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"LA CORRUPCION UN ESPACIO SOCIAL QUE COMPROMETE NUESTRO
SISTEMA DEMOCRATICO"
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
CONSIDERACIONES GENERALES DE UN SISTEMA DEMOCRATICO
VALORES FUNDAMENTALES PARA UNA ACCION REPARADORA.
LA CORRUPCION COMO FACTOR DESESTABILIZADOR POLITICO Y
SOCIAL:
- La vertiente burocrática.
- La vertiente clientelista.
- La vertiente de la legalidad comprometida.
Ÿ RED DE CONTROL ESTADAL DE LA CORRUPCION
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
En la actualidad el Estado Venezolano se ha visto afectado por un problema de corrupción
que envuelve, tanto a los estratos más simples como a los mayores estratos de poder, pasando
por las estructuras medias como las financieras, comerciales, etc. Siendo uno de los
problemas fundamentales que se le plantea a nuestro país, el de la corrupción, flagelo que ha
ido desmejorando la naturaleza, incluso jurídica, del Estado, por ser un Estado burocrático,
clientilista, con una legalidad comprometida por la multiplicidad de leyes existentes, donde el
órgano judicial las manipula a su conveniencia para sus ejecutorias y de esta manera encubre
la corrupción con una mentira legalizada. La pluralidad de leyes, no solamente constituyen un
caldo de cultivo de la corrupción por la indefinición que pudiera ser el estatus jurídico de la
actividad judicial; además, siembra la inseguridad jurídica. Nos preguntamos; ¿Qué ha
pasado? Nosotros hemos creado la permisólogía social de la corrupción, porque si en un
Estado, que es un Estado corrupto, tenemos unos funcionarios que se llevan el dinero, que no
cumplen con sus funciones, en donde hay una sub-utilización del recurso humano, un sistema
financiero que impunemente produce todos esos efectos en el Estado, estamos dando toda la
permisología social para que la corrupción se convierta en un flagelo horizontalizado que va
desde los estratos más simples de la sociedad civil hasta los estratos más altos.
La sintomatología de la corrupción, que nos agobia, nos motivó a hacer un análisis de las
vertientes que inciden con mayor peso en la descomposición del llamado Sistema
Democrático, Estado y Sociedad. Hasta hace poco Estado y Sociedad marchaban paralelos, la
sociedad se encontraba sumida en una inercia amparada por el Estado paternalista. Ha llegado
el momento de una toma de conciencia para concretizar situaciones en los espacios críticos y
comprometernos en una relación de integración y lealtad para el logro de un cambio radical
en el que todos seamos actores en un entorno que se está derrumbando.
Para medir la consistencia de la corrupción usamos un instrumento recolector de datos,
recurrimos a un universo de cuatrocientos (400) estudiantes de la Facultad de Derecho del
cual obtuvimos la interpretación cuanticualitativa que motivó nuestra propuesta.
La construcción socio-política de la "corrupción" es hoy en día un hecho negativo, creador de
angustia y por ende de rechazo de tal alcance que se podría considerar que existe una
legitimación pasiva de la corrupción.
El propósito de esta investigación es encontrar respuestas y alternativas válidas que requieran
acciones de la sociedad y del gobierno en un espacio de exigencias visibles por parte de todo
el colectivo social y la apertura mediante nuevas reflexiones, en la búsqueda de resultados
satisfactorios que engendren mayor credibilidad y bienestar social; donde se haga más
efectiva la lucha contra la corrupción.
La vigencia que tiene el fenómeno de la corrupción en Venezuela y la urgencia de controlarlo
nos ha conducido al análisis de tres vertientes que consideramos inciden en la ineficiencia del
Estado Venezolano, llevándonos a un empobrecimiento injusto en el que no sólo nosotros nos
vemos afectados, sino también las generaciones futuras.
Esta investigación la desarrollaremos en tres vertientes, como ya señalamos:
- La vertiente burocrática
- La vertiente clientelista
- La vertiente de la legalidad comprometida. Todas convergen en el espacio de la corrupción.
El apoyo empírico de esta investigación se fundamenta en entrevistas al azar a diferentes
personas representativas de diversos estratos: profesores, jóvenes, comerciantes,
profesionales; que nos permiten a nosotros de alguna manera referenciar el aporte teórico de
la investigación.
CONSIDERACIONES GENERALES DE UN SISTEMA DEMOCRATICO
En la definición de democracia como forma de gobierno aparecen serios problemas de
ambigüedad e imprecisión cuando se define la democracia en términos de autoridad o de
propósitos; o una definición basada en procedimientos. La democracia es la participación de
todos los ciudadanos ordenadamente y reclamando sus derechos.
El Estado Contemporáneo descansa en el establecimiento del sistema democrático; ya no es
concebible un Estado separado de la sociedad, organizado para el dominio de la población en
provecho de un grupo o clase. Él Estado es hoy una forma de organización social que tiene
como propósito el logro de los valores sociales, económicos, políticos y jurídicos de la
comunidad. Estado y Sociedad interactúan en una relación dialéctica de perfeccionamiento y
control mutuo. En un sentido, el Estado influye, interviene, planifica y fija pautas orientadas a
canalizar las fuerzas provenientes de la sociedad. Como contrapartida la sociedad debe
actuar, exigir, participar y ejercer control sobre los gobernantes y la administración, en la
búsqueda de prevenir y censurar las desviaciones, como el caso específico de la corrupción.
La democracia rectamente entendida y sinceramente practicada, tiene como su mejor crítico
la opinión pública, a cuyo dictamen no escapan ninguno de los órganos del poder.
