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Año 5 N°71 Octubre
2015
Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco
En el interior
CAPACITARON
EN HONORARIOS
PROFESIONALES
Y PERITOS
JUDICIALES
Analizaron aspectos relevantes para el ejercicio diario de la tarea de abogados
e integrantes de la justicia.
PÁG. 3
Chaco es el tercer nodo del país
Crearon punto de acceso a
la lectura de biblioteca digital
Se podrán consultar más de 49.100 libros en formato audio o documento
de texto, completamente accesibles para personas con discapacidad.
Finalizó el concurso
Emilia Valle es la nueva
ministra del Superior
Tribunal de Justicia PÁG. 4
La jueza de Villa Ángela fue electa por unanimidad.
La iniciativa se gestó mediante un proyecto en red de la Biblioteca Jurídica “Dalmasio V. Sarsfield”.
Fallo Secretaría Contencioso Administrativa
PÁG. 4
Tutela judicial efectiva: STJ ordenó reincorporar
PÁG. 6
a agentes municipales cesanteados
Editorial
PÁG. 2
Triunfó la
institucionalización
Por María Luisa Lucas, ministra del STJ y
presidenta del Tribunal Electoral del Chaco
PÁG. Resistencia,
2
Octubre
de 2015
Editorial
E
Por María Luisa Lucas
TRIUNFÓ LA
INSTITUCIONALIZACIÓN
l Tribunal Electoral provincial, que me tocó
presidir este año, fue un ejemplo, a nivel nacional, en tanto pudo demostrar – frente a los
continuos pronósticos agoreros que hablaban
de posibles situaciones fraudulentas en las elecciones
del pasado 20 de septiembre-, que el Chaco estaba en
condiciones de tener una jornada cívica de absoluta claridad institucional.
El Tribunal electoral organizó el procedimiento electoral que tuvo como principal finalidad garantizar la
igualdad, la equidad y la tranquilidad, y eso ocurrió.
Los veedores, que fiscalizaron el proceso electoral,
nos dejaron sólo palabras de alabanzas y halagos por la
calidad institucional que pudieron observar.
Tribunal que logró subsanar esto, y estábamos a las 8.15
u 8.20, con casi el 100 por ciento de las mesas abiertas,
lo cual marca una calidad y una posibilidad de actuar
rápidamente por parte del Tribunal Electoral”.
En el caso de los veedores internacionales, el Director de Asuntos Electorales del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Adonai Jiménez indicó que “nos
hemos encontrado con una jornada muy tranquila, en
la que no hemos encontrado que se haya generado ningún tipo de eventualidades dado que el tribunal electoral ha garantizado todas las medidas pertinentes al
proceso”.
LOS CUESTIONAMIENTOS
EL VETO PREVIO
Vale recordar que, el 3 de junio pasado, la legislatura local sancionó la ley 7590 que prohibía “al Tribunal
Electoral de la Provincia, incorporar y/o adecuar tecnología informática (voto electrónico u otros mecanismos) para la emisión y escrutinio de votos, como expresa garantía del sistema electoral previsto y regulado en
esta norma”.
Con fecha 16 de junio de este año el gobernador
Jorge Capitanich, resolvía vetar esa ley, y corroborar
lo actuado por el Tribunal Electoral, que mantuvo la
disposición de recurrir a ese sistema (el de boleta voto
electrónico) conforme a lo resuelto en Acuerdo No. 35
de fecha 16 de junio de 2015 por este cuerpo colegiado,
tal como lo establece, el art.48º inc d) de la ley electoral
provincial, que faculta al organismo a indicar “el sistema electoral aplicable” y que fuera solicitado su utilización con anterioridad por Resolución 1075/15 de la
Intendencia de la Municipalidad de Resistencia convocando a elecciones municipales.
El sistema electoral utilizado en la provincia fue
mixto: en la totalidad de las 804 mesas de Resistencia
se utilizó la boleta única electrónica, como en 9 mesas
de Presidencia Roque Sáenz Peña, 30 de Charata y 31
de Villa Ángela que representan el 28,82 por ciento del
total. En las 2.159 mesas del resto de la provincia se utilizaron los tradicionales votos de papel.
Se dio cumplimiento a la ley 7217, única en el país,
que establece la obligatoriedad de los debates entre
los candidatos a gobernador y diputados provinciales,
emitidos por televisión y radio, con todo éxito y excelente recepción en la ciudadanía.
LOS VEEDORES
Por primera vez se invitaron a veedores nacionales e
internacionales para observar las elecciones provinciales del 20 de septiembre de 2015.
El director Nacional Electoral, Alejandro Tullio pon-
Año V
Número
71
Octubre
de 2015
Publicación mensual del
Superior Tribunal
de Justicia del Chaco
López y Planes 215
Resistencia | Chaco
Dirección editorial
Superior Tribunal de Justicia
www.justiciachaco.gov.ar
deró el trabajo de los veedores quienes según explicó a
Télam se encontraron “desplegados desde la primera
hora de la mañana tanto en el interior provincial como
en la ciudad de Resistencia y su periferia”.
Entre ellos había representantes de Organizaciones
de Nicaragua, Uruguay, Chile y del Observatorio de
Derechos Políticos y Electorales de la Universidad Nacional de La Plata, la ONG Transparencia Electoral, la
Asociación de Abogados De Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Foro
Federal de Organismos Electorales de la Argentina. Entre estos últimos se destaca la presencia de magistrados
y funcionarios de tribunales electorales de Córdoba,
Santa Fe, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires.
Estos observadores destacaron la transparencia del
acto electoral, aseguraron que no tuvieron objeciones
y realizaron un balance “más que positivo”, al tiempo que señalaron que “tanto la actuación del Tribunal
Electoral como el comportamiento de la ciudadanía
provincial nos muestra un camino normal y de calma”.
