1. No category

SITUACIÓN SECTOR SEGURIDAD PRIVADA
1. Situación del Sector.
Desde el inicio de la crisis, el sector de la seguridad privada ha registrado una disminución
constante en la facturación, especialmente en el área de Vigilancia. A ello hay que añadirle
una contracción de los márgenes comerciales.
En 2013, el sector facturó 3.392 millones de euros de los que 2.159 millones procedieron del
apartado de Vigilancia, que experimentó una caída del -7,99%. El área de Transporte de Fondos
facturó 293 millones, con una disminución del -1,54%. Sistemas y Alarmas aportó 940 millones
de euros, lo que representa un aumento del 1,23%. El descenso en la facturación total del sector
fue del -5,01%. En los últimos cinco años, la caída acumulada asciende a un -23,9%.
Por otra parte, las previsiones para cierre del 2014 siguen siendo negativas, si bien es cierto
que el descenso en la facturación total se modera, estimándose en un -2%, que se amplía a un 3% en Vigilancia.
La procedencia del negocio se mantiene similar a la de años anteriores, con un 79%
procedente del sector privado y un 21% del público.
Los segmentos de demanda se han dividido en Administraciones Públicas y clientes privados.
En el primer grupo predominan las Empresas Públicas, con un 56,91%; en el segundo son
mayoritarios el Comercio (23,07%), Industria y Energía (21,47%) y las Entidades Financieras
(20,78%).
En España, en 2013, se contabilizaron un total de 1.496 empresas de seguridad privada. De
ellas, 1.264 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 199 por la Generalitat de Cataluña y
33 por el Gobierno Vasco. Por actividades, la mayoría se dedican a instalación y mantenimiento,
seguidas de las de vigilancia y protección.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la mayor parte de las empresas del
sector son pequeñas; un 82,71% del total tiene de 1 a 49 asalariados. Solamente cuatro
empresas superan los 5.000 trabajadores y todas ellas pertenecen a APROSER.
En 2013 en España había un total de 223.936 vigilantes habilitados, de los cuales solo 77.100
en activo. Predominan los hombres con un 87% frente al 13% de mujeres. La edad media de los
vigilantes es de 42 años y la de estructura es de 40,4 años.
El nivel formativo mayoritario del personal es la enseñanza obligatoria, con un 46%, al que
siguen Formación Profesional y Bachillerato, con un total del 45%.*
El contrato indefinido, con un 84%, predomina claramente sobre el temporal y la rotación
anual fue de un 14%.
Empleo:
Abril 2015
114.724
Desempleo:
* Fuente: Informe Aproser 2013 con previsión a 2014
** Ver cuadro anexo con comparativas
Abril 2015
23.279**
Evolución del empleo, el paro y la contratación en actividades de seguridad y vigilancia en
España
Fuente: Gabinete Técnico CC OO, a partir de Seguridad Social, Estadísticas de afiliación y
Servicio Público de Empleo, Estadística de paro registrado
2- Potenciación de empresas que no cumplen los parámetros establecidos amparadas por
los poderes públicos.
La situación respecto a la contratación de empresas que no cumplen lo pactado en
convenio o se descuelgan de las condiciones y derechos de los trabajadores y trabajadoras de
manera continua llega a niveles dantescos en el sector de la Seguridad Privada.
Más preocupante, aún, es que esta situación se dé en contrataciones públicas de manera
regular. La legislación en materia de contratación pública actual deja el camino libre para
que empresas sin ningún tipo de escrúpulo y con prácticas antisindicales, cuando no
mafiosas, entren a controlar pliegos de contratación pública donde sólo prima el precio.
Cuestiones tan básicas como que la empresa cumpla los convenios colectivos, pague los
salarios pactados, se cumplan con las obligaciones de pago de seguridad social y de la
normativa tributaria y realice sus servicios con un mínimo de calidad y seriedad quedan
relegados a un segundo plano en la adjudicación de los contratos.