Es necesario en un régimen democrático tener una verdadera fuente de información que sea
lo suficientemente permeable, que de lugar a la opinión pública, ya que tanto para informar
como para apelar a ella, es un recurso válido, cuya legitimidad no se podría negar en ninguna
institución que se llame democrática, la cual vive y se nutre de la libre discusión de las ideas
y de las posiciones, dentro del diálogo para bien de la sociedad.
VALORES FUNDAMENTALES PARA UNA ACCION REPARADORA
Las situaciones de corrupción crean tensiones, tanto en la sociedad que la sufre, como en la
vida política de las personas que generan conflictos entre los dictados de la conciencia, la
ética personal y los intereses políticos. En un extremo se encuentran las concepciones de la
acción responsable que ponen el acento en la primacía de los deberes morales personales;
mientras que en el otro, están las que exigen hacer prevalecer las consecuencias políticas, sin
tener en cuenta las consideraciones de orden personal. Los preceptos y deberes del cargo,
como funcionario, requieren que actúe a fin de evitar algún tipo de perjuicio o para asegurar
una situación positiva, pero su accionar viola alguna creencia o principio personal de orden
moral.
Un curso de acción posible que podría tomar cualquier líder hipotético sería atender a los
dictados de su conciencia y actuar correctamente desde el punto de vista moral, a pesar de las
consecuencias jurídicas. Algunos filósofos y teólogos han defendido la primacía de la
conciencia, de la ética personal y de las concepciones individuales del deber pobre las
exigencias políticas y los mandatos y obligaciones que exigen s cargos. Esta posición ha sido
sostenida por San Agustín, Kant y entre los contemporáneos por Bernard Williams.
Las creencias morales permiten el logro de mejores metas políticas, no sucede lo mismo con
la ética personal en sí. Un funcionario puede considerar que los contratos leoninos son
censurables desde el punto de vista ético, mientras que otro podría verlo como algo incómodo
que forma parte de las prácticas políticas habituales. Esta divergencia de criterios morales a
su vez, afecta en forma diferentes a la política. Evidentemente esta discrepancia debe formar
parte de la evaluación que realicemos sobre los méritos de las diferentes posturas morales.
La sola información de que se debe dar primacía a los preceptos éticos no permiten elegir
entre creencias morales diferentes, inclusive radicalmente opuestas, mientras representen las
opiniones morales individuales. La ética en términos generales, constituye un elemento
fundamental de la política, pero no hay forma de discriminar entre los diversos cursos de
acción disponibles. Sólo cuenta el propio criterio personal respecto de los principios éticos.
Igualmente, no sólo los funcionarios podrían enfrentar dificultades para discriminar entre las
diversas creencias morales, sino que la política en sí podría verse afectada. Parece ser que el
hecho de seguir el dictado del propio criterio moral tampoco redundaría en mejores políticas
públicas.
Cuando se pone el acento sobre consideraciones políticas, no se establece una relación
adecuada entre la autonomía de un individuo como factor moral, sus intenciones y finalidades
y la acción que finalmente emprende, sino que, se ve obligado a tratar las disyuntivas morales
ignorando o haciendo caso omiso de sus creencias profundas, que se contraponen a los
valores políticos que se supone debe sustentar.
Lo "ético" no siempre está separado de la "función"; los deberes y obligaciones oficiales en sí
pueden tener un carácter moral. Si bien esas obligaciones pueden ser de índole política, la
función en sí y el hecho de haberlas aceptado generan una continuidad entre la persona como
tal y las exigencias de su cargo. Eso se debe a que la función pública es una actividad que se
elige y se valora. La relación entre lo personal y lo político está reforzada por la naturaleza de
la elección, que se basa en la práctica de hacer promesas que tienen cierta importancia moral.
Las promesas de orden político generan vínculos morales y no exclusivamente políticos con
el Estado.
La corrupción ha tenido un impacto particularmente fuerte y nefasto sobre nuestro sistema
político que amenaza la estabilidad social; por lo que se hace necesario el rescate de los
valores para una reforma necesaria que dentro de simbiosis compleja del Estado y la
Sociedad, no pueden dejar de soslayarse.
LA CORRUPCION COMO FACTOR DESESTABILIZADOR POLITICO Y SOCIAL
En la sociedad contemporánea la corrupción es un problema de política pública que ha tejido
en el entorno una maraña con impulso y fuerza incontenible, en virtud de la cual hemos
llegado a un estado de frustración en las masas y el ciudadano común.
Podríamos definir la corrupción como la utilización de un cargo público para fines
personales, este es un tema difícil de tratar, es secreto y delicado; su naturaleza moral se
combina con su destructividad social en una mezcla explosiva.
Algunas veces el hecho corrupto puede ser socialmente inofensivo, podríamos incluso, hasta
catalogarlo de servicial, puede permitir obviar alguna regla insignificante o puede efectuar
una suerte de redistribución políticamente estabilizadora, pero de lo que no cabe ninguna
duda es el hecho de que la corrupción es socialmente perniciosa.
Cuando el comportamiento corrupto se generaliza en una sociedad, socava la legitimidad
política, detiene el crecimiento económico del Estado y desmoraliza tanto a los funcionarios
públicos como a los ciudadanos.
Puede ser iniciada la corrupción, tanto por el funcionario público o servidor público como por
el ciudadano interesado, siendo realmente dañina y difícil definir sus límites.
Es válida la afirmación de que ningún país ha escapado de casos de corrupción, incluso
aquellos más avanzados; sin embargo la corrupción podría ser disminuida, más no eliminada,
ya que es sumamente difícil penetrar en el fuero interno de todos y cada uno de los servidores
públicos y crearles la conciencia moral y ética de que el lucro que pudieran obtener al
ejecutar el acto corrupto, a pesar de que sobrepasa los posibles beneficios que se obtendrían
al no realizarlo; tengan la suficiente integridad para no incurrir en él.
