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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES
SENADO
XI LEGISLATURA
Núm. 5
12 de abril de 2016
PLENO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ
Sesión núm. 4
celebrada el martes, 12 de abril de 2016
ORDEN DEL DÍA
1.ACTAS
1.1.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados
días 29 y 30 de marzo de 2016.
2.
DEFENSOR DEL PUEBLO
2.1.INFORMES
2.1.1.Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el
año 2015.
(Núm. exp. 780/000001)
3.MOCIONES
3.1.
Moción por la que se propone que el Senado acuerde la creación, en el seno de la Comisión
Constitucional, de una Ponencia de estudio sobre la institución del aforamiento para
proponer su reforma y limitación.
(Núm. exp. 662/000010)
Autor: GPP
3.2.
Moción por la que se insta al Gobierno a restablecer la universalización del derecho a la
asistencia sanitaria pública y a la recuperación del sistema público de sanidad.
(Núm. exp. 662/000012)
Autor: GPS
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SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
1.ACTAS
1.1.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 29 y 30 de marzo de 2016...................................................................
4
Se aprueba el acta.
2.
DEFENSOR DEL PUEBLO
2.1.INFORMES
2.1.1. Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo
durante el año 2015....................................................................................................
(Núm. exp. 780/000001)
4
La señora defensora del pueblo (Becerril Bustamante) expone un resumen del informe.
En turno de portavoces intervienen la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Rufà Gràcia, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor
Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Democràcia i Llibertat; la señora
Mora Grande, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú-Compromís-En Marea; la señora
Nasarre Oliva, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Cortés Martín, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
3.MOCIONES
3.1.
Moción por la que se propone que el Senado acuerde la creación, en el seno
de la Comisión Constitucional, de una Ponencia de estudio sobre la institución
del aforamiento para proponer su reforma y limitación.
(Núm. exp. 662/000010)
Autor: GPP...................................................................................................................
18
La señora Vindel López defiende la moción.
El señor Yanguas Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a
iniciativa de este senador.
La señora Julios Reyes defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa
de esta senadora y el señor Rodríguez Cejas.
El señor Abad Giralt defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Democràcia i Llibertat.
El señor Comorera Estarellas defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos-En
Comú-Compromís-En Marea.
La señora Vindel López expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas,
aceptando la del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa del señor Yanguas Fernández
y rechazando las restantes.
En turno de portavoces intervienen el señor Crisol Lafront, la señora Luján Martínez, la señora
Domínguez de Posada Puertas y la señora Julios Reyes por el Grupo Parlamentario Mixto; el
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señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Vidal
Marsal, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Abad Giralt, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Democràcia i Llibertat; la señora Gorrochategui Azurmendi, por
el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú-Compromís-En Marea, el señor Rodríguez Esquerdo,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Barreira Diz, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.
Al final la intervención de la señora Gorrochategui Azurmendi, el señor Estradé Palau, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, pide la palabra por alusiones. El señor presidente
considera que no procede.
Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto
presentada a iniciativa del señor Yanguas Fernández, con el siguiente resultado: presentes, 258;
votos emitidos, 258; a favor, 142; en contra, 94; abstenciones, 22.
3.2.
Moción por la que se insta al Gobierno a restablecer la universalización del
derecho a la asistencia sanitaria pública y a la recuperación del sistema público
de sanidad.
(Núm. exp. 662/000012)
Autor: GPS...................................................................................................................
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El señor Martínez Olmos defiende la moción.
La señora Julios Reyes defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa
de esta senadora y el señor Rodríguez Cejas.
La señora Rivero Segalàs defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Democràcia i Llibertat.
La señora Palencia García defiende las cinco enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos-En
Comú-Compromís-En Marea.
El señor Martínez Olmos expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas,
aceptando las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Democràcia i Llibertat y las del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú-Compromís-En
Marea, excepto la registrada con número 8972.
En turno en contra hace uso de la palabra la señora Mendiola Olarte, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
En turno de portavoces intervienen el señor Alegre Buxeda, la señora Castilla Herrera y la
señora Luján Martínez, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Ahedo Ceza, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Democràcia i Llibertat; el señor García Buitrón, por el Grupo Parlamentario Podemos-En
Comú-Compromís-En Marea; el señor Martínez Olmos, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el
señor Alarcó Hernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Democràcia i Llibertat y del Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú-Compromís-En Marea, excepto la presentada con número de registro 8972,
con el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 251; a favor, 105; en contra, 138;
abstenciones, 8.
Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cinco minutos.
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Se abre la sesión a las dieciséis horas
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Por favor, tomen asiento. (Rumores).
Guarden silencio, por favor, señorías.
1.ACTAS
1.1.
LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA
LOS PASADOS DÍAS 29 Y 30 DE MARZO DE 2016.
El señor presidente da lectura a los puntos 1. y 1.1.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación? (Pausa).
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).
Queda aprobada. Muchas gracias.
2.
DEFENSOR DEL PUEBLO
2.1.INFORMES
2.1.1. INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO
DURANTE EL AÑO 2015.
(Núm. exp. 780/000001)
El señor presidente da lectura a los puntos 2. 2.1. y 2.1.1.
El señor PRESIDENTE: Para exponer un resumen del informe, tiene la palabra la excelentísima
señora defensora del Pueblo.
Ruego a los servicios de la Cámara que la avisen. (Pausa).
Bienvenida, señora defensora del Pueblo. Cuando quiera, tiene usted la palabra.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Señor presidente, señorías,
comparezco ante ustedes, ante el Senado, para informarles de la actividad y la acción desarrollada
por la institución constitucional del Defensor del Pueblo a lo largo del año 2015. Y puesto que esta
es la primera ocasión que tengo en esta legislatura de comparecer ante el Senado, agradezco a
sus señorías su atención y presencia, y manifiesto en nombre de la institución, de las personas
que trabajan en ella, del adjunto don Francisco Fernández Marugán, de la adjunta doña Concepció
Ferrer, y de mí misma, que estamos a su entera disposición para aclarar o ampliar cualquier asunto
relacionado con la institución que sus señorías tengan a bien plantear en cualquier momento, bien
a lo largo de esta tarde, bien en ocasiones posteriores.
Como saben sus señorías —aunque puede haber alguna persona que no lo recuerde
bien—, la institución tiene ya treinta y cinco años y su función principal es el control de las
administraciones públicas y la defensa de los derechos fundamentales que están recogidos en
la Constitución española. No es, por tanto, un poder ejecutivo. No es un poder coercitivo. Es una
institución que, mediante la persuasión, debe convencer a las administraciones de que rectifiquen,
enmienden, corrijan o realicen alguna acción o acciones que la institución haya diagnosticado
como convenientes o necesarias, a la vista de lo que los ciudadanos nos comentan y nos hacen
llegar; ciudadanos o instituciones, ONG y entidades que se dirigen al Defensor para plantearnos
alguna cuestión de interés.
Es una institución con amplias competencias; creo que es una de las instituciones de defensores
del pueblo que tiene más competencias, si se la compara con otros países y otras naciones. Y es
que, además de las que he mencionado, es una institución que vela por los derechos humanos,
por la consecución y el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del
año 1948 y, como tal, tiene esa competencia atribuida por Naciones Unidas. Además, siguiendo
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la terminología de Naciones Unidas, es un mecanismo nacional de prevención de la tortura, tratos
degradantes o inhumanos, y debido a estas competencias y atribuciones mantiene relaciones
con otros defensores, como los iberoamericanos; y muchos se han inspirado en la Ley Orgánica
del Defensor del Pueblo de España para elaborar esa legislación. Asimismo, mantenemos una
relación permanente y estrecha en este momento con la defensora de la Unión Europea, con los
defensores europeos y con los defensores del Mediterráneo. Con estos últimos —luego mencionaré
algún aspecto de la relación con ellos— nos hemos ocupado muy especialmente de los asuntos
relacionados con la crisis migratoria y los problemas de los refugiados.
Como es obligación nuestra, en el marco de las acciones de la Unión Europea y de lo que
la Unión solicita a los defensores, hemos realizado durante dos años un programa europeo para
formar a los equipos del Defensor del Pueblo de Turquía. Expliqué a sus señorías algo relacionado
con este asunto en la comisión que se celebró en días pasados. Esperamos que con la formación
que hemos intentado transmitir a los equipos del defensor, a los técnicos y asistentes del defensor
de Turquía, puedan realizar una buena labor en defensa de los derechos humanos y que el trabajo
de España dé frutos en estos momentos tan delicados, complicados para Turquía, para la defensa
de los derechos humanos en aquel país, para la defensa de los derechos y para la defensa de
todas las libertades.
A lo largo del año 2015 hemos modificado en algo nuestra manera de trabajar en la institución
para hacerla más eficaz, para aproximarnos más a los problemas de los ciudadanos, para
establecer una mayor relación con grupos sociales, con organizaciones no gubernamentales y
con los ciudadanos. En este sentido, el número de quejas de 2015 ha descendido en comparación
con 2014. Expliqué en la comisión que desde finales del año 2012 y durante los años 2013
y 2014 muchos funcionarios hicieron llegar sus quejas como consecuencia de la supresión de
una de las pagas extraordinarias. Por tanto, las quejas subieron, sobre todo en 2014, de manera
considerable. Eso ya no se ha producido, puesto que los presupuestos y las distintas acciones
han ido devolviendo una gran parte de aquella paga, aunque queda una parte, que se suprimió a
finales del año 2012.
Aunque el número de quejas ha sido de 17 822, debo decir que muchas de esas quejas vienen
firmadas por grupos numerosos de personas, por muchos ciudadanos, de tal manera que podemos
cifrar en 55 000 las personas que, en documentos individualizados o agrupados, se han dirigido a
la institución a lo largo de 2015.
Por otro lado, a lo largo de 2014 y 2015 la comisión nos instó a aumentar el número de
resoluciones, que son recomendaciones a las administraciones. Seguimos su indicación, y las
hemos aumentado también en 2015, de manera que han sido 1503 las resoluciones, lo cual supone
que ha habido 230 resoluciones más que en el año anterior, 2014.
Saben sus señorías que la institución del Defensor recibe las quejas de los ciudadanos, de
modo que cuando hacemos una recopilación y evaluación de todas ellas nos permitimos decir que
tenemos una radiografía, nunca perfecta o total, pero sí parcial e interesante de los problemas que
aquejan a los ciudadanos. ¿Y cuáles han sido estos fundamentalmente a lo largo de 2015? Han
sido preocupaciones por dilaciones en la Administración de Justicia; seguro que sus señorías lo
entienden. Preocupaciones por las dificultades de las personas que residen en el extranjero para
votar en las elecciones, por el voto por correo. Preocupación por la violencia de género, lo que creo
que nos debería hacer reflexionar y revisar los indicadores para la valoración de riesgos. Y nos
preocupan, y también ha preocupado a los ciudadanos, los menores no acompañados que entran
en España; y en este momento, además, los menores no acompañados que están entrando en
la Unión Europea. Los datos son verdaderamente preocupantes y llamativos. Hemos formulado
recomendaciones al Ministerio del Interior, a efectos de que la Policía pueda intercambiar datos
con otras policías para seguir la pista de estos menores que entran no acompañados, pista que
luego se pierde, por lo que no se sabe bien dónde han ido o dónde puedan estar en algún momento.
Como digo, los menores han sido una preocupación de la institución, y hemos realizado dos
estudios que se han remitido a los miembros de la comisión relacionados con la escucha del menor
en los procedimientos judiciales. Nos parece que es algo que debe ser tenido en cuenta por la
Administración de Justicia, por los equipos de psicólogos y por las personas que pueden intervenir
o acompañar en un procedimiento judicial. Se trata de que se escuche con interés lo que los
menores dicen o aquello sobre lo que quieran dar cuenta cuando están atravesando un momento
determinado, seguramente difícil.
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Por otra parte, las personas que están en centros de privación de libertad nos escriben, como
comentamos a lo largo de la comisión. Hemos recibido 542 quejas, cartas, escritos de personas
que están en esos centros y que piden una mayor atención asistencial, de médicos, cambios en la
alimentación o que nos hacen llegar su preocupación por estar alejados de su residencia habitual
o de sus familias.
Y hemos actuado en dos epígrafes que han dado relativamente buen resultado, pensando
también en los adolescentes y los menores. Por un lado, en la gratuidad de los libros de texto,
para recordar a las administraciones el deber y el objetivo de alcanzar entre todas —incluida la
Administración General del Estado, por supuesto— la plena gratuidad de los libros de texto. Y
también en la alimentación de los menores en periodo de vacaciones, cuando no hay actividad
escolar. Como comentaba en días pasados, la mayoría de los ayuntamientos, grandes municipios
y comunidades autónomas han tomado medidas de diversa índole; pero, al final, lo importante es
que presten atención a esos menores por el procedimiento que les parezca más conveniente.
Señor presidente, recuerdo que esta Cámara hace algún tiempo realizó un interesante informe
sobre las enfermedades raras. Nosotros nos hemos seguido ocupando de las personas que
padecen esas enfermedades, cuyos familiares se sienten muchas veces desorientados y faltos de
ayuda y apoyo. Así, hemos formulado diversas recomendaciones para proporcionar a las familias
los fármacos más innovadores y fomentar la investigación científica. Espero que esta Cámara
pueda seguir estudiando este campo, en el que a todos nos queda tanto por hacer y tanto auxilio
que prestar a esas personas, a quienes trabajan en este campo y a los investigadores.
Estas son algunas de nuestras inquietudes y acciones. Debo recordar también a sus señorías
que aproximadamente el 75 % de las respuestas de las administraciones ante nuestras quejas o
recomendaciones han sido positivas, afirmativas, nos dan la razón. Me gustaría elevar ese 75 %,
naturalmente, pero no es insuficiente, aunque, desde luego, es susceptible de mejora.
E insistimos mucho en aquellas administraciones que no contestan. No acabo de entender
que una Administración no responda, no entiendo bien qué concepto tiene de servicio público,
porque nosotros no decimos que en la respuesta nos den la razón —naturalmente, nos gustaría—,
pero es fundamental dar una respuesta al ciudadano, es absolutamente básico en una democracia.
En este sentido, sus señorías pudieron ver el otro día, en la pasada comisión, que en la nueva
página web hay un epígrafe muy grande que dice: administraciones entorpecedoras, porque no
contestan. Y no es que no contesten al Defensor, es que no contestan al ciudadano, y eso es lo
grave. Por eso las sacamos en números rojos y ponemos los días que tardan en contestar. Y si
se pasan de lo que es razonable lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía para que actúe y les
llame severamente la atención.
Señorías, mi intervención no es más que un resumen; no puedo, ni muchísimo menos, describir
los capítulos de este informe. Contestaría, desde luego, si el Reglamento así lo permitiera, aunque
en este momento el Reglamento es distinto, por lo que hoy me puedo limitar a escuchar sus
comentarios. Pero, como les he dicho, en el futuro, si lo desean, estoy a su disposición para hacer
cualquier aclaración.
Voy a concluir este breve resumen comentándoles dos cosas; mejor dicho, tres, porque hay
una materia que no puedo dejar de mencionar. Me refiero al campo de los impuestos, de los tributos,
porque, además, esta es una Cámara donde muchas de sus señorías tienen una vinculación muy
importante con su ciudad, su territorio, su comunidad autónoma. Están muy relacionados con su
comunidad y su ciudad. Pues bien, quiero transmitirles la preocupación de muchos ciudadanos
por los impuestos municipales, fundamentalmente por los impuestos sobre bienes inmuebles —el
año pasado ya lo hice, pero como hay señorías que están en esta Cámara por primera vez quiero
recordarlo—. Y hay una preocupación por los impuestos sobre bienes inmuebles, que son una
fuente de financiación fundamental para los ayuntamientos, ya que no siempre tienen en cuenta las
circunstancias del mercado, y parece que hay una distancia o una pelea entre el catastro y estos
impuestos o el impuesto sobre plusvalía. No hay concordancia entre la situación del mercado y lo
que dice el catastro, que es donde se van a sustentar o apoyar esos impuestos. Recuérdenlo sus
señorías, si lo tienen a bien, cuando tengan ocasión de trabajar sobre esta materia.
Termino, haciendo mención a dos asuntos muy importantes en los que estamos trabajando.
El primero es la atención a las víctimas del terrorismo. Estamos haciendo un informe sobre los
derechos humanos y las víctimas del terrorismo de ETA, porque así nos los pidió el Congreso de
los Diputados al final de la legislatura anterior. Espero que podamos presentar ante las Cámaras
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ese documento a lo largo del mes de junio, tras haber consultado a colectivos, a grupos de víctimas,
a personas que han trabajado, han escrito y han estudiado distintas circunstancias y distintos
aspectos que afectan a las víctimas, a familiares de víctimas del terrorismo, desde aspectos
psicológicos y ayudas necesarias, hasta aspectos económicos o penales.
El otro gran asunto es el de los refugiados. Hace ya muchos meses que comprendimos que la
crisis migratoria, tan enorme, de una magnitud desconocida a partir de la segunda guerra mundial,
iba a ser, primero, un drama humanitario, y luego un problema para todos los países y, sobre todo,
para todas las democracias. Hemos trabajado en recomendaciones, en conocer las necesidades.
Nos hemos desplazado. Hemos estado en un campo de refugiados al lado de Amman, en Zaatari,
que es una verdadera ciudad donde viven 79 000 personas, con 11 escuelas, donde España está
cooperando y también Cruz Roja, Médicos del Mundo, otras organizaciones y el Gobierno jordano,
por supuesto. Y hace muy pocas semanas hemos estado también en un centro de recepción en la
antigua república yugoslava de Macedonia, por el que pasan refugiados camino de Serbia.
Nosotros apoyamos la posición de atención, ayuda y recepción de refugiados, de personas
que huyen fundamentalmente de la guerra, del terror, de la persecución. La Unión Europea tiene
que ser generosa y eficaz, y nos parece que la creación de una agencia europea de asilo puede
ser la manera de que todos los países actúen conjuntamente, de que cada país no tome medidas
individualmente, de que uno no cierre la frontera, otro, persiga, y otros, como anteayer Macedonia,
lancen gases lacrimógenos. No, eso no puede ser; debe haber una actitud, unas normas, unas
reglas comunes para tratar a esas personas que huyen absolutamente del terror. Creemos que el
número de personas que, de acuerdo con lo establecido, deberían llegar a España procedentes
de Italia, Grecia y terceros países, por recomendación de Naciones Unidas, de Acnur, y también
por recomendación de la Unión Europea es una cifra aceptable para España; y puede haber una
acción coordinada para la acogida y el asentamiento o reasentamiento de esas personas. Nosotros,
desde luego, prestaremos toda nuestra capacidad y ayuda para propiciar, en el momento en que
sea preciso, las condiciones y la colaboración entre administraciones para acoger a esas personas,
que huyen en situaciones, como he dicho antes, verdaderamente dramáticas. No olvidemos que
la guerra en Siria es uno de los grandes problemas, seguramente la raíz, el motivo por el que
la mayoría está huyendo, pero el día en que la guerra acabe —y esperamos que las grandes
potencias y la Unión Europea sean capaces de que la guerra acabe— no será el final; el final para
esas personas será pensar en poder regresar. Entonces sí podremos hablar del final.
Señorías, acabo mi intervención. Creo que esta institución, de treinta y cinco años, presta un
servicio de interés para los ciudadanos. No recibe presiones de ningún tipo, no recibe instrucciones
de ningún Gobierno, absolutamente ninguna, y es una institución de la que la democracia española,
de la que el Estado de derecho español se puede sentir orgulloso; modestamente orgulloso, porque
recordarán sus señorías ese precepto de origen griego: nada en demasía. Como digo, creo que los
españoles podemos estar orgullosos de esta institución, y no por mí, ni muchísimo menos, porque
yo estoy en ella provisionalmente, sino porque pienso que cumple un papel importante para el
servicio de todos los ciudadanos.
Muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora defensora del pueblo.
A continuación, vamos a pasar a un turno de portavoces que la defensora del Pueblo escuchará
desde la tribuna del público.
Empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.
La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Presidente, defensora del pueblo, señorías,
en primer lugar y en nombre de todos los miembros del Grupo Mixto, quiero agradecerle su labor,
el completo informe que nos ha presentado y su desarrollo preciso, pues, dado el volumen de los
datos que maneja, somos conscientes de que no es nada fácil.
El informe que hoy nos ocupa es de suma importancia porque emana del papel que tienen los
ciudadanos en su conformación. Ellos son los que han presentado las quejas y las solicitudes de
recursos de inconstitucionalidad y de amparo, al margen de las actuaciones de oficio que realiza
la institución.
Es grato comprobar que en el año 2015 hayan descendido, en más de 4500, las quejas. No
cabe duda de que el informe hay que valorarlo positivamente, pero quiero remarcar que ha llamado
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mi atención la débil respuesta de algunas administraciones locales, y créanme cuando les digo
que no importa el tamaño del municipio. Peñamellera Alta es uno de los municipios más pequeños
de Asturias, con unos escasos 600 habitantes, y siempre ha cumplido con la institución asturiana
cuando existía y con el Defensor del Pueblo. Y se lo digo porque, como alcaldesa, he tenido la
oportunidad de cumplir con esta obligación pese al escaso personal y los pocos recursos. Por
tanto, no es excusa para no cumplir.
Pero si eso me ha llamado la atención, mucho más lo ha hecho el que existan comunidades
obstruccionistas con la institución, entre ellas la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Creo que entre todos es necesario buscar soluciones para que no se vuelvan a producir estas
actitudes: una Administración pública tiene como principal obligación servir a los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.
El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, si me lo permite, intervengo desde el escaño
para dar las gracias a la defensora del pueblo por la presentación del informe. Esa es su obligación,
y la nuestra, agradecer que las cosas se hagan en tiempo y forma.
Aunque quien les habla ya no pertenece a la comisión, me alegro de que en su comparecencia
haya dicho que los refugiados, desgraciadamente, corren el riesgo de convertirse en deportados,
sin duda una palabra horrorosa. Tampoco estaría de más que, además de todo lo que ha dicho —y
me alegro de que estén intentando formar al defensor del pueblo de Turquía, que buena falta le
va a hacer—, se empeñasen en corregir lo que está haciendo el Estado español, porque no tiene
mucho sentido, con la que está cayendo y con lo que se está sufriendo desde diciembre de 2015,
que solamente se hayan incorporado al Estado español 18 de esos refugiados y que ni tan siquiera
se haya cumplido con el compromiso de los 467 que se iban a incorporar antes de finales de marzo.
Hoy, Bruselas ha llamado la atención al Estado español en ese sentido, y creo que es una
línea de trabajo que la defensoría del pueblo debería hacer suya; eso es lo que todos nosotros
pedimos y exigimos, y desde luego su apoyo va a ser esencial. Por lo demás, reitero las gracias a
la defensora del pueblo.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Rufà.
El señor RUFÀ GRÀCIA: (El señor senador comienza su intervención en catalán).
El señor PRESIDENTE: Senador Rufà, le ruego que emplee el castellano. Según el Reglamento
del Senado, en determinadas iniciativas se pueden emplear las lenguas cooficiales, y en otras no.
Por tanto, le ruego que emplee el castellano.
Muchas gracias.
El señor RUFÀ GRÀCIA: Lo iré traduciendo.
Un organismo este sin competencias ejecutivas, pero sí informativas, y de recomendaciones
con base en una imparcialidad política no adscrita, en teoría, a ningún partido político. Aquí tiene
su razón de ser. Un organismo —es necesario volver a repetirlo— nuevo en el marco del Estado
español constitucional, regulado por la Ley Orgánica 3/1981, como ya ha dicho la defensora del
pueblo. Un organismo equiparable, en trabajo y responsabilidades, a otros defensores del actual
Estado español; Estado español creado a fuerza de la unión de territorios por derecho de conquista,
en algunos casos, y donde después, con un Decreto de Nueva Planta, se hace desaparecer la
institución propia fundada por el rey Martí l`Humà en el año 1409 en Cataluña, entidad recuperada
por el Parlament de Catalunya en el año 1984, con posterioridad a la propuesta del Congrés de
Cultura Catalana del año 1977.
Una vez recordado este breve detalle histórico, he de reconocer que los miembros del Grupo
de Esquerra Republicana en el Senado nos hemos sorprendido por la gran disminución del
número de expedientes, en comparación con el año 2014. ¿Cuáles son los motivos? ¿Es que los
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ciudadanos están más contentos y felices?, ¿tienen menos problemas?, ¿o es que no creen en las
instituciones de la clase política y, por simbiosis, en esta institución?
Son unos datos difíciles de entender si se comparan con los de Cataluña, donde las quejas
recibidas se han incrementado en un 9,9 % versus la disminución a nivel estatal, un 23 %. Si
revisamos los diferentes cuadros de información aportados en el informe, también podemos ver
que el porcentaje anterior no se encuentra influido ni reflejado con el número de expedientes
recibidos de los diferentes comisionados autonómicos, que pasan de 1820 a 1740, solo una
disminución del 4,4 %.
Es necesario remarcar y observar que el Gobierno de Cataluña ha solicitado interposiciones
al Tribunal Constitucional en un número muy superior a la suma del resto de naciones y regiones
españolas: 75 contra 46, que a fecha de hoy no han sido contestadas.
A la hora de analizar cada caso, cada expediente, la trasparencia es positiva, así como la
descripción de motivos de los expedientes no admitidos el último año. Los primeros motivos de no
admisión básicamente suman un 62 %, porque no hay indicios de regularidad administrativa, hay
falta de actuación administrativa o no hay respuesta, una vez solicitada la ampliación de datos.
La nueva home o web que hace unos días nos presentó la defensora del pueblo y que se ha
puesto en funcionamiento seguro que facilitará una mejora en la comunicación del ciudadano con
el defensor del pueblo y su organización y gestión, pero debería ser más rápida y transparente
si tenemos en cuenta los objetivos definidos para el próximo año: 27,9 días de media en primera
respuesta al ciudadano de admisión, no admisión o petición de datos. Esta media ya se ha reducido
en más de un 50 % del 2013 al 2015, con una reducción del presupuesto de un 0,5 %, que equivale
a unos 70 000 euros respecto al 2014.
El Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña espera que en el informe de 2016 se incorpore
una valoración de los usuarios sobre el servicio del Defensor del Pueblo, para mejorar su análisis
y poder corregir actuaciones y determinar un nivel de calidad y mejora en los próximos años.
Asimismo, esperamos que se incorpore un nuevo indicador sobre los tiempos de tramitación de las
quejas y actuaciones de oficio finalizadas anualmente.
Los temas tratados sobre la base de las quejas recibidas han sido analizados e incluidos en
diferentes solicitudes. Sí es necesario incidir en algunos aspectos de protección a la ciudadanía,
que en muchos casos recurren al defensor como última instancia, ya sea por desconocimiento o
porque ven ahí la última oportunidad frente a una posible injusticia.
Es necesario recordar que el Defensor del Pueblo, además de en el artículo 54 de la Constitución,
está regulado en diferentes textos: la Ley Orgánica 3/1981, la Ley 36/1985 y en el artículo 162.1,
apartados a) y b), de la Constitución. En relación con este último artículo, durante los últimos diez
años el Defensor del Pueblo ha presentado siete recursos, cuatro de ellos relacionados directamente
con leyes catalanas, infringiendo con ello un ataque al legislativo catalán, que representa al pueblo
de Cataluña. Se trata de recursos como el interpuesto en el año 2006 a la Ley Orgánica 6/2006,
de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Cataluña; a la Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del
Síndic de Greuges, de la Comunidad Autónoma de Cataluña; a la Ley 10/2010, de 7 de mayo, de
acogida a las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, o el presentado en el año 2010 a la Ley 22/2010, de 20 de julio, del código de consumo
de Cataluña. Las acciones realizadas por el anterior defensor del pueblo, Enrique Múgica, llevan
a pensar a la mayoría de los ciudadanos catalanes que esta institución se está contaminando
políticamente. Nosotros creemos que esta institución debe ser neutral en todo lo que se refiera a
un tema político.
No hace muchos días, una vez más, el Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el
recurso del Gobierno contra el código de consumo de Cataluña, anulando los artículos de la citada
norma que prohíben a las compañías cortar el suministro de gas y electricidad en caso de impago
de facturas. La norma recurrida impide que las compañías suministradoras corten, por impago de
las facturas, la electricidad y el gas. Nuestro Gobierno, el de Cataluña —que sí lo tenemos—, no
solo trabaja para ser en el futuro una república, sino también en favor de las clases trabajadoras y
de los colectivos con problemas económicos. El Gobierno de la Generalitat seguirá defendiendo a
los ciudadanos afectados por estas medidas, sea cual sea su presencia, su procedencia y su raza,
y garantizará el suministro de la luz y el agua, como mínimo.
Visto este breve listado de perjuicios y problemas, creemos que es necesario establecer con
urgencia un convenio marco de relación con el síndic de greuges de Cataluña, el señor Rafael
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Ribó, así como con el síndic del País Valencià, el señor Cholbi, para tratar de establecer unas
buenas relaciones y mejorar así la colaboración entre estas instituciones. Asimismo, queremos
que se anulen los impedimentos actuales de acceso a los CIE de zona franca y el cierre total en
el territorio de Cataluña, así como que se pueda acceder al CIE de Zapadores por parte del síndic
del País Valencià, donde se han denunciado durante las últimas semanas cierres y deportaciones
de personas enfermas, sin control médico ni sanitario. Asimismo, queremos que se realicen las
acciones necesarias para que el defensor del pueblo, en favor de los inmigrantes, haga posible la
derogación del protocolo 2007 sobre las deportaciones de la policía nacional española. Por otra
parte, pedimos al Gobierno central que ponga fin a las redadas policiales por razones étnicas,
aparte de las deportaciones exprés.
Todos los puntos tratados y analizados en el informe son importantes, pero no serían suficientes
ni una ni dos sesiones para hablar de ello. Supongo que en un futuro tendremos más tiempo.
Para finalizar, quiero decir que no hemos podido ver en el informe presentado el gran tema,
el gran problema, la gran palabra utilizada por el Gobierno del Estado español, por el PP, por
Ciutadans y por el PSOE: la fractura social en Cataluña. Este asunto no aparece en ningún momento
en el informe realizado por el defensor del pueblo, que coincide en este caso con el del Síndic de
Greuges. ¿Dónde está la fractura social, señores senadores? ¿Dónde están los problemas de
lengua y de persecución del castellano? La fractura social —y finalizo— la provocan aquellos que
tienen negocios turbios en Panamá, cuentas bancarias en Andorra y Suiza...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
El señor RUFÀ GRÀCIA: Acabo.
Se debe a los defraudadores de oficio, de carrera, a aquellos que no quieren retornar el dinero
ni sus cargos. Eso sí que es una fractura social generalizada, la generada por algunas empresas
y hasta por la monarquía española y parte de la clase política. Esta fractura no la merecen ni los
catalanes ni los españoles.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rufà.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Democracia y Libertad, tiene la palabra el
senador Bagué.
El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Ante todo, un saludo a la defensora del pueblo, a sus adjuntos y a todo su equipo técnico.
Intervengo, como portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Democràcia i Llibertat, para fijar
posición del informe del Defensor del Pueblo correspondiente al ejercicio 2015. Necesariamente
voy a ser reiterativo en muchos de los argumentos que planteé recientemente en la comparecencia
de la defensora del Pueblo en la comisión mixta que tuvo lugar el pasado martes 5 abril, hoy hace
justamente una semana, en el Congreso de los Diputados.
Debemos felicitar a todo el equipo que encabeza la propia defensora por la tarea realizada este
año, como puede desprenderse del análisis de la información facilitada por la institución ante las
Cortes Generales. Debemos, asimismo, felicitarla por el cumplimiento de su compromiso adquirido
en el primer año del mandato en el sentido de presentar, en un plazo razonable, el informe anual
del Defensor del Pueblo del ejercicio anterior. Así lo dijo y así lo ha cumplido y, por tanto, justo es
reconocerlo.
