie de dicultades.
Yo no creo que el modelo neoliberal clásico de los
noventa, básicamente privatizador, sea igual al
modelo neoliberal que algunos llaman pos
neoliberalismo no privatizador con mayor presencia
estatal. El modelo extractivo actual tienen
diferencias y particularidades que no son las que
proclama el socialismo del siglo XXI (que no se sabe
todavía muy bien qué es) porque –a mi modo de verestá en un retroceso muy fuerte, pero no se lo puede
asimilar. Lo que sí se puede decir, es que son dos
fases distintas del mismo modelo, lo que llaman
socialismo del siglo XXI intenta dar cuenta de un
fuerte activismo popular como se dio básicamente
en Ecuador, Bolivia o Venezuela, una fuer te
presencia del mundo popular organizado y
movilizado que no puede ser atendido con las
políticas focalizadas tradicionales del Banco
Mundial, sino con una nueva camada de políticas
mucho más amplias. Pero esas políticas sociales y
ese desvío de la renta petrolera de Venezuela hacia
los sectores populares no está queriendo decir que
haya poder popular con capacidad de incidir en las
políticas estatales, que sería la diferencia de un
proceso de carácter socialista. No hay un
protagonismo popular más allá de que se hayan
ensayado comunas en Venezuela, y que se hable de
un gobierno de los movimientos sociales que no
existe en el caso de Bolivia.
CE: ¿Podrías hablarnos del rol que asume el estado
frente a estos proyectos de desarrollo extractivo con
acciones como la militarización de los territorios
para proteger los proyectos, la inversión en
infraestructura (carreteras, puertos, etc.) con
dineros públicos para el benecio de los gestores de
dichos mega emprendimientos o la formulación de
legislaciones y políticas scales que los benecian?
RZ: Los estados, en general, han desarrollado una
importantísima obra pública no solo en Ecuador y no
solo bajo los gobiernos progresistas, no nos
olvidemos que en Perú y en menor medida
Colombia, han desarrollado una importante obra
pública de infraestructura. En general, los estados,
con más énfasis bajo los gobiernos progresistas,
han desarrollado una importante cantidad de obra
pública, una parte de ella para el ujo de la economía
y la extracción de commodities, otra porque había
un importante retraso provocado por las décadas
del neoliberalismo en inversión de infraestructura. Y
una parte de esa inversión, va directamente al tema
energético, que hoy es un tema clave. Porque si las
poblaciones tienen un mayor acceso al consumo
también necesitan más energía, y ahí hay una
disputa intensa por la energía.
Es el caso de Ecuador, con el desarrollo de una
importante inversión en energía hidroeléctrica. Lo
que no me parece que estén muy claros son los
planes de largo plazo para hacer esto sostenible, hay
un cambio en la matriz energética, en algunos
casos, más limpia, pero ahora estamos en una
coyuntura muy delicada en la cual los ingresos por
exportaciones se estancan o decrecen y hay menos
capacidad para poder invertir en obra pública. Ahí
aparece la gran incógnita de China que se ofrece
como nanciador de obras y no sabemos hasta qué
punto eso va a ser simplemente una coyuntura. Mi
impresión es que China ha apostado a ser un
nanciador de largo plazo en obras de
infraestructura y en otros servicios en la región con
el objetivo de posicionarse y además de recibir a
cambio materias primas, sobre todo hidrocarburos
y también minerales. En ese terreno creo que la
presencia de China es de largo plazo, hay que
discutir hasta qué punto benecia o no, pero esa es
otra historia, pero los países están intentando salir
de sus problemas actuales de nanciamiento a
través del apoyo de China.
CE: En tu libro sobre Brasil, mencionas que la matriz
energética brasilera es una de las más limpias “del
planeta”, con el 47.3 % de energía renovable. En
contraposición esta la polémica de Belo Monte que
va a abastecer a 26 millones de habitantes. ¿Crees
que se trata de un nuevo control amazónico
territorial? ¿Se podría decir que es un nuevo
imperialismo energético el de Brasil, pensando ya en
la IIRSA?
RZ: Sí, puede hablarse y hay trabajos que hablan del
tema. Brasil, prácticamente tiene el monopolio de
las grandes inversiones energéticas en la cuenca
Amazónica, a través de la hidroeléctrica; y además,
tiene planes de desarrollo energético importantes,
como las cinco represas del río Inambari en el sur
del Perú. El 80% o 90% de la energía estará
destinada no a Perú sino a Brasil, igual que Cachuela
Esperanza sobre el río Madera en Bolivia, y otras
represas que son básicamente para exportación a
Brasil. Este país tiene el saber hacer de sus grandes
empresas de la construcción, que a veces fallan
como las represas del río San Francisco, cerca de
Baños en Ecuador, pero tienen capacidad para
realizar obras complejas, obras de ingeniería
importantes, tienen el know how4 y tienen la
capacidad nanciera y técnica. La capacidad
nanciera viene del Banco de Desarrollo de Brasil
(BNDES), que es el que nancia esas obras a
condición de que se contraten empresas brasileñas.
Sí, hay una suerte de imperialismo energético, el
conicto que tuvo Odebrecht con el gobierno de
Correa hace ya 6 años fue una muestra de eso, y a
4. saber hacer
53
35
su vez de la capacidad corruptora que tienen estas
empresas para imponer sus criterios. Entonces,
estamos en ese momento, en el cual con
dicultades, avances y retrocesos, Brasil crece en
América del Sur. Uno de los ejes de su crecimiento
son sus necesidades energéticas, que tienen que
duplicarse en los próximos 20 años
aproximadamente. La minería es una gran
consumidora de energía: la Vale es la segunda
minera del mundo, consume el 5% de la energía que
produce Brasil, está por toda América Latina y por
todo el mundo.
La lucha por la soberanía energética de las potencias
emergentes es muy importante, hay una fuerte
disputa en este terreno. Estados Unidos por primera
vez va camino al autoabastecimiento energético
gracias al fracking, no sabemos cuánto durará, pero
se ha empeñado fuertemente, se perforan más de
100.000 pozos por año. China, Rusia por su puesto,
la India, Brasil, o sea, los países emergentes están
todos en esa pelea, y las viejas potencias como
Europa y Estados Unidos también están sufriendo
esa pelea. Brasil utiliza la cuenca amazónica y su
poder en la región para asegurarse una situación
energética favorable.
CE: Pero no solo en la cuenca Amazónica, sino en la
IIRSA; también lo del TIPNIS en Bolivia y los
gasoductos, o su impacto en el Putumayo
colombiano con la construcción de carreteras para
conectar la Amazonía y el Pacico. Son todas esas
estrategias que intentan regular la energía a través
de este imperialismo interno.
RZ: Sí, la IIRSA que ahora se llama COSIPLAN5,
porque se ha integrado a los planes de la UNASUR,
sin duda, contempla el proyecto de integración
energética de la región como una parte fundamental
de su proyecto, los doce corredores son de
comunicación, transpor te, tecnológicos y
energéticos. Cada uno implica un ujo de energía y
nodos donde se pueden ver puertos, aeropuertos,
pero también hidroeléctricas, complejos de gas
integrados en diferentes cadenas productivas. La
IIRSA, hoy COSIPLAN, es todavía el plan maestro de
integración al servicio de los mercados; su eje hoy
sigue siendo la conexión Pacico - Atlántico para
5. Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento
54
facilitar el ujo de mercancías y por lo tanto, la
acumulación de capital, no es una integración
endógena, sino exógena.
Estamos en ese punto y desde hace 15 años desde
que Fernando Henrique Cardoso realizó la reunión
fundadora de la IIRSA no nos hemos movido, más
allá de los cambios de gobierno y de los cambios de
nombres de los diferentes proyectos. Es necesario
tenerlo en cuenta, porque la llamada integración de
los gobiernos progresistas lo que ha hecho es
asumir punto por punto los proyectos que venían del
periodo neoliberal. No nos olvidemos que en el año
2000 cuando Cardoso crea la IIRSA en la reunión de
presidentes en Brasilia era pleno periodo neoliberal.
Lo que han hecho la UNASUR y los gobiernos
progresistas es asumir ese proyecto al pie de la
letra. En vez de que tal nanciación venga del Banco
Mundial, hoy tiene más presencia el BNDES, pero
los proyectos y los objetivos son exactamente los
mismos, y me parece que eso desnuda claramente
el periodo en el que estamos actualmente en
América Latina.
CE: Pasando un poco al tema de las alternativas y las
resistencias, ¿Cómo podemos entender este nuevo
ciclo de resistencias en el continente frente al
extractivismo?
RZ: Bueno, creo que estamos en un periodo muy
complejo, en el periodo de declive de los gobiernos
progresistas, prueba de ello es lo que está pasando
en Brasil, donde el gobierno de Dilma Rouseff
nombra un gabinete totalmente neoliberal vinculado
a la banca, un ministro de economía que fue
funcionario del Fondo Monetario y del Banco
Mundial, Joaquín Levi funcionario de alta gerencia
de Bradesco, que es uno de los dos grupos
nancieros privados más importantes de Brasil. Me
parece que en este periodo, desde el punto de vista
de los movimientos, en el que están sucediendo
cosas: Una primera es que los “viejos
movimientos”, los movimientos que emergieron en
disputa con el modelo neoliberal en los años
ochenta y sobre todo los noventa, hoy en día están
sometidos a fuertes presiones que los llevan, en
algunos casos, a desorganizarse o a sumarse a las
políticas de los gobiernos progresistas; pero a su
vez, están surgiendo lentamente otros movimientos.
El caso más conocido y más importante es el de
Brasil. En junio de 2013, se produjo el estallido de
una gran protesta protagonizada, en buena medida,
por nuevos movimientos juveniles y de mujeres,
Movimiento Pase Libre y otros; en Ecuador
movimientos como YASUNIDOS, -que ya no es la
CONAIE-, que surge bajo el régimen de Rafael
Correa. En el caso de Colombia lo notable de la
protesta agraria de los últimos años también con el
protagonismo de grupos de nuevo tipo, que ya
arranca un poco antes con la formación del
Congreso de los Pueblos y un nuevo tipo de
articulación entre movimientos, intenta, ir más allá
de las viejas coordinaciones de dirigentes de
carácter sindical, y consigue ser durante un buen
tiempo, un espacio de conuencia entre militantes y
activistas de diversos movimientos rurales,
urbanos, indígenas, campesinos, estudiantiles y de
trabajadores. Un encuentro como el que se hizo en la
Universidad Nacional de Bogotá, de 15.000
personas, eso ya no es una coordinación de
dirigentes que denen un plan de acción, estamos
ante algo nuevo, ante algo distinto. Entonces, me
parece que están emergiendo en toda la región una
nueva camada de movimientos bastante
promisores y por tadores de nuevas culturas
políticas.
Yo creo que lo que hace falta hoy entre nosotros son
nuevas culturas políticas que no reproduzcan la
relación direcciones-base, la relación estadomovimiento que conocimos en los periodos
anteriores, si no, nuevas formas de hacer, que a
veces en lo local y en lo puntual se consiguen, a
veces no duran en el tiempo, otras veces si, como
irrupción de nuevas camadas de la sociedad,
básicamente jóvenes, que necesariamente van a
tener que mostrarse como alternativas no
electorales, como alternativas de vida a este modelo
extractivo tan terrible, y en el cual el activismo
urbano va a jugar un papel digamos relevante. En el
caso de YASUNIDOS me parece que es un tema a
reexionar y ver de qué es portador, que posibilidad
tiene de durar en el tiempo.
CE: Ahí hay todavía un elemento que es fundamental
y que has trabajado bastante y es la cuestión de la
autonomía. En relación a eso, ¿Consideras que la
legislación internacional, por ejemplo el Convenio
169 de la OIT o en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los Pueblos
indígenas, puede ser una oportunidad para los
pueblos de ganar autonomía territorial o en cambio
como están planteadas y aplicadas actualmente, en
la mayoría de los casos, son formas de legitimación
del despojo?
RZ: Lo que planteas sobre la autonomía, nosotros
estamos en un permanente creación-destrucción,
empiezan a aparecer experiencias autonómicas, y
rápidamente se empiezan a estatizar a través de los
estados pluri que buscan darle estatuto legal –
estadocéntrico - a la autonomía. Yo creo que con
esto hay que tener mucho cuidado; creo que lo
fundamental son las experiencias autonómicas,
después la legislación autonómica y todo eso,
bueno, ya veremos en donde termina, pero lo
fundamental es que seamos capaces de crear
espacios de autonomía, que no es fácil sobretodo
sostenerlos, después si el estado reconoce
prácticas autonómicas en los territorios está bien.
Siempre que no intente regularlas a favor de los
estados como está pasando claramente en el caso
de Bolivia y muy particularmente con los pueblos de
tierras bajas. Hay una disputa también en el terreno
de la autonomía.
Las autonomías nuestras en América Latina y en el
tercer mundo, no podemos pensarlas igual que las
pensó Castoriadis para la clase obrera europea,
cada una tiene sus particularidades y en el caso
nuestro es muy evidente. Entonces, creo que esto de
las autonomías y del estado gestionando o
legalizando nuestras autonomías es un tema a
discutir, no quiero decir que esto vaya a ser un
problema, que sea negativo, hay que discutirlo; yo
soy muy crítico del estado pluri, creo que, tanto en
Bolivia como en Ecuador, no es más que el viejo
estado colonial reencauchado, con algunos
retoques, que no cambian lo fundamental, porque si
al estado colonial le pongo poncho, pollera y
sombrero, no deja de ser el viejo estado. Esto es lo
que ha pasado claramente en Bolivia, es el mismo
estado de siempre con las mismas prácticas, solo
que ahora está gobernado por indígenas.
Mi opinión es que el estado no puede
55
35
descolonizarse. Hablan con una ligereza brutal
sobre la descolonización del estado, pero no se
atrevería Álvaro García a hablar de la
despatriarcalización del patriarcado, que sería algo
parecido a descolonizar el estado. ¿Cómo se
despatriarcaliza el patriarcado? No, el patriarcado es
el patriarcado y se puede eliminar, destruir, no por un
decreto, sino en una larga práctica política. Esto se
simplica de una manera absurda y a través del
estado pluri, en el cual el movimiento indígena es
cómplice, involuntario pero lo es. Estamos en una
situación compleja y que no permite ser optimista en
torno al futuro descolonizador desde arriba.
CE: Armas que del extractivismo no se sale
gradualmente, ¿Qué es lo que quieres decir con
esto?
RZ: En la mentalidad de los gobiernos y de las
personas de izquierda y de muchas ONG, está la idea
de que se puede salir de un modelo de una forma
ordenada, a través de decretos, a través de
decisiones, incluso de movilizaciones, pero eso no
es así. Lo que yo pienso hoy es que la salida del
modelo extractivo es una crisis política, social,
económica, de poder, y no se puede salir
gradualmente, pacícamente, es una crisis como
fue en el Ecuador en el 2000, o como fue la guerra de
Colombia a partir del asesinato de Jorge Eliecer
Gaitán en el 48.
Apostar a una salida gradual del extractivismo es
apostar al inmovilismo, y yo creo que eso no nos
ayuda como sociedad, como activistas, como
militantes. Me parece que debemos empezar a
desarrollar un pensamiento y formas de acción para
periodos de crisis, caóticos que son a los que
estamos ingresando; si no lo hacemos, vamos a
llegar a esos momentos, con una gran debilidad. El
extractivismo hoy es el sistema capitalista en su
periodo de dominación nanciera y de militarización
creciente de las sociedades, ¿Cómo salir de ese
modelo que tiene tan amarrada a la sociedad? Con
sus leyes antiterroristas, con sus policías
antimotines especializadas, con la militarización de
espacios públicos. No se puede salir de eso
gradualmente. Es mi hipótesis, no es que lo tenga
demostrado, porque todavía no hemos salido de
este modelo, pero me parece que salimos de este
56
modelo con una fuerte crisis no solo económica,
sino con una crisis política, lo central es el poder, la
crisis de los estamentos de poder, la crisis de la
distribución del poder en la sociedad.
CE: ¿Consideras entonces que los principales
puntos de bifurcación están entorno a la
construcción de procesos de autonomía?
RZ: Sí, creo que la principal forma de aprovechar el
caos sistémico es generar espacios diferentes a los
del sistema, formas de producción, formas de vida
en espacios de autonomía, de modo que en los
momentos de mayor caos sistémico, la sociedad
pueda ver en esos espacios de autonomía una
alternativa de orden y de vida en medio del caos y de
la muerte.
Las sociedades no cambian sin mediar esas
bifurcaciones, ahora, las bifurcaciones no son
planicables; nosotros tenemos todo un sistema de
pensamiento eurocéntrico y progresista,
desarrollista, heredero del iluminismo, que nos hace
pensar que las sociedades y los cambios son
planicables, pero eso es mentira. Los cambios no
son planicables, pueden darse en determinadas
condiciones y normalmente no son las condiciones
que nosotros elegimos. Tú puedes planicar una
campaña electoral, puedes planicar una
movilización como la minga que llego a Bogotá, pero
el mundo al que estamos ingresando es un mundo
de imprevistos y de incertidumbres.
La idea de que podemos planicar la transición a una
sociedad nueva o a lo que sea, o la salida del
extractivismo, a mi modo de ver, es una idea
tributaria del pasado, de un sistema de ideas que ya
no funciona, o que si funcionan en periodos de
estabilidad no van a funcionar en periodos de caos
sistémico. En esas estamos y tenemos que ser
capaces de improvisar en cada momento, en cada
situación, y de asumir lo nuevo como algo que no es
deseado probablemente, pero que está ahí y que
tendría que ser incorporado a nuestro esquema de
saberes como alternativas y posibilidades ciertas.
De las pocas cer tezas que tenemos es la
incertidumbre.
Estudios de Casos
Reflexiones en construcción sobre el reconocimiento y
la cuantificación de derechos: El caso del megaproyecto
hidráulico multipropósito Chone, Ecuador.
Juan Pablo Hidalgo1
Introducción: El contexto de la reflexión
“Pensemos que haya 500 familias [afectadas y desplazadas], son 500
familias lamentablemente no son más!. Cuántos habitantes tiene Chone, [la
ciudad]?...60 000 habitantes dividido para 5, promedio estamos hablando de
15 000 familias. Perdónenme hay que pensar en el benecio de esas 15
000 familias, y no puede estar supeditado al benecio de 230…¡¡no
pueden cerrarse la cabeza!!…” (SENAGUA 2011:54).
Foto: Juan Pablo Hidalgo, Sitio de presa
E
as que alimentan a los ríos represados,
en Río Grande con fondo de subcuenc
2015.
sta es la respuesta que dio un funcionario de la Secretaría del Agua (SENAGUA) a un comentario de un
habitante de Río Grande quien se oponía al proyecto multipropósito Chone. Lo dijo durante el proceso
de participación social previo a la expedición de la licencia ambiental para ejecutar el proyecto
multipropósito Chone (PPMCH).