Los representantes de la ONG Transparencia Electoral, por ejemplo, señalaron que “en Resistencia se votó
con boleta única electrónica, lo cual generaba una innovación, que determinaba algún tipo de dudas, como
todo cuando hay alguna innovación, y lo único que
ocurrió a las 8 es que muchos presidentes de mesa no
se presentaron, pero había un plan de contingencia del
Presidente
Alberto Mario Modi
Ministros
María Luisa Lucas
Iride Isabel María Grillo
Rolando Ignacio Toledo
Redacción, fotografía,
diagramación y edición
Oficina de Prensa
del Superior Tribunal
de Justicia
Con motivo de algunos cuestionamientos en la confección y fiscalización de los padrones utilizados en la
elecciones de las PASO provinciales del 24 de mayo de
2015 y nacionales del 9 de agosto de 2015 y las provinciales del 20 de septiembre de 2015, el Tribunal tuvo
que manifestar públicamente que utiliza los padrones
confeccionados y enviados por la Comisión Nacional
Electoral y sólo ordena su impresión y publicación, opinando sí que podría confeccionar sus propios padrones
provinciales si se dictara una ley conforme el artículo
159 de la Ley Electoral provincial (4169) dice expresamente que “hasta tanto se dicte una ley especial, el
Tribunal Electoral utilizará el Padrón Nacional para
las elecciones provinciales o municipales que se convoquen, con las ampliaciones que corresponden respecto
a estas para los extranjeros”.
Y el inciso 2 del art. 90 de la Constitución provincial,
es muy claro al establecer que
“Son electores… inscriptos en el registro cívico de
la nación y domiciliados en la provincia. Cuando el registro cívico de la nación no se ajuste a los principios
fundamentales de esta constitución para el ejercicio
del sufragio, por ley (*) se dispondrá la formación de
un registro cívico de la provincia bajo la dirección del
tribunal electoral”. Atento a estas disposiciones constitucionales y legales en Acuerdo del 13 de octubre
de 2015 resolvió solicitar a la Cámara de Diputados
el dictado de una ley especial que ordene al Tribunal
Electoral la confección del Registro de Electores de la
Provincia.
Como conclusión de las jornadas electorales que
estuvieron a cargo del Tribunal Electoral este año,
podemos asegurar, como lo reconocieron los veedores, que el Chaco es un pueblo pacífico y democrático
que demostró conducta en estas últimas elecciones, y
el Tribunal Electoral (constituido por magistrados y
funcionarios de la Justicia provincial), tomó decisiones
estratégicas y consecuentes, en todo lo relativo al buen
desarrollo del acto electoral y del posterior escrutinio.
(*) La negrita es nuestra.
Este ejemplar se
distribuye una vez por
mes en el Chaco y en
la Argentina. Queda
prohibida su venta por
separado. Los artículos
pueden reproducirse
citando la fuente de la
publicación
Contacto
Oficina de Prensa del
Superior Tribunal
de Justicia
Teléfono 0362-4452893
[email protected]
Resistencia, PÁG.
Octubre
de 2015
3
En el marco de la presentación del libro homónimo
Amplia capacitación en honorarios
profesionales y peritos judiciales
Las jornadas reunieron a casi 200 asistentes. Fueron analizados aspectos relevantes para el ejercicio diario de la tarea de
abogados e integrantes de la justicia. Rotundo respaldo desde los colegios de profesionales a la realización de los encuentros.
Juan José Castelli y Sáenz Peña dieron cita
unos 200 participantes que concurrieron a las jornadas de capacitación en honorarios profesionales
y peritos judiciales que se realizó; en las que, además, se presentó el libro homónimo.
La ministra Isabel Grillo realizó la apertura,
mientras que Diego Derewicki y Adrián Farías
(autores del libro) fueron los capacitadores.
Esta actividad se gestó en respuesta a los pedidos de los abogados de toda la provincia y se llevarán a cabo en cada circunscripción (aún restan
Resistencia, Villa Ángela, Charata y San Martín).
INFOJUS entrevistó Derewicki y Farías, autores de la publicación y responsables de la capacitación.
Las jornadas reunieron a casi
200 asistentes.
¿Cuál es el objetivo de la charla?
Trabajar en un marco de capacitación, compartir con abogados, auxiliares de la justicia, empleados, funcionarios y magistrados las mutuas
inquietudes, experiencias, conocimientos, inconvenientes y opiniones que podamos tener en relación a la regulación de honorarios profesionales
en un proceso judicial.
La regulación de honorarios presenta una tensión interna que genera dificultades en su aplicación, porque enfrenta dos derechos. Por un lado el
derecho a la retribución de los profesionales por
su colaboración en la administración de justicia, y
por otro el acceso a la justicia, ya que las retribuciones inciden en el costo del proceso.
Es por ello que el diálogo y el debate nos permiten conocer los puntos de vistas de quienes,
desde lugares distintos, nos enfrentamos a una
misma situación. Eso nos da la oportunidad de
construir soluciones que satisfagan los diversos
intereses que cada uno pueda tener.
¿Cuáles son los ejes centrales de la disertación, y sobre qué ítems en especial hacen hincapié en la capacitación?
Durante las charlas analizamos la regulación
de honorarios de los abogados y la de los peritos judiciales. Se hace referencia particularmente
a los antecedentes históricos relacionados con la
ley de honorarios de los abogados, a las características que presenta el sistema arancelario, a la
cuestión del orden público y su derogación. Asimismo, se hace foco en los principios que se derivan del mismo y que sirven de orientación a la
hora de resolver aquellos casos que no tienen una
solución específica, en particular el principio de
proporcionalidad; también se hace referencia a los
parámetros y escalas que se utilizan para regular
honorarios y otras cuestiones vinculadas a la protección de los honorarios.
