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ABRIL 2015
informeespecial
www.noticiasaliadas.org
Agenda política
de los movimientos
sociales en
América Latina
3 INTRODUCCIÓN
4
5
Tendencias políticas en América Latina y el Caribe
Hugo Cabieses Cubas
8
Menor ritmo de crecimiento y más descontento
Oscar Ugarteche
11
La ruta irregular de los gobiernos ‘progresistas’
17
Nuevos esquemas de militarización
en Latinoamérica
23
Movimiento colectivo por la soberanía alimentaria
Ramiro Escobar La Cruz
Luis Ángel Saavedra
José Elosegui
Comercio, economía y políticas en la región:
Nos unimos o morimos
Hugo Cabieses Cubas
14
El extractivismo no es inevitable:
Hay que buscar alternativas
20
Agendas y culturas políticas en
los movimientos sociales latinoamericanos
26
Carlos Monge Salgado
Raúl Zibechi
Teologías de la liberación y comunidades
eclesiales de base: Nuevos sujetos,
nuevos contextos y nuevos desafíos
Ana Mercedes Pereira Souza
2
30
La reconquista del derecho a la salud:
Lecciones preliminares de un proceso inconcluso
36
Entrevista a lideresas indígenas Gladis Vila Pihue,
Perú, y Mónica Chuji Gualinga, Ecuador
Eduardo Cáceres Valdivia
Elsa Chanduví Jaña y Luis Ángel Saavedra
33
La lucha de las mujeres por sus cuerpos y territorios
42
Ciudadanos con poder: Internet
como fuerza de los movimientos sociales
Rocío Alorda Zelada
Esther Vargas
Noticias Aliadas – Informe especial
Agenda política de los movimientos
sociales en América Latina
Dirección y edición general:
Elsa Chanduví Jaña
[email protected]
Producido por COMUNICACIONES
Aliadas, organización no
gubernamental con sede en Lima, Perú,
que desde 1964 produce información
y análisis independiente y confiable.
Nuestro objetivo es aportar a procesos
de incidencia dirigidos a la afirmación de
derechos y la construcción de políticas
públicas.
Editora: Cecilia Remón Arnaiz
Traducción: Dana Litovsky
Diseño y diagramación:
Enrique Hernández Uribe
Publicación auspiciada por:
American Jewish World Service (AJWS)
Comunicaciones Aliadas
Calle Comandante Gustavo Jiménez
480, Lima 17, Perú.
Telf.: (511) 4603025 / 4605517
www.comunicacionesaliadas.com
También disponible en inglés:
www.latinamericapress.org
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
E
Introducción
l descontento social frente a un modelo económico que
no solo excluye de sus beneficios a diversos sectores
de la sociedad sino que muchas veces constituye una
amenaza para estos, es el marco dentro del cual se movilizan
en forma cada vez más creciente campesinos que reclaman
acceso a la tierra cultivable y al agua, poblaciones afectadas
por las industrias extractivas que exigen un ambiente sano,
pueblos indígenas que demandan la consulta previa, libre e
informada y su autodeterminación, jóvenes que reclaman
acceso a educación de calidad y derechos laborales,
organizaciones de mujeres que exigen equidad de género
y el derecho a una vida sin violencia, ciudadanos/as que
reivindican el derecho a recibir una comunicación plural e
imparcial y a tener la oportunidad de hacer escuchar su voz,
entre otros.
Podemos decir que estos son algunos de los principales
procesos sociales que están marcando tendencia en América
Latina y que las organizaciones y colectivos sociales inmersos
en estos procesos constituyen las principales fuerzas que
pugnan por un cambio en la región.
La agenda política de los movimientos sociales en la
región prioriza un cambio del modelo económico neoliberal
extractivista que beneficia a las grandes corporaciones a costa
de la destrucción de bosques y contaminación de fuentes
de agua y la invasión de territorios indígenas; un cambio en
el sistema alimentario global basado en el monocultivo de
alimentos y responsable de cerca de la mitad de los gases con
efecto invernadero globales que generan el calentamiento
global; un cambio en la producción de energía basada en los
combustibles fósiles; un cambio en el consumismo global
que impacta seriamente en los bienes naturales y el equilibrio
ecológico.
Las organizaciones y movimientos sociales defienden
planteamientos que generen alternativas para este cambio
de rumbo como son la necesidad de una diversificación
productiva, el uso sostenible de los bienes naturales y de
fuentes de energía limpia y renovable, el impulso de sistemas
agrícolas ecológicamente adecuados y diversos como es la
agroecología que incluye el rescate y cuidado de las semillas
nativas como una estrategia de soberanía y seguridad
alimentaria, la economía solidaria, patrones de consumo
sustentables.
El planteamiento de un cambio en el modelo económico
imperante no sólo se sustenta en los graves daños que
causa a la naturaleza y en el hecho que genera el cambio
climático, sino también en que afecta los derechos humanos
y profundiza las desigualdades sociales y de género. Es
precisamente en demanda del reconocimiento y la vigencia
de sus derechos que se organizan y se movilizan estudiantes,
jóvenes, mujeres, campesinos, pueblos indígenas, pobladores,
trabajadores, ambientalistas, personas de la diversidad sexual.
Son todas/os ellas/os actores políticos de su propio cambio y
de la lucha por los cambios estructurales que se requieren para
alcanzar una vida sostenible.
Precisamente para referirse a los principales procesos sociales
que están marcando tendencia en América Latina y cuáles son
las organizaciones sociales inmersas en estos procesos que
constituyen las principales fuerzas que pugnan por un cambio
en la región es que invitamos a especialistas y corresponsales
de Noticias Aliadas, en el marco de sus 50 años de existencia,
a participar con sus aportes, los que hemos publicando entre
noviembre del 2014 y marzo del 2015, y que recopilamos en
este informe especial.
Sus aportes, por los que les estamos muy agradecidos,
ofrecen un panorama global de los temas claves de la agenda
política de los movimientos y organizaciones sociales de
América Latina y el contexto socioeconómico y político en el que
se desarrollan. Dejan claro que no basta contar con gobiernos
progresistas en la región si no se construyen alternativas reales
al modelo imperante.
Noticias Aliadas, el servicio de información y análisis de
Comunicaciones Aliadas, inició en julio de1964 su cobertura
semanal de información y análisis independiente y confiable
sobre América Latina y el Caribe con énfasis en los problemas
y situaciones que transgreden los derechos humanos de
las poblaciones en situación de vulnerabilidad y menos
favorecidas, para difundirla entre personas, grupos e instancias
que desde su quehacer puedan aportar a la construcción de
sociedades más justas.
A lo largo de estas cinco décadas, en forma ininterrumpida,
las publicaciones informativas periódicas producidas por
Noticias Aliadas —y su versión en inglés Latinamerica Press, que
se publica desde 1969—han tenido como propósito aportar
a procesos de promoción y defensa de derechos impulsados
por movimientos y organizaciones sociales que creen que otro
mundo es posible.
Con este informe especial —cuya publicación ha sido posible
gracias al apoyo de American Jewish World Service (AJWS)—
queremos contribuir a la reflexión sobre las demandas de justicia
de los actores políticos en América Latina, sus nuevas formas
de organización y las propuestas de alternativa al modelo
capitalista neoliberal que construya otro modo de vida, que
promueva un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza,
que sustituya el consumo para “vivir mejor” por el “buen vivir o
vivir bonito” planteado por los pueblos indígenas que recoge
la riqueza de nuestra diversidad y que abre el camino para
construir colectivamente ese nuevo mundo que queremos.
Elsa Chanduví Jaña
Directora Ejecutiva
Comunicaciones Aliadas
Lima, abril del 2015
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
3
Tendencias políticas en
América Latina y el Caribe
Hugo Cabieses Cubas*
Podemos avizorar cinco tendencias relevantes
en el contexto político regional.
U
na primera tendencia es que en América Latina y el Caribe
(ALC) existen actualmente 10 países con gobiernos
progresistas, con presidentes de movimientos y partidos
integrantes del Foro de Sao Paulo (FSP) que fuera creado en 19911.
Estos países son: Cuba, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Brasil,
Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina. Hasta el año 1999
sólo estaba Cuba, pero con la insurgencia electoral de Hugo
Chávez en Venezuela, actualmente hay 10 países con gobiernos
progresistas y/o de izquierda. Lo anterior se da en pleno desarrollo
de una resurrección de la crisis económico-financiera, de un
proceso de “Restauración Conservadora” en el continente, de
las agresiones políticas, ideológicas y militar-policiales contra
los gobiernos progresistas y de izquierda, con la concentración
de medios y pretextos como el de la “guerra a las drogas” y las
insurgencias socio-ambientales.
Como segunda tendencia, en casi todos estos países con
gobiernos progresistas y de izquierda se ha construido y existe una
mayoría electoral, pero sin hegemonía política, ideológica
e institucional (Cuba, Bolivia y parcialmente Nicaragua podrían
ser la excepción). Fracciones importantes de los movimientos
sociales e indígenas se alejan de estos gobiernos y varios partidos
progresistas, socialistas y de izquierda también. El neoliberalismo
extractivista-exportador como propuesta político-ideológica le
ha ganado la partida —o se la está ganando— a la propuesta
progresista y del llamado “socialismo del siglo XXI”. Es más, tal
como sostiene la socióloga argentina Maristella Svampa, en
América Latina y el Caribe estamos transitando del fracaso del
“Consenso de Washington”asentado en la valorización financiera,
al“Consenso de los Commodities”que se basa en la exportación
de bienes primarios a gran escala, nuevo consenso del que
difícilmente están escapando los gobiernos progresistas y de
izquierda, presionados por los nuevos movimientos sociales y
políticos “temáticos”2.
La tercera tendencia es que desde principios del siglo XXI,
existe una insurgencia de movimientos sociales nuevos no
proletarios, des-sindicalizados, tematizados (género, jóvenes,
ambientalistas, pueblos indígenas, diversidad sexual, cultura,
etc.), que son sometidos a criminalización y violación de sus
derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales
(DESCA). No obstante, la izquierda progresista en general se pone
y ha estado de espaldas a los pueblos indígenas —originarios o
no—, a la Amazonía, a la Orinoquia y a los campos tropicales de
Centroamérica. Demasiadas veces estas zonas han sido utilizadas
por la izquierda como retaguardia para las luchas guerrilleras y/o
campo de maniobra para luchas político-ideológicas, pero no como
propuestas para un nuevo modelo político, cultural y económico.
La cuarta tendencia es el desarrollo e impulso desde el gobierno
y el poder de lo que algunos analistas y activistas de base han
comenzado a denominar un neo-extractivismo social-rentista,
con populismo caudillista para la re-elección permanente. Para
este esquema de gobierno y poder, muchas veces barnizado por
la expropiación del concepto indígena del Buen Vivir3 —recogido
incluso constitucionalmente —, los temas ambientales, cambio
climático, deglaciación y el impacto sobre los ciudadanos y pueblo
en general no es parte de los debates en la izquierda progresista y
tampoco en el seno del Foro de Sao Paulo que los agrupa.
La quinta tendencia es que la izquierda progresista —y por
supuesto la derecha conservadora— en general se pone de perfil
o incluso es cómplice en algunos lamentables casos de una cultura,
sociedad, economía e ideología delincuencial o “canalla”, que
consiste en la articulación y sinergias de enorme informalidad,
ascendente delincuencia organizada y reducida formalidad,
es decir, un esquema formal, informal y delincuencial (FID). Desde
la izquierda estamos siendo arrastrados por las propuestas de
encarar la seguridad ciudadana con policías, carcelerías, violencia
y militarización4. q
* Economista peruano. Coordinador del Área de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático
y Derechos Indígenas del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH).
Ex Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del
Ambiente. Actual asesor de la Presidencia del Gobierno Regional de Cajamarca.
1
Ver una historia del FSP con relación a la izquierda latinoamericana escrita por uno de los fundadores, el politólogo y diplomático cubano Roberto Regalado en:
http://www.oceansur.com/media/fb_uploads/pdf/encuentros-desencuentros.pdf
2
Ver una explicación mayor de este debate en el texto “Consenso de los Commodities, Giro Ecoterritorial y Pensamiento crítico en América Latina” en:
http://maristellasvampa.net/archivos/ensayo59.pdf
3
Ver una exposición de varios autores sobre esta apropiación en el libro Bifurcación del Buen Vivir y el Sumak Kausay, texto acopiado por el ecuatoriano Atawallpa Oviedo Freire, Ediciones
Sumak, Quito, Ecuador enero 2014.
4
En un contexto de extractivismo neoliberal salvaje, informalidad depredadora y delincuencia generalizada y fronterizada, ver mi texto titulado “Economía y cultura canallas en el Perú”,
publicado por la revista Quehacer Nro. 193, en: http://www.desco.org.pe/sites/default/files/quehacer_articulos/files/07%20Cabieses%20193.pdf.
4
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
Menor ritmo de crecimiento
y más descontento
Oscar
Ugarteche*
P
Desaceleración económica genera desempleo e informalidad laboral./www.aleteia.org
ara su crecimiento, las economías de
América Latina presentan una acentuada
dependencia económica y política, en el
sentido de subordinación, a los mercados
internacionales de commodities.
La región creció entre el 2003 y el 2012
por encima de 5.5% al año, una tasa media sólo
comparable a la de las décadas de los años 50 y
60 del siglo pasado. En ambos periodos las tasas
de crecimiento estuvieron acompañadas de
auges en los precios de los commodities, por
tanto, se vieron reducidas cuando la demanda
de commodities se vio afectada, en el primer
caso por el estancamiento con inflación de los
años 70 de los países del grupo de los 7 (G7) y en el segundo por el estancamiento con
deflación de la segunda década del siglo XXI.
El final del ciclo de los commodities
del 2012 es atribuido por la prensa a la
desaceleración de China, pero como este país
crece a más de 7% mientras Europa, Japón y
Estados Unidos crecen a tasas más cercanas a
cero por ciento, es más creíble que esto último
sea lo determinante y que además podría
contagiar no sólo a América Latina y África, sino
incluso al continente asiático.
Según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), en su
documento informativo “Panorama de la
Inserción Internacional de América Latina y el
Caribe 2014”, se proyecta que “el valor de las
exportaciones regionales crecerá en promedio
solo 0.8% este año (2014) tras aumentar
23.5% en 2011, 1.6% en 2012 y caer 0.2% en
2013, mientras que las importaciones de la
región caerán 0.6% en 2014, después de haber
aumentado 21.7% en 2011 y 3.0% en 2012 y
2013”1.
1
“Exportaciones de Latam estancadas; México crecerá 4.9%: CEPAL” en T21, 16-09-2014 http://t21.com.mx/general/2014/10/09/exportaciones-latam-estancadas-mexicocrecera-49-cepal
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
5
Tasa de crecimiento acumulado del PIB
per cápita 2003-2012
Países
Panamá
Perú
Uruguay
Argentina
República Dominicana
Venezuela
Chile
Colombia
Costa Rica
Bolivia
Ecuador
Brasil
Trinidad y Tobago
Nicaragua
Honduras
Paraguay
México
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Haití
%
80.2
62.6
62.0
55.1
49.4
48.2
36.0
34.0
31.8
29.4
29.3
28.5
27.5
24.7
19.7
18.8
12.8
12.3
...9.3
0.0
-2.2
Fuente: CEPAL en www.obela.org
Menor distribución del ingreso
El auge de las décadas de los años 50 y 60 empeoró la
distribución del ingreso en la región y llevó al auge de los
movimientos políticos radicales de izquierda primero en
Colombia, Guatemala y Cuba en los años 50 y luego en casi
Tasas de crecimiento económico
por periodos en porcentajes
2003-2008
2009-2011
2012-2013
América Latina
4.6
2.9
2.8
Mercosur
Brasil
Argentina
Paraguay
Uruguay
Venezuela
4.2
8.5
4.5
6.4
7.5
3.3
6.3
4.5
5.9
-0.2
1.7
2.4
6.2
4.2
3.5
Alianza del Pacífico
México
Colombia
Chile
Perú
3.0
5.2
4.7
7.0
1.4
4.1
3.5
5.5
2.5
4.3
4.8
6.0
Fuente: CEPAL. Estudio Económico 2014
6
todo el resto de la región en los años 60 (Brasil, Uruguay,
Tasas
de crecimiento
económico
Argentina, Bolivia, Perú
y Ecuador),
que se vieron
alimentados
por
periodos
en
porcentajes
cuando la mala distribución del ingreso se congeló sin
esperanza de mejora. De ese proceso surgió la teoría de la
dependencia y el concepto2003-2008
del desarrollo
del subdesarrollo
2009-2011
2012-2013
acuñado por André Gunder Frank.