1. Investigador ecuatoriano en Ecología Política del Agua. Doctorando del Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos
(CEDLA/AISSR) de la Universidad de Ámsterdam. [email protected]
35
57
Desde el año 2006, en Ecuador, el gobierno ha
fortalecido la presencia institucional del Estado en
diversos sectores, entre esos el hídrico. A través de
ello ha impulsado una visión moderna y desarrollista
de la administración pública, ligada a la tecnología,
alta inversión en obras sociales y de infraestructura
y a una ideología progresista. Todo esto basado en
recursos provenientes de la exportación petrolera y
agroexportadora, principalmente. Bajo este modelo,
el gobierno pretende ordenar y denir a los paisajes
hídricos como espacios sociales, culturales y
geográcos homogéneos. En ese marco, sostiene
su verdad sobre la gobernanza del agua como si
fuese absoluta y universal (ej. la necesidad de
construir megaproyectos hidráulicos como
solución a las inundaciones).
Legitima sus decisiones con base en los votos
obtenidos en contiendas electorales. Así, lo enfatiza
el presidente Correa en el 2012, mientras rmaba el
contrato para la ejecución de un proyecto
estratégico:
“Ante la mentira aparecerá la verdad; ante
la irracionalidad, la lógica; ante la insensatez, la
responsabilidad. En ese sentido, asumo toda la
responsabilidad política de estos actos y el
pueblo ecuatoriano, en las elecciones de febrero
de 2013 sabrá decidir quién actuó en función de
las grandes mayorías y quiénes tan solo
intentaron ganar las próximas elecciones con
politiquería, con mediocridad, con mentiras”2.
en proyectos de uso de agua, también se liberan sus
responsabilidades sobre el sacricio de unas
´pocas familias’. A par tir de esta condición
utilitarista (Bentham,1988) promulgada por el
gobierno, sugiero un análisis de la implementación
de megaproyectos hidráulicos en relación a los
pilares que sostienen la justicia ambiental:
distribución socio-económica, par ticipación
política y reconocimiento cultural (Schlosberg,
2004; Zwarteveen y Boelens, 2014).
Chone, su contexto y el Proyecto Propósito
Múltiple Chone.
Chone es un cantón de la costa ecuatoriana (Ver
gráco 1) que históricamente ha congurado su
territorio entre inundaciones en época de lluvia
(diciembre-mayo), sequías en época de verano
(junio-noviembre) y una abundante producción de
alimentos, en especial frutos cítricos y ganadería.
El cantón tiene 126.491 habitantes y su cabecera
cantonal -Chone- alrededor de 46000 (INEC)4
Gráco 1. Ubicación del cantón Chone en
Ecuador
Esa verdad plantea sus propias nociones de
desarrollo, progreso y bienestar. De esta forma
facilita para sí la gobernabilidad para administrar el
territorio desde el sector público (Scott, 1998). Al
mismo tiempo subjetiviza matices sociales y
culturales de las llamadas ‘minorías’3. Inclusive las
incluye en un solo grupo homogéneo e igual.
La premisa principal de la actual administración es:
trabajar en función del bienestar de las mayorías.
Bajo la misma, se justican grandes intervenciones
Fuente: SENAGUA 2011
2. Suscripción de contrato del proyecto Mirador. 5 de marzo 2012.
3. Me reero a ‘minorías’ hacia aquellas poblaciones rurales que están asentadas en áreas y territorios de inuencia de mega
proyectos hidráulicos, como: zonas de inundación o sitios elegidos para construir obras. Su condición geográca los hace
sujetos de sacricio para dar paso a la implementación de este tipo de proyectos.
4. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/. Consultado el 15 marzo 2015.
58
En la zona de inuencia, los nqueros le ganaron
terreno al bosque tropical para desarrollar sistemas
de producción con base en: la ganadería, el cacao,
los cítricos, el plátano, el maíz, el arroz, entre otros
cultivos para consumo familiar y para el comercio.
Las relaciones socio-económicas entre el campo y
la ciudad son estrechamente interdependientes. El
intercambio comercial de alimentos primarios,
procesados y el suministro de insumos para la
agricultura es central, como lo arma un
comerciante local: “la producción del campo le da
vida a la ciudad, si el campo está mal...la ciudad
está mal”5.
Las ncas -en la zona del futuro embalse- son
propiedades de pequeño y mediano tamaño
(promedio 25 hectáreas), y las relaciones laborales
se basan en el intercambio de mano de obra entre
campesinos (ej. presta manos6) y en el trabajo
remunerado (jornaleros). Esta última forma encarga
a una familia de jornaleros la administración de una
nca a cambio de vivienda, un espacio de terreno
para el cultivo familiar y un salario. Los dueños de
las propiedades habitan en su mayoría en la ciudad
de Chone.
En la zona rural, el río Grande y sus auentes tienen
un rol fundamental en la reproducción de la vida
campesina. En ellos se reúnen las mujeres a lavar la
ropa. En sus orillas pedregosas se colocan las
catangas8. De ellos también se obtiene pescado de
agua dulce. Son rutas de comunicación y alimentan
a los ríos subterráneos que a su vez nutren las
vertientes de donde los pobladores de Río Grande se
abastecen de agua para consumo humano. En
época lluviosa el río crece e inunda zonas bajas de
las ncas, renovando sus cauces y arrastrando
nutrientes que dan vida a su ora y fauna. Esto hace
posible que en las orillas se produzcan otros
vegetales tales como haba, col, entre otras
hortalizas. En la ciudad de Chone, aguas abajo, las
grandes crecidas del río Grande son en parte las
causantes de inundaciones, puesto que este río es
un auente importante del río Chone que circunda la
ciudad. Es en parte el causante porque el río Chone
también recibe agua de otros ríos. Además la
capacidad del sistema hidrosanitario y pluvial esta
sobrepasado por el crecimiento de la ciudad, lo cual
hace que una leve garua sature su aforo.
El PPMCH fase I ¿la solución para las
inundaciones de Chone?
El PPMCH es un proyecto con varios propósitos
(agua potable, riego y control de inundaciones) que
se ideó a inicios de los años ochenta y se está
implementando desde el 2009. El contrato de
construcción se rmó el 24 de julio de 2010 en la
ciudad de Chone entre la Secretaría Nacional del
Agua (SENAGUA) y el consorcio chino TiesijúManabí. El costo original de la obra es de 50 millones
de dólares americanos (USD), actualmente su costo
asciende a más de 100 millones. La fase I incluye la
construcción de una represa de 70 metros de altura
sobre el río Grande (se proyecta embalsar 113
millones de m3) ubicada quince kilómetros aguas
arriba de la ciudad de Chone. La construcción de 6.5
kilómetros del canal de desagüe San Antonio,
mismo que funcionaría como un cauce
complementario al río Chone para evitar
inundaciones en la zona urbana 9 . Según
estimaciones de la SENAGUA entre la construcción
de la presa y el embalse no se afectarían más de 630
hectáreas (SENAGUA 2010), pero el impacto será
mucho mayor, calculan los campesinos de Río
Grande. Ellos arman que sumando el área utilizada
para obras, zonas de inundación, franjas de
protección y los cinturones que quedarían aislados
por el espejo de agua, se afectarían más de 6000
hectáreas.
5. Los montubios son una etnia social autodenida que comparte las mismas creencias, tradiciones, costumbres, normas,
formas de pensar y habla popular del litoral ecuatoriano. Tienen un fuerte nexo con formas de agricultura familiar, entre otras
características.
6. Conversación personal en febrero 2011.
7. Lo cual se reere al intercambio de mano de obra entre familias y la comunidad.
8. Trampa construida de caña guadua para atrapar camarón de río.
9. El río Chone recibe las aguas del río Grande, Mosquito y Garrapata.
59
35
En junio del 2013, la SENAGUA terminó el contrato
con la estatal china y desde agosto del mismo año,
un consorcio ecuatoriano (Equitesa-Equitransa) fue
contratado bajo régimen de emergencia para
continuar con las obras.
A pesar de que el proyecto tiene varios momentos,
en este documento, considero únicamente un par de
eventos que ejemplican la forma de hacer política
pública entorno a este paisaje hídrico.
Río Grande: una licencia ambiental tardía y
la crónica de un desalojo
El gobierno promociona al PPMCH por su capacidad
para controlar las inundaciones. Esta condición lo
hace aceptable y sin mayor crítica por parte de la
población, en especial en la zona urbana. En la zona
rural, particularmente las poblaciones asentadas en
el vaso de la presa10, han presentado una fuerte
oposición al proyecto desde el año 2009 hasta
nales del 2012. La lucha fue colectiva, permanente
y usó varios mecanismos para defender su posición
de permanecer en sus tierras. Sin embargo, no fue
suciente.
El gobierno tenía claro que el proyecto sería
ejecutado para el bien común. Así por ejemplo, lo
expresa el presidente del Ecuador, Rafael Correa:
“este proyecto…es un sueño legítimo y es derecho
de la inmensa mayoría de choneños, para que cerca
de 170000 personas, más de 20000 familias
vivieran mejor…”11. De igual manera, esta posición
fue repetida a nivel local por el administrador del
contrato del PPMCH en su momento durante el
proceso de socialización de los impactos socioambientales del proyecto. Desde el 2009, momento
en el cual se declara como prioritario y se destinan
los primeros fondos para su construcción, el
proyecto que tardó cerca de 30 años en ejecutarse,
ahora está en marcha.
Licencia ambiental
Casi ocho meses después de haber rmado el
contrato de ejecución de obra y casi cuatro meses
después de haber iniciado la obra, el 14 de febrero
2011, se emitió la licencia ambiental por parte del
Ministerio del Ambiente. Habilitante para la
ejecución de la presa en río Grande y el canal de
desagüe San Antonio. Es decir, los trabajos de
movimiento de tierra en el sitio de presa y en el canal
San Antonio iniciaron sin este requerimiento
administrativo-legal y ético.
En noviembre 2010, se inició el proceso de
´participación social o socialización´ liderado por la
SENAGUA y dos compañías consultoras, proceso
que tenía como n la obtención de la licencia
ambiental.
Metodológicamente la socialización incluyó: la
apertura de 3 centros de información del 24 de
noviembre al 9 de diciembre 2010, y tres
presentaciones públicas en los tres primeros días
del mes de diciembre. Según un informe de la
SENAGUA (2011), ninguna de estas actividades fue
realizada en la zona de afectación directa de la
represa, y ninguna reconoció al Comité Central de
Comunidades Campesinas de Río Grande que
aglutina a los habitantes del área afectada por el
futuro embalse12.
Claramente se aprecia un proceso de participación
social tardía a pesar de que en el Art. 57 numeral 7
de la Constitución del Ecuador se señala: “La
consulta previa, libre e informada, dentro de un
plazo razonable, sobre planes y programas de
prospección, explotación y comercialización de
recursos no renovables que se encuentren en sus
tierras y que puedan afectarles ambiental o
culturalmente; participar en los benecios que esos
proyectos reporten y recibir indemnizaciones por
los perjuicios sociales, culturales y ambientales que
les causen. La consulta que deban realizar las
10. Agrupa a cerca de 1700 familias campesinas en 31 comunidades.
11. Inauguración de la Comunidad del Milenio ´Ciudad jardín´, 29-08-2014. Esta comunidad es un reasentamiento que el
gobierno nacional construyó para reasentar a los habitantes-jornaleros desplazados por el proyecto.
12. Es una organización campesina con vida jurídica desde 1997 (Acuerdo 2410-Ministerio de Bienestar Social). Agrupa a
representantes de las 31 comunidades de Río Grande. Funciona como ente articulador para evitar el robo de bovinos y mediador
en problemas de interés colectivo.
60
autoridades competentes será obligatoria y
oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la
comunidad consultada, se procederá conforme a la
Constitución y la Ley”. No se consultó a la
comunidad, ni se socializó previamente de forma
debida, oportuna e informada ¿Acaso una presa con
un espejo de agua no afectará ambiental y
culturalmente un territorio? Además de aquello, en el
Art. 398 se señala: “Toda dirección o autorización
estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser
consultada a la comunidad, a la cual se informará
amplia y oportunamente. El sujeto consultante será
el Estado. La ley regulará la consulta previa, la
participación ciudadana, los plazos, el sujeto
consultado y los criterios de valoración y de
objeción sobre la actividad sometida a consulta”.
Considerando que la carta constitucional es la
nor mativa administrativa-legal y política
jerárquicamente más importante del país, se puede
asumir que las otras de menor rango como el Texto
Unicado de la Legislación Ambiental Secundaria
del Ministerio del Ambiente del Ecuador y La Ley de
Gestión Ambiental fueron ignoradas también.
Al margen de la aplicación o no de las normas y
reglamentos para cumplir con el debido proceso, en
estos casos, la ética es un motivo suciente por el
c u a l c u m p l i r. L a s c o m u n i d a d e s
afectadas/beneciadas debían ser consultadas o
por lo menos, hacer partícipes de los planes que el
gobierno tenía para transformar su territorio y sus
forma de vida. Por supuesto, previo a tomar una
decisión como la rma de un contrato de ejecución
de obra.
Desalojo forzoso
Otro evento relevante que merece ser considerado
en este análisis es el desalojo forzoso realizado a
Don Alfredo13. Ejemplica una de las estrategias
utilizadas por el gobierno para hacer prevalecer una
noción cuanticadora de derechos en el camino
hacia el bienestar de las mayorías.
La nca propiedad de Don Alfredo era fundamental
para la construcción del PPMCH. Uno de los ancos
del eje de la presa se ubica sobre ella. En su
propiedad se alojaban y reunían los habitantes
ubicados en el futuro vaso de la presa desde el año
2009. Previo al desalojo, tanto a Don Alfredo como
a su vecino el gobierno, se les ofreció pagar cerca de
cuatro veces más por sus propiedades que lo
estipulado ocialmente, el vecino negoció.
En la madrugada del 17 de octubre del 2011, cerca
de tres centenas de funcionarios del gobierno:
técnicos, políticos, administrativos y 255
personeros de la fuerza pública incursionaron en su
nca. La incursión de la fuerza pública fue narrada
en el Informe Policial del operativo en Río Grande
así: “…con el apoyo del personal policial del GIR14,
Criminalística, Policía Judicial, Antimotines-Quito,
personal policial del Comando Provincial Manabí
N°4, personal del Servicio de Aeropolicial, se
procedió a ingresar a dichos predios para la
ocupación inmediata ordenada por la autoridad
competente” (SENAGUA 2011: 267). Ingresaron a
la propiedad, en donde aquella noche pernoctaban
algunos campesinos y campesinas que se habían
organizado para hacer guardia. Minutos después de
la acción policial, maquinaria de la empresa
contratista ingresó a la zona para derribar las
constr ucciones existentes y desmontar la
vegetación. Paralelamente, Don Alfredo fue llevado
esposado a la delegación de policía, una mujer
abortó por causa de golpes sufridos durante
operativo, y hubo varios campesinos heridos por
impactos de balas de goma y por efecto de los gases
lacrimógenos utilizados por algunos efectivos de la
policía nacional. La ocupación de la fuerza pública
tenía como objetivo el desalojar a Don Alfredo y
despejar el área para que la empresa china inicie la
etapa constructiva de la presa. Pocos días atrás, la
propiedad fue declarada de utilidad pública por una
jueza del cantón Chone. Ella dispuso a la fuerza
policial realizar el desalojo, y a la SENAGUA el
depósito del pago por el predio en el mismo juzgado.
Además, en el mismo día de la incursión el
presidente Correa decretó como zona de seguridad
nacional a un polígono de 4 kilómetros de diámetro
alrededor del sitio de presa15.
13. Don Alfredo es un campesino de la tercera edad que adquirió su propiedad en Río Grande hace más de 15 años.
14. Grupo de Intervención y Rescate. Es una unidad élite de la policía nacional del Ecuador..
15. Decreto Ejecutivo Nro. 914. Firmado el 17 de octubre 2011.
35
61
de, Chone.
Desalojo en el sitio de presa en Río Gran
Campesinas de Río Grande, 2011
des
unida
Com
de
al
Centr
Fuente: Comité
Es preciso señalar que meses atrás se habían
iniciado los trabajos de remoción de tierra en el otro
anco de la presa, propiedad negociada con
anterioridad con el dueño respectivo.
La oposición a la obra fue desmovilizada y su
cohesión fue debilitada. Entre los aspectos
causantes podrían contarse: el debilitamiento de sus
redes hidro-sociales (ONG, activistas regionales,
académicos, etc.), la facilidad con la que SENAGUA
negoció las tierras después del desalojo -sobre todo
por el miedo de los campesinos a ser víctimas de
intervenciones violentas similares-, y la delimitación
del área del proyecto como área de seguridad
nacional prohibiendo la realización de reuniones
dentro del polígono. Actualmente su principal
preocupación ya no es el evitar la construcción del
proyecto, si no es obtener una adecuada
compensación económica (vías, reasentamiento,
pago de tierras, etc.).
62
Reflexiones finales
Este documento, ejemplica a través de dos eventos
como discursiva y materialmente políticas públicas
en torno a la implementación de megaproyectos
hidráulicos, hacen frente a aspectos críticos sobre el
reconocimiento y la cuanticación de los derechos
fundamentales de poblaciones locales. Los
proponentes del PPMCH se aproximan indiferentes
a la existencia cultural -incluso muchas veces físicade los afectados/beneciarios al imponer su lógica
tecnológica y de conocimiento sobre un territorio.
Parte de la imposición de un conocimiento externo a
la lógica local de construcción del territorio como
más verdadero que otro, es sostenido por la noción
utilitarista del bienestar de las mayorías. El proyecto
que beneciaría a la mayoría de choneros -al
controlar inundaciones- se usa como justicativo
para realizar cualquier acción, inclusive desalojos
violentos. Desconoce derechos fundamentales
incuanticables como: derecho a la libre decisión
informada sobre cambios en sus formas de vida, y a
ser actores políticos.
Parte de un reconocimiento pleno, debe incluir una
suerte de reconocimiento bilateral; desde los
proponentes hacia los afectados/beneciarios y el
de estos últimos así mismos como sujetos de (una
posible) injusticia. Cuando se discute -en caso de
llegar a hacerlo- el reconocimiento hacia los
afectados/beneciarios en procesos de
implementación de grandes proyectos hídricos,
comúnmente se hace referencia a una acción
unilateral. Se asume por parte del primer grupo una
pasividad del segundo grupo, quienes estarían
esperando que se les ´informe o reconozca´ sobre
cómo serán afectados/beneciados y como los
expertos y tecnócratas han decidido sobre sus
compensaciones económicas y cambios en sus
formas de vida. Lo cual comúnmente sucede. Sin
embargo, lo que también ocurre es que los seres
humanos tienen la capacidad de autodeterminación,
contestación y movilización 1 6 . Esto genera
tensiones y una necesidad de reconocimiento del
segundo grupo como sujetos con poder de decisión
política frente a las trasformaciones que trae la
implementación de un megaproyecto hidráulico.
los derechos de cien personas valen más que el
derecho de diez?, ¿Cuáles son las contradicciones
entre el discurso y la practica en materia de
gobernanza del agua alrededor de estos proyectos?
La apuesta por gobernar en función del bienestar de
las mayorías para alcanzar la felicidad de la mayor
cantidad de gobernados, presupone abiertamente la
existencia de una(s) minoría(s) a quien(es) casi
nunca se reconoce en plenitud, pues son los
‘grandes sacricados de la patria’. A partir de un noreconocimiento cultural los otros dos pilares: la
participación política en espacios de toma de
decisión y la distribución socio-económica de
impactos, y benecios de manera igualitaria, no son
posibles. En otras palabras, esas minorías a
menudo no son invitadas a la esta. No pueden
participar de ella y lógicamente no pueden decidir
sobre que pedazo de tor ta preeren. Talvez
escucharán de aquella esta más tarde.