¿Qué deben tener en cuenta los profesionales y peritos a la hora de establecer honorarios
profesionales?
El eje temático de la charla contiene las cuestiones que debe tenerse presente a la hora de establecer los honorarios tanto de los abogados como
la de los peritos, los principios y reglas que se
aplican a uno y otro son semejantes, y eso de alguna manera queda expuesto en la charla.
¿Cuál es el abordaje del libro de su autoría?
Tanto en el primer libro “Honorarios para abogados y procuradores de la provincia del Chaco”,
Reguera:
“Nos facilitó la
comprensión”
como en el segundo libro “Aranceles para peritos
judiciales” se trató de presentar de manera sistematizada las reglas que rigen la determinación del
honorario profesional como así también la protección del mismo, entre otras cuestiones.
Cabe señalar al respecto que algunas profesiones tiene una ley que regula la cuestión de los
aranceles, pero existen otras profesiones que no
tiene regulación expresa.
El estudio pretende presentar de manera coherente y ordenada todas estas reglas que conforman
el sistema arancelario, exponiendo la interpretación de los tribunales como así también de la doctrina en relación a tales reglas, la solución que se
presentan para llenar las lagunas o las contradicciones del sistema.
El objetivo es contribuir para que los profesionales sean remunerados adecuadamente por los
servicios prestados y, de esta manera, dignificar
la alta función que cumplen en la administración
de justicia.
La ministra Isabel Grillo realizó la
apertura, mientras que Diego Derewicki y Adrián Farías (autores
del libro) fueron los capacitadores.
El presidente del Colegio de Abogados de
Sáenz Peña, Edgardo Reguera, valoró la jornada de capacitación y señaló que “nos facilitó la comprensión de los temas en cuestión”.
“Esto es más que importante para nosotros
porque después de varias charlas con el STJ
pudimos concretar un muy buen curso con excelentes profesionales que estuvieron a cargo
de las disertaciones”, precisó.
Por otra parte agradeció “al Superior Tribunal y al Centro de Estudios Judiciales que
escucharon el pedido que les hicimos desde
el interior”. “La jornada nos deja muchas enseñanzas; no solo para los profesionales del
foro, sino también para que los integrantes de
la justicia puedan sentar criterios”, reflexionó.
Finalmente destacó que el curso “no solo
informó sobre la ley de honorarios; sino también un mini curso de capacitación de esta
temática en función del nuevo código civil y
comercial”.
García Veritá: “Es vital
formarnos en esta materia”
Por su parte el presidente del Colegio de
Abogados del Norte, Gonzalo García Veritá,
agradeció el “esfuerzo que realiza el Poder Judicial para traer estas capacitaciones a un lugar tan distante de la capital provincial como
lo es Castelli”.
“Para nosotros es vital formarnos en esta
materia, era un pedido que hicimos en varias
ocasiones. También crecemos en experiencia
al compartir instancias de formación junto a
integrantes de la justicia”, sostuvo.
Además remarcó: “tenemos que ir embebiéndonos de los conocimientos que traen juristas e investigadores de la talla de Derewicki
y Farías. Ahora nos toca llevar a la práctica sus
propuestas académicas”.
PÁG. Resistencia,
4
Octubre
de 2015
En forma unánime
Emilia Valle fue electa ministra
del Superior Tribunal de Justicia
Como corolario del concurso
público de oposición y antecedentes Emilia María Valle fue elegida
para integrar el Superior Tribunal
de Justicia del Chaco junto a Alberto Mario Modi, María Luisa Lucas,
Isabel Grillo y Rolando Toledo.
La ex camarista de Villa Ángela
tuvo el voto unánime de los siete
integrantes del tribunal examinador del Consejo de la Magistratura:
María Eugenia Sáez, Luis Meza,
Rolando Toledo, Javier Oteo, Martín Nievas, Carim Peche y Gabriela
Tomljenovic.
TRAYECTORIA
Valle, que llegó al concurso público de oposición y antecedentes
como jueza de la Cámara en lo Criminal de Villa Ángela, se recibió de
abogada en 1984, en la Universidad
Católica de Santa Fe, donde obtuvo
el mejor promedio de la colación.
Su ingreso a la Justicia se produjo el 28 de septiembre de 1984
como escribiente en el juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Villa Ángela. Desde entonces fue defensora
oficial, agente fiscal, jueza de instrucción y jueza de garantías.
Desde 2006 fue delegada y ca-
pacitadora del Centro de Estudios
Judiciales del Poder Judicial.
Asimismo integró en dos oportunidades el Consejo de la Magistratura. Primero, entre 2010 y
2012, como miembro suplente. En
el bienio siguiente lo hizo como titular, en el cargo de vicepresidenta.
Entre otros, en 1987, recibió el
reconocimiento del procurador general por su labor como fiscal en el
esclarecimiento del caso “Strumberger”. En 2009 recibió lo propio
del STJ con motivo de sus 25 años
de servicio ininterrumpido en el
Poder Judicial. Luego la reconoció
el Consejo de la Magistratura, en
2014, por su aporte y desempeño
como exconsejera.
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS
Durante el concurso Emilia
Valle propuso partir de las acciones de política institucional en las
que ya viene trabajando el STJ.
En tal sentido sugirió completar
la implementación del Nuevo
Diseño Organizacional en el
interior, consolidar la oralidad
en todos los fueros, incrementar la capacitación en el interior
El plan de gobierno de Valle fue resaltado por los integrantes del tribunal examinador.
a través de videoconferencias,
campus virtual, etc. Establecer
una cultura de la comunicación; aumentar la cantidad de talleres
de prensa y justicia como los que
se vienen realizando; disponer de
observatorios de malas prácticas y
fortalecer el uso de medios alterna-
tivos de resolución de conflictos,
sobre todo en algunas circunscripciones del interior.