América
Latina
4.6hasta que en
2.9los años 90,2.8
Pasaron
casi
dos décadas
se aceleró de nuevo el crecimiento como efecto de una
Mercosur
combinación
de factores que incluyen las desregulaciones,
las privatizaciones
y la apertura4.2de la cuenta3.3de capitales.1.7
Brasil
De esta forma
es que empezó8.5
a operar el fenómeno
del2.4
Argentina
6.3
triple arbitraje
en América Latina.
Paraguay
4.5 Es decir, una
4.5 vez que las6.2
economíasUruguay
nacionales quedaron
6.4altamente interconectadas
5.9
4.2
en los circuitos
internacionales,
Venezuelafinancieros 7.5
-0.2 cualquier3.5
movimiento registrado en las tasas de interés, los tipos de
cambio y Alianza
los mercados
de valores de las economías más
del Pacífico
grandes, provoca
un
efecto
simultáneo
en 1.4
las economías2.5
México
3.0
de la periferia.
Ya
avanzada
la
primera
década
del siglo4.3
Colombia
5.2
4.1
XXI, la tendencia de incertidumbre financiera en los países
Chile
4.7
3.5
4.8
integrantes del grupo de los 7 (G-7) continuó, con lo cual se
Perú
7.0
5.5
6.0
observó también un auge de precios considerable.
La consolidación de los mercados de derivados
en marzo del
añoCEPAL.
2003Estudio
es fundamental
Fuente:
Económico para
2014 entender ese
auge. Lo segundo es el descenso de las tasas de interés en
Estados Unidos a niveles cercanos y mayores que cero en
términos reales (neto de inflación) y lo tercero el impacto de
la demanda de China primero, y asiática luego, que entraron
como compradores e inversionistas importantes en América
Latina mediante tratados bilaterales de libre comercio en un
caso donde la tortuga le gana a la liebre.
Producto de esto, tras la apertura de la cuenta de
capitales en los años 90, se trasladaron capitales de corto
plazo a aquellos países con bolsas de valores e instrumentos
de deuda en moneda nacional con altas tasas de interés. En
segundo lugar, se activó el mercado de activos financieros e
inmobiliarios a partir del 2000 por la falta de incentivos para
invertir en Estados Unidos por las tasas de interés muy bajas
en términos reales. En tercer lugar, la gran banca de inversión
(demasiado grande para quebrar) comenzó a invertir a partir
del 2003 en productos financieros derivados de commodities
como activos financieros líquidos, empujando los precios de
los commodities a niveles récord.
El fruto de todo lo anterior fue que el producto
interno bruto (PIB) per cápita de la región se dividió en
dos velocidades: los países de la Cuenca del Caribe más
relacionados a la demanda de Estados Unidos, crecieron
a una tasa media acumulada de 14.3% entre el 2003 y el
2012. Los de Sudamérica más relacionados con Asia, Europa
y entre sí, crecieron a una tasa media acumulada de 43.5%.
Ante el estancamiento deflacionario de Europa sin duda es la
relación con Asia e intrarregional lo que permitió el impulso
a estos últimos.
El estancamiento con deflación en Europa, sumado
al estancamiento de Estados Unidos y de Japón tras la crisis
de los años 2007/2008 y la recuperación de las tasas de
interés con tendencia al alza a partir del 2014 de Estados
Unidos por la tímida recuperación esperada, ha generado
una disminución de los flujos de capitales de corto plazo
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
hacia la región, una baja en los precios de los commodities y
un reajuste de los tipos de cambio, muy apreciados en toda
la década frente al dólar.
El resultado es una desaceleración económica en
ambos grupos de países.
Crecen protestas sociales
En Sudamérica hubo desde inicios del siglo XXI una
búsqueda para resolver las injusticas del modelo neoliberal
y se entró a políticas post neoliberales caracterizadas por
aumentos sustantivos del gasto público, aumentos salariales
y la implementación de diversos programas contra la
pobreza endémica de América Latina. En este sentido, Brasil,
Argentina, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Ecuador forman
parte de este nuevo escenario. En cambio, Chile, Perú,
Colombia y México se quedaron con las políticas neoliberales.
La noción de que el mercado iba a generar alto
crecimiento y distribuir sus ganancias gota a gota al resto
de la economía no funcionó. El proceso de privatización del
Estado por su parte, se profundizó, que dicho sea de paso, no
era conducente con un mayor nivel de desarrollo, entendido
como un aumento sustantivo en la calidad de vida de la
población, lo que implica mejoras en la provisión de servicios
básicos de salud, educación y vivienda, además de una
mejora en las condiciones ambientales, agua y aire, y en la
calidad educativa para permitirle a las nuevas generaciones
abrirse paso en medio de los cambios tecnológicos en curso.
El caso más tozudo es México donde a pesar de no
haber casi crecimiento en los últimos 20 años, se persiste
de manera doctrinal en las políticas y se avanza en la
privatización de la energía y aparentemente de la educación
pública superior, como el caso del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) de finales de septiembre del año en curso.
Dicho conflicto, logró sumar el apoyo de otras universidades
(UNAM, UAM, entre otras) y la sociedad en general, ante el
intento de las autoridades de mermar la calidad educativa
(tecnificación de los programas de estudio en detrimento
de asignaturas clave para la formación de conciencias) de
una de las principales instituciones de nivel superior. El caso
inverso más reciente es Chile, que procede a desprivatizar las
pensiones, la educación y alimentar el crecimiento desde los
salarios aceleradamente y que parece estar entrando en la
fase post neoliberal.
La mayor incorporación de las mujeres al mercado
de trabajo sumado a la prolongación de la esperanza de
vida de la población de la región a excepción del Perú, en
relación a lo segundo, han creado condiciones de demandas
sociales antes no pensadas y estas se han unido a las
demandas de los sectores más jóvenes de la sociedad que
tienen restricciones educativas, sea por la privatización de las
escuelas y universidades, o por la caída en la calidad de las
mismas en general y específicamente en el Perú.
Las protestas sociales han aparecido en los países
de alto crecimiento y no tanto en los de bajo crecimiento,
es decir, que es un producto de las tensiones creadas por el
alto crecimiento que no genera empleo ni mejores ingresos a
los sectores que están trabajando al tiempo que el Estado no
logra brindar los servicios que los nuevos actores demandan.
En las economías de bajo crecimiento, hay mucho
desempleo estructural y nuevo desempleo juvenil, situación
que aunada a la falta de esperanza por la experiencia de la
región centroamericana y México, con los levantamientos
armados de las décadas pasadas, parece canalizar el
descontento hacia la delincuencia organizada (maras,
narcotráfico, feminicidios, sicarios, muertes de bala, etc.).
En Sudamérica todo indica más protesta social y
mayores demandas al Estado. Los dos centros de protesta
social son Chile y Brasil, en un caso donde los estudiantes
exigen más del Estado y en el otro, donde exigen una
reversión de las políticas. No hay duda de que las elecciones
chilenas del 2013 jalaron al nuevo gobierno socialista hacia la
izquierda.
Las protestas sociales en Ecuador, Bolivia y Perú
parecen ser menos orientadas a la reversión de las políticas,
porque sus crecimientos económicos acumulados son muy
altos y están dirigidas más contra los aspectos ambientales del
crecimiento, lo que se conoce como el modelo extractivista
que tiene efectos devastadores para las comunidades
indígenas en específico.
Las protestas en Argentina, en cambio, derivan del
efecto de la inflación (de 10% en promedio del 2010 al 2013)
sobre los ingresos de las clases medias. Si bien la recuperación
del PIB per cápita fue la más acelerada de América Latina, el
nivel de precios ha ido al alza, generando incomodidad social
por la memoria de la inflación en Argentina, que sumado
al estilo autoritario de la presidenta Cristina Fernández ha
polarizado a la sociedad. Hay que agregar que en Argentina
los sectores financieros se han visto adversamente afectados,
cosa singular en la región.
El descenso del crecimiento sumado con la mala
distribución que estaba siendo acotada en algunos
países ya no podrá serlo. Esto puede llevar a dos resultados:
un acomodamiento de menores ritmos de crecimiento vía
mayor informalidad por falta de demanda laboral o bien a
un auge delincuencial. Las reversiones de las políticas no van
a modificar las condiciones externas que dieron pie al auge
de la década pasada si bien podrían acomodar la demanda
interna y las condiciones de producción nacionales en los
países que estuvieron más abiertos.
En suma, el panorama de los países de la Cuenca
del Caribe, que incluye México, Centroamérica y el Caribe
parece más delicado que el sudamericano. La falta de
crecimiento de la última década de auge se verá seguida por
un estancamiento. Mientras tanto, en Sudamérica se verá
menor crecimiento pero a tasas mucho mayores que la de los
vecinos del Hemisferio Norte. Esto repercute sobre los flujos
migratorios que se están revirtiendo en Sudamérica pero no
en Centroamérica ni Norteamérica, donde se ven frenados
por las políticas anti-migratorias de los países de destino con
consecuencias adversas sobre la balanza de pagos. q
* Economista peruano. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina
(OBELA) del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México, www.obela.
org. Miembro del SNI/Conacyt y presidente de ALAI www.alainet.org. Ha contribuido al
texto Ariel Noyola del OBELA.
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
7
Comercio, economía y
políticas en la región: Nos
unimos o morimos
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es una instancia intergubernamental de diálogo y
concertación política que reúne de forma permanente a 34 países de América Latina y el Caribe. /Blog do Planalto
Hugo Cabieses
Cubas*
8
L
a Carta de los Movimientos Sociales
de las Américas aprobada en Belem
do Pará en el IX Foro Social Mundial
(enero 2009) dice lo siguiente: “Es
necesario construir colectivamente un proyecto
popular de integración latinoamericana, que
replantee el concepto de ‘desarrollo’, sobre la
base de la defensa de los bienes comunes de
la naturaleza y de la vida, que avance hacia la
creación de un modelo civilizatorio alternativo
al proyecto depredador del capitalismo, que
asegure la soberanía latinoamericana frente
a las políticas de saqueo del imperialismo y de
las trasnacionales, y que asuma el conjunto de
las dimensiones emancipatorias, enfrentando
las múltiples opresiones generadas por la
explotación capitalista, la dominación colonial, y
el patriarcado, que refuerza la opresión sobre las
mujeres”.
Seis años después, vale la pena
hacerse algunas preguntas: ¿Qué procesos
integracionistas han surgido o se han
consolidado? ¿Qué otros han surgido en
oposición a estos intentos? ¿Cuál es la agenda
anti y post-neoliberal de las organizaciones,
partidos y movimientos que buscan un proceso
integracionista progresista?
Procesos integracionistas
En el Siglo XX destacaron los esfuerzos
integradores de la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio (ALALC), la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), el
Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe (SELA) y la fundación de organizaciones
intergubernamentales, como la Comunidad
Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur
(Mercosur). No obstante, estos esfuerzos se
limitaron a algunos aspectos comerciales
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
y económicos, sin que se pudiera plasmar una real
integración latinoamericana y caribeña. Desde el poder
y control del gobierno de Estados Unidos se contrapuso
a estos esfuerzos tanto la Organización de Estados
Americanos (OEA), con sus organismos generados,
incluyendo el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR) y la Alianza para el Progreso (APP), como
más recientemente el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), que vio frustrada su creación en la IV
Cumbre de las Américas de Buenos Aires en el 2005.
En el Siglo XXI se creó por iniciativa del Presidente
de Venezuela Hugo Chávez, la Alianza Bolivariana de
los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que fomenta
proyectos de unidad Latinoamericana y Caribeña con
acuerdos energéticos, económicos, políticos, culturales
y sociales. Otros líderes que han destacado en estos
esfuerzos integracionistas son los de los otros nueve países
con gobiernos de izquierda y progresistas del continente:
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Argentina, Evo
Morales de Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma
Roussef de Brasil, Michelle Bachelet de Chile, Fidel y Raúl
Castro de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua, Salvador
Sánchez Cerén de El Salvador, Rafael Correa de Ecuador, y
José Mujica y Tabaré Vázquez de Uruguay. Estos esfuerzos
desembocaron en la creación de la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR) y en la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Por su lado y buscando contra-restar al ALBA
y UNASUR, el gobierno de Estados Unidos impulsó y
creó en abril del 2011 la Alianza del Pacífico (AP) con la
anuencia de los gobiernos de Chile, Colombia, México
y Perú —todos ellos con tratados de libre comercio
(TLC) firmados con Estados Unidos y otros países— , y
en el 2012 tres de esos cuatro países latinoamericanos
—México, Perú y Chile—se sumaron a Estados Unidos,
Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur,
Vietnam, Canadá para conformar el Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus
siglas en inglés).
Debates en curso e integración solidaria
El integracionismo de la CAN y del Mercosur tiene
varios países con TLC y en conjunto uno que data del
2004, lo que plantea una discusión clave sobre si ello afecta
la integración de América del Sur. Por su lado, Venezuela
abandonó la CAN en el 2006, lo que lleva a preguntarnos si
más países seguirán este camino —el Perú ha manifestado
su deseo de hacerlo varias veces— y no se sabe bien aún
que política tiene Mercosur frente a la CAN.
Otra pregunta clave guarda relación con que si
sería indispensable una política macroeconómica común
para la integración de América del Sur, a la que es indudable
que la AP se opone, dado el rol que el TPP juega para
América del Sur. Cabe preguntarse si, en este contexto, la
priorización de TLC entre países del Asia, Estados Unidos,
1
Canadá y la Alianza del Pacífico juega contra la integración
sudamericana o todavía se puede lograr una convergencia
entre los dos bloques, asunto en el que están interesados
varios países, incluyendo algunos “progresistas” cuyas
cancillerías han diseñado estrategias de estar “adentro y
afuera”. Son los casos de Chile, Uruguay e incluso Ecuador.
Los TLC siguen modelos de acuerdos
económicos creados por los gobiernos de Estados
Unidos y las potencias “desarrolladas” para atender los
intereses de las grandes corporaciones transnacionales
que involucran temas como propiedad intelectual,
inversiones, compras gubernamentales y otros, que
limitan la autonomía de la política económica de los
países en desarrollo de nuestro continente y de otros.
Pero más allá de ello, en realidad con la AP y el
TPP se trata de una creación ideológica neoliberal de
Estados Unidos, Europa y Asia para dividir la integración
económica, comercial, política, geopolítica y cultural
de los pueblos latinoamericanos y caribeños expresada
en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP),
UNASUR, CELAC, etc.
