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ESPAÑA
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
PÁGINAS: 16-17
O.J.D.: 3179
TARIFA: 4115 €
E.G.M.: 5000
ÁREA: 1010 CM² - 111%
SECCIÓN: ESPAÑA
LUNES, 4 DE ABRIL DE 2016
abc.es/espana
ABC
4 Abril, 2016
El desgobierno lleva a la
Generalitat a rechazar 500
plazas fijas para Justicia
∑El Ejecutivo catalán aceptó la oferta del
Estado, luego la declinó al entender mal
las condiciones y cuando rectificó, ya
se habían repartido sus vacantes
Claves
JAVIER TAHIRI/ÀLEX GUBERN
MADRID/BARCELONA
L
a Generalitat de Carles Puigdemont ha renunciado a
contratar a 503 personas en
su Administración de Justicia este año «por un error».
El Gobierno ha convocado
2.189 plazas de Justicia para 2016, de las
que una cuarta parte correspondían a
Cataluña. La Justicia es una competencia transferida a las comunidades autónomas, y si bien Cataluña aceptó en
un inicio la oferta de empleo público
ofrecida por el Estado, un mes más tarde la rechazó, según una carta fechada
el 4 de marzo de la Generalitat al Gobierno a la que ha tenido acceso ABC.
No obstante, las rectificaciones no acaban aquí. Una semana después de esta
negativa, técnicos de la Justicia catalana
llamaron al Gobierno central para recular y aceptar estas 503 plazas, describen
fuentes oficiales. Ya era tarde. El Ejecutivo había repartido a otras siete regiones las vacantes para la oferta de empleo
público que Cataluña había rechazado,
según consta en un escrito de la dirección general de relaciones con la Administración de Justicia.
Las razones detrás de esta sucesión
de respuestas contradictorias son múltiples. La Generalitat alegó en una nota
colgada en la intranet de Justicia, y confirmó luego a ABC el secretario del departamento de Justicia catalán, Adrià
2.189 plazas
son las que se convocará en
Justicia este año para
comunidades y ministerio.
Una cuarta parte correspondían a Cataluña.
7.207 personas
trabajan en la Justicia
catalana. De ellos, 2.850 son
interinos. La Generalitat
pretende convertirlos en
fijos, pero para ello debe
convocar la oferta de empleo.
458 empleados
contrató el Gobierno de
Artur Mas el año pasado, al
aprovechar la oferta del
Estado que ahora Puigdemont ha dejado pasar.
Comella, que «dos tercios de los nuevos
funcionarios piden el traslado dos años
después de ganar la plaza» a otras regiones, ya que «tres de cada cuatro opositores» proceden de «otros lugares del Estado», y Cataluña querría que siguiesen
en la comunidad para dotar de mayor
estabilidad las plantillas de los juzgados.
Como explican desde CSIF, esta temporalidad se debe en parte a los recortes de
la Generalitat –que adeuda varias pagas
extras de otros años a sus empleados, a
diferencia del resto de regiones–.
Ante la elevada temporalidad, el consejero catalán de Justicia, Carles Mundó, ha preferido rechazar la oferta y priorizar la contratación de parte de los 2.850
interinos que tiene la Justicia catalana,
que previsiblemente se quedarán en la
autonomía. Por ello, la Generalitat negocia con el Ministerio de Justicia poder convocar para los próximos años
una «oposición-mixta» para conceder
preferencia a los empleados temporales que ya trabajan en los juzgados catalanes, señala Adrià Comella. Según
comunicados internos a los que ha accedido este diario, la Generalitat también pretendía priorizar el conocimiento del catalán. El departamento de Justicia niega tal extremo.
Aceptación previa
Sin embargo, como describe el presidente de Justicia de CSIF, Francisco
Lama, la Generalitat podía haber hecho esto aceptando las 503 plazas de
empleo público y negociando después
con los sindicatos los requisitos de convocatoria. Por no entender en un principio las condiciones y recular (tarde)
después, la Generalitat ha perdido la oportunidad de contratar a más de 500 personas para su administración de Justicia este año y, como describe Lama, «ha
perjudicado al resto de funcionarios de
Justicia de la autonomía y a los ciudadanos catalanes». Desde la consejería de
Justicia, por contra, se recuerda que la
decisión no implica que se renuncie a
503 puestos de trabajo, sino que estos
van a seguir cubiertos por interinos.