La democracia supone un vasto y ambicioso repertorio de fines de tipo: políticos, sociales,
económicos, jurídicos, éticos, etc.. Lo que para unos es correcto para otros no lo es, lo que se
intenta contener por un lado se derrama irremediablemente por el otro. Cada nueva
regulación se hace obsoleta antes de su promulgación, por lo que no se da una coherencia de
los elementos integrantes sino que se producen puntos de choque y vacíos entre ellos, de los
que surgen situaciones grises y ambiguas, sin un adecuado tratamiento. Este estado de cosas
no es de por si, corrupto, pero abre oportunidades para vicios y corrupción. Una posición
irrealista ante este problema, construida sobre fricciones moralistas sólo contribuye a
multiplicar dichos vicios.
El fenómeno de la corrupción se encuentra imbricado en un trade off histórico en el cual
difícilmente escapamos a que exista una situación de corrupción administrativa que además
puede estar acompañada por la corrupción política en el sentido de despotismo, o una clase
política ubicada fuera del aparato administrativo. En ambos casos la corrupción aparece
frecuentemente como un instrumento de poder, sin embargo, no siempre la corrupción es un
instrumento de poder; hay situaciones en las cuales puede haber un interés político en no
combatir la corrupción, en otras puede ser políticamente importante combatirla o permanecer
neutro frente a los esfuerzos por combatirla. En una sociedad en donde predomina la
búsqueda del dinero y del poder, es muy difícil, por no decir imposible, combatir la
corrupción.
La intervención del dinero en la sociedad da la impresión de una febril actividad estimulante
de la economía y productora de riqueza. Una vez que la economía es liberada de la
interdicción a la que estaba sometida, pareciera que todo aspecto económico es justificable.
Sabemos que la economía se refiere primariamente al uso de recursos y no al uso del dinero.
Este mal de la corrupción ha destruido muchas sociedades en la historia y en cualquier
organización humana puede estar presente, para evitarlo es necesario ejercer una actividad
continua de vigilancia, prevención, saneamiento y una eficiente profilaxia moral.
La situación de deterioro del Estado y de la Administración viene desde hace mucho tiempo,
este es el momento en el que debemos hacer algo para evitar que continúe nuestra sociedad
en la crisis provocada por el mal servicio de los Organos del Poder. El problema es de todos
los venezolanos, por lo tanto debemos unirnos todos los entes responsables, el Congreso, el
Ejecutivo, el Organo Judicial, la sociedad civil organizada, los empresarios y los medios de
comunicación para resolverlo.
El despilfarro generalizado en el que han caído nuestros gobiernos democráticos en virtud de
la decisión compartida por la mayoría de los partidos democráticos de la América Latina, de
encargar al Estado directamente del desarrollo económico, haciéndolo el patrón y gerente de
las empresas más importantes, tales como el petróleo y la electricidad, empresas éstas algunas
veces mal gerenciadas han asumido muchos recursos del Estado y lo han llevado al descuido
de ciertos servicios a cargos del gobierno como son la salud, la educación, él trabajo, la
seguridad, los derechos humanos.
En los actuales momentos nuestro país experimenta un congestionamiento emocional que no
puede ser ignorado por el liderazgo político, hay una desesperanza en lo económico, en lo
político y en lo social. La expansión descontrolada por la creación, muchas veces
indiscriminada, de entidades con los mismos objetivos y atribuciones, a las cuales se les
asigna cuantiosos recursos que escapan al control de las contralorías estadales, esta situación
ha contribuido a llevar los vicios de la administración central al proceso descentralizador.
El Contralor General de la República en su Informe correspondiente al año 1.996, señala que
hasta el 15 de diciembre de 1.996 registró 228 entidades o instituciones descentralizadas que
dependen de las administraciones estadales agrupadas en siete renglones, de acuerdo a su
naturaleza jurídico económica: 38 empresas, 104 fundaciones, 19 fondos, 37 institutos
autónomos, 5 asociaciones y 6 corporaciones.
El Contralor Eduardo Roche Lander ha declarado a los medios de comunicación social acerca
de la existencia de más de 60 casos específicos de corrupción, fue enfático al señalar el caos
en el que encuentran la Administración Pública, tanto a nivel nacional, como estadal y
municipal, por la indisciplina, el desorden y el atraso que muestran los funcionarios
responsables de cada despacho.
Precisó, entre las irregularidades encontradas por la Contraloría durante el año 1.996 las
siguientes:
1. Hay responsabilidad administrativa de 12 directivos de Fogade en el otorgamiento de
auxilios financieros a 9 bancos, sin atenerse a la normativa legal en esta materia.
2. El costo total de la crisis financiera supera los dos billones quinientos mil bolívares y
este costo lo estaremos pagando los venezolanos hasta el año 2.015, con una carga
personal de 128 mil bolívares por cada venezolano.
3. Se comprobó el uso y abuso de naves y aeronaves de PDVSA, para beneficio de
particulares.
4. No hubo control cambiario, sino administración del otorgamiento de divisas, a través
de la Junta de Administración Cambiaria (J.A.C.) y la Oficina Técnica de
Administración Cambiaría (O.T A.C.).
5. La Administración municipal presenta graves irregularidades administrativas y
legales, ineficiencia y mala gestión, incluyendo pagos indebidos por más de
doscientos cuarenta millones de bolívares y evasión de controles en ciento diez
millones de bolívares.
6. Hay múltiples problemas en los estados y se detectó más de setecientos millones de
bolívares con imputación presupuestaria incorrecta y trescientos ochenta millones en
compras y contratos sin licitación.