En este contexto es vital analizar la alternativa
de integración con lógicas distintas a las planteadas
desde los TLC con Estados Unidos y los acuerdos de
asociación europeos. Este es el caso del ALBA un tratado
con enfoque solidario y de complementariedad que rebasa
los entendimientos comerciales que como pretenden las
potencias capitalistas agregan acuerdos sobre patentes,
protección de inversiones o compras del Estado.
Esta propuesta en curso, apunta a la integración
cultural de servicios fundamentales como educación y
salud, a la integración política, a la forja del Banco del
Sur como banco de desarrollo y a crear mecanismos de
defensa como la conformación de un bloque defensivo
entre las fuerzas armadas de Brasil, Venezuela y Argentina
como punto de partida autónoma al TIAR.
Asimismo, este esquema impulsa vías que plantean
atender necesidades energéticas y de financiamiento
del desarrollo con nuestros propios recursos, que
desarrollan experiencias de educación superior, medicina
y alfabetización, como son los programas “Yo sí puedo”
y “Operación milagro” en salud, que son novedosos,
concretos y prácticos.
Como señala el economista peruano Óscar
Ugarteche, el proceso integracionista de Nuestra
América pendula entre el panamericanismo impulsado
desde el norte y el regionalismo propuesto desde el
sur del continente.
“Las versiones más modernas de inicios del siglo
XXI siguen con estas dos matrices: la Alianza del Pacífico es
panamericanista; la Comunidad Andina, el Mercosur y el
ALBA son regionalistas. Lo que define la integración como
panamericanista es la preferencia con Estados Unidos (TLC
en el siglo XXI) y lo que la define como regionalista es la
indiferencia frente a cualquier polo económico en particular
Ugarteche, Oscar, “La integración y la arquitectura financiera en el tiempo” en: América Latina: Cuestiones de fondo, ALAI Nro. 500, Quito, Diciembre 2014 en: http://alainet.org/publica/alai500w.pdf
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
9
utilizando la agregación de mercados vecinos”, afirma
Ugarteche1.
“Otro aspecto teórico a tomar en cuenta es si la
integración es liberal o es mercantilista. Las propuestas de
unión aduanera son leídas como mercantilistas mientras que
los tratados de libre comercio como liberales. De este modo
hay: 1) panamericanismo mercantilista, 2) panamericanismo
liberal y 3) regionalismo mercantilista”, continúa Ugarteche,
quien se pregunta finalmente: “¿Cómo es posible que en
América Latina la integración económica durante 180 años
siempre termine trunca?”
De lo escrito hasta aquí, se deriva que las
izquierdas y las fuerzas progresistas encaren la
integración de manera integral con una perspectiva
comercial, política, social y cultural así como los
temas de defensa, enfatizando cuatro grandes ejes: 1)
el combate a la pobreza y desigualdad, 2) la ampliación
y el fortalecimiento de la propiedad pública y social en
áreas estratégicas, 3) el planeamiento democrático del
desarrollo y del uso y manejo de los recursos naturales con
respeto al medio ambiente, y finalmente 4) la construcción
de una efectiva democracia popular y participativa con
control ciudadano y social sobre el Estado y la economía.
Perspectivas
Existe, por tanto, una necesidad de volver a estrategias
más activas del sector productivo. Es cierto que estas
políticas implican riesgos de fracaso y búsqueda de rentas,
pero estos problemas no se limitan a este enfoque. El
desarrollo de estas nuevas actividades es un proceso de
aprendizaje en el que, en cierto sentido los “ganadores”
son “creados”, en lugar de ser elegidos exante.
Las nuevas actividades a promover dependen de
las capacidades domésticas, deben realizarse en estrecha
colaboración con el sector privado y deben tener como
criterio central la modernización tecnológica. Y deben ir
acompañadas de tipos de cambio competitivos. Este es el
componente que ha estado ausente en el único país que
ha vuelto recientemente a estrategias activas del sector
productivo: Brasil.
No hace falta decir que la necesidad de una clara
definición acerca de la modernización tecnológica
es fundamental, dadas las perspectivas de escaso
dinamismo del comercio mundial y la clara evidencia que
América Latina ha dejado de ser una región de abundante
mano de obra poco calificada.
En conclusión, América Latina continúa,
en promedio, tan expuesta al “riesgo de materias
primas” o al “Consenso de los Commodities” como
hace cuatro décadas, lo cual la hace muy vulnerable a
una fuerte caída de los precios de estas. Al mismo tiempo,
la mayor diversificación (dado que las exportaciones
de otros productos han crecido aún más) significa que
posiblemente muchos de estos países tienen mayor
flexibilidad para amortiguar shocks de esta naturaleza.
Sin embargo, como sostiene Jose Antonio
Ocampo de la Comisión Económica para América Latina
10
y el Caribe (CEPAL), ese no es el caso de los exportadores
netos de energía y metales, que hoy son particularmente
vulnerables a una desaceleración económica mundial, en
vista tanto de su mayor dependencia de materias primas
como de la mayor concentración de sus exportaciones
en tales bienes, sobre todo teniendo en cuenta que
esta mayor concentración está centrada justamente en
aquellos productos cuyos precios son más sensibles al
ciclo económico mundial.
El ingreso de China a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) ha sacudido las políticas y las creencias.
Si bien sus bajos costos laborales y alta competitividad
plantean riesgos a las exportaciones regionales de
productos manufacturados, su apetito por materias primas
y alimentos ha favorecido la dotación de materias primas
de América Latina y el Caribe. El comercio con China, sin
embargo, se ha concentrado en una pequeña cesta de
commodities: cobre, petróleo, hierro, soya y madera. El
nuevo motor de crecimiento puede profundizar nuestra
especialización histórica en materias primas, caracterizadas
por una fuerte volatilidad de precios.
Debemos hacer un gran esfuerzo para que no
se profundice esta especialización, así como la excesiva
dependencia en un solo motor de crecimiento. Si esto no
se hace, se intensificará la dependencia en unos pocos
productos básicos, los países seguirán sobreexpuestos
a crisis comerciales y no serán domadas las fuerzas
generadoras de desigualdad provenientes de las asimetrías
internacionales. q
* Economista peruano. Coordinador del Área de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático
y Derechos Indígenas del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH).
Ex Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del
Ambiente. Actual asesor de la Presidencia del Gobierno Regional de Cajamarca.
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
La ruta irregular de los
gobiernos ‘progresistas’
Ramiro Escobar
La Cruz*
H
Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS) representó en el 2012 el más importante
desencuentro de gobierno progresista de Bolivia con pueblos indígenas./Servindi.org
an pasado ya varios años desde
que, paulatinamente, varios países
latinoamericanos —o especialmente
sudamericanos—
alumbraron
presidentes de ‘centro-izquierda’ por la vía
de las urnas. Más de una década después, se
puede ajustar el periscopio y ver si la impronta
de estos gobiernos cambió no sólo las
variables políticas sino, también, la situación
social y le dio más contenido a la democracia.
Al parecer, lo que hubo fue un claroscuro.
Resulta difícil establecer un inicio de
la ‘ola’ de gobiernos de corte progresista en
América Latina. Si bien puede considerarse
que la llegada al poder de Hugo Chávez,
en 1999, marca un hito, ya desde antes
hubo señales de que la ‘izquierda’ no se había
esfumado totalmente del escenario. El Partido
Socialista de Chile, por ejemplo, fue parte del
gobierno desde 1990. Claro, lo hizo dentro de
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
la Concertación de Partidos por la Democracia,
un frente de agrupaciones (que incluía a la
Democracia Cristiana y algunos partidos
más) que no propició cambios que hicieran
pestañear demasiado a los politólogos, o a los
financistas.
La urnas zurdas
Pero en la década que va del 2000 al 2010 sí
se produce una suerte de giro inusual en esta
región. Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva y el Partido
de los Trabajadores (PT) llegan al Poder en
Brasil en el 2003; en el 2005, el Frente Amplio
(FA) hace lo mismo con Tabaré Vásquez en
Uruguay; el turno de Evo Morales Ayma y el
Movimiento al Socialismo en Bolivia (MAS)
llega el 2006; al año siguiente, en Ecuador,
Rafael Correa también logra convertirse en
presidente.
11
En el 2008, el exobispo Fernando Lugo, tras vencer
en los comicios de ese año al frente de la Coalición Patriótica
para el Cambio, llega a la presidencia del Paraguay. Parece
el momento del clímax para la izquierda del continente.
Tres de ellos —Chávez, Correa y Morales—
apuestan por modificar la Constitución y reelegirse (sin ser
de izquierda, Álvaro Uribe también lo hizo en Colombia),
una apuesta que causó controversia en sus propios países
y en gran parte de América Latina. Chávez, quien fue el
que tomó la ruta más autoritaria, tuvo cuatro períodos
presidenciales (1999-2001, 2001-2007, 2007-2013 y unos
meses del 2013), y hubiera ido a más, si no fuera porque
falleció el 5 de marzo del 2013.
Este año (2014), Morales Ayma ha vencido
cómodamente en los comicios del 12 de octubre, con
el 60% de los votos, y así accede a su tercer período de
gobierno. No logró pasar del 70%, como pretendía, pero
es indudable que no tiene contendor político en Bolivia,
un país al que le ha dado un crecimiento económico
promedio de más del 5%, algo desconocido en su
tormentosa historia.
No tardó en felicitarlo Correa, el locuaz presidente
ecuatoriano, quien el 17 de febrero del año pasado (2013)
tuvo una performance parecida: obtuvo el 57% de los
votos en su tercera elección (como Morales), y sin un rival
de peso al frente que pudiera asustar a la ‘Revolución
Ciudadana’. Pero algo más une a estos dos líderes que
parecen jugar solos en la cancha.
Ninguno de los dos tiene problemas económicos
serios. Morales ha logrado que Bolivia sea, actualmente, el
país que más crece en Sudamérica —por encima de Chile
y Perú, las presuntas estrellas de la región—, y el segundo
en toda América Latina. Parece haber encontrado
la cuadratura del círculo para hacer que un ‘cambio
revolucionario’ sea un éxito financiero.
Los giros de la economía
La previsión de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) es que Ecuador crecerá en el 2014 un 5%. Junto a
Bolivia (5.5%) es el país que más crece en Sudamérica. Algo
que, quizás, no previeron ni ellos mismos ni sus críticos.
Esto sugiere una perspectiva que, con frecuencia,
no es atisbada en el debate público: puede haber
equivalencia entre tener un gobierno ‘de izquierda’ y
lograr estabilidad económica, o incluso alcanzar cierta
‘bonanza’.
Bolivia y Ecuador han hecho que su economía gire
en torno al alto precio de los hidrocarburos. El esquema,
como han señalado varios economistas, puede tener
limitaciones, pero ha generado, al menos de momento,
una estabilidad económica que mantiene satisfecha a
buena parte de la población, y que es la que hace ganar a
sus presidentes re-eleccionistas en las urnas.
No ocurre así en Venezuela, que está en una crisis
que incluso algunos chavistas reconocen. Su economía
experimentaría en el 2014 una contracción del 0.5% y el
desabastecimiento asoma a ritmo de joropo, no obstante
12
sus ingentes reservas de crudo y el alto precio internacional
de los hidrocarburos. Los impulsos de la autocracia, que
han llegado a propiciar expropiaciones desatadas en
varios rubros (alimentos, por ejemplo), muestran haber
tenido una influencia en este panorama.
Morales no ha ido tan lejos. Ha subido los
impuestos a las petroleras, en algún caso hasta cerca del
80%, pero trabaja con el sector privado o estatal de otros
países (Petrobras, de Brasil, por citar un caso), sobre todo
para los hidrocarburos. La inversión extranjera directa (IED)
aumentó 30% en el 2013, lo que hizo que calificadoras de
riesgo, como Standard and Poor’s, le dieran su bendición.
El cuadro no estaría completo sin las cifras de
disminución de la pobreza. Allí las tendencias del ‘arco
progresista’ se acercan. Bolivia, según el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, tuvo la mejor nota: la
redujo en 32.2% en el período 2000-2010, y de ahí vienen
Venezuela (22.7%), Ecuador (21.9%) y Brasil (18.6%).
En Brasil, la economía ya no baila a los ritmos
de hace unos años, cuando llegó a crecer a más de 7.5%
anual, y hasta bordea la recesión macroeconómica.
Justamente, la reciente elección giró en buena medida a
la posibilidad de relanzar su crecimiento. Dilma Rousseff,
la presidenta reelegida del Partido de los Trabajadores
(PT), lo ha enfatizado, tras vencer al socialdemócrata Aécio
Neves el 26 de octubre, en una elección en la que el deseo
de conservar los programas sociales venció a la apuesta
por abrirse más a los mercados mundiales.
Desencuentros con poblaciones indígenas
Ahora bien, ¿todos estos gobiernos han sido intérpretes
no sólo del sentimiento popular sino de la dinámica de los
movimientos sociales? En parte sí, como lo revela el caso de
Morales, que hoy sigue siendo presidente de la Federación
de Campesinos del Trópico de Cochabamba (su última
re-elección fue en julio del 2012), una agrupación que
representa a los cocaleros de la zona.
Pero hay un territorio espinoso para estos
gobiernos de nuevo cuño: el mundo indígena. Casi
ninguno de los presidentes‘progresistas’ha dejado de tener
conflictos con los pueblos originarios, sino con todos, con
varios de ellos. Ni siquiera Morales, a quien se tiene como
un gobernante indígena —en rigor, es un sindicalista
cocalero—ha podido evitar dichas turbulencias.
En Argentina, donde la población indígena es
pequeña (entre 1.5 y 2% de la población), no faltaron
los enfrentamientos por tierras, que el 22 mayo del 2013
llegaron a un punto de tensión tras la muerte de un
miembro de la etnia Qom en la Provincia del Chaco. Al
parecer, Cristina Fernández tiene un discurso sobre los
derechos humanos, pero más urbano, poco vinculado a
los indígenas.
Se percibe en ese país, como en Chile, una distancia
entre el imaginario y la práctica de sus mandatarios, o
mandatarias, y lo que ocurre entre los pueblos originarios.
De hecho, uno de los mayores baches que tuvo Michelle
Bachelet en su primer período como presidenta de
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
la Concertación en Chile (2006-2010) fue su turbada
relación con el pueblo Mapuche (“gente de la tierra” en
mapudungun, el idioma de esta etnia).
El caso de Matías Catrileo, un dirigente estudiantil
mapuche que murió el 3 de enero del 2008 durante una
escaramuza con los Carabineros, resultó tristemente
emblemático. Ocurrió en el primer período de la actual
mandataria y atizó un conflicto en el que, incluso, el gobierno
chileno apeló a la aplicación de la ‘Ley Antiterrorista’, para
contener las protestas de los mapuche en demanda de la
recuperación de sus territorios ancestrales.
Tan evidente fue eso que, el 14 de marzo del 2014,
a tres días de acceder por segunda vez al gobierno, la
presidenta pidió perdón a los mapuche “por los despojos
de sus tierras”. Lo hizo ante Francisco Huenchumilla, el
intendente de la región denominada La Araucanía, donde
viven más de 500,000 ciudadanos de esta etnia. También
anunció medidas para beneficiarlos.
Entre ellas, la creación del Ministerio de Asuntos
Indígenas. Con todo, no hay pleno consenso entre la
población indígena chilena sobre este giro político de la
gobernante considerada ‘socialista’. Es visible que, tanto el
caso argentino como en el chileno, este tema no constituyó
parte vital de la agenda de ‘cambio’, más centrada en la
mayoritaria población urbana.
El escaso peso demográfico no ha sido la única
causa de conflictos con los pueblos originarios. En Ecuador,
donde el presidente Correa en su primera campaña
(2006) contó con el apoyo de una parte importante de los
indígenas (aunque el movimiento Pachacutik lanzó a la
presidencia a su propio candidato, Luis Macas), no tardó
en surgir un tenso distanciamiento.