INÉS BAUCELLS
La Generalitat se ha convertido en la
única región que podría haber contratado personal fijo, al que renuncia por
este desliz, algo que la administración
autonómica niega que sea tal. En Justicia no se habían convocado oposiciones
desde 2010, lo que explica que la Justicia catalana sea una de las que más interinos tiene –2.850 de unos 7.000 empleados–. Cada año, la Administración
contrataba este personal ante la imposibilidad de convocar oposiciones, por
las estrecheces presupuestarias.
Esta congelación de convocatorias se
interrumpió el año pasado, cuando el
Gobierno de Rajoy decidió elevar la tasa
de reposición –es decir, el número de bajas de la Administración de Justicia que
se cubrirían– del 0% al 50%. Debido a ello,
en 2015 la Generalitat de Artur Mas acep-
La gestión, paralizada
CSIF ESTUDIA ACCIONES LEGALES
La Administración autonómica bloquea
la movilidad de los funcionarios
J. T. MADRID
La parálisis de la Generalitat a la
hora de convocar plazas de movilidad en Justicia está bloqueando los
cambios de los empleados públicos
de otras regiones a Cataluña e
incluso entre las propias provincias
de la comunidad, señala el sindicato CSIF. Como describe su presidente de Justicia, Francisco Lama, la
Generalitat es la única comunidad
que aún no ha convocado estas
plazas de movilidad para este año.
El sindicato estudia acciones
judiciales, al entender que que se
podría vulnerar la igualdad de los
empleados públicos para cambiar
su plaza.
Ello se suma a la no convocatoria
de oferta de empleo público para
este año. «Si el deseo de la Generalitat es facilitar el acceso a la Admi-
nistración de Justicia del numeroso
y mayoritariamente experto
personal interino, debería estabilizar el empleo y evitar la fuga de
talento», reclama el sindicato.
Además de estas polémicas, el
Gobierno catalán ha anunciado sus
planes para transferir competencias a organismos como una
Hacienda propia, pese a que la ley
no le faculte para ello. Con el
objetivo de proteger a los empleados públicos, CSIF ha desarrollado
un protocolo de actuaciones para
que los empleados no vulneren la
Ley por cumplir órdenes, y las
pidan por escrito.
INCUMPLIMIENTOS
Un desvío de déficit
de dos puntos
Cataluña cerró 2015 con un déficit
del 2,7% (junto a la Comunidad
Valenciana la que más se desvió del
objetivo del 0,7%). La Generalitat
alega que la desviación se explica en
buena parte por la obligación de
imputar al déficit de 2015 el pago de
infaestructuras de antes de 2010. Sin
esos «efectos extraordinarios»,
Cataluña estaría en la media
española, asegura la Generalitat.
PAÍS: España
ABC
LUNES, 4 DE ABRIL DE 2016
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4 Abril, 2016
MAS CO
E
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont
tó el año pasado contratar a 458 personas de Justicia en la oferta de empleo público cuyas oposiciones se realizarán en
2016. Su sucesor, Carles Puigdemont,
ha perdido la oportunidad.
«Desconexión judicial»
Desde CSIF señalan que la sucesión de
errores podría estar relacionada con
la «desconexión judicial» de la comunidad autónoma del resto del Estado,
a imitación de otros ámbitos como la
Agencia Tributaria catalana. La Generalitat de Cataluña niega cualquier intencionalidad política a la decisión,
que también rechazan que se deba a
error o mala gestión. «A nosotros nos
da igual que los funcionarios sean de
aquí o de cualquier otra parte del Estado, lo que queremos es que haya es-
tabilidad en las plantillas, y que quien
obtenga la plaza se quede en ella. Por
eso queremos cambiar el modelo de
oposición, no es que renunciemos a
las plazas», abunda Comella.
Sea como fuere, las plazas de Cataluña finalmente irán a otras regiones
con una elevada tasa de interinidad
–requisito para poder optar a ellas– y
que tienen la Justicia transferida. Las
agraciadas por la negativa catalana
han sido Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra,
País Vasco y La Rioja.
Videoanálisis sobre el grave error
de la Generalitat
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