En CADAFE se comprobó una estafa superior a los seiscientos millones de bolívares, con
complicidad de funcionarios y ex-funcionarios.
Se estableció la responsabilidad administrativa de 6 Directivos del Seguro Social en
irregularidades durante el manejo del Fondo de Pensiones del I.V.S.S.
En la Procuraduría del Estado Miranda, se comprobó que hubo apropiación indebida del
titular y demás funcionarios, de partidas y dinero público.
El Contralor Roche Lander, explicó finalmente que de acuerdo a la Constitución presentó
primeramente su Informe al Congreso Nacional, luego vino ante el Presidente Rafael Caldera
y finalmente visitó a la directiva de la Corte Suprema de Justicia.
La enorme importancia del Estado con una administración centralizada, no participativa,
incontrolada, penetrada por los grupos de presión, dominada por los partidos políticos,
disgregada y cuyos objetivos políticos aparecen muchas veces distorsionados y la continua
dependencia de los administradores respecto de decisiones administrativas facilita la
corrupción.
El sistema político ha contribuido al desarrollo de la corrupción administrativa
configurándola como una gran organización para favorecer el incumplimiento de la ley. La
ausencia o insuficiencia de controles efectivos sobre la actuación de los funcionarios
públicos, la participación en los beneficios del poder por parte de los partidos predominantes;
la falta de oposición de los partidos contrarios al que está gobernando y la tolerancia hacia
muchas actuaciones indebidas de sus funcionarios, son causas que favorecen las condiciones
para que se de la corrupción en nuestro país, la cual ha tenido un impacto particularmente
fuerte y nefasto sobre nuestro sistema político que amenaza la estabilidad social del mismo.
Haremos referencia a tres vertientes: la burocracia, el clientilismo y la legalidad
comprometida, por haberlas considerado de mayor relevancia dentro de los espacios críticos
de la corrupción.
LA VERTIENTE BUROCRATICA:
Vamos a tratar acerca del lugar que ocupa la burocracia en una democracia política, o sea, la
relación entre democracia y burocracia. Los filósofos de la moral y los estudiosos empíricos
han reflexionado acerca de las necesidades y los requisitos ideales de la democracia, pero no
se ha prestado mucha atención al hecho de cómo puede encuadrarse dentro de la democracia
lo que sabemos y lo que valoramos, o, en ciertos casos, desestimamos.
Vivimos en una 'sociedad institucionalizada' y nos encontramos en un rumbo que nos
conducirá a vivir en una sociedad cada vez más dominada por organizaciones estatales
burocráticas. En teoría, la burocracia debe proporcionar una forma ordenada y eficiente de
organizar las contribuciones individuales dentro de proyectos colectivos y un entorno estable
y rutinario para las actividades cotidianas. Al menos en principio, la burocracia sobresale al
respecto del particularismo y el grado de adscripción que caracterizan otras formas más
tradicionales de la existencia colectiva.
Las burocracias son poderosas protagonistas políticas y, generalmente, dicho poder se utiliza
en formas que no coinciden con nuestra intención democrática colectiva. A medida que una
burocracia crece, tanto en términos de poder como de recursos, se convierte en una entidad
con carácter propio y se separa de las instituciones y procesos a lo que inicialmente debería
servir. Las burocracias no son instrumentos neutrales y el poder que sustentan, generalmente
eluden el control político.
La pregunta sobre quién debe participar en las decisiones políticas y que forma debería tener
esa participación es de fundamental importancia. Los defensores del pluralismo y de la
participación descentralizada por lo general no están de acuerdo sobre el nivel en el que se
produce una interacción política importante. Por ejemplo, quienes promueven la participación
directa ponen al acento en la intervención local o comunitaria en el proceso de formulación
de políticas, mientras que los defensores del pluralismo están a favor de la participación
grupal, generalmente a nivel nacional. También resulta difícil encuadrar la política
democrática de la participación descentralizada dentro de la lógica de la democracia, en el
sentido amplio del término.
Cada uno de estos enfoques, ya sea el formal-legal, el pluralista o el participativo, tiene algo
importante para aportar sobre el tema de la burocracia. Cada uno de ellos vincula su
interpretación de la responsabilidad con las normas, deliberaciones y decisiones de fondo de
la política democrática y de allí, proviene su autoridad legítima. Pero también cada uno de
estos enfoques carece de algo. Se necesitan medidas correctivas que estos enfoques no tienen
en cuenta, ya sea que las tomen las autoridades políticas de mayor nivel o las burócratas
intervenientes. No siempre los funcionarios pueden discernir si las resoluciones y ordenes de
sus superiores son legítimas y están libres de desviaciones, intereses personales o abusos de
poder.
¿Cómo podemos lograr que la burocracia encuentre su lugar dentro de la política
democrática? En una situación real debemos buscar nuevas opciones ya sea mediante la
democratización en gran escala de la organización burocrática por medio de una mayor
participación de los ciudadanos y una descentralización estructural de las funciones
burocráticas. Los individuos tienen su importancia dentro de las burocracias, aunque éstas
sean estructuras colectivas, bien organizadas y generalmente jerárquicas. Pero este factor
individual de importancia decisiva, que desempeña un papel sumamente significativo en el
todo institucional, no ha sido analizado adecuadamente.
El intento de conciliación, compatibilizar la burocracia con la democracia requiere un mayor
esfuerzo analítico y una mayor reflexión teórica, en la tarea de formular una teoría de la
responsabilidad burocrática para que esas burocracias de las que el gobierno depende sean
responsables y a la vez den las respuestas adecuadas.