Al asumir el gobierno, el mandatario nombró
como secretaria de Comunicación a Mónica Chuji,
una mujer de la etnia Kichwa. Pero a los pocos meses
estallaron problemas en la provincia de Orellana,
donde una movilización de indígenas devino en varios
choques con las fuerzas del orden. En un principio, se
reclamaba el asfaltado de carreteras, una promesa de
las empresas de hidrocarburos que actúan en la zona,
pero luego las protestas se orientaron hacia la presencia
de las transnacionales y contra la política energética del
gobierno.
Correa llegó a acusar a los indígenas de apelar
al sabotaje y el terrorismo, debido a que propiciaron
hechos de violencia. Comenzaron las persecuciones
y se evidenció, como en el caso de otros países, el
abismo entre la administración estatal y los indígenas,
independientemente del signo del gobierno.
El presidente, asimismo, cometió algunos errores
ya de estilo. El 10 de marzo del 2012, durante una de sus
alocuciones radiales, sentenció: “No permitiremos que la
izquierda infantil, con plumas, con ponchos, desestabilice
el proceso de cambio”. Fue su respuesta a una Marcha
en Defensa del Agua, que recorría el país y que ponía en
cuestión la política minera del gobierno.
La movilización, impulsada la Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE),
cuestionaba la irrupción de proyectos de minería a gran
escala en la región amazónica. Una prueba de que la
fuerza de las industrias extractivas no aparecía solo en
los ‘gobiernos de derecha’ y que, casi siempre, termina
afectando los territorios indígenas.
También en Bolivia la defensa del territorio puso a
algunos pueblos originarios en conflicto con el gobierno de
Morales. A pesar de ser un mandatario de raíces indígenas,
y de contar con el apoyo mayoritario de las diversas etnias
y de la población en general —el 12 de octubre, cuando
vuelve a ganar las elecciones presidenciales, lo hace con
ese apoyo masivo—, se abrió un frente muy serio a partir
del 2011, por la vulneración de un área protegida.
Se trataba del Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Securé (TIPNIS), de 12,000 km², que sería
dividido en dos por una ruta que iría desde Villa Tunari,
en el departamento de Cochabamba, hasta San Ignacio
de Moxos, en el departamento del Beni. Aún cuando una
parte de la población estaba de acuerdo, las protestas
estallaron.
Hacia mediados del 2012, una serie de
manifestaciones de campesinos e indígenas en defensa
del TIPNIS, marcaron lo que sería el más importante
desencuentro entre Morales y parte de los pueblos
originarios. Fueron de tal intensidad que el proyecto
se paralizó. Y la lección saltó una vez más: no hay una
identificación automática entre un gobierno ‘progresista’ y
la población indígena.
¿Por qué ocurre este desencuentro? El modelo
extractivista, vigente en la región desde hace años,
no necesariamente ha mutado con la llegada de los
gobiernos de izquierda o centro-izquierda. Como dice
Pablo Canelo, miembro del Instituto de Estudios Alejandro
Lipschutz, “están reproduciendo el modelo de extracción
y de facilitación de los recursos naturales de la región a las
transnacionales”.
Dicho modelo, implantado con las políticas
económicas denominadas ‘neoliberales’ (que hacen un
énfasis en el liberalismo económico aun cuando esto
tenga un costo político y social), requiere de minería a
cielo abierto, de más explotación de hidrocarburos, sin
necesariamente tomar en cuenta los derechos de las
poblaciones locales. No es un esquema democrático.
Para estos nuevos gobiernos el esquema parece
ser el siguiente: se requieren mayores programas sociales,
para hacer redistribución, y la manera de obtenerlos es
extrayendo estos bienes naturales ingentes, ya sea por
parte del propio Estado o de convenios con empresa
nacionales o transnacionales. El problema es que, en
esa ruta, se genera una situación que puede tener serias
consecuencias sociales. q
*Periodista y analista internacional peruano. Colaborador de Noticias Aliadas desde el
2005. Columnista de Internacionales del diario peruano La República y colaborador del
diario El País de España. Profesor de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica del
Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya.
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
13
El extractivismo no es
inevitable: Hay que buscar
alternativas
En toda América Latina, las poblaciones protestan contra proyectos extractivos por los efectos
sobre su salud y el medio ambiente. / www.taringa.net
Carlos Monge
Salgado*
L
a resistencia de las poblaciones a
gobiernos neoliberales, corruptos y
autoritarios ha dado como resultado que
en la mayor parte de los países de América
Latina gobiernen hoy partidos izquierdistas o
progresistas.
En varias de estas experiencias
de ascenso de nuevas elites políticas
progresistas al poder, el tema de los bienes1
naturales fue central. De hecho, en el centro
de la emergencia del chavismo venezolano
(estatización total de la industria petrolera),
del Movimiento Al Socialismo (MAS) Boliviano
y de la Revolución Ciudadana Ecuatoriana
(nacionalización de la renta y control del uso
final de los recursos) estuvo la defensa de la
soberanía nacional sobre los minerales y los
hidrocarburos hasta entonces en manos de
empresas concesionarias que se llevaban la
parte del león, dejando casi nada a los Estados
y las poblaciones dueñas en última instancia de
esos recursos.
Estos gobiernos progresistas, tanto
como los neoliberales de Colombia, Perú y
México, y los moderados como Brasil y Chile,
han apostado centralmente a la extracción y
exportación de minerales y petróleo como fuente
de crecimiento económico y renta pública.
La apuesta progresista por la extracción y
exportación de recursos naturales ha sido
bautizada como “nuevo extractivismo” por
Eduardo Gudynas2. La coincidencia en torno
1
Usamos bienes naturales en lugar de recursos naturales para evitar asignar a priori un contenido mercantil a estos bienes.
Gudynas, Eduardo. “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”, en Extractivismo, política y sociedad,
varios autores, CAAP (Centro Andino de Acción Popular) y CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), Quito, Ecuador. Noviembre 2009, pp. 187-225.
2
14
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
a esta apuesta entre progresistas y conservadores que
trasciende ideologías es lo que Maristella Svampa ha
caracterizado como el paso del consenso de Washington al
“consenso de los commodities”3.
Una interesante excepción en este consenso
es el del gobierno del Frente Farabundo Martí por la
Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, que ha
decretado una moratoria de las concesiones mineras
e incluso paralizado el inicio de proyectos mineros ya
autorizados, rechazando explícitamente el impulso a
la gran minería como estrategia para el crecimiento y el
desarrollo y enfrentando ya una demanda por parte de
la empresa australiana Ocena Gold ante el ante el Centro
Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI)4.
Pues bien, mientras ha durado el “súper ciclo”
de alta demanda y altos precios por nuestros minerales
y nuestros hidrocarburos, tanto gobiernos de derecha
como de izquierda que apostaron a la exportación de
commodities lograron mantener alta tasas de crecimiento
económico e incrementar de manera sustantiva el
gasto social, lográndose como resultado importantes
reducciones en la pobreza y en la desigualdad5.
Impactos socioambientales
Sin embargo, se acumularon también problemas
económicos, sociales y ambientales de no menor
importancia. La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) ha llamado la atención sobre
la creciente “reprimarización” de nuestras economías,
la creciente exposición a la volatilidad de la demanda y
los precios, los síntomas de enfermedad holandesa, las
enormes brechas de productividad entre sectores, etc.6
A ello habría que añadir la constante necesidad
de ampliar la frontera minera y energética en la
medida en que los yacimientos antiguos se agotan (no
olvidemos que se trata de recursos no renovables), que
lleva a invadir áreas naturales protegidas, territorios
indígenas o territorios en los que las poblaciones tienen
otras vocaciones productivas y apuestan por otros estilos
de vida.
El resultado de esta ampliación de la frontera
minera e hidro-energética no ha sido solamente el
daño ambiental que se ha causado en esos territorios,
como la deforestación y la destrucción de fuentes y
contaminación de cursos de agua. A este daño ambiental
local hay que añadir la paradoja de gobiernos progresistas
que al especializarse en la exportación de petróleo a
los mercados internacionales se han convertido en
aportantes activos de los gases de efecto invernadero
que genera el calentamiento global que tan fuerte
impacto negativo tiene sobre las mayorías, sobre todo los
más pobres.
En el plano social, el resultado ha sido un intenso
ciclo de conflictos sociales que atraviesa todo el
continente, con una secuela de numerosos muertos y
heridos y de una creciente criminalización de la protesta
social por parte de los gobiernos que promueven las
grandes inversiones extractivas7. De hecho, tanto en
Bolivia como en Ecuador se ha producido ya una ruptura
entre importantes sectores de las organizaciones
indígenas y los respectivos gobiernos por discrepancias
en torno a temas como las carreteras de penetración
y las concesiones de hidrocarburos en el Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la
extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuni,
respectivamente.
Finalmente, en el terreno de la política, una
consecuencia de esta apuesta es la creciente dependencia
de los regímenes progresistas de su capacidad de
generar y distribuir la renta generada por las actividades
extractivas hacia los sectores más vulnerables de la
población (los Bonos Dignidad, Juancito Pinto y Juana
Azurduy en Bolivia, las Misiones en Venezuela) para su
propia sobrevivencia política.
Urge un cambio de rumbo
Hoy día, en que ha bajado el ritmo de crecimiento de
la China y se han caído la demanda y los precios de
los commodities, el modelo primario exportador
nacionalista redistributivo enfrenta sus límites
estructurales. Venezuela y Ecuador están enormemente
endeudados con China y deben pagar esos préstamos
en petróleo mientras que cada mes reciben menores
ingresos por el petróleo que logran comercializar en otros
mercados. Bolivia recibirá menores ingresos por el gas que
vende a Brasil y Argentina pues su precio está también
atado al del petróleo en los mercados internacionales.
En estas circunstancias, es indispensable plantear
un cambio de rumbo. No se trata ciertamente de regresar
a un esquema extractivista neoliberal para beneficio de las
grandes corporaciones. No se trata tampoco de desandar
todo lo que se ha logrado en materia de soberanía sobre
los bienes naturales, de renovación de la elite política, de
democratización de la política misma, o de expansión del
ejercicio de derechos.
Se trata más bien de explorar otros caminos, que
apunten a la diversificación productiva usando de
manera sostenible los bienes naturales renovables,
consumiendo menos energías fósiles, protegiendo
el medio ambiente y respetando los derechos
3
Svampa, Maristella. “El ‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina”, en Revista Nueva Sociedad, No. 244, Marzo-Abril, 2013.
http://business-humanrights.org/es/se-inicia-arbitraje-en-demanda-de-oceanagold-contra-el-salvador-en-tribunal-del-banco-mundial
5
CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2013 y Rosales, Osvaldo y Kuwayama, Mikio, “China y América Latina y el Caribe. Hacia una relación económica y comercial estratégica”, 2012.
6
Bárcenas, Alicia. “Gobernanza de Recursos Naturales en América Latina y el Caribe”, CEPAL, 2012.
7
Ver OCMAL, Cuando tiemblan los derechos. Extractivismo y criminalización en América Latina, Quito, 2011.
En http://www.conflictosmineros.net/biblioteca/publicaciones/publicaciones-ocmal/cuando-tiemblan-los-derechos-extractivismo-y-criminalizacion-en-america-latina/detail
4
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
15
territoriales y de consulta de los pueblos indígenas.
El debate en América Latina sobre la necesidad
de dar este giro, y pronto, ya está abierto. Para comenzar,
la reciente propuesta de los Pactos para la Igualdad de la
CEPAL se sustenta en una crítica sustantiva del modelo
primario exportador y en un reclamo de diversificar la
economía para crear empleos de calidad generando
valor agregado en todos los sectores8.
Incluso en un país como el Perú —que ha
apostado de manera radical por el extractivismo
neoliberal— sectores del gobierno se plantean ahora la
necesidad de una apuesta consciente y con impulso
estatal para diversificar la estructura, reconociendo
que el modelo no da más.9
En ambos casos, un componente del debate
sobre cómo diversificar tiene que ver con las maneras de
cómo se puede usar a las propias industrias extractivas
y las rentas que estas generan para estimular dicha
diversificación. Por ejemplo, usar parte de la renta
para invertir en ciencia y tecnología con el objetivo de
atacar cuellos de botella tecnológicos que hoy frenan el
desarrollo de otros sectores productivos. Otro ejemplo
sería sacar parte de esa misma renta de la economía –
colocándola en fondos soberanos— para impedir que
la enfermedad holandesa reste competitividad a otros
sectores productivos. Un último ejemplo, implementar
políticas de contenido local (compras locales de bienes y
servicios) para generar procesos locales de acumulación
que luego sirvan a otros desarrollos.
De la misma manera, desde la sociedad civil en
diversos países se discute como alternativa la necesidad
de una “transición post extractivista”10, caracterizada
por:
iv) Un cuestionamiento del consumismo insostenible
prevalente en nuestras sociedades, buscando equilibrar
la satisfacción de las necesidades con las capacidades
de producción y reproducción de los ecosistemas y del
planeta en general.
Los puntos de partida para iniciar estas transiciones
serán diferentes en cada país, pero en todos los casos es
inevitable que se trate de procesos de mediano y largo
plazo que requieran de la aplicación consistente de
políticas públicas sostenidas para lograr este objetivo.
Para ello se requieren liderazgos políticos
claros, que tengan una visión definida de cómo lograr
un bienestar sostenible de las mayorías que no se lleve
de encuentro al medio ambiente y los derechos de
los pueblos indígenas para logros sociales de corto
plazo, contribuyendo de paso a parar el proceso del
calentamiento global. q
* Antropólogo e historiador peruano, investigador asociado del Centro de Estudios
y Promoción del Desarrollo (DESCO) y Coordinador Regional para América Latina del
Natural Resource Governance Institute.
i) Una triple transición de la economía.
a. Del énfasis en la explotación de los bienes naturales
no renovables al énfasis en los bienes naturales
renovables.
b. Del énfasis en las grandes corporaciones al énfasis en
los pequeños y medianos propietarios individuales,
cooperativos o comunitarios.
c. Del énfasis en la exportación hacia una mayor
atención al mercado interno.
ii) Una transición energética, hacia energías renovables
no convencionales, para que el crecimiento económico
no contribuya a empeorar el calentamiento global.
iii) Una reforma institucional, hacia un Estado garante
de los derechos de los pueblos indígenas y del derecho
de las futuras generaciones a heredar bienes naturales
renovables abundantes y de buena calidad.
8
CEPAL, Pactos para la Igualdad: Hacia un futuro sostenible, Santiago de Chile, 2014
Gobierno del Perú, Ministerio de la Producción, Plan Nacional de Diversificación Productiva, Lima, 2014.
10
Red GE, Caminos de Transición. Alternativas al extractivismo y propuestas para otros desarrollos en el Perú, Lima, 2014, en http://www.redge.org.pe
9
16
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
Nuevos esquemas de
militarización en
Latinoamérica
Activistas antibases en la entrada a la Base de Manta, Ecuador, en septiembre de 2007. Para evitar estas manifestaciones fue
necesario diversificarlas y camuflarlas bajo otros conceptos aparentemente no militares. / Luis Angel Saavedra
Luis Ángel
Saavedra*
A
mérica Latina, a simple vista, se
ha fraccionado en dos bloques
de países; los unos dicen ser
progresistas
y
buscan
una
autonomía en su desarrollo, priorizan las
alianzas subregionales y denuncian lo que
denominan imperialismo norteamericano;
en tanto que los otros aún estarían apegados
a la política estadounidense, facilitando la
implementación de mecanismos de control
regional, tanto en el plano militar como en el
financiero.