En este documento sugiero indagar sobre cómo esa
capacidad de (auto)reconocimiento estaría
mediada en gran medida por el acceso a
conocimiento (oportuno, adecuado, completo) que
los afectados/beneciarios poseen sobre su estado
de bien-estar o mal-estar. Es decir, su capacidad
efectiva y sostenible para organizarse,
empoderarse, movilizarse y responder pasaría en
gran parte por la capacidad de (auto)reconocerse
como sujetos de injusticia en primera instancia.
El gobierno ecuatoriano y muchos latinoamericanos
presentan agendas productivas y energéticas muy
similares sobre el desarrollo de mega proyectos
hidráulicos. Esconden preocupantes procesos de
no-reconocimiento cultural y manipulación
cuanticadora de derechos inconmensurables de
grupos ‘minorías’ que merecen ser estudiados con
profundidad. ¿Cómo el Estado está legitimando una
aparente ‘consulta política’ a través de procesos de
participación social en trámites de licenciamiento
ambiental en mega proyectos hidráulicos?, ¿Acaso
16. Esta capacidad esta mediada por la cultura y por su relación con la realidad humana y no-humana (ver el trabajo de Bruno
Latour, Michel Callon falta el año).
63
35
Centrales hidroeléctricas:
Conflictos sociambientales en comunidades Nahuas
de la Sierra de Zongolica, México
Teresa Campos Sánchez1
Foto: Teresa Campos Sánchez, Central
hidroelécr trica en la sierra de Zongólica,
río Altotoco represado, Marzo 2015.
Producción hidroeléctrica, ¿desarrollo sustentable?²
L
a producción de energía hidroeléctrica en el
contexto mundial se lleva a cabo en un
complejo entramado de relaciones de
privatización y lucro en manos del mercado
trasnacional. El poder del mercado domina la
producción y distribución de energía, la cual se
torna en un gran negocio de privatización de los
bienes comunes.
Actualmente, están en marcha políticas que
impulsan el proceso de privatización de la gestión
del agua, que se sustentan en el discurso del
“desarrollo sustentable”, que legaliza la práctica
arbitraria de privatización de los bienes comunes,
propiedad de naciones y comunidades enteras. La
construcción y funcionamiento de proyectos
hidroeléctricos en el mundo actual entablan un
conicto inevitablemente social y político, además
de los aspectos económicos y ambientales, y
extienden la brecha de desigualdad social y
económica.
1. Socióloga nahua de la sierra de Zongolica Veracruz, México. Estudiante de posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Austral
de Chile. Correo electrónico: [email protected]
2. El discurso del desarrollo sustentable tiene diferencias importantes al término de desarrollo sostenible, de acuerdo a la literatura
existente. En este artículo me referiré especícamente al discurso del “desarrollo sustentable” por su contradicciones en la
construcción y origen de los conceptos.
64
El discurso del desarrollo sustentable ampara las
prácticas asumidas en el sistema capitalista
neoliberal, como estrategia para continuar la
explotación de los bienes naturales, -como
evidencia el ambientalista Enrique Leff (1998)
“frente a la conciencia generada por la crisis
ambiental, la racionalidad económica se resiste al
cambio, induciendo una estrategia de simulación y
perversión del discurso de la sustentabilidad”. Es así
como la producción de energía hidroeléctrica es
considerada como renovable o “verde”, debido a
que se presenta como de “baja emisión de
carbono”.
El despojo y la invasión del territorio en zonas
ancestrales se intensica como resultado de las
políticas neoliberales depredatorias ante un nuevo
embate por consumir los bienes que quedan en
nuestras comunidades étnicas y campesinas.
Como señala el geógrafo británico David Harvey
(2009), el reparto del mundo por las trasnacionales
es un hecho incuestionable, y se maniesta en la
operación de diversos mega-proyectos sobre todo
mineros, hidroeléctricos y de almacenamiento de
agua que dañan social, cultural y ambientalmente a
poblaciones y territorios étnicos.
El quebranto continuo a los derechos, las voces
acalladas de muchos pueblos, es parte de la
violencia de un sistema que se enfoca en un
desarrollo carente de referencias humanísticas, que
reprime y busca “dominar” a los diversos pueblos
originarios, que se oponen a la idea de producir y
consumir para sustentar a este sistema depredador.
Como dice la ecologista Vandana Shiva (2006), “la
idea de domar la naturaleza justicó la construcción
de presas monumentales, los limites que ésta
impuso no pasaron inadver tidos”. La
implementación de estos mega-proyectos de
generación eléctrica que impulsan los organismos
multilaterales (Banco Mundial, FMI, BID), recurren al
discurso del desarrollo sustentable para justicar su
intervención y el despojo, mientras destruyen
reservas milenarias de bosques, hidrosistemas,
reservorios de fauna.
Proyectos hidroeléctricos y defensa del
territorio en México
En México las políticas de privatización del agua,
iniciadas con las reformas de 1994 y los cambios
que se vislumbran hoy con más contundencia,
quitarán el control al Estado y los gobiernos para
entregárselo a las grandes corporaciones; es esta
centralización y transferencia de poder sobre el agua
la que precisamente facilitará una mayor invasión
del territorio de los pueblos étnicos (Vandana,
2006). Desde las reformas hechas en 1992-1994
se rompen los candados que protegían los bienes de
las comunidades, así, las empresas privadas
invaden y privatizan los sectores antes exclusivos de
las comunidades.
Hay casos representativos de organizaciones de
defensa ante proyectos de presas hidroeléctricas
promovidos por la Comisión Federal de Electricidad
y por las empresas privadas, algunos son: el del
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la
Presa “La Parota” (CECOP), en Guerrero; en
Oaxaca, la lucha contra la presa “Paso de la Reina”;
en Nayarit, donde se vive la resistencia contra la
presa hidroeléctrica “La Cruces”; y nalmente en
Chiapas, con las defensas por el río Grijalva, ante la
amenaza de nuevos proyectos hidroeléctricos.
En el estado de Veracruz donde se ubica parte de la
sierra de Zongolica y donde se construyó la central
hidroeléctrica, se evidencia que el estado cede en la
práctica el control del agua a grupos empresariales,
lo que es el preámbulo de un proyecto de más de
112 presas en el estado con la misma
intencionalidad. La privatización del agua y el
territorio que se vive en la sierra de Zongolica por
este proyecto hidroeléctrico se ha caracterizado por
los abusos de poder, la discriminación, falta de
oportunidades y la exclusión de la participación del
pueblo nahua. Lo anterior trae como resultado
mayor vulnerabilidad y violencia a los derechos de
las comunidades que han sido marginadas e
históricamente saqueadas y excluidas.
Esta central hidroeléctrica marca un hito al ser la
primera en operación en el estado de Veracruz, se ha
establecido en una de las zonas de mayor rezago
económico y social del país: “La pobreza es un
65
35
factor importante para visualizar más claramente
este conicto socio-ambiental, ya que se ve
agravada por las externalidades o por la falta de
acceso a los recursos ambientales” (Sabatini, 1997:
55).
Central hidroeléctrica en la Sierra de
Zongolica: despojo y resistencia de las
comunidades nahuas
Empresa corporativa
La compañía titular del proyecto hidroeléctrico en la
sierra de Zongolica es Electricidad del Golfo,
empresa privada que tiene como subsidiaria a la
Corporación Mexicana de Hidroelectricidad
(COMEXHIDRO), que a su vez está vinculada con
Conduit Capital Partners, empresa trasnacional,
accionista principal de este proyecto y de otros en el
país, como en Nuevo León, Veracruz, Guerrero,
Michoacán y Jalisco.
Es de resaltar que el proceder del estado mexicano
ha avalado a la empresa para construir la central
hidroeléctrica debido a que se han otorgado los
permisos de las instituciones como la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la
Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), además
de los permisos de construcción otorgados por los
municipios afectados (Mixtla de Altamirano, San
Juan Texhuacan y Zongolica); nalmente indicamos
la irresponsabilidad del gobierno en sus tres planos:
municipal, estatal y federal.
Despojo del territorio nahua
Desde el 2010, en los municipios de Mixtla de
Altamirano, Zongolica y San Juan Texhuacán, esta
iniciativa privada impuso el proyecto de generación
de energía denominado “Proyecto Hidroeléctrico
Veracruz”, con el que –aseguran los empresarios y
políticos se impulsará el desarrollo económico y
sustentable de la zona serrana, pero la realidad
contradice este discurso ya que ha operado en la
ilegalidad, sin una consulta previa, violando
acuerdos internacionales (convenio 169 de la O.I.T)
y los derechos humanos de los pueblos indígenas.
66
El proyecto está constituido por tres obras: la
primera parte es la construcción de un embalse, una
cortina de 30 metros de altura y 4 hectáreas para
captar el agua del río en el municipio de Texhuacan
(Palulca); la segunda, consiste en perforar el cerro
Soyayo para construir un túnel de casi 3 km, el cual
conducirá el agua desviada hasta la casa de
máquinas; y la tercera, en la congregación de San
Jerónimo Tonacalco (en el municipio de Zongolica),
se construyó la casa de máquinas, que recibirá el
agua desviada y donde operará una turbina que
generará 42 Megavatios. Muy cercana está la
subestación a donde llegará la energía eléctrica
generada para transportarla a la Comisión Federal de
Electricidad en Zongolica.
En la región, la central hidroeléctrica afecta,
principalmente, a los tres municipios mencionados
a más de cinco mil habitantes, desviando 5 km el
cauce natural del río Altotoco que, anteriormente,
beneciaba a las comunidades, para así generar 42
MW de energía eléctrica que abastece a los diversos
socios de la empresa privada, lo que impacta de
manera negativa a las comunidades de estos
municipios.
Los daños a nuestro pueblo nahua en los municipios
mencionados se maniestan de tres maneras: En el
municipio de Mixtla de Altamirano en las
comunidades de Xometla, Xala, Xochitla, se han
quedado sin el agua del río Altotoco que los
abastecía; en el municipio de San Juan Texhuacan,
las comunidades de Palulca, Equimititla, Apanga,
Atzingo, Tepetlanpa son afectadas por la
devastación forestal y la sequía de manantiales
debido al represamiento del río; y, nalmente, en el
municipio de Zongolica en las comunidades
Macuilca, Coyametla, Tecopango, Citlalapa,
Comalapa I y II, Zomajapa, Piedras Blancas, Acontla,
Puente Porras, Ocotita, Apanga, Tonalixco, San
Jerónimo, Tonacalco Y Zacatal somos vulnerables a
inundaciones y afectados por las distintas
ocasiones en que se ha roto la presa.
Para construir este proyecto se dañó el territorio, la
ora, fauna, lo forestal, ríos y manantiales que
alimentan a comunidades, más aún el daño es
cultural a nuestros espacios ancestrales. Desde
agosto de 2014, se considera que el proyecto está
culminado, y lleva operando algunos meses, aunque
ha presentado muchas fallas técnicas, las cuales
han provocado inundaciones, derrumbes, daños a
las carreteras, así como amenazas a la vida de las
familias que habitan cerca de la obra.
La situación actual de la zona afectada por la
construcción de este proyecto es de incertidumbre
y violencia a los derechos de nuestros pueblos
indígenas. El excesivo paternalismo y la falta de
información previa inhibieron la resistencia ante la
imposición de esta central hidroeléctrica que
impacta negativamente a nuestra población. A esto
se le suma el miedo construido institucional e
históricamente en escenarios de dominio y despojo
de los bienes comunitarios por parte de cacicazgos
y gobiernos locales coludidos que han permitido la
construcción de estos escenarios. También se vive
un proceso de desintegración del tejido social y del
sentido de lo comunitario que se vuelve más ligero
con el paso de las décadas.
Los impactos del proyecto hidroeléctrico en la sierra
de Zongolica se evidencian claramente por la
privatización del agua (la contención del río) y de la
energía eléctrica producida, lo que afecta
directamente en los aspectos socio-culturales y
económicos de las poblaciones aledañas al
proyecto. Los pueblos nahuas nos sentimos más
duramente afectados por el impacto sociocultural,
ya que “para cier tos grupos, especialmente
indígenas, esa relación está inserta en un sistema
territorial de vida, que incluye una economía local y
una signicativa identidad territorial…” (Sabatini,
1998: 56).
La población indígena nahua que habita
históricamente en la ribera del río vive con gran
incertidumbre por los daños actuales y por los que
se avecinan. Los habitantes de las comunidades en
la parte baja, después de la casa de máquinas,
maniestan:
Allá donde nosotros vivimos está como a
80 metros del río. Yo platicaba entre nosotros, a
nuestra comunidad, cómo le vamos a hacer,
porque de aquí a dos o tres años algo nos vaya a
pasar y nosotros no tenemos ni un papel, con
qué nos vamos a amparar. […] si algo nos
pasa, no tenemos con qué nos vamos a
defender […] es feo lo que están haciendo
ahorita con el agua, hay mucho peligro
(Habitante ribereño afectado de la comunidad
de Macuilca, Zongolica).
Uno de los daños más importantes provocados por
las presas son las inundaciones. Por la ubicación
geográca, río abajo, las comunidades y ejidos son
vulnerables a inundaciones debido a la alta
precipitación en la sierra de Zongolica, como se ha
visto en años pasados. El riesgo aumenta con la
operación de la presa hidroeléctrica, así como lo
maniestan los habitantes de las comunidades río
abajo:
Aquí sí llueve, una vez llovió como tres
horas y hubo derrumbes donde quiera, como al
menos yo no había visto. Ahorita dicen que la
presa está bien construida pero después, con el
tiempo, si se va deteriorando y se rompe,
Comalapa se pierde totalmente […] (habitante
de la comunidad de Comalapa, Zongolica).
Las comunidades indígenas nahuas mantenemos el
uso tradicional del río, por tanto, la entrada de esta
clase de proyectos viene a alterar drásticamente la
cosmovisión. Va más allá de empoderamiento del
espacio físico, es la invasión del espacio
sociocultural:
Antes era un lugar natural, un lugar virgen
que tenía su vegetación, casi la gente no lo
conocía, además de que tenía su historia. Viene
el agua de Zongolica por debajo del cerro, era
un agua a donde iba poca gente, que tenía una
cascada muy bonita, pero de ahí para acá, ya
no...(Pobladora afectada de la comunidad de
San Jerónimo, Zongolica).
Acciones para la defensa
En nuestras comunidades afectadas por la central
hidroeléctrica en la sierra de Zongolica, aunque no
podemos hablar de un movimiento social ante la
imposición de este proyecto, sí podemos hablar de
acciones colectivas, y de una respuesta a los
atropellos que hemos sufrido como pueblo nahua.
Desde el 2010 a la fecha, las acciones colectivas de
defensa se han manifestado en dos formas: en un
principio, la acción política a través de marchas y
35
67
bloqueos a los trabajos de constr ucción,
principalmente en el año 2010 y 2011; y, en la
actualidad, es la acción jurídica nos mantiene en
resistencia, con el respaldo de dos organizaciones:
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
y el apoyo de La Asamblea Veracruzana de
Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida).
Enumero de manera breve las acciones de defensa y
denuncia que hemos realizado con el apoyo de las
dos organizaciones mencionadas:
1.
Enlace con movimientos de defensa
nacionales e internacionales para tejer la red de
comunicación y apoyo: Movimiento Mexicano de
Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
(MAPDER) y la Red Latinoamericana de afectados
por las Presas (REDLAR). El caso fue presentando
en el IX Encuentro Nacional Intercultural del
MAPDER: “Todas las voces: Ríos libres” en el año
2012 en Nayarit. También participamos en el X
Encuentro Nacional, llevado a cabo en agosto de
2013, en el municipio de Amatlán de los Reyes,
Veracruz.
2.
Con el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental encontramos alternativas de acción
jurídica para la protección de las poblaciones
afectadas. El primer paso jurídico fue emitir una
queja ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos en diciembre de 2013. Ahora se camina
hacia la realización de un recurso jurídico más
determinante para la defensa del territorio. También
hemos realizado diversas reuniones informativas en
las comunidades para hacer presentes nuestras
inconformidades.
3.
Entre el 2011 y 2013, se denunciaron las
afectaciones a nivel regional, estatal, nacional e
internacional, a través de foros y ruedas de prensa
(Río + 20, Tribunal Permanente de los PueblosTPP-). En noviembre de 2012 se realizó en el
municipio de Temacapulin, Jalisco, la pre-audiencia
“Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad” del
Tribunal Permanente de los Pueblos TPP, en la que se
logró denunciar la problemática acontecida en la
sierra de Zongolica, llevando el testimonio de las
afectaciones de las comunidades por el proyecto
hidroeléctrico. Con ello se destapó una puerta para
la reparación de daños e impactos sufridos a las
distintas poblaciones para avanzar hacia la justicia
social y ambiental.
68
La denuncia ante este tribunal fue presentada con
apoyo de LA VIDA y es una de las acciones más
importantes con el MAPDER. Posteriormente a la
audiencia se presentó el fallo del jurado del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP) ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; y se publicó el
dictamen nal emitido por el Tribunal Permanente de
los Pueblos, el cual solicita la cancelación del
proyecto hidroeléctrico o la reparación de daños. A
continuación se presentan las peticiones hechas y
apoyadas en el dictamen nal del TPP, donde se
mencionan las afectaciones a las poblaciones de la
sierra de Zongolica:
- Cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz,
debido a que no es un proyecto de utilidad pública y
afecta los derechos esenciales de los pueblos
indígenas, al control de su territorio y usufructo de
sus recursos naturales.
- Indemnizar económicamente a las familias cuyas
parcelas fueron afectadas por las obras realizadas
por las empresas privadas.
- Garantizar el derecho al agua en calidad y cantidad
a las poblaciones afectadas de Mixtla de Altamirano,
Zongolica y San Juan Texhuacan.
- Cancelación del proyecto de desfogue al río Coxole
(túnel).
- Reubicación de familias que viven cerca de las
torres de alta tensión.
- Reparar la infraestructura comunitaria afectada por
el proyecto.
- Garantizar la protección a los comunicadores
locales y regionales ante las amenazas recibidas.
- Garantizar el derecho a la información y a la libre
expresión.
- Llevar a cabo programas de prevención contra
inundaciones para las poblaciones río abajo,
reparación ambiental y manejo de desechos sólidos
y líquidos.
Finalmente, el conicto que se vive en la sierra de
Zongolica por la imposición del proyecto
hidroeléctrico es esencialmente socio-ambiental y
corresponde a una realidad dinámica, por lo tanto,
no se pueden realizar conclusiones denitivas, sin
embargo, con la presente experiencia hemos
avanzado en la organización, defensa del territorio y
los derechos humanos, lo que entendemos como un
paso a la resistencia y salvaguarda de las
identidades colectivas indígenas y de nuestros
territorios.