A lo largo de las alternativas electorales que se han sucedido en nuestro país una vez
instaurada la democracia, los grandes partidos se han beneficiado de muchas maneras de las
ventajas burocráticas y económicas del poder, la oposición se ha limitado a criticar sin
profundizar, lo que ha dado lugar a que no exista una verdadera oposición, careciendo el
electorado de alternativas verdaderas a la hora de ejercer el derecho al sufragio.
Los rasgos de los procesos y de las instituciones democráticas, como el consenso,
contribuyen al carácter moral de la democracia. El consenso no sólo legitima los juicios de
valor que efectúa la democracia y los deberes que impone, sino que también justifica
moralmente los dictados de instituciones y procesos democráticos.
En el proceso político, la burocracia juega un papel importante en virtud de que las
dependencias gubernamentales a menudo son una fuente determinante de la información
acerca de problemas políticos. La burocracia se ha visto envuelta en el desarrollo de
sugerencias sobre problemas políticos, generalmente ninguna parte del gobierno tiene más
experiencia acerca de un área política que la organización gubernamental involucrada en el
área. La burocracia emplea gente que trabaja a tiempo completo en un problema, a diferencia
de los funcionarios electos y sus equipos, cuyo tiempo se divide entre muchos temas. La
burocracia tiene la fuente informativa y por este motivo los funcionarios electos y sus equipos
necesitan su participación , ya que ella es un participante institucional en el proceso político.
En el juego político de la burocracia, el funcionario opera con los métodos de control
previamente diseñados; entre ellos principalmente, la autoridad, el intercambio, la persuasión
y el análisis. Todos estos controles se utilizan tanto aisladamente como en cooperación con
otros participantes que se encuentran de acuerdo al menos en algunas cuestiones en algunas
de ellas ciertos funcionarios constituyen un círculo cerrado con otros funcionarios. Una
práctica importante muy extendida en la política burocrática es aliarse con un grupo de
interés.
Cuando hablamos de la Administración Pública como instrumento de desarrollo del Estado,
inevitablemente es asimilada a una burocracia floja e incapaz, que posee unos procedimientos
engorrosos, complicados, casi imposibles de cumplir, teniendo que acudir a algunas instancias, inalcanzables muchas veces que entorpecen los procesos y minimizan al ciudadano.
Crear una burocracia de alto nivel profesional y ético, donde rijan criterios impersonales y
objetivos de asignación de recursos es sentar las condiciones para la existencia real del
Estado, lo que conllevaría en una forma progresiva a reducir los focos de corrupción.
LA VERTIENTE CLIENTELISTA
Se ha demostrado que el clientilismo es una forma de resolver importantes problemas de
organización política que se presentan en las más diversas sociedades, con peculiaridades
diferentes. El clientelismo aparece paralelamente al orden institucional y a la vez trata de
obtener respetabilidad institucional, lo que es evidente es la contradicción del clientelismo
con los dispositivos jurídicos; dado su carácter contrapuesto al orden normativo establecido
son, a menudo, objeto de críticas y provocadores de diversos trastornos. La facilidad de
acomodo y adaptación a las circunstancias puede convertirlo en instrumento, aunque no
confeso, de la estabilidad de un orden.
El clientelismo persigue el beneficio de concesión y otorgamiento de cargos en la
administración pública, así como aquellos que no son propiamente cargos, pero cuya decisión
favorable depende de la administración, como son los otorgamientos de contratos de obras
públicas, carreteras, etc. Así como también el clientelismo se asocia a cuestiones judiciales
como sería el caso de sentencias favorables, retraso en los procesos judiciales, etc. Todo lo
anterior pone de manifiesto la relación entre clientelismo y corrupción. El colapso del Estado
refleja la realización del contenido del Estado Social llevado a extremos que condujeron a
efectos perversos como la corrupción, el populismo y la ineficacia de la gestión.
El papel preponderante que el Estado ha tenido en la economía por medio del gasto público
es propiciador de una red de clientelismo político, que en medio de débiles controles
administrativos, hace posible todo tipo de corruptelas; desde la concesión de contratos hasta
el cobro por realización de gestiones.
Todo esto se manifiesta principalmente en la incapacidad para asumir eficazmente la función
redistributiva, que ha sido confundida y reemplazada por mecanismos clientelares de
distribución, manejados desde la estructura político-partidista como principal forma de
mediación entre el ciudadano y el Estado, que hoy resulta insatisfactoria para la mayoría de la
población. Estas prácticas nos hacen pensar en la necesidad de la transformación del Estado,
si bien es cierto que vivir en un régimen de libertades es lo ideal, no es menos cierto que
nuestro sistema democrático no asume el control de estas prácticas clientelares que merman
el patrimonio público.
En muchas oportunidades los partidos políticos han sido agentes de la corrupción, se ha
hecho costumbre la práctica de las "comisiones . para el partido" una vez gestionado algún
negocio público, es el caso de los contratos de obra o de suministros los cuales dependen
exclusivamente del gobierno y por consiguiente los detentadores del poder se harán
acreedores de esta ganancia, conjuntamente con el ejecutor de la obra, sin importarles la
calidad de la misma. Aún cuando es evidente que esta práctica corrupta, de los partidos
políticos, configura la perpetración de un delito por parte de los agentes públicos que incurren
en ella, sin embargo la práctica política tiende a no condenarla por ser una manera de sustento
de los partidos políticos, incrementándose mucho más esta actuación corrupta en épocas
cercanas a los procesos electorales, de esta forma los partidos políticos, tan necesarios en un
régimen democrático, han contribuido o facilitado la corrupción.