Sin embargo, un análisis más profundo
de la geopolítica regional nos muestra el
empeño de todos los países para militarizar
la sociedad y reprimir sus manifestaciones,
poniendo en vigencia códigos penales que
facilitan la entrega de bienes naturales a las
grandes transnacionales, cuya nacionalidad
ya no es fácil de identificar pues pueden estar
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
formadas por capitales chinos, canadienses,
estadounidenses y europeos, sin que la
ideología de los gobiernos sea un obstáculo
a la hora de someter a las comunidades para
extraer sus recursos y obtener la máxima
rentabilidad posible.
La transformación de la geopolítica
y el desarraigo del capital nos lleva a
preguntarnos si el control militar obedece
aún al interés de seguridad, o de hegemonía
de un país en particular, o si ya es un interés
supranacional, en cuyo caso, las sociedades
estarían sosteniendo con sus impuestos, ya
no la seguridad de sus países, sino un gran
sistema de seguridad empresarial privada.
Bases invisibles y asesores militares
En noviembre del 2009 se cerró la base militar
estadounidense de Manta, en Ecuador. Se
17
dijo que sus actividades se trasladaban a siete bases
colombianas y también a la región del Pichari, en la
ceja de selva del departamento surandino de Cusco
en el Perú. En este último país existirían nueve bases
militares, según lo asegura Atilio Borón, politólogo
argentino y analista de geopolítica.
Panamá no se queda atrás. Según Julio
Yao, investigador universitario panameño y activista
antibases, en este país existirían 12 bases militares
estadounidenses, pese a que Estados Unidos, antes
del año 2000, entregó oficialmente todas sus bases
al gobierno panameño. Según el Movimiento por la
Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos
(MOPASSOL), con sede en Argentina, existen 47 bases
estadounidenses en América Latina.
¿Dónde están estas bases? ¿Existen fotos de
ellas? ¿Cuáles son las pruebas de su existencia? Los
gobiernos latinoamericanos niegan haber cedido bases
militares nacionales para el control extranjero o haber
dado autorización para que Estados Unidos construya
bases militares en sus territorios. A falta de pruebas, se
podría decir que es una exageración de los activistas
antibases. Pero no lo es.
La Base de Manta, así como las bases de Vieques
en Puerto Rico; Soto Cano en Palmerola, Honduras; Hato
Rey en Curazao; Comalapa en El Salvador; y Reina Beatriz
en Aruba, debieron transformarse y multiplicarse
para poder acoplarse a las nuevas exigencias del
control regional y a los nuevos problemas que se han
determinado como riesgosos, no solo para Estados
Unidos, sino para toda la dinámica de reproducción
del capital: resistencias de los pueblos locales, en
especial campesinos e indígenas con alianzas en
sectores urbanos; gobiernos progresistas con discursos
mediáticos y presencia de otras potencias económicas,
China en particular.
Las bases tradicionales demandaban muchos
recursos económicos para su mantenimiento y son muy
visibles ante la población, por lo que se convirtieron
en blancos de las acciones de los activistas antibases,
tal como sucedió en Vieques. Tampoco resultaron
funcionales las primeras transformaciones, dadas
a finales de la década de los 90, con la creación de
los Puestos Operativos de Avanzada (FOL—Forward
Operating Location), pues no alejó la atención de los
activistas, aún cuando si se redujo los presupuestos y se
pudo sostenerlas bajo el disfraz de la lucha antidrogas.
Manta es un ejemplo de ello, pues luego de 10 años de
resistencia social finalmente debió cerrar en el 2009.
Fue necesaria una nueva transformación
para hacer invisible la intervención militar
estadounidense y volverla más práctica. Ahora, bajo
acuerdos de cooperación militar para actividades de
apoyo en desastres, asesoría en seguridad interna, lucha
contra las drogas y combate a la pobreza, asesores
militares estadounidenses ingresan a los países sin
llamar la atención. Los desastres naturales brindan el
mejor pretexto de intervención, como ocurrió en Haití
18
donde, tras el terremoto ocurrido en el 2010, el ejército
estadounidense asumió el control del país y coordina
las acciones de las demás misiones militares de paz que
intervienen ahí.
Esta estrategia no es nueva, pues constituye el
viejo discurso del programa Alianza para el Progreso con
el que Estados Unidos intervino en Latinoamérica en la
década del 70, ahora remozado con elementos como la
lucha contra la corrupción, la delincuencia, las drogas y,
para vender mejor la idea, manteniendo el eslogan de
lucha contra la pobreza.
La intervención militar no siempre se da
previo acuerdos, pues en Venezuela y Ecuador, que no
aceptan cooperación militar estadounidense, lo hacen
bajo la figura de agregados militares de las embajadas
estadounidenses. En abril de este año (2014), en el
Ecuador se detectó la presencia de unos 50 militares
adscritos a la embajada estadounidense; se decidió
expulsar a 20 de ellos que realizaban asesorías sobre
seguridad. Los funcionarios militares de las embajadas
establecen relaciones directas con mandos medios y
altos de los órganos armados de los países, así se cruza
información sensible y se llegan a realizar actividades sin
el conocimiento de los gobiernos.
En este nuevo escenario ya no se necesitan
grandes estructuras militares, basta con pequeños
puestos operativos bajo administración militar
local, que pueden ser activados en base a los acuerdos
logrados con los gobiernos y a conveniencia de la política
estadounidense, o que sirven de puestos de vigilancia
para alertar sobre movilizaciones sociales y amedrentar
a las organizaciones.
Militarización de la sociedad
El mismo tipo de política de control social que
implementa Estados Unidos en países bajo su influencia,
se implementa en los países que supuestamente se han
alejado de su dominio: ¿qué es lo que controlan?
Las inversiones no estadounidenses en
América Latina han crecido, en especial la inversión
china; esto hace suponer que la política de control y
amedrentamiento estadounidense no ha funcionado,
a no ser que Estados Unidos ahora esté brindando el
servicio de seguridad a China, dado que este país es el
mayor acreedor de bonos estadounidenses. Según datos
del Banco Central de China, a finales del 2013 la deuda
estadounidense a China llegaba a US$1.3 billones; en
tanto que la inversión china en Latinoamérica ya suman
US$102 millardos, siendo los principales beneficiarios
Venezuela, Brasil, Argentina y Perú, en ese orden.
La seguridad del capital chino invertido en la
compra de deuda pública estadounidense depende de
la seguridad de las inversiones estadounidenses en otros
países; de igual manera, la seguridad de las inversiones
chinas depende de la seguridad que brinden los países
para extraer los bienes naturales Así, la aplicación de la
política estadounidense de seguridad es clave incluso
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
en los países que, supuestamente, no se mantienen bajo
su influencia.
La militarización de las ciudades bajo el pretexto
de controlar la delincuencia y el tráfico de drogas; la
militarización de la policía civil, generando escuadrones
especializados para el control de la protesta social, y
la creación de nuevos cuerpos armados de vigilancia,
como las guardias forestales, constituyen las nuevas
formas de vigilancia de las estructuras sociales.
En el Ecuador, por ejemplo, la modernización de
las Fuerzas Armadas implicará también la distribución
de sus miembros en nuevas áreas de vigilancia, como la
guardia forestal, que tendrá funciones de control de las
actividades rurales, tanto de las actividades productivas,
como de las organizacionales, bajo el pretexto de
proteger los bosques nativos.
De igual manera se han creado cuerpos de
cibervigilancia para, bajo el pretexto de perseguir la
pornografía infantil, el tráfico de capitales y la trata de
personas, se dediquen a controlar las redes sociales en
las que interactúan las organizaciones. Ecuador, con el
eufemismo de ciberdefensa, ha propuesto la creación
de un cuerpo de cibervigilancia bajo la estructura de
la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
La creación de nuevos cuerpos de policía
antimotines y su preparación para sofocar posibles
conflictos urbanos, responde además a la permanente
migración del campo a la ciudad, que genera nuevos
cinturones de miseria, muy proclives a responder a
llamados a la insurrección para defender sus derechos,
como lo ocurrido en Brasil en días previos a la realización
del último mundial de fútbol. Se han creado diversos
centros de entrenamiento policial antimotines, como
en Chile y Colombia, donde se capacita a la policía de
varios países latinoamericanos. Estos entrenamientos
son perfeccionados con agentes franceses y españoles.
La especialización de la policía y los militares para
controlar las nuevas amenazas internas ha provocado
que sus responsabilidades clásicas sean delegadas a
los municipios, bajo la figura de descentralización y
autonomía. Ahora son los municipios los que asumen
el control del tránsito, la seguridad comunitaria y
barrial e incluso la vigilancia institucional, apoyados por
empresas de seguridad privada.
seguridad interna, asumen la política de seguridad
estadounidense y definen como nuevos enemigos
internos a los movimientos sociales existentes y
previenen como nuevas amenazas a las fuerzas sociales
que emergerán conforme se urbanice la sociedad y
aumente la pobreza.
Al no existir diferencia ideológica cuando se
somete a las comunidades para extraer los bienes
naturales, manteniendo la misma matriz de producción
primaria que ha caracterizado a Latinoamérica desde
sus albores republicanos, es difícil mirar la militarización
como producto de la política de un solo país, pues es
necesario mirar la dinámica del capital para saber a qué
intereses obedecen los nuevos esquemas de seguridad.
q
*Comunicador social ecuatoriano, director de la Fundación Regional de Asesoría en
Derechos Humanos (INREDH), corresponsal de Noticias Aliadas desde 1996, autor de
investigaciones de geopolítica regional como El refugio en el Ecuador, Quito, 2005 y
¿Operaciones de avanzada o base militar operativa?, Quito, 2007, entre otras.
Leyes antiterroristas y códigos penales represivos
En todos los países latinoamericanos, las protestas
callejeras dejaron de ser contravenciones y se
transformaron en delitos contra la propiedad o los
servicios básicos. Los levantamientos de la población
ahora son delitos de sabotaje o terrorismo; se han puesto
en vigencia leyes antiterroristas similares, como en
Chile, Perú y Colombia. Se han endurecido los códigos
penales para acallar las manifestaciones sociales, como
en Ecuador y Venezuela.
Los países progresistas y los países
neoliberales coinciden en las estrategias de
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
19
Agendas y culturas políticas
en los movimientos sociales
latinoamericanos
Miles de personas se han movilizado para proteger las lagunas que serían destruidas por
proyecto aurífero Conga en Cajamarca, Perú. / Servindi.org
Raúl Zibechi*
U
na somera radiografía de las
movilizaciones más importantes de
los últimos años, como las masivas
manifestaciones de millones de
brasileños en 353 ciudades en junio del 2013,
puede contribuir a visibilizar a los nuevos
actores que protagonizan el activismo social en
América Latina. El 84% de los manifestantes
no tenían preferencias partidarias, el 71%
participaba por primera vez en protestas y
el 53% tenía menos de 25 años1.
Las movilizaciones brasileñas se
focalizaron en el rechazo al aumento del
precio del transporte urbano, como parte
de una lucha más amplia por el acceso a
la ciudad y contra la represión policial. La
organización convocante, el Movimiento Passe
Livre (MPL), es una pequeña red asentada en
decenas de ciudades e integrada por jóvenes
de los sectores medios que estudian en la
universidad, que se movilizan cada vez que
aumenta el transporte (uno de los más caros
del mundo). Con los años, el movimiento ha
ido evolucionando hacia la demanda por el
derecho a la ciudad, que sienten limitada por el
costo del transporte y la especulación urbana2.
Las protestas en Brasil tienen cierta
similitud con el movimiento Yo soy 132
lanzado por los estudiantes universitarios
mexicanos, exigiendo la democratización
de los medios de comunicación durante las
elecciones presidenciales del 20123. Aunque
1
Secco, Lincoln. “As jornadas de junho”, en Cidades rebeldes, Boitempo, Sao Paulo, 2013.
Legume, Lucas y Toledo, Mariana. “O Movimento Passe Livre São Paulo e a Tarifa Zero”, 2011, en http://passapalavra.info/2011/08/44857, acceso 2 de agosto de 2013.
3
Muñoz Ramírez, Gloria. Yo soy 132, Ediciones Bola de Cristal, México, 2011.
2
20
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
ambos se dispersaron en poco tiempo, los grupos que
estuvieron en la base de las movilizaciones brasileñas
estaban organizados desde mucho tiempo antes y siguen
adelante luego del momento álgido de las acciones de
calle.
En los últimos 10 años han surgido tantos
movimientos que resulta difícil hacer un listado que
los incluya a todos. Entre los más conocidos, figura
el movimiento estudiantil de Chile, agrupado en la
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
(ADES); las decenas de asambleas locales contra la minería
y el modelo extractivo en Argentina, coordinadas en la
Unión de Asambleas Ciudadanas; la potente resistencia
a la minería en el departamento de Cajamarca, en el
norte del Perú, en particular contra el proyecto Conga,
en la que destacan las comunidades indígenas andinas,
por mencionar apenas tres casos distintos. A ellos, habría
que sumar infinidad de movimientos locales, como la
Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que consiguió
frenar la instalación de Monsanto en una pequeña
localidad cercana a la ciudad de Córdoba (Argentina)4. O
la importante resistencia a la especulación inmobiliaria en
Rio de Janeiro, con motivo del reciente Mundial de Fútbol
y los Juegos Olímpicos del 20165.
Bloques sociales y temáticos
En el continente podemos identificar, por su
pertenencia social, tres grandes bloques de
movimientos: los indígenas, los campesinos y los
de sectores populares urbanos. Cada uno de ellos
se asienta en espacios diferentes y enarbolan, en
principio, demandas distintas. Los primeros, anclados
en sus territorios ancestrales, reivindican la defensa y
reconocimiento de esos territorios frente a la expansión
del extractivismo minero y agroexportador, pero también
exigen autogobierno en base a sus usos y costumbres,
así como poder decidir aspectos centrales de las políticas
educativas y de salud que afectan a los pueblos.
La actividad de los movimientos campesinos
gira en torno a la tierra. Como los indígenas, enfrentan
también al agronegocio, en particular la expansión de los
cultivos de soja que provocan migraciones y contaminan
aguas y poblaciones. Su lista de demandas incluye desde
la reforma agraria (caso del Movimiento Sin Tierra de
Brasil) hasta la exigencia de créditos para la producción
y precios para sus productos. En los últimos años algunos
de ellos han incrementado sus movilizaciones contra los
efectos de tratados de libre comercio con Estados Unidos,
y llegan a exigir su derogación, como la Mesa Nacional de
Unidad Agraria y decenas de organizaciones campesinas
en Colombia6.
El tercer bloque está conformado por los sectores
populares que viven en las periferias de las grandes
ciudades. En estos espacios, que en ocasiones denominan
también como territorios, se aglomeran familias que
fueron expulsadas por el agronegocio, las guerras y
violencias de paramilitares, narcotraficantes, militares
y guerrillas, pero también trabajadores formales cuyas
empresas quebraron en la última crisis y migrantes de
países de la región. Han levantado sus viviendas en base
al trabajo familiar, espacios y equipamientos colectivos
(en ocasiones escuelas y clínicas de salud) gracias a la
cooperación y la reciprocidad (minga). En general, son
familias que sobreviven en el empleo “informal”, pero
también encontramos trabajadores mal remunerados que
se desempeñan en la construcción, el trabajo doméstico y
la venta ambulante.
Las demandas han sufrido algunos cambios a
lo largo de los años. Si hubiera que encontrar alguna
característica común, es el rechazo a la desigualdad
y la lucha por cambios de carácter estructural. Sin
embargo, muchos de estos movimientos comienzan
reclamando algo tan simple como poder vivir. Algo así
reclaman Máxima Acuña Atalaya, su familia y sus vecinos:
que les permitan quedarse en las tierras que compraron
hace 20 años, que ahora reclama una multinacional de la
minería en la laguna Azul, en las alturas de Cajamarca7.