Entre los lineamientos estratégicos propuso siete ejes: fortalecer
la ética y la independencia judicial;
brindar servicios de excelencia;
garantizar y ampliar aún más las
vías de acceso a la justicia; gestión
y desempeño de los recursos humanos; gestión de la comunicación y
acceso a la información; fortalecer
relaciones externas e internas; y
otras acciones estratégicas en punto a necesidades jurisdiccionales y
edilicias.
Es el tercer nodo del país
Crearon centro de acceso a la lectura de la biblioteca digital
Se podrán consultar más de 49.100
libros en formato audio o documento
de texto, completamente accesibles
para personas con discapacidad. La
iniciativa se gestó mediante un proyecto en red de la Biblioteca Jurídica
“Dalmasio V. Sarsfield”, realizado
con la Mesa de Atención y Asesoramiento Permanente a la Víctima y a
la Ciudadanía y con la contribución
de la Asociación Civil sin fines de
lucro Tiflonexos de la Provincia de
Buenos Aires.
“Este nodo es una biblioteca accesible con distintos materiales para la
lectura, Chaco es la tercera provincia
en sumarse y así se garantiza un derecho”, señaló Matías Ferreyra de la
biblioteca Tiflolibros.
Mientras que su par Gonzalo Román destacó el trabajo cooperativo
que realizaron con la Biblioteca Jurídica lo cual permite “visualizar la
temática” y da la posibilidad de compartir contenidos mediante una plataforma virtual.
Durante la presentación que se
realizó el 16 de octubre en el Salón
de Usos Múltiples del Superior Tribunal de Justicia se dieron a conocer
detalles del trabajo conjunto que busca promocionar el libro y la lectura a
todos y especialmente a personas con
discapacidad visual.
Estuvieron presentes también la
ministra del STJ María Luisa Lucas,
el jefe de la Biblioteca Hugo Robledo e integrantes de la misma, así
como del Poder Judicial del Chaco.
Y representantes del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad del Chaco y del
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
PROYECTO
AUDIOLIBROS
Asimismo, en la oportunidad, se
explicó en qué consiste el proyecto
Presentaron el
proyecto audiolibros de la
Biblioteca Jurídica y el centro
de acceso a la
lectura.
audiolibros de la Biblioteca Jurídica
del Poder Judicial del Chaco.
Robledo dijo que la iniciativa
buscan incrementar el fondo bibliográfico con otros formatos, como
audio, propiciando la producción de
documentos multimediales y de este
modo facilitar el acceso a la lectura.
Según indicó el principal motor de
la propuesta que -se realizó con personas no videntes que trabajan en el
Poder Judicial- surgió porque existe
una gran cantidad de personas que,
por su situación, se ven impedidas de
acceder a la lectura efectiva de textos impresos.
Al tiempo que informó que esta es
una idea que se gestó en red y bajo
marcos legales como la ley nacional
27061 que justamente busca facilitar
el acceso a textos impresos.
El titular de la Biblioteca Jurídica
anticipó que continuarán trabajando
en la legislatura provincial con el
proyecto de ley para crear un registro
de voluntariado para la elaboración
de audiolibros.
Resistencia, PÁG.
Octubre
de 2015
5
Dictada en Charata entre julio y octubre
Culminó intensa capacitación
en código Civil y Comercial
Fueron siete encuentros que reunieron a una nutrida concurrencia en cada uno de ellos. El ministro Toledo disertó en la
jornada de cierre realizada el 5 de octubre.
Con las exposiciones del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Rolando
Toledo y Gustavo Orgaz concluyó la capacitación en torno a la reforma del código
civil y comercial, a la que asistieron aproximadamente cien personas, incluyendo
magistrados, funcionarios y abogados. Este fue el séptimo encuentro desde que
comenzó el dictado el 31 de julio de este año.
El primero en exponer fue Gustavo Orgaz quien se refirió al tema “contratos”.
Luego Toledo abordó la responsabilidad del Estado y de los funcionarios por la
actividad extracontractual de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES
A lo largo de las clases hubo un importante número de destacados expositores
con variada temática: Rolando Toledo, Mariano Lino Churruarin (estructura de
la reforma), Carlos Depetris (aplicación temporal y persona humana, capacidad,
hecho y acto jurídico), Miguel Piedecasas (régimen de responsabilidad), Francisco
Magin (materia sucesoria), Carlos Rolando (derecho de familia, Carlos Silvero
Fernández (personas jurídicas), Luis Daguerre y Carlos Sureda (ambos sobre derecho real), Jose Márquez (obligaciones dinerarias y de valor), Carlos Depetris
(persona humana, capacidad, hecho y acto jurídico).
El personal del Juzgado de Paz de Charata juntamente con el Centro de Estudio
judiciales estuvo a cargo de la organización.
Álvaro Llaneza, juez de paz de Charata reiteró el agradecimiento al STJ y el
CEJ. También a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, el Colegio de Abogados de la cuarta circunscripción, Oscar Biain y Rafael Saucedo por
su colaboración y al personal del juzgado de paz por su trabajo en la organización,
a todos los participantes por haber confiado en la excelencia del evento.
Las actividades fueron coorganizadas entre el Poder Judicial y la Asociación de
Magistrados y Funcionarios del Chaco, con el auspicio del Colegio de Abogados
de la cuarta circunscripción judicial.
19 y 20 de noviembre
Toledo disertó en la jornada de clausura de la capacitación.