Reviviendo conflictos:
Hidroeléctricas en el Oriente antioqueño
Andrea Echeverri Sierra1
lización en el marco del sexto festival
Foto por: Andrea Echeverri Sierra, movi
Resumen
E
n Colombia la construcción de
aprovechamientos hidroeléctricos es una
tendencia en aumento. La subregión Oriente
del departamento de Antioquia es rica en
corrientes hídricas, lo que desde la década del
sesenta ha atraído proyectos de esta índole
provocando una historia de violencia y
expulsión. En la actualidad, en ese territorio
hay un renovado interés en el desarrollo de
hidroeléctricas, pero ante el temor de los
habitantes, retornados y permanecidos, de
perder sus comunes y de repetir la historia, se
suscitan conictos y resistencias.
del agua. Octubre 2014
En el departamento de Antioquia, en el noroccidente
de Colombia, la construcción de represas está en un
momento de apogeo, tal como lo arma el Banco de
Iniciativas Regionales para el Desarrollo de
Antioquia (BIRD)2 “Antioquia se ha destacado por
sus desarrollos hidroeléctricos siendo su capacidad
efectiva de generación eléctrica cerca del 30% del
total nacional y contando con los principales
agentes del sector energético del país, lo que
sumado a su accidentada geografía hace que cuente
con una buena cantidad de iniciativas en este
sentido” (BIRD, 2009: 60).
Dicha capacidad de generación, se ha concentrado
1. Socióloga en formación. Integrante de la Red de Acción Frente al Extractivismo,de la ciudad de Medellín, Colombia. Interesada
en temas de investigación relacionados con las diversas expresiones del extractivismo y sus procesos de resistencia.
2. Convenio entre el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia y la Escuela de Ingeniería de
Antioquia.
69
35
fundamentalmente en el sistema interconectado de
embalses de la subregión Oriente del departamento,
y en la actualidad se plantea, con diferentes
proyectos, aumentarla en un 15%. La construcción
de hidroeléctricas es de vieja data en el Oriente
antioqueño, sin embargo, también lo son los
conictos suscitados por ellas y las resistencias a
las mismas.
El Oriente antioqueño tiene nueve grandes cuencas
asentadas en la zona montañosa de la cordillera
central andina, donde conuyen los cañones y ríos
Magdalena, Arma, El Buey, Piedras, Aburrá, Porce,
Nus, San Carlos, Samaná Norte y Sur, Cocorná Sur,
Guatapé, Nare, Calderas, Tafetanes y Río Claro. El
caudal de agua en la zona es tan abundante que
equivale, aproximadamente, a una tercera parte del
río grande de la Magdalena, el más importante de
Colombia.
La intención de este escrito es dar cuenta de la
multidimensionalidad del conicto asociado a la
constr ucción de grandes represas y de
microcentrales en el Oriente antioqueño, a partir de:
i) Un breve recuento de la historia de la subregión y
de su relación con hidroeléctricas, y la presentación
del ii) Panorama actual de las amenazas existentes y
de las resistencias frente a ellas.
A modo de introducción: ¿Por qué tantas
represas?
Uno de los argumentos con el cual se ha intentado
legitimar la proliferación de centrales hidroeléctricas
es que son una fuente de energía alternativa,
sostenible y limpia. En palabras de Rodrigo Suárez,
director de la Dirección de Cambio Climático (DCC)
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MinAmbiente), “estos proyectos promueven y
ayudan a mantener la matriz de generación de
energía eléctrica limpia, al desplazar las emisiones
de gases efecto invernadero, provenientes de
fuentes energéticas de origen fósil” 3
Según esta opinión, el indicador fundamental para
presentar a las hidroeléctricas como energía verde
es su no emisión de dióxido de carbono (Co2). Esta
variable ha llevado a la creación de diversos
programas que promueven una matriz energética
basada en energía hidráulica5. Uno de ellos es la
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en
Carbono, de la DDC de Minambiente, apoyada, entre
otras entidades internacionales por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco
Mundial (BM) y USAID, que plantea, entre sus
objetivos, la búsqueda de nanciación internacional
para facilitar proyectos bajos en carbono en los
sectores agrícola, transporte, residuos, minería y
energía.
Otro incentivo es la inscripción de estas
hidroeléctricas como Mecanismos de Desarrollo
Limpio (MDL)5, ante la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que en
Colombia asciende a 54, lo que se traduce en
exenciones tributarias6. Finalmente, la tendencia a
declarar a grandes hidroeléctricas (El Quimbo,
Hidroituango, Hidrosogamoso por mencionar
algunas) de utilidad pública e interés social7, así
como la inclusión de energía de pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos en esta gura8.
De otra parte, la división, vigente en Colombia, entre
recursos naturales renovables y no renovables, ha
orientado el comportamiento de las instituciones
públicas y privadas a considerar innita la
posibilidad de explotación de los primeros,
contribuyendo a su degradación y en ocasiones a su
irreversible pérdida. La legislación colombiana9
3. Citado en Higuera, José M. El sector energético cuenta con 54 proyectos de MDL. Julio de 2014. Portafolio. Disponible en
http://www.portafolio.co/negocios/proyectos-mdl-sector-energetico.
4. Según XM para 2013 el 75% de la composición del SIN era energía hidráulica.
5. Los MDL son uno de los tres mecanismos de exibilización del protocolo de Kyoto para reducir Gases de Efecto Invernadero
(GEI). Restringe sus propuestas a la reducción en las emisiones de un único GEI, el CO2, permitiendo transar con las mismas en
el mercado regulado; se considera pues limpia la producción sin emisiones de CO2, obviando los problemas derivados de la
emisión de los otros 5 GEI y su interacción en la atmósfera.
6. Ley 788 de 2002.
7. Ley 56 de 1981 y decreto reglamentario 1324 de 1995.
8. Ley 1715 de 2014.
70
considera, entre otros, recursos renovables a las
aguas en cualquiera de sus estados, la tierra, el
suelo, el subsuelo, los recursos biológicos del
suelo, y las fuentes primarias de energía no
agotables. En este último ítem se han incluido a las
centrales eléctricas, que tanto en la forma de
pequeñas centrales o de grandes represas,
proliferan en el país. Este acercamiento antrópico al
agua no respeta los procesos y componentes de sus
ciclos hidrológicos, rompiendo, muchas veces su
frágil equilibrio. En otras palabras, cuando los ciclos
económicos (de corta duración) se imponen sobre
los ciclos ecológicos (de larga duración), la
capacidad de los ecosistemas para volver a su
estado original después de esta intervención se
diculta, lo que signica que el “recurso” no puede
recuperar sus características y funciones previas,
padeciendo de un desgaste progresivo, que puede
desembocar en alteraciones irreversibles de
microorganismos, plantas y animales (factores
bióticos) o del clima, agua, aire, minerales del suelo,
etc. (factores abióticos).
Otro punto que cuestiona las credenciales
ecológicas de las represas, es la emisión de gas
metano (Ch4), uno de los seis Gases de Efecto
Invernadero (GEI) identicados por el protocolo de
Kyoto, y el segundo entre estos en afectación de
microclimas. Al represar un río éste ya no solo
dejará de capturar carbono, sino que la biomasa que
corría en él se descompondrá, sedimentándose en
la represa y produciendo metano. De ahí que
numerosas voces, entre las que se incluyen las
organizaciones International Rivers10 y la Asociación
9. Me reero aquí al Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Decreto 2811 de
1974.
10. Ríos internacionales en español.
Foto: Andrea Echeverri Sierra, movilización por la defensa del río dormilón. Marzo 2015
69
35
71
Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
armen que las represas son una falsa solución al
cambio climático, planteando el concepto de
represas sucias, en oposición a la pretendida
energía limpia.
Para concluir quisiéramos desmiticar el supuesto
temor generalizado en el país ante posibles cortes
de energía, con el que hábilmente juegan diversos
actores interesados en la construcción de
hidroeléctricas para legitimar estos proyectos en la
opinión pública. Para el 2013, la generación
nacional de energía superó a la demanda en más de
un 1’300.000 vatios. Es decir, Colombia ya cuenta
con la energía necesaria para su abastecimiento
doméstico y de los diversos sectores de la
economía; de ahí que resulte, por lo menos, dudoso,
que la construcción de nuevas hidroeléctricas
benecie a los pobladores del país y sea más
plausible pensar en la construcción de obras para
asegurar el posicionamiento estratégico del capital
tanto nacional como global.
Primeras hidroeléctricas en el Oriente
antioqueño
El Oriente antiqueño cuenta con 23 municipios,
ubicados en 4 subregiones biogeográcas:
altillanura, zona de páramos, de bosques y de
embalses. La altillanura es la más cercana a
Medellín, la capital de Antioquia, y recientemente se
ha convertido, por diversas exenciones tributarias,
-cercanía al aeropuerto y vías de comunicación
terrestres- , en una zona atractiva para la industria.
Esta área es también conocida como Oriente
cercano.
Lo municipios de Alejandría, Concepción, Granada,
Guatapé, Peñol, San Carlos y San Rafael, hacen
parte de la llamada zona de embalses, que, como
bien podemos adivinar, debe su nombre a las
inundaciones que afectaron buena parte de sus
tierras agrícolas para la generación de energía
hidroeléctrica.
Este Oriente lejano comienza adquirir importancia
económica en la década del sesenta con la
construcción de las hidroeléctricas de Guatapé, San
Carlos, Jaguas, Playas y Calderas, con la extensión
72
de las líneas de energía que lo sitúan
estratégicamente cerca del Sistema Interconectado
Nacional (SIN), y con la construcción de la autopista
Medellín-Bogotá.
A partir de 1970, pensando en estrategias para
afrontar la crisis energética que vivía el país,
causada por la crisis del petróleo, se toman medidas
que llevan a consolidar al Oriente antioqueño como
un punto clave en la producción de energía nacional,
valiéndose de la riqueza hídrica natural de la cuenca
del río Nare y de las diferencias de altura propiciadas
por los cañones de los ríos.
Desde ese momento, lo que identicamos en el
territorio es la contraposición de dos intereses. De
una parte, la creciente demanda de energía por parte
de amplios sectores. Y de otra parte, la permanencia
en el territorio de los habitantes de la zona donde
quiere desarrollarse el proyecto, quienes son
despojados de sus viviendas, sus medios de
subsistencia y sus construcciones sociales, con el
pretexto de un interés general, y con el innegable
enriquecimiento privado de las empresas que
fungen como nuevos actores del conicto.
Como esa generación de energía requiere bruscas
intervenciones ambientales que implican desviar
ríos, inundar terrenos, perder cultivos y vecindades,
cambios en el clima y en el comportamiento de
insectos, pérdida de ora, salinización y
acidicación de los suelos pero, sobre todo,
modicación sustancial de la forma de vida de las
comunidades humanas que construyeron el
territorio donde tiene inuencia la intervención. El
descontento de la población de varios municipios de
la zona de embalses, afectados por las
hidroeléctricas, fue el punto de partida de unas
fuertes dinámicas de movilización y organización
en los años 70s y 80s.
La Mesa de Derechos Humanos del Oriente
antioqueño ha venido denunciando en los últimos
años la aparición de violencia asociada a estos
proyectos. La primera fase del conicto en Oriente
está relacionada con la presencia de las FARC y el
ELN en la zona, atraídos, entre otros factores, por la
pretensión de defender a la población de los
atropellos que la construcción de estos proyectos
les estaba infringiendo.
Sin embargo, la época más sangrienta
correspondería a la incursión de los paramilitares,
quienes empecinados en obtener el dominio sobre la
región, desatarían, a partir de 1996, una guerra
sucia contra quienes consideraban la base social de
la insurgencia. Incontables militantes de izquierda,
así como líderes sociales y populares, que
incomodaban al establecimiento con sus
reivindicaciones, fueron blanco de la estrategia
contrainsurgente paramilitar.
La violencia que asoló el Oriente antioqueño, sobre
todo, entre 1993 y 2005 es indescriptible, la
violación a los derechos humanos y los crímenes de
lesa humanidad que afectaron principalmente la
zona de bosques y de embalses arroja un saldo de
casi 60.000 desplazados, solamente entre 2003 y
2006. La población de Argelia pasó de 10.852
habitantes a 6.823. San Carlos presenta la situación
más aguda de Antioquia,11 entre 2000 y 2005 con
9.942 expulsiones registradas; en Granada, en el
mismo período hubo 5.572 expulsados, en San Luis
4.412 y en Cocorná 4.297.
Masacres, amenazas, tor turas, asesinatos
selectivos, veredas 12 enteras abandonadas o
minadas y desplazamientos forzados parieron las
primeras represas de Oriente. Los gr upos
paramilitares se ubicaron en la zona de las
hidroeléctricas, y mientras las organizaciones
sociales de la zona denunciaban la protección de
estos grupos a los proyectos, llegando incluso a
mencionar campamentos en predios de Empresas
Públicas de Medellín13 (EPM), los paramilitares de
Ramón Isaza, las Autodefensas Unidas de Córdoba
y el bloque Metro desplazaban poblados enteros,
acusando los campesinos de colaborar con la
guerrilla.
Este caso nos sirve para raticar la violencia como
potencia económica de los procesos
modernizadores y civilizatorios, cuya expresión
puntual es la relación estructural entre extractivismo
y violencia, “que se extiende al sistemático uso de la
coacción para garantizar el ejercicio del despojo”
(Seone, 2013: 36). Décadas atrás, cuando la
subregión comenzó a perlarse como una despensa
energética, emerge un cúmulo de conictos
socioambientales que contribuye al surgimiento de
la primera etapa del conicto, período en el cual los
diferentes proyectos extractivos se ven
obstaculizados por las condiciones de seguridad
representadas en ataques de la insurgencia,
principalmente del ELN, a las hidroeléctricas.
Intereses renovados, viejos conflictos
Esta situación se revierte con el triunfo paramilitar
por el control territorial y el aumento de la fuerza
pública, generando un contexto favorable para los
proyectos. Consolidado este modelo de seguridad,
los proyectos energéticos en Oriente retoman su
curso, aumentando notoriamente en año recientes.
Como era posible prever, los habitantes de la zona
temen que la catástrofe humanitaria vuelva a
repetirse y que las afectaciones ambientales se
conviertan, en el mediano y largo plazo, en una
amenaza a la vida humana.
Si bien el programa del gobierno nacional prioriza los
municipios de Granada, San Francisco, San Carlos,
San Rafael, Cocorná y San Luis, en su política
“Retornar es vivir”, sus metas14, se enredan en los
solicitudes ante las autoridades ambientales para
desviar y represar ríos, pues podrían generar nuevos
desplazamientos, atentando contra las medidas de
protección especial de estos municipios y
revictimizando a la población retornada, hecho
proscrito por la ley, o que atenta contra el derecho a
un medio ambiente sano.
11. Según El Colombiano, 2013, Antioquia es el departamento con mayor número de habitantes desplazados en el país.
Disponible en http://www.elcolombiano.com/antioquia_con_las_cifras_mas_altas_de_desplazamiento_en_colombiaDBEC_246489.
12. Una vereda es una senda o un camino. En Colombia alrededor de estos fueron congurándose centros poblados, con
población dispersa o en forma de caseríos, lo que lleva a que la Sociedad Geográca de Colombia les haya otorgado la categoría
de división territorial de carácter administrativo. En Colombia existen aproximadamente 30.000 veredas en las cuales habita la
cuarta parte de la población nacional.
13. Olaya, 2012: “Otro campamento paramilitar fue instalado en predios de las EPM, al lado de la central hidroeléctrica de Playas,
cerca de la base militar localizada entre las veredas el Charcón y el Zancudo”
14. Entre ellas se incluyen recuperación de activos perdidos y capacidad productiva, mejoramiento de infraestructura deteriorada,
identicación de relación de quienes retornan con los predios abandonados y formalización de los títulos correspondientes
69
35
73
Foto: Andrea Echeverri Sierra, movilización por la defensa del río dormilón. Marzo 2015
En la zona Oriente hay seis embalses en cinco
hidroeléctricas principales construidas: Playas
(210MW) y Guatapé (420MW) de EPM y Calderas
(26MW), Jaguas (170 MW) y San Carlos 1 5
(1240MW), otras represas incluyendo la de San
Lorenzo se ubican en el municipio de Alejandría.
Además, hay un número indeterminado de
microcentrales hidroeléctricas. Sin embargo, a
pesar de estas intervenciones en las corrientes
hidrológicas, y de los impactos denunciados por las
comunidades, las condiciones de seguridad
favorables y la enorme riqueza hídrica de la zona
vuelven a atraer el interés de inversionistas al
Oriente.
Entre el 2000 y 2010 se tramitaron 139 solicitudes16
de distinta índole ante CORNARE17 cuya nalidad es
la construcción de hidroeléctricas y microcentrales.
Las microcentrales o pequeños aprovechamientos
hidroeléctricos, son aquellas centrales
hidroeléctricas con una capacidad instalada menor
de 10 MW por unidad, que no pagan transferencias
por concepto de aprovechamiento de recursos no
renovables a las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR), ni a los municipios afectados. La
solicitud de la licencia ambiental es menos
engorrosa comparándola con proyectos de mayor
envergadura y se hace ante la CAR encargada y no
ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA).
15. La represa de Punchiná o hidroeléctrica San Carlos es la represa con mayor capacidad instalada de Colombia. Es cercana al
corregimiento el Jordán, donde el 23 de Marzo de 1998 se perpetró una masacre paramilitar contra 6 miembros de la Junta de
Acción Comunal. Durante la masacre, los paramilitares forzaron a trabajadores de Conconcreto que en esos momentos realizaban
obras en la hidroeléctrica a presenciar los hechos para luego relatarlos.
16. Corporación Jurídica Libertad, 2011.
17. Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare, primera autoridad ambiental en la región.
74
La laxa normatividad referida a las microcentrales ha
llamado la atención de inversionistas como HMV
Ingenieros, Cementos ARGOS S.A., Compañía de
Seguros ARGOS S.A, Empresa Antioqueña de
Energía EADE, EPM, Empresa de Generación y
Promoción de Energía EMGEA S.A., Francisco
Emilio Jaramillo Villegas, Generamos Energía S.A,
ISAGEN, Ruben Levy Levy, Aguas y energía Limpia
S.A. entre otros.
Pero, quizás la amenaza más grande en estos
momentos sea el proyecto Por venir II o
Aprovechamiento hidroeléctrico del Río Samaná
Norte, cuya licencia ambiental fue aprobada el 13 de
febrero del año en curso por la ANLA. El proyecto,
hoy propiedad de Celsia S.A., lial del grupo
ARGOS, pretende construir una presa de 140
metros de altura sobre el río, en la jurisdicción de los
municipios de San Carlos, Puerto Nare y San Luis,
para una capacidad instalada total de 352 MW. Éste
proyecto es complementario del complejo
hidroeléctrico instalado en el Oriente en las décadas
anteriores con las hidroeléctricas mencionadas,
agudizando la tendencia a negar o restringir el
acceso y goce de las corrientes hídricas a las
comunidades locales, que a lo largo de las
generaciones, han aprovechado el agua de una
manera sustentable y han forjado diversos vínculos
con ella.
período, y con el acumulado de las luchas de años
anteriores MOVETE ha logrado impor tantes
victorias: la suspensión de concesiones de aguas y
la construcción de microcentrales en La chorrera
(Quebrada de San Carlos), en el río Tafetanes, en el
río Dormilón y en el municipio de
Granada.Adicionalmente, la licencia ambiental para
Porvenir I fue negada por la ANLA. Estos hechos se
atribuyen orgullosamente a las estrategias
desplegadas, entre ellas mecanismos legislados y
no legislados: recursos de reposición, audiencia
pública, movilizaciones populares, festivales del
agua, denuncias públicas, estrategias de
comunicación, pero sobre todo, una conciencia
generalizada de que contrario a lo que les
prometieron años atrás, el desarrollo de las
hidroeléctricas viene aparejado con
empobrecimiento, violencia y desplazamiento.