El derecho a la vida es también el reclamo que mujeres
y personas de la diversidad sexual han instalado en la
agenda pública de muchos de los países de la región para
acabar con la impunidad de la que gozan los responsables
de feminicidios y crímenes de odio.
En efecto, las luchas por el agua, la tierra y el
derecho a la vivienda, aún para quienes viven en favelas
y asentamientos precarios, atraviesa a campesinos,
indígenas y sectores populares urbanos. Pero a medida
que esas demandas se convierten en movilizaciones,
desde lo local hasta lo nacional, chocan con las
diversas facetas de la desigualdad (desde el acceso a
los medios de comunicación hasta la representación
en el sistema político). En este punto enfrentan lo que
el sociólogo peruano Aníbal Quijano ha denominado
“colonialidad del poder”: un patrón de relaciones
asimétricas, de raza, género y generación, que siempre
perjudica a los indios, negros y mestizos, y de modo
particular a las mujeres y los jóvenes de esos sectores.
El nacimiento de feminismos comunitarios,
populares, indígenas y afrodescendientes, forma parte
de este proceso de enraizamiento de los movimientos
entre los grupos subalternos, marcando claras diferencias
con la primera generación de feministas formadas en las
academias y los partidos políticos, y volcadas hacia las
ONGs y las instituciones8. Una característica de esta nueva
4
Miembros jóvenes de la asamblea crearon su web: http://ecoscordoba.com.ar/
Zibechi, Raúl. “Debajo y detrás de las grandes movilizaciones”, Osal N° 34, Clacso, Buenos Aires, noviembre 2013, pp. 15-36.
6
“Declaración de las organizaciones campesinas de Colombia”, 24 de octubre del 2011, en http://prensarural.org/spip/spip.php?article6659
7
Ver http://servindi.org/actualidad/90450
8
Puede consultarse, entre otros, Gargallo, Francesca. Feminismos desde Abya Yala, Desdeabajo, Bogotá, 2012; Bidaseca, Karina y Vázquez, Vanesa. Feminismo y poscolonialidad, Godot, Buenos Aires, 2011; Rivera
Cusicanqui, Silvia. Bircholas, Mama Huaco, La Paz, 2002.
5
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
21
realidad, es la aparición de grupos de mujeres (como
FEMUCARINAP9), que no se identifican como feministas,
pero que luchan por la emancipación de las mujeres.
En el mundo juvenil se pueden observar procesos
similares. A través de expresiones como el hip hop, los
jóvenes negros de ciudades como Rio de Janeiro buscan
un lugar en una sociedad que los excluye10. Los medios de
comunicación nacidos en las villas de Buenos Aires, donde
grupos juveniles expresan sus diferencias culturales,
enseñan la politización no domesticada de los jóvenes
pobres en las grandes ciudades latinoamericanas11.
Una nueva cultura política
Tan importante como las demandas, son las culturas
políticas que expresan los movimientos. Se trata de
abordar lo que no dicen los programas políticos, ni las
listas de reivindicaciones, ni las consignas que agitan en las
calles. Sabemos que hoy los movimientos luchan contra
los extractivismos minero, agropecuario y urbano, por
más libertades y derechos. Pero también importa cómo
lo hacen, de qué manera trabajan, cómo están dispuestas
sus fuerzas en el interior de los colectivos y grupos.
Los nuevos movimientos muestran otros
modos de organizarse, una cultura política que el MPL
sintetiza en cinco rasgos: autonomía, horizontalidad,
federalismo, consenso para tomar decisiones y
apartidismo (que diferencian del anti-partidismo). En
paralelo, suelen posicionarse contra un amplio abanico de
opresiones: de clase, de género, de raza y generacionales,
además de la defensa de la naturaleza. Casi todos los
movimientos asumen varias identidades, no limitándose
a una sola, lo que constituye una característica de los
movimientos integrados por jóvenes.
La más reciente camada de movimientos nació en
un período caracterizado por la crisis del viejo patriarcado
y la deslegitimación de las instituciones basadas en
la representación, como los partidos, los sindicatos y
los parlamentos. En ambos casos, los nuevos sujetos
(en particular mujeres y jóvenes) tienden a construir
organizaciones que rehúyen las jerarquías, el tipo de
estructuras gobernadas por varones, donde las bases
están sujetas a las direcciones y tienen pocas posibilidades
de hacer que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
Quisiera destacar cinco aspectos que considero
atraviesan a la mayor parte de los movimientos más
dinámicos y creativos y que conforman el núcleo de la
cultura política emergente en el actual activismo social y
político.
- Crean organizaciones pequeñas y medianas,
donde los vínculos cara a cara sustituyen la figura de
la representación en las grandes organizaciones de
“masas”. La preferencia por grupos de tamaño reducido
no ha impedido la eficacia de la movilización. En esos
grupos se crean fuertes lazos de camaradería y confianza,
similares a los vínculos de carácter comunitario. Son esos
vínculos los que potencian la acción colectiva, sostenida
en el tiempo, y no los aparatos burocráticos de carácter
masivo. Esto facilita su autonomía del Estado y los partidos.
- Para la coordinación de acciones entre gran
cantidad de grupos, establecen coordinaciones
puntuales, “livianas”, capaces de articularse en poco
tiempo, que tienden a desarmarse cuando ya no son
necesarias. Esta peculiaridad de los colectivos de jóvenes
y mujeres suele desconcertar a los varones anclados en la
“vieja” cultura política, ya que hay un evidente desfasaje
entre la capacidad de movilización y la estabilidad y
visibilidad de los núcleos organizados.
- La horizontalidad, entendida como la
inexistencia de jerarquías permanentes y fijas, es una
de las principales características de los modos de hacer
de los movimientos actuales. En vez de representantes,
eligen voceros; en vez de dirigentes, nombran personas
para coordinar cada reunión, asamblea o actividad, que
no suelen ser las mismas que ya realizaron esa tarea en
momentos anteriores. En no pocos casos, aparece la figura
de la rotación o turno, propia de las culturas indígenas,
aunque la mayor parte de las veces no las nombran de
ese modo.
- Se percibe un evidente rechazo a un tipo de
crecimiento destructivo de la naturaleza y también
de la sociabilidad entre las personas. Rechazan la
contaminación y el crecimiento económico que no
aporta calidad de vida a las comunidades. En algunos
casos adoptan la consigna de “Buen Vivir” para designar
el tipo de sociedad a la que aspiran, aunque otros
movimientos prefieren hablar de “socialismo”. No todos los
movimientos rechazan el desarrollismo, aunque hay una
tendencia creciente a la crítica al modelo de crecimiento
perpetuo.
- Por último, una de las características más
novedosas de los movimientos es que no sólo demandan
a los Estados y gobiernos, sino que crean espacios
propios donde empiezan a construir relaciones
sociales diferentes a las hegemónicas. Inspirados en
las comunidades indígenas y en las culturas juveniles, se
empeñan en construir ahora el mundo de sus sueños. q
*Periodista, analista internacional y escritor uruguayo, acompaña procesos de
movimientos sociales en América Latina y es autor de numerosas publicaciones sobre
los mismos.
9
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú.
De Oliveira, Denilson. “Territorialidades no mundo globalizado: outras leituras da cidade a partir da cultura hip-hop na metrópole carioca”, Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 2006.
11
La Garganta Poderosa, revista mensual de la cooperativa La Poderosa, tiene una tirada de entre 12 y 40 mil ejemplares. En http://lapoderosa.org.ar/
10
22
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
Movimiento colectivo por la
soberanía alimentaria
Agricultura familiar en Salto, departamento al norte de Uruguay, incluye utilización de semillas nativas. /Lucía Surroca
José Elosegui*
M
ás de 500 representantes de
organizaciones campesinas, de
agricultores familiares, pescadores
tradicionales, pueblos indígenas,
movimientos sin tierra, trabajadores rurales,
migrantes, mujeres, jóvenes, consumidores y
ecologistas, se reunieron en el 2007 en el Foro
Internacional para la Soberanía Alimentaria,
en la aldea de Nyeleni, Sélingué, Malí.
Provenientes de más de 80 países,
los participantes del Foro organizado por
La Vía Campesina expresaron, según reza la
Declaración de Nyeleni, que luchan por un
mundo en el que “exista una verdadera reforma
agraria integral que garantice a los campesinos
plenos derechos sobre la tierra, defienda y
recupere los territorios de los pueblos indígenas,
garantice a las comunidades pesqueras el acceso
1
y el control de las zonas de pesca y ecosistemas”.
“La mayoría de nosotras y nosotros
somos productores y productoras de alimentos
y estamos dispuestos, somos capaces y tenemos
la voluntad de alimentar a todos los pueblos del
mundo. Nuestra herencia como productores de
alimentos es fundamental para el futuro de la
humanidad”, señalaron1.
La soberanía alimentaria es entendida
por La Vía Campesina como el derecho de
los pueblos a elegir sus propios modelos de
producción, comercialización y distribución
de alimentos, de forma ambientalmente
sustentable y culturalmente adecuada. El
movimiento lanzó el concepto en 1996, en
alternativa a la idea de “seguridad alimentaria”.
El 15 de octubre del 2014 la delegación
de La Vía Campesina reunida en Roma, capital
http://nyeleni.org/DOWNLOADS/Nyelni_SP.pdf
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
23
italiana, para el 41º período de sesiones del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), denunció que “la mayoría de
los gobiernos permanecen ciegos ante los desafíos
de seguridad alimentaria en el mundo”.
A través de un comunicado de prensa2, los
campesinos exhortaron a los gobiernos a tomar medidas
urgentes a favor de la agricultura campesina e indígena,
único modelo capaz de alimentar al mundo. Al día
siguiente se celebraba el Día Mundial de la Alimentación,
que los campesinos prefieren denominar “Día Mundial de
la Soberanía Alimentaria”, y La Vía Campesina reivindicó
una vez más su compromiso de lucha para alcanzarla.
Importancia y desafíos de la lucha
En un mundo donde las corporaciones transnacionales
y gobiernos avanzan sobre las tierras y se adueñan de
los sistemas alimentarios y de distribución de alimentos,
son igualmente los campesinos quienes alimentan a la
mayoría de la población. Y las mujeres juegan un rol
central: ellas constituyen la mayoría del campesinado
indígena y no indígena, pero su contribución a la
alimentación mundial es ignorada y marginada.
Según un estudio de la organización Grain,
la agricultura campesina produce hasta el 80% del
alimento en los países no industrializados, aunque las
fincas pequeñas suman, en total, menos del 25% de la
tierra agrícola a nivel mundial.3
En América Latina el 60% de la agricultura
proviene de predios dedicados a la producción
familiar, señala el ecologista Martín Drago, cocoordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de
la federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional.
En América Central, con 17% de la tierra agrícola,
los pequeños agricultores aportan el 50% de toda la
producción agrícola. En El Salvador, con sólo 29% de la
tierra, los pequeños agricultores producen: 90% de los
frijoles, 84% del maíz y 63% del arroz, los tres alimentos
básicos.4
Más del 90% de todas las fincas del mundo son
“pequeñas”, y tienen en promedio 2.2 hectáreas. Y la
tendencia se agrava: se están perdiendo rápidamente
fincas de agricultores familiares en todos los continentes,
mientras que las grandes fincas han ido acumulando más
tierras durante la última década.
Argentina perdió más de un tercio de sus fincas
en las dos décadas comprendidas entre 1988 y 2008; sólo
entre los años 2002 y 2008 la disminución fue de un 18%.
En la década comprendida entre 1997 y 2007,
Chile perdió el 15% de todas sus fincas. Las fincas de
mayor tamaño, con propiedades de más de 2,000
hectáreas, se incrementaron 30% en número pero,
duplicaron su tamaño promedio desde 7,000 a 14,000
hectáreas por finca.5
Entre las presiones sobre la tierra que quitan
predios a la agricultura campesina y amenazan la
soberanía alimentaria, hay que subrayar la tremenda
expansión de las fincas dedicadas a los monocultivos
industriales (como soja, palma aceitera, colza y caña de
azúcar), el acaparamiento de tierras por parte de empresas
y gobiernos, la expansión de la industria extractiva
(minería, petróleo, gas y, últimamente fracking), entre
otras causas.
Varios países latinoamericanos dedican buena
parte de sus tierras a los monocultivos industriales. El
caso de la soja en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay
es un buen ejemplo, con una fuerte presencia de
variedades transgénicas de la empresa estadounidense
Monsanto. Los megaproyectos mineros e hidroeléctricos
por ejemplo en Colombia, México y América Central
también generan graves impactos socioambientales a
las poblaciones en sus territorios. Muchas veces estos
proyectos, como las plantaciones de granos para la
elaboración de agrocombustibles y las represas, son
presentados como soluciones al cambio climático.
“Dentro de la propuesta de soberanía alimentaria
nosotros destacamos la necesidad de reconstruir el
derecho de los pueblos y naciones a definir sus sistemas
alimentarios, producir y consumir alimentos en función
de sus necesidades y culturas. Esto implica la necesidad de
fortalecer la agricultura campesina indígena, reconstruir
los mercados locales y populares, realizar reformas
agrarias e implementar políticas públicas que garanticen
la permanencia de las familias en el campo y la vuelta
desde las ciudades de los millones de desplazados”, afirma
el dirigente campesino argentino, Diego Montón, de la
Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana
de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina),
Soberanía alimentaria en marcha
América Latina tiene ejemplos exitosos en la concreción
de la soberanía alimentaria. El Movimiento de
Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST) a través
de sus campamentos y asentamientos ha logrado
autosustentarse y producir alimentos para la población
en general.
Los sin tierra tienen organizadas más de
100 cooperativas de producción de alimentos en
sus asentamientos. Han contribuido también con la
construcción de 96 agroindustrias, para ofrecer alimentos
sanos y de calidad, al tiempo que mejoran sus ingresos
económicos y condiciones de trabajo.6
Por ejemplo, la región norte del estado de Espírito
2
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/2270-csa-en-roma-la-mayoria-de-los-gobiernos-permanecen-ciegos-ante-los-desafiosde-seguridad-alimentaria-en-el-mundo1
3
http://www.grain.org/es/article/entries/4956-hambrientos-de-tierra-los-pueblos-indigenas-y-campesinos-alimentan-al-mundo-con-menos-de-un-cuarto-de-la-tierra-agricola-mundial
4
Idem, Cuadro 5
5
Idem, Cuadro 3
6
http://mst.org.br/taxonomy/term/325
24
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
Santo, en los municipios de São Mateus y Jaguaré, es un
importante polo de producción de café “conilón”. Allí
existe la Cooperativa de Producción Agropecuaria Vale
da Vitória (COOPRAVA). Cerca de 2,000 familias asentadas
en la zona son productoras de café y de ahí obtienen su
renta principal. Según datos del 2009, ese año habían 10
millones de pies de café plantados, con una producción
media de 100,000 sacos por año.
En tanto, en Uruguay, la Red Nacional de
Semillas Nativas y Criollas está conformada por 160
emprendimientos familiares, que involucran a más de
250 productores distribuidos en 12 departamentos del
país.
Sus integrantes se dedican a recuperar variedades
de semillas criollas, desarrollarlas e intercambiarlas para
producir sus propios alimentos y no depender de las
semillas de las empresas. Cada productor que recibe
semillas para cultivar la tierra y alimentar a su familia,
tiene además el compromiso de reproducirlas para
seguir incrementando el banco de semillas de la red.