Resistencia sede de las 4ª
jornadas nacionales de la
defensa pública oficial
Las cuartas jornadas nacionales de la defensa pública oficial se realizarán
entre el 19 y 20 de noviembre en Resistencia en el Hotel Amerian. Se anunció la participación de destacados referentes nacionales e internacionales:
Jean-Michel Arrighi (secretario de asuntos jurídicos de la Organización de
Estados Americanos), Stella Maris Martínez (defensora general de la Nación) y Noemí Yore Ismael (defensora general del Paraguay).
TEMARIO
Durante el encuentro, que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) del Poder Judicial, se analizarán temas como: sistema
acusatorio, leyes orgánicas de la defensa pública (autonomía funcional y
financiera), buenas prácticas, refugiados, migrantes, estado de los procesos
de autonomía, desafíos con relación al nuevo código civil, problemáticas
de implementación en torno a capacidad y salud mental, adopción (nuevas
técnicas de fertilización), violencia de género, problemas prácticos en la
implementación de reformas legales y sistema interamericano de derechos
humanos
INFORMES E INSCRIPCIÓN
La asistencia fue numerosa y colmó las instalaciones del hotel Mocoví.
Los interesados pueden obtener mayores informes en el Centro de Estudios Judiciales (Juan B. Justo 42), llamando al 0362-4443083 o escribiendo
a [email protected].
Hasta el 10 de noviembre la inscripción cuesta $750. En tanto que a partir
del día siguiente el arancel serán $900. La única forma de pago es mediante
depósito en la caja de ahorro número 1624402. Luego deberá remitirse el
comprobante por correo electrónico al CEJ.
PÁG. Resistencia,
6
Octubre
de 2015
Fallo destacado – Secretaría Contencioso Administrativa
Tutela judicial efectiva:
STJ ordenó reincorporar a agentes
municipales cesanteados
Se garantizó el acceso a la tutela judicial efectiva. Sus designaciones como personal de planta habían sido
anuladas con el cambio de autoridades “La razonabilidad exige que la actividad estatal se cumpla dentro
de un cierto orden, de una cierta justicia”, afirmó.
En un caso en que adoptó competencia positiva, el Superior Tribunal de Justicia ordenó
restituir como empleados de la municipalidad
de La Verde, cuyas designaciones de planta habían sido anuladas con el cambio de autoridades locales en diciembre de 2007.
Así quedó plasmada la decisión en la sentencia 111/15 de la secretaría contencioso
administrativa 1 de la sala única del STJ que
declaró inconstitucional la sentencia 122/12
de la sala segunda de la Cámara Contencioso
Administrativa. A través de la misma el alto
cuerpo en pleno ordenó, además, que se paguen las remuneraciones pendientes desde que
fueron reincorporados el 21 de mayo de 2010,
junto con los adicionales e inscripción en el
organismo previsional que por ley corresponda. El fallo ordena efectivizar las astreintes y
el apercibimiento de dar intervención al fiscal.
De esta manera garantizó el acceso a la tutela judicial efectiva. Derecho contemplado
tanto en la Constitución Nacional, como en
numerosos pactos y tratados internacionales
suscriptos por el Estado argentino.
Hombre afirma: “toda persona puede concurrir
a los tribunales para hacer valer sus derechos.
Asimismo debe disponer de un procedimiento
sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen,
en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.
“DEBEN DESPEJARSE LOS
OBSTÁCULOS”
RELATO DEL CASO
La situación se remonta a fines de 2007,
cuando los demandantes fueron pasados a
planta como personal del municipio mediante
las ordenanzas 219, 220 y la resolución 173/07.
Después de asumir, el nuevo intendente decide anular tales designaciones a través de la
resolución 196/07. Esto motiva el planteo de
una acción de amparo de los damnificados,
mediante la cual solicitan su reincorporación,
la cual es rechazada en primera instancia.
Una vez apelada la decisión, la sala 2 de la
Cámara Contencioso Administrativa, a través
de la sentencia 107/08, hace lugar al pedido,
revoca la sentencia previa, declara la nulidad
de la resolución 196/07 (por “incompetencia”,
dado que en virtud de la ley 1140 el jefe comunal no podía anular el acto en sede administrativa y debía recurrir a la sede judicial a
través de una acción de lesividad) y ordena la
inmediata restitución de los demandantes.
Posteriormente, el 15 de abril de 2010, el
STJ confirma el pronunciamiento de la Alzada
y, el 14 de julio de ese año, rechaza el recurso
extraordinario federal interpuesto.
Ante el incumplimiento por parte de la
comuna se plantea una acción de ejecución
de sentencia ante el juez de ejecución penal;
quien ordena reincorporar a los agentes en for-
ma provisoria. En virtud de esto, el 21 de mayo
de 2010, se suscribe un acta entre el municipio
y los actores que no les asignaba funciones ni
remuneraciones, pese a exigirles la asistencia
al lugar de trabajo.
Se genera una denuncia por incumplimiento judicial y la parte demandada aduce que
fueron incorporados a la categoría 0 con categorías pasivas por esas personas no poseían
seguro contra riesgos del trabajo, y porque la
municipalidad no contaba con el presupuesto
para hacer frente a los salarios.
En este punto el juez de ejecución penal declara que la cuestión es ajena a sus facultades y
que debe tramitarse por la vía correspondiente.
Entonces los demandantes apelan nuevamente
ante la Cámara Contencioso Administrativa,
que desestima la acción por considerar que se
intentaba “reeditar una cuestión debatida”.
Así llega a la instancia del STJ, quien se
pronuncia a favor de los demandantes con los
siguientes argumentos.