Muchos de los habitantes de la zona perciben la
amenaza que representan estos aprovechamientos
para sus formas de vida y para sus patrimonios
colectivos, por lo cual, o bien crearon agrupaciones
para la defensa territorial como los vigías del río San
Miguel, o los Vigías del río Dormilón, o se incluyeron
en la agenda de organizaciones ya existentes como
las Juntas de Acción Comunal de Samaná, Puerto
Garza y el Jordán o en la Corporación Natybos cuyas
acciones están encaminadas a la defensa de sus
comunes.
Cada vez más esas resistencias conuyen en el
Movimiento Social por la Defensa de la Vida y el
Territorio (MOVETE), que desde nales del 2013
reúne líderes populares y organizaciones para
pensar y adelantar acciones encaminadas a
enfrentar la apropiación y cercamiento de los ríos y
los asaltos dirigidos a los comunes. En este corto
69
35
75
El Proyecto de la Hidroeléctrica “Inambari”
en la Amazonía del sur de Perú
“Un mega proyecto que nunca se debería implementar”
Mourik Bueno de Mesquita1
cto-de-hidroelectrica-de-inambari/
19648/archivan-denitivamente-proye
Río Inambari http://www.inforegion.pe/1
Resumen
E
l proyecto de la Central Hidroeléctrica de
Inambari (Proyecto Inambari) con capacidad
de generar aproximadamente 2000
megawatts (MW), ubicada en la Amazonía del
sur de Perú, está en proceso de trámites de
concesión desde los años 1960. Es una de las
cinco centrales priorizadas para exportar
energía para el Brasil bajo la modalidad de
nanciamiento del Banco de Brasil y endeudamiento
del Perú, con una concesión de 30 o quizás 70 años.
En 2010 este proceso fue paralizado por la presión
de protestas de las poblaciones posiblemente
afectadas lo que ocasionó que la concesión
temporal se dé por nalizada. Recientemente, el
Estado peruano intenta retomar y reactivar el
Proyecto. La matriz energética en el Perú ofrece
poco sustento, por lo cual la construcción de estas
hidroeléctricas no justicaría estas gigantescas
1. Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas” Cusco, Perú
76
proyecciones de energía, particularmente en un
territorio como la Amazonía, con frágiles
condiciones ecológicas y de enorme importancia
para el planeta.
Con un área de inundación de aproximadamente
450 KM2, se preveen impactos socio-ambientales y
económicos de gran envergadura e irreversibles.
Los costos de estos impactos pueden sobrepasar
los benecios si es que se consideran
correctamente las implicancias de las denominadas
‘externalidades’. Las poblaciones involucradas de
los tres departamentos (Puno, Cusco, Madre de
Dios) y otras organizaciones sociales, inclusive
algunos Gobiernos Locales, han expresado su
rechazo al Proyecto, criticando los avances en el
procedimiento de concesiones temporales, y las
cuestionables evaluaciones de impacto ambiental.
Por esta presión social, se hicieron públicas varias
irregularidades con fuertes indicios de corrupción
en el Gobierno brasilero, las cuales involucraban el
convenio de energía entre Perú y Brasil y por ende
este Proyecto2. Ahora si bien el Proyecto Inambari
esta temporalmente suspendido, existe el riesgo de
que sea retomado. La gestión pública del Estado y
de la Empresa EGASUR (testaferro en el Perú de
grandes empresas de Brasil como la actualmente
investigada empresa Oderbrecht), ha sido hasta
ahora muy frágil y poco transparente, centrada en
los intereses económicos nancieros extractivos,
muy propios del modelo político-económico
neoliberal actual en el Perú, y de las presiones del
capital nanciero internacional.
Contexto³
Diversos estudios, a menudo nanciados por
agencias de cooperación internacional como el
Banco Mundial y la Cooperación Alemana,
identicaron en el Perú desde la década de 1960,
múltiples oportunidades de inversión en centrales
hidroeléctricas, tanto en la cuenca del Pacíco,
como en la cuenca Amazónica. Este gran potencial
hidroeléctrico en la ver tiente Amazónica se
materializa en 20 proyectos de centrales
hidroeléctricas (de 150 a 1500 MW), 15 en la zona
norte del país en la cuenca del Río Marañon, y 5 en el
sur andino en concesión para proveer energía a
Brasil. En la vertiente del Pacíco se planican
cuatro centrales hidroeléctricas con un potencial de
generar 600 MW anuales. Se trata en total de una
posible inversión de 2,380 millones de dólares para
1,476 MW por lo pronto priorizados, mientras el
potencial técnico total calculado para ser
desarrollado en el Perú es de 56,197 MW.
Los Gobiernos de turno han declarado de interés
nacional la intencion de constrir el primer paquete de
centrales, necesarias según ellos para el desarrollo
productivo en el país hasta 2050 (no precisa qué
desarrollo, pero es bajo el actual modelo de industria
extractiva, agroindustria y procesos de crecimiento
urbano de 20 ciudades con más de 500,000
habitantes). Además, se considera que la energía
generada por estas centrales es “limpia” y con un
mínimo o nulo impacto ambiental (sic). Las
centrales hidroeléctricas de la vertiente atlántica
(amazónica) se calican como la “Arteria Energética
del Perú”.
Sin embargo, existen varios problemas en relación a
la propuesta de construcción de estos proyectos en
la amazonia peruana. Por ejemplo, son casi nulos
los estudios técnicos de rigor que actualicen los
estudios hidrológicos, y la evolución de la demanda
energética del país (el último Plan del Potencial
Hidroeléctrico data de 1988). La matriz energética
del Perú depende todavía de la importación de
petróleo, del gas del sur andino y de las pocas
centrales existentes. La débil y muchas veces
ausente coordinación estatal de los sectores
energéticos, hídricos, del territorio, así como del
medio ambiente, diculta el análisis riguroso y
transparente del declarado potencial hidroeléctrico
2. En: http://peru21.pe/politica/carretera-interoceanica-denuncian-pago-coimas-su-construccion2220597?utm_source=peru21&utm_medium=mailing&utm_campaign=newsletter_2015_06_10_11b (09 de junio del 2015).
3.Recogido de la publicación “Matriz Energético en el Perú” 2012, Fundación Frederich Ebert.
La Fundación Frederich Ebert ha desarrollado importantes trabajos de estudios y análisis crítico de la Matriz Energética y de
energías renovables en el Perú, y cuyas publicaciones han servido mucho para entender el contexto energético en el Perú y los
paquetes de proyectos de Centrales Hidroeléctricas con énfasis en la vertiente Amazónica.
69
35
77
como política de interés nacional. Se necesita
realmente una Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE) de todos estos proyectos a nivel de cuenca y a
nivel de la Amazonía, y por otro lado una seria y
contundente evaluación del impacto social. No se
evidencian políticas claras y transparentes sobre la
matriz energética y el rol de las hidroeléctricas. Lo
que prevalece en el Estado hasta ahora es la
perspectiva que maximaliza las ganancias
económicas por venta de energía, y la de priorizar
las inversiones de capitales extranjeros. Una política
impor tante debería ser, por lo menos, una
planicación territorial de centrales hidroeléctricas
por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar
para disminuir en algo la afectación y los enormes
impactos en la biodiversidad amazónica.
Es previsible que la construcción de estas centrales
hidroeléctricas generen nuevos conictos sociales y
ambientales lo que requiere otra aproximación del
Estado diferente a la negación de las protestas y la
represión que parecen respuestas usuales en
momentos actuales.
También hay otras problemáticas pendientes, como
por ejemplo, el manejo de los costos, daños y
pasivos ambientales y sociales, la necesidad de
reconocer los derechos territoriales de
comunidades campesinas y pueblos indígenas, e
inclusive debatir sobre la viabilidad técnica y
económica de los proyectos. Algunos estudiosos
sostienen además que la demanda interna de
energía del Perú puede ser atendida sin tener que
construir centrales hidroeléctricas en la Amazonía.
Alternativas de energía eólica y solar tampoco
forman par te del análisis comparativo y de
alternativas de viabilidad.
El proyecto de la Central Inambari⁴
En este contexto el proyecto Hidroeléctrico
Inambari, situado en el territorio compartido entre
Puno, Cusco y Madre de Dios, fue retomado en el
año 2006, durante la gestión de Alan García, e
insertado en las negociaciones entre Perú y Brasil.
La empresa EGASUR (Amazonas Sur S.A.C.),
testaferro de empresas brasileras como Oderbrecht
(actualmente inmersa en serios escándalos de
corrupción), con un capital social de 10,000 soles
peruanos (una suma ridícula y solo gurativa
equivalente a algo de 3000 dólares) obtuvo una
concesión temporal para la planicación y
promoción de la Central Hidroeléctrica Inambari,
presentó el estudio de factibilidad de una represa y
central hidroeléctrica de 2000 MW que inundaría
una área gigantesca de 450 kilómetros cuadrados
de la llanura amazónica tapando bosques,
biodiversidad, pueblos enteros y chacras agrícolas,
e inclusive 70 kilómetros de la recién construida
carretera interoceánica entre Brasil y Perú.
Se preveen impactos gigantescos como
consecuencia de la construcción de esta represa. El
área inundable desplazará a 15,000 habitantes de
20 poblados, modicando sus formas de vida. El
crecimiento demográco no fue considerado en el
estudio de impacto ambiental. El bosque primario
(25,000 has) que desaparecería debajo las aguas
tiene una rica calidad de especies y de alto valor. En
total desaparecían 40,000 has de bosque,
biodiversidad de ora y fauna tropical, con especial
impacto por el impedimento que ocasionaría a la
movilidad y reproducción de numerosas especies
de peces que además son una importante fuente de
alimentación de las poblaciones locales, y de las de
aguas abajo del Río Inambari y Madre de Dios.
4. Entrevista al Ing. Civil Juan Pérez Valderrama de la asociación civil SOCIT, ampliada con el estudio de la Cuenca del Río
Inambari, WCS (2010).
Juan Pérez Valderrama es ingeniero civil con amplia experiencia en la parte amazónica del departamento de Puno;
conoce de cerca la problemática y fragilidad de la gestión pública y es miembro activo de SOCIT, Sociedad Civil para la
Interoceánica, que monitorea y evalúa el Proyecto de la Interoceánica Brasil-Perú, que vigila también el Proyecto Inambari, en la
medida que el embalse de la represa afectaría la vía. La entrevista con él ha proporcionado mucha información y un análisis
crítico del Proyecto Inambari, a menudo con informaciones de carácter reservado o silenciadas.
El estudio de la Cuenca del Río Inamari, “ambientes acuáticos, biodiversidad y represas”, realizado por Wildlife Conservation
Society - WCS Andes-Amazon Waters, Wetlands and Basins Program, proporciona importante información sobre los ecosistemas
de la zona, la biodiversidad con énfasis en la situación, presencia y dinámicas biológicas de múltiples especies de peces
amazónicos y los posibles impactos del Proyecto Inambari.
78
la capa de ozono, aumentando el efecto
invernadero.
El proyecto indica que se generaría un empleo de
15,000 personas, pero este número sería
mayormente para personal calicado de Brasil y
otras partes de Perú, y temporalmente requeriría
1000 empleos locales no calicados. Los efectos y
benecios económicos para el desarrollo
económico y social local no pueden evidenciarse, a
pesar de los discursos de los dueños de la
concesión y del Gobierno.
El discurso del Gobierno para justicar estos
proyectos hidroenergéticos se sustenta en que son
de “interés nacional”, lo cual es muy engañoso y
ambiguo ya que no se conoce quiénes se benecian
y quiénes son considerados como “La Nación”. Los
recursos naturales y el territorio son patrimonio de
La Nación que incluye obviamente las poblaciones,
y no son propiedad del Estado como para vender o
entregar al capital internacional de inversión
extractiva.
Adicionalmente, afectará 50 Km2 de la zona de
amor tiguamiento de Parque nacional Baguaje
Sonene.
El Ministerio de Ambiente calcula que los daños y
pérdidas ambientales, de bosque y la biodiversidad,
podrían llegar a representar grandes cantidades de
dinero, estimados en 50 millones de dólares
anuales. Con el represamiento del agua, se
generaría un enorme espejo de agua, a su vez, la
desaparición de la vegetación y de los bosques
aumentaría la temperatura ambiental, e inclusive
contribuirían mucho más a los efectos del cambio
climático. La sequedad en la Amazonía aguas abajo,
y en las cercanías, traerá el riesgo del aumento de
los incendios, aún mayor deforestación y el cambio
climático en relación a la temperatura, y la
precipitación de lluvias irregulares y menores. El
enorme embalse de agua proyectado, con la
deforestación que implica, no solo afectará la
capacidad de captura de carbono en esta parte de la
Amazonía, sino todo el material orgánico y de
vegetación que bajo el agua se descompone
produciendo metano en cantidad, un gas que afecta
Las inversiones económicas que atraería el
proyecto cambiarían por completo la vida en la zona,
la encarecería y traería también otras actividades
ilícitas como la minería ilegal uvial de oro, sembríos
del cultivo de hojas de coca, tala ilegal, trata de
personas, niños y prostitución. El proceso de
construcción de esta central hidroeléctrica atraería
ujos de migración de otras partes del sur andino. El
tejido social se deterioraría o destruiría generando
nuevos tipos de conictos sociales. Los planes y
políticas no consideran nada de eso, y fenómenos
mencionados son declarados como externalidades
cuyo costo será asumido por La Nación.
En marzo 2009, EGASUR inició el trámite de su EIA y
varias actividades de difusión del proyecto. Sin
embargo, las poblaciones mantuvieron su protesta y
el Ministerio respondió tramitando a favor del
Proyecto pendiente. No obstante, la empresa
EGASUR seguía con su trámite de EIA y la solicitud
de ampliación de la concesión temporal hasta que
en 2010 el Ministerio de Energía y Minería declara su
nalización, y con eso la concesión temporal. No
solo la sociedad civil protesta, sino que luego de un
rigoroso análisis de expertos profesionales del
69
35
79
Colegio de Ingenieros del Perú, señalan con
contundencia los graves problemas del EIA del
Proyecto.
Aún queda una duda y sospecha grande. Siempre se
menciona que el Proyecto Inambari es para generar
y vender energía a Brasil, pero el enorme volumen
del embalse serviría además para regular el agua en
el Río Madre de Dios que continuando su cauce en
Bolivia recibe agua de otros auentes, alimentaría a
los embalses de las centrales hidroeléctricas de
Jirau y Santo Antonio en Rondana-Brasil5, las cuales
sufren cada vez más de irregularidades y
disminución del caudal del ujo de agua para sus
centrales al otro lado de la frontera con Bolivia.
Además, nadie hace mención a la acumulación de
sedimentos auríferos en la represa, ¿qué signicaría
y quienes serían los beneciarios? Los mineros
artesanales aguas abajo, llaman la atención al
respecto.
La gestión pública del Proyecto Inambari
La gestión pública del Estado y el Gobierno ha sido
deplorable. Negociaciones no transparentes con
Brasil y la empresa, falta de información sobre el
Convenio entre Perú y Brasil, sobre las
características, alcances e impactos del Proyecto,
estudios incipientes que entran en trámite, políticas
sesgadas de rentabilidad nanciera, y falta de
actualización de estudios hidrológicos, sin rigorosa
supervisión y evaluación de estudios técnicos
constructivos, estudios y procedimientos socioambientales insucientes o ausentes, y sin
rendición de cuentas de las gestiones del Gobierno;
sin consultas previas y mecanismos de
participación ciudadana. Finalmente un mal manejo
del conicto entre la población, la Empresa y el
Estado, a menudo tergiversado por los medios de
comunicación y rumores de corrupción (por un lado
compra de periodistas, y por otro lado, denuncias de
que algunas autoridades habrían comprado tierras
en la zona del Proyecto en espera de buenas
indemnizaciones al momento de luz verde para la
construcción de la hidroeléctrica).
Finalmente, la protesta social así como algunos
estudios críticos y alternativos hicieron posible la
anulación temporal de la concesión y por ende del
Proyecto. Las recientes publicaciones de la
situación crítica de corr upción en par tes
neurálgicos del Gobierno de Brasil con directa
relación a la empresa de Oderbrecht, involucrada en
el Convenio binacional y en este Proyecto, han
signicado el archivamiento del Proyecto. Parecería
que estos factores son más importantes para los
Gobiernos que la enorme relación de los posibles
impactos negativos que se han evidenciado por
parte de la sociedad civil durante estos años. El
Proyecto esta archivado, pero ¿hasta cuándo? Hace
unos meses el diario El Comercio publicó que la
Empresa Estatal Electro Perú está trabajando duro
para retomar el Proyecto de la Central de Inambari6.
El Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari
es un buen ejemplo de los nefastos múltiples
impactos que generaría al ambiente y la sociedad, y
muestra con argumentos contundentes que estos
mega-proyectos de centrales hidroeléctricas en la
Amazonia no deben planicarse ni ejecutarse, y que
se requiere urgentemente debates públicos para
lograr estrategias efectivas de incidencia y
propuestas de políticas alternativas.
5. Pronunciamiento SOCIT, abril 2014.
6. En: http://elcomercio.pe/economia/peru/electroperu-retomaria-construccion-hidroelectrica-inambari-noticia-1715552 (Ingreso
25/06/2015).
80
El movimiento anti-represas en Chile y su potencial
para la transformación social: caso HidroAysén¹
Robinson Torres Salinas2
as, Puerto Tranquilo
Foto: Robinson Torres, Letrero Patagonia sin Repres
“Y tenemos un deber, continuar adelante hasta recuperar
los derechos sociales y los bienes comunes para las
mayorías sencillas del territorio...”
MODATIMA, 20153
Represas y malestar social
C
hile cuenta con 75 centrales hidroeléctricas, que producen poco más de 5.860 megawatts (MW). De
ellas, sólo 10 corresponden a represas o embalses, pero estas producen 3,749 MW, que representa
un 63% del total de energía hidroeléctrica producida por estas 75 centrales (Universidad Católica de
Chile, 2013). Las 65 restantes son centrales de pasada, es decir centrales de agua uyente. Como dato
1. Agradezco el apoyo del proyecto CONICYT/FONDAP/15130009
2. Sociólogo y Magíster en Investigación Social y Desarrollo, Universidad de Concepción, Chile; candidato a doctor en el PhD in
Environmental Social Science, Arizona State University, USA. Email: [email protected]. Becario CONICYT/Becas-Chile.
3. Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente. Esta organización --con base en
Petorca, Región de Valparaíso-- es uno de los movimientos ambientalistas que lidera la actual lucha social por la recuperación de
agua como un bien público en Chile.
69
35
81
histórico, las primeras centrales hidroeléctricas
fueron construidas en Chivilingo (Región del Biobio)
y las montañas andinas del Cajón del Maipo (Región
Metropolitana de Santiago) a nes del siglo XIX y
principios del XX. Posteriormente, en 1942 la
Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA)
lanzó su Plan Nacional de Electricación del País
(ENDESA, 1942). Este plan --enmarcado en la etapa
desarrollista y de formación del estado-empresario
de corte keynesiano (Salazar y Pinto, 2002) -signicó el inicio de la producción a gran escala de
energía hidroeléctrica.