Antes de entrar en materia respecto al informe anual presentado, queremos dejar constancia
de la posición de nuestro grupo parlamentario de reclamar el establecimiento de un protocolo
de actuación de la institución del Defensor del Pueblo. Creemos que sería bueno y positivo para
evitar arbitrariedades o interpretaciones sesgadas y subjetivas que, a nuestro entender, dañan la
necesaria imparcialidad y ecuanimidad de la institución.
Para muchos catalanes la intervención en su día del Defensor del Pueblo impugnando el
Estatuto de Autonomía de Cataluña causó dolor y rechazo. El proyecto de ley del Estatuto de
Autonomía de Cataluña fue elaborado y tramitado siguiendo todos los trámites previstos por la
Constitución española: aprobación por el Congreso, por el Senado, con las mayorías requeridas
y refrendado por el pueblo catalán en referéndum. Cuando el Defensor del Pueblo recurre una ley
votada por el pueblo de Cataluña, ¿a qué pueblo defiende? ¿Defiende al pueblo español respecto
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al pueblo catalán? Nuestro grupo parlamentario considera que lo que sucedió requiere una
rectificación en toda regla, y la mejor forma de articularla es definiendo el marco de competencias
que se atribuye a la institución de la defensoría del pueblo. Insistimos en ello: el doloroso recuerdo
de la impugnación del Estatut por parte de esta institución nos obliga a reiterar esta reivindicación.
Por otra parte, reiteramos la necesidad, ya expuesta en la comisión mixta celebrada
recientemente, de que se articulen convenios con las figuras de los defensores del pueblo
territoriales para evitar solapamientos, disfunciones y reiteraciones. No nos vale la argumentación
expuesta de que con fluidez comunicativa se resuelve todo. Esto puede ser así ahora y en este
momento —y nos alegramos de ello—, pero nuestra obligación es fijar el marco de actuación con
la mayor claridad posible. No es de recibo confiar en la buena voluntad de los titulares de estas
instituciones y en que exista voluntad de coordinarse bien, cuando tenemos ejemplos recientes en
otros sentidos.
Consideramos que del análisis estadístico presentado podría ser útil conocer el grado de
complimiento de las recomendaciones efectuadas por la defensoría del pueblo en años anteriores.
Creemos que sería una buena herramienta para estudiar el grado de éxito en las recomendaciones
hechas ante las distintas administraciones.
Asimismo, cabe felicitar a la defensora del pueblo por la puesta en funcionamiento del nuevo
servicio para consulta de las quejas presentadas por los ciudadanos. Es un buen ejemplo de
voluntad de proximidad y, por lo tanto, corresponde destacarlo. Digno de mención es la evolución
en el número de quejas: 23 186 en el año 2014; 17 822 en 2015; 5 364 quejas menos en un solo
año; la mayoría sobre impuestos y administración local. ¿Se debe ello a la proverbial falta de
recursos de la Administración Local? También se consigna un notable descenso en el número de
expedientes realizados.
Sobre el conjunto de quejas, casi 18 000 en total, solamente 1542 provienen de Cataluña:
un 8,65 %, la mitad de lo que le correspondería a Cataluña por población. Sin duda, la eficiente
labor de la sindicatura de greuges explica en buena parte que esto sea así. Esta es otra razón para
no comprender la inexistencia de convenios entre instituciones que articulen y eviten solapamientos
y duplicidades, como ya he señalado anteriormente. Sin ninguna duda, la proximidad siempre
redunda en una mayor comprensión y conocimiento de cualquier problemática. Siguiendo con el
análisis de estas 18 000 quejas, cabe decir que la mitad de ellas se refieren a la Administración
General del Estado. Este es un dato, a nuestro entender, absolutamente relevante. Si los ámbitos
de la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, la Ley de dependencia son competencia de las
comunidades autónomas, todavía resulta más sorprendente e inexplicable este hecho. A excepción
de las pensiones, todas las políticas públicas que configuran el actual Estado de bienestar recaen
en los gobiernos autonómicos. Pues bien, el Gobierno central se ha dedicado a centrifugar todos
los esfuerzos de ajuste hacia las autonomías y al mundo local en parte, y encima se lleva la mitad
de las quejas ciudadanas.
Observando estos datos, empieza a verse claro que, como ejemplo de eficiencia, el actual
Gobierno en funciones tiene muy poca credibilidad. El ajuste presupuestario efectuado por el
Gobierno central ha consistido en reducir en un 20 % los gastos de las comunidades autónomas
y en un 8 % su gasto. Aun ejerciendo esta desproporcionada e injusta política de ajuste, resulta
que la Administración General del Estado acumula la mitad de las quejas presentadas ante la
defensoría del pueblo. Y encima, van pontificando a unos y otros sobre lo que hay que hacer. Por el
contrario, debemos felicitar a la defensora y a su equipo por el ejercicio de reducción y contención
en el capítulo de presupuestos de la propia institución. Observando la evolución de 2009 a 2015 se
consigue pasar de 16 millones en 2009 a 14 millones en 2015, una reducción digna de mención:
un 12,63 % en seis años. Además, las partidas presupuestarias corresponden mayoritariamente al
capítulo 1, a retenciones y a Seguridad Social, por lo que resulta mucho más difícil y complicado el
ajuste cuando la mayoría de las partidas son relativas al personal.
Productos financieros. Compartimos la intención de las medidas presentadas por el Defensor
del Pueblo, como la presentada el 12 de marzo ante el Banco de España por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y el propio Gobierno. Esperamos que el Gobierno las desarrolle pronto.
Compartimos igualmente la recomendación de establecer una gama de colores para indicar el
grado de riesgo en las inversiones. Aun así, consideramos que es insuficiente.
Preferentes. Este año las preferentes ya no son las quejas más habituales ante el defensor.
No obstante, la subsanación de estos casos no se ve reflejada. El trato que se da al tema de
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las preferentes y a los preferentistas aparece en su informe con una reseña a la recomendación
efectuada el año pasado. Termina así —y es una cita literal—: la recomendación fue rechazada,
por lo que se finalizaron las actuaciones con dicho organismo. Consideramos que esta finalización
de la actuación es un poco pobre. Compartimos, asimismo, su nota relativa a que la tardanza en
la tramitación de los procesos judiciales repercute de forma negativa en la imagen del sistema
judicial, de forma que inevitablemente se socava uno de los pilares del Estado de derecho. Una
justicia tardía supone, en la práctica, una mala justicia. Los ciudadanos que han tenido que utilizar
la vía judicial manifiestan que la falta de recursos personales y materiales en los juzgados está
provocando dilaciones en los procesos presentados. En el informe del año anterior, 2014, se
mencionaba que la institución había pedido información al Consejo General del Poder Judicial.
¿Han recibido respuesta por parte de este organismo? ¿Han motivado las razones de los retrasos?
Viviendas y desahucios. Valoramos positivamente las recomendaciones que tienen por objeto
paliar los desahucios por medio del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas
urgentes, por el que se aprobó la suspensión inmediata y por un plazo de dos años para las
familias cuya situación era de especial riesgo de exclusión. ¿Considera la defensora del pueblo
que se está aplicando este real decreto-ley en su versión más amplia? ¿O se buscan pretextos y
excusas para no aplicarlo?
Violencia de género y casos de violencia y maltrato infantil y a personas mayores. Las cifras
son dramáticas. Tenemos especial preocupación por esta problemática y creemos que hay que
instar al Gobierno desde todos los frentes para que se actúe con mayor determinación y rapidez
ante la escalada que estamos sufriendo. En lo referente a la trata de seres humanos, es una lacra
social que hemos de reconocer y combatir. Hay que proteger a las víctimas y luchar y perseguir a
las mafias que se lucran con ellas.
Compartimos todo lo establecido en el informe y valoramos positivamente los avances —en
este punto sí— conseguidos en esta materia. No obstante, no podemos dejar de ser críticos en
un punto concreto: el Reglamento de Extranjería. Se reciben quejas, a través de asociaciones
de defensa de las víctimas de trata, respecto a las dificultades a la hora de la identificación de
presuntas víctimas de trata. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer para paliar esta situación?
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
El señor BAGUÉ ROURA: Concluyo, señor presidente.
En cuanto a seguridad y justicia, mostramos nuestra preocupación ante las demoras judiciales
y las consecuencias económicas que conllevan.
Concluyo con tres apuntes muy rápidos, telegráficos. Nuestro grupo parlamentario considera
que hay tres materias sobre las que debemos reclamar especial vigilancia por parte de la institución:
la violencia en el deporte, un mayor seguimiento en lo referente a combatir la violencia de género,
la prostitución y la trata de blancas, y el cumplimiento de las administraciones en el pago de sus
obligaciones. La posición de impotencia en la que queda el acreedor ante la Administración no es
de recibo y económicamente, como he dicho, tiene muchas consecuencias.
Muchas gracias, señor presidente.
Gracias señora defensora, adjuntos y equipo técnico.
Muchas gracias, señorías, por su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú-Comprís-En Marea, tiene la palabra la
senadora Mora.
La señora MORA GRANDE: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora defensora, por su asistencia en este Pleno para darnos a conocer su
informe y su trabajo en el año 2015.
Nuestro grupo parlamentario, al igual que hicimos en la comisión la semana pasada, quiere
mostrar su apoyo al trabajo realizado por su institución, que, tal y como nos ha expuesto hace un
momento, ha prestado atención a 55 000 personas. La labor de mediación entre los ciudadanos y
el trabajo de las administraciones públicas nos parece muy importante, que a veces son grandes
maquinarias bastante alejadas de la ciudadanía. Es también muy importante para que los colectivos
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sociales que trabajan en materia de derechos humanos puedan hacer llegar sus denuncias y tener
una vía de investigación de los que trabajan en el terreno.
Queremos aprovechar este momento para poner encima de la mesa, desde el punto de vista
constructivo, algunas cuestiones que, por falta de tiempo, no pudieron ser respondidas en la comisión
por parte de la defensoría. Asimismo, queremos reiterar que todo el trabajo nos parece bastante
positivo y que ha mejorado respecto a otros años, como el grado de transparencia —bastante
elevado— que tiene su portal. Nos parece un ejemplo para otras administraciones.
Si el número de quejas ha descendido en el año 2015, seguramente sería interesante, al
igual que ha comentado el portavoz de Esquerra Republicana, realizar un estudio sobre el grado
de satisfacción y conocimiento que tienen los ciudadanos de la ciudadanía en aras de hacerlo un
poco más accesible y llegar quizás a más personas. Esto nos parece importante entre otras cosas
porque entendemos que la situación actual de crisis, aunque se nos diga que estamos saliendo,
sigue siendo bastante lamentable. La pobreza ha aumentado en España, el 10 % de los hogares
tienen retraso en los pagos de la vivienda, luz y agua, y 770 000 hogares no tienen ningún tipo de
ingreso, pensión o subsidio, según los datos del INE.
Respecto a la pobreza energética, nos comentó en la comisión que es un tema en el que hay
que seguir incidiendo —nos parece importante la labor de mediación que se ha realizado por la
institución con respecto a las administraciones locales y comunidades autónomas— porque no
se ha solucionado; como también nos refirió en la comisión, en el informe hay un gran bloque de
quejas de los ciudadanos por cortes de luz.
En cuanto a la pobreza infantil, expusimos que la crisis ha supuesto un aumento de la
pobreza infantil. De hecho, según los datos de Unicef, el 30,5 % de los menores están en riesgo
de pobreza y el 35,8 % en riesgo o exclusión social en España. En este sentido, echamos en
falta una valoración del impacto que ha tenido la crisis en la pobreza infantil. Nos comentaba en
la comisión que le parecía de mayor interés que estos estudios los realizara Cáritas. Nosotros
queremos transmitirle que, efectivamente, la labor de Cáritas durante el tiempo de crisis ha sido
innegable y muy importante, pero que en ningún caso una entidad privada puede sustituir las
funciones que tiene una institución pública, como es en este caso la defensoría del pueblo, una de
cuyas atribuciones es precisamente la realización de estos informes.
Nos gustaría poner encima de la mesa que los informes del defensor del pueblo muchas veces
han sido fundamentales para el cambio de políticas públicas; por ejemplo, los informes respecto al
cambio de sistema de salud mental en España o, por ejemplo, como decía en su momento el señor
Ruiz Jiménez, que los CIE son inconstitucionales por suponer privación de libertad para personas
no condenadas por delito. Nos parece importante, por tanto, que esta labor y estos estudios se
realicen por la defensoría del pueblo, cuando además esos informes tienen detrás la opinión y el
clamor de todos los colectivos sociales, y en este caso de la pobreza infantil y el impacto que ha
tenido en España la crisis también, igualmente, de Cáritas.
Con respecto a los refugiados —y hoy lo ha traído también en este bloque de materias—,
queremos hacer también una mención. Efectivamente, la defensoría ha realizado una labor de
posicionamiento en relación con el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía y en cuanto a la
situación de acogida de los refugiados, y nosotros queremos recordar —como lo ha mencionado
la representante de Acnur en la Comisión Mixta de la Unión Europea en el Congreso de los
Diputados— que la única diferencia que hay en la acogida al refugiado entre, por ejemplo, Canadá
y la Unión Europea es la voluntad política. Quería recordárselo sobre todo a los compañeros del
Grupo Parlamentario Popular porque creo que es algo que ha de ponerse encima de la mesa.
Sí queremos poner en valor todas las recomendaciones en materia de refugiados y frontera sur
y felicitarles por ese trabajo. Han realizado muchísimas recomendaciones que han sido recogidas
y muchísimas visitas de fiscalización que, repito, hay que poner en valor en los CIE y en los CETI,
pero echamos en falta una valoración de la puesta en marcha de la disposición adicional décima
de la Ley de extranjería, a la que su institución ha realizado bastantes recomendaciones que
han sido todas rechazadas por parte del Gobierno; en definitiva, echamos en falta en el informe
un balance respecto a la ejecución de dicha disposición adicional. También nos parece que falta
una valoración respecto a la puesta en marcha de las oficinas de asilo —a las que no ha podido
acudir ni un solo subsahariano, ni uno solo—, así como las consecuencias del rechazo de sus
recomendaciones respecto de Ceuta y Melilla, aunque ponemos en valor todo el trabajo realizado
y las recomendaciones que sí se han adoptado y con las que se ha mejorado la situación en gran
medida.
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Respecto a otro bloque de materias que se refleja en el informe, el referido a instituciones
penitenciarias, queremos poner sobre la mesa que, desde nuestro punto de vista, es quizá la parte
del informe donde vemos mayores lagunas. Por un lado, nos parece que sí ha habido visitas a
centros de detención, pero en lo que se refiere a centros penitenciarios en concreto solamente se
han visitado en un año 10, cuando hay 161 centros penitenciarios ordinarios, y es algo que llama la
atención. Hay muy pocas quejas en esta materia, solamente 524, cuando, como ha dicho la señora
defensora hace un momento, ahora mismo el número de personas presas en este momento está
en torno a un poco más de 60 000; son muy pocas quejas teniendo en cuenta que hay defensorías
del pueblo autonómicas que tienen un número de quejas parecido y, sin embargo, esa competencia
es absolutamente estatal y no autonómica. Lo queremos poner encima de la mesa y quizá ahí sí
que haya que hacer una mayor labor e incidir más, teniendo en cuenta también que en algunas
comunidades autónomas ni siquiera las personas presas cuentan con asistencia jurídica gratuita
en materia penitenciaria, con lo cual, el acudir al defensor del pueblo debería ser algo mucho más
accesible de lo que lo está siendo en la práctica.
Decía que poníamos sobre la mesa grandes lagunas, por ejemplo, no se dice nada en el informe
sobre la dispensación de medicamentos para hepatitis C cuando lo cierto es que hay un gran
conflicto en relación con esta materia. Mi grupo parlamentario quiere agradecerle la información
que nos ha enviado después de la última comisión, le estamos muy agradecidos y nos parece muy
interesante, pero queremos poner encima de la mesa que quizás falta conocimiento respecto a la
información de las comunidades autónomas, que son las competentes para la dispensación de
estos medicamentos. No se tiene conocimiento por la institución de los grandes conflictos y litigios
que hay entre todas las comunidades autónomas e instituciones penitenciarias en los tribunales
en relación con este tema, lo que está suponiendo una gran diferencia respecto al derecho a la
igualdad y la sanidad de las personas presas en unas comunidades autónomas y otras.
Queremos poner encima de la mesa que nos llama la atención, por ejemplo, que sigan
existiendo muchas muertes por enfermedad dentro de las prisiones, en concreto 128, y que de
ellas 61 sean personas que han fallecido dentro de prisión, además de que no se hace ninguna
reflexión respecto a la obligación de excarcelación por enfermedad grave e incurable. También
nos llama la atención, por ejemplo, que se haga referencia en el apartado de sanidad a la Ley de
autonomía del paciente y al cumplimiento de los derechos de garantía de respuesta en tiempo
máximo y, sin embargo, respecto a las personas presas, donde hay un gran incumplimiento, no se
diga nada.
También echamos en falta alguna reflexión respecto a la forma de dispensación de
medicamentos dentro de las prisiones que provocan fallecimiento, en concreto, 53 según el
informe, como benzodiacepinas, antidepresivos o neurolépticos, y cómo se están dispensando
para que puedan provocar fallecimientos.
Para terminar, respecto a todas las leyes que se aprobaron en la última legislatura y que
provienen de algunas recomendaciones de la defensoría, echamos en falta una valoración de
la Ley de segunda oportunidad, que entendemos que no terminó siendo una ley de segunda
oportunidad. Consideramos que podría haber hecho alguna valoración sobre si recogía el espíritu
de sus recomendaciones o no lo hacía, puesto que, desde nuestro punto de vista, sigue provocando
que las personas estén en la economía sumergida.
Por último —se me acaba el tiempo—, quiero dar la enhorabuena por el trabajo realizado a
toda la oficina, a todos los trabajadores y a usted misma. El 75 % de las recomendaciones han sido
aceptadas y entendemos que eso va en mejora los derechos de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Nasarre.
La señora NASARRE OLIVA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Quiero dar la bienvenida a la señora defensora del pueblo, a su
equipo y a sus adjuntos y agradecerle su intervención, así como su informe extenso, detallado y
minucioso dando cuenta de su trabajo y el de su equipo durante el año 2015.
Su institución, Alto Comisionado de las Cortes, garante de la defensa de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas, nos ha dado cuenta del desarrollo de sus competencias,
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explicando pormenorizadamente sus actuaciones, tanto de participación como de transparencia y
difusión, fundamental en el momento actual. En el Grupo Parlamentario Socialista abordamos el
análisis de su informe desde la colaboración. Este refleja una imagen, una fotografía realista sobre
cuál es la situación de los derechos constitucionales del ciudadano ante las instituciones. En primer
lugar, partiremos de los elementos fuerza de la defensoría, resaltando líneas de actuación como su
persistencia ante las escusas o reticencias de algunas administraciones cuando fueron requeridas
para colaborar.
La defensoría ha sido tenaz, ha hecho seguimiento de las actuaciones, estando pendiente
constantemente. Su gestión, transparente: a golpe de un clic sabemos cómo se gasta el presupuesto,
cómo se trabaja, cuán rápido se contestan y resuelven las quejas, pudiendo, además, el ciudadano
tener conocimiento real sobre su queja y sobre la actividad que se lleva a cabo en la institución.
La defensoría ha introducido nuevas tecnologías informáticas y ha publicado una nueva página
web, algo básico hoy en día para establecer una mayor relación con los ciudadanos, generando un
feedback muy necesario.
La institución, en la medida de lo posible, ha supervisado centros de privación de libertad de
nuestro país en virtud de la competencia que le atribuye el Mecanismo nacional de prevención de
la tortura. El ombudsman se sigue preocupando y lucha con esfuerzo a favor de la defensa de los
derechos de las personas con necesidades de protección internacional. La defensoría argumenta
con rigor sus recomendaciones y sugerencias; la calidad de las mismas es imprescindible para
convencer a la Administración de que debe cumplir con sus resoluciones. Es importante el incremento
de actuaciones de oficio y sus correspondientes resoluciones. Ha seguido manteniendo estrechas
relaciones con las entidades del tercer sector, sus colaboradoras, lo que le ayuda a tomar el pulso
de la realidad social de nuestro país. La institución ha resuelto muchos e importantes problemas
de los ciudadanos y, a través de su informe, nos radiografía los asuntos que más han preocupado
a los españoles en el pasado año.
Pues bien, una vez destacadas las fortalezas, es necesario señalar las debilidades, esos
puntos frágiles que, a nuestro parecer, ha tenido el trabajo desempeñado. Observamos con
preocupación cómo, señora defensora, en el informe se le da excesiva importancia a la estadística,
a la cuestión cuantitativa del número de quejas, dejando de lado el enfoque mucho más profundo
sobre la eficacia y la calidad de la protección de nuestros derechos.
Hay una referencia en el informe en la que afirma cómo España ha superado los severos
episodios recesivos entre 2009 y 2014. Abro comillas: «Por ello, a lo largo del año 2015 se ha
notado una mejoría en las carencias y necesidades de los ciudadanos.» Cierro comillas. Mientras
tanto, la realidad es que aunque disminuyan las quejas al defensor del pueblo, eso no significa,
desgraciadamente, que se cree empleo. El famoso mantra de la recuperación. La situación
económica habrá mejorado, pero no en los términos en que nos gustaría, ya que la mejora
macroeconómica no se traduce en mejora para las economías de las clases medias y bajas.
El informe nos demuestra datos exhaustivos comparados con el año anterior en el que el
número de quejas ha disminuido de forma importante y, sin embargo, no se establecen las causas
de tal disminución. Vamos a la forma pero no al fondo y no tenemos que olvidarnos de que detrás
de cada número hay una necesidad y detrás de cada queja hay una esperanza. Para el Grupo
Socialista hay que incidir en lo sustancial y cualitativo, en lugar de tanto cuantitativo y descriptivo.
Cuando buceamos por el informe y sus distintos apartados, la foto finish que nos muestra es
un gran mapa de las preocupaciones de los españoles en el año 2015 a través de sus quejas. En
este mapa de preocupaciones hay un tema que preocupa mucho en este momento en la sociedad
y sorprende al Grupo Socialista que la violencia de género se encuentre ubicado tanto en el área
de justicia como en la de igualdad de trato. Entendemos que su transcendencia debería tener un
apartado propio que permita visibilizar la verdadera magnitud del problema para dar un nuevo
impulso a la lucha contra esta lacra de nuestra sociedad. Llaman la atención las escasas quejas
en relación con las malas prácticas o desprotección de las víctimas de violencia de género o de
hijos teniendo en cuenta los recortes que han sufrido, la eliminación o merma de las actuaciones de
prevención y atención a las víctimas en los últimos años. Nos extraña que, de oficio o a instancia de
parte, no se haya hecho mención alguna a los daños colaterales que ha producido esta reducción
presupuestaria.
Por lo que respecta al tema de menores, sabemos del interés de su defensoría, como ha
comentado en su intervención, pero es complicada la conformación de una idea de conjunto sobre
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la situación de los menores en España. Por ello, creemos oportuna la creación de un área específica
para la defensa de los derechos de los menores y, como consecuencia de ello, la elaboración de
un informe sobre su situación. Ayer mismo, en la prensa leía a una experta psicóloga afirmar que
alrededor de 800 000 menores en España conviven a diario con el maltrato, 800 000 menores son
testigos principales de la violencia doméstica. Es tremendo.
Queremos destacar el tema de la justicia por los graves problemas de funcionamiento y, en
concreto, el apartado del informe Dilaciones Indebidas. Para el Grupo Socialista es cierto el tópico
de que una justicia lenta no es justicia y, además, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva; las
quejas lo señalan en este informe y en los anteriores, reflejándolo año tras año, pues se mantienen
en niveles constantes desde 2013. Hay que incidir en ello.
En educación, destaca su reflexión sobre la necesidad de dar estabilidad al sistema educativo,
sin mencionar la necesidad de tal pacto social y político. Echamos en falta una valoración de la
LOMCE, que para mi grupo y para la mayoría de los grupos parlamentarios y los diversos sectores
de la comunidad educativa ha supuesto un retroceso en las cotas alcanzadas, además de los
recortes presupuestarios que han afectado a la calidad y a la equidad del sistema educativo.
Quiero resaltar la preocupación de la defensoría por el acoso escolar, lo que compartimos y
nos satisface, pero echamos de menos la carencia de alguna valoración crítica a la paralización por
el Gobierno del Partido Popular del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
Y aunque el tema de los refugiados lo ha explicado usted en su intervención y, como nos
comentó en comisión, será objeto próximamente de un informe extraordinario, no obstante, para el
Grupo Socialista la gestión de la crisis está siendo lamentable: acoger 18 personas de las 18 000
que nos comprometimos, es vergonzoso.
Así pues, en este mapa de preocupaciones que apuntaba destacan distintos temas, como
la asistencia sanitaria, dependencia, exclusión social, vivienda pública, prestaciones de la
Seguridad Social, preferentes, créditos no oficiales y un largo etcétera, que acaban empeorando
las circunstancias del ciudadano en situación de vulnerabilidad; tenemos multitud de ejemplos en
el informe. Nos preocupa que en algunos casos sus investigaciones se hayan visto entorpecidas
por la tardía o en ocasiones nula colaboración de las administraciones, así como el cumplimiento
eficaz de las resoluciones aceptadas y el poco seguimiento que se ha hecho sobre la eficacia de
las mismas.
Concluyo, señorías, hay que recordar que la defensoría no es solo una oficina de resolución
de quejas concretas, debe y puede ser más ambiciosa. Así, el Grupo Socialista le anima a que
apueste por el autoimpulso e incremente sus actuaciones de oficio. El Grupo Socialista apuesta
por empoderar a la institución del Defensor del Pueblo para mejorar la protección de los derechos
de los ciudadanos; así, en la comisión mixta se va a solicitar la creación de una subcomisión para
el estudio de las modificaciones legislativas pertinentes.
Alentamos a la Defensora a que realice campañas divulgativas, pedagógicas, con presencia
mediática a través de redes sociales o foros, formando e informando acerca de derechos y
denunciando situaciones insostenibles para muchos ciudadanos. Aprovechemos una sociedad
conectada 24 horas, sus amplias posibilidades de interactuación e inmediatez que posibilitan las
nuevas formas de comunicación, tanto de difusión como de canal de escucha activa.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
La señora NASARRE OLIVA: Para finalizar, mi grupo parlamento le pide que no olvide su
autonomía para alzar la voz, usted es la voz de los ciudadanos, y eficacia para la colaboración de
las administraciones. Le recordamos que cada queja o actuación es un problema, pero a la vez una
solución; cada queja o actuación es una necesidad, pero a la vez es confianza en una institución.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nasarre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cortés.
El señor CORTÉS MARTÍN: Señor presidente, me sumo a la felicitación de todos los grupos
parlamentarios a la defensora del pueblo, a los defensores adjuntos y a todo el personal de la
defensoría. No se trata, señor presidente, de un trámite de cortesía obligada, sino de la expresión
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sincera del reconocimiento de un trabajo muy bien hecho, y pienso que merece ser resaltado el
hecho de que todos los grupos parlamentarios coincidamos en esta valoración positiva.
Quien habla por primera vez en esta Cámara como portavoz del Grupo Parlamentario Popular
tuvo el honor la pasada legislatura de presidir la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones
con el Defensor del Pueblo y quiero decir que gracias a la colaboración de todos los grupos y
al buen hacer de la defensora y su equipo la institución es hoy más próxima, más eficaz, más
trasparente y más austera.
En estos momentos la comisión mixta está al día en el tratamiento de los asuntos que han
entrado en su registro. No ha sido siempre así, y ha ocurrido precisamente en una etapa en que
la defensora, además de las comparecencias preceptivas, ha querido tener una comparecencia a
mitad de ejercicio para informar sobre la marcha de la institución, lo que ha permitido un contacto
mucho más fructífero con senadores y diputados, que se ha visto reflejado en iniciativas tomadas
por la defensora, muchas de las cuales —y en un porcentaje muy alto, como se ha resaltado en
anteriores intervenciones— han sido tenidas en cuenta por la Administración y también en los
procesos legislativos en ambas Cámaras.
Cuando el pasado 5 de abril la señora defensora presentó el informe ante la comisión mixta,
mi compañera de grupo, la senadora Sánchez Zaplana, analizó con más detalle de lo que lo voy
a hacer yo hoy el contenido del informe, sobre todo fijándose en sus aspectos más sociales. Para
no repetir argumentos ya dados y sujetarme al tiempo asignado, quiero poner de relieve aspectos
más generales del informe y de la actuación de la defensoría. En mi opinión, debe ser destacada
la utilización y puesta a disposición de nuevas tecnologías, singularmente, la página web. Esto ha
supuesto un cambio a mejor en la manera de trabajar de la institución del Defensor del Pueblo,
como se puede ver en las constantes visitas que tiene y que van a más, aunque no así el número
de quejas, lo que también me parece que es una muy buena noticia.
Quiero destacar, señor presidente, la reducción en los tiempos de primera respuesta a más de
la mitad: si comparamos los 62 días que tardaba esta primera respuesta en el año 2013, a la media
de 28 días en que estamos hoy. Esto se debe no solo a la defensoría, a quien sin duda corresponde
el mérito principal, sino también al conjunto de las administraciones que, en general, han respondido
con más celeridad. Y digo en general, señor presidente, porque, según la información que se nos ha
facilitado, existe también un epígrafe de administraciones entorpecedoras que, afortunadamente,
son cada vez menos y además los ciudadanos las conocen y lo podrán valorar en su momento;
instituciones que no colaboran como es debido, como es su deber, con la institución del Defensor
del Pueblo cuando, en defensa de los ciudadanos, les plantea quejas o reclamaciones.
Pero además de esta eficacia, importa poner de relieve la transparencia de la institución en
su estructura, retribuciones y gastos. Tanto las Cortes Generales como los españoles en general
sabemos que una disminución del presupuesto que se produjo de manera sustancial y drástica en
el año 2012 no ha repercutido en la eficacia de la defensoría.
Además de estas cuestiones materiales o instrumentales, la utilidad de esta institución se
debe valorar también por las recomendaciones, aquellas que ha efectuado el defensor del pueblo,
y lo que es más importante, las consecuencias que han tenido esas recomendaciones, que han
sido atendidas en un grado muy elevado, en un porcentaje muy alto, como se ha recordado en
esta misma sesión. La señora defensora se ha referido a estas iniciativas en su intervención y a mí
me importa destacar el aspecto propositivo de la institución, más allá de la denuncia y el control,
que no se han olvidado, pero los estudios e informes —a los que ahora me referiré— han tenido
también consecuencias. Ejemplos, como la Ley de segunda oportunidad, la Ley de protección a
la infancia o las iniciativas que se han tomado con los riesgos de productos financieros han tenido
consecuencias positivas. Este punto, el de los productos financieros, fue un asunto de enorme
actualidad, en el que el defensor del pueblo estuvo muy activa y sus gestiones ante el Ministerio
de Economía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España han tenido
consecuencias concretas que han redundado en que hoy sea un tema que sigue vigente, pero con
una viveza mucho menor.
Y al igual que de las recomendaciones podemos decir de los informes, sobre cuestiones diversas
que figuran con detalle en el informe anual, pero para todos ellos ha habido una característica de
rigor y de carácter propositivo.