Desde CCOO de Construcción y Servicios se ha exigido en numerosos foros el respeto a
las leyes y convenios pactados así como el respeto a los derechos de los trabajadores y
trabajadoras. Junto con las patronales y otras fuerzas sindicales en el Observatorio de la
Seguridad Privada, etc…
Nos encontramos con innumerables ejemplos de estas prácticas, entre los que podemos
destacar; Esabe; empresa desaparecida cuyo máximo accionista y responsable se haya en
busca y captura desde hace años por este tipo de prácticas, Falcon; empresa también
desaparecida cuyas propias prácticas de descuelgues salariales acabaron con ella, Magasegur;
Alcor Seguridad; Grupo Control; Alerta y Control; Viriato Seguridad; Seguridad Integral
Canaria, Marsegur y otra muchas, todas ellas empresas que han acudido a las
contrataciones públicas con precios claramente a la baja y que al no poder hacer frente a
los servicios una vez adjudicados con las condiciones que ellos mismos propusieron han
procedido a regularizaciones salvajes de empleo con una grave vulneración y ataque a los
derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Caso aparte merece Seguridad Integral Canaria debido a su gran volumen de negocio y la gran
cantidad de situaciones poco claras en las que anda envuelta. Cubrían el servicio de Seguridad
Privada en el Ministerio de Trabajo a la vez que aplicaban un “convenio de empresa”
claramente irregular que posteriormente fue declarado nulo tras la impugnación en la que
CCOO de Construcción y Servicios participo de manera protagonista.
Seguridad Integral Canaria y la persona de su propietario se hayan inmersos o lo han estado
en todo tipo de situaciones escabrosas como pueden ser; la condena de Miguel Ángel Ramírez
(propietario y también presidente de la UD Las Palmas) a 3 años de cárcel por delitos contra la
ordenación del territorio, contratación de trabajadores no habilitados para realizar sus funciones
de vigilancia de seguridad, contratación de empleados con causas judiciales pendientes para,
entre otros, el control de la seguridad en centros de menores, implicación en casos de torturas
en centros de menores con la muerte de un menor entre las causas iniciadas (caso Nivaria),
impago de pluses a los trabajadores y trabajadoras, turnos de 20 y 24 horas seguidas en el
centro de Valle Tabares, implicación en la intervención de 2500 kg de cocaína por parte de un
miembro de la dirección de la empresa, falta de transparencia en la adjudicación de servicios por
parte del Cabildo y otras administraciones denunciadas innumerables veces como situaciones de
trato de favor, tramas de comisiones irregulares, adjudicaciones de concursos como el del
Cabildo de Gran Canaria que adolecían de graves vicios, condiciones infrahumanas de empleo,
fraude en el tratamiento de las horas extraordinarias en el aeropuerto de Canarias, imputación de
Ramírez por estafa y apropiación indebida, jefe de seguridad de la empresa juzgado por abusos
a una trabajadora, graves irregularidades en el concurso de guarderías de Canarias y despido de
todo el comité de empresa, imputación en el caso de las “donaciones” y los “sobres” de
Bárcenas, Deuda histórica en si gestión de UD Las Palmas a la Seguridad Social de más de
300.000 euros, pago de horas extras como dietas suponiendo un fraude a la seguridad social
según la Inspección de Trabajo, Querella de la fiscalía contra el presidente de UD Las Palmas
por defraudar 2 millones de euros y una lista de innumerables casos de acusaciones y causas
abiertas a una empresa, que entre otras muchas adjudicaciones públicas, se le ha adjudicado un
contrato millonario de vigilancia del Patrimonio Nacional.
3- Persecución Sindical por parte de Seguridad Integral Canaria a delegados y afiliados de
CCOO.
La actitud de la empresa Seguridad Integral Canaria ha sido de total acoso y derribo contra
los derechos de los trabajadores y trabajadoras desde el inicio de su andadura ; a los
constantes descuelgues salariales y perdida de derechos laborales se le unen presiones a
los trabajadores y trabajadoras, retrasos injustificados en la negociación del plan de Igualdad y
un largo etc.
Muestra inequívoca de ello son los ataques directos contra los delegados y afiliados de
CCOO como indicador de las políticas empresariales de ésta “empresa”. La última
ocurrencia de Seguridad Integral Canaria ha sido el despido del Secretario General de CCOO
de Construcción y Servicios en Canarias, trabajador de esta empresa, por el mero hecho
de ejercer sus labores de sindicalista y sus obligaciones como representante de los
trabajadores y miembro de CCOO.
Esta claro que a Seguridad Integral Canaria le molesta que los trabajadores y trabajadoras
reivindiquen sus derechos y ejerzan sus funciones representativas pero CCOO de Construcción
y Servicios no va a parar de exigir el cumplimiento de la Ley y el respeto de los derechos de los
compañeros y las compañeras del sector de la Seguridad Privada tanto en los juzgados como en
los centros de trabajo.
CCOO de Construcción y Servicios no va a permitir más atropellos por parte de los que no
respetan los derechos y obligaciones que tanto esfuerzo han costado lograr a los trabajadores y
trabajadoras, máxime en un sector tan castigado como el de la Seguridad Privada.