Se destaca también en Uruguay, en el sureño
departamento de Canelones, el proyecto del Molino
Santa Rosa, recuperado por sus trabajadores. Es el
único molino del país que produce harina con maíz no
transgénico, que recibe de productores familiares.
Por su parte, en Colombia existen las “zonas
de reserva campesina”, que operan bajo los principios
de redistribución, acceso y control justo, equitativo
y sustentable de la tierra y los recursos naturales por
parte del campesinado. Esas zonas se han centrado
en la agricultura y cría familiar de ganado y especies
menores, así como en la pesca artesanal. El objetivo ha
sido la producción de alimentos para el consumo local y
regional.7
En Paraguay la Coordinadora Nacional de
Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales
e Indígenas (CONAMURI) tiene una Escuela de
Agroecología, con la que apuesta a la formación de sus
cuadros en esa manera de producción.
En tanto, en Guatemala existe una Red Nacional
de Soberanía Alimentaria, hay ferias de semillas en casi
todos los países y los ejemplos así se replican en los
diversos rincones de los estados latinoamericanos. En
algunos países, como Ecuador y Venezuela, la soberanía
alimentaria forma parte del marco jurídico nacional. Las
organizaciones indígenas y campesinas, pero también
de pescadores, trabajadores sin tierra, ambientalistas,
han liderado la concreción de ejemplos de “soberanía
alimentaria en marcha”.
Para hacer frente a la crisis del hambre es
necesaria“una reforma del sistema alimentario global,
un cambio total para pasar de la agricultura industrial
a la agroecología y la soberanía alimentaria”, subraya
Drago.
La Vía Campesina aseguró en un comunicado de
prensa emitido el 25 de septiembre de este año (2014) que
“la ciencia, las prácticas y el movimiento de la agroecología,
son el producto de la acumulación durante siglos de
saberes campesinos e indígenas, de cómo se producían los
alimentos para la humanidad, antes de la invención de los
agrotóxicos”. Saberes que ahora son sistematizados a través
un “diálogo de saberes” con las ciencias occidentales de la
ecología, la agronomía y la sociología rural. “Para la Vía,
la agroecología campesina es un pilar fundamental en la
construcción de la soberanía alimentaria”8. q
* Licenciado en Ciencias de la Comunicación desde 2004. Periodista. Desde ese año es
parte de REDES - Amigos de la Tierra Uruguay, y desde 2012 es uno de los coordinadores
de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe del Programa de Justicia Climática y
Energía. Corresponsal de Noticias Aliadas desde el 2010.
7
http://prensarural.org/spip/spip.php?article9976
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/2261-simposio-internacional-de-agroecologia-en-la-fao-en-roma-hoy-se-abre-unaventana-en-lo-que-por-50-anos-fue-la-catedral-de-la-revolucion-verde
8
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
25
Teologías de la liberación
y comunidades eclesiales de
base: Nuevos sujetos, nuevos
contextos y nuevos desafíos
México, XIX Encuentro Nacional de las CEB, realizada en Puebla, el 21-25 de julio, 2014. / cebmx.org
Ana Mercedes
Pereira Souza*
L
os años 90s del siglo XX fueron años
muy difíciles para el conjunto de actores/
as religiosos/as y laicales que desde
la perspectiva de la Teología de la
Liberación y las Comunidades Eclesiales
de Base (TL-CEBs), optaron por diversas
dinámicas, reflexiones y acompañamiento a
los sectores populares de América Latina y El
Caribe.
El teólogo español, nacionalizado
nicaragüense, José María Vigil traduce estos
tiempos como “la noche oscura1”, provocada
en gran medida, por la involución de la Iglesia
Católica2, la crisis de los socialismos, el desarrollo
y la implantación de las políticas neoliberales y
la globalización.
Según el teólogo laico colombiano
Fernando Torres Millán “la impresión
general, es que tanto la TL como las CEBs,
entraron en una crisis en la medida en que
estaban muy ligadas a la institución y la
institución fue asolada por todas estas
políticas desarrolladas desde el Vaticano,
desde el CELAM [Conferencia Episcopal
1
Vigil, José María, Aunque es de noche. Hipótesis psicosocial sobre La hora espiritual de América Latina en los 90. Ed. Envío, Segunda Edición, Nicaragua, 1996.
En estos procesos de involución de la Iglesia Católica, fueron muy importantes dos obispos colombianos, Mons. Darío Castrillón y Mons. Alfonso López Trujillo, presidente y
secretario del CELAM a mediados de los 70s. Posteriormente desde el Vaticano continuaron sus labores apoyados por el cardenal Joseph Ratzinger.
2
26
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
Latinoamericano] para hacer que estas experiencias
fueran cooptadas o debilitas3”.
Sin embargo, la TL tiene apenas 40 años en los
que aún en medio de dificultades y limitaciones, pudo
construir discursos y prácticas teológico-pastorales,
bíblicas, políticas nuevas, surgidas desde la realidad de
los pobres en el continente. Es por tanto, una corriente
teológica en construcción, que ha avanzado en medio del
martirio, de persecuciones, señalamientos y exclusiones
y necesita su tiempo para crecer en estos tiempos de
sombras y silencios pero también de esperanzas en la
actual situación de América Latina.
Es importante dar una mirada al continente para ver
las novedades, los nuevos sujetos y actores que emergen
con sus luchas, movilizaciones y resistencias en contextos
de lógicas de muerte impuestas por el neoliberalismo y
la globalización económica. La primera constatación es
que pese a las dificultades de reproducción del nuevo
discurso teológico latinoamericano, de la TL y de las CEBs,
este movimiento siguió su caminata por diferentes vías,
algunos actores/as religiosos/as continuaron vinculados /
as a la institución, otros/as más laicales se ubicaron en las
fronteras o bordes institucionales —las llamadas teologías
de fronteras, de bordes—.
La novedad mayor en la década de los 90s,
dentro del campo religioso católico —también
protestante—, fue el surgimiento de una nueva
generación de teólogos/as, biblistas, que expresaron
y expresan, desde sus identidades laicales, sentimientos,
anhelos, luchas y resistencias de los diferentes rostros
de los pobres en el continente: indígenas, campesinos,
afrodescendientes, mujeres, jóvenes, comunidades LGBTI,
entre otros4. En ellos y ellas hay sentimientos de “exclusión”,
de ser mirados/as como “ciudadanos/as de segunda
categoría” por su identidad laical y exigen reconocimiento
a sus trabajos y reflexiones bíblico-teológicas que en gran
medida, generaron procesos de continuidad, alianzas,
redes latinoamericanas producciones, en contextos de
crisis de la TL clásica5, señala la teóloga laica colombiana
Maricel Mena. “En gran parte, fue gracias al movimiento
bíblico-teológico laical de los 90s, que la TL continuó
sus reflexiones, desde perspectivas bíblico y teológicas
contextualizadas, realizando rupturas epistemológicas,
articulando sujetos emergentes, nuevas problemáticas y
nuevos actores”, añade Mena.
Articulación con movimientos sociales
La pregunta es ¿cómo se articulan estos nuevos actores/
as laicales con los movimientos sociales del siglo XXI en
los que emergen nuevos sujetos que reclaman desde
sus subjetividades, ser escuchados y tenidos en cuenta
en los procesos políticos nacientes? Nos referimos a las
nuevas Constituciones (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia, Uruguay) que se erigen con acentos democráticos,
participativos, incluyentes, que reconocen la diversidad y
pluralidad cultural, étnica, político-ideológica, religiosa de
nuestros pueblos.
Gran parte de laicos y laicas de las CEBs
se empoderaron respecto a derechos y están
incursionando en espacios de construcción y/o
fortalecimiento de la sociedad civil, sea desde sus
iglesias, o a través de sus vínculos con ONGs o desde
sus organizaciones de base. Estos nuevos actores/as son
los “pilares” de la construcción de nuevas ciudadanías que
luchan contra la corrupción, los gamonalismos urbanos y
rurales, el verticalismo y patriarcalismo en los espacios en
los que se desempeñan.
“…La práctica de la Liberación en la actual coyuntura
se desplaza hacia la sociedad civil y los movimientos
populares y desde allí plantea más a largo plazo, el
problema del poder político y del Estado”.
—Richard, Pablo. “América Latina: ¿Réquiem para la teología de la
liberación?” Revista Envío, marzo 1992.
“Surge un laicado que va tomando otros espacios, va
creando otras posibilidades de definir su experiencia
de fe y de proyectarse hacia la sociedad y creo que esa
ha sido la mayor riqueza que se ha producido en estos
últimos 20 años en América Latina, laicos y laicas que
han desarrollado muchísimas posibilidades muy
novedosas y creativas, de la articulación de la fe
con los movimientos sociales en América Latina, los
movimientos contra las discriminaciones, movimientos
eco-ambientales, de solidaridad con los pueblos, de
derechos humanos, con la defensa de la diversidad sexual,
entre otros”, afirma Torres Millán.
“En el 2010, el tema del Grito de los Excluidos, será una
pregunta, seguida de una propuesta: ‘¿Dónde están
nuestros derechos? Vamos a las calles para construir un
proyecto popular?.(…) Es una iniciativa de la Campaña
por el Límite de la Propiedad de la Tierra (…) que tiene
el apoyo de organizaciones como el Movimiento de
los Trabajadores Rurales Sin Tierra, la Central Única de
Trabajadores, la Coordinadora Ecuménica de Servicio,
Caritas Brasileña, la Iglesia Evangélica de Confesión
Luterana en Brasil y la Comisión Pastoral de la Tierra”.
—Martins, José Pedro. “La Teología de la Liberación sigue
viva”, Noticias Aliadas, 2 de setiembre, 2010.
3
Entrevista realizada por Ana Mercedes Pereira a Fernando Torres Millán, teólogo laico, Bogotá, noviembre.24, 2014.
Hay múltiples publicaciones sobre Teología Negra, Indígena, de la Mujer, de Jóvenes, publicadas en RIBLA-Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana y en ediciones Abya Yala y en espacios del Proyecto de
Lectura Popular de la Biblia.
5
Entrevista realizada por Ana Mercedes Pereira a Maricel Mena, teóloga laica, Bogotá, noviembre 24, 2014.
4
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
27
Respecto a las luchas y resistencias en el
continente, uno de los acontecimiento más importantes
que convocaron/convocan y articularon/articulan a
diversos actores/as sociales es el Foro Social Mundial en
el que se discuten las nuevas realidades y contextos. Con
el lema “Otro mundo es posible”, estos eventos visibilizan
los sujetos emergentes a los que nos hemos referido.
La TL-CEBs hace parte de estos procesos, ha estado
en interacción y reflexión constante con las nuevas
realidades y cambios de nuestras sociedades.
En estos espacios se observa que los actores/as
que más han resistido frente a la imposición neoliberal,
a los Tratados de Libre Comercio, a las políticas de los
gobiernos respecto a la extracción minera, al saqueo
de los recursos naturales y a los daños ocasionados
por estas acciones, son las comunidades indígenas del
continente. Y es interesante que sea, precisamente,
desde estas comunidades ancestrales colonizadas,
explotadas, esclavizadas, excluidas, desde donde nace un
nuevo paradigma para toda la humanidad, el Buen Vivir,
posicionado en estos foros.
También las mujeres, desde sus realidades,
manifiestan sus inconformidades y realizan acciones de
resistencia. En estas dos últimas décadas se empoderaron
respecto a sus derechos, rechazan y exigen concreción
de acuerdos internacionales de reconocimiento de sus
derechos, construyen políticas públicas, de inclusión, de
no violencia, de condenas severas a los violadores, a los
que cometen feminicidios, construyen políticas públicas
de paridad en espacios políticos, reclaman y exigen mayor
reconocimiento de sus aportes y mayor democratización
en las estructuras políticas y eclesiales.
Las teólogas de la liberación feminista por
ejemplo, exigen su lugar y reconocimiento de su
producción bíblico–teológica, tanto en espacios
tradicionales como en el interior de la TL. Las
búsquedas de estas actoras, religiosas y laicas, generaron
el surgimiento de algunas tendencias en su interior. De
un lado, recuperan presencia de las mujeres en la historia
de la Iglesia, de otro, realizan re-lecturas bíblicas en una
perspectiva de género, otro sector entra en un proceso
de re-descubrimiento de las diosas en la antigüedad y
las reivindican en la actualidad, con símbolos, rituales,
danzas, plegarias que nos evocan e invitan a las mujeres a
recuperar el poder emanado de estas diosas, de la Madre
Tierra y de Dios Padre y Madre, presente y actuante en sus
vidas.
Encontramos también el eco-feminismo,
propuesta en la que la teóloga feminista brasileña Ivone
Gevara, el Colectivo Cons-pirando de Santiago de Chile,
la teóloga feminista ecuatoriana Marcia Moya y otras
teólogas y experiencias similares, asumen la necesidad
de trabajar el cuerpo de las mujeres, emociones,
sentimientos, subjetividades articulados con el dolor
y la defensa de la Madre Tierra y a visiones-proyecciones
y prácticas de empoderamiento de las mujeres en sus
6
28
dimensiones de género, político y ecológicas.
Retos y desafíos actuales
Es importante entonces, re-situar las relaciones entre
TL y educación, y repensar qué tipo de pedagogías y
nuevas epistemologías se requieren para interactuar
con los nuevos sujetos/as y actores/as que emergen
en estos nuevos contextos, marcados por
el
neoliberalismo, la posmodernidad y la globalización.
También es de vital importancia para la TL-CEBs
realizar sistematizaciones regionales para apreciar avances
significativos de algunos proyectos regionales de CEBs,
analizar aciertos, errores, limitaciones y especialmente
aprendizajes. En una perspectiva auto-critica desde
el “Corazonar” (reflexionar con el corazón y la razón)
propuesto por el Buen Vivir y desde actitudes fraternas y
sororas, recoger las huellas de este caminar, con humildad
y con la sabiduría acumulada por las generaciones de los
diversos actores/as y sujetos/as articulados/as en estos
procesos, para con estas lecciones aprendidas, continuar
el/los caminos asumiendo los actuales retos y desafíos que
exigen los nuevos contextos plurales y complejos.
Otro desafío de la TL-CEBs es avanzar en
propuestas ecuménicas, hacia adentro y hacia afuera,
en diálogos inter-religiosos para la paz y la vida
con dignidad. La paz no es solamente lograr acuerdos
en medio de un conflicto armado (Colombia), la paz
es pan, es educación, es salud, es trabajo, es tierra, es
inclusión, democracia, respeto a las pluralidades, respeto
a los derechos humanos, a los acuerdos constitucionales,
realidades de nuestro continente que invitan a la TLCEBs a procesos ecuménicos y a diálogos inter-religiosos
para construir esa paz integral que tanto anhelamos. La
experiencia de grupos cristianos provenientes de la TLCEBs en Colombia muestra estos caminos de ecumenismo
y construcción ciudadana para la paz6:
Crear un escenario de mística profética cristiana que
genere acciones de incidencia frente a la paz en nuestra
sociedad, el campo popular y el mundo ecuménico.
Informar y formar sobre el proceso de la paz, sobre el
papel del ecumenismo, sobre la importancia de una paz
con ética y sobre las veedurías ciudadanas.
Finalmente, hay una novedad eclesial y política que es
fundamental tener en cuenta: a los 52 años de inicio
de la Primavera Eclesial promovida por el Vaticano II,
el papa Francisco está transformado las estructuras
de poder, corrupción y autoritarismo del Vaticano.