Por decir algo, sin embargo, que queda como una asignatura pendiente un año más, la
Administración de Justicia es la que ha recibido el mayor número de quejas y, dentro de ellas,
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la dilación de los procedimientos judiciales es la causa fundamental, reiterada año tras año, del
malestar de ciudadanos con respecto de la justicia que acuden al Defensor del Pueblo en busca
de ayuda. Ya dije, señor presidente, que iba a evitar entrar en el detalle de áreas del informe
que fueron tratadas en la comisión, áreas de tanta importancia como la sanidad, la educación, el
medioambiente, la situación de presos en el extranjero o el mecanismo nacional de prevención
de la tortura, que en su momento el Gobierno anterior tuvo el enorme acierto de encomendar
al Defensor del Pueblo. Si la atención a las víctimas del terrorismo ha sido una constante del
Defensor del Pueblo, doña Soledad Becerril ha mostrado una cercanía muy especial hacia ellas.
Me consta de manera personal lo mucho que las víctimas valoran esa proximidad.
Concluyo, señor presidente, diciendo que cuando los plazos de respuesta se acortan, cuando
las recomendaciones han aumentado y se han atendido en mayor grado y, al mismo tiempo, el
presupuesto es más austero y la transparencia modélica, hay razones para felicitarnos y para
agradecer a la defensora, a los adjuntos y a todo el personal de la defensoría su trabajo y dedicación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cortés.
Terminado el turno de portavoces, agradezco una vez más la presencia hoy aquí de la
excelentísima señora defensora del pueblo y de sus adjuntos para la evacuación del informe de la
memoria del año 2015.
3.MOCIONES
3.1.
MOCIÓN POR LA QUE SE PROPONE QUE EL SENADO ACUERDE LA CREACIÓN, EN EL
SENO DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL, DE UNA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA
INSTITUCIÓN DEL AFORAMIENTO PARA PROPONER SU REFORMA Y LIMITACIÓN.
(Núm. exp. 662/000010)
AUTOR: GPP
El señor presidente da lectura a los puntos 3. y 3.1.
El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cinco enmiendas: dos del Grupo
Parlamentario Mixto, una a iniciativa del senador Yanguas, otra a iniciativa de los senadores Julios
y Rodríguez Cejas, una del Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad y dos del Grupo
Parlamentario Podemos-En Comú-Compromís-En Marea.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la senadora
Vindel.
La señora VINDEL LÓPEZ: Señor presidente, señorías, les propongo, en nombre del Grupo
Popular, la creación en el seno de la Comisión Constitucional de una ponencia encargada de estudiar
la institución del aforamiento para proponer su reforma y limitación, y lo hago por dos motivos: en
primer lugar, porque nos gusta cumplir con la palabra dada —recordarán que mi compañera, la
senadora Barreira, afirmó en esta tribuna que íbamos a presentar esta moción exactamente cuando
terminara el Pleno de hace quince días—; y, en segundo lugar, la presentamos también porque nos
gusta cumplir, señorías, con los mandatos legales. En la anterior legislatura y en el marco de las
reforma de regeneración democrática, el Partido Popular propuso abrir un debate sobre la posible
reforma y limitación del aforamiento en toda su extensión para adecuarlo a los tiempos actuales;
proponíamos una reflexión amplia y profunda sobre la configuración de la institución y sobre el
conjunto de los afectados por la misma para procurar, en lo posible, una definición coherente y
garantista. Tal propuesta, recordarán, se recogió en la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de
control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.
Señorías, votar en contra de una medida de regeneración democrática referente al aforamiento,
ignorar —deliberadamente o no— su vigencia a través de una disposición legal debatida y
aprobada en su momento y venir algún tiempo después a esta Cámara a convertirse en el adalid
de esa regeneración democrática a la que previamente se había opuesto, además de ser todo un
monumento a la incoherencia es, cuando menos, una excentricidad con mayúsculas. En el Grupo
Popular, por el contrario, estamos completamente de acuerdo con la idea de reflexionar amplia y
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profundamente sobre la configuración de la institución y también sobre el conjunto de los afectados
por la misma y, señorías, señor presidente, ningún sitio mejor que una ponencia en la Comisión
Constitución para ello.
La inviolabilidad, la inmunidad y el fuero ante el Tribunal Supremo conforman el aforamiento,
que está recogido en nuestro ordenamiento jurídico como una garantía para el ejercicio de
determinadas funciones como las parlamentarias, a fin de afianzar la independencia de las
Cámaras en su funcionamiento. Como bien saben, afecta a diputados, senadores, eurodiputados y
otras instituciones del Estado, como miembros del Poder Judicial y fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, entre otros.
El Tribunal Constitucional ha definido en múltiples sentencias el aforamiento como un instituto
concebido como una garantía de defensa y protección de las cámaras en las funciones que la
Constitución les otorga, y esta jurisprudencia, señorías, trae cuenta y proviene de la afirmación
del artículo 66 de la Constitución, según el cual las Cortes son inviolables. Algunos autores incluso
llaman a la prerrogativa garantía de garantías del propio Parlamento y de su continuidad frente a los
demás poderes. Su origen histórico se vincula al principio de división de poderes y su fundamento
se encuentra en la primacía que, conforme a este, adquiere la institución parlamentaria. Las
prerrogativas son instituciones colectivas, señorías, cuya titularidad pertenece a las cámaras y solo
de manera refleja recaen individualmente en los propios parlamentarios. Su fin —como ya lo he
dicho— es asegurar, a través de la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre formación
de la voluntad del órgano legislativo al que pertenezcan.
En el sistema tradicional del parlamentarismo las decisiones de la asamblea vienen
necesariamente precedidas del libre debate y del contraste de las argumentaciones. Para ello es
imprescindible que el parlamentario se pueda expresar con total libertad, tanto en su manifestación
oral como en su propio voto. Esta libertad máxima exige una absoluta irresponsabilidad jurídica
por sus opiniones, manifestaciones y votos. Cualquier otra interpretación, señorías, dañaría
irreversiblemente la finalidad propia de la institución.
La inmunidad es una institución de largo recorrido histórico pero con una realidad mucho
menos pacífica que la inviolabilidad. Jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional la define
como una prerrogativa de naturaleza formal, que protege la libertad personal de los representantes
populares de detenciones y procesos judiciales que pudieran desembocar en privación de libertad
evitando, por manipulaciones políticas, que se impida al parlamentario asistir a reuniones de las
cámaras y, a consecuencia de ello, que se altere indebidamente su composición y su funcionamiento.
La Constitución de 1978, señorías, consagra la inmunidad en términos más breves que su
antecedente republicano, pero recoge la garantía en términos muy amplios: la inmunidad alcanza a
todo el mandato parlamentario, se configura en términos incondicionales y sin referencia a limitación
alguna; es lo que se conoce como inmunidad plena o inmunidad completa. Este aspecto de la
institución es el que hoy merece una valoración mucho menos favorable que la inviolabilidad y ha
planteado un debate de largo recorrido: por un lado, por su encaje con el principio de igualdad ante
la ley, y la percepción ciudadana de esta prerrogativa parlamentaria como un privilegio personal;
y, por otro, por la inviabilidad del recurso de casación ante las sentencia del Tribunal Supremo,
impidiendo la doble instancia judicial por parte de los aforados.
Como les dije hace quince días, el aforamiento no es un privilegio porque no es renunciable al
ser una prerrogativa del Parlamento; si lo fuera, se podría renunciar a él.
Últimamente, algunos vinculan aforamiento con impunidad en casos de corrupción. Lo llegan
a llamar aferramiento al escaño para evitar una investigación judicial, y yo me pregunto y les
pregunto, señorías, ¿desde cuándo estar sentado en una cámara ha servido para impedir la acción
de la justicia? Nunca; nunca, señorías. En las tres últimas legislaturas se han concedido cinco
suplicatorios. Se han solicitado seis, se han concedido cinco y el otro, del Grupo Socialista, decayó.
Algunos quieren convertir estos seis casos de los últimos doce años en lo que llaman —y cito con
comillas para el acta— un verdadero problema nacional, lo que además de ser asombroso no deja
de ser ciertamente exagerado.
Esta moción, señor presidente, propone la creación de una ponencia de estudio del aforamiento
porque es respetuosa con el artículo 66 de la Constitución, porque cree que las cosas no se
arreglan a golpe de brochazos, suprimiéndolas por la vía rápida, y mucho menos cuestionando
todo lo que sale a nuestro paso. Porque lo malo de pedir una reforma de la Constitución es hacerlo
deslegitimando las instituciones constitucionalmente protegidas. Me explicaré: se ha pedido la
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reforma del Tribunal Constitucional porque se le acusa de estar secuestrado por los partidos; se pide
la reforma del poder judicial porque se cuestiona su independencia y su representatividad; se pide
la reforma del sistema electoral porque se cuestiona la representatividad de los grandes partidos; la
reforma de la fiscalía, pero ahí lo que se cuestiona es su profesionalidad; se pide la derogación del
Título VIII porque se cuestiona la capacidad integradora del sistema autonómico; se pide la supresión
de las diputaciones provinciales, del Senado, de la disposición adicional primera y, antes de ayer, la
del aforamiento. Y todo esto es muy legítimo, señorías, siempre y cuando —repito— no se pongan
en cuestión las instituciones constitucionales.
Es cierto que en España hay muchos aforados, quizá demasiados; por cierto, todos ellos
—repito—, todos ellos, con el juez predeterminado por la ley. Asimismo, es cierto que ha
llegado el momento de revisar la institución pero, señorías, flaco favor hacemos a la institución
si actuamos como caballo en cacharrería —y les ruego, por favor, que no se lo tomen en sentido
literal, naturalmente—. Si nos parece que hay demasiados aforados, sobre todo en comparación
con otros países, a lo mejor hay que plantearse, dado que la acción penal en España es pública,
si conviene limitar la acción popular en nuestra legislación en cumplimiento del evidente sistema
legal de contrapesos. Sobre estos importantes asuntos, entre otros, tendrá que trabajar la
ponencia que queremos crear en la Comisión Constitucional.
Señorías, en las últimas seis legislaturas, el Senado ha creado 123 ponencias de estudio
sobre cuestiones de indudable interés público, que se plasmaron en conclusiones, en resoluciones
y en recomendaciones, y que acabaron, la gran mayoría de ellas, incorporadas a leyes orgánicas,
a leyes ordinarias y, en otros casos, acabaron adoptadas por las administraciones. El tiempo que
me resta no sería suficiente para hacer una debida relación de todas ellas, pero permítanme que
les ponga unos ejemplos. Si hoy está en vigor, señorías, el carnet por puntos es porque el Senado
estudió la siniestralidad en las carreteras españolas; si hoy existen medidas de seguridad en los
campos de fútbol y sus alrededores es porque el Senado estudió y propuso medidas contra la
violencia en el deporte; si hoy hay un agente encubierto en Internet que lucha contra la pornografía
infantil es porque el Senado, en la legislatura pasada, estudió los riesgos derivados del uso de la
red por parte de los menores; y si hoy cuidamos a los españoles internados en cárceles extranjeras
y condenados a pena de muerte, señorías, es porque el Senado se ocupó de ellos.
Fueron estudios y trabajos, todos ellos, extraordinarios, muy bien acogidos por la sociedad a la
que se dirigían. ¿Por qué? Porque estaban hechos con la mejor voluntad, con la mejor intención y
con muchas ganas de trabajar por los senadores que integraron las ponencias; estudios, además,
que, sin ninguna duda, dan prestigio a la Cámara.
El Grupo Popular, señor presidente, señorías, cree que estos antecedentes avalan y anticipan
un buen trabajo del Senado sobre el aforamiento; un trabajo que queremos hacer con todas sus
señorías, y por eso les ofrecemos esta iniciativa, esperando que les merezca un voto favorable.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, el senador Yanguas. Saben que disponen de seis minutos a compartir entre los dos.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como ustedes han podido leer, Unión del Pueblo Navarro ha querido presentar esta
enmienda a la moción sobre los aforamientos que plantea el Partido Popular y que nos acaban de
exponer.
En ese caso, lo que hemos hecho es una adición al texto que nos proponen, en el sentido de
que la ponencia que se cree dentro de la comisión cuente, como mínimo, con un representante
de cada grupo parlamentario constituido en esta Cámara. Nuestra intención, con esta enmienda,
es precisar mucho más lo que dice de las ponencias el Reglamento del Senado en su artículo 65,
que lo único que dispone es que los ponentes no podrán ser de un mismo grupo parlamentario.
Y la razón por la que yo mismo he presentado esta enmienda es porque en la Comisión de
Incompatibilidades vigente, un acuerdo entre tres partidos hizo que los grupos más pequeños de
esta Cámara nos quedáramos fuera de la ponencia, a pesar de nuestras continuas quejas. Es
cierto que se cumple el Reglamento —ya les he leído el artículo 65—, pero a nosotros nos pareció
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y nos sigue pareciendo insuficiente. Sé que hay que salvar las distancias entre una comisión y otra
—soy consciente—, y que incluso posteriormente, algún grupo manifestó sus disculpas.
Por todo ello, creemos que para favorecer la participación, el trabajo, la transparencia o la
diversidad de opiniones —también, por qué no— en un tema tan controvertido como el de los
aforamientos, hemos incluido que, como mínimo, haya un senador de cada grupo parlamentario.
El Grupo Parlamentario Popular —en concreto, la senadora Vindel— me ha informado hace
muy poco tiempo que van a aceptar la enmienda que hemos presentado, lo cual querría agradecer
ahora, ya que, luego, durante el turno de portavoces, será más complicado por la escasez de
tiempo, y así no consumo el de otros senadores. Quiero agradecerlo desde aquí y ahora mismo,
pues nosotros creemos que se trata de un texto que aclara y mejora.
En Unión del Pueblo Navarro pensamos que los aforamientos de los políticos —o, por lo menos,
de la mayoría de ellos— deben desaparecer. También es cierto —y lo tengo que reconocer— que
la creación de una ponencia constituida por todos los grupos políticos es algo positivo. Por todo
ello, nosotros pedimos que se lleve a cabo con la máxima celeridad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.
Para la defensa de la otra enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la senadora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Tal y como la propia portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos decía, este tema
ya fue debatido durante el Pleno pasado. Entonces no prosperó la iniciativa que presentó el
Grupo Parlamentario Socialista pues, aunque contó con el apoyo de la mayoría de los grupos
parlamentarios, no fue así en el caso del Grupo Parlamentario Popular. Y me temo que hoy,
esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular va a prosperar, pues, lógicamente,
va a contar con los votos del Grupo Parlamentario Popular, aunque no disponga del consenso
necesario que, para un tema tan importante como este, desde nuestro punto de vista, se debería
alcanzar en esta Cámara. En este sentido, para lograr un consenso hay que trabajarlo y crear las
condiciones para que este se produzca. Sin embargo, desde nuestro punto de vista —y este es
el sentido de la enmienda que hemos presentado—, este debate está hasta cierto punto vacío y
no va a servir de mucho, a efectos prácticos, su propuesta, señorías: primero, porque, salvo que
nos den una sorpresa —cosa que nos gustaría a muchos españoles—, es probable que, dentro
de veinte días, se convoquen elecciones y que, por lo tanto, se suspenda la actividad de las
Cámaras porque queden disueltas; segundo, porque todos sabemos que en esta situación, con
un Gobierno en funciones, lo cierto es que en el Senado apenas se están celebrando comisiones
—que yo sepa, la Comisión de Incompatibilidades— y, por lo tanto, no es muy creíble que se vaya
a convocar una ponencia en una comisión y que, en tan poco tiempo, se obtengan resultados. No
me parece creíble y, por ello, considero que no debería tratarse el asunto de esta forma, ya que
estaremos enviando a los ciudadanos el mensaje, nuevamente, de que nos encontramos ante un
debate vacío respecto a un tema que está generando un profundo desgaste político en cuanto
se refiere a la credibilidad de los responsables políticos y las Cámaras, incluido el Senado, ante
la ciudadanía. Este es el sentido de nuestra enmienda. Por eso, si esta tarde queremos dar un
mensaje creíble sobre la cuestión, desde nuestro punto de vista, señorías, deberíamos aprobar
una propuesta que pueda hacerse realidad antes de las próximas elecciones. No vamos a poder
cambiar la Constitución ni los estatutos de autonomía ni ninguna ley orgánica, de modo que lo
único que podría ser creíble es un compromiso de las fuerzas políticas y de todos los partidos
con representación en las Cortes, ante la ciudadanía, con repercusión en el ámbito estatal y en el
de las autonomías, para modificar y hacer las reformas correspondientes —también de las leyes
orgánicas necesarias— para suprimir el aforamiento en los órganos legislativos correspondientes.
Así, por ejemplo, es como se ha actuado en Canarias en el debate sobre la reforma del estatuto
de autonomía, que lleva años sin discutirse en el Congreso de los Diputados, en el que hemos
suprimido el aforamiento en el ámbito de la comunidad autónoma, pues son las comunidades
autónomas las que lo tienen que debatir en sus respectivos parlamentos.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
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La señora JULIOS REYES: Con esto, señorías, quizás daríamos un mensaje creíble a los
ciudadanos para enfrentarnos a las próximas elecciones, con un consenso entre los partidos políticos,
y no con un debate que, desde el punto de vista electoral puede tener sentido, pero nada más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Democracia y Libertad, tiene la
palabra la senadora Abad.
La señora ABAD GIRALT: Senyories, de fet la proposta d’esmena del Grup de Democràcia i
Llibertat no és altre cosa que la continuïtat de l’esmena que ja va presentar la meva companya
Clàudia Massó en el Ple anterior. Tornem a insistir en la presentació d’aquesta esmena, en la
necessitat d’excloure d’una manera expressa, tots els actes relacionat amb els delictes de corrupció.
Nosaltres, en virtut de la nostre coherència, com vostès saben, en el Ple del Parlament de
Catalunya del 3 de març, ja es va aprovar amb majoria dels grups parlamentaris, i dic amb tota la
majoria, doncs excloure aquesta figura en tots els actes relacionats amb els delictes de corrupció.
Amb coherència per tant, a les decisions preses en el Parlament de Catalunya i tant en el Ple
anterior que es parlava de la figura objecte d’aquesta esmena, insistim un cop més que es tingui
en compte aquesta proposta d’esmena de modificació o d’inclusió que fa referencia a que el Senat
tingui en compte excloure de manera expressa aquesta figura de tots els actes relacionats amb els
delictes de corrupció.
Nosaltres apel·lem un cop més amb aquesta esmena que no pot prosperar una ponència d’estudi
sobre la institució de l’aforament si no tenim en compte la coherència del nostre posicionament,
que es tenir en compte l’esmena que ara es presenta.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Señorías, la enmienda del Grupo Democracia i Llibertat no es otra cosa que la continuidad de
la enmienda que presentó mi compañera Clàudia Massó en el Pleno anterior. En este sentido, con
la presentación de esta enmienda volvemos a insistir en la necesidad de excluir de manera expresa
todos los actos relacionados con los delitos de corrupción.
En virtud de nuestra coherencia, como ustedes saben, en el Pleno del Parlamento de Cataluña,
de 3 de marzo, se aprobó por todos los grupos parlamentarios —con mayoría absoluta—, excluir
todos los actos relacionados con los delitos de corrupción.
Por lo tanto, en coherencia con las decisiones tomadas en el Parlamento de Cataluña y en el
Pleno anterior, en el que se hablaba precisamente de la figura que es objeto de esta enmienda,
insistimos una vez más en que se tenga en cuenta esta enmienda de modificación o de inclusión,
de modo que el Senado excluya, de manera expresa, esta figura de todos los actos relacionados
con los delitos de corrupción.
En esta enmienda insistimos, una vez más, que no puede prosperar una ponencia de estudio
sobre la institución del aforamiento si no tenemos en cuenta la coherencia de nuestra posición; es
decir, la enmienda que se presenta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú-CompromísEn Marea, tiene la palabra el senador Comorera.
El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, señor presidente. Bona tarda; buenas tardes,
señorías.
De nuevo repetimos el tema de una moción, los aforamientos; ahora para la creación de
una ponencia de estudio. Es una lástima que con los problemas sociales, con los problemas de
desigualdad y con los problemas territoriales de nuestro país dediquemos dos sesiones de Pleno
a lo mismo. Dejemos ya de mirarnos al ombligo, quitemos privilegios o prerrogativas sin sentido y
dediquémonos a buscar soluciones para los problemas de la gente, que para eso nos han votado,
y para eso somos los representantes del pueblo.
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Nuestra posición al respecto la dejamos clara en el anterior Pleno: la supresión de todos
los aforamientos; y para eso no hacía falta la creación de ninguna ponencia de estudio sobre la
institución del aforamiento.
Como seguramente esta moción saldrá adelante con el voto de la mayoría del Grupo Popular,
lo que vamos a hacer será debatir en su seno, sin matices, la opción de suprimir los aforamientos,
como hemos indicado en nuestra enmienda a la moción.
En mi intervención en el pasado Pleno hice una pregunta muy clara: ¿hay independencia
judicial en España? Y señalé que si la respuesta era sí, el aforamiento no tenía ningún sentido.
Pensaba que, en su turno, la senadora del Grupo Popular, la señora Barreira, me respondería a
la pregunta, pero no lo hizo. En cualquier caso, ayer acudí al desayuno que organizó un medio de
prensa con el ministro de Justicia en funciones, el señor Catalá y dijo sin matices que la justicia era
independiente en España —es triste, pero es así, que para escuchar a los miembros del Gobierno
en funciones dar alguna explicación sobre su labor haya que ir a este tipo de actos porque, en
una decisión de difícil justificación democrática, se niegan a venir al Parlamento a someterse a las
preguntas de los actuales representantes elegidos por el pueblo español— (Aplausos).
Pues bien, repito, el señor Catalá contestó en su exposición a la pregunta y dijo que la justicia
era independiente. Entonces, ¿por qué no acabamos ya de una vez con los aforamientos y con el
desprecio al juez natural predeterminado por la ley? Llevo dieciocho años dedicado al ejercicio de la
abogacía y me he paseado por juzgados penales y de instrucción de todo tipo, por todo el territorio
español y tengo plena y absoluta confianza en la independencia de la judicatura, de cualquier
juzgado de instrucción o de cualquier juzgado de lo penal de este país. No obstante —como ya
dijimos— paralelamente hay que trabajar para que la independencia judicial quede fuera de toda
duda, porque es preocupante que estemos en el sexto lugar de países de la Unión Europea donde
los ciudadanos perciben una mayor falta de independencia de su sistema judicial, según el índice
sobre los sistemas judiciales en la Unión Europea publicado ayer por el ejecutivo comunitario y
tan solo por delante de Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia e Italia. Y es precisamente sobre
los tribunales superiores, los que deben juzgar a los aforados, sobre los que recae esa sombra de
falta de independencia por parte de los ciudadanos. Creo que eso también tenemos que trabajarlo
cuanto antes.
En cuanto al añadido en la exposición de motivos de la moción se debe, simplemente, a
que echábamos de menos una visión de derecho comparado que dejara muy claro el exceso
injustificable del aforamiento y la imperiosa necesidad de igualarnos a Europa en ese sentido.
La separación de poderes, a la que la senadora del Grupo Popular ha hecho mención en su
exposición de la moción, nació en Francia y allí solo están aforados el presidente de la República y
los miembros del gobierno, no los miles de aforados con los que contamos en este país.
Por último, también solicitamos en nuestra enmienda una limitación temporal a la ponencia
de estudio pues no estamos dispuestos a eternizar un debate sobre el que la ciudadanía espera
soluciones. En aras de la tan repetida regeneración democrática precisamos una respuesta lo más
rápida posible.
Mi grupo parlamentario, en el seno del grupo de estudio, va a seguir insistiendo en la supresión
de todos los aforamientos. Esperamos que ese diálogo, reflexión y consenso que se propugnaba
desde el Grupo Popular sea lo que inspire a dicha ponencia, pues de muros cerrados y rodillos
parlamentarios, sin escuchar a las demás fuerzas políticas, estamos un poco cansados ya.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.
Tiene la palabra la senadora Vindel, para indicar si acepta o no las enmiendas.
La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño
para agilizar el debate.
De las cinco enmiendas que se han presentado vamos a aceptar —como muy bien ha dicho el
senador Yanguas— la presentada por su señoría, que pretende que al menos haya un miembro de
cada grupo parlamentario en la ponencia que se cree en la Comisión Constitucional.
De las cuatro enmiendas restantes, tres —dos de Podemos y una de Democràcia i Llibertat—,
no pretenden sustituir el texto de nuestra moción por otro, sino que —y se lo agradezco— pretenden
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añadir más cosas al texto que presentamos, tanto a la exposición de motivos como al petitum.
Luego me referiré a la enmienda de Coalición Canaria.
Por lo que se refiere a la enmienda presentada y defendida por el Grupo de Democràcia i Llibertat,
señorías, las razones que nos llevan a no aceptarla es que haya una reflexión verdaderamente
amplia y profunda sobre el aforamiento, sin descartar nada, incluso lo que proponen ustedes. Es
deliberadamente amplio el objeto del estudio de esta ponencia porque queremos que se hable de
todo, que no se excluya nada y si al final de sus trabajos, después del plan de trabajo, después de
las comparecencias y de toda la documentación que solicitemos, llegamos a la conclusión de que
uno de los delitos que no pueden estar sometidos a aforamiento son los de corrupción, nosotros
no nos negamos a nada, ni cerramos ninguna puerta a nada. Eso sí, preferimos que sea la propia
ponencia la que trabaje sobre ello y se pronuncie a la comisión.
En cuanto a las dos enmiendas de Podemos, que son de adición, les diré que mi experiencia
en relación con los límites temporales de las ponencias no es buena, y les voy a explicar por qué.
En más de una ocasión se ha puesto un límite temporal al trabajo de una ponencia y ha habido
que parar el trabajo y pedir autorización al Pleno para que nos concediera medio año más, un año
más, e incluso más tiempo porque según se iba avanzando en el trabajo se iban descubriendo
nuevos aspectos. Por tanto, permítannos que elaboremos un plan de trabajo lo más creíble, lo más
racional y lo más práctico posible y que lo empecemos a desarrollar. Esa es la idea que nosotros
tenemos.
Por otro lado, añadir a la exposición de motivos el derecho comparado está muy bien pero,
sinceramente, no aporta nada. Si se quiere hacer una referencia al derecho comparado sería mejor
desarrollarlo un poco más y no solventarlo con tres líneas en una exposición de motivos.
Por último, la enmienda presentada por los senadores Julios Reyes y Rodríguez Cejas
propugna un texto alternativo y, ¿qué quieren que les diga? Su enmienda va totalmente en contra
de esta moción porque propone algo completamente distinto. Con esta enmienda Coalición
Canaria nos viene a decir que no se cree la ponencia. En este sentido, le invito a que vea cómo
se puede aprobar un plan de trabajo, cómo se pueden proponer comparecencias, cómo se puede
pedir documentación para poder trabajar y ya verá usted cómo este tema va a ser creíble haya
elecciones o no. Déjeme que le diga una cosa, senadora Julios, quizá haya grupos políticos y
senadores a los que no les importa nada lo que dicen sus programas electorales, pero si usted va
al epígrafe Regenerar la democracia, combatir la corrupción, página 98.3 del programa del Partido
Popular, verá que proponemos la reducción de los aforamientos.
Por lo tanto, señorías, solamente aceptamos la enmienda del representante de UPN, del
Grupo Mixto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.
¿Algún señor senador desea intervenir en turno en contra? (Denegaciones).
Al no haber turno en contra, pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto han pedido la palabra el senador Crisol, la senadora
Luján, la senadora Domínguez de Posada y la senadora Julios. ¿Alguien más desea intervenir?
(Denegaciones). Como saben, tienen que repartirse el tiempo convenientemente.
Tiene la palabra el senador Crisol.
El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, señor presidente.
Señorías, defienden en su moción que el aforamiento es una figura creada con el objetivo de
garantizar la independencia de las Cámaras en el ejercicio de sus funciones. En la práctica, dado
el nivel de corrupción sistémica que asola la clase política, esta figura ha devenido en un blindaje
judicial para evitar el procesamiento por vía ordinaria de cargos imputados. Su uso interesado lo
ha convertido en un privilegio y los casos acaecidos en la comunidad que represento son claro
ejemplos de ello.
Si queremos recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones que los representan
no valen medias tintas. Hay que apostar por soluciones contundentes que demuestren una
verdadera voluntad efectiva. Por dicho motivo, Ciudadanos se posicionó claramente a favor de
la supresión del aforamiento en nuestra intervención respecto a la moción que presentó el Grupo
Parlamentario Socialista en el Pleno anterior, a la que ustedes se opusieron. Para hacer esa
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reforma, se necesitaba una mayoría en la que el Partido Popular tendría mucho que decir; sin
embargo, no se sumó.
Hace dos semanas, en el debate en Pleno de una moción, un senador del Grupo Popular, al
pasar por nuestros escaños, dijo textualmente: «A ver si alguna vez votáis a nuestro favor». Señoría,
cuando una propuesta es buena para los españoles, nos sumamos a ella, independientemente del
grupo que la presente porque se trata de eso, de promover medidas buenas para la ciudadanía,
no de perpetuar los privilegios de la clase política. Por cierto, en la primera moción que presentó
el Grupo Parlamentario Popular en esta legislatura votamos a favor, pero no nos van a encontrar
con medidas populistas y con mociones electoralistas como la que debatimos en estos momentos.
Ustedes presentaron casi al final de la legislatura pasada, y dentro de un paquete más amplio,
algo parecido a lo que proponen ahora. ¿Dónde están los resultados de aquella propuesta? ¿Dónde
están las conclusiones del compromiso que para promover iniciativas presentaron entonces?
Ciudadanos no va a apoyar una moción que solo pretende la reforma o limitación del
aforamiento. El momento político que vivimos requiere más valentía, más compromiso y soluciones
de más calado. Ningún privilegio debe establecer una discriminación injustificada respecto a
los demás ciudadanos. La supresión de los aforamientos es una medida urgente si queremos
impulsar la regeneración democrática y acercar la política a los ciudadanos. Si hacemos esto, si
tomamos medidas que terminen con los privilegios injustificados que tenemos ahora los políticos,
conseguiremos acercar un poco más la ciudadanía a la clase política.
Señorías, la mejor manera de garantizar el buen funcionamiento de las Cámaras es elegir
a los políticos honestos y honrados dentro de partidos políticos que se tomen en serio la lucha
contra la corrupción. No hacen falta blindajes cuando nuestros representantes son honrados y sus
partidos tienen espíritu de...
El señor PRESIDENTE: Senador Crisol, le recuerdo que tienen que intervenir tres senadores
más.
El señor CRISOL LAFRONT: De esta forma devolveremos la credibilidad y la cercanía tan
necesarias entre gobernantes y gobernados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.
Tiene la palabra la senadora Luján.
La señora LUJÁN MARTÍNEZ: Eskerrik asko, presidente jaunak. Buenas tardes a todos.
A quienes debatimos sobre este tema no creo que sea necesario repetirles lo que se dijo
entonces puesto que ya quedaron muy claras las posiciones de cada grupo. Sí conviene recordar
que varios estudios sociológicos nos informan de que dos de las mayores preocupaciones de
la sociedad son la corrupción y la clase política, algo comprensible, puesto que hay casos de
representantes políticos que han utilizado su aforamiento para impedir el normal procedimiento de
una investigación, del mismo modo que hay otros partidos políticos que han colocado en sus listas
a personas imputadas o que previsiblemente lo iban a estar quizá para que estuvieran protegidas
por el aforamiento. En nuestra opinión, este es un uso perverso del aforamiento que, bien utilizado,
seguramente sería menos cuestionado socialmente, aunque no por ello menos discutible.