También los partidos políticos, han tenido como práctica común la protección irrestricta que
le brindan a sus funcionarios corruptos, deshonestos e irresponsables, lo que ha hecho que se
pierda la credibilidad en el sistema encargado de aplicar la ley, sólo vasta observar muchos
casos en los que es evidente el hecho corrupto cometido por algún funcionario y sin embargo
se pretende esconder o justificar esta actuación y aquel queda impune.
Sin desconocer la importancia de la existencia de los partidos políticos en el funcionamiento
del sistema democrático, se hace necesario que el ciudadano conquiste el poder a través de
una participación política, promovida por el Estado, organizando a la sociedad para su
participación.
Los partidos políticos a pesar de su necesaria existencia en un régimen democrático han
incurrido en prácticas corruptas, las cuales no se pueden centrar únicamente en el
enriquecimiento ilícito, también está compuesta por el peculado, la malversación, la
negligencia, el dispendio, los sobreprecios, el desorden, el clientelismo y el despilfarro, que
son actos contra la moral pública.
Todos aquellos que estando en la actividad política, bien sea porque dirigen partidos o porque
aspiren ser postulados para cualquier cargo de representación o de gobierno, deben cumplir
con la obligación de presentar declaraciones juradas de patrimonios y con las previsiones que
señala la Ley de Salvaguarda, porque eso tiene un costo y son respaldados económicamente
por alguien que no es el erario público; se hace necesaria la regulación sobre los dineros que
ingresan a los partidos políticos, la legislación venezolana tiene que avanzar en esta materia
de financiamiento a la política, a los políticos o a los partidos; de no regularse esta situación
se estaría actuando en contra del interés nacional.
Los partidos políticos están funcionando mal porque sus dirigentes están funcionando mal. Se
debe definir el perfil de las personas encargadas de desempeñar las funciones conductoras del
país, teniendo en consideración no solamente su nivel intelectual, sino también sus valores
morales y éticos que le atribuyan idoneidad para el cargo.
VERTIENTE DE LA LEGALIDAD COMPROMETIDA
La problemática de la justicia aparece como una de las cuestiones a asumir y resolver de una
manera prioritaria con el objeto de comenzar la consolidación de nuestros Sistema; el
funcionamiento de la justicia está urgido de planes de ajuste estructural.
Nuestro sistema judicial imparte una administración de justicia que actualmente está muy
cuestionada, la concentración de los esfuerzos de la administración de justicia dirigida con
preferencia hacia los sectores económicos más poderosos, quedando desamparada la
población más afectada socialmente por carecer de los recursos necesarios, agregándole el
desconocimiento de la legislación.
Nuestra justicia padece una cantidad de vicios que la hacen partícipe de prácticas corruptas,
la responsabilidad que tienen los jueces y otros organismos auxiliares en la celeridad procesal
a la cual no se le presta la debida atención, provocando una inseguridad jurídica, ya que los
expedientes penales son acumulados haciendo que la población carcelaria quede
absolutamente compuesta por una mayoría de procesados y una minoría de penados.
Los excesos en la predeterminación política de la actuación de justicia no hacen más que
socavar la legitimidad del Sistema. La virtual incapacidad de los jueces para enfrentar los
excesos de los organismos del Estado, la dominación que ejercen los otros Organos respecto
de los mecanismos de selección y nombramiento de los jueces, son datos de una realidad
cuyos perfiles deben denunciar y modificar los sectores políticos, las instancias intermedias y
la sociedad civil organizada.
La multiplicidad de leyes que rigen una misma materia, convirtiendo los entes de pequeños
clanes y oligarquías en gigantescos sistemas pluralistas de elaboración de políticas difíciles
de comprender, de diseñar con resultados de insatisfacción por falta de protección del
colectivo, incrementando la inseguridad jurídica.
La discrecionalidad no opera por si sola como causa de corrupción. La discrecionalidad de
los funcionarios es también otra medida generalmente propuesta para combatir la corrupción,
cuando se toma una decisión que no está estrictamente regida por reglas legales, además de
un significativo de juicio personal, debe complementarse por la constatación de las
situaciones donde pese; pero en caso de corrupción oficial generalmente surgen poderosas
fuerzas que tienden a encubrirla utilizando interpretaciones acomodaticias que la justifican.
Se puede lograr la restricción de la discrecionalidad mediante una regulación minuciosa de
las actuaciones administrativas de modo que se pudiera proceder apegado a lo escrito en el
texto de las normas en lo que se emitan instrucciones precisas y claras de forma que no haya
duda sobre sus instrucciones y objetivos. Una completa eliminación de la discrecionalidad,
sabemos que es una imposibilidad real.
Una de las afirmaciones fundamentales del formalismo jurídico es que los burócratas no
deberían tener la libertad de formular ni de aplicar políticas. Los partidarios de esta posición
sostienen que las acciones de un funcionario, sus obligaciones y sus derechos, ya se encuentran enmarcados y expresados en las leyes, normas y reglamentaciones administrativas
existentes. Como lo expresó MAX WEBER en su gran ensayo 'La Política como vocación':
"De acuerdo con su-propia vocación, el funcionario genuino.... no participará en asuntos
relacionados con la política, sino que deberá formar parte imparcial' (1). Igualmente,
WOODROW WILSON , señaló en una ocasión que, 'la administración pública consiste en el
cumplimiento específico y sistemático de la ley pública'. (2). En un sistema democrático se
concluye que la finalidad política propiamente dicha se apoya en estas normas,
procedimientos y definiciones de cargos y funciones. Toda acción o definición que se lleve a
cabo en forma independiente de lo indicado en los mandatos no está permitido. Sin embargo
cualquiera que sea la pregunta, la discrecionalidad constituye un problema común. En
algunos casos la discrecionalidad puede servir como un medio para legitimar fines políticos;
en otros en un intento del órgano legislativo para mermar a otra autoridad.