Esta producción se intensicó en la década de 1960,
con el fomento de instituciones internacionales
como el Banco Mundial, y en medida que crecía la
demanda energética para el consumo urbano y la
actividad industrial extractiva. Esta última basada en
la extracción de recursos naturales y minerales
orientados primero a mercados internos, que con el
advenimiento de la dictadura neoliberal (19731990), devinieron crecientemente globales. Desde
entonces, la energía hidroeléctrica ha sido una de las
principales fuentes de abastecimiento de energía
para consumo doméstico, industrial y otros usos en
Chile. Los datos indican que la hidroelectricidad
representa aproximadamente un 40% del total de
energía consumida en el país (INE, 2008).
Sin embargo, desde principios de la década de 1990
se ha venido forjando un creciente malestar social
con la construcción de centrales hidroeléctricas.
Dicho malestar se ha ido acentuando durante los
últimos 15 años, debido principalmente a proyectos
hidroeléctricos que no consideran seriamente
dimensiones ambientales, par ticipativas,
inclusivas, y con vocación de justicia socioambiental en sus estructuras de gobernanza con
comunidades y gobiernos locales. ¿Por qué a pesar
de ser una “energía limpia y barata” –como la
denen sus proponentes—genera rechazo desde
diversas clases sociales y étnicas a lo largo del
país?, ¿Cómo puede entenderse esta subjetivación
y movimiento social anti-represas chileno?
En este breve ensayo, trataré de dibujar
escuetamente un sendero interpretativo para
comprender las condiciones histórico-geográcas y
socio-políticas de emergencia del movimiento anti-
82
represas chileno, que en algunas zonas del centrosur del país se autodenomina “Ríos libres”. Mi
objetivo es problematizar el desarrollo histórico de
un movimiento social más amplio, orientado a la
“defensa y recuperación del agua” como un bien
público (Mundaca, 2014; Bauer, 2015), que fue
privatizada por la dictadura neoliberal, situación que
ha continuado durante la democracia neoliberal
(1990 en adelante). Este movimiento socio-hídrico
chileno aún está en gestación, pero brota y crece
con fuerza en distintas regiones y pueblos de Chile.
A lo largo y ancho del país, distintos megaproyectos mineros, industrias de cerdos, proyectos
inmobiliarios de urbanización de tierras agrícolas,
plantaciones e industrias forestales, así como
también proyectos de centrales hidroeléctricas,
están despojando a comunidades rurales de sus
aguas. De igual manera, están produciendo un
escalamiento en diversos focos de conictos
hídricos en el país (Larraín & Poo, 2010; Bauer,
2015). Ante las evidencias de degradación
ambiental y social, las comunidades afectadas por
estos mega-proyectos han comenzado a
organizarse contra estas crecientes injusticias
ambientales (Torres y García, 2009; Romero et al,
2012; Larraín & Poo, 2010; Larraín, 2012;
Mundaca, 2014; Torres et al, 2015). Para
ejemplicar esta tendencia general, analizaré
cronológicamente un caso emblemático, donde por
primera vez en la historia de Chile, un proyecto
hidroeléctrico –HidroAysén en la Patagonia—es
derrotado por este emergente movimiento sociohídrico/anti-represas.
Se trata de una de las primeras victorias del
movimiento socio-hídrico chileno sobre el modelo
extractivo-exportador en que se basa el modelo
económico chileno. Mi argumento es que esta
victoria otorga al movimiento socio-hídrico/antirepresas chileno una signicancia histórica que va
más allá del proyecto HidroAysén, cuyo horizonte de
acción y transformación social aún está por-venir. El
objetivo de largo plazo de este movimiento diverso
es eliminar el lucro y con ello erradicar gradual pero
denitivamente el modelo de mercado de aguas
chileno. En síntesis, la victoria sobre HidroAysén
representa un paso importante --pero incipiente-en el camino hacia la creación colectiva de un
programa socio-ambiental por la democratización y
real sustentabilidad de la gobernanza del agua en
Chile.
La forja histórica del movimiento
“Patagonia sin Represas”
Si bien el movimiento ambientalista chileno se fue
fraguando gradualmente desde la primera mitad del
siglo XX, partiendo de un conservacionismo “ecocentrista” hacia una visión más amplia que
considera las comunidades humanas como parte
integral del ecosistema vivo (Ulianova et al, 2012),
fue recién durante la década de 1990 en que aparece
nítidamente en la escena de lucha socio-ambiental
el movimiento contra las represas. Y fue en el
contexto de la construcción de las represas en el
Alto Biobio, donde el naciente movimiento mostraría
lo que serían las primeras manifestaciones
ciudadanas de la lucha anti-represas que se
vendrían posteriormente en la Patagonia. El
movimiento se opuso tenazmente a la empresa
ENDESA –privatizada por Pinochet en 1989, ahora
transnacional española-italiana—la que nalmente
construyó las represas en Alto Biobio, desplazando
comunidades Mapuches-Pehuenches que
habitaron históricamente esa zona. Estas
comunidades también lucharon contra el Estado
chileno, el cual apoyó y nalmente aprobó la
construcción de dichas represas.
Parto mencionando este caso porque una vez que
estas represas fueron puestas en operación en
2004, al año siguiente la misma transnacional
ENDESA anunció su alianza con la nacional
COLBÚN, para crear HidroAysén, con el objetivo de
construir represas en las cuencas de los ríos Baker
(Figura 1) y Pascua, en la Patagonia-Aysén. No
quiero aquí entrar en los detalles del proyecto ni
tampoco acerca de sus efectos económicos, socioambientales y psicológicos en las comunidades
locales porque dichos análisis ya se han hecho en
4
otro lugar . Me interesa, sin embargo, hacer una
lectura del movimiento como un estrato histórico en
formación (cf. Deleuze, 1988), un despliegue
ciudadano por la defensa de los ríos y las
comunidades locales, por la defensa de la ora,
fauna, y patrimonio ambiental. Un movimiento por la
recuperación de los recursos hídricos como parte
de los bienes naturales de propiedad común, en
contraposición a la perspectiva neoliberal
hegemónica que considera el agua como una
mercancía de propiedad privada.
Figura 1.
Cuenca del río Baker, Región de Aysén, Chile
Fuente: Torres, 2009.
La formación de este movimiento es diversa, incluye
capas sociales de variada índole, tanto del
tradicional movimiento ambientalista chileno
basado en ONGs y sus alianzas de clase tanto
nacionales como internacionales, hasta
campesinos, indígenas, estudiantes, mujeres
campesinas y productoras, dueñas de casa, y
comunidades rurales en general. A su vez también
contiene al controver tido ecologista
estadounidense Douglas Tomkins, propietario de
más de 400 mil hectáreas destinadas a áreas de
conservación en la Patagonia chilena (y otras tantas
miles en Argentina), sindicado como el principal
nancista de la campaña Patagonia sin Represas.
Cuando en el año 2005 HidroAysén anuncia su
proyecto, toda esta energía latente anti-represas
comienza a ser movilizada de diversas formas por la
campaña anti-represas en la Patagonia. La ciudad
de Coyhaique, capital de la Región de Aysén, se
ubica como escenario de la lucha. A la instalación de
ocinas de la empresa HidroAysén, le siguió la
articulación e instalación de ocinas del movimiento
Patagonia sin Represas, así como también el
despliegue de inuencias y contactos con
4. Ver por ejemplo el especial “Patagonia” de Revista Sociedad Hoy, volumen 20, 1er semestre 2011. URL:
http://www.redalyc.org/toc.oa?id=902&numero=26050
69
83
35
Foto: Robinson Torres, Movilización social contra represa Alto Maipó, Chile.
instituciones del gobierno local, regional y nacional
para promover visiones tanto a favor como en contra
del Proyecto HidroAysén (Segura et al, 2011).
Entre los años 2006 y 2008, la lucha estuvo
centrada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
que la empresa tuvo que presentar como parte de
sus obligaciones. En esta etapa, se observa todo
tipo de estrategias para recoger datos sobre los
posibles impactos del proyecto, así como la
identicación de comunidades a ser desplazadas en
las cuencas del Baker y Pascua. El movimiento
Patagonia sin Represas se articula como ente
vigilante y denunciante de las falsas promesas del
proyecto –rebajas en precios de cuentas de luz
eléctrica para viviendas, empleo para la población
local, así como su supuesta compatibilidad con una
de las principales actividades socio-económicas de
la región: el turismo de naturaleza (Torres, 2009). La
presentación nal del EIA fue duramente criticada
por todos los sectores sociales, tanto por las
agencias de gobierno encargadas de evaluarlo y ver
si cumplen la normativa, como por universidades y
84
centros de investigaciones. También hubieron
serios cuestionamientos por par te de las
comunidades locales y ambientalistas, ya
instaladas no sólo en la ciudad de Coyhaique sino en
diversos pueblos de la región como Cochrane. Se
fueron generando alianzas entre vecinos y personas
directamente o indirectametne afectadas por las
áreas de inuencia del proyecto.
Ante la adversa recepción de su EIA, HidroAysén
comienza una estrategia de despliegue de su
“Responsabilidad Social Empresarial” en casi toda
la región de Aysén. Para ello, con base en estudios
previos, elaboran listas de necesidades básicas de
la población local que vive en pueblos como
Cochrane, Tortel, y Puerto Tranquilo, donde se
percatan de las precarias condiciones materiales en
que vive una buena parte de la comunidad local. Por
ende, HidroAysén comienza a ofrecer desde
canastas familiares hasta becas para que niños y
jóvenes Patagones puedan cursar sus estudios
secundarios y universitarios en centros educativos
de excelencia del centro del país. Entre otros
proyectos, HidroAysén también ofrece partidas de
dinero de entre $4 y $5 millones de pesos para que
micro-empresarias/os del turismo implementen
mejoras en sus hospedajes y restaurantes. El
objetivo es que oferten mejores servicios de
alojamiento y comida para la creciente camada de
trabajadores asociados a las distintas faenas de
sondajes y trabajos previos a la construcción de las
represas en Aysén.
En esta estrategia, si bien HidroAysén gana adeptos
de la población local, esta misma población se ve
muy inuenciada por la campaña Patagonia sin
Represas. Como efecto de esta doble inuencia, las
comunidades locales frecuentemente aceptan los
benecios en dinero que ofrece la empresa, pero no
cambian su opinión –comúnmente negativa- sobre
el proyecto. Esta situación augura una primera
derrota del proyecto, que en su afán de comprar con
dinero las voluntades de las comunidades locales,
genera un efecto boomerang. Con estas acciones, la
población de Aysén comienza a despertar y sentir
que si el proyecto fuera realmente benecioso, la
empresa no tendría razones para insistir tanto en la
compra de sus voluntades.
Posteriormente, desde 2009 hasta nes de 2011 se
vive una etapa de incertidumbre. Ante esto, la
empresa comienza una campaña mediática de
escala nacional a través de los principales medios
escritos y de televisión, que se desarrolló
especialmente entre diciembre de 2010 y parte de
2011, y cuyo costo ascendió a cerca de un millón de
dólares (El Quinto Poder, 2010; La Tercera, 2011).
Sin embargo, el movimiento Patagonia sin Represas
realiza también una fuerte campaña mediática
basada en letreros camineros, prensa escrita, radio,
televisión, y redes sociales. Esta arremetida
mediática también fue millonaria y fue nanciada por
Douglas Tompkins, y otras organizaciones
internacionales como el Natural Resource Defense
Council, Times Fundation, International Rivers, entre
otras (El Mostrador, 2011).
A diferencia de la campaña de HidroAysén, la
estrategia comunicacional de Patagonia sin
Represas caló hondo no sólo en la escena regional y
local, sino que fue escalando en inuencia a nivel
nacional. Por ejemplo, si en 2007 el 36% de los
chilenos y chilenas estaban contra las represas, ese
porcentaje aumentó a 74% en 2011, según la
encuesta IPSOS (El Mostrador, 2011). Estos
números tuvieron efectos, especialmente en el
centro de poder político y nanciero localizado en
Santiago y La Moneda. Durante el primer mandato
de Michelle Bachelet (2006-2010), algunos altos
funcionarios de gobierno ya habían dejado entrever
su opinión favorable al proyecto, generando así
polémicas porque según la ley chilena, los
funcionarios públicos deben mantener una
“neutralidad valorativa” y objetividad ante estos
proyectos, ya que ellos mismos participan en su
evaluación y tramitación. Es la etapa marcada
también por el cambio de gobierno de Michelle
Bachellet al comando de Sebastián Piñera (20102014).
Este período de campañas mediáticas pro y anti
HidroAysén tuvo su punto culmine el día lunes 9 de
mayo de 2011, cuando la Comisión de Evaluación
Ambiental de Aysén aprobó por 11 votos a favor y 1
de abstención el Proyecto HidroAysén. Esta
decisión fue la causante de un crecimiento inusitado
de la resistencia del movimiento Patagonia sin
Represas en todo el país, coincidiendo con el
movimiento estudiantil chileno que se levantaba
contra el lucro en la educación. En esta etapa
también hay acusaciones muy graves contra
HidroAysén, par ticularmente sobre el lobby
desmedido de políticos y la empresa sobre
funcionarios públicos, que buscaban rever tir
informes desfavorables emitidos por algunas
instituciones públicas, por ejemplo, por la
Corporación Nacional Forestal (CONAF) respecto al
EIA y el proyecto en general (La Tercera, 2012).
Indicios de presiones políticas para la aprobación
denitiva del proyecto, no hizo sino aumentar el
movimiento de malestar social contra las represas
en la Patagonia. En perspectiva, puede observarse
una convergencia y ar ticulación entre este
movimiento anti-represas y el movimiento
estudiantil chileno, que explotó radicalmente el año
2011 después de años de lucha por recuperar la
educación pública y gratuita, también privatizada
por la dictadura neoliberal. La lucha por los bienes
comunes, como la educación, los ríos libres y el
agua, comienzan a encontrar áreas de convergencia
69
85
35
entre ambos movimientos. El movimiento estudiantil
y el movimiento contra las represas en Aysén se
interceptan en esta lucha común contra la
privatización y despojo de bienes comunes.
De aquí en adelante, el movimiento contra las
represas en Aysén no hace sino crecer y sumar
adeptos a nivel nacional. La subjetivación colectiva
se hace más intensa y desaante al proyecto
neoliberal, defendido tanto por sectores de derecha
como de izquierda ocialista, y evidentemente por el
gran empresariado nacional en alianza con el
transnacional. Ya van más casi 7 años (2005-2012)
de sedimentación del malestar contra HidroAysén, y
casi dos décadas de sedimentación gradual de un
movimiento anti-represas por los ríos libres en el
país. La maduración y transformación del
movimiento como arma de lucha contra los
procesos de acumulación por despojo comienza a
poner en serios problemas a los gerentes de
HidroAysén, quiénes ven reales amenazas a la
viabilidad política del proyecto HidroAysén, a causa
de este creciente movimiento de malestar de la
sociedad chilena contra el proceso general de
despojo neoliberal de bienes comunes. El lucro en la
educación tiene su paralelo en HidroAysén, que
viene a representar el lucro con el agua y los ríos del
país.
La lucha anti-neoliberal del movimiento social
amplio chileno, compuesto principalmente por el
movimiento estudiantil pero complementado por
movimientos ambientalistas --donde Patagonia sin
Represas es actor central--, movimientos de
trabajadores, el movimiento Mapuche (por nombrar
solo los focos principales), genera una presión e
incertidumbre cada vez mayor para HidroAysén. El
Gobierno de Piñera se percata rápidamente de lo
impopular que sería aprobar este proyecto.
Analistas de diversos sectores coinciden en señalar
que sería un “suicidio político” aprobar
denitivamente el proyecto. El 2012 y 2013 fueron
años de elecciones municipales y parlamentariopresidenciales, respectivamente. La voz del
movimiento anti-represas tuvo resonancia en estas
campañas, donde los candidatos presidenciales
fueron prácticamente obligados por la ciudadanía a
dar su opinión a favor o en contra de HidroAysén.
“Chao HidroAysén”: ¿Cuál es la significancia
histórica de esta victoria del movimiento
anti-represas chileno?
Finalmente, llega 2014, con Michelle Bachelet
nuevamente en el poder y con la misión de convocar
a un “Consejo de Ministros” para analizar y decidir
nalmente el caso HidroAysén. Este Consejo se
reúne el día 10 de Junio de 2014 y rechaza el
proyecto, acusándolo de graves irregularidades de
proceso (El Mercurio, 2014a). Era una muerte
anunciada ya desde 2011, cuando el movimiento
amplio chileno hizo sentir su poder social en las
calles de las principales ciudades del país. A pesar
que la empresa HidroAysén decide apelar esta
decisión, ya no hay vuelta atrás5. Su mega-proyecto
de represas en la Patagonia chilena ha sido
derrotado y enterrado por el creciente movimiento
social anti-represas chileno. Y aunque con la
apelación pueden abrirse escenarios de
incertidumbre, la ciudadanía chilena ha mostrado su
rotundo rechazo y deseo simbólico de muerte a este
mega-proyecto de represas en la Patagonia. Sin
embargo, esto no signica la muerte del modelo de
acumulación neoliberal de aguas en Chile.
Y es justamente en esa perspectiva, que el
movimiento anti-represas se encuentra hoy
luchando frente a otros proyectos a lo largo del
centro-sur del país, algunos emblemáticos como
son el Embalse Punilla en la Región del Bío-Bío, y
Alto Maipo en la Región Metropolitana de Santiago.
En ambos proyectos, existe ya este germen
ambientalista anti-represas y el antecedente
histórico de la victoria sobre HidroAysén. Ambos
proyectos han comenzado a ser socializados desde
2008 y 2010, respectivamente. En ambos lugares
se están tejiendo nuevamente alianzas entre ONGs,
comunidades locales, estudiantes, funcionarios
públicos, y otros actores afectados directa e
indirectamente por ambos proyectos. Ambos
movimientos anti-represas están articulados, y
durante 2013, 2014 y 2015, par ticiparon
5. Durante el mes de agosto de 2014, la empresa HidroAysén apeló a los Tribunales Ambientales de Valdivia y Santiago para
objetar la decisión del Consejo de Ministros de Michelle Bachelet (El Mercurio, 2014b). Durante el mes de mayo 2015 se
realizaron los alegatos respecto a esta apelación (El Desconcierto, 2015).
86
Foto: Robinson Torres, Trabajador made
ra Tortel, Patagonia, Chile.
activamente en la Primera, Segunda y Tercera
“Marcha Nacional por la Recuperación y Defensa del
Agua y la Vida”, convocada por diversas ONGs
como Chile Sustentable, Patagonia sin Represas,
MODATIMA, No Alto Maipo, y otros grupos locales
en lucha por la defensa del agua y la vida. En su
conjunto, estos grupos abogan por un objetivo
mayor : des-privatizar el agua y volver a
transformarla en un bien de uso público, es decir, un
bien natural de propiedad y uso común, que quede
ajeno a la lógica del lucro del mercado neoliberal de
aguas que rige en el país.
El movimiento anti-represas se inserta como un
actor más dentro de este movimiento socio-hídrico
chileno, más amplio y que también se ha venido
gestando a la luz de estas luchas locales contra la
acumulación por despojo del modelo neoliberal de
aguas que rige en Chile desde la dictadura de
Pinochet. El movimiento socio-hídrico incluye los
movimientos contra el despojo de aguas causado
por empresas mineras en el norte de Chile, por las
plantaciones forestales en el sur, por las plantas de
cerdos en el centro y norte, por los procesos de
urbanización en las zonas peri-urbanas de Santiago
y otras ciudades en rápida expansión, entre otros.