Como ya dije en el Pleno anterior, en Geroa Bai pensamos que el aforamiento supone romper
de raíz con el principio de igualdad ante la ley, por lo que no tiene cabida en un Estado democrático
maduro, como debería ser este, tras casi cuarenta años de existencia. Por el contrario, un Estado
democrático maduro tiene que tener una auténtica separación de poderes. El Poder Judicial tiene
que ser de facto independiente, sin deudas con el Ejecutivo ni con el Legislativo. Tampoco basta
con que todos y todas seamos iguales ante la ley. La ley tendría que ser igual para todos y para
todas y en cualquier circunstancia. Sin embargo, el propio modelo de Estado que tenemos lleva
implícito el hecho de que no todos los ciudadanos y ciudadanas nacemos con los mismos derechos.
Y aunque no nos venga de cuna, también la experiencia nos demuestra que en muchas ocasiones
la ley no se aplica de la misma manera para todos.
Por eso nosotros pensamos que estamos ante una discusión estéril que no va a la raíz del
problema porque no cuestiona los fundamentos del Estado sino que se queda en la superficie,
a pesar de que, como ya admitimos en el Pleno anterior, la propuesta del Grupo Parlamentario
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Socialista podría haber sido una manera de comenzar a trabajar. Sin embargo, valoramos que la
propuesta de crear una ponencia puede tener como objetivo dilatar en el tiempo un debate que
precisa de más voluntad y sobre todo de más compromiso político con este tema. Por tanto, votaré
en contra de esta moción.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Luján.
Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.
La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.
Señorías, en el último Pleno debatimos una moción del Grupo Socialista que proponía la
supresión del aforamiento de los parlamentarios nacionales y de los miembros de las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas. Sobre este mismo asunto, hace casi dos años la Junta
General del Principado debatió una proposición que planteaba la discusión sobre el aforamiento de
los diputados autonómicos cuando llegara el momento oportuno. A día de hoy, el PSOE asturiano no
ha encontrado todavía tal momento. Actualmente, se ha puesto de moda en las tertulias mediáticas
hablar de los privilegios y prerrogativas de los políticos, asunto que a la izquierda no le inquietó
lo más mínimo en casi cuatro décadas de democracia, como prueba el hecho de que no planteó
iniciativa alguna para propiciar en las Cortes Generales este debate que exige modificaciones de la
Constitución. Y en esas estamos, viendo cómo el PSOE trata de imitar los eslóganes populistas e
intenta evitar la sangría de votos y de escaños que le ha llevado a sus peores resultados electorales
desde 1977. El señor Sánchez, con el señor Rivera de claqué, lleva jugando a lo que se ha venido
en llamar postureo, que no es otra cosa que reducir la política a un espectáculo irresponsable,
anteponiendo sus intereses personales y partidistas al bien de España y de los españoles. La
demagogia de los platós también llegó a la Cámara Alta, como vimos hace quince días.
En Foro estamos a favor de que se abra un debate sobre el aforamiento, pero un debate serio,
riguroso, escuchando a todos los expertos y evitando que el mandato constitucional sea tomado a
chacota. Es curioso que hoy se hable de privilegios cuando lo cierto es que tanto la inviolabilidad
como la inmunidad y el aforamiento fueron propuestos por los padres de la Constitución como
garantía de la democracia y respaldados masivamente por los españoles en el histórico referéndum
del 6 de diciembre de 1978.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido hasta en tres ocasiones a
nuestro país porque los aforados no tenemos derecho a recurrir a una segunda instancia. Estamos
ante un asunto lo suficientemente complejo como para estudiarlo a fondo y escuchar a quienes más
saben de ello. El pasado 29 de marzo votamos en contra de una moción, a todas luces electoralista,
del Grupo Socialista y hoy vamos a votar a favor de la moción del Grupo Popular porque de lo
que se trata es de propiciar en la Comisión Constitucional un estudio sobre el aforamiento serio,
riguroso y propio de una Cámara de reflexión como es este Senado. Una ponencia, en definitiva,
alejada de la política espectáculo, del electoralismo y de la democracia barata.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.
Tiene la palabra la senadora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco la invitación que me ha hecho la portavoz del Grupo Popular a que conozca el
funcionamiento de una ponencia porque, a pesar de que lo conozco, siempre estamos abiertos a
aprender. Pero yo le invito a que permita que este Senado tenga su actividad normal y propia y a
que se convoquen las comisiones que en esta legislatura no se han producido, señoría. Cuando se
convoquen las comisiones, haya comparecencias del Gobierno, etcétera, yo me creeré, a lo mejor,
que se puede tener una ponencia y que, a lo mejor, esa ponencia concluye sus trabajos. Mientras
tanto, es muy difícil que me lo crea.
Por último, señoría, lo que tampoco hace creíble la propuesta del Grupo Popular es la
contradicción. Mientras en el pasado Pleno aquí votaban que no a la iniciativa del PSOE, en el
Parlamento de Canarias, ustedes, el Grupo Popular, proponían una iniciativa para que fuera el
Gobierno de Canarias el que acabara con los aforamientos de los parlamentarios canarios. ¡Anda!,
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el Gobierno, ni tan siquiera el Parlamento. Eso es lo que no hace creíble el discurso del Partido
Popular. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.
Julios senatariak hartu duen ildotik jarraituko dugu, baita ere, eta aztertu beharko dugu zer
nolako lana egiten ari garen Ganbara honetan, Alderdi Popularrak nagusitasun osoa duen Ganbara
honetan.
Gracias, señor presidente.
Seguiré el hilo de la senadora Julios. Tendremos que estudiar qué tipo de trabajo estamos
realizando en esta Cámara, donde el Partido Popular ejerce la mayoría absoluta.
Y, como veo que hay pocos pinganillos, voy a pasarme al castellano, a ver si nos entendemos
más fácilmente. (Aplausos).
Estaba valorando el funcionamiento de esta Cámara y eso es lo que me provoca el escepticismo.
Las comisiones se constituyeron el día 9 de febrero. Vayamos a los problemas que entendemos
que tiene la ciudadanía.
Primero. Tenemos más de cuatro millones de razones para convocar la Comisión de Empleo.
(Aplausos). El CIS dice que la mayor preocupación del 70 % de la ciudadanía es el empleo. ¿Cuántas
veces se ha convocado la Comisión de Empleo? Cero. (Aplausos).
Segundo. Corrupción. Ya que queremos comisiones, ese es el segundo problema que preocupa
a la ciudadanía, según los datos del CIS. El modelo territorial es de gran preocupación. ¿Cuántas
veces se ha convocado la comisión sobre la cual se quiere sustanciar esta ponencia? Cero.
Tercero. Comisión de Economía y Competitividad. El tercer problema es la situación económica,
también según los datos del CIS. ¿Cuántas veces se ha convocado esta comisión? Cero.
Cuarto. El cierre de industrias. Por ejemplo, ¿en qué situación se encuentra la siderurgia, tanto
en Euskadi como en España como en Europa? comisiones convocadas de Industria: cero.
Quinto. Educación. Respecto a la aplicación de la LOMCE, han cambiado las mayorías, hay
diferentes sensibilidades y las diferentes comunidades piensan de diferentes maneras. ¿Cuántas
veces se ha convocado la Comisión de Educación? Cero.
Sexto. Comisión General de las Comunidades Autónomas. Un político aquí querría decir:
Me alegro de que me haga esta pregunta porque, respecto al artículo 56 bis 3 del Reglamento,
ha habido una recogida de firmas, con lo cual hay que convocar la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, pero no se quiere convocar, no la van a convocar. Entonces, ¿cómo
quieren que nos creamos que vayamos a una comisión que no quieren convocar? Si el Senado
empezara a funcionar de verdad como debiera y la ciudadanía —es verdad que tampoco tiene gran
trascendencia lo que hacemos en esta Cámara— supiera qué se está haciendo con las comisiones,
en las que en todas hay presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, secretario
primero, secretario segundo más portavoces, y viera que no se convoca ninguna, evidentemente,
eso les llevaría al escepticismo.
Séptimo. No hay problemas en el mundo: tenemos el brexit, la situación de la Unión Europa,
qué decir de la situación en Siria, en Oriente Medio, ¿cuántas comisiones de Asuntos Exteriores
se han convocado? Cero.
Por no hablar del último problema al que voy a hacer referencia: el déficit. Hace poco el ministro
Montoro nos dijo cómo estaba la situación y que toda la culpa es de las comunidades autónomas
y de nadie más. ¿Cuántas veces se ha convocado la Comisión de Hacienda y Administraciones
Públicas? Cero.
Ante esto nosotros mostramos nuestro escepticismo y vamos a votar en contra. Hace quince
días nos posicionamos a favor de la moción del Grupo Socialista. Aquí nadie tiene que dudar más
que de esa desconfianza que provocan en todo el arco parlamentario por la actitud que muestran,
porque la corrupción no necesita comisiones, que también, no necesita ponencias, que también,
sino que necesita actitud poco tolerante y actitud muy contundente.
Cuando yo estaba en el ayuntamiento la gente nos solía decir: cuando un ayuntamiento, una
institución no sabe qué hacer, crea una comisión; y cuando ya no sabe qué hacer y, además, no
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quiere crear una comisión, ¿qué hace? Crear una ponencia. Con lo cual, nosotros votaremos en
contra ante ese escepticismo que provocan los movimientos que ustedes están planteando.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Vidal.
El señor VIDAL MARSAL: Señorías, señora Vindel, con todo el cariño, Esquerra Republicana
va a votar en contra de esta moción precisamente por coherencia con nuestro posicionamiento a
favor de la moción que presentó el Grupo Socialista en el último Pleno.
En el ple anterior com ses senyories saben es proposava la supressió, o com a mínim la
reducció de l’aforament per diputats, senadors i també s’entrava amb els diputats de les comunitats
autònomes. Nosaltres varem dir que hi estàvem d’acord, però vam presentar una esmena en la
que demanàvem que s’incloguessin altres possibles aforats; i fèiem un esment especial, com ses
senyories recordaran, a la família de la Casa Reial.
El Partit Popular, aprofitant que gaudeix amb tota la legitimitat democràtica, ho vull dir, de la
majoria absoluta en aquesta Cambra, va ser l’únic partit, junt amb Foro, evidentment, com sempre,
que s’hi va oposar. Jo suposo que vostès, a la vista de que en el mitjans de comunicació i davant de
l’opinió pública van aparèixer com els únics que s’oposaven a suprimir o a reformar d’una manera
seriosa la qüestió dels aforaments, ara, per estratègia electoral, també legítima, ho comprenem, o
poder per remordiment de consciencia, perquè jo estic segur que entre els 145 senadors, algun,
algun, poder no tots, no devia haver anar a dormir gaire tranquil fa quinze dies, vostès ara proposen
aquesta creació d’una comissió d’estudi. Bé, ni tant sols una comissió legislativa, una comissió
d’estudi. Aquesta comissió d’estudi, deia la senadora Vindel, és per reflexionar a fons. Evidentment
és un tema que mereix reflexió, però quan es vol reflexionar a fons el que es fa és mirar de
consensuar amb tots els grups polítics el plantejament de la moció, i vostès l’han presentada
sense aquest contacte previ. Segurament si hi hagués hagut aquest contacte previ, amb la voluntat
constructiva que es va fer palesa en l’últim Ple, jo estic segur que hauríem pogut arribar a algun
tipus d’acord, per exemple, modificant que en comptes d’una comissió d’estudi, fos una comissió
legislativa, modificant l’ambigüitat, vostè parla d’amplitud de temes, jo més aviat ho qualificaria
d’ambigüitat del plantejament.
En qualssevol cas, i com acaba de dir molt bé el portaveu del Partit Nacionalista Basc , senyor
Bildarratz, vostès palesen que són un partit conservador, perquè volen conservar una de les
tradicions més nostrades a l’Espanya del segle XIX, i quina era aquesta tradició ? Alguns autors
diuen que la frase és de Jacinto Benavente, altres o qüestionen, però mereixeria ser d’aquest autor,
perquè era un dramaturg, com vostès saben, i és un drama el que es vulgui mantenir aquesta
tradició, perquè és una mala tradició. És la tradició a la que acaba de fer esment el portaveu del
PNV: «cuando en España no se quiere resolver un problema, se crea una comisión». I estem en
el segle XXI i continuem exactament igual. Nosaltres els diem que la veritat, crea una comissió
per caminar en cercle i no arribar a cap lloc, no ens sembla precisament aprofitar el temps, i no
ens sembla tampoc complir gaire amb el manament que ens donen els ciutadans, els nostres
electors. I per això, si m’ho permeten, jo els diré un altre del gran poeta Antonio Machado, que deia:
«caminante no hay camino, se hace camino al andar».
Poder que sigui hora de que comencen a caminar d’una vegada per totes en aquest tema dels
aforaments i que responguem al principi constitucional d’igualtat davant la llei. Jo sóc conscient que
el tema dels aforaments, i l’altre dia ho vaig dir, segur que vostès ho van entendre perfectament, és
un tema polièdric, perquè per una banda, efectivament pot semblar que representa privilegis per
determinades persones, entre elles els càrrecs electes, però per altre banda, pot ser també que
signifiqui una falta de garanties processals perquè se’ls priva de la segona instancia.
Per tant, és cert que fa falta una reflexió molt seriosa sobre aquesta qüestió, però aquesta
reflexió no l’aconseguirem mitjançant una comissió d’estudi, que probablement durarà no mesos,
sinó anys, i suposo que per això venia l’esmena que plantejava el grup de Podemos, de fixar
un temps una mica limitat, poder tres mesos no, poder sis mesos, però fixar una data temporal
específica. Vostès no han volgut acceptar cap d’aquestes esmenes i per tant nosaltres ens veiem
obligats a votar en contra.
Moltes gràcies.
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En ese último Pleno, como saben sus señorías, se proponía la supresión o, como mínimo,
la reducción del aforamiento para diputados y senadores y también para los diputados de las
comunidades autónomas. Nosotros estábamos de acuerdo pero presentamos una enmienda en la
que pedíamos que se incluyesen otros posibles aforados, y mencionábamos especialmente, como
ustedes recordarán, a la familia de la Casa Real.
El Grupo Popular, aprovechándose de que goza —con toda la legitimidad democrática— de
la mayoría absoluta de esta Cámara, fue el único, junto con Foro, evidentemente, que se opuso.
Pero supongo que ustedes, a la vista de que en los medios de comunicación y ante la opinión
pública aparecieron como los únicos que se opusieron a suprimir o reformar de una manera seria
los aforamientos, ahora, por estrategia electoral —también legítima— o quizá por remordimiento
de conciencia —porque estoy seguro de que de los 145 senadores algunos, quizá no todos, no
se fueron a dormir muy tranquilos hace quince días—, proponen la creación de una comisión de
estudio; ni tan siquiera una comisión legislativa, sino una comisión de estudio. Esta comisión, decía
la senadora Vindel, es para reflexionar a fondo. Evidentemente, es un tema que merece reflexión,
pero cuando se quiere reflexionar a fondo lo que se hace es consensuar con todos los grupos
políticos el planteamiento de la moción, y ustedes la han presentado sin este contacto previo.
Seguramente, si hubiese existido este contacto previo con la voluntad constructiva que quedó
patente en el último Pleno, se habría podido llegar a algún acuerdo, por ejemplo, que en lugar de
una comisión de estudio fuese una comisión legislativa, modificando la ambigüedad. Usted habla
de amplitud de temas, pero yo más bien calificaría el planteamiento de ambiguo.
En cualquier caso, y como acaba de mencionar el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el
señor Bildarratz, queda patente que ustedes son un partido conservador porque quieren conservar
una de las tradiciones más arraigadas de la España del siglo XIX. Y voy a decir una frase que ha
mencionado el portavoz del PNV, que algunos autores afirman que es de Jacinto Benavente, otros
lo cuestionan, pero merecería ser de este autor, porque era un dramaturgo, como ustedes saben, y
es un drama que se quiera mantener esta tradición porque es una mala tradición: Cuando en España
no se quiere resolver un problema, se crea una comisión. Estamos en el siglo XXI y continuamos
exactamente igual. Nosotros pensamos que crear una comisión para caminar en círculo y no llegar
a ninguna parte no es aprovechar demasiado el tiempo y de esta forma no cumplimos lo que
nuestros ciudadanos, nuestros electores, nos demandan y por eso le contestamos lo siguiente: son
necesarios más hechos y menos palabras. Y ya que el senador Bildarratz ha utilizado esa frase,
yo les diré otra, si me lo permiten, una del gran poeta Antonio Machado, que decía: Caminante no
hay camino, se hace camino al andar.
Quizá sea hora de que empecemos a caminar de una vez por todas en la cuestión de los
aforamientos y que respondamos al principio constitucional de igualdad ante la ley. Soy consciente
de que el tema de los aforamientos, como dije el otro día y creo que ustedes lo entendieron
perfectamente, es un tema poliédrico porque, por un lado, puede parecer que representa privilegios
para determinadas personas, entre ellos los cargos electos, pero, por otro, también puede significar
una merma de garantías procesales porque se les priva de la segunda instancia.
Por tanto, es cierto que es necesaria una reflexión muy seria sobre esta cuestión, pero no lo
conseguiremos mediante una comisión de estudio que probablemente se alargará no meses, sino
años; la enmienda del Grupo Podemos fijaba un tiempo un poco limitado, tres meses, seis meses,
pero sí deberíamos fijar una fecha temporal específica. Ustedes no han querido aceptar ninguna
de estas enmiendas, por lo que nos vemos obligados a votar en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Democràcia i Llibertat, tiene la palabra la
senadora Abad.
La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.
Senyories, el Grup de Democràcia i Llibertat també votarà que no en aquesta moció. De fet el
debat és la continuació dels debats que hem tingut en els darrers plens i dels debats que ja es van
tenir en la legislatura passada. Com sabem, és cert que cal una reflexió i el nostre posicionament
polític és el que va en consonància i en coherència amb l’esmena que vam presentar, que s’ha
presentat ara i que es va presentar en el Ple del dia 29 i que no van ser admeses, que és la de
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restringir i limitar l’aforament, però en cap cas la seva extinció o supressió, i excloure de manera
expressa d’aquesta figura tots els actes relacionats amb els delictes de corrupció. M’explico: s’ha
parlat de reflexió, voldria fer unes reflexions per justificar perquè no votarem a favor.
Primera reflexió: aforat és ser jutjat per un tribunal col·legiat. El problema és aquell polític
o política que utilitza aquesta figura com a cuirassa per a protegir-se de la justícia, o d’aquella
que acusa injustament a un representant del poble per practicar politiqueig, o simplement atacar
gratuïtament per desqualificar la bona tasca d’un parlamentari.
La segona reflexió: acabar amb la igualtat? En cap cas, no. Però sí que certament hi ha
un excés d’aforaments a l’Estat espanyol i que ja es va deixar constància en la nostre anterior
intervenció del darrer Ple per tal de limitar i restringir aquesta figura. La reforma és necessària, es
indubtable, la proposta de Democràcia i Llibertat, evidentment és limitar i restringir l’aforament dels
representants polítics per excloure de manera expressa d’aquella figura tots els actes relacionats
amb actes de corrupció. Recordo un cop més, perquè és important, perquè va ser el Parlament
de Catalunya que es va avançar en aquest Ple del 3 de març, on varen aprovar tots els grups del
Parlament, insisteixo, tots els grups, una resolució on es feia constar la necessitat de restringir i
limitar la figura de l’aforament per l’abús que se n’ha fet, i excloure-la de tots els actes relacionats
amb els actes de corrupció. Nosaltres som coherents, Democràcia i Llibertat és coherent amb
aquesta resolució.
Tercera reflexió: el problema en tot cas no radica exclusivament en la figura de l’aforament,
perquè a la llarga la justícia ho és, sinó que poder el problema real radica en que els partits
tinguin un codi ètic. Un codi ètic que reguli aquestes situacions. A Catalunya, tots els partits es van
comprometre a excloure de totes les llistes electorals i de no anomenar cap alt càrrec que tingui
la condició d’investigat a iniciativa del Ministeri Fiscal, per delictes relacionats amb la corrupció.
Resolució del Parlament de Catalunya del 3 de març. Els Socialistes proposaven la passada
setmana la supressió de la figura dels aforats per disputats, senadors, diputats autonòmics. I jo em
pregunto ¿no seria igual de rellevant modificar també l’article 102.1 d’aforament dels membres del
Govern, o el que disposa també l’article 56.3 que fa referencia a la Corona? També em pregunto
¿per què sempre posem la lupa en els diputats i en els senadors, quan en realitat hi ha pocs
diputats i senadors en actiu que es trobin compromesos en situacions judicials? No serà també
que és una moda? ¿no serà que ens deixem portar per un excés de populisme? Però sobre tot,
insisteixo, la majoria de vegades, no se’ls imputa per jutjar la seva tasca parlamentaria.
Quarta i última reflexió abans d’acabar: limitar els aforaments està a la disposició final setena
de la Llei de control de l’activitat econòmica financera dels partits polítics. Tot i així està pendent de
desenvolupament. Les Corts espanyoles, a dia d’avui encara no han fet el què havien de fer, i com
tots sabem, sense la reforma de la intocable Constitució per part del Partit Popular és impossible
fer un debat seriós al respecte. Debat que cal fer ja, però que manca de rigurosidad i serietat.
Per acabar, pel que a la modificació, és inqüestionable, és una figura que s’ha de modificar,
s’ha d’estudiar, per els abusos que se n’han fet, però també cal pensar i fer una reflexió. Cal protegir
també, perquè no es pot perseguir com a delinqüents a aquells que mitjançant un procés democràtic
i legítim de participació ciutadana demanen a un poble que decideixi sobre el seu futur. I és per evitar
aquesta utilització partidista de la justícia per part de l’Estat, que també cal mantenir-la, amb les
consideracions esmentades anteriorment.
Senyories, el grup de Democràcia i Llibertat, per totes aquestes reflexions, no donarà suport a
la moció perquè és una reflexió que com han dit les anteriors senyories que m’han precedit, mereix
una reflexió important, raonablement diríem que sí a la moció, però no les tenim totes, volem un
debat seriós, i no incoherent. Volem un debat que tingui credibilitat, que ara no la te, perquè també
m’apunto al que ha comentat el meu company del Partit Nacionalista Basc ¿quantes comissions
s’han convocat fins el dia d’avui? ¿quants presidents ostenten aquestes comissions i de quin partit
polític són aquests presidents? ¿ Per què no s’han convocat comissions quan en el sí del Congres
del Diputats sí s’ha fet? Per què ha der creïble ara una comissió d’estudi sobre la figura de l’aforat
quan el propi Partit Popular que ostenta gairebé totes les presidències de totes les comissions, no
n’ha convocat ni una? El debat és prou seriós, la figura és prou important per tenir-se en compte,
i per tant nosaltres entenem que no utilitzarem els nostres vots en aquesta ponència d’estudi
plantejada d’aquesta manera, perquè no es creïble, votarem que no perquè no tenim confiança i
perquè creiem que és un acte electoralista.
Moltes gràcies!
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Señorías, el Grupo Democràcia i Llibertat también votará en contra de esta moción porque,
de hecho, es continuación de los debates que hemos mantenido en los últimos plenos y en los
de la pasada legislatura. Como sabemos, es cierto que es necesaria una reflexión, y nuestro
posicionamiento político va en consonancia y en coherencia con la enmienda que se ha presentado
ahora y la que ya se presentó en el Pleno del día 29 —que no fueron admitidas—, que es la de
restringir y limitar el aforamiento pero en ningún caso su extinción o supresión, y la de excluir de
manera expresa de esta figura todos los actos relacionados con los delitos de corrupción. Me
explico: se ha hablado de reflexión; pues bien, quiero hacer unas reflexiones para justificar el
porqué de nuestro voto en contra a esta moción.
Primera reflexión: aforado es ser juzgado por un tribunal colegiado. El problema es aquel
político o política que utiliza esta figura como coraza para protegerse de la justicia o de aquella que
acuse injustamente a un representante del pueblo para practicar politiqueo o, simplemente, atacar
gratuitamente para descalificar la buena tarea de un parlamentario.
Segunda reflexión: ¿acabar con la igualdad? En ningún caso, no; pero, ciertamente, hay un
exceso de aforamientos en el Estado español, algo que ya quedó constancia en nuestra anterior
intervención en el último Pleno para limitar y restringir esta figura. La reforma es necesaria, sin duda.
La propuesta de Democràcia i Llibertat es limitar y restringir el aforamiento de los representantes
políticos para excluir de manera expresa de aquella figura todos los actos relacionados con la
corrupción. Recuerdo, una vez más, porque es importante, que fue el Parlamento de Cataluña el
que se adelantó, y, en el Pleno del 3 de marzo, aprobó, con el consenso de todos los grupos de
la Cámara —insisto, todos los grupos— una resolución en la que se hizo constar la necesidad de
restringir y limitar la figura del aforamiento por el mal uso que se ha hecho y excluirla de todos los
actos relacionados con la corrupción. Democràcia i Llibertat es coherente con esta resolución.
Tercera reflexión: el problema, en todo caso, no radica exclusivamente en la figura del
aforamiento porque, a la larga, la justicia lo es, sino quizá en que los partidos tengan un código
ético que regule realmente estas situaciones. En Cataluña —vuelvo a insistir—, todos los partidos
se comprometieron a excluir de las listas electorales y a no nombrar a ningún alto cargo que
tuviera la condición de investigado, a iniciativa del Ministerio Fiscal, por delitos relacionados
con la corrupción; resolución del Parlamento de Cataluña del 3 de marzo. La semana pasada,
los socialistas propusieron la supresión de la figura de los aforados para diputados, senadores
y diputados autonómicos, y yo me pregunto:¿no sería igual de relevante modificar también el
artículo 102.1,de aforamiento de los miembros del Gobierno, o lo que se dispone también en el
artículo 56.3, que hace referencia a la Corona? También me pregunto: ¿por qué siempre ponemos
la lupa en los diputados y senadores cuando en realidad hay pocos diputados y senadores en
activo que estén comprometidos en situaciones judiciales? ¿No será una moda? ¿No será que nos
dejamos llevar por un exceso de populismo? Insisto, la mayoría de las veces no se les imputa por
su tarea parlamentaria.
Cuarta y última reflexión antes de terminar: limitar los aforamientos figura en la disposición
final séptima de la Ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos; con
todo y con ello, está pendiente de desarrollo. A día de hoy, las Cortes españolas todavía no han
hecho lo que debían hacer y, como todos sabemos, sin la reforma de la intocable Constitución por
el Partido Popular es imposible realizar un debate serio al respecto, debate que es necesario pero
falta rigurosidad y seriedad.
Para acabar, la modificación es incuestionable; es una figura que se ha de modificar y se ha
de estudiar por los abusos que se han hecho de ella, pero también hay que hacer una reflexión.
Se debe proteger porque no se puede perseguir como delincuentes a aquellos que mediante un
proceso democrático y legítimo de participación ciudadana piden a un pueblo que decida sobre su
futuro, y precisamente, para evitar esta utilización partidista de la justicia por parte del Estado, es
necesario mantenerla con las consideraciones que he señalado anteriormente.
Señorías, por todas estas razones, el Grupo Democràcia i Llibertat no apoyará la moción
porque, como han dicho los senadores que me han precedido, merece una reflexión importante.
Razonablemente, votaríamos a favor de la moción, pero no lo vemos claro; queremos un debate
serio y no incoherente, queremos un debate que tenga la credibilidad que ahora no tiene. Me
apunto a lo que ha comentado mi compañero del Partido Nacionalista Vasco: ¿cuántas comisiones
se han convocado hasta el día de hoy? ¿Cuántos presidentes ostentan la presidencia de estas
comisiones y de qué partido político son? ¿Por qué no se han convocado comisiones cuando en
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el Congreso de los Diputados sí se ha hecho? Por tanto, ¿por qué tiene que ser creíble en este
momento una comisión de estudio sobre la figura del aforado cuando el propio Partido Popular, que
ostenta casi todas las presidencias de las comisiones, no ha convocado ni una de ellas? El debate
es suficientemente serio, la figura es suficientemente importante para tenerse en cuenta, por lo
que no utilizaremos nuestros votos porque esta ponencia de estudio, planteada de esta manera,
no es creíble; votaremos en contra porque no tenemos confianza y porque creemos que es un acto
electoralista.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú-Compromís-En Marea, tiene la palabra la
senadora Gorrochategui.
La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Eskerrik asko, presidente. Buenas tardes, señorías.
Yo también me paso al castellano; no dan ganas de hablar si nadie hace ni caso (Risas.—Aplausos).
A vueltas otra vez con las prerrogativas parlamentarias. Hemos celebrado tres Plenos: en el
primer Pleno se habló de las prerrogativas, en concreto de la inmunidad, y en el Pleno anterior y
en este estamos hablando del aforamiento. En cualquier caso, a la senadora del Grupo Popular
que ha defendido la moción quiero pedirle una aclaración. La moción se refiere al fuero especial,
pero en su defensa usted ha hecho referencia también a la inmunidad y a la inviolabilidad, pero
la inmunidad y la inviolabilidad no forman parte del fuero; el fuero especial tiene que ver con el
procesamiento por tribunales de orden superior. El planteamiento no es el mismo: no es lo mismo
abordar la inviolabilidad parlamentaria que abordar la inmunidad parlamentaria o abordar el fuero
especial, no tiene nada que ver, las instituciones son distintas. Estamos hablando del estatuto
del parlamentario, es verdad que todas forman el estatuto del parlamentario, pero el tratamiento
que merece cada una de estas prerrogativas es muy distinto y la problemática que representan
es absolutamente distinta. Por eso, cuando nosotros estudiábamos la moción del Grupo Popular
siempre pensábamos que estábamos hablando del fuero especial, es decir, de esa diferencia de
la que gozan determinados cargos por el trabajo que llevan a cabo: que no sean los tribunales
ordinarios quienes juzguen sus causas sino que sean tribunales de instancias superiores, y es que
no hay otra manera de abordar esta cuestión que en función del principio de igualdad. Es evidente
que el aforamiento es una quiebra del principio de igualdad —eso nadie lo pone en duda—, pero
nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento social aceptan con total naturalidad la
desigualdad de trato. Si la desigualdad de trato está justificada, adelante —incluso a veces el
ordenamiento jurídico exige la distinción del trato cuando las condiciones de partida son distintas—.
Simplemente el trato distinto a las personas tiene que estar justificado. Si está justificado —y en
este caso sería el fuero especial—, si está justificado, repito, sería una prerrogativa parlamentaria,
pero si no está justificado, entonces se trataría de un privilegio. Y se trataría de un privilegio porque
estaría discriminando a determinadas personas con respecto a otras. Si no hubiera justificación,
ese trato desigual causaría discriminación, y esa discriminación supondría un privilegio para las
personas que son tratadas de distinta manera.
Cuando se le dan muchas vueltas a este tema, a si sí o si no, si puede borrarse de un plumazo
o a cómo hay que abordarlo, simplemente hay que tener en cuenta si realmente se respeta el
principio de igualdad. Lo que tenemos que pensar es: ¿Está justificada esta diferencia de trato
para determinados cargos, para determinadas personalidades? ¿Está justificada? Si pensamos
en el momento en que se creó esta prerrogativa, estaba justificada, porque en ese momento las
legitimidades del poder político estaban en pugna: por una parte, la legitimidad del monarca, que
se basaba en la divinidad o en la fuerza de la guerra o en cualquier otro argumento, y, por otra
parte, la legitimidad del representante del pueblo, que era ostentado por el parlamento. En esta
situación estaba justificada.