“EXCESO DE RIGOR”
En su pronunciamiento, los jueces Rolando Toledo, María Luisa Lucas, Alberto Mario
Modi e Isabel Grillo advirtieron que los cama-
ristas “han incurrido en exceso de rigor formal
en la aplicación e interpretación de las normas
procesales que rigen el instituto y han efectuado una errónea ponderación de los hechos y
constancias de la causa”.
Al mismo tiempo añaden que aceptan el
caso porque, al producirse un “menoscabo del
derecho de defensa en juicio y del debido proceso, lo resuelto se aparta de las constancias de
la causa y del derecho aplicable, vulnerando el
principio de tutela judicial efectiva y causando
agravios de imposible reparación ulterior”.
Sobre este punto, los ministros coincidieron
al definir como un derecho “muy amplio” porque sus efectos alcanzan a “tres momentos distintos: primero, al acceder a la justicia; segundo, durante el desarrollo del proceso; y finalmente, al tiempo de ejecutarse la sentencia”.
En ese sentido recordaron que artículo 8 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho
a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución o por la ley”.
Al tiempo que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Más adelante hicieron propio lo dicho por
Elena Highton de Nolasco y Beatríz Areán respecto a que “la alusión constante a la efectividad que debe presentar la tutela judicial exige
que se despejen los obstáculos que puedan
verificarse para la ejecución de las decisiones
judiciales”. Porque “de nada sirve el esfuerzo colectivo de establecer un sistema judicial
si no se dota a los magistrados de los mecanismos para hacer cumplir las decisiones que
adopten en los procesos. La adecuada ejecución de ellas perfecciona, entonces, la vigencia
de la garantía constitucional a la tutela judicial
efectiva”.
Además indicaron que “el actuar de la administración transgrede no sólo los aspectos
objetivos de la razonabilidad, sino además los
subjetivos. Los primeros se refieren a la armonía entre la norma y el hecho, y los segundos
aluden a los juicios valorativos que efectúa el
juzgador sobre la base de los principios axiológicos que conforman su conciencia jurídica y
las circunstancias particulares del caso”.
Y fueron categóricos al señalar que “ni siquiera la invocación de la satisfacción del interés público puede legitimar actuaciones ilógicas, arbitrarias y abusivas”.
“Hay una conducta razonable para cada tipo
de actividad administrativa. El ejercicio de la
discrecionalidad, la ponderación de intereses
conforme a la oportunidad y conveniencia, la
libertad de elegir entre varias alternativas, es
posible siempre que entre otras limitaciones
la resolución administrativa no sea arbitraria e
irrazonable”, recordaron en base a doctrina del
propio STJ.
Por último concluyeron con que “la razonabilidad exige que la actividad estatal se cumpla
dentro de un cierto orden, de una cierta justicia. Es un patrón o un standard que permite determinar, dentro del arbitrio más o menos amplio, ordinario o extraordinario de que gozan
los órganos del Estado, aquello que es axiológicamente válido”.
Resistencia, PÁG.
Octubre
de 2015
7
Diversos especialistas analizaron el tema
Intensa capacitación sobre
Responsabilidad del Estado
Abogados, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, además de
estudiantes de Derecho, asistieron a
la jornada sobre “Responsabilidad del
Estado” que, con la disertación de especialistas en el tema, se llevó a cabo el
16 de octubre en el salón de la Federación Médica. Durante el desarrollo de
la primera parte de la actividad Estela
Sacristán se refirió a “Fundamentos de
la responsabilidad del Estado”, luego,
Lisandro Yolis, habló sobre “La exclusión de la responsabilidad del Estado
en el Código Civil y Comercial” y Miriam Ivanega a “La responsabilidad por
omisión en la ley Nº 26944”.
En un segundo tramo de la jornada, Mirta Sotelo se ocupó de “La Ley
26944 y la competencia legislativa de
las provincias para regular la responsabilidad del Estado provincial” y Jimena
Vega Olmos se refirió a “Responsabilidad del Estado por actividad lícita y
compensación del lucro cesante. La exclusión prevista en la ley 26944”.
TOLEDO
El cierre de la jornada le correspondió al ministro del STJ, Rolando Toledo, quien habló sobre “la responsabilidad del Estado por su actividad judicial
en la provincia del Chaco”.
Señaló que “…cuando se trate en el
parlamento la situación normativa de la
provincia respecto de la responsabilidad del Estado no va a poder ser igual
a la de la Nación, porque va a tener que
tener en cuenta el marco constitucional
provincial”, y, al respecto comentó que
los diputados enviaron una consulta al
STJ “respecto de la posibilidad de que
la provincia del Chaco se adhiera lisa
y llanamente a la ley nacional; (y que)
estamos preparando la respuesta para
hacerlo de la mejor manera”.
Luego de preguntarse sobre la situación de las provincias argentinas luego
de la implementación del nuevo Código
Civil y Comercial y la ley 26944, sostuvo que “estamos como en la época del
viejo código porque lo que rige en forma directa es la Constitución Nacional
y el Pacto de San José de Costa Rica”.
También consideró que “todo lo que
sea reparación de daño tiene que ser interpretado de la manera más amplia, en
favor del perjudicado…”, que “se han
superado etapas en que todo se miraba del lado del Estado”. En cuanto a la
responsabilidad del Estado, específicamente en el ámbito judicial, señaló:
“Entiendo que, en los casos en que el
particular se sienta dañado, por alguna
actividad que puede ser lícita, tanto de
los magistrados, funcionarios, empleados, peritos, que le causen un daño, la
reparación se impone por imperio de
la Constitución Nacional y el Pacto de
San José de Costa Rica”. La actividad
estuvo organizada por el Instituto de
Derecho Constitucional y Administrativo, con el auspicio de la Asociación
de Derecho Constitucional y Derecho
Administrativo; RADHEM, Centro de
estudios sobre Gestión Pública y Responsabilidad y librería Contexto.