La discrecionalidad puede ser necesaria a fin de asegurar que se cumpla la finalidad de las
leyes en los casos en que un acatamiento total de las disposiciones formales produciría
consecuencias no deseadas o resultados no esperados. Este tipo de actitud puede ser necesaria
especialmente en contexto burocráticos, en los que la fuerza y la dinámica concretas de la
estructura institucional puedan afectar, tanto el proceso de aplicación como los resultados
políticos. El ejemplo más clásico es el de atenerse al "espíritu' y no a la "letra" de la Ley. Por
lo tanto la discrecionalidad puede favorecer la tarea de elaborar leyes y el cumplimiento de
los deberes de las autoridades políticas de alto nivel. Aún cuando sus defensores afirman que
la discrecionalidad proviene de una falta de control legislativo, puede ser necesario un
concepto del deber que coloque las responsabilidades más allá del simple cumplimiento
estricto de normas y reglamentaciones. La obediencia rigurosa difundida por el formalismo
jurídico limita las discrecionalidad de exigir que los burócratas se consideren a si mismo
como actores pasivos que cumplan las ordenes y las resoluciones de funcionarios de niveles
superiores.
La exigencia de una transformación social se debe a que la dinámica del Sistema ha venido
desnaturalizándose. El Estado pretendió realizar un proceso de organización y racionalización
de la sociedad a través de los mecanismos de la burocratización y la jerarquización de las
funciones en todos los ordenes. El formalismo legal se presenta como un proceso
disciplinario que debe ser neutralizado por las fuerzas sociales para dar lugar a mecanismos
más flexibles.
El gran escritor norteamericano DAVID HENRY THOREAU planteó en una ocasión una
pregunta de profundo sentido ¿Cómo podemos cosechar ideas si no tenemos ningún carácter?
La formación del carácter debe preceder a toda formación espiritual, y ello es de decisiva
importancia para el problema de la formación de la comunidad, que es para nosotros el centro
alrededor del cual gira nuestra vida.
La construcción de teorías es una actividad dirigida por un paradigma, esto implica aclarar
los conceptos, hacer proposiciones y por último la elaboración de teorías sustentadas por
paradigmas.
Hoy por hoy, la crisis de las políticas aplicadas y la falta de credibilidad, ponen de manifiesto
la ineficacia de los paradigmas positivistas, inoperantes para resolver los espacios críticos de
la corrupción en nuestra sociedad.
RUPTURA EPISTEMOLOGICA DEL PARADIGMA POSITIVISTA:
Surgen en la actualidad tendencias renovadoras que ponen de manifiesto la importancia de
generar toda una nueva filosofía de prevención y control, así como de promover una cultura
de urgencia en la que la sociedad sea actor con una política anti-corruptiva satisfactoria; que
permitan el surgimiento de "sistemas legales paralelos" en el ejercicio obligado para el
movimiento social.
La tendencia descentralizadora implica un fortalecimiento de la sociedad civil gracias a la
reducción del intervencionismo Estatal, el crecimiento de la autonomía de grupos y
asociaciones y un surgimiento sin precedentes de la democracia directa y participativa.
La ruptura paradigmática nos va a dar nuevos conceptos para un control real y efectivo de la
corrupción. Este nuevo paradigma es una propuesta de cambio en la acción gubernamental.
PARADIGMA DEL CONTROL SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN
De toda esta situación socio-política, nos germinó la inquietud de incursionar en la vivencia
directa, lo que nos indujo a realizar una encuesta a un grupo de cuatrocientas estudiantes de
nuestra Facultad de Derecho.
Para esta interpretación cuanticualitativa aplicamos un instrumento contentivo de cuatro
preguntas, que desarrollaremos seguidamente:
INTERPRETACION CUANTICUALITATIVA:
1. Tenemos un verdadero Sistema Democrático en Venezuela?
Una mayoría del 60% considera que realmente no tenemos un sistema democrático, existe
una democracia "simulada", "teórica" pero en la práctica no la hay, porque no tenemos
seguridad, ni bienestar social, ni justicia, ni equidad; el país está enrumbado hacia un
empobrecimiento acelerado.
El 37% respondió afirmativamente, ya que «tenemos derecho a sufragar en las relaciones».
El 3% no contestó.
2. ¿ Hay corrupción en el país?
El 100% contestó de manera categórica afirmativamente, haciendo énfasis en que existe
corrupción a todo nivel, "desde el bodeguero hasta el más alto funcionario". Pudimos
observar una interioridad resentida en este grupo encuestado manifestando su frustración
reprimida por el sistema.
3. En qué nivel de la Administración Pública es más notoria la corrupción?
El 50% afirma que es a nivel de los Tribunales de Justicia donde se hace más palpable la
corrupción, porque los jueces manejan los casos a su "antojo" y se dejan llevar por sus
intereses personales económicos y políticos.
El 38% considera que es a nivel del Ejecutivo donde existen más casos de corrupción porque
lo "manejan los partidos políticos" "no sólo al Presidente sino también a todo el Tren
Ejecutivo del Estado".
El 12% sostiene que es más marcada la corrupción a nivel del Legislativo porque es un
órgano "manipulado por el Ejecutivo" y que en "muchos casos se niegan a legislar" teniendo
consecuencias nefastas para el país.
4. ¿Se puede controlar la corrupción?
El 92% contestó de manera positiva, señalan que la sociedad civil debe 'despertarse', 'hacer
algo'. Manifestaron la necesidad del surgimiento de un nuevo liderazgo que provenga de la
'sociedad civil y no de los partidos políticos'.