Podía también estar justificada cuando se aprobó la Constitución en 1978, cuando España salía
de un régimen dictatorial en el que la clase judicial se había educado o formado en un ambiente de
falta de libertades, de forma que el parlamentario no tenía la garantía de poder expresar libremente
el pluralismo político en representación de ese pueblo. Por lo tanto, las garantías especiales para
los parlamentarios también estaban justificadas. Pero de lo que cabe ninguna duda —y esto es
así— es que el aforamiento solamente tiene sentido a partir de un prejuicio que tiene que ver
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con la desconfianza hacia el juez ordinario. Es lo único que explica la figura del aforamiento;
el único motivo. Si esto es así —que lo es— tendríamos que pensar: ¿Necesita actualmente el
parlamentario o el Gobierno una protección frente a una clase judicial que pudiera ser refractaria
a la libertad de expresión y al pluralismo político? Y otra cosa: ¿la competencia de los órganos
judiciales ordinarios no es suficiente para acometer la función de dirigir el proceso judicial con las
debidas garantías?
Si contestáramos que sí a cualquiera de estas preguntas, estaríamos ante un problema de tal
gravedad que desbordaría totalmente la cuestión de las prerrogativas parlamentarias. Por lo tanto,
la respuesta solo puede ser no; es decir, el juez ordinario sí está preparado, y el parlamentario no
necesita de ninguna garantía especial frente a una clase judicial refractaria al pluralismo político y a
la libertad de expresión. Si es esto así, ¿cómo se justifica el aforamiento? ¿Qué tipo de justificación
tiene? No la tiene. No tiene una justificación que pueda mantenerse en la actualidad.
Si nos fijamos en la letra de la Constitución, por supuesto que en el momento que se concibe
el aforamiento tiene sentido, está justificado y se concibe como prerrogativa, pero hoy en día, en
la situación en que nos encontramos, es un privilegio. Concebido como prerrogativa ha devenido
por la vía de los hechos en privilegio. Privilegio ¿por qué? Porque permite, entre otras cosas,
por ejemplo, que cargos públicos... Bueno, sabemos que todos los partidos políticos que han
formado parte de gobiernos —absolutamente todos— tienen problemas de corrupción, tienen
personas imputadas y procesadas, y algunas condenadas por delitos de corrupción. (El señor
Estradé Palau: No.) Prácticamente todos, aunque en los nuevos es más difícil. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
Continúe, señoría.
La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Cuando un cargo político se aferra al aforamiento
o defiende el aforamiento, solamente puede tener sentido —visto que es un privilegio, además—
porque confía en que la visión y el trato del juez jerárquicamente superior va a ser más comprensivo
con su causa —porque el juez del orden superior está muchísimo más cerca de los órganos
de Gobierno, a través del Consejo General del Poder Judicial, y éste, a su vez, a través de las
elecciones por parte de los partidos políticos—; porque le ofrece más garantías al parlamentario o
al miembro del Gobierno ser juzgado por un órgano de orden superior.
Nuestro grupo, tras recibir la moción, ha tenido dos reacciones contrapuestas: por una parte,
de satisfacción, porque nosotros —y lo defendimos en el Pleno pasado— quisiéramos derogar,
en base a toda esta argumentación que hemos dado hoy y también en el Pleno pasado, la figura
del aforamiento. Por lo tanto, para derogar esa figura, habría que cambiar la Constitución, y para
cambiar la Constitución hay que convocar la Comisión Constitucional, y dentro de la Comisión
Constitucional tiene que nombrarse una ponencia de estudio. Por esa parte, a nosotros nos
gustaba la iniciativa del Grupo Popular, pero, por otra, la verdad es que igualmente nos suscitaba
mucha desconfianza, y también por todas las cuestiones que han planteado otros portavoces de
otros grupos parlamentarios. El aforamiento está previsto en la Constitución, pero…
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Termino en un segundo.
… pero después ha sido extendido larguísimamente por otro tipo de leyes, y el Partido Popular
nunca ha derogado esos apartados de esas leyes que podrían haber reducido el número de
aforados de 18 000 a 600, por ejemplo. 18 000 son todos los aforados que existen, mientras que
los que vienen de la Constitución son solamente 600.
Este sentimiento ambivalente de acogimiento favorable y de desconfianza nos impulsa a
abstenernos ante la moción que presenta el Partido Popular.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gorrochategui.
Por el Grupo Parlamentario Socialista,... (El señor Estradé Palau pide la palabra).
Sí, señoría.
El señor ESTRADÉ PALAU: Pedimos la palabra por alusiones.
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El señor PRESIDENTE: Alusiones directas no ha habido, ni personales ni a su grupo
parlamentario. Por lo tanto, no tiene la palabra. Lo siento. Además, por gestos han dejado claramente
manifestado que no estaban de acuerdo con lo que se estaba diciendo. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.
El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy el Grupo Popular presenta a esta Cámara una moción trampa. Es una moción
simulativa.
Presentan ustedes una moción que solo puede interpretarse de dos maneras, o, como decía la
señora Vindel, por dos motivos pero de verdad. La primera, el primero —como en el rugby—: una
patada a seguir para no abordar un problema de manera definitiva. ¿Y qué hacen? Adoptar una
medida vacía, una medida ineficaz, como es esta moción, trasladando el problema del aforamiento
a un futuro, a no se sabe cuándo. Una patada adelante para crear una ponencia. Ya saben aquello
—lo ha repetido algún senador anterior— de principios de siglo de si quieres que un problema no
se resuelva, crea una comisión. En este caso, creamos una ponencia.
Una segunda interpretación: una burla; una burla a esta Cámara, una burla al parlamentarismo
y un desprecio a los españoles. Hace quince días vivieron ustedes la soledad de la mayoría
manteniendo a toda costa un privilegio, lo cual fue rechazado por toda la oposición. Algo tenían que
hacer. Es cierto que la salida era un poco complicada, un poco difícil, y entonces dijeron: ¿Cómo
salimos de esta? Vamos a crear una ponencia. ¿Dónde creamos la ponencia? En la Comisión
Constitucional. ¿Y para qué creamos esa ponencia? Para salvar la cara —porque el sonrojo que
ustedes sufrieron se pasa rápido— y puedan decir a los españoles: el PP quiere reflexionar amplia
y profundamente sobre el conjunto de los afectados por el aforamiento.
Esto es falso, es un cuento y es un enredo, que es lo que ustedes pretenden: crear una
ponencia sin objetivos, sin tiempo, sin finalidad y sin compromisos para enredar, solo para enredar.
Esto es muy sencillo, señorías, esto se resuelve con un sí o con un no, sin cuestionar a ningún
tipo de institución. ¿Ustedes quieren acabar con el aforamiento, sí o no? ¿Quieren modificar la
Constitución, sí o no? Ustedes dijeron no hace quince días, porque se querían tapar detrás de
un burladero, como los malos toreros. Ustedes quieren que las prebendas se sigan manteniendo,
que si a un ciudadano de a pie, a un españolito normal y corriente le juzga un juez de instancia, a
nosotros, a los aforados, nos juzgue especial y excepcionalmente un tribunal superior.
Señorías, todos los grupos de la oposición les dijimos hace dos semanas que el aforamiento
era una anomalía, una excepción y una estrategia. Todos les dijimos que el aforamiento es un
privilegio que genera desigualdad porque altera las reglas de la competencia judicial penal objetiva,
funcional y territorial, y contradice —incluso ustedes algo dicen en la moción— su encaje con el
principio de igualdad ante la ley.
Senadora Vindel, la sociedad española, los ciudadanos, viendo lo que ven todos los días
—procesos judiciales largos, lentos, tediosos, donde los corruptos, por un lado, y los corruptores,
por otro, no tienen ningún problema en escudarse en un aforamiento—, están ya hartos de que
quedemos impunes ante estos delitos. Y esto no hace otra cosa que generar recelo y desconfianza
hacia nosotros. ¿Y ustedes qué hacen para evitar esto? Votar que no y proponer una ponencia.
Solo faltaba que nos propusieran que presidiera la ponencia la senadora Barberá; sería una idea
genial para todos.
Señorías, en España hay miles de aforados —ustedes hablan de 280 000 personas—,
aforados con diversas peculiaridades, aforados que se contraponen con los objetivos claros de la
regeneración democrática. Se lo dijimos en el pasado Pleno: este es el momento de plantearnos una
respuesta radical e inmediata, una respuesta de respeto a todos los ciudadanos y una respuesta
de consideración a todos los jueces predeterminados. La oposición en su conjunto apostó durante
el pasado Pleno por reformar la Constitución; apostó por acabar con esta situación comprometida;
apostó por eliminar de nuestro ordenamiento jurídico una situación anómala e injusta; apostó,
señorías, por evitar más indignación en nuestra sociedad. Ustedes no. Ustedes pretenden crear
una ponencia; eliminarlo no, estudiarlo. Señorías, el tiempo del estudio ha pasado. Es el momento
de tomar medidas, medidas reales, concretas y ciertas, porque cada día que pasa la desconfianza
de los ciudadanos aumenta, y eso está minando poco a poco nuestro sistema democrático. Ya se lo
planteábamos toda la oposición hace quince días: ¿Ustedes creen que la verdad es distinta según
te juzgue un juez de instrucción o un juez supremo? Señorías, ante la ley, todos somos iguales,
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sin privilegios, sin superiores, sin elegidos. Y aquí no vale decir —como ustedes pretenden— que
es una garantía, o una garantía de garantías, senadora Vindel. No. Lo que se gana aquí es una
desigualdad. Lo que no se quiere es renunciar a privilegios y, para eso, creamos una ponencia —y
sin pretender desvirtuar las ponencias—.
Ustedes hace quince días se retrataron y la foto salió muy movida. Hoy pretenden presentarnos
el negativo de esa foto. Pues los socialistas les decimos que no, sin situaciones intermedias de
abstención; les decimos que no, que no queremos patadas adelante ni burlas a la , ni desprecio a
los ciudadanos; que no queremos un trato preferente y que no queremos ser una excepción ante
el resto de los ciudadanos españoles; que no queremos crear disfunciones en el sistema judicial;
y que sí queremos ser respetuosos, muy respetuosos, con la igualdad; que sí queremos que en
nuestro país exista el libre derecho de acceso a la justicia. Por eso, señorías, por razones políticas,
por razones técnicas y, sobre todo, por razones de ecuanimidad, equidad y justicia debemos
acabar con los aforamientos, no utilizarlos para blindarnos o resguardarse bajo órganos judiciales
que puedan ser más o menos cómodos con el poder.
En estos momentos es absolutamente necesario ser claros y dar respuesta. No es necesaria
una ponencia ad futurum para acabar con este privilegio. ¿Queremos regenerar la vida política?
Hagámoslo; acabemos con esta situación injusta que supone un agravio para los ciudadanos. Si
todos estamos de acuerdo en que aforar es excepcionar, privilegiar y agravar —como ustedes
dicen— la percepción de un privilegio personal, si aforar es todo esto, acabemos con ello. No creen
una ponencia para estudiar; tomen decisiones para acabar con la excepción de unos pocos.
Señorías, ustedes lo conocen. Napoleón dijo: si quieres que algo se haga, encárgaselo a una
persona. Si quieres que algo no se haga, encárgaselo a un comité. Aquí tienen ustedes hombres
y mujeres de la oposición y también en su grupo —estoy seguro— que quieren que algo se haga:
que se supriman los aforamientos. Y allí, en la comisión, harán ustedes una ponencia porque
ustedes lo que de verdad quieren es que algo no se haga.
Votaremos en contra de su moción trampa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Esquerdo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Barreira.
La señora BARREIRA DIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy planteamos una iniciativa para que se haga; una iniciativa por la que queremos
imponernos una tarea, una obligación y cumplirla. Enredados no estamos; mejor dicho, otros son
los que enredan. Porque hace quince días debatimos sobre los aforamientos en esta Cámara, y
entonces los socialistas dejaron claro que pretendían hacer una escenificación; y hoy han vuelto a
dejar claro que pretenden continuarla y que suman a más en esta gran escenografía.
Nosotros proponemos hacer un esfuerzo para una revisión seria y sensata de los aforamientos.
Y, señorías, yo creo que ya basta de teatros. Vayamos ya a las tareas porque tenemos la ocasión de
cumplir —ya no digo con las propuestas del Partido Popular, porque sé que no les importan, incluso
hasta les ofenden—. Podemos cumplir con lo que es una demanda amplia, una demanda que nos
han hecho los ciudadanos, que incluso viene desde más atrás, de otras distintas instancias. Ya lo
planteaba el Tribunal Constitucional en sus sentencias cuando nos decía que el aforamiento está
inmerso en un marco jurídico muy confuso y que conviene una pronta actuación del legislador
para añadirle más seguridad jurídica. Si eso lo decía sobre los aforamientos parlamentarios hace
dos décadas, imagínense si les sumamos los 280 000 restantes. Imagínense la confusión. Por
eso se entiende tan bien que otras instancias, como el Consejo General del Poder Judicial o el
Consejo Fiscal, se hayan sumado a esta demanda y que el propio Tribunal Supremo lo haya hecho
también en sus sentencias. Además, en el Pleno anterior constatábamos aquí cierta coincidencia
entre todos los grupos para abordar esta tarea, pero eso parece haber desaparecido hoy. Hoy lo
que están haciendo es buscar coartadas para no apoyar esta medida, y no por su planteamiento
sino por su autoría —porque es del Grupo Parlamentario Popular—. Parece que estar de acuerdo
en el fondo, en que haya una motivación social, política y jurídica no es suficiente para ustedes,
que no es suficiente para superar las diferencias de forma para plantear una revisión completa
del aforamiento y una regulación coherente con todos ellos. Porque no puede ser materia ni de
retoques ni de parches, es una cuestión compleja y no admite planteamientos simplistas. El hecho
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de que sea una cuestión que se haya dilatado en el tiempo no quiere decir que ahora lo tengamos
que hacer sin ninguna reflexión; por que sea una reforma precisa no quiere decir que ahora lo
tengamos que hacer de forma precipitada.
Es necesario hacer un debate serio y acabar con tanta política de serial, tantas escenificaciones
y tantas escenografías como las que estamos viendo estos últimos días. Podemos hacer del
Parlamento de verdad la sede de este debate. Ustedes vienen aquí ahora a quejarse de las
comisiones, y a mí me gustaría recordar qué es lo que están haciendo en el Pleno. Me gustaría
recordar que están utilizando el Parlamento con meros fines propagandísticos porque plantean
ustedes iniciativas que no conducen a ninguna parte, que simplemente se dirigen a arremeter
contra el Partido Popular; plantean mociones que no se pueden cumplir porque al mismo tiempo
no le dan su confianza al Gobierno; plantean iniciativas o medidas sin medidas esta tarde: la
propuesta 25, de Podemos, sin presupuesto, la semana pasada la reforma de la Constitución sin
consenso; y así, etcétera. Lo peor, señorías, es que están absortos en un veletismo político, en
el que van a acabar por perder el norte, en tierra de nadie y desde luego intentando engañar a
todo el mundo con propuestas que saben que no se pueden cumplir y con pactos que saben que
no suman. Después de esto ahora dirán que nosotros venimos aquí a que se pierda el tiempo,
a que no se haga nada, a que esto no salga adelante. Nosotros venimos aquí a traer bases de
acuerdos económicos, sociales, institucionales; venimos a favorecer acuerdos, no a ahondar en
las distancias. Son otros los que están aquí más interesados en hacer una campaña para unas
elecciones que promueven y no en hacer mandatos para un gobierno que paralizan. Ese es el
problema que tenemos aquí. (Aplausos).
Nosotros no queremos perder el tiempo, pero no es cuestión de límites, es cuestión de
principios. Si vamos a la pérdida de tiempo, aquí se han perdido quince días, y se han perdido
quince días por responsabilidad del Grupo Parlamentario Socialista, porque si hubiera aceptado
nuestra enmienda en el Pleno anterior, ya estaríamos debatiendo sobre el plan de trabajo de esa
ponencia y no sobre la conveniencia de crearla. (Aplausos).
Nosotros todavía creemos que podemos llegar a acuerdos —no sería la primera vez y desde
luego no debería ser la última—. Hace así como quince años se abordó una primera reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tocaba los aforamientos, por acuerdo de todos los grupos
de esta Cámara, con una exposición de motivos común, donde se explicaba el problema de
esas denuncias, de esas querellas interesadas que pretenden exponer a ciertos aforados a los
suplicatorios. Esa reforma se aprobó en apenas cuatro meses y se publicó en el BOE. Es una
lástima que otras reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no hayan encontrado su apoyo
y ahora simplemente pidan su derogación porque pretenden derogar toda la legislatura anterior,
recuperación incluida. Ese es el problema.
Nosotros creemos que se puede hacer esta ponencia, y que eso ya será hacer algo más
que lo que han hecho ustedes. Además, podemos plantear esta limitación desde un punto de
vista coherente. Hay una limitación que conviene hacer ya, una limitación conceptual: separar
el concepto de aforamiento del concepto de privilegio y del concepto de impunidad. No es un
privilegio, una prerrogativa que no es renunciable, y no es impune quien es juzgado por el más alto
tribunal. No es el aforamiento una prebenda individual ni es motivo para una sospecha generalizada.
Cuestión distinta es que el aforamiento se haya extendido en demasía y que convenga limitarlo.
Nosotros tenemos la voluntad de hacerlo y tenemos las bases para hacerlo: las sentencias del
Tribunal Constitucional y las recomendaciones que nos han hecho distintas instancias. Diría que
también los programas electorales de distintos partidos, pero eso es más difícil porque, hasta
ahora, socialistas y Podemos coincidían en hacer una limitación funcional, y ahora no; ni con ellos
mismos, por desgracia; ni entre ellos, para nuestro bien.
Tenemos que seguir avanzando y tenemos que ver qué tipo de aforamientos podemos
conservar y cuáles conviene acotar. Podemos ver si planteamos una reforma desde el punto de
vista del alcance, del número de afectados, del tipo de delitos, del ejercicio de las funciones. Y,
según la amplitud que nos fijemos, serán distintas las reformas que nos tengamos que plantear,
que sea o no una reforma constitucional o incluso de leyes preconstitucionales. Lo que debemos
hacer es valorar la limitación del aforamiento, no solo desde el punto de vista del contexto político
sino desde el punto de vista del marco jurídico, porque el ordenamiento jurídico funciona como un
todo equilibrado y la regulación procesal muy en particular. Tendremos que valorar también las
iniciativas que se están planteando desde las comunidades autónomas, no para dirigirlas desde
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aquí —como pretenden hacer los socialistas, que en su viaje al centro se están convirtiendo en
centralistas— sino para favorecer una coherencia, como la que deberían mantener los señores de
Canarias, que votaron en contra de esa limitación de los aforamientos en el Parlamento canario.
Señoría, creo que no hay ninguna forma más clara de afirmar la independencia de la justicia
que promover la eliminación de los aforamientos. (Se lo aclaro por si tenía alguna duda, que no
me extraña que tuviera alguna, teniendo en cuenta las propuestas que hizo su grupo, teniendo en
cuenta esa policía dirigida por el vicepresidente del Gobierno y esos nombramientos de fiscales
cercanos al Gobierno del cambio). (Aplausos). Yo sé que lo han corregido; lo sé. (Aplausos). Sé
que lo han corregido, pero conviene recordarlo aquí no porque no sepamos lo que quieren ustedes
—lo sabemos muy bien—, sino para que lo sepan los que pretenden pactar con ustedes, que
parece que no lo tienen claro. (Aplausos).
Por lo tanto, señorías —vamos a lo serio—, creemos que es posible abordar esta reforma,
ponernos a trabajar, hacerlo cuanto antes y hacerlo donde corresponde. Creemos que podemos
trabajar juntos en algo que nos afecta a todos. Creemos que tenemos la ocasión de demostrarlo,
de no hacer gestos, sino hechos; de demostrar que estamos aquí para resolver los problemas de
la gente y no para crear problemas entre partidos; de demostrar o, mejor dicho, de que ustedes se
mojen y dejen de salpicar con acusaciones a los demás con escenificaciones en primer plano, con
acusaciones siempre en tercera persona. Dejen de salpicar y mójense. El problema es que vemos
que no están dispuestos a hacerlo. Lamento profundamente su indisposición a trabajar, lo lamento
profundamente, pero no voy a decir aquí, como han hecho otros, que votar en contra o abstenerse
en esta moción es votar en contra de eliminar los aforamientos; no voy a caer en eso. Lamento que
la imagen que trasladen a los ciudadanos sea la aversión a hacer nuestro trabajo, a reflexionar, a
debatir, a llegar a acuerdos, lamento profundamente esa imagen, porque es la que provoca que el
ejercicio de nuestras funciones sea percibido como un privilegio y no como una obligación.
En cualquier caso, creo que la reflexión que vamos a iniciar en esta ponencia no sería la única
que deberían hacer muchos grupos en lo que queda de mes. Sería bueno para todos y, desde
luego, sería bueno para el país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Barreira.
Llamo a votación. (Pausa).
Cierren las puertas.
Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular con la incorporación de la
enmienda aceptada del senador Yanguas, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 258; votos emitidos, 258; a
favor, 142; en contra, 94; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda aprobada.
3.2.
MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RESTABLECER LA UNIVERSALIZACIÓN
DEL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA Y A LA RECUPERACIÓN DEL SISTEMA
PÚBLICO DE SANIDAD.
(Núm. exp. 662/000012)
AUTOR: GPS
El señor presidente da lectura al punto 3.2.
El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado siete enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de la senadora Julios y del senador Rodríguez Cejas; una del
Grupo Parlamentario Democracia y Libertad; y cinco del Grupo Parlamentario Podemos-En ComúCompromís-En Marea.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el senador
Martínez Olmos. (Rumores).
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Señorías, guarden silencio, por favor. (Continúan los rumores). Senador Martínez Olmos,
espere un momento.
Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa).
Cuando quiera, señoría.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de subir a esta tribuna por primera
vez como senador para defender una moción en la que el Grupo Parlamentario Socialista plantea
en la Cámara básicamente la necesidad de recuperar el carácter universal del Sistema Nacional
de Salud, pero también la de impulsar medidas que garanticen su suficiencia, su fortalecimiento y
sobre todo su sostenibilidad. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).
Desgraciadamente los datos demuestran que estos últimos cuatro años han sido cuatro
años perdidos para la gente, perdidos para elementos del Estado del bienestar y perdidos para
la sanidad. Fíjense si puedo argumentarles esta afirmación —que además es asumida por
muchísimos colectivos tanto profesionales como de pacientes—, si vemos que después de cuatro
años de gobierno del Partido Popular la sanidad pública española tiene 30 000 profesionales
menos, y si vemos que tiene en los presupuestos más de 20 000 millones de euros acumulados
de recortes, 28 000 millones de euros de deuda acumulada, que si bien es cierto que ha sido
posible asumirla mediante el FLA, no deja de ser déficit, no dejan de ser dificultades que han
tenido las comunidades autónomas por las decisiones del Gobierno para poder asumir el pago a
los proveedores y el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud. Han pasado prácticamente
cuatro años —la semana próxima se cumple el cuarto aniversario del Real Decreto Ley 16/2012—
desde que el Gobierno instauró un copago farmacéutico a los pensionistas, que en muchos casos,
como ya se ha argumentado por organizaciones profesionales y por partidos políticos, perjudica a
personas que tienen unos ingresos bajos y que en la situación de crisis que hemos vivido se han
visto obligados a atender a sus familiares, hijos y nietos, por lo que en determinados momentos han
tenido que decidir entre comer o pagar los medicamentos, optando por lo primero, y han dejado
de tener sus medicamentos debido al copago farmacéutico que se ha impuesto por parte del
Gobierno. Con este real decreto-ley se decidió acabar con algo que tenía un consenso amplísimo,
no solamente ante la ciudadanía sino también en las Cortes Generales, como era el hecho de que
la sanidad fuera universal. Este real decreto-ley cambió el artículo 3 de la Ley de cohesión y calidad
del año 2003, que fue un pacto que hicimos entre el Partido Socialista y el Gobierno Popular de
entonces para que ese artículo reconociera la sanidad como un derecho de todos los ciudadanos,
los residentes, los españoles y, por tanto, fuera una sanidad universal. Y el real decreto-ley acabó
con esta cuestión gracias a que las comunidades autónomas, especialmente las socialistas, y no
solo ellas, Andalucía, Asturias, Valencia, Castilla-La Mancha y Extremadura, y también el País
Vasco y Cataluña han asumido dar cobertura a las personas que residen en su territorio. El impacto
que ha tenido esta pérdida de la universalidad ha sido menor del que hubiera sido consecuencia
de esta injusta e inhumana decisión. Y a pesar de eso, España hoy no tiene un sistema universal.
No, no lo tiene porque hay personas que están en España residiendo y que no pueden ir al médico
por el derecho de ser personas que viven en España: los inmigrantes en situación irregular que
trabajan en España aunque no tienen contrato no tienen derecho en ese caso. Y cuando enferma
una persona, se complica su enfermedad y se vuelve crónica, que no puede ser atendida porque
el enfermo no tiene ese derecho. Pero como sí lo tiene para ir a las urgencias hospitalarias, se le
atiende allí a causa de una enfermedad que podría haber sido evitada o prevenida y que incluso
nos cuesta más dinero atender en ese escalón asistencial. Algo que han denunciado todas las
organizaciones profesionales, los médicos, las enfermeras, los sindicatos, las organizaciones no
gubernamentales. Algo que es absolutamente claro para la inmensa mayoría y que las señorías
del Partido Popular no quieren reconocer. Otro dato objetivo: Antes la sanidad era universal por
ser ciudadano. Uno tenía derecho. Hoy, hay que estar asegurado para tener ese derecho. Es un
cambio de modelo que nosotros les reprochamos siempre que hemos tenido ocasión de debatir
con ustedes.
Pero también esta ha sido una legislatura donde se ha demostrado que las innovaciones han
entrado con dificultad cuando han supuesto avances importantes. Por ejemplo, las terapias de la
hepatitis C han sido un ejemplo de lo que no debe ser una política sanitaria, de lo que no debe
ser una política de recortes, pues costó prácticamente un año y montones de movilizaciones y
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de reivindicaciones conseguir que, finalmente, esto fuera un elemento aprobado en el conjunto
del Sistema Nacional de Salud. Bien que de una manera tardía, de una manera que obligaba,
lógicamente, a las comunidades autónomas a dar esta prestación, habiéndose demostrado ahora
que sin la dotación presupuestaria correspondiente, supone una carga económica para el conjunto
de las comunidades autónomas que hace que se dejen de hacer otras actividades en el conjunto
del Sistema Nacional de Salud, haciendo que este se siga desequilibrando.
Por lo tanto, de alguna manera está claro que al Partido Popular la sanidad pública no le ha
importado nada. Hay dos ejemplos que lo pueden demostrar claramente. Uno se llama Ana Mato.
No hay que decir nada más. No hay que decir nada más. (Rumores). Otro es el actual ministro de
Sanidad, que está pensando más en ser candidato a lehendakari, cosa que a mí me alegra mucho
porque creo que es un gran político, pero que demuestra que no está centrado en el Sistema
Nacional de Salud. Ana Mato y señor Alonso. Dos ejemplos claros de lo que le importa al Partido
Popular la sanidad pública.
Pero, fíjense, ¿por qué es importante que hagamos un esfuerzo por fortalecer la sanidad
pública? Lo primero, porque es algo que quiere la inmensa mayoría de la ciudadanía española.
Y es un problema que hoy preocupa a la inmensa mayoría de la ciudadanía española. Desde el
año 2012 y por primera vez en la historia de la democracia, cuando el Centro de Investigaciones
Sociológicas nos trae cada mes o cada dos meses datos de la situación, de lo que opina la
ciudadanía sobre diferentes asuntos, por primera vez aparece la sanidad como una preocupación
de la ciudadanía. Nunca antes había aparecido como una preocupación de la ciudadanía.
En segundo lugar, porque estaríamos hablando de un derecho básico, que nos iguala a todas
las personas. Y, por lo tanto, hay que hacer posible que eso sea una realidad en un sistema
sostenible que, además, genera igualdad, cohesión territorial y sentido de pertenencia a un Estado,
a una nación, que merece la pena. Por consiguiente, es algo en lo que deberíamos estar todos de
acuerdo, pero, desgraciadamente, el Partido Popular da prueba de nuevo de que no le importa la
sanidad pública.
Pero, incluso desde el punto de vista de lo que supone como inversión, económicamente
hablando, la sanidad pública, se ha demostrado que por cada euro invertido retorna a la economía
entre cuatro y seis euros. En modo de empleo estamos hablando de la principal empresa que
crea empleo en España, en torno a 1 200 000 trabajadores, que trabajan directa o indirectamente
en el sistema. Por la inversión que se hace en I+D+i. Por el hecho de que hay detrás montones
de organizaciones que generan también investigación biomédica y que apoyan, desde luego, el
fortalecimiento de la capacidad de actuar ante un elemento tan importante como es la protección
a la salud.
Hoy se ha celebrado en el Congreso de los Diputados un foro de profesionales de atención
primaria, porque hoy es el día en que ellos han decidido que se celebre la conmemoración de la
importancia que tiene la atención primaria para el sistema sanitario, para la ciudadanía, y nos han
vuelto a recordar la importancia de apostar, de invertir, de hacer posible que la sanidad sea una
sanidad pública y universal. Esto es algo que está calando en el conjunto de los profesionales. Este
deterioro del sistema sanitario, en muchas ocasiones, se traduce en que la ciudadanía, cuando se
mueve dentro del territorio nacional, de una comunidad autónoma a otra, no encuentra respuesta
a problemas tan simples como retirar los medicamentos en las farmacias. Hay más barreras
que nunca. Este es el balance del Partido Popular, desgraciadamente; les guste o no, son datos
objetivos.
En este momento, cuando claramente hay necesidad de cambio, cuando hay posibilidades
de hacer realidad el que la sanidad sea más fuerte porque la inmensa mayoría de las fuerzas
parlamentarias y de las organizaciones profesionales y sociales, como les he dicho, están detrás
de esta iniciativa, tenemos la oportunidad de hacer ver a la ciudadanía que en las Cámaras, en este
caso en el Senado, nos importa el Sistema Nacional de Salud. Tiene mucho más sentido debatirlo
en el Senado porque tenemos un Sistema Nacional de Salud con una amplia descentralización;
las comunidades autónomas están sufriendo una política equivocada, por parte del Gobierno, en
estos últimos cuatro años.
En primer lugar, hay una falta de financiación suficiente. Desde el año 2009, el sistema
de financiación autonómico está vigente, no se ha reformado ni modificado a pesar de que el
señor Rajoy comprometió que lo iba a hacer en la pasada legislatura. Repito, la financiación es
insuficiente. Además, la financiación no es equitativa porque hay comunidades que reciben más
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recursos que otras. Por lo tanto, es importante afrontar esta cuestión y en esta moción que el
Grupo Socialista presenta, donde propone un sistema sanitario fuerte, creemos que también hay
que reforzar la financiación para hacer posible esa equidad que tanto estamos deseando en este
país que tenga el Sistema Nacional de Salud.
En segundo lugar, es importante afrontar los desafíos que tiene la cronicidad de las
enfermedades, a través de los avances científicos, de la mejor capacidad que tiene hoy la medicina
para afrontar los problemas de salud. Eso ha hecho, junto al envejecimiento de la población, que
el sistema sanitario, especialmente la atención primaria pero también el sistema social, tenga que
atender elementos propios de pacientes crónicos con una organización diferente, incluso con
innovaciones organizativas. Eso requiere una reflexión, una inversión, un empuje importante para
hacer posible que la sanidad responda a ese desafío.
Y, en tercer lugar, los profesionales sanitarios, que hay que reconocerles que en este periodo
de crisis han hecho un enorme esfuerzo, a pesar de los recortes y las dificultades, para que el
impacto en la población sea el menor posible gracias a su compromiso y su trabajo, nos están
demandando que hagamos un esfuerzo por fortalecer la sanidad pública.