El cierre de
la jornada
estuvo a
cargo del
ministro del
STJ Rolando
Toledo.
La justicia chaqueña presente en
congreso argentino de recursos humanos
El Poder Judicial del Chaco fue una
de las únicas instituciones públicas
participantes del congreso argentino de
recursos humanos al cual se dieron cita
los máximos referentes nacionales en la
materia. La actividad se desarrolló en
el Sheraton Convention Center de Buenos Aires. El responsable de la Oficina
de Gestión de Recursos Humanos, Pablo Maciel, explicó que durante el mis-
mo “se analizan, debaten y se establecen estrategias proyectivas de gestión
del factor humano en aspectos como
motivación, liderazgo, clima laboral y
organizacional, cultura organizacional,
desempeño y valores organizacionales,
creatividad e innovación”. Lo cual tiene como fin “establecer escenarios de
versatilidad a las continuas demandas
y exigencias propias de una sociedad
cada vez mas demandante en calidad
de servicios”. Asimismo señaló “nos
enfrentamos a grandes obstáculos por
los cambios que se van produciendo
en el contexto y sus repercusiones en
los procesos internos y externos de la
organización. Esto conlleva a que debe
preverse el desarrollo de las organizaciones y las satisfacciones de intereses
y aspiraciones de las personas que las
integran, donde debe establecerse un
adecuado marco de equilibrio”.
Finalmente precisó que las temáticas analizadas “son las que nuestra
organización permanentemente enfatiza como parte de una gestión integral
desde el Superior Tribunal de Justicia;
lo que destaca un rol preponderante en
la visión de un continuo desarrollo y
posicionamiento institucional”.
Cuenta con un espacio semanal en el canal de la provincia
Interesante experiencia de la defensa pública en la TV abierta
Colef durante una de las participaciones en la TV abierta.
Desde comienzos de año la defensa pública del Poder Judicial del Chaco posee un segmento semanal dentro
del programa “Cotidiano” que se emite
por la señal provincial Chaco TV. Cada
martes, cerca de las 16, sus integrantes
dialogan en forma breve y concisa con
el objetivo de visibilizar la tarea que
realizan defensores y asesores en toda
la provincia.
Tal lo explica Gabriela Colef, asesora del Menor Nº 5 de Resistencia, la
finalidad de estas participaciones es que
“el acceso a la justicia de las personas
en condiciones de vulnerabilidad sea
posible como una realidad y no solo un
enunciado jurídico”. “Damos a conocer la estructura de la defensa pública,
su competencia y la manera de que la
ciudadanía pueda recurrir a nosotros”,
indica.
En ese sentido recuerda que “la Corte Interamericana de Justicia entiende
que el acceso a la justicia a todos los
sectores solo es posible a través de la
defensa pública, la que hoy se considera un derecho humano fundamental.
Este es el camino que estamos transitando”.
PARTICIPACIÓN DIVERSA
El primero en participar fue el procurador general Jorge Canteros, quien
se refirió a la jurisprudencia que tiene
el país en la materia.
Luego participó la defensora oficial
Penal N° 11 Lorena Padovan. Ella explicó qué es la defensa pública, su estructura; así como el trabajo realizado
para conseguir independizarla del ministerio público fiscal, que culminó con
la sanción de ley que creó el ministerio público de la defensa y el posterior
proceso de concurso de selección de
defensor general, que se encuentra en
marcha.
Por su parte las defensoras civiles
Sanchez, Locket, y Rosello asesoran
a la ciudadanía sobre las reformas del
nuevo código civil y comercial y su implicancia en las relaciones familiares.
Mientras que las asesoras de Menores de Edad (tanto del fuero penal
como Civil y de Familia) Vilma Almirón y Gabriela Colef, analizaron temas
relacionados con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal y
víctimas de delitos. Además de casos
en los que sus intereses se encuentran
involucrados.
Para los siguientes programas la
consigna es tratar temas vinculados a
garantizar el acceso a la justicia de las
personas en condiciones de vulnerabilidad. Además de una posible entrevista
con defensores y asesores del interior
de la provincia “que llevan a cabo una
labor destacada y con gran compromiso”, enfatiza Colef.
PÁG. Resistencia,
8
Octubre
de 2015
150 asistentes en el encuentro de Sáenz Peña
Gran repercusión de la jornada sobre
derechos de las mujeres indígenas
La actividad contó con la participación de integrantes de la justicia provincial, nacional, abogados y público
en general. Amplia recepción de los planteos y necesidades reflejadas.
El encuentro relativo a mujeres indígenas, su
participación en espacios públicos y la protección
de sus derechos se realizó en Sáenz Peña ante más
de 150 personas que colmaron las instalaciones
del salón de usos múltiples del juzgado de Paz
local.
La actividad se realizó en virtud del plan de
trabajo acordado por el directorio del Centro de
Estudios Judiciales y la cátedra libre de derecho
constitucional indígena de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional del Nordeste.
Además fue transmitida por videoconferencia
a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. En representación de dicha
oficina del máximo tribunal nacional participó
Sofía Sagues, dada la relevancia por otras actividades de la misma temática que tuvieron lugar en
la provincia y que despertaron el interés para ser
compartidas con el resto de las jurisdicciones del
país.
entrenarnos en la práctica de la tolerancia, que
implica el reconocimiento y respeto hacia el otro.
Que no es más que la reafirmación del sistema democrático”.
“En lo especifico del Poder Judicial, nos capacitamos cada día más para lograr la respuesta
social adecuada que nos impone el servicio de
Justicia”, concluyó.