Sin lugar a dudas, la victoria sobre HidroAysén
inyectó una cuota de optimismo a este movimiento
socio-hídrico mayor. No obstante, la lucha es ahora
en diversos frentes locales articulados cada vez
más a escala nacional, como lo graca la marcha
nacional por el agua, que durante 2013 y 2014 se
desarrolló en la capital de Santiago, y durante 2015
en el puerto de Valparaíso
Reflexión final: luchas por el agua y la
ciencia social
A modo de conclusión, se observa que en este
movimiento anti-represas chileno en particular, y en
el movimiento social por el agua en general, hay una
subjetividad en maduración, una potencia política de
transformación social enorme, y quisiera concluir
mencionando los desafíos que imponen estás
dinámicas y movimiento a las ciencias sociales del
medioambiente. Hasta ahora, no se ven mayores
intentos por comprender y explicar la signicancia
histórica de este movimiento. A pesar de valiosos
estudios de caso locales (e.g. Budds, 2009;
Romero, 2014), estos no han articulado una mirada
analítica en relación a cómo estos movimientos
reorganizan su lucha social desde las escalas
69
35
87
locales hacia otras regionales, nacional e incluso internacional. En otras palabras, los
estudios de caso locales no han focalizado su mirada en las múltiples escalas (materiales y
narrativas) en que ya opera este movimiento: acciones locales pero ar ticulación regional,
nacional, e internacional. Una ciencia social ambiental y crítica del movimiento multi-escalar
por el agua en Chile es un proyecto aún por desarrollarse (cf. Swyngedouw, 2015).
La lucha por la recuperación del agua, y la producción de nuevas perspectivas multi-escala
que desafíen la actual gobernanza neoliberal del agua del país, necesitan de nuevos marcos
analíticos que aborden tanto aspectos subjetivos como estructurales de esta subjetivación
colectiva. Subjetivación que ya ha experimentado el movimiento socio-hídrico chileno
durante estos más de 40 años de acumulación neoliberal de la naturaleza. Observo que la
potencia de transformación social del movimiento socio-hídrico/anti-represas chileno
necesita ser abordado por enfoques de investigación social crítica, que aporten nuevos
conocimientos para en una mejor comprensión de la lucha, y ayuden a proyectarla hacia
una estrategia de democratización política y sustentabilidad ambiental de la gobernanza del
agua en Chile. El campo de las luchas sociales por el agua, en la teoría y en la praxis, está
más abierto que nunca.
Nacimiento Río Baker Pto Bertrand_Robinson Torres
88
Yuma (Magdalena):
El río que testifica la dignidad huilense en contra
del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
“Descolonizando La Jagua”
Pescadores en el río Magdalena. “Las
1
Peñas” Río Magdalena-La Jagua-Huila
-12/2014. Foto de Entre Aguas
En septiembre 2008, por medio de la resolución 321, el entonces Presidente Álvaro Uribe, otorgó
9 000 hectáreas de territorio del centro de Huila como utilidad pública a la multinacional
energética, Emgesa-Endesa, para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo (P.H. el
Quimbo). Este proyecto consta de una represa hidroeléctrica sobre el río Magdalena que
impacta un territorio de más de 8500 Ha de tierras agrícolas, ganaderas, lugares de pesca y
minería artesanal, sitios sagrados y arqueológicos, múltiples especies de plantas y animales en
los ríos y en el ecosistema bosque seco tropical, y las vidas de más de 17000 humanos.
1. Grupo pequeño de personas que crean propuestas alternativas desde el arte, cultura y comunicación en pro de la defensa del
territorio en el centro poblado de La Jagua (Huila, Colombia) y sus alrededores.
89
2
3
4
90
te la movilización de 17 días en enero
Pescador remendando una atarraya duran
del Colegio y Domingo Arias.
Paso
del
cruce
del
res
secto
los
en
de 2012
12. Foto de David Hernández-Palmar
01/20
uila
ante-H
io-Gig
Coleg
Cruce Paso del
El 3 de marzo 2012, entre múltiples protestas
pacíficas de las comunidades impactadas
alrededor de la obra de construcción, y de
enfrentamientos con el ESMAD, Emgesa inició
el proceso de desviación del río Magdalena de
su cauce natural por un túnel construido para
permitir el levantamiento del muro. Meses
después, se presentaron varios episodios de
mortandad masiva de peces de más de 23
diferentes especies. Desde entonces, el río sigue
causando daños a la construcción ocasionando
atrasos que la empresa intenta encubrir de los
medios de comunicación.
Desde el inicio se realizaron acciones en
contra del P.H. el Quimbo, y en julio de 2009,
se conformó en Río Loro, Gigante, la
Asociación de Afectados y Afectadas por el
Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo
(ASOQUIMBO). Esta asociación conformada
por personas de diversos sectores de todas
las comunidades impactadas por el P.H. el
Quimbo, exige el cumplimiento de la licencia
ambiental del proyecto y el respeto para las
comunidades y ecosistemas de la zona de
influencia.
Campesinos, pescadores y estudiantes
protestando el desvío del río Magdalena
.
Puente del Paso del Colegio. Gigante.
03/2012. Foto de Entre Aguas
de ASOQUIMBO y el Consejo Regional
Campesinos, Pescadores e Indígenas
con el ESMAD durante la Minga por la
Indígena del Huila- CRIHU se enfrentan
. Puente del Pescador-el Hobo-Huila.
Tierra
Madre
la
de
ción
Libera
y
sa
Defen
Aguas
Entre
de
Foto
08/2012.
ASOQUIMBO participa en varios espacios
regionales, nacionales e internacionales
como un referente de lucha social de las
comunidades más impactadas por proyectos
de extractivismo. ASOQUIMBO es integrante
del Movimiento Colombiano Ríos Vivos, de la
Red Latinoamericana contra Represas
(REDLAR), de la campaña-red Stop ENEL,
así mismo, promueve una Reserva
Campesina Agro-alimentaria para la región
es parte de la Asociación Nacional de Zonas
de Reserva Campesina ANZORC.
5
6
7
En un inicio, Emgesa no realizó un estudio de impacto
ambiental para P.H. el Quimbo directamente, sino que
creó convenios con la Fundación Natura. Esa fundación
tiene convenios con otras empresas y prácticas sociales
y ambientales cuestionables como Ecopetrol, Empresas
Públicas de Medellín, Industrial Agraria La Palma y
Nestlé. En el estudio de impacto ambiental se enlista 250
especies de animales en más de 9000 Ha de bosque seco
tropical que actualmente están siendo taladas, y la
fauna capturada y trasladada a las zonas donde la
empresa tiene sus proyectos ambientales. El colectivo
Jaguos por el Territorio por medio de la fotografía y la
plataforma de internet Project Noah, ha documentado
más de 250 especies de plantas, insectos, hongos y
animales de la zona afectada por el P.H. el Quimbo.
-Huila.
Instituto Educativo de La Jagua. La Jagua
03/2013. Foto de Entre Aguas
El 14 de junio 2011, el Ministerio de Ambiente
mediante resolución 1096, interpuso medidas
preventivas a Emgesa por el desplazamiento de la
población y la pérdida de empleo que generó la
compra de grandes haciendas productivas. Sin
embargo, el MinAmbiente levantó las medidas a
través del acto administrativo 0123 del 29/11/2011
sin ninguna verificación. El 14 de abril 2013, las
personas afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico
el Quimbo, iniciaron liberaciones de fincas que
anteriormente daban empleo ya que la población
de la región llevaba más de un año sufriendo
desempleo y hambre. En fincas de los Municipios
de Altamira, Garzón y Gigante las personas
impactadas lograron trabajar las tierras
produciendo alimentos por seis meses hasta que
fueron desalojados por el ESMAD.
Jacamará colirr ufo/ Galbula rucauda.
http://www.projectnoah.org/missions/109
9144
Vereda Miraguas- Altamira-Huila. 10/20
12. Foto
de Entre Aguas
La Jagua, fue fundada como resguardo indígena
Tama en 1540, hoy en día los mayores hablan de
indígenas Jaguos y aunque ha perdido el estatus
de resguardo indígena, muchos de los habitantes
mantienen costumbres tradicionales de la
región como el tejido de fique, el uso de plantas
medicinales y participan en mingas de trabajo
que se realizan en la comunidad. Después que
ASOQUIMBO recuperó una tapia de barro pisada
de más de 200 años del Instituto Educativo de La
Jagua, el colectivo Jaguos por el Territorio
organizó una actividad de muralismo donde se
invitó al artista callejero Guache y
colectivamente se pintó la tapia y otros muros
de la comunidad.
Niña sembrando yuca en una minga de
trabajo.
Puente de Guacas-Altamira-Huila. 05/20
13. Foto
de Yuma Amigo.
69
35
91
8
9
10
92
Bloqueo del Paso del Colegio. Paso del
09/2013. Foto de Entre Aguas
Colegio-Tesalia-Huila.
El Colectivo Jaguos por el Territorio promueve
una perspectiva crítica en relación al maltrato
de la tierra, de los cuerpos, así como de los/las
seres que nos rodean. La cultura, arte y
comunicación son herramientas para la
expresión, exploración y liberación. Por medio
de procesos de elaboración de murales, artes
escénicas y la realización de audio-visuales,
Jaguos por el Territorio intenta crear acciones
autónomas y expresiones culturales y
artísticas, que promueven la vida y la libertad
en sus territorios, para jóvenes de las
comunidades afectados por proyectos del
extractivismo.
Marcha de Ríos Vivos en La Jagua. La
11/2014. Foto de Entre Aguas
Jagua-Huila.
Como ASOQUIMBO está formado por
personas campesinas de sectores rurales sus
integrantes también participaron en los
Paros Agrarios del 2013. En el Paro Agrario
de septiembre/octubre de ese año personas
afectadas por el P.H. el Quimbo se
movilizaron en dos entradas de la obra de
construcción de la represa por más de una
semana resistiendo atropellas por parte de
la policía nacional, y hostigamientos con
armas de fuego por parte de la seguridad
privada del proyecto.
Formación de realización audio-visual,
detrás de cámara en la Vereda Paraguay,
Municipio Oporapa. Vereda ParaguayOporapa-Huila. 09/2014. Foto de Entre
Aguas
El año pasado, el Movimiento Ríos Vivos inició el
proceso de la escuela política itinerante donde las
comunidades pertenecientes al movimiento, se juntan
a compartir y reflexionar sobre sus contextos, y
reconstruir colectivamente la realidad. El 2014, en
La Jagua participaron personas del Bajo Sinú
(Córdoba), el cañón del río Cauca (Antioquia), el río
Sogamoso y río Fonce (Santander), río Ovejas y río
Cauca (Norte del Dpto del Cauca) y del río Magdalena
de varios municipios del Departamento del Huila. La
escuela se articuló apoyando una movilización
realizada por la comunidad contra las obras
relacionados por el incumplimiento con el fallo T-135
de la Corte Constitucional, el cual obliga a la empresa
a realizar de nuevo un censo de población afectada
por el P.H. el Quimbo. Así mismo, se dio inicio a una
serie de acciones artísticas corporales por la defensa
del territorio llamado, Geocoreografías.
11
12
13
Compuesto por las palabras Geografía y
coreografía, “Geocoreografías” fue un proceso de
formación y acción generado por Jaguos por el
Territorio, que trabajó con poblaciones afectadas
por proyectos de extractivismo, el cómo usar sus
cuerpos y expresión artística como herramientas
por la defensa del territorio. Procesos de
formación de danza, títeres, teatro y acción
plástica se realizaron durante tres meses con 6
municipios resultando en 9 acciones urbanas y
rurales en 5 municipios de afectación del P.H. El
Quimbo y también por la petrolera Emerald
Energy plc y por el Proyecto Hidroeléctrico
Oporapa.
Acción de Teatro invisible de “Agua para
la venta, Un Millón de Pesos”
en la Galería de Mercado de Gigante. Gigan
te-Huila.
11/2014. Foto de Entre Aguas
n
el P.H. el Quimbo pescan lo que puede
Pescadores artesanales bloqueados por
14.
12/20
la.
a-Hui
Tesali
Ariasngo
Domi
o.
en la desembocadura del túnel de desví
Foto de Entre Aguas
En 9 de mayo 2012, los gobiernos de Colombia y
China, por medio de la entidad CORMAGDALENA y la
empresa transnacional Hydrochina, firmaron el
convenio para la privatización del río Magdalena. El
Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena,
hace parte de la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) e
incluye más de 17 represas hidroeléctricas en los
departamentos del Huila y Tolima, así como la
canalización del río desde Honda, Tolima hasta la
desembocadura en Bocas de Ceniza, Barranquilla.
Este proyecto busca imponer la conversión del río en
un canal para la generación de electricidad y la
satisfacción del comercio por encima de las
comunidades.
El 13 de marzo 2013 la Corte Constitucional adoptó la
sentencia T-135 ordenando a Emgesa elaborar un nuevo
censo de la población afectada ya que el primero fue
realizado de manera insatisfactoria. La empresa se ha
negado a cumplir esta orden. En abril del 2015, se
esperó una respuesta sobre una solicitud de nulidad de
la Licencia Ambiental del P.H. el Quimbo por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Antes de
finalizar el 2015, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos desde Washington emitiría un falló sobre las
más de 200000 personas desplazadas por represas en
Colombia. En enero 2015, Emgesa anunció que llenaría
la represa para iniciar operaciones en julio. Unas
semanas después, el Tribunal Administrativo del Huila
aprobó una solicitud de la Federación Colombiana de
Acuicultores (FEDEACUA) para posponer el llenado del
P.H. el Quimbo, y así prevenir una tragedia de la
industria de piscicultores en el embalse de la Represa
de Betania. Sin embargo, la empresa sigue desalojando
campesinos, pescadores y talando grandes extensiones
de bosques sobre las riberas del río.
Títere teatro “El Espíritu del Río”. La Vered
a de Paraguay-Oporapa-Huila.
12/2014. Foto de Entre Aguas
69
93
35
Jaguos por el Territorio. Las Peñas, La
Jaguas, Huila. Foto de Entre Aguas
Atardecer después de creciente del río
Magdalena. Las Peñas, La Jagua,
Foto de Entre Aguas.
ASONAREH y
Asociación No a las Represas en el Huila-Oporapa. Vereda La Vega,
el Comité por la Defensa del río Magdalena
Oporapa. Foto de Entre Aguas
94
Acción del Movimiento Ríos Vivos Colom
bia en Las Peñas de La Jagua.
Foto de Jaguart.
Referencias bibliográficas
Editorial
IEA (2010). “World Energy Outlook 2010” International Energy Agency. Disponible en:
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf
Machado, H. (2014). Entrevista: “El ciclo del agua atraviesa nuestros cuerpos y nosotros no nos damos
cuenta de eso” en Boletín (In) Justicia Hídrica. Conictos y resistencias en América Latina. Tema:
“Conictos y gestión del agua en América Latina” Boletín N. 1 Junio 2014. Disponible en:
http://justiciahidrica.org/wp-content/uploads/2014/10/Bolet%C3%ADn-01-in-justiciah%C3%ADdrica.pdf
OLADE (2012a). “Matriz Energética en América Latina y el Caribe, Situación Actual y Perspectivas de las
Energías Renovables” Presentado por Victorio Oxilia Dávalos en Congreso La Habana Cuba, Abril
2012. Disponible en: http://www.olade.org/sites/default/les/presentacionessej/8_Presentación%20OLADE%20UPADI%20201.pdf
OLADE (2012b) Boletín Informativo. Año V. Edición XLIV. Enero – Marzo 2012. Disponible en:
http://www.olade.org/sites/default/les/44Marzo.pdf
Toro (2012) “Geopolítica energética: minería, territorio y resistencias sociales”. En: Toro, Catalina, Fierro,
Julio, Coronado, Sergio, Roa, Tatiana (2010) “Mineria, territorio y conicto en Colombia”. Censat
Agua Viva, Universidad Nacional y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Bogota.
Geopolítica regional de la hidroenergía: ¿A dónde irá la energía de Ecuador y del resto de
países?
Acción Ecológica (2006). Sembrando Desiertos. La Deuda Social y Ecológica generada por el
endeudamiento externo en el Proyecto de Propósito Múltiple “Jaime Roldós Aguilera”, Quito.
Aininoticias.org (2011). Perú construirá 20 hidroeléctricas para exportar energía a Brasil. Publicado el 14
de junio de 2011. Recuperado de http://www.aininoticias.org/2011/06/peru-construira-20hidroelectricas-para-exportar-energia-a-brasil/
BID (2013). Rethinking Our Energy Future. A White Paper on Renewable Energy for the 3GFLAC Regional
Forum.
CAIC (2008). Informe nal de la auditoría integral de la deuda ecuatoriana. Comisión para la
AuditoríaIntegral del Crédito Público. Noviembre de 2008, Quito. www.auditoriadeuda.org.ec
Caracol (2011). Minminas conrma que Colombia comenzó a exportar energía a Venezuela. Recuperado
de http://www.caracol.com.co/noticias/economia/minminas-conrma-que-colombia-comenzo-aexportar-energia-a-venezuela/20110405/nota/1450514.aspx
69
95
35
Comisión Mundial de Represas –CMR- (2000). Informe de la Comisión Mundial de Represas. Se lo
puede obtener en: www.dams.org.
CONELEC (2007). Plan nacional de electricación 2007 -2016. Quito.
Dinero (2012) Colombia tiene la energía para exportar. Recuperado de:
www.dinero.com/empresas/articulo/colombia-tiene-energia-para-exportar/169516.
EFE (2013). Descartan proyecto de interconexión eléctrica Colombia-Panamá. Publicado el 4 de marzo
de 2013. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-410353descartan-proyecto-de-interconexion-electrica-colombia-panama
El Universal (2013). Socio de ISA salvaría interconexión con Panamá. Recuperado de
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/socio-de-isa-salvaria-interconexion-conpanama-112597.
Energía Bolivia (2013). Los desafíos de la integración del sector eléctrico en América Latina.
Recuperado de
http://www.energiabolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=499&Itemid=10
3
Espinoza, J. L. (2012). Citado en Ecuador busca exportar energía limpia, por Lissette Condo para
Infosurhoy.com – 12/12/2012. Recuperado de
http://infosurhoy.com/es/articles/saii/features/main/2012/12/12/feature-02
fmbolivia.com.bo (2012). Bolivia podría exportar electricidad desde el 2015. Publicado el 23 de Mayo de
2012. Recuperado de http://www.fmbolivia.com.bo/noticia87543-bolivia-podria-exportarelectricidad-desde-el-2015.html
INEC (2011). Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Quito.
La Nación (2011). Chile conrma que planea exportar energía eléctrica a la Argentina. La Nación,
Buenos Aires, abril de 2011. Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/1367314-chile-conrmaque-planea-exportar-energia-electrica-a-la-argentina
La Primera (2010). Acuerdo energético con Brasil no pasa a Congreso. Diario La Primera de 9 de
setiembre del 2010. Recuperado de http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/acuerdoenergetico-con-brasil-no-pasa-a-congreso_69808.html
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (2012a). Visión del sector eléctrico ecuatoriano y
benecios del proyecto Mazar. Presentación. Cuenca, Ecuador.