De alguna manera, creo que estamos ante una obligación para hacer posible que demos el
salto. No es razonable pensar y aceptar que, en el futuro, el hipotético recorte que habría que
darle a las cuentas públicas por el desfase del déficit público, que la semana pasada nos anunció
el señor Montoro, recayera sobre la sanidad. Porque hoy hay que señalar que la sanidad pública
invierte en torno a un 5,5 % del producto interior bruto, con el recorte se ha quedado en ese 5,5 %
del producto interior bruto, que supone alrededor de tres puntos menos que el resto de la Unión
Europea. Por lo tanto, es una sanidad que, desde el punto de vista de la eficiencia, es barata y no
serían justificables nuevos recortes porque no daríamos capacidad de respuesta a las necesidades
que tiene esa sanidad pública.
Por eso, es importante atender una demanda amplia y, desde hace tiempo, es un clamor
de la sociedad, de las organizaciones profesionales, como es hacer que el sistema sanitario sea
un sistema público, universal, gratuito en el momento de uso, con equidad y, por lo tanto, un
sistema fuerte, del que nos podamos sentir orgullosos todos y todas en este país. Al ser un sistema
sanitario descentralizado y al tener las comunidades autónomas una enorme responsabilidad en
el éxito que ha habido históricamente en estos últimos cuarenta años en la construcción de este
sistema sanitario, nosotros planteamos en esta moción que sea en el Consejo Interterritorial, con el
acuerdo de las comunidades autónomas, donde se definan estos nuevos elementos que impulsen
una sanidad pública que dé respuesta a la demanda del conjunto de la sociedad.
Señorías, sé que el Partido Popular no va a apoyar esto porque toda la legislatura pasada se
resume en un no, n-o, a todo lo que supusiera una reforma para que el funcionamiento del sistema
sanitario fuera como se merece la ciudadanía. Pero también le tengo que decir que más pronto
que tarde la sanidad española será universal porque ustedes van a perder esta batalla, como la
perdieron ya hace varias semanas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Martínez Olmos.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes nuevamente, señorías. Compartimos la iniciativa que nos ha planteado el
Grupo Parlamentario Socialista y también gran parte de la exposición del senador Martínez Olmos,
al que doy la bienvenida en esta su primera intervención en el Senado.
Desde luego que si por algo va a pasar a la historia el Gobierno del Partido Popular de la
anterior legislatura es precisamente por el desmantelamiento del Estado del bienestar y, de forma
especial, por la contrarreforma que se ha llevado a cabo en nuestro modelo sanitario público;
un modelo, paradigma del Sistema Nacional de Salud, que el Gobierno del Partido Popular ha
involucionado hacia el modelo del cual venía, el de la Seguridad Social, en definitiva, repito, una
auténtica involución.
Como bien ha dicho el senador Martínez Olmos, el Real Decreto Ley 16/2012 destrozó un
largo proceso de consenso que habíamos construido entre todos en España, que había permitido
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alcanzar uno de los modelos sanitarios más valorados a nivel internacional, estable, solidario,
basado en un conjunto de leyes que había sido objeto de un amplio consenso en España; leyes,
que se aprobaron en su momento por gobiernos del Partido Socialista, como la de cohesión y
calidad, promovidas por el Partido Popular, que tenían un amplio consenso y respaldo social y
profesional en España, que además expresaban una de las conquistas más importantes de la
ciudadanía en nuestra democracia, un sistema sanitario público.
Desgraciadamente, todo eso ha sido en gran parte desmantelado. Claro que se necesitaban
reformas en el sistema sanitario público, se necesitaban desde el siglo pasado, para emprender
el camino de la sostenibilidad, y lo lógico es que el grupo, el Partido Popular y el Gobierno del
Partido Popular en un momento de crisis hubiera iniciado el camino hacia un pacto de Estado
para garantizar las prestaciones, garantizando asimismo la sostenibilidad. Pero fue por el camino
de pérdida de derechos del ciudadano y de poner en marcha toda una maquinaria de recortes y
pérdida de la universalidad. Ese es el camino que emprendió el Partido Popular y que el próximo
Gobierno tendrá que rehacer de nuevo.
Señorías, la contrarreforma ha generado que se abandone el carácter universal del Sistema
Nacional de Salud, que se incremente el copago, especialmente centrándose, como bien se ha
dicho, en las personas más vulnerables en momentos de crisis: pensionistas, mayores, personas
con enfermedades crónicas, etcétera.
En esta línea, presentamos esta enmienda de adición al texto que ustedes plantean en la que
queremos añadir un párrafo para iniciar con urgencia el necesario proceso de diálogo y consenso
para reformar el actual modelo de financiación, y garantizar una financiación por habitante que
sea justa, solidaria, para que todas las comunidades autónomas puedan mejorar las prestaciones
esenciales del Sistema Nacional de Salud. Es la única forma que tenemos de avanzar para que haya
una equidad en el acceso. Y para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan derecho
a un acceso igualitario a un sistema público, es necesario y urgente reformar el actual sistema de
financiación porque, como bien se ha dicho, desde 2014, el Gobierno de España estaba obligado
a revisarlo, y estamos en 2016. Entendemos que estamos en una situación de desigualdad. En la
legislatura que acaba de terminar no se ha avanzado en cohesión social ni territorial; al contrario,
hemos incrementado la descohesión territorial y, por supuesto, hemos aumentado en desigualdad y
en descohesión social. Por ello, compartimos la iniciativa presentada y planteamos esta enmienda
porque entendemos que para recuperar esa equidad y universalidad es necesario que todas las
comunidades tengan las mismas condiciones; al menos, que la financiación por habitante para los
servicios públicos tenga un sentido justo y solidario, que no es lo que tenemos en estos momentos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Democràcia i Llibertat, tiene la palabra la
senadora Rivero.
La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.
Bona tarda, senyories. Senador Martínez, fer-li constar que nosaltres estem absolutament
d’acord amb la seva moció. Amb la part expositiva de la seva moció i també amb bona part de les
reflexions que vostè ha fet aquí, per tal de defensar-la. Dit això, i dit que el Grup de Democràcia i
Llibertat està absolutament d’acord amb què cal restablir la universalitat de la cobertura del Sistema
Nacional de Salut, ens hem permès fer una esmena que pensem que, més enllà de desvirtuar
la seva moció, el que fa és enriquir-la o, si més no, donar-li algun matís que pensàvem que, al
nostre parer, mancava. D’una banda, en la seva proposta dispositiva, vostè, o el seu grup, ens
proposa, —i llegeixo literalment—: el Senado insta al gobierno a reestablecer la universalidad de
la cobertura del sistema nacional de salud y, procurando el consenso. Nosaltres aquí hem afegit:
y con el consenso perquè, senyoria, procurando el consenso és com procurando el diálogo, seria
com tractar una úlcera. Si hi ha forat hi ha úlcera i, si no hi ha forat, no hi ha úlcera. Per tant, o hi ha
o no hi ha consens. I en el nostre cas, el consens aquí és primordial. El fet de dir que es procurarà,
no ens el garanteix. Per tant, aquest és un dels nostres matisos.
Per altra banda, veuran també que, quan vostès parlen de reformar la legislación sanitaria,
nosaltres també ho hem esmenat en el sentit del seu finançament. Per què? Perquè és clar que,
per reformar la legislació sanitària en aquest sentit, s’ha de fer un replantejament i s’ha d’estudiar
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també el finançament que en aquests moments sabem que no és just, no és proporcionat, i que
posa les comunitats autònomes sempre en una situació compromesa. Per tant, aquí també això.
I, després, ens han permès afegir que el sistema debe garantizar en todo caso que toda nueva
prestación, que se incorpore a la citada cartera común, vaya acompañada de su correspondiente
dotación presupuestaria por parte de la Administración Central. Escolti’m, els estudis del sector
apunten a que cal garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut i que, per a garantir-la, el
que cal és planificació, redistribució i no pas deixar persones fora del sistema.
Respecte a la cartera bàsica, també cal avaluar-la constantment, estudiant i adaptant la realitat
actual i els nous procediments que hi ha, que en alguns casos es pot optimitzar-la millor i donar-li
més rendiment. Cal —i vostè ho sap— augmentar el PIB destinat a sanitat, si més no amb un 1,6 %
de punts, per estar, com a mínim, al nivell dels països que ens envolten.
Cal consensos no procurats, efectius, en aquest sentit, i cal, com no, començar per revisar el
finançament de les comunitats autònomes. Vostès ho han dit, el senyor Montoro ve aquí, ens renya,
com si fóssim nens petits irresponsables, i sembla que un ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques de l’Estat espanyol no tingui cap responsabilitat a l’hora de donar les xifres del desviament
de dèficit. Per tant, jo penso que, si més no, i com a mínim, hi ha una coresponsabilitat que el
ministre hauria d’assumir. I, ja els dic, pensem que caldria revisar el finançament de les comunitats
autònomes. És una cosa que ja s’havia d’haver fet la legislatura anterior, es va anunciar, es va dir
que calia, però no es va abordar.
Per tant, amb totes aquestes coses pendents, com a mínim hem volgut apuntar que, si en
aquests moments, determinem algun altre servei dins la cartera bàsica, com a mínim que aquest
nou servei vingui dotat del seu corresponent finançament.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Senador Martínez, quiero dejar constancia de que nosotros estamos
totalmente de acuerdo con la parte expositiva de su moción y también con buena parte de las
reflexiones que usted ha hecho aquí para defenderla. Dicho esto, quiero decir que el Grupo de
Democràcia i Llibertat está de acuerdo con que hay que restablecer la universalidad de la cobertura
del Sistema Nacional de Salud y, por ello, hemos presentado una enmienda que pensamos que,
más allá de desvirtuar su moción, lo que hace es enriquecerla o darle algún matiz que, a nuestro
parecer, le faltaba. Por un lado, en su parte expositiva, su grupo propone —y leo literalmente—:
el Senado insta al Gobierno a restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional
de Salud y procurando el consenso. En este punto, nosotros hemos añadido: Y con el consenso.
Porque, señoría, procurar el consenso es como procurar el diálogo; de hecho, aquí se tendría que
tratar como una úlcera. Si hay agujero, hay úlcera, y si no, no. Así que, hay o no hay consenso,
y para nosotros el consenso es primordial. El hecho de decir que se va a procurar no nos lo
garantiza, y en este sentido va dirigido uno de nuestros matices.
Por otro lado, ustedes hablan de reformar la legislación sanitaria, y nosotros hemos enmendado
este punto y hemos señalado que también se reforme su financiación, porque está claro que para
reformar la legislación sanitaria en este sentido se tiene que hacer un replanteamiento y estudiar
también la financiación, que en estos momentos sabemos que no es proporcionada ni justa, y que
siempre pone a las comunidades autónomas en una situación comprometida. También hemos
añadido que el sistema debe garantizar, en todo caso, que toda nueva prestación que se incorpora
a la citada cartera común vaya acompañada de su correspondiente dotación presupuestaria de
la Administración Central. Señorías, los estudios del sector apuntan a que hay que garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y, para ello, lo que hay que hacer es planificar,
redistribuir y no dejar personas fuera del sistema.
En cuanto a la cartera básica, también hay que reevaluarla constantemente, estudiando
la realidad actual en los nuevos procedimientos existentes que, en algunos casos, se podrían
optimizar y dar mayor rentabilidad. Es necesario —y usted lo sabe— aumentar el PIB destinado a
Sanidad, un 1,6 % para alcanzar, al menos, el nivel de los países que nos rodean.
Hacen falta consensos no procurados sino efectivos en este sentido y empezar por revisar la
financiación de las comunidades autónomas. Ustedes lo han dicho, el señor Montoro viene aquí,
nos riñe como si fuéramos niños pequeños e irresponsables y parece que un ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas del Estado español no tenga ninguna responsabilidad a la hora de dar
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las cifras del desvío del déficit y existe una corresponsabilidad que el ministro tendría que asumir.
Nosotros pensamos que habría que revisar la financiación de las comunidades autónomas, es algo
que ya se tendría que haber hecho en la legislatura pasada, se anunció, se dijo que era necesaria,
pero no se abordó.
Con todo eso pendiente, hemos querido apuntar que si en estos momentos determinamos
algún otro servicio dentro de la cartera básica, por lo menos que este nuevo servicio venga dotado
de su correspondiente financiación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Rivero.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú-Compromís-En
Marea, tiene la palabra la señora Palencia.
La señora PALENCIA GARCÍA: Eskerrik asko, presidente jauna.
Señorías, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista la presentación de esta moción
sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública y la recuperación del sistema
público de sanidad, por la oportunidad que da a esta Cámara de hablar de uno de los problemas
que más preocupan e interesan a la ciudadanía, como es el derecho a la protección de la salud. El
cambio producido por el resultado de las últimas elecciones generales nos da otras oportunidades,
como es que hoy en esta Cámara se dirija a ustedes una senadora que viene directamente de
trabajar en un hospital de la sanidad pública, lo que se traduce en que hoy les está hablando
alguien que ha sufrido las consecuencias de los recortes producidos en sanidad en primera
persona, en forma de empeoramiento de condiciones laborales y reducción de medios y recursos
sanitarios, pero lo que es peor, señorías, en segunda persona, siendo testigo privilegiado de cómo
estos recortes afectan y producen un sufrimiento a veces terrible e irreversible y siempre injusto a
los pacientes y sus familias. La sanidad y el derecho a la protección de la salud es una prioridad
para Podemos, tanto es así que eliminar las trabas en el acceso de la población a los servicios
de salud y a los tratamientos necesarios conforma el título I de la primera ley que Podemos ha
presentado en esta legislatura y que esta misma tarde se está debatiendo en el Congreso de los
Diputados. Se trata de la ley de emergencia social, y la hemos llamado así porque creemos que
es una verdadera urgencia restablecer el acceso universal a la tarjeta sanitaria, también para las
personas residentes en situación irregular, y la eliminación de los copagos, que han introducido el
concepto de pobreza farmacéutica en nuestro país. La universalización de la asistencia sanitaria
es ante todo un ejercicio de justicia y eficiencia y favorece la cohesión social. No se pueden poner
impuestos a la enfermedad, no se puede recaudar y gravar la enfermedad castigando al que más
enfermo esté.
Nuestro grupo ha presentado cinco enmiendas a esta moción, la primera de ellas referente
a este punto de la tarjeta sanitaria y del copago. La moción presentada por el Grupo Socialista
es políticamente correcta pero poco precisa, cuando hablan de legislar no dicen cómo. ¿Estarían
dispuestos a derogar la Ley 15/1997, de nuevas formas de gestión en sanidad, cuya aprobación
con votos de PSOE, de PP, de PNV, CiU y Coalición Canaria abrió el camino legal que permitía
transformar el sector público sanitario en un mercado? ¿Están dispuestos a comprometerse
con una ley general de salud pública? En este sentido, otra de las enmiendas a la moción, que
deseamos tenga en cuenta el Grupo Socialista, es que para restablecer la universalidad de la
cobertura del Sistema Nacional de Salud es urgente derogar el Real Decreto-ley 16/2012, llamado
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pero conocido
públicamente como el decreto de la restricción de la tarjeta sanitaria y la implantación del copago
de medicamentos. Del mismo modo, urge el aumento del gasto sanitario público para revertir los
recortes y retomar la senda de la convergencia en financiación de la sanidad con los países de la
Eurozona.
Señorías, desde el año 2011 los gobiernos, primero del PSOE y luego del Partido Popular, han
recortado el gasto en sanidad en un 6,14 %, que, en términos relativos al PIB, llega a ser del 20 %
en los últimos cuatro años. Es necesario incrementar las partidas dedicadas a sanidad si queremos
dar una cobertura digna y de calidad a toda la ciudadanía. Por eso creemos que tenemos que ir
más lejos, y para ello proponemos el blindaje constitucional del derecho universal a la protección
de la salud como derecho fundamental, modificando el artículo 53 de la Constitución española para
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equiparar los derechos económicos, sociales y culturales a los derechos civiles y políticos. Todo
esto, procurando el consenso con el máximo de fuerzas parlamentarias, comunidades autónomas,
entidades locales, profesionales sanitarios, y usuarios y pacientes. Quisiera destacar que en la
moción presentada no se hace referencia ni al papel de las entidades locales ni a los profesionales
y usuarios, algo que creemos debería estar en el centro de las soluciones que se planteen.
Con este blindaje constitucional se garantiza la provisión de medios y recursos suficientes para
asegurar la sostenibilidad, fundamentada en la investigación, la innovación, la aplicación de TIC y
la transparencia de un sistema sanitario público, universal, de calidad, gratuito, con equidad en el
acceso por parte de los ciudadanos, activo frente a la discriminación por género, por discapacidad,
por edad, por lugar de nacimiento o situación socioeconómica. Algunos de estos temas no aparecen
tampoco en la moción presentada y sabemos que hay muchas personas pendientes de que se
toquen para poder, por fin, tener acceso real a la sanidad, y que así la universalización sea efectiva,
y no solo de palabra, porque no basta con desearla, sino que hay que hacerla.
Por eso les pido hoy valentía para impulsar este cambio constitucional, con luz y taquígrafos,
contando con todos los agentes involucrados, sin olvidarnos de la necesidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, vaya terminando.
La señora PALENCIA GARCÍA: ... de anular las limitaciones sobre nuestra capacidad de
financiación, que se producen a tenor de la modificación del artículo 135 de la Constitución,
realizadas así, con agostidad y alevosía.
Por último ya, quiero dedicar unos segundos a denunciar la situación, el trato y las condiciones
inhumanas —también sanitarias— que están sufriendo los refugiados, familias que escapan de
la guerra, del terrorismo y la represión, en el mayor drama migratorio desde la Segunda Guerra
Mundial, y que nuestro Gobierno, junto a la Unión Europea, está siendo incapaz de resolver
mínimamente.
Mila esker, gure proposamenak kontuan hartzeagatik. Gracias por tomar en consideración
nuestra propuesta. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso.): Muchas gracias senadora Palencia.
Para manifestar la aceptación o no de las enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.
Agradezco a los grupos la presentación de las enmiendas y voy a comentar la posición del
Grupo Socialista. En relación con la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Mixto, estamos
totalmente de acuerdo en aceptarla e incorporarla al texto de la moción. También agradezco a la
señora Julios su intervención.
Igualmente, aceptamos la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Democracia y
Libertad, porque creo que enriquece y concreta también el planteamiento que hacemos.
En relación con las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Podemos-En ComúCompromís-En Marea, hay una enmienda, la 8972, que creemos que tiene un problema de redacción
y, por lo tanto, no la vamos a aceptar. Lo he comentado con la portavoz para que entienda nuestra
posición. El resto de las enmiendas nos parecen aceptables. Pero sí me gustaría hacerles un par
de reflexiones. Una tiene que ver con su afirmación de que, desde 2011, los gobiernos socialistas,
y posteriormente el Gobierno Popular, hicieron un recorte en los presupuestos sanitarios. Me
gustaría poner en valor que el recorte al presupuesto sanitario que se hizo en el año 2011 fue una
rebaja del precio de los medicamentos exclusivamente: 2500 millones de euros. Por lo tanto, hay
dos maneras de recortar: una, recortando derechos y otra recortando gasto. Me parece importante
señalarlas porque tengo que reivindicar que mi grupo parlamentario es uno de los principales
protagonistas —no el único— de que hoy tengamos una sanidad pública, aunque hoy esté algo
deteriorada.
Se van a cumplir ahora treinta años de la Ley General de Sanidad, llevada adelante por un
Gobierno socialista y apoyada firmemente por el ministro tristemente asesinado Ernest Lluch.
Y una segunda cuestión, que es una reflexión —fíjense como hay una base importante para
el acuerdo—: de haber un Gobierno de cambio Podemos-PSOE-Ciudadanos, mañana podríamos
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tener sanidad universal; mañana podríamos derogar la Ley 15/1997. (Rumores). Sí, sí. Mañana
podríamos hacer realidad una sanidad diferente. (Aplausos).
Habrá que explicarle a la gente por qué mañana siguen gobernando aquellos señores, aunque
sea en funciones, y no tenemos lo que tanto aspiramos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Martínez Olmos.
Turno en contra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mendiola.
La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Hemos asistido en esta Cámara a múltiples debates en relación
al Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud, y hoy nos vuelven a traer una moción reiterativa con una clara voluntad de no
llegar a ningún tipo de acuerdo, con una exposición de motivos sesgada, errónea y malintencionada.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a votar en contra.
Señorías, llevan cuatro años, desde la oposición, diciendo que el Gobierno del Partido Popular
tiene como única voluntad desmantelar el Sistema Nacional de Salud, y su discurso ha resultado
ser muy frágil porque las cifras y los hechos son tozudos y no hacen más que ponerles en evidencia.
El Gobierno de Mariano Rajoy impulsó en el año 2012 una reforma sanitaria que ha sido
profundamente útil para la sanidad de nuestro país, que ha sido eficaz en términos de salud, que
ha sido eficiente en términos económicos y que ha permitido que en estos momentos pensemos
en una sanidad para nuestros hijos y para nuestros nietos viable, sostenible y cada vez de mayor
calidad. La reforma sanitaria mejoró mucho las cosas, abrió la puerta del Sistema Nacional de
Salud a españoles que hasta entonces no tenían acceso a la sanidad pública y corrigió el turismo
sanitario. (Aplausos).
La sanidad es hoy más universal que nunca, le guste o no al Partido Socialista. (Rumores). Sí,
sí, hoy, con el Partido Popular, todos los españoles tienen acceso a la asistencia sanitaria, sea cual
sea su situación laboral. Cuando gobernaba el Partido Socialista, hasta 2012, había una bolsa de
entre 90 000 y 180 000 españoles sin sanidad, y no lo dice el Partido Popular, ya lo decía El País
el 28 de junio del 2010.
Les decía que han traído hoy una moción malintencionada, porque venían a solicitar algo que
hoy sí es una realidad: la universalidad. Hoy la sanidad es universal en España, cosa que no lo
era con el Gobierno socialista. Los profesionales liberales no tenían acceso a la sanidad pública,
y hoy sí la tienen. Los desempleados de larga duración que habían agotado sus prestaciones no
tenían derecho a la tarjeta sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de los españoles.
¿Saben por qué no tenían derecho? Porque ustedes les echaron del sistema (Aplausos), y hoy
han recuperado su derecho y, además, estas personas con ustedes pagaban los medicamentos,
y ahora no pagan nada por ellos. Ahora todos los españoles y los residentes legales en España
tienen derecho a asistencia sanitaria en su condición de asegurado o beneficiario, incluyendo los
parados de larga duración que han agotado su prestación y también los profesionales liberales,
lo que supone una verdadera garantía de universalidad, como pone de manifiesto, señorías, que
hoy haya 800 000 tarjetas sanitarias más que antes de la reforma. Se ha regulado la condición
de asegurado y beneficiario, reconociendo el derecho a la sanidad a españoles que durante años
estuvieron excluidos del sistema y se ha puesto fin a irregularidades, abusos y bolsas de fraude,
poniendo freno al turismo sanitario, que costaba, según el Tribunal de Cuentas, casi 1000 millones
de euros al año.
Cuando el Gobierno Socialista gobernaba no se ocupó de garantizar los principios de
universalidad, equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud: cerca de 200 000 españoles no
tenían derecho a asistencia sanitaria, pero España pagaba la asistencia sanitaria de casi 700 000
europeos que estaban cubiertos por sus países de origen o por seguros privados. Fueron ustedes,
el Partido Socialista, con su falta de control, los que permitieron que se abusara del Sistema
Nacional de Salud y de sus recursos.
Mire, señor Olmos —ya sé que no me está atendiendo mucho, pero espero que me escuche—,
España y los españoles somos muy solidarios. Así, en cuanto a los ciudadanos de origen extranjero
que se encuentran en España en situación administrativa irregular, España cuenta en la actualidad
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con uno de los marcos jurídicos de mayor protección a las personas sin derecho a cobertura
sanitaria de Europa; el mejor y el más solidario, donde todos los extranjeros reciben asistencia
sanitaria si la requieren y a ninguna persona se le niega, incluyendo a los inmigrantes en situación
irregular, que tienen cubierta la atención por los sistemas autonómicos de salud. Estas personas
tienen garantizada la asistencia sanitaria en todos los casos de urgencia por enfermedad grave o
accidente, cualquiera que sea su causa; igualmente, la asistencia al embarazo, parto y posparto,
y, en todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años, reciben asistencia sanitaria en las
mismas condiciones que los españoles. Todos están incluidos en las prestaciones gratuitas de
prevención de las enfermedades y en los programas de salud pública, como el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades transmisibles, así como en los programas de vacunación. Además,
en los casos en que el extranjero carece que cobertura sanitaria y de recursos, son los servicios
sociales los que determinarán el tipo de ayuda a prestar, tanto en el ámbito de la sanidad, como en
el resto de las necesidades básicas.
Aunque nuestro Sistema Nacional de Salud es el que ofrece la cobertura más amplia de toda
Europa a los inmigrantes en situación irregular, el Gobierno de Mariano Rajoy pretende dar un paso
más para ampliar su cobertura sanitaria, normalizando su acceso al Sistema Nacional de Salud
a través de la atención primaria. Con esta fórmula se quiere armonizar la atención que dan las
comunidades autónomas, de forma que se dé una solución seria y consensuada, igual en todo el
territorio, pero sin volver, desde luego, al turismo sanitario.
La reforma sanitaria ha conseguido consolidar un sistema sanitario sostenible y viable. Hemos
salvado el sistema de la quiebra al que lo llevaron ustedes y hemos garantizado su futuro. Hemos
reforzado los pilares del Sistema Nacional de Salud haciéndolo más universal, avanzando hacia
la modernización, fortaleciendo la equidad y la cohesión, atacando el fraude y los abusos que
ustedes, los socialistas, toleraron. Y esta tarde, aquí, nos hablan de recortes, cuando lo único
que de verdad se ha recortado es la desigualdad, el fraude y el despilfarro. El Gobierno del
Partido Popular ha actuado con determinación y diligencia, acometiendo una reforma urgente
para proteger lo importante: nuestro Sistema Nacional de Salud, con criterios de responsabilidad
y eficiencia, para gastar mejor y poder gastar en otras cosas, como medicamentos innovadores o
nuevas tecnologías y, desde luego, para obtener los mejores resultados posibles en salud. Y no
estamos solos, señorías, los españoles están orgullosos de la sanidad que tienen y cuando les
preguntan; eso es lo que dicen.
Senador Martínez Olmos, el 88 % de los usuarios de la atención primaria, el 83,3 % de los
pacientes atendidos en las consultas de especialistas y el 79,7 % de las personas que utilizaron
los servicios de urgencias consideran que la asistencia recibida fue buena o muy buena. Los datos
del barómetro sanitario ponen de manifiesto que el Gobierno del Partido Popular va por el buen
camino. Así lo entienden y lo valoran los españoles: se ha salvado la sanidad de la quiebra, se ha
garantizado su sostenibilidad y hemos cumplido nuestra palabra, ya que se mantiene no solo el
carácter universal, público y gratuito de nuestra sanidad, sino, también, su máxima calidad y cada
día se ofrecen mejores prestaciones a los españoles. Los datos son evidentes: sigue aumentando
la expectativa de vida de los españoles, gracias a las mejoras realizadas en la salud se están
reduciendo los índices de mortalidad, de enfermedades infecciosas y de problemas en la salud, de
forma que los españoles son cada vez más longevos y tenemos más capacidad para envejecer con
salud, gracias a nuestra sistema sanitario.
El Gobierno de Mariano Rajoy impulsó en el año 2012 una reforma sanitaria que ha resultado
ser útil, eficaz y eficiente, y ha permitido tener una sanidad con un futuro viable, sostenible, y
cada vez de mayor calidad, para todos los españoles. El Gobierno ha contado para ello con los
profesionales, señor Martínez Olmos, impulsando tanto el diálogo como la participación mediante
la firma de un pacto que afecta a más de medio millón de profesionales sanitarios —médicos,
enfermeros y farmacéuticos—, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de la sanidad y
dejarla fuera del debate partidista. Y es muy lamentable que el Partido Socialista no haya querido
sumarse en toda la legislatura a este pacto. Ustedes son los que están anclados en el no a todo,
en desinformar sobre temas sanitarios, en jugar con la salud pública, en crear confusión y alarma
social en los pacientes y en anteponer sus intereses políticos a los intereses sanitarios. (Aplausos).
Y, señorías, quienes desprestigian la sanidad pública por intereses partidistas hacen mucho
daño a la sanidad, hacen mucho daño a los profesionales y hacen mucho daño a los ciudadanos.
Y eso es lo que están haciendo ustedes.
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Una vez más, el Grupo Parlamentario Popular les invita a que se sumen al camino positivo
del diálogo, del consenso y del acuerdo, y en vez de poner piedras en el camino decidan por fin
sumarse a los acuerdos y sacar, de una vez por todas, la sanidad del debate partidista. Les guste
o no, la realidad es que el Gobierno ha frenado abusos que ponían en peligro la sostenibilidad
del sistema; ha puesto fin a que extranjeros de la Unión Europea que regresaban a su país tras
trabajar en España siguieran cubiertos por la sanidad española sin límite de tiempo. Además, ha
hecho la sanidad más universal que nunca incorporando, como les decía antes, a colectivos que
hasta ahora habían quedado excluidos; ha garantizado la igualdad de todos los españoles en el
acceso a la sanidad fijando una cartera de servicios básica y común para todo el territorio nacional
y, para los extranjeros irregulares, España presta una atención sanitaria pública de manera mucho
más amplia que en el resto de la Unión Europea. Así que dejen, de una vez, de convertir la política
sanitaria en motivo de propaganda.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Mendiola.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto van a intervenir el senador Alegre,
la senadora Castilla y la senadora Luján.
Tiene la palabra el senador Alegre.
El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, presidente.
Voy a intentar ser muy breve, señorías, por dos razones. Una porque discutir lo evidente, lo
palpable resulta a veces molesto e incómodo. Podríamos estar aquí unos y otros explicando la
pérdida de la universalidad o no de la sanidad en estos últimos años. Lo que es evidente es que
hoy no tenemos la misma estructura y las mismas condiciones que teníamos en el año 2010 antes
del inicio de la legislatura que se finalizó el invierno pasado. Esa es la realidad, y podríamos estar
discutiendo unos y otros si más, si menos, si hace más meses, si fue no sé qué… pero la realidad
es esta. Señoría, le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe usted lo que es esto? Es es mi tarjeta sanitaria,
recién estrenada. Yo, como funcionario, no formaba parte del sistema de la sanidad pública y, al
darme de alta el Senado en la Seguridad Social, fui a mi centro de atención primaria a pedir mi
tarjeta sanitaria. Pues bien, me dijeron que no me la daban porque mi empresa estaba en Madrid
y yo vivía en un pueblo de la provincia de Barcelona. Al final, después de mucho pelearnos, he
conseguido —y estoy superenamorado, supercontento— tener mi tarjeta sanitaria, pero me ha
costado casi tres meses tenerla. Eso es una demostración del ahogo al que ustedes han llevado
a las comunidades autónomas. (Rumores).Usted puede decir lo que quiera, es el mecanismo con
el que hemos llevado al ahogo a las comunidades autónomas, incluso a la hora de dar las tarjetas
sanitarias. Ustedes se han cargado la estructura básica de la universalidad que tenía la sanidad.
En vez de ajustar el tema económico, en vez de regularizar, en vez de darle eficiencia y eficacia,
ustedes han pasado la tijera sin importarles nada. Nosotros, los senadores de Ciudadanos,
evidentemente, daremos apoyo a la moción presentada por el Grupo Socialista para recuperar
aquel punto de partida que ustedes fueron capaces de cargarse hace cuatro años.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Alegre.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Castilla.