“SE PLANTEARON MUCHAS
INQUIETUDES”, AFIRMÓ ALTABE
DISERTANTES
La apertura estuvo a cargo de la ministra del
Superior Tribunal de Justicia Isabel Grillo y fueron expositores Martha Altabe (“acceso a Justicia
de la mujer indígena”), Elizabet González (“situación y expectativas a futuro de las mujeres indígenas frente a los conflictos y el tratamiento judicial
de los mismos”), Viyen Leiva (“la mujer en los
medios de comunicación y su participación en los
espacios políticos”), Bashe Charole (“procesos de
comunicación indígenas”), Maria Belén Alemis
Donato (“caso internacional LNP: otro modo de
acceder a la Justicia en Argentina” y Julio García
(“Madre Tierra. La tierra sin mal. Pachamama.
Mapu”).
Entre los asistentes estaban los presidentes de
los colegios de abogados de Sáenz Peña, Edgardo
Reguera; del Norte, Gonzalo García Veritá, y de
Charata, Jorge Turk.
La delegada del CEJ en Sáenz Peña, Nilfa
Pisarello (que además es jueza de la cámara de
apelaciones civil, comercial y laboral) remarcó:
“capacitaciones como éstas colaboran para entrenarnos en la práctica de la tolerancia, que implica
el reconocimiento y respeto para el otro, y que no
es más que la reafirmación del sistema democrático”.
Las exposiciones fueron diversas y amplias y resultaron muy útiles para los
asistentes.
REGUERA: “AYUDA A LA
COMPRENSIÓN”
El presidente del Colegio de Abogados de
Sáenz Peña, Edgardo Regera, valoró la “la gran
convocatoria” de las jornadas que “contaron incluso con referentes de la justicia federal”.
“Estos encuentros nos permiten abordar cuestiones distintas a las que estamos acostumbrados
a ver”, precisó. Luego agregó: “nos ayudan a tener una mejor mayor comprensión de los planteos
relacionados con derechos de las mujeres indígenas”.
TURK VALORÓ EL TEMARIO
Y LOS EXPOSITORES
GARCÍA VERITÁ: “VISUALIZAR
LOS DERECHOS”
En diálogo con INFOJUS, Gonzalo García Veritá, presidente del Colegio de Abogados del Norte, remarcó que las jornadas de este tipo “implican
una forma de visualización del derecho de los derechos humanos, sumamente importante”. En ese
sentido explicó que ayudan “en la construcción,
promoción y protección de la tutela de un segmento del mismo muchas veces olvidado, como
los derechos humanos de las mujeres indígenas”.
“La presencia de los colegios de abogados, así
como de profesionales del derecho, fue destacable. Se generó un espacio propicio para el aprendizaje y la formación en temas tan complejos e
importantes”, agregó.
Además reconoció “la organización y el esfuerzo que se realiza desde el Poder Judicial y los
colegios de abogados, en forma conjunta con la
cátedra libre de derechos indígenas de la UNNE
En tanto que Martha Altabe reconoció que durante el encuentro “se plantearon muchas inquietudes”, principalmente referidas a la cuestión del
idioma (“que se constituye en una valla infranqueable, dijo), la defensa y el trato que reciben
los indígenas cuando concurren a los hospitales
o comisarías.
“Analizamos sobre todo la relación de los
pueblos indígenas con el Poder Judicial y como
garantizar el acceso a y a la justicia de aquellos”,
destacó. En ese sentido definió como “fundamental” la participación de “intérpretes culturales que
tengan lazos afectivos o familiares con quienes
deben atravesar el sistema judicial”.
Luego destacó la “amplia recepción que tuvieron en la sociedad los temas tratados; lo que se
tradujo en la gran concurrencia conseguida”.
Finalmente pidió recordar que la interculturalidad se sostiene en tres ejes: la reafirmación de lo
propio, entender lo distinto e interactuar.
Unas 150 personas colmaron las instalaciones del salón de usos múltiples
del juzgado de paz local.
para promover estas instancias de articulación y
formación”.
“No tengo duda que se van a traducir en mayor
humanización de los conflictos a resolver en los
estrados, con el consecuente fortalecimiento a la
democracia”, concluyó.
“UN ESPACIO DE REFLEXIÓN”,
DIJO PISARELLO
Por su parte Pisarello valoró que se genere: “un
espacio de reflexión y aprendizaje” y evaluó como
“muy positivo” al encuentro.
La amplitud de la convocatoria (estuvieron
presentes magistrados, funcionarios, empleados
judiciales, docentes, personal de seguridad y público en general) permitió a su criterio “lograr
mejor comprensión y actuación no sólo en la temática aborigen, sino también, de los derechos
humanos de todos los sectores vulnerables”.
Hubo “coincidencia de los asistentes en cuanto
a que capacitaciones como estas colaboran para
El presidente del Colegio de Abogados de
Charata, Jorge Turk, aseguró estar “gratamente asombrado tanto por la importancia del temario,
como por la claridad de los disertantes”. “Se nota
el progreso de nuestra provincia en la temática y
la docencia que se implementa con este método de
encuentros”, detalló.
Asimismo anticipó que, a raíz de ello, está gestionando con su par García Verita unas jornadas
sobre derechos humanos y derecho indígena en la
cuarta circunscripción judicial. “La propuesta fue
tratada en la reunión del Colegio y entusiasmó a
toda la comisión directiva”, amplió.
“Nos encaminamos a hacer más visible la
necesidad de apuntalar los derechos y la igualdad entre todos los habitantes de nuestra Patria”,
evaluó y dijo comprender que aquella “llegará el
día que sepamos comprender la realidad aborigen
como ellos la consideran y no como nosotros la
consideramos”. Son “cuestiones que despertaron
para no dormirse jamás”, reconoció.