El 8% sin esperanzas, no tiene fe en que se pueda controlar la corrupción, por estar entendida
a todo nivel' y no hay una voluntad política manifiesta para erradicarla. 'Todo se queda en
teoría'.
Estas reflexiones han surgido de una sensibilidad general acerca de ciertas transformaciones
en el ejercicio de la función de vigilancia y control para ordenar los espacios críticos de la
vida social.
Todo esta referencia empírica e interpretación no solamente racional sino también
motivacional de la corrupción, nos ha llevado a creer que en los actuales momentos existe
una exigencia de transformación social por parte de la colectividad.
Actualmente los aparatos políticos existentes y los aparatos de gobierno, no están en
capacidad de controlar la corrupción, no porque no lo quieran hacer, sino que este fenómeno
de la corrupción se ha hecho tan espacial socialmente, que se le escapa su dominio a la Administración Pública.
A partir de la verticalización y de la direccionalidad de una estructura vertical que asuma
ciertas líneas direccionales y que quiera hacerlas llegar a la sociedad civil, esa relación
verticalista, en estos momentos, ante un fenómeno tan espacial como el de la corrupción, es
posible que sea inoperante hay que admitir que hoy se plantea una metodología de RED
donde se comprometen los estratos más simples de la sociedad civil para los efectos del
control de la corrupción, esa es la filosofía que impregna y que motiva la siguiente Propuesta:
FORMAR UNA RED DE CONTROL ESTADAL DE LA CORRUPCION,
MEDIANTE LA CREACION DE:
Ÿ TRIBUNAL DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO, a nivel estadal,
para hacer mas viable y efectiva la lucha contra la corrupción.
Ÿ TRIBUNAL a nivel Municipal, formado por un Juez y un cuerpo colegiado integrado
por legos.
Ÿ CENTROS PILOTOS PARROQUIALES, a nivel de cada una de las Parroquias,
integrado por el Juez de Paz y miembros de la comunidad, que sería el receptor de las
denuncias locales.
Una vez estructurada esta RED CONTROLADORA DE LA CORRUPCION, esos Centros
de Control estarán en capacidad de recibir las denuncias que sobre corrupción hagan los
usuarios y tendrán competencia para resolver situaciones en esta materia, bien sean del sector
público o del sector privado, por ejemplo aumentos de precios en las bodegas, en los abastos,
etc. Estos Centros de Control tendrían competencia de acuerdo a una determinada cuantía y
sus actividades procesales deben decidirse mediante juicios breves orales y públicos. Siendo
receptor de las denuncias el Centro Piloto de Control Parroquial, quién actuaría como un
Tribunal distribuidor, en caso de no estar en el ámbito de su competencia la solución a lo
planteado, lo enviará al Centro de Control Municipal y éste a su vez lo remitirá al Tribunal de
Salvaguarda del Patrimonio Público a nivel estada¡, en el supuesto de que no tuviese la
competencia requerida para el estudio y decisión de los planteado.
Esta fundamentación holistica del Control de la Corrupción que pudiera tener la sociedad
civil, es lo que pudiera servir de sustrato para la elaboración de una teoría nueva, innovadora,
de lo que pudiera ser el control social de la corrupción por parte de los afectados.
En este momento los viejos paradigmas direccionistas, lineales, evidentemente comienzan a
ser ineficaces frente a problemas tan amplios y tan complejos como el de la corrupción.
Necesariamente tendríamos que abrir una compuerta pluri paradigmática para realmente
converger creencias, posiciones, autogestiones, nuevas teorías, innovaciones, donde la
sociedad civil junto a los aparatos del Estado, por supuesto, en un proceso de
descentralización horizontal puedan realmente tener nuevos instrumentos contralores que
estén dentro de la frontera de la coercitividad pero con cierta flexibilidad. En este momento la
ciencia jurídica está confrontando el paradigma de la flexibilización, pensar que el problema
de la corrupción es sólo un problema eminentemente coercitivo o punitivo, estaríamos
realmente dentro de un viejo esquema positivista de la ciencia jurídica.
Hoy la ciencia jurídica se orienta hacia la flexibilización institucional; que permita la
inserción consciente de los actores sociales para realmente dar solución a problemas tan
complejos y tan horizontales como el problema de la corrupción.
RED DE CONTROL ESTADAL DE LA CORRUPCIÓN
Con voluntad conciencia, responsabilidad e interdependencia como fuente socio-política
integradora de un consenso colectivo, podemos generar resultados de justicia para controlar
la corrupción y así devolverla a la población la fe en el sistema democrático.
"La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de
los delitos".
Simón Bolívar
(Discurso ante la Convención de Ocaña, 29 de Febrero de 1.828; vol. II, p.1.254)
NOTAS:
1. BURKE, JOHN P., «Responsabilidad Burocrática", pág. 24 Editorial Heliasta.
Buenos Aires, 1.994
2. IBID. Iden
BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA
Ÿ BREWER CARTAS, ALLAN R. 'El Estado Incomprendido'
Vadell Hermanos, Editores, Caracas, 1.995
Ÿ BURKE, JOHN P. 'Responsabilidad Burocrática' Editorial Heliasta
Buenos Aires. 1.994
Ÿ DRUCKER, PETER F
'Las Nuevas Realidades', cuarta edición Editorial Sudamericana. Buenos Aires 1.992
Ÿ KLITGAAD, ROBERT 'Ajustándonos a la Realidad' Editorial Sudamericana, Buenos
Aires Traducción de Martín Uriona C.A., 1.994
Ÿ STEVEN KELMAN
`La Política Pública en el Estado Moderno'
Grupo Editor Latinoamericano. Traducción de Cristina Piña Colección Estudios Políticos y
Sociales 1.992.