La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, todos conocemos muchas situaciones precarias consecuencia de la reforma sanitaria
realizada en la anterior legislatura que ha supuesto una incidencia negativa en la calidad de vida
de muchas personas. Recortes que tienen su origen en esas reformas sanitarias y que desde la
Agrupación Socialista Gomera entendemos que no encuentran acomodo y vulneran flagrantemente
el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución española,
que dispone que son los poderes públicos los que tienen que organizar y tutelar la salud pública
a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. A pesar de este
reconocimiento constitucional, lo cierto es que hemos venido sufriendo el descuido institucional en
la garantía de este derecho.
Entrando ya en la materia específica en cuanto a prestación farmacéutica se refiere y
medicamentos, la Agrupación Socialista Gomera muestra su total rechazo al copago farmacéutico
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implantado por el Real Decreto Ley 16/2012, que debe ser derogado y que continúa siendo
enormemente perjudicial para la inmensa mayoría de los ciudadanos que se ven desprotegidos
por la carencia que el actual sistema sanitario ofrece en el país. Podemos observarlo, señorías,
en las situaciones de personas y familias con escasos recursos económicos que no están dentro
de los supuestos de exención de pago del copago farmacéutico y deben abonar el 40 % del
medicamento que necesitan para su enfermedad. Lo observamos en situaciones de personas
con discapacidad igual o superior al 33 %, cuyas demás circunstancias personales o prestaciones
sociales le impiden también adherirse a los supuestos contemplados de exención de abonar el
copago. Lo vemos también en situaciones derivadas del vigente régimen sanitario que conllevan
una aplicación inequitativa del copago farmacéutico en los casos de ex cónyuges de pensionistas
en edad avanzada, pacientes oncológicos, enfermos graves que han agotado las ayudas o
prestaciones sociales existentes, y también lo vemos en los casos de extranjeros sin autorización
de residencia. En este último punto tengo que destacar que la Comunidad Autónoma de Canarias
ha intentado suplir las carencias del sistema estatal con la Orden de 10 de diciembre de 2015
por la que se modifican las actuaciones en materia de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad y la prestación de asistencia sanitaria para personas extranjeras sin recursos. Ante
la carencia del sistema de las competencias a nivel estatal y de los recursos a nivel estatal la
Comunidad Autónoma de Canarias se ha visto obligada a implementarlas y a dar asistencia y
cobertura a los extranjeros sin autorización de residencia.
Igualmente, lo vemos en la posibilidad de la pérdida de los tratamientos de todas esas
personas, pues se ha constatado la insuficiente protección del sistema estatal que obliga a las
comunidades autónomas, una vez más, tal y como he explicado, a implementarlo. ¿Por qué las
obliga? Para evitar que la mayor parte de los ciudadanos se vean desprotegidos y por dificultades
económicas tengan que abandonar los tratamientos médicos que tanto necesitan. En este sentido,
tenemos un ejemplo claro en las denominadas enfermedades raras, tal y como ya señaló aquí esta
tarde en la presentación de su informe la defensora del pueblo. Por todo lo anterior, porque desde
siempre desde la Agrupación Socialista Gomera hemos defendido la universalización del derecho
a la sanidad pública y porque entendemos que debemos recuperar el sistema sanitario público,
apoyaremos la presente moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Castilla
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Luján.
La señora LUJÁN MARTÍNEZ: Arratsalde on berriro ere, eskerrik asko, presidente jauna.
Una reforma sanitaria es un proceso complejo en el que intervienen factores diversos y los
cambios que se propongan pueden asumir diferentes direcciones; es decir, se puede mirar más
a los intereses económicos o se puede mirar más a la mejora de la calidad asistencial. Siendo
muy cuidadosos, ya que hablamos de la salud, en Geroa Bai creemos que una reforma sanitaria
debería buscar equilibrar ambos intereses. No obstante, el Real Decreto 16/2012 adopta una
única dirección: recortar el gasto sanitario, por una parte, reduciendo la aportación pública para su
financiación y, por otra, aumentando la aportación del ciudadano mediante mayor copago.
El Real Decreto 16/2012 marcó un punto de inflexión en la política sanitaria española al acabar
con el sistema de acceso universal a la sanidad, presente desde el año 1986. Además, este real
decreto y las normas que lo han ido desarrollando, entre otras cosas, introducen las figuras del
asegurado y beneficiario frente a pacientes o ciudadanos, crea tres niveles de cartera de servicios,
introduce la obligación de aportación económica para acceder a aquellos servicios que no son
considerados básicos y excluye del sistema por primera vez a un grupo de ciudadanos y ciudadanas:
las personas inmigrantes en situación irregular. Asimismo, supone un retroceso, a nuestro juicio,
con un matiz muy preocupante ya que exime al Estado de su obligación de ser garante del derecho
a la salud, con todas las consecuencias que ello conlleva, sobre todo en las personas en situación
más vulnerable, y que son de sobra conocidas, por lo que no voy a explicarlas.
En virtud de nuestro régimen floral, en Navarra tenemos amplias competencias en materia
de sanidad interior y podemos complementar las normas que dicte el Estado en esta materia. Por
ello, en la pasada legislatura, gracias a que la mayoría parlamentaria era contraria a las políticas
del Partido Popular, que sí eran apoyadas por Unión del Pueblo Navarro, entonces en el Gobierno
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de Navarra, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley foral 8/2013. Esta ley garantiza el derecho de
acceso a la asistencia sanitaria pública y gratuita de Navarra a todas las personas residentes en
Navarra cualquiera que sea su situación legal o administrativa. El Estado recurrió la Ley foral 8/2013
y en abril de 2014 el Tribunal Constitucional levantó parcialmente la suspensión, aunque se sigue
manteniendo en lo relativo a las prestaciones farmacéuticas.
Los argumentos del Tribunal Constitucional para levantar esta suspensión fueron, por un lado,
que el Gobierno no demostró suficientemente el impacto económico de la aplicación de la norma
en Navarra y su efecto en el incumplimiento del déficit y, por otro, que la asistencia sanitaria que
contempla el Real Decreto 16/2012 no es equiparable a la asistencia que se deriva de la Ley
foral 8/2013. Por tanto, se puede entender que incluso el Tribunal Constitucional desacredita de
alguna manera el Real Decreto 16/2012. A esto podemos sumar que en marzo de 2015 la mayoría
de los partidos políticos de la oposición, Geroa Bai entre ellos, firmó un documento en el que se
comprometían a derogar cuando les fuera posible el Real Decreto 16/2012.
Por todo esto, en Geroa Bai pensamos que hay que hacer una apuesta mucho más clara por
la derogación del Real Decreto 16/2012; una apuesta más clara por volver a una situación mucho
más justa y equitativa, y una apuesta más clara para permitir que las comunidades autónomas
podamos hacer efectivas nuestras competencias.
Eskerrik asko. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Luján.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.
La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos.
Hablamos hoy, una vez más, del famoso —tristemente famoso— Real Decreto Ley 12/2016.
Un decreto que, como muchos otros, se aprobó a golpe de rodillo parlamentario —sin parlamentar
absolutamente con nadie— y con el que se impuso otra vez la mayoría absoluta —absolutista,
diría yo— del Partido Popular durante la legislatura pasada. Un decreto que formaba parte del
programa de reformas del Gobierno del Partido Popular, partido que decidió contener el déficit
—y hoy vemos que, además, no lo consiguió— recortando, que no reformando, cuestiones tan
importantes para nosotras y nosotros como, por ejemplo, la salud o la educación. Un decreto que
modificó radicalmente el derecho a la protección de la salud. Un decreto que nos llevó a tiempos
ya olvidados; a aquellos tiempos en que la asistencia sanitaria no era un derecho. Pasamos de
universalidad a aseguramiento, y reaparece la figura del asegurado. Me recordó a un profesor
mío, que hablaba del «Sinsalud». Tuve la triste sensación de que se atisbaba la reaparición de la
beneficencia. Realmente triste.
Es un decreto que deja a personas fuera del sistema de atención, que deja a personas sin
cobertura sanitaria. Es un decreto que, por ejemplo, merma claramente la prestación farmacéutica
al introducir el copago. Por eso, la intervención de la señora Mendiola me ha parecido que ha sido,
cuando menos, autocomplaciente y totalmente ajena a la realidad. En aquel momento, en 2012,
pusieron el pretexto del turismo sanitario, que hoy ha vuelto a traer a colación. Aquello se habría
solventado perfectamente trasponiendo a su tiempo la Directiva europea 38/2004. Entonces la
señora Mato aducía una deuda de 16 millones de euros sin decir de quién era la deuda, por si
acaso, salpicando a todos —cuando la deuda era solo de quien era— y diciendo que había que
ahorrar. Tras su implantación y después de cuatro años no está acreditado el ahorro, e incluso el
Tribunal Constitucional nos recuerda, tal y como ha dicho quien me ha precedido en el uso de la
palabra, que este decreto tan constitucional no debe ser cuando dice textualmente que el derecho
a la salud no puede verse desvirtuado por la mera consideración de un eventual ahorro económico.
Y también la entonces ministra nos hablaba de una evolución desigual de las prestaciones
que rompía la equidad y la cohesión. Siempre lo mismo, equidad y cohesión, pero totalmente
malentendidas porque, al final, por la mala gestión de algunos hubo, una vez más, café con leche
para todos. Es una manera estupenda de hacer política. Cuando algunos no hacen lo que tienen
que hacer, los que sí cumplen y hacen los deberes tienen que hacer menos. Esa es la política del
Partido Popular en estas materias, pero, desde luego, es una política que a mi grupo no le parece
en absoluto acertada.
Este decreto es, además, otro ejemplo de recentralización amparada en la crisis y de
recentralización amparada en la mala gestión de algunas comunidades autónomas, y una vez
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más, como fue costumbre en la legislatura anterior, se han cambiado leyes vía decreto y aquí no
pasa nada, y el Partido Popular, por supuesto, ni se sonroja.
Algunas comunidades autónomas, entre ellas la vasca, no aplicamos este decreto. El Gobierno
vasco de hecho lo recurrió por invasión competencial, el Tribunal Constitucional lo admitió a trámite,
y veremos qué pasa. Pero en ese momento en Euskadi se dictaron dos decretos nuevos para paliar
los efectos del que estamos hablando, y como pueden suponer, lo primero que hizo el Gobierno
central, el gobierno del Partido Popular, fue recurrir ambos. Eso que estaba usted diciendo de
que no, que había universalidad y no sé qué, en cuanto la comunidad autónoma vasca y otras
comunidades dijeron: Todo el mundo con tarjeta sanitaria, lo primero que hicieron fue recurrir. La
cuestión es que en este momento, al menos en Euskadi, lo tenemos más o menos resuelto, porque
el Tribunal Constitucional nos dio la razón respecto a no aplicar la retirada de las tarjetas sanitarias
a los inmigrantes. De hecho, en Euskadi en este momento existe universalidad en el acceso a la
salud. Y además pusimos en marcha un sistema de ayudas para compensar los efectos del copago
farmacéutico, fundamentalmente en los grupos más vulnerables.
El Partido Nacionalista Vasco siempre ha defendido que la salud es un derecho humano
fundamental, y, como tal, no puede estar ligado a la ciudadanía o a la residencia, así que muchísimo
menos a la cotización a la Seguridad Social. Y decimos salud, no solo atención sanitaria. La salud,
el acceso a la salud, además de un derecho la consideramos una herramienta de cohesión social.
Dicho esto, al ver la moción que presenta el Grupo Socialista, que habla de reestablecer
la universalidad de la cobertura, lo primero que hemos pensado ha sido: ¡Cómo no! De hecho,
donde gobernamos nosotros ya lo hemos hecho, y lo hemos hecho porque creemos firmemente
que todas las personas que vivimos en el mismo lugar tenemos los mismos derechos. Pero si les
digo la verdad, al leer la moción, la primera impresión fue: Sí, cómo no; pero luego se nos quedó
corta. Nos pareció una moción coja, porque hace siete meses ustedes en esta misma Cámara
presentaron otra en la que pedían, además de universalidad en la protección de la salud y en la
atención, derogar el decreto, y en esta no lo pedían.
He querido entenderle, señor Martínez Olmos, que han aceptado la enmienda de Podemos
en la que no se pide directamente la derogación, pero dice que es urgente derogar. En parte
entendemos que eso sea subsanado, porque le tengo que reconocer que en principio nos chirrió,
porque hablar solo de universalidad cuando el decreto habla de copago, cuando cambia el
sistema en sí, la derogación del decreto nos parece importante y nos habría gustado más este
planteamiento. Pero, bueno, lo dejamos subsanado.
Por otro lado, instan a reformar la legislación sanitaria para asegurar la sostenibilidad y una
misma cobertura básica, así como que haya una cartera básica de servicios común. Eso ya existe,
está incluido en la Ley de Sanidad y luego cada comunidad autónoma decidirá el desarrollo de una
cartera complementaria o no; cada comunidad decidirá. Yo llevo solo tres meses en esta Cámara,
pero creo que me voy a repetir muchísimo. Esta Cámara y la mayor parte de las mociones que
veo se olvidan de la arquitectura institucional del Estado. La competencia en sanidad reside en
las comunidades autónomas y cada comunidad prioriza sus políticas públicas. Así, mientras unos
priorizan servicios sociales, salud o educación, otros priorizan infraestructuras faraónicas, y otros,
macroeventos deportivos.
Nosotros, desde luego, lo que tenemos claro es que las personas son y están en el centro de
nuestras políticas. Y como somos competentes, legislamos, pero legislamos nosotros, teniendo en
cuenta nuestras prioridades y siendo responsables de nuestros recursos. Y hablando de recursos,
me ha chirriado un poco cuando adjunta a esta moción dicen que la moción no genera coste
económico alguno. Aquí les quiero pedir un favor a los miembros del Grupo Socialista, que si
esto no genera coste económico alguno, nos expliquen cómo se hace. Porque les aseguro que a
nosotros nos sale un pico. Entonces, si dicen que lo que a nosotros nos sale un pico no tiene coste
económico, o nos lo explican o es que a lo mejor la moción cojea de alguna manera.
Existe legislación que establece las competencias de cada cual, y últimamente, por desgracia,
estamos viendo que, en algunas ocasiones por mala gestión, y en otras, por razones que cada uno
sabrá, lo que se pretende es legislar de manera que competencias ya transferidas tengan que ir de
vuelta. Y puede que a alguno esto le guste; desde luego, a mi grupo no.
Voy a finalizar. Para nosotros, la salud es un derecho fundamental. La universalidad en el
acceso a la atención sanitaria es algo que no creo que haya que poner en duda. Nos parece que
al aceptar la enmienda que pretende derogar el real decreto, la moción ha mejorado, pero eso de
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que hacer todas estas cosas cuesta cero euros, y viendo que lo que quieren es legislar cuestiones
que tienen que legislar los competentes, las comunidades autónomas, nos suscita ciertas dudas
sobre el tratamiento que se daría a la cuestión competencial, que para nosotros es fundamental.
Por eso, mi grupo se va a abstener.
Eskerrik asko.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Ahedo.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Martí.
El señor MARTÍ DEULOFEU: President.
Senyories, La moció del Grup Parlamentari Socialista insta el govern a restablir la universalitat
de la cobertura del Sistema Nacional de Salut, qüestió que ocuparà la major part de la meva
intervenció. En aquest sentit, és important recordar i posar en valor que Esquerra Republicana
de Catalunya sempre ha defensat la justícia social i, per tant, està a favor de l’accés universal a
l’assistència sanitària pública perquè considerem que es tracta d’un dret de ciutadania, és a dir,
un dret universal i subjectiu, que garanteix la cobertura assistencial sanitària dels col.lectius més
vulnerables i desafavorits. Així, doncs, Esquerra estarà de manera fraternal al costat de qualsevol
mesura que contribueixi a millorar les condicions de vida dels ciutadans i les desigualtats arreu,
com a partit republicà que som. I votarem, doncs, a favor de la moció.
Comencem pel principi, però, i permetin-me una sèrie de consideracions. Si fem una mica
de memòria, cal esmentar que la modificació que el Govern del Partit Popular va fer de la Llei
Orgànica d’Estrangeria i la Llei 16/2003 de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut,
mitjançant el Reial Decret Llei 16/2012, recorregut per la Generalitat al Tribunal Constitucional el
gener de 2013, pendent de sentència, i amb l’oposició de diferents governs autonòmics i el Tribunal
Constitucional, que va requerir al legislador i als governs trobar mesures complementàries per fer
front a la desprotecció sanitària dels col.lectius més vulnerables, va comportar que un dret universal
reconegut a la Ley General de Sanidad del 1986, que garantia i consagrava l’accés de la pràctica
totalitat de la ciutadania, autòctons i persones estrangeres residents i no residents, indistintament,
al sistema sanitari públic en condicions d’igualtat i gratuïtat, només pel fet d’estar empadronat.
A partir d’aquest moment, les persones no residents només podien rebre assistència d’urgència
per malaltia greu o accident fins a l’alta mèdica, i a l’embaràs, part i post-part, llevat dels menors
de 18 anys, això sí, que rebrien assistència sanitària en les mateixes condicions que els espanyols.
En segon lloc, rere el pretext de voler dotar l’esmentat Sistema Nacional de salut de la
sostenibilitat econòmica necessària i l’aparença de voler evitar el turisme sanitari practicat per
ciutadans de la Unió Europea, en realitat s’hi va amagar la voluntat involucionista, retrògrada i
ultraliberal de convertir un dret universal a un dret vinculat a la condició d’assegurat i beneficiari
i no de titular de drets, per a les persones estrangeres. Dit d’altra manera, en un dret vinculat
a les rendes de treball que exclou, principalment, les persones estrangeres extracomunitàries
en situació irregular. En definitiva, es va passar d’un model que havia consagrat fins aleshores
un sistema nacional de salut sustentat en el dret universal d’accés a l’assistència sanitària, a un
model on aquest dret només podia fer-se efectiu per les persones estrangeres amb l’obtenció de
l’autorització administrativa, del permís de residència i, en el seu cas, del permís de treball. Ras i
curt, amb aquesta modificació legislativa, es van restringir drets, sobretot als col.lectius amb més
vulnerabilitat i, en canvi, es va donar cobertura a tots aquells que, sense treballar per compte
pròpia, ni per compte aliena, i amb uns ingressos de fins a 100 000 euros, vivien literalment de
renda, curiosa manera de protegir els més vulnerables. Aquest fet no és una qüestió menor pel que
fa a possibles efectes negatius en la salut pública en un context de crisi econòmica i atur, sobretot
si tenim en compte que, restringir l’accés universal a la sanitat ha significat excloure de l’assistència
a col.lectius d’immigrants en situacions molt precàries, debilitant l’estat del benestar i la cohesió
social. Les dades són demolidores. Algunes xifres apunten a que més de 870 000 persones, moltes
d’elles immigrants sense permís de residència, han perdut la targeta sanitària, en determinats
casos, per accedir a les prestacions de la cartera bàsica comuna fins i tot s’ha hagut de pagar una
quota mensual d’entre 60 i 157 euros, derivada de la subscripció d’un conveni especial públic.
Volgudament es van justificar transformacions profundes de l’ordenament jurídic sanitari, fentnos creure que els motius reals eren només mesures d’estalvi econòmic, introduint el co-pagament
farmacèutic en determinats supòsits, per exemple. Algunes d’aquestes mesures, per altra banda,
s’han demostrat totalment ineficients.
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En tercer lloc, les modificacions introduïdes a la condició d’assegurat en la llei 22/2013, de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2014, va suposar la pèrdua de la cobertura sanitària
pública per als espanyols que es traslladessin a l’estranger a buscar feina, que haguessin esgotat
la prestació o subsidi d’atur passats tres mesos, cobertura que, al seu torn, es podia tornar a
recuperar acreditant-se novament com a residents a l’Estat espanyol.
En quart lloc, malgrat ja els he avançat el nostre posicionament favorable a la moció, val la
pena fer notar que el grup socialista al Senat fa referència, en el text, d’una manera una mica
estranya, a una presumpta llei —no sabem quina és— però, que restableix la universalitat com
si aquesta ja existís, cosa que després de llegir i rellegir la part expositiva de la moció, atribuïm a
una confusió, a un malentès, o a un lapsus en el redactat, qui sap si com a resultat d’estar pensant
precipitadament més en la lògica d’un partit de govern que no pas d’oposició, com si en algun
moment el subconscient els hagués traït.
Per concloure, a Catalunya, les Instruccions 10/2012 i 8/2015 del Servei Català de Salut,
aquesta darrera recorreguda pel govern de l’estat espanyol al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, recurs contenciós administratiu admès a tràmit el 3 de març de 2016, van intentar
minvar els efectes socials del reial decret llei 16/2012 però no van garantir del tot l’accés universal a
tota la cartera de serveis del sistema sanitari públic. Ara bé, l’actual avantprojecte de la Llei d’accés
universal a l’assistència sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya pretén
superar les actuals restriccions d’una normativa classista, cínica, injusta i immoral, aprovada pel
govern de l’estat espanyol, i la mancança d’una normativa pròpia, amb rang de llei, que permeti
desenvolupar aquest dret de ciutadania.
Obeint al mandat democràtic del 27 de setembre passat, engegarem el procés constituent,
perquè volem una cosa tan simple com una república catalana feta de ciutadans iguals que, com
vostès, reivindiquem universal i de qualitat, gratuïta, amb equitat i un estat del benestar sostenible,
però digne, preventiu i no només pal.liatiu, on ningú —repeteixo, ningú— no es quedi enrere, les
persones sempre són el primer i, per aquest motiu, cap càlcul falsejat de manera infame del dèficit
públic ens ha de fer minvar la qualitat en la prestació dels nostres serveis públics més bàsics i
l’aspiració a uns serveis públics d’excel.lència que, malauradament, no podrem assolir dins l’estat
espanyol.
Acabo parafrasejant el president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras: no
aplicarem cap retallada, en tot cas, si el ministeri vol tancar un hospital, ho haurà de fer ell. En la
defensa de l’estat del benestar i els més febles, no escatimarem cap esforç. Recordin, sinó, l’article
primer de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides de 1948: Tots els
éssers humans neixen lliures, iguals en dignitat i drets. Prenguin-ne bona nota. Queda dit.
Moltes gràcies. (Aplaudiments).
Gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción del Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a restablecer la
universalidad del Sistema Nacional de Salud, cuestión que va a ocupar la mayor parte de mi
intervención. En este sentido, es importante recordar y poner en valor que Esquerra Republicana
de Catalunya siempre ha defendido la justicia social y, por lo tanto, está a favor del acceso universal
a la asistencia sanitaria pública, porque consideramos que se trata de un derecho de ciudadanía,
es decir, un derecho universal y subjetivo que garantiza la cobertura asistencial sanitaria de los
colectivos más vulnerables y desfavorecidos. Así, Esquerra estará, de forma fraternal, al lado
de cualquier medida que contribuya a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y las
desigualdades en todas partes, como partido republicano que somos, y vamos a votar a favor de
la moción.
Permítanme una serie de consideraciones. Si hacemos un poco de memoria, hay que mencionar
que la modificación que el Gobierno del Partido Popular hizo de la Ley Orgánica de extranjería, y
la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, mediante el Real Decreto
Ley 16/2012, recurrido por la Generalitat ante el Tribunal Constitucional en enero de 2013 y que
está pendiente de sentencia, con la oposición de distintos gobiernos autonómicos, y el Tribunal
Constitucional, que requiere al legislador y a los gobiernos a encontrar medidas complementarias
para hacer frente a la desprotección sanitaria de los colectivos más vulnerables comportaron
que un derecho universal reconocido en la Ley General de Sanidad de 1986, que garantizaba y
consagraba el acceso de la práctica totalidad de la ciudadanía, autóctonos y personas extranjeras,
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residentes y no residentes, indistintamente, al sistema sanitario público en condiciones de igualdad
y gratuidad solo por el hecho de estar empadronados, a partir de ese momento las personas no
residentes solo pudieran recibir asistencia de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta el
alta médica, embarazo, parto y posparto, con excepción de los menores de 18 años, que recibirán
asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
En segundo lugar, tras el pretexto de querer dotar al Sistema Nacional de Salud de la
sostenibilidad económica necesaria y de la apariencia de querer evitar el turismo sanitario
practicado por ciudadanos de la Unión Europea, en realidad se escondió la voluntad evolucionista
retrógrada y ultraliberal de convertir un derecho universal en un derecho vinculado a la condición
de asegurado y beneficiario y no de titular de derechos para las personas extranjeras; dicho
de otra forma, un derecho vinculado a las rentas del trabajo, que excluye principalmente a los
extranjeros extracomunitarios en situación irregular. En definitiva, se pasó de un modelo que había
consagrado hasta el momento un sistema nacional de salud sustentado en el derecho universal
de acceso a la asistencia sanitaria, a un modelo donde este derecho solo se podía hacer efectivo
para las personas extranjeras con la obtención de la autorización administrativa del permiso de
residencia y, en su caso, del permiso de trabajo. Con esta modificación legislativa se restringían
derechos, sobre todo a los colectivos con más vulnerabilidad y, en cambio, se daba cobertura a
todos aquellos que, sin trabajar por cuenta propia ni ajena y con unos ingresos de hasta 100 000
euros, vivían, literalmente, de renta, una curiosa forma de proteger a los más vulnerables. Este
hecho no es una cuestión menor, por lo que se refiere a los efectos negativos en la salud pública en
un contexto de crisis económica y de desempleo, sobre todo si tenemos en cuenta que restringir el
derecho universal a la sanidad ha significado excluir de la asistencia a colectivos de inmigrantes en
situaciones muy precarias, debilitando el Estado del bienestar y la cohesión social. Los datos son
demoledores: algunas cifras apuntan a que más de 870 000 personas, muchas de ellas inmigrantes
sin permiso de residencia, han perdido la tarjeta sanitaria. En determinados casos, para acceder a
las prestaciones de la cartera básica común incluso se ha tenido que pagar una cuota mensual de
entre 60 y 157 euros, derivada de la suscripción de un convenio especial público.
Paralelamente, se han justificado tres formaciones profundas del ordenamiento sanitario
haciéndonos creer que los motivos reales eran solo medidas de ahorro económico, introduciendo
el copago farmacéutico en determinados presupuestos, por ejemplo. Por otro lado, algunas de
estas medidas se han demostrado totalmente ineficaces.
En tercer lugar, las modificaciones introducidas en la condición de asegurado en la Ley 22/2013,
de Presupuestos Generales del Estado para 2014, supuso la pérdida de la cobertura sanitaria
pública para los españoles que se trasladaran al extranjero a buscar trabajo y que hubieran agotado
la prestación o subsidio de desempleo pasados tres meses, cobertura que, en su caso, se podría
recuperar si se acreditaban como residentes en el Estado español.
En cuarto lugar, aunque ya he dicho que nuestra postura es favorable a la moción, queremos
indicar que el Grupo Socialista hace referencia en el texto de forma un poco extraña a una presunta
ley —no sabemos cuál—, que restablece la universalidad, como si esta ya existiera, y tras leer y
releer la parte expositiva de la moción, lo atribuimos a una confusión, un malentendido o un lapsus
en el redactado, tal vez resultado de estar pensando más en la lógica de un partido de gobierno que
no en un partido de oposición, como si en algún momento el subconsciente les hubiera traicionado.
Para finalizar, en Cataluña las Instrucciones 10/2010 y 18/2015 del Servicio Catalán de
la Salud, esta última recurrida por el Gobierno del Estado español en el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, recurso contencioso administrativo admitido a trámite el 3 de marzo de 2016,
intentaban paliar los efectos sociales del Decreto Ley 16/2012, pero no garantizaba el acceso
universal a toda la cartera de servicios del sistema sanitario público; sin embargo, el anteproyecto
de la Ley de acceso universal a la asistencia sanitaria del Departamento de Salud de la Generalitat
de Catalunya pretende superar las actuales restricciones de una normativa clasista, cínica, injusta
e inmoral aprobada por el Gobierno del Estado español y la falta de una normativa propia con
rango de ley que permita desarrollar este derecho de ciudadanía.
Obedeciendo al mandato democrático de 27 de septiembre pasado vamos a empezar
el proceso constituyente, queriendo algo tan simple como una república catalana hecha de
ciudadanos iguales que, como ustedes, también revindicamos universal y de calidad, gratuita, con
equidad y con un Estado del bienestar sostenible pero digno, preventivo y no solamente paliativo,
donde nadie —repito, nadie— se quede fuera. Las personas son siempre los primeros, y por este
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motivo ningún cálculo falseado de forma infame del déficit público tiene que rebajar la calidad de la
prestación de nuestros servicios públicos más básicos y la aspiración a unos servicios públicos de
excelencia que desafortunadamente no podremos conseguir dentro del Estado español.
Termino parafraseando al presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras: No
vamos a aplicar ningún recorte. Si el ministerio quiere cerrar un hospital lo tendrá que hacer él mismo.
En la defensa del Estado del bienestar de los más débiles no vamos a mermar ningún esfuerzo. Y si no,
recuerden el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas de 1948: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Tomen buena
nota. Queda dicho.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Martí.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Democràcia i Llibertat, tiene la palabra la
senadora Rivero.
La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. Molt breument.
Ja he avançat abans en la defensa de la nostra esmena, que les necessitats existencials i
financeres del sistema nacional de salut van molt més enllà del que recollim en aquesta moció.
Però sí que és cert que, si féssim front a totes elles, amb alguns dels punts que hem apuntat,
començant pel finançament, podríem donar resposta realment a tenir una recuperació del sistema
públic de sanitat, a poder garantir la universalitat i la sostenibilitat d’aquest sistema.
Breument, em posicionaré. Ja els he dit que el Grup de Democràcia i Llibertat i el partit
polític al qual pertany aquesta senadora, Convergència Democràtica de Catalunya, es posicionen
absolutament a favor de recuperar la universalitat en el sistema nacional de salut. Escolti’m, fa
tres anys, quan el Govern central va impulsar el Reial Decret Llei 16/2012 el va titular de mesures
urgents per a garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut i, malgrat aquest títol, el que
contenia aquest decret era un retrocés des del punt de vista social, ja que recollia tot un seguit de
limitacions per a l’accés a la salut. No m’entretindré a definir-les totes perquè en la part expositiva
de la moció estan perfectament recollides. Però sí que farem esment de la que a nosaltres ens va
semblar més rellevant, que era la limitació a l’accés de la salut per part dels estrangers no registrats
ni autoritzats com a residents a l’estat espanyol. Per tant, aquells mal anomenats sense papers.
Aquesta mesura va comportar un rebuig de totes les forces polítiques a Catalunya i, a aquí
també, professionals de la sanitat i organitzacions socials. També del Parlament de Catalunya i
de molts ajuntaments que van fer iniciatives per a posicionar-se en contra d’aquest decret i dels
efectes que suposava. L’esmentat decret no només vulnera els principis recollits en la Declaració
Universal dels Drets Humans: Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri per a ell i la seva
família, la salut i el benestar, especialment en relació a alimentació, vestir, habitatge, assistència
mèdica i serveis socials. Sinó que també aquest decret llei va en contra de l’Estatut de Catalunya
i, sobretot, senyories, va en contra dels principis d’actuació de tots els governs de la Generalitat
respecte a aquest tema, més enllà del seu color polític.
Per tal de frenar els aspectes negatius d’aquest reial decret, el que vam fer va ser intentar
implementar unes instruccions per a pal.liar això i poder donar cobertura a la nostra comunitat
autònoma, a Catalunya, d’aquestes persones que quedaven al marge del sistema. En el moment en
què es va publicar aquest Reial Decret Llei, vam calcular que, com a mínim, unes 180 000 persones
quedaven afectades directament per això. Després, el nombre s’ha anat incrementant. I nosaltres
vam intentar, a Catalunya, com a governants, donar solució a aquesta problemàtica i vam arribar
a assistir en aquell moment, dels 180 000, a unes 65 000 persones que, altrament, haurien quedat
directament fora d’aquest sistema.