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (2012b). Plan Maestro de Electricación 2012-2020.
Quito.
Visiones indígenas sobre el impacto del proyecto de la represa Xalalá a los derechos
humanos de los pueblos indígenas en Guatemala
Rodríguez Garavito, C. (2012). Etnicidad.gov: los recursos naturales, los pueblos indígenas y el derecho
96
a la consulta previa en los campos sociales minados. Bogotá: Dejusticia.
Viaene, L. (2013). “La relevancia local de procesos de justicia transicional. Voces de sobrevivientes
indígenas sobre justicia y reconciliación de Guatemala posconicto”. Antípoda No 16, Revista de
Antropología y Arqueología – Universidad de los Andes, Colombia, Enero - Junio, pp. 85-112.
Popol Wuj (2008). Traducción al español y nota de Sam Colop, Guatemala: PACE-GTZ/Cholsamaj.
Formas de violencia en la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte - Brasil
Acselrad, H. et al. (2012). Desigualdade ambiental e acumulação por espoliação: o que está em jogo na
questão ambiental?. e-cadernos CES. 17 164-186. Extraído el 10 de febrero de 2015 desde:
http://www.ces.uc.pt/ecadernos/media/ecadernos17/07.ColetivoBras.Pesq.DesigualdadeAmbiental.pdf
Boltanski L. y Chiapello, È. (2002). El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal.
Bourdieu, P. (2007). Razones Prácticas, sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama.
Bourdieu, P. (2013). Las estrategias de la reproducción social. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
Bourdieu, P. y Wacquant, L. (2008). Una invitación a la sociología reexiva. Buenos Aires: Siglo XXI
Editores.
Craide, S. (2015). Famílias que serão removidas por causa de Belo Monte recorrem à defensoria.
Agencia Brasil. Extraído el 17 de abril de 2015 desde: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitoshumanos/noticia/2015-03/familias-que-serao-removidas-por-causa-de-belo-monte-recorrem
Instituto Socioambiental, Especial Belo Monte del. Extraído el 10 de marzo de 2015 desde
http://www.socioambiental.org/esp/bm/index.asp
Magalhães, S. (2009). Análise de situações e dados sociais, econômicos e culturais. En: Painel de
Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do aproveitamento hidrelétrico Belo
Monte. 2009. Simões, S. (Org.). Extraído el 10 de febrero de 2015 desde:
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/Belo_Monte_Painel_especialistas_EIA.pdf
Mello, C. (2013). Se houvesse equidade: a percepção dos grupos indígenas e ribeirinhos da região da
Altamira sobre o projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Novos Cadernos NAEA, 16, 125-147.
Extraído el 5 de febrero de 2015 desde:
http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/1066/1769
Molina, J. (2009). Questões hidrológicas no EIA BELO MONTE En: Painel de Especialistas: análise crítica
do Estudo de Impacto Ambiental do aproveitamento hidrelétrico Belo Monte. 2009. Simões, S.
(Org.). Extraído el 10 de febrero de 2015 desde:
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/Belo_Monte_Painel_especialistas_EIA.pdf
Norte Energia, Usina Hidrelétrica Belo Monte. (2011). Cartilla: Conozca la Central Hidroeléctrica Belo
Monte. Extraído el 10 de marzo de 2015 desde: http://www.blogbelomonte.com.br/wpcontent/uploads/2011/11/FOLHETO_espanhol_03_08-11_nalizado[1].pdf
69
35
97
Vainer, C.B. (2008). Conceito de “Atingido”: uma revisão do debate. En: Rothman, F.D. (Org.). Vidas
Alagadas – conitos socioambientais, licenciamento e barragens. Viçosa: UFV, 39-63.
El proyecto hidroenergético de Salcca Pucara en Perú: percepciones de cambio, relaciones
de poder, y estrategias de inserción al territorio
Abdó, P. (2014, junio). Perú. Salcca Pucara un caso de injustica hídrica. En Boletín (In) Justicia Hídrica.
Conictos y resistencias en América Latina, (1). Alianza Justicia Hídrica, Foro de los Recursos
Hídricos. Junio 2014
Boyer, D. (2008). Thinking through the Anthropology of Experts. En Anthropology in Action, 15(2):38-46.
Carvajal, A., Mamani, J., Pila, G., Segovia, & S., Perdomo, J. (2014). Sistematización
Encuentros/Diálogos de Campo. Grupo Empresa. En Informe grupo de trabajo VI Curso-Taller
Justicia Hídrica. Cusco, Perú
Cortes, J., Jurado, C., Bohorquez, J., & Oviedo, M. (2014). Memoria de la Visita a la comunidad Valle de
Salcca. Combapata. En Informe grupo de trabajo VI Curso-Taller Justicia Hídrica. Cusco, Perú
Estrada, A. (2014a, junio). Perú. El proyecto hidroenergético Salcca Pukara. En Boletín (In) Justicia
Hídrica. Conictos y resistencias en América Latina, 1. Alianza Justicia Hídrica, Foro de los
Recursos Hídricos.
Estrada, A. (2014b). Conicto por el Agua Salcca Pukara. Texto preparado para el curso de Justicia
Hídrica promoción del 2014. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos. Centro Bartolomé de
las Casas.
El Fasi, M., Henriquez, D., Martinez, D. & Intriago, M. (2014). Informe de Trabajo de Campo. Autoridades
Distritales y el Conicto Salcca Pukara. En Informe grupo de trabajo VI Curso-Taller Justicia Hídrica.
Cusco, Perú
Durand, L. (2008). De las percepciones a las perspectivas ambientales. Una reexión teórica sobre la
antropología y la temática ambiental. Revista Nueva Antropología, 21 (68):75-87
Foucault, M. (1992). El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets Editores.
Guerrero, W., Garcés Santander, A., Ccolque Tapia,E., Shuster, J.P., Rodriguez Ros, J. (2014).
Investigación del conicto en la comunidad Machamarca – Valle del Vilcanota. En Informe grupo de
trabajo VI Curso-Taller Justicia Hídrica. Cusco, Perú
Ministerios de Energía y Minas (MEM). (2014). Resumen Ejecutivo. Plan Energético Nacional 20142025. Documento, Documento de Trabajo. Disponible en:
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/2ResEje-2014-2025%20Vf.pdf
Roque, Y., Gutierrez, R., Mendoza Fragoso, A., Cerda Zepeda, J., Garcia Guzman, G. y Saldi, L. (2014).
Informe de Trabajo del Equipo Santa Barbara. Informe grupo de trabajo VI Curso-Taller Justicia
Hídrica. Cusco, Perú
98
Svampa, M. (2008). La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de carácter socio-ambiental y
discursos dominantes. Buenos Aires: Cambio de Época.
Reflexiones en construcción sobre el reconocimiento y la cuantificación de derechos: El
caso del megaproyecto hidráulico multipropósito Chone, Ecuador.
Barnes, J., y Alatout, S. (2012) Water worlds: Introduction to the special issue of Social
Studies of Science, Social Studies of Science. 42(4): 483–488.
Betham, J. (1988(1781)). The Principles of Morals and Legislation, Prometheus Books,
Amherst NY
Boelens, R. (2014). Cultural Politics and the hydrosocial cycle: Water, power and identity in
the Andean highlands. Geoforum. 57:234-247
Budds, J. (2009). Contested H2O: Science, policy and politics in water resources management in Chile.
Geoforum. 40(3):418–430.
CAIC. (2008). Informe nal de la auditoría integral de la deuda ecuatoriana (Segunda ed.). Quito-Ecuador.
Linton, J. and Budds, J. (2014). The hydrosocial cycle: Dening and mobilizing a relational- dialectical
approach to water. Geoforum. 57: 170–180
Roa-Avendaño, T., and Duarte-Abadía, B. (2012). Aguas Represadas: El caso del proyecto
Hidrosogamoso en Colombia. Bogotá: Censat-Agua viva.
Schlosberg, D. (2004). Reconceiving environmental justice: global movements and political theories.
Environmental Politics. 13(3), 517–540.
SENAGUA, 2010. Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de Propósito
Múltiple Chone. Calidad Ambiental Cía. Ltda-SENAGUA. Protoviejo.
SENAGUA. (2011). Informe detallado de los puntos solicitados por la procuraduría general del estado
para la defensa del Estado ecuatoriano ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos). SENAGUA. Manabí.
Sneddon, C., y Fox, C. (2008). Struggles over dams as struggles for justice: The World
Commission on Dams (WCD) and anti-dam campaigns in Thailand y Mozambique. Society and
Natural Resources. 21(7), 625–640.
Scott, J. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition
have failed. Yale University Press.
Swyngedouw, E. (2007). Technonatural revolutions: the scalar politics of Franco’s
hydro‐social dream for Spain, 1939–1975. Transactions of the Institute of British Geographers.
32(1): 9–28.
69
99
35
WCD. (2000). Dams and Development: A New Framework for Decision-making: the Report of the World
Commission on Dams. London: Earthscan.
Zwarteveen, M. Z., and Boelens, R. (2014). Dening, researching and struggling for water justice: some
conceptual building blocks for research and action. Water International. 39(2), 143–158.
Centrales hidroeléctricas: Conflictos sociambientales en comunidades nahuas de la Sierra
de Zongolica, México
Campos, Teresa (2014), Proyectos hidroeléctricos y conictos socio-ambientales en comunidades
indígenas: un estudio de caso en Zongolica 2010 -2014, México: Universidad Veracruzana.
Harvey, David (2009), El “Nuevo” Imperialismo: Acumulación por desposesión, texto electrónico
consultado el 24/09/2014 del sitio http://www.forosocialsevilla.org/IMG/pdf/harvey.pdf
Leff, Enrique (1998), Saber ambiental: Sustentabilidad, racionalidad, complejidad y poder, México, Siglo
XXI, UNAM-Pnuma.
Sabatini, Francisco; Sepúlveda, Claudia (1997),“Conictos ambientales en América Latina: ¿Distribución
de externalidades o denición de propiedad?” en Conictos Ambientales: entre la globalización y la
sociedad civil.Santiago: CIPMA.
Vandana, Shiva (2006), Las Guerras del Agua, Privatización, Contaminación y Lucro. Barcelona: Icaria.
Reviviendo conflictos: Hidroeléctricas en el Oriente antioqueño
CELSIA. Negocios y proyectos. Disponible en http://www.celsia.com/Negocios/Proyectos/Porvenir-II.
Antioquia es el departamento con mayor número de habitantes desplazados en el país. El COLOMBIANO.
2013. Disponible en
http://www.elcolombiano.com/antioquia_con_las_cifras_mas_altas_de_desplazamiento_en_colom
bia-DBEC_246489.
CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD. Ese desarrollo del que tanto hablan. 2011. Disponible en
http://www.cjlibertad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=426:ese-desarrollodel-que-tanto-hablan-ipara-quien-es&catid=37:oriente&Itemid=74
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en
Carbono (ECDBC). Disponible en
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Estrategia_Colombiana_de_Desarroll
o_Bajo_en_Carbono/100713_cartilla_ecdbd.pdf
http://www.upme.gov.co/Eventos/URE_2011/Sandra_Garavito_MAVDT.pdf
XM. Demanda de energía nacional. Disponible en
http://informesanuales.xm.com.co/2013/SitePages/operacion/3-1-Demanda-de-energianacional.aspx
100
XM. Generación del SIN. Disponible en http://informesanuales.xm.com.co/2013/SitePages/operacion/24-Generaci%C3%B3n-del-SIN.aspx
Ley 1715 de 2014 http://www.fcm.org.co/ActualidadNormativaYJurisprudencia/boletin-juridicomunicipal/Documents/ley%201715%20de%202014.pdf
BIRD. Primera muestra. Medellín. 2009.
HERMELIN M. Geografía de Antioquia: Geografía Histórica, Física, Humana y Económica. Geografía de
Antioquia. Centro de Publicaciones Universidad Eat
HIGUERA, José M. El sector energético cuenta con 54 proyectos de MDL. Julio de 2014. Portafolio.
Disponible en http://www.portafolio.co/negocios/proyectos-mdl-sector-energetico.
Mesa de derechos humanos del Oriente antioqueño. Informe 2008. Cap 3. Hidroeléctricas y minería en el
Oriente antioqueño. 2008.
OLAYA, Carlos Hernando. Nunca más contra nadie. Ciclos de violencia en la historia de San Carlos, un
pueblo devastado por la guerra. Cuervo editores. Colombia. 2012.
VALENCIA HERNÁNDEZ, Javier G. y MUÑOZ VILLAREAL, Érika M. Las grandes represas del trópico ante
el cambio climático. ¿una solución limpia? Disponible en http://censat.org/es/analisis/las-grandesrepresas-del-tropico-ante-el-cambio-climatico-una-solucion-limpia
PORRAS GALLEGO, Hernán. Ponencia ciudadana en Audiencia Pública ambiental. Carmen de Viboral.
2011.
PNUD. Análisis de conictividad del Oriente antioqueño. 2010.
El Proyecto de la Hidroeléctrica “Inambari” en la Amazonía del sur de Perú
Ballón Gamboa, César y Vanessa Cueto La Rosa, 2012, Matriz Energética en el Perú y Energías
Renovables; VI. Hidroeléctricas y Conictos Sociales, Recomendaciones para una Mejor Gestión
Ambiental Frederich Ebert Stiftung (FES), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en
http://library.fes.de/pdf-les/bueros/peru/09004.pdf
Goulding, Michael et all, 2000, La Cuenca del Río Inambari, ambientes acuáticos, biodiversidad y
represas, Wildlife Conservation Society – WCS, Andes-Amazon Waters, Wetlands and Basins
Program, en http://www.actualidadambiental.pe/documentos/la_cuenca_del_rio_inambari.pdf
Serra Vega, José, 2010, Inambari: La urgencia de una discusión seria y nacional; pros y contras de un
proyecto hidroeléctrico. PRO NARURALEZA. En http://www.bicusa.org/en/Document.102509.pdf
Sociedad Civil por la Construcción de la Carretera Transoceánica y Desarrollo de Puno (SOCIT).
Megaproyecto Central Hidroeléctrica Inambari. Pronunciamiento. Puno, Perú: abril 2014. S/p.
101
69
35
El movimiento anti-represas en Chile y su potencial para la transformación social: caso
HidroAysén
Bauer, C. (2015) Water conicts and entrenched governance problems in Chile’s market model. Water
Alternatives 8(2), 147-172
Budds, J. (2009). Contested H2O: science, policy and politics in water resources management in Chile.
Geoforum 40, 418-430
Deleuze, G. (1987) Foucault. Barcelona: Editorial Paidós.
ENDESA S.A (1942) Plan de Electricación del país (Primera y Segunda Publicación). Santiago: CORFO.
Harvey, D. (2003) The new imperialism. Oxford: Oxford University Press
INE (2008) Enfoque Estadístico: Distribución y Consumo Energético en Chile. Santiago.
Larraín, S., Poo, P. (2010) Conictos por el agua en Chile: entre los derechos humanos y las reglas del
mercado. Santiago: Programa Chile Sustentable/Fundacion Heinrich Böll
Larraín, S. (2012) Human rights and market rules in Chile’s water conicts: A call for structural changes
in water policy. Environmental Justice 5(2), 82-88
Mundaca, R. (2014) La privatización de las aguas en Chile: causas y resistencias. Santiago: Fundación
CREA/América en Movimiento.
Romero A., H., Mendez, M., Smith, P. (2012) Mining development and environmental injustice in the
Atacama Desert of Northern Chile. Environmental Justice 5(2), 70-76
Romero T., H. (2014). Ecología política y represas: elementos para el análisis del Proyecto HidroAysén
en la Patagonia chilena. Revista de Geografía Norte Grande 57, 161-175
Segura, P., Bourlon, F. (2011) Represas en Aysén: ¿traba o trampolín para el desarrollo turístico regional?
Revista Sociedad Hoy 20, 145-157
Salazar, G. y Pinto, J. (2002) Historia contemporánea de Chile. III. La economía: mercados, empresarios
y trabajadores. Santiago: LOM Ediciones.
Swyngedouw, E. (2015) Liquid power: Contested hidro-modernities in Twentieth Century Spain.
Massachusetts: MIT.
Torres, R. (2009) Public participation for the Integrated Water Resources Management in the Baker river
basin, Chilean Patagonia. Final Report for “TWINLATIN Project: Twinning European and LatinAmerican River Basins for Research Enabling Sustainable Water Resources Management”. Center
for Environmental Sciences EULA-Chile, Universidad de Concepción, Chile.
Torres, R., García, A. (2009) Conictos por el agua en Chile: el gran capital contra las comunidades
locales. Análisis comparativo de las cuencas de los ríos Huasco (desierto de Atacama) y Baker
(Patagonia-Austral). Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología 18 (4), 695-708.
102
Torres, R., Azócar, G., Rojas, J., Montecinos, A., Paredes, P. (2015) Vulnerability and resistance to
neoliberal environmental changes: An assessment of agriculture and forestry in the Biobio region of
Chile. Geoforum 60, 107-122
Ulianova, O. & Estenssoro, F. (2012) El ambientalismo chileno: la emergencia y la inserción internacional.
Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos XII(1), 183-214
Universidad Católica de Chile (2013) Energía: la electricidad en un mundo que avanza. Santiago: Origo
Ediciones. URL: http://www.energiaundesao.cl/ [Marzo 12, 2015]
Prensa escrita
El Desconcierto (2015) HidroAysén intenta reotar en alegatos ante el Tribunal Ambiental. 15 de Mayo.
URL: http://eldesconcierto.cl/hidroaysen-intenta-reotar-en-alegatos-ante-el-tribunal-ambiental/
El Mercurio (2014a) Comité de Ministros rechaza proyecto HidroAysén aunque empresa podrá apelar. 10
de Junio. URL: http://www.emol.com/noticias/economia/2014/06/10/664572/comite-de-ministrosrechaza-proyecto-hidroaysen.html
El Mercurio (2014b) Larraín Matte tras apelación por HidroAysén: Estudios se hicieron de acuerdo a la
legalidad. 27 de Agosto. URL:
http://www.emol.com/noticias/economia/2014/08/27/677173/bernardo-larrain-deende-apelaciona-tribunal-ambiental-por-hidroaysen.html
El Mostrador (2011) Cómo se nancia la millonaria campaña de Patagonia sin Represas. 6 de junio.
URL: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/06/06/como-se-nancia-la-millonaria-campanade-patagonia-sin-represas/
El Quinto Poder (2010) Publicidad de HidroAysén: ¿Para quién? ¿Para qué?. 12 de Diciembre. URL:
http://www.elquintopoder.cl/medio-ambiente/publicidad-de-hidroaysen-para-quien-para-que/
La Tercera (2011) Campaña de difusión de HidroAysén cuesta casi US$ 1 millón. 17 de Abril. URL:
http://diario.latercera.com/2011/04/17/01/contenido/negocios/27-66005-9-campana-de-difusionde-hidroaysen-cuesta-casi-us-1-millon.shtml
La Tercera (2012) Denuncian irregularidades de la CONAF en aprobación del proyecto HidroAysén. 30 de
Enero. URL: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-427648-9-denuncianirregularidades-de-la-conaf-en-aprobacion-del-proyecto-hidroaysen.shtml
103
69
35