És cert que nosaltres vam veure que d’aquesta manera no donàvem cobertura complerta amb
això i vam anar fent modificacions a aquestes instruccions que, com no, una vegada més, ens
van ser portades al Tribunal Superior de Justícia. Perquè, com ja s’ha dit aquí —i jo també m’hi
he referit quan he fet defensa de la meva esmena— que, per cert, agraeixo al senador proposant
que ens l’acceptés, no només patim un ofec financer, com s’ha dit aquí, sinó que també patim un
ofec polític, una judicialització constant de la política. Malgrat tot això, nosaltres hem vist que no
podíem donar solució i volem anar més enllà. I mentre aquí, clar i ras, se’ns acusa quan defensem
les nostres idees i critiquem algunes lleis que pensem que no donen els efectes que haurien de
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donar, d’interès general, d’estar a favor d’aquells que necessiten que nosaltres vetllem pels seus
interessos, quan nosaltres fem això, senyories, se’ns acusa de ser poc civilitzats però, per nosaltres,
no fer-ho, seria ser uns irresponsables políticament i anar en contra d’allò pel que els ciutadans ens
han triat. Tenim un mandat molt clar i venim aquí a complir-lo. No poder-ho fer, d’altra banda, també
estaríem parlant d’una altra cosa. Estaríem parlant d’un sistema totalitari, que ens recorda altres
temps, del qual nosaltres no volem ni sentir a parlar i en defugim obertament. Per tant, mentrestrant
aquí estem segrestats. Per una banda, d’aquesta judicialització de la política que vostès han fet
durant la legislatura anterior i ara també en aquest govern provisional, un govern provisional que
també ens té segrestats d’aquesta mena d’inoperància, no a l’hora de prendre decisions que ens
afecten i ens afecten ara, sinó a l’hora de posar-se a disposició dels parlamentaris per donar
explicacions.
Per tant, a Catalunya, que tenim un govern de consens, que està perfectament tirant endavant
els projectes per solucionar els temes dels ciutadans a Catalunya, nosaltres, a Catalunya, amb
aquest Govern i amb el consens de les forces polítiques, tirarem endavant, com s’ha dit abans, una
llei d’accés universal a l’assistència sanitària, que blindi legalment la universalitat en la prestació
dels serveis sanitaris.
Per tot això, ja els dic, nosaltres, més enllà de les acusacions que vostès em facin quan
nosaltres defensem les idees, defensem les iniciatives que utilitzem i que estan al nostre abast,
per donar resposta a problemes que hi són i a problemes als quals vostès, més enllà d’ajudar a
solucionar, el que fan és posar sempre pals a les rodes.
Sense entrar en la discussió que hem vist aquí, de a veure qui la té més gran, la llista
d’heroïcitats per mirar de donar solucions a tots aquests grans problemes que plantegem aquests
dies en aquestes mocions, sense entrar en aquest joc, ja els dic, de mirar a veure qui la té més
gran, nosaltres farem camí, tirarem endavant aquesta llei, i tenim la voluntat de fer-ho i, a més a
més, estem segurs que ho farem, malgrat la vulguin recórrer perquè ja hi ha precedents, en el sentit
d’aixecar algunes suspensions a lleis similars, que s’han fet a d’altres comunitats autònomes, com,
per exemple, darrerament la valenciana. Per tant, tenim l’esperança que aquest cop sí, nosaltres
puguem blindar això allà, però, no s’enganyin, vostès diuen que nosaltres volem marxar i que
estem a favor del trencament, nosaltres marxem i volem marxar, però marxarem construint, i per
això nosaltres donem suport a aquesta moció perquè allò que considerem que és bo per a nosaltres
pensem que ha d’estar a l’abast també de tothom i al que és bo per a tothom nosaltres sempre
li donarem recolzament, malgrat estiguem fent el camí que estiguem fent, que esperem que ben
aviat sigui un camí que permeti donar resposta a allò que la gent a Catalunya ens ha demanat que
fem.
Moltes gràcies (Aplaudiments).
Gracias, Presidente. Mi intervención va a ser muy breve.
Ya he avanzado en la defensa de nuestra enmienda que las necesidades existenciales y
financieras del Sistema Nacional de Salud van mucho más allá de lo que recogemos en esta moción,
pero si hiciéramos frente a todas ellas con algunos aspectos que hemos apuntado, empezando por
la financiación, podríamos conseguir una recuperación del sistema público de sanidad y garantizar
la universalidad y sostenibilidad del sistema.
Me voy a posicionar. Como ya les he dicho, Democràcia y Llibertat y el partido político al que
pertenezco, Convergència Democràtica de Catalunya, nos posicionamos a favor de recuperar la
universalidad en el Sistema Nacional de Salud. Escúchenme. Hace tres años, cuando el Gobierno
central impulsó el Real Decreto Ley 16/2012 lo tituló: De medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pero a pesar de este título lo que contenía este decreto
era un retroceso desde el punto de vista social, ya que recogía una serie de limitaciones para el
acceso a la salud. No voy a entretenerme en definir todas ellas porque en la parte expositiva de la
moción están perfectamente recogidas, pero sí voy a mencionar la que nos parecía más relevante,
la limitación del acceso a la salud por parte de los extranjeros no registrados ni autorizados como
residentes en el Estado español, los mal nombrados: sin papeles.
Hubo un rechazo de todas las fuerzas políticas en Catalunya y también aquí, de profesionales
de la sanidad y organizaciones sociales, así como del Parlamento de Cataluña y de muchos
ayuntamientos, que presentaron iniciativas para posicionarse en contra de este decreto y de sus
efectos. Este decreto no solo vulnera los principios recogidos en la Declaración Universal de los
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Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure para él y su familia
la salud y el bienestar, especialmente en cuanto a alimentación, vestimenta, vivienda, asistencia
médica y servicios sociales, sino que también va en contra del Estatuto de Cataluña y, sobre todo,
señorías, en contra de los principios de actuación de todos los gobiernos de la Generalitat respecto
a este asunto, más allá de su color político.
Para frenar los efectos negativos de este real decreto, implementamos unas instrucciones para
paliar esta situación y dar cobertura en nuestra comunidad autónoma, Cataluña, a estas personas
que quedaban al margen del sistema. Cuando se publicó este real decreto ley, calculamos que, como
mínimo, unas 180 000 personas quedaban afectadas directamente. Posteriormente, la cifra ha ido
incrementando, y nosotros aplicamos esta solución en Cataluña en tanto que, como gobernantes,
queríamos dar respuesta a este problema, y en ese momento, de las 180 000 personas, asistimos
a 65 000, que, si no, hubieran quedado directamente fuera del sistema.
Es cierto que de esta manera no dábamos una cobertura completa, pero fuimos haciendo
modificaciones a estas instrucciones, que, cómo no, una vez más, fueron llevadas al Tribunal
Superior de Justicia. Porque, como ya se ha dicho aquí —también me he referido a ello al defender
mi enmienda; por cierto, agradezco al senador proponente que la aceptara—, no solamente
sufrimos un ahogo financiero sino también un ahogo político, una judicialización constante de la
política. A pesar de todo ello, hemos visto que no podemos solucionarlo, y queremos ir más allá,
y mientras aquí, clara y rasamente se nos acusa cuando defendemos nuestras ideas y criticamos
algunas leyes que pensamos que no producen efectos de interés general y que no están a favor
de aquellos que necesitan que velemos por sus intereses, se nos acusa de ser poco civilizados,
pero si no lo hiciéramos seríamos unos irresponsables políticamente e iríamos en contra de aquello
para lo que los ciudadanos nos han escogido. Tenemos un mandato claro y venimos a cumplirlo,
porque, si no, estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de un sistema totalitario
que nos recuerda a otros tiempos de los que no queremos oír hablar. Así que mientras tanto
estamos secuestrados por esta judicialización de la política que han llevado a cabo durante la
legislatura anterior, y ahora por este Gobierno provisional, por su inoperancia, no a la hora de tomar
decisiones que nos afectan sino a la hora de ponerse a disposición de los parlamentarios para dar
explicaciones.
Por tanto, aquí sufrimos un doble secuestro, pero en Catalunya tenemos un gobierno de
consenso que está llevando adelante los proyectos para solucionar los asuntos de los ciudadanos,
y con el consenso de las fuerzas políticas vamos a sacar adelante una ley de acceso universal
a la asistencia sanitaria que blinde legalmente la universalidad en la prestación de los servicios
sanitarios.
Por todo ello, además de las acusaciones que ustedes nos hacen cuando defendemos nuestras
ideas, cuando defendemos las iniciativas que están a nuestro alcance para dar respuesta a los
problemas que hay, ustedes, más allá de solucionarlos, lo que hacen es poner siempre obstáculos.
Sin entrar ya en la discusión que se ha producido aquí de quién tiene la lista de heroicidades
más larga para intentar solucionar todos estos problemas que planteamos estos días en estas
mociones, sin entrar en este juego de ver quién tiene la lista más larga, vamos a hacer camino,
vamos a sacar adelante esta ley, tenemos voluntad de hacerlo y estamos seguros de que lo vamos
a conseguir, aunque ustedes la quieran recurrir, porque existen precedentes de levantar algunas
suspensiones a leyes similares que se han aprobado en otras comunidades autónomas, como por
ejemplo, últimamente, en la Comunidad Valenciana. Tenemos, pues, la esperanza de que esta
vez sí que vamos a poder blindar esto allí. Pero no se engañen, ustedes dicen que nosotros nos
queremos ir y que estamos a favor de romper. Sí, queremos marcharnos, pero vamos a marcharnos
construyendo. Por eso nosotros apoyamos esta moción, porque aquello que consideramos que es
bueno para nosotros también tiene que estar al alcance de todo el mundo, y lo que es bueno para
todo el mundo nosotros siempre lo vamos a apoyar, y por eso estamos siguiendo este camino
que esperamos que pronto dé respuesta a aquello que la gente de Cataluña nos ha pedido que
hagamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú-Compromís-En Marea, tiene la palabra el
senador García Buitrón.
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El señor GARCÍA BUITRÓN: Buenas tardes. Voy a ser breve porque está casi todo dicho, y
ser reiterativo muchas veces no contribuye a una mejor comprensión o a un mejor posicionamiento
sobre un problema tan complejo y tan serio como el que estamos hablando. Venía preocupado,
porque en la moción del Grupo Socialista —a la que vamos a votar que sí, es obvio, porque
además han admitido las enmiendas que les hemos propuesto— echaba de menos en el párrafo
final que no hubiera un posicionamiento claro y rotundo en la derogación del Decreto Ley 16/2012;
venía preocupado porque los socios de Ciudadanos, en el programa que tienen con él, suprimieron
justamente la alusión al Decreto Ley 16/2012 y porque los socios de Ciudadanos, cuando el Gobierno
catalán estuvo luchando y bordeando la legislación para mejorar la situación de los emigrantes en
Cataluña, votaron en contra y porque el Gobierno de Ciudadanos, cuando se presentó esta misma
moción en la Comunidad de Madrid, también se abstuvo (Aplausos). Y pensé: ¡Uy!, a ver si esta
relación de amistad también va a llevar a eso. Así que me alegro mucho de que Ciudadanos haya
cambiado de posición. Muchísimas gracias, en nombre de todos; creo que es una buena noticia
para todos.
La ley quebró completamente un logro de ciudadanía, un logro que no solamente favorecía a
las capas más débiles sino que nos cohesionaba a todos, pero además de eso, el decreto hizo dos
cosas todavía mucho más graves o tan graves como esa: una, poner en riesgo a las capas más
débiles con la cuestión de los copagos, y otra, muy importante, poner niveles de asistencia. Eso es
gravísimo, esos niveles de asistencia son un misil de fondo y profundo a la propia concepción de
cohesión del sistema sanitario. Esas tres gradaciones son absolutamente inadmisibles.
Por eso, ahora que veo que estamos de acuerdo, obviamente no puedo más que felicitarnos.
Yo, que soy bastante inocente en política —soy completamente nuevo; a pesar de los años, en
política soy nuevo—, he intentado convencer a los del Partido Popular de que se habían equivocado
con el decreto; lo digo de verdad. Pensaba que seguramente los del Partido Popular, con buena
intención, querían mejorar el sistema. Todas las formaciones políticas hemos convivido mucho
tiempo dentro del sistema público de salud, con pequeños matices coyunturales, pero hemos
convivido durante muchísimo tiempo, y eso ha sido un avance, un logro.
Cuando plantearon el decreto deben reconocer que nadie lo aplaudió; nadie, ni asociaciones
profesionales, ni asociaciones vecinales, ni instituciones ni gobiernos, nadie aplaudió. No pueden
decir que fue un decreto maravilloso. No, no pueden decirlo. Pero yo pensé: a lo mejor ahora
están dispuestos a rectificar. ¿Por qué pensaba eso? Pensaba eso, inocente de mí, porque si hay
algo que nadie puede soportar, tengamos la ideología que tengamos, es el dolor ajeno. Eso nadie
lo puede soportar, nadie. (Rumores). Por supuesto, ninguno podemos soportar el dolor ajeno.
Nadie, nadie. (Rumores). No estoy diciendo que ustedes no, por favor. Estoy diciendo que ninguno,
tengamos la ideología que tengamos, podemos soportar el dolor ajeno. Pero pensaba yo: deben
ser conscientes de que esto ha causado muchísimo dolor, porque ha causado muchísimo dolor. De
entrada, con el decreto, solamente 900 000 personas que estaban en situación ilegal en España
quedaron excluidas. Dolor, dolor, seguramente sí que tuvieron muchísimo. (Aplausos). Y eso...
(Rumores). Sí, seguro.
Llevo, como seguramente alguno de vosotros —aquí hay un compañero médico que también
trabajaba en la unidad de trasplantes de Canarias al que todavía no he saludado— cuarenta y
cinco años en el sistema sanitario. Cuarenta y cinco años en el sistema me han hecho vivir toda su
evolución. Pasamos de un sistema prácticamente inexistente —partíamos de la beneficencia— a un
sistema de cobertura universal, que es lo que nos trae aquí, a un sistema en absoluta decadencia,
de verdad. (Rumores). No sé quién les informa. De verdad, de verdad, de verdad, el sistema está
deteriorado y tenemos que hacer una reflexión, porque entre todos debemos tratar de mejorar un
sistema que está deteriorado. (Rumores). Debemos asumirlo, porque ese es el sentimiento de los
profesionales y de la ciudadanía. (Aplausos). Guste o no guste.
Llegado aquí pensaba yo también añadir: Se equivocaron —todos nos equivocamos en la
vida y en la política—, estaría bien rectificar por el bien de todos. Veo que no van a rectificar, y lo
siento. Siento de verdad que no rectifiquen porque el sistema público sanitario depende de todo el
sistema político-social, no depende solamente de una parte. Por eso, creo que es muy importante
que todos hagamos una reflexión, y seamos todos conscientes de que es mucho lo que tenemos y
que es mucho lo que podemos perder.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
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Pleno
Núm. 5
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El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchísimas gracias, senador García Buitrón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, presidente.
Creo, señoría, que estamos teniendo un debate enormemente importante e interesante.
Importante porque es un tema que afecta al conjunto de la ciudadanía. Dice el portavoz de Podemos
que ha sido una conquista de la ciudadanía. Sí, y de los partidos; del mío también. (Rumores). Sí,
sí, ustedes cuando eran Alianza Popular se abstuvieron en la Ley General de Sanidad en 1986.
(Aplausos). Sí, sí, sí. Y su portavoz dijo que se abstenía porque queríamos poner un sistema
comunista de sanidad. Eso está en las actas del debate del año 86. Y yo me alegro de que ustedes
vinieran a dar la razón, como hizo la ciudadanía, a quienes desde la izquierda planteamos que
era imprescindible un Sistema Nacional de Salud. No somos los únicos partícipes ni los únicos
protagonistas, ustedes también lo fueron, pero rectificando. Somos de los más protagonistas de
este Sistema Nacional de Salud.
Todos hemos conectado con la ciudadanía. ¿Y qué ha pasado? Que ustedes en el año 2012
rompieron ese acercamiento que hubo en el año 2003, con Ana Pastor de ministra a la cabeza,
cuando negociando con mi grupo, que estaba en la oposición —algunos de mis compañeros ahí
sentados y yo también estábamos en el grupo negociador—, redactamos el artículo 3 de la Ley de
cohesión, que fue la clave para que nosotros votáramos esa ley.
¿Saben lo que decía el artículo 3 de la Ley de cohesión y calidad del 2003? Y lo digo porque
es importante tener memoria histórica, porque si no, los debates políticos no sirven. El artículo 3
de la Ley de cohesión y calidad decía —se lo digo a usted porque la portavoz anterior del Partido
Popular ha leído muy bien lo que le han escrito en el Ministerio de Sanidad, pero dice algunas
imprecisiones/falsedades—: Titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención
sanitaria son todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional. Eso es lo que decía
la Ley de cohesión y calidad en su artículo 3. Y el Real Decreto Ley 16/2012 dice: Artículo 1.
Se modifica el artículo 3 de la Ley de cohesión y calidad que tendrá la siguiente redacción: La
asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud
se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado.
Por lo tanto, ya no es universal el sistema, se lo escriba quien se lo escriba; no es universal. De
hecho, ha habido cerca de 800 000 personas que hasta ese momento tenían derecho a la atención
sanitaria que dejan de tenerlo a partir del Real Decreto 16/2012. Muchas de ellas se han ido de
España, porque la situación económica y otras razones han hecho que decidan irse, pero muchas
de las que residen, no todas ellas, tienen derecho a la atención sanitaria porque las comunidades
autónomas que antes cité decidieron con su esfuerzo reconocerles ese derecho. No es razonable
que un país como España deje de atender a personas en sus necesidades de salud en el ámbito
de la atención primaria y que ustedes vengan ahora a decirnos que el Gobierno de Rajoy se está
planteando modificar la situación para que tengan derecho a la atención primaria. Ya lo podrían
haber hecho en su momento, hace mucho tiempo, hace cuatro años.
Por lo tanto, sinceramente, ¿ustedes tienen algún haber en su gestión de la sanidad en el
tiempo que han estado en el Gobierno tanto en la legislatura anterior como en las otras? Claro
que sí. Yo estoy de acuerdo en que ustedes en el Real Decreto 16/2012 reconocen el derecho a
los parados que se quedan sin ninguna prestación. Muy bien. Por eso no planteamos en nuestro
documento la derogación tal cual del Real Decreto 16/2012, pero estamos de acuerdo en que hay
que derogarlo, lo que pasa es que es una reforma legal que cambiará una situación hoy vigente por
el Real Decreto 16/2012 por otra que desarrollaremos según lo que acordemos en esta moción. Es
una derogación. Cuando hablamos de esa reforma, estamos hablando de eso, pero algún aspecto
como éste hay que mantenerlo, porque fue un avance que ustedes hicieron. Pero ustedes eliminaron
el derecho a la universalidad, se pongan ustedes como se pongan, digan lo que digan, le escriban
lo que le escriban. Y no solo lo decimos los grupos políticos que apoyamos esa tesis, sino también
las organizaciones profesionales, la Organización de Médicos de España, la Sociedad española
de medicina familiar y comunitaria, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional. Le podría dar una
retahíla de organizaciones profesionales, algunas de las cuales, además, firmaron un acuerdo con
su ministerio, como usted ha dicho, que están descontentas porque no han cumplido, entre otros,
ese punto que les exigían de la universalización para incluir a los inmigrantes en situación irregular.
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Hay algunas cosas que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha planteado y que no
son correctas. Ustedes dicen que la sanidad es hoy más universal que antes. Falso. Ustedes
cuando hablan de 800 000 tarjetas más dicen una media verdad que en el fondo es una mentira.
Ustedes cogen lo que había en el año 2012 en la base de datos común del Sistema Nacional de
Salud, que no es otra cosa que un receptáculo que recibía la información de cada comunidad
autónoma, algo que estaba vivo, no estaba terminado. Para luego hacer la sanidad interoperable,
que ustedes no han terminado de hacer, era necesario tener esa base común. En aquel momento
había equis tarjetas de las comunidades autónomas transferidas al ministerio en cuanto a los
datos. En el momento actual hay 800 000 más, pero no porque sean 800 000 españoles más, sino
porque son 800 000 más transferidos a la base de datos nacional. Por tanto, una media verdad
que se convierte en una mentira absoluta; absoluta. Y el hecho de que la sanidad española, según
ustedes, reconozca más derechos al inmigrante en situación irregular que el resto de Europa es
un argumento que no sirve. Eso ya lo reconocía la sanidad española hasta el momento en que
ustedes derogaron el real decreto ley.
Y le podría seguir dando argumentos. Le voy a dar otro. Usted habla de que algunos españoles
no estaban cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, alrededor de 150 000. A estas personas,
sobre todo, profesionales liberales, la ley les daba la oportunidad de decidir si querían una sanidad
pública o con sus propias mutuas... (Rumores.—Varios señores senadores: No, no, no.) Sí, sí, sí,
la Ley de salud pública del año 2010 que propuso el Gobierno socialista, y que ustedes también
apoyaron, decía que esas personas pasarían obligatoriamente a la sanidad pública, y les dimos un
plazo tasado: junio de 2012. ¡Faltaría más que no lo hubieran cumplido ustedes!
Por lo tanto, no se pongan una medalla que no es suya. Fue algo que todos aprobamos en
las Cortes Generales en el año 2010. (Aplausos). Ya está bien de que ustedes hagan mítines en
las instituciones. (Rumores.—Protestas). Yo les estoy dando argumentos. (Protestas). Yo les estoy
dando argumentos, aunque no les gusten... (Fuertes rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Mire usted, yo no traigo aquí ni un papel, y a usted se lo
tienen que escribir. (Protestas). Lo siento mucho, se lo tienen que escribir, qué le vamos a
hacer. (Aplausos.—Rumores). Lo siento. Yo he estado en el Gobierno y sé que muchas veces,
perdóneme, les escriben los eslóganes. (Protestas.—Rumores). Les gustará o no les gustará,
me da igual... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Guarden silencio, señorías.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Se lo dije antes. La sanidad va a ser universal más pronto
que tarde, porque fue un error. Hasta ustedes lo reconocen cuando se plantean la posibilidad de
incorporar a la atención primaria a las personas que no están cubiertas.
Y, fíjese, su gestión es nefasta, porque ustedes han generado una situación de 25 000
millones de déficit acumulado, aunque estén en el FLA prestados a las comunidades autónomas
para que puedan hacer frente a sus pagos. Es un déficit, les guste o no les guste, que ustedes no
han sabido corregir. (Rumores). Y me parece muy bien que usted se arrogue ahora el éxito como
Gobierno de la opinión de los pacientes según el barómetro sanitario, pero cuando nosotros
estuvimos en el Gobierno jamás nos arrogamos ese éxito... (Rumores.—Un señor senador
pronuncia palabras que no se perciben). No, no, usted sabrá mucho de otras cosas, pero de esto
no. (Fuertes protestas.—Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Silencio, por favor. Guarden silencio.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: No, usted sabe mucho de expulsar a los inmigrantes. De eso
sabe un montón. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Lo que yo le quiero decir en relación con la opinión de los pacientes sobre el Sistema Nacional
de Salud —que, por cierto, en el Barómetro ha empeorado respecto de años anteriores— es que,
aun siendo buena, el mérito es de las comunidades autónomas, que son las responsables de la
atención sanitaria, y no del Ministerio de Sanidad.
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Por lo tanto, señoras y señores del Partido Popular, sigan ustedes con su fábula, aunque,
desgraciadamente, se van a dar con la realidad. Ni los profesionales, ni los pacientes les compran
el argumento de que la sanidad es mejor hoy que antes, desgraciadamente.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Olmos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Alarcó.
El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: ¡Qué tristeza! ¡Qué pena! (Rumores).
Señor Martínez Olmos, creo que debe usted pedirle disculpas a la senadora Mendiola por
decir lo que ha dicho. Creo que le ha faltado usted al respeto. (Protestas.—Aplausos).
Le voy a decir una cosa: creo que ha tenido usted una mala tarde, y yo le perdonaría por
eso, pero es intolerable lo que ha hecho hoy aquí. Y se lo voy a decir sin papeles, sin escribirlo;
aunque a usted se lo tenían que haber escrito, porque lo que ha dicho aquí es algo increíble. Le
voy a decir algo más, casi no voy a hablar de sanidad, voy a hablar de política en el Senado. (Un
señor senador pronuncia palabras que no se perciben). No, yo si quiere puedo hablar de sanidad.
Soy catedrático desde hace más de treinta años; además, llevo treinta y nueve años operando. He
operado a 35 000 enfermos. Soy miembro del Colegio Internacional de Cirujanos y no voy a hablar
de sanidad. Pero le voy a decir una cosa a usted señalándolo, mirándolo a la cara. (Protestas).
Ponga usted su currículum democrático sobre la mesa, su currículum sanitario sobre la mesa.
(Aplausos). Yo pondré el mío, y usted me va a tener que pedir perdón, porque lo que usted ha dicho
aquí es intolerable.
Dicho eso, (Rumores y fuertes protestas) me siento profundamente orgulloso. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Hagan lo que hagan lo voy a decir, si me lo permiten el
presidente y ustedes. Voy a terminar, no voy a estar en la algarada ni en la farándula. Tengo
un respeto profundo por la sanidad pública española, que es la cuarta del mundo. Me siento
profundamente orgulloso de subir a esta tribuna y gozar de una sanidad pública que con sus
profesionales, todos, con su sistema, todo, con sus debilidades, este año ocupa el número cuatro
del mundo. (Aplausos). Y cuando uno tiene la posibilidad de defender una sanidad pública, que es
además la cuarta del mundo, oír lo que uno ha oído aquí es, de verdad, triste, muy triste.
Y le voy a dar más datos. ¿Cómo es posible que se pueda decir que los datos que hay hoy
son peores que en la época en la que, por cierto, usted fue director general de Farmacia y se
tiraban 4000 toneladas de medicamentos que no se usaban? (Aplausos). ¿Cómo puede decir
usted esto? Y me centro en su época y no en la del Partido Socialista porque tengo un profundo
respeto por todos, estaría bueno, pero usted ha pasado una línea roja que en política nunca se
debe cruzar. Yo aquí llevo casi nueve años de senador, pero llevo muchos años como profesional
y respeto mucho a todos. Porque, ¿quién ha dicho aquí que el sistema sanitario español es del
Partido Popular? ¿Quién lo ha dicho? Nunca lo hemos dicho, nunca. (Rumores). Yo me puedo
equivocar, pero no miento; me equivoco, y cuando lo hago pido perdón, humildemente, pero no
miento.
El sistema español público es uno de los mejores sistemas del mundo, y este año hemos subido
un grado. Deberían estar contentas todas las comunidades autónomas... (Rumores). ¿Cómo van
a estar contentos, si solo ha faltado decir que aquí se está muriendo la gente? Por cierto, antes
de que se me olvide, porque los minutos pasan, señor Olmos, usted es licenciado, especialista
en Salud Pública y Medicina Preventiva, y en su currículum —yo siempre leo los currículos de
los demás— dice que da clase en una Escuela nacional. Dice usted en la exposición de motivos,
que, por cierto, es igual que la cuarta enmienda, sin cambiar un ápice, que algunas personas,
ciudadanos españoles han fallecido por falta de asistencia. No sé lo que pretende, ¿hacer daño?
¿A quién quiere hacer daño? ¿Al sistema? ¡Si está transferida la sanidad¡ ¿Quieren hacer daño al
sistema? Nosotros no, nosotros respetamos el sistema. Eso es una inmoralidad, eso no ocurre en
nuestro país, no ha ocurrido nunca —y lo pone por escrito—. (Aplausos). Y eso no se puede hacer,
por eso aquí... (El señor Espinar Merino pronuncia palabras que no se perciben). Encantado, yo le
contesto cuando quiera aquí, fuera y donde quiera.
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Pleno
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El señor PRESIDENTE: Senador Espinar, guarde silencio, por favor.
El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Eso no se puede decir cuatro veces seguidas en la misma
moción con el único ánimo no sé de qué. No he averiguado si lo que quieren es hacer daño
al sistema. Aquí hay magníficos profesionales, enfermeros, auxiliares, telefonistas, cocineros de
hospitales de todos los partidos que están dentro del primer rango europeo. Estamos en un distrito
único sanitario europeo de obligado cumplimiento voluntario que dice algo muy taxativo: los países
signatarios de Maastricht, la modificación de Ámsterdam y el Tratado de Lisboa que está vigente
tendrán una sanidad de financiación pública —no sé de qué están hablando— con una provisión de
servicio libre, que lo haga quien mejor lo haga, con un sistema de acreditación europeo. Eso es lo
que estamos haciendo. No llego a entender lo que ha ocurrido. ¿Qué ha hecho el famoso decreto?
Ha hecho una sanidad más accesible que se mide no por lo que decimos nosotros, sino por lo
que dicen los organismos internacionales que miden los resultados del sistema. Si ha ocurrido
eso, ¿por qué vamos a decir lo contrario? ¿Porque gobierna el Partido Popular vamos a decir lo
contrario? Por favor, vamos a poner las cosas en su sitio.
Hemos sido el primer país del mundo durante veintidós años seguidos, cuando gobernaban
otros también, en donación de órganos y en trasplantes. (Rumores). ¿Qué significa eso? Que hay
un sistema público que está formado por muchísimas cosas que permite que haya ese nivel. (Varios
señores senadores: Estamos de acuerdo). Si estamos de acuerdo, ¿qué estamos discutiendo?
(Rumores.—Aplausos). Lo que estamos discutiendo es que ustedes dicen que el famoso decreto
produce efectos negativos en la medición de la sanidad, y yo les digo que el coeficiente de trasplantes
en todas las comunidades autónomas, en los que participan más de 800 personas, en los que
vienen enfermeras, auxiliares, camilleros, telefonistas, con ese sistema y con ese decreto es el
número uno del mundo este año otra vez. Lo quiero decir con orgullo, porque yo hago trasplantes,
pero trasplantes hace todo el mundo que está metido en este sistema, participa todo el mundo.
¿Eso es malo? Hemos batido el récord. El año pasado, en todo el sistema, con sus profesionales,
con sus comunidades autónomas, en un día se hicieron 47 trasplantes en hospitales públicos en
siete comunidades autónomas y en diecisiete hospitales distintos. Eso es muy bueno. ¿Por qué se
consigue hacer esto? Porque se está mejorando una sanidad pública sostenible, equitativa, con
calidad y además accesible a todo el mundo. Yo llevo treinta y nueve años de médico cirujano y no
he visto nunca dejar de atender en España a un ciudadano, del color que sea, hombre o mujer, en
la sanidad pública española; nunca lo he visto. Yo reto a que alguien me diga —porque está en el
texto— si algún ciudadano, independientemente de cómo se llame, de su sexo, etcétera, ha dejado
de ser atendido por algún sanitario en nuestro país. (Rumores). Eso es lo que quería transmitir.
En definitiva, creo que tenemos que buscar un pacto por la sanidad. Lo digo de verdad. Ese
es el fin último del decreto y sus modificaciones. Ese pacto por la sanidad nunca se puede hacer,
como decía Gandhi, con el puño cerrado, hay que abrir el puño para estrechar la mano y buscar
ese pacto por todos los ciudadanos de este país dentro de una sanidad europea.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.
Llamen a votación. (Pausa).
Cierren las puertas.
Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista con todas las
enmiendas aceptadas menos la que tiene número de registro 8972 del Grupo Parlamentario de
Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 251; a
favor, 105; en contra, 138; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda rechazada.
Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana. Buenas noches.
Eran las veintiuna horas.
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SENADO
D. L.: M-12.580/1961 - ISSN: 2172-9794