Su actitud de humildad, de escucha, de interlocución
ecuménica e inter-religiosa a favor de la paz mundial, de la
vida con dignidad para los sectores excluidos de nuestras
sociedades, genera esperanzas no solo para América
Objetivos Primer Encuentro Nacional Mesa Ecuménica de Colombia, “Paz con Ética y Ética para la Paz”, Cali, noviembre 7 y 8, 2014.
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
Latina, sino también para el mundo entero. El reto, el
desafío, es lograr que las reflexiones y propuestas del papa
Francisco sean asumidas por las diferentes instancias socioeclesiales y laicales de América Latina y que desde abajo,
desde los sectores marginados y excluidos, se asimile y se
viva este nuevo momento de cambios y esperanzas para
un futuro mejor.
Ya se están desarrollando algunas iniciativas
en este sentido, como es el llamado de laicos y laicas,
religiosas y religiosos, reunidos en el Departamento
Ecuménico de Investigaciones (DEI) de Costa Rica a asumir
y vivir esta Primavera Eclesial, con la alegría, el regocijo
de nuevos tiempos que exigen nuevos compromisos,
unidad y respeto en la diversidad de actores/as, sujetos/
as pensamientos y acciones que confluyen hoy en la TL y
CEBS del continente7. q
* Trabajadora social, socióloga, directora de la Red Ecuménica Nacional de Mujeres por
la Paz-Colombia.
7
Ver https://www.facebook.com/primavera.eclesial.
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
29
La reconquista del derecho a la
salud: Lecciones preliminares
de un proceso inconcluso
Cada vez más, la ciudadanía reclama al Estado su derecho a un servicio de salud de calidad./Telesur
Eduardo Cáceres
Valdivia*
30
L
a historia de los derechos en América
Latina y el Caribe no es una historia
simple. Si bien los derechos son —por
definición— inherentes a la condición
humana, su reconocimiento y vigencia
depende de correlaciones sociales y políticas
que se modifican a lo largo de la historia.
Un buen ejemplo de lo dicho son
los avatares de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, en
particular el derecho a la salud en nuestro
continente. Demandas relacionadas con
la salud aparecen muy temprano en las
plataformas de los movimientos obreros,
sea en países que iniciaron tempranamente
su industrialización (México, Argentina,
Brasil) o fueron asiento de enclaves mineros
(Perú, Bolivia) y agroexportadores (Colombia,
América Central y el Caribe). Simultáneamente,
la literatura de denuncia en torno a las
condiciones de los pueblos indígenas no dejó
de incluir referencias a los graves problemas
sanitarios que acompañan a la pobreza rural.
No fue solo la acumulación de
denuncias y reclamos lo que generó un
espacio para la salud en la emergente agenda
de derechos. A la movilización social se
sumaron cambios culturales. En primer lugar el
abandono de una visión “providencialista” de la
salud. Los avances de la ciencia contribuyeron
a poner en manos de las personas las
posibilidades no solo de curarse sino también
de prevenir las enfermedades. En segundo
lugar, ciencias médicas y sociales se dieron la
mano en poner en primer plano el análisis de
los condicionantes económico-sociales de la
salud. Del interés en la enfermedad se pasó
al interés en la salud pública.
Sin ir al detalle de la historia, la primera
mitad del siglo XX fue el escenario de la
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
construcción de una visión propia, latinoamericana, del
derecho a la salud que se resume en el artículo 11 de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre: Toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la
alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica,
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos
y los de la comunidad. Las primeras líneas sintetizan bien
la visión amplia de la salud, las últimas dan cuenta de un
asunto no resuelto: el financiamiento de la salud pública.
Constituciones y leyes
Si bien el derecho a la salud está presente en todas las
constituciones de la región1, el reconocimiento práctico
del mismo varía significativamente. Hay, sin embargo,
algunas similitudes. Los sectores más organizados de la
sociedad suelen contar con sistemas propios de atención
en salud financiados por contribuciones directas (es el
caso de la Seguridad Social que atiende a los asalariados
formales en la mayoría de los países); más aún, dentro de
estos hay sectores que cuentan con sistemas especiales (los
petroleros en México y otros países, las Fuerzas Armadas
en todos los países). La mayoría de la población tiene
que resolver sus problemas de salud en hospitales
y postas públicas, en un sistema que nunca fue
“gratuito”. La situación ha sido particularmente grave
para las poblaciones rurales e indígenas, incluyendo
aquellos países que tuvieron algún proceso de Reforma
Agraria (México, Bolivia, Perú).
En la práctica, en un marco de constituciones y
leyes incoherentes, la efectivización del derecho a la salud
ha dependido de la correlación de fuerzas en cada país
y en cada coyuntura. Salvo momentos excepcionales,
la relación entre movimientos sociales pro-salud y el
movimiento académico-profesional pro-reforma de
la salud ha sido débil cuando no inexistente. Como
resultado de esto, en la mayoría de países de la región
hacia 1980 se acumulaban problemas estructurales muy
serios en los sistemas de salud: Falta de articulación
y cooperación entre sus diversos componentes,
significativas desigualdades en la calidad de los servicios
que prestaban unos y otros, gastos administrativos
excesivos, ausencia de cobertura en territorios rurales,
corrupción en la gestión.
Cuando a lo anterior se sumó la crisis económica,
se abrió una coyuntura de crisis del sistema que no pudo
ser respondida ni desde los movimientos sociales ni desde
los espacios académicos y profesionales. En un sistema
altamente fragmentado, lleno de pequeños “privilegios”,
la respuesta más frecuente fue la de defender los espacios
y agendas particulares: Los sindicatos de trabajadores
asegurados, los médicos y otros trabajadores de la salud,
los funcionarios y administradores, respondieron a la crisis
atrincherándose en sus reivindicaciones específicas. No
tomaron en cuenta que —en la mayoría de los casos— la
sociedad en su conjunto estaba fuera del conflicto.
El asalto a la salud pública: la década perdida
El término “década perdida” se utiliza para referir a los años
(entre mediados de los 80 y fines de los 90) en los que
tras las crisis de la deuda se comenzaron a implementar
reformar neoliberales que lejos de promover el
crecimiento hicieron recaer sobre las sociedades el costo
del ajuste fiscal.
En el terreno de la salud —al igual que
en el de la educación— la “década perdida” tuvo
un curso particularmente perverso. La crisis y el
ajuste derivaron en el colapso de lo público y de
lo social, creándose un escenario de instituciones
desfinanciadas y desmoralizadas. El proceso estuvo
acompañado del bombardeo mediático en relación a la
ineficacia e ineficiencia del Estado y sus instituciones. La
antesala perfecta para el siguiente paso: la reducción del
Estado y las privatizaciones. No es casual que la propuesta
más sistemática de reforma del sector viniese no de
organismos como la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
sino del Banco Mundial2.
Las claves de la misma se pueden resumir
en tres palabras: focalización, descentralización,
privatización. Asumiendo que la salud es un asunto
“privado” de las personas, se deja en manos de estas elegir
el sistema que consideren más conveniente, el Estado solo
tiene que hacerse cargo de los más pobres (focalización) y
regular la competencia entre los diversos prestadores de
salud. Como regla general, la provisión de cada servicio,
el financiamiento de la misma (sea por el sector privado o
por lo que subsiste del sector público) queda sujeto a un
cálculo costo/beneficio3. Un resultado de la aplicación de
este nuevo criterio fue la definición de una “canasta básica
de servicios” que el Estado debería garantizar para los que
no podían valerse por sí mismos en el terreno de la salud.
Sin duda una perspectiva segregadora, en las antípodas
de una visión de derechos.
A dos décadas —o más— del ajuste y las reformas
neoliberales, no es difícil concluir que sus impactos han
sido más bien negativos, particularmente en el terreno
de la salud. Más importante que entrar en el detalle
de su fracaso, toca preguntar cómo así es que pudo
implementarse. No es que no hubiese resistencia, por el
contrario, en todos los países se registran movilizaciones
de diversos sectores afectados por la reforma, en particular
1
Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud: El derecho a la salud en las Américas. Estudio Constitucional comparado. Washington, 1989.
Banco Mundial, “Informe sobre el desarrollo mundial 1993. Invertir en salud”. Washington, 1993.
3
Para esto se introdujo una herramienta nueva: “años de vida ajustados por discapacidad” (AVAD) que permite calcular cuánto “vale” la vida de la persona que requiere determinado tratamiento. Para un análisis
de esto: De Currea-Lugo, Víctor, “La encrucijada del derecho a la salud en América Latina”, en Yamin, Alicia Ely (coordinadora) Los derechos económico, sociales y culturales en América Latina. IDRC-APRODEH-Plaza y
Valdés Editores. México, 2006, pp. 215-234.
2
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
31
los mismos trabajadores del sector salud. El déficit central
estuvo —y está— en las limitaciones de estos movimientos
de resistencia, no trascendieron los marcos gremiales y
sectoriales. Para sectores significativos de las poblaciones,
el supuesto carácter “universal” de los sistemas previos
era una quimera, en tanto la “canasta básica” que llegaba
por primera vez era una realidad tangible. No hubo, en la
mayoría de los países, un movimiento ciudadano por el
derecho a la salud, a lo más algunos foros y articulaciones
que no pasaron del análisis crítico de la reforma neoliberal
y sus impactos.
Nuevos movimientos y “reformas” dentro de la
reforma
La novedad de la década reciente ha sido la aparición de
un nuevo actor: el ciudadano usuario de los servicios
de salud. Por un lado, se trata de una figura limitadamente
reconocida dentro de la reforma neoliberal (el “ciudadanocliente” puede en principio reclamar ante los entes
supervisores por la calidad y oportunidad del servicio
recibido); por otro, se trata de una versión específica de
un actor que ha ganado visibilidad en diversos terrenos
en América Latina: el ciudadano titular de derechos.
Ampliando la legitimidad que le da la reforma,
el ciudadano va más allá de la relación proveedor/cliente
y reclama la definición misma de los servicios que se le
ofrece. Más aún, no reclama solo, se organiza. Como
resultado de esta dinámica, hemos visto emerger en
todo el continente los movimientos de pacientes, de
personas afectadas por una u otra enfermedad, o por
daños ambientales que afectan la salud. Pioneros en
esto han sido los movimientos de personas afectadas
por VIH-SIDA que han sido factor fundamental en la
construcción e implementación de políticas públicas de
cara a su demanda.
Los nuevos movimientos ciudadanos en el
terreno de la salud han utilizado exitosamente las
estrategias del movimiento de derechos humanos.
Entre otras, el llamado “litigio estratégico”, es decir el
llevar a las cortes nacionales e internacionales casos
emblemáticos en función de obtener no solo solución
al caso específico sino en función de incidir para la
modificación de políticas públicas globales.4
La respuesta no se ha hecho esperar: en la
mayoría de los países están en curso “reformas” dentro
de la reforma neoliberal que apuntan a tratar de
disminuir las desigualdades, ampliar las coberturas,
mejorar la calidad, sin poner en riesgo los pilares del
modelo vigente.5 Las posibilidades de éxito de estas
reformas están por verse, sin embargo crean un nuevo
escenario para la discusión de la salud como derecho y de
la salud pública como responsabilidad central del Estado.
Un camino alternativo
La historia sucintamente descrita tiene, sin embargo,
excepciones. Una de las más notables es la de Brasil. Allí
se pudo pasar del principio constitucional (Artículo 196
de la Constitución de 1988) a un Sistema Único de Salud
(SUS) debido a la presencia de un “Movimiento por la
Salud Pública” que articuló un espectro muy amplio de
fuerzas de la sociedad civil. Un escenario privilegiado de
tal articulación han sido las Conferencias Nacionales de
Salud. La primera se desarrolló en 1941 y la más reciente
(la XIV) en el 2011.6
Si bien las primeras conferencias tuvieron una
agenda acotada a los problemas de salud, a partir de la
cuarta conferencia (1967) la referencia a los factores socioeconómicos se introdujo con fuerza. Un hito fue la octava
conferencia (1986). Fue la primera en que participaron
sectores de la sociedad civil más allá de los directamente
involucrados en el sector salud, en total más de 4,000
delegados, liderados por los integrantes —en su mayoría
profesionales— del“movimiento sanitario”. De este evento
salieron propuestas para la Asamblea Constituyente de
1988. De entonces a la fecha, las Conferencias Nacionales
han asumido como principal tarea aportar a la vigencia y
fortalecimiento del SUS.
La lección que deja esta experiencia es clara:
solo amplias coaliciones de movimientos sociales y
ciudadanos pueden garantizar el reconocimiento
y plena vigencia de los derechos humanos. Cuando
estas alianzas no se producen, la fragmentación y
desencuentros se convierten en los mejores aliados de
las propuestas privatizadoras y desreguladoras de la vida
social. q
*Bachiller en Humanidades, mención en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Ha formado parte de organizaciones vinculadas con la educación popular
y los derechos humanos. Ha desarrollado investigaciones en torno a movimientos
sociales, análisis de poder y desigualdades en América Latina y el Caribe. Miembro de la
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) del Perú.
4
Reveiz L, Chapman E, Torres R, Fitzgerald JF, Mendoza A, Bolis M, et al.: “Litigios por derecho a la salud en tres países de América Latina: revisión sistemática de la literatura”. Revista Panamericana de Salud Pública.
2013; 33(3):213–22.
5
Seguro Médico Popular en México, Seguro Integral de Salud en Perú, Acceso Universal con Garantías Explícitas en Chile, etc. Un reciente estudio del Banco Mundial acerca de la cobertura universal en salud incluye
ocho estudios de casos sobre países latinoamericanos. Disponibles en: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/0,,contentMDK:23352920~pagePK:210058~p
iPK:210062~theSitePK:282511,00.html
6 Entre 1988 y el presente se han desarrollado más de 90 conferencias que han abarcado 33 temas. El proceso de una conferencia nacional suele tomar un año desde su convocatoria hasta la culminación del
encuentro final. Entre conferencia y conferencia funciona un Consejo Nacional que hace seguimiento de los acuerdos, las políticas públicas y sus resultados.
32
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
La lucha de las mujeres por
sus cuerpos y territorios
Movimiento feminista en Chile se moviliza a favor del derecho al aborto. /Archivo Marcha Mundial de las Mujeres- Chile
Rocío Alorda
Zelada*
D
iversos son los desafíos que
actualmente enfrenta el movimiento
de mujeres y feministas en América
Latina, a pesar de que hoy la región
cuenta con tres presidentas y una serie de
políticas públicas enfocadas en el género. Las
desigualdades que abundan en el continente
y la falta de reconocimiento de los derechos
de las mujeres en los ámbitos económicos,
violencia, salud y derechos reproductivos y
discriminación han obligado a que tomen
fuerza los movimientos y colectivos feministas,
los que en los últimos años se han rearticulado
para exigir las demandas históricas y las
coyunturales.
Estos movimientos han visibilizado los
mecanismos que utiliza el capitalismo junto al
patriarcado en su doble estrategia de control
1
del cuerpo de las mujeres para la producción
mercantil. Sin embargo, en la crisis civilizatoria
actual el feminismo latinoamericano ha
renovado su compromiso de lucha contra
los múltiples sistemas de dominación.
Tal como lo indica el manifiesto político
del XIII Encuentro Feminista Latinoamericano
y del Caribe, realizado del 22 al 25 de
noviembre del 2014 en el Perú, “la potencia
de los movimientos feministas ha estado, más
que en la capacidad de movilizar masas, en la
capacidad de disputar y lograr cambios en los
imaginarios democráticos y en los horizontes
de transformación”, los que han permitido
que la disputa política se ha ampliado con
la incorporación de nuevas actoras políticas
como las mujeres campesinas, las indígenas,
las lesbianas, las trans, etc1.
Manifiesto Político del XIII EFLAC www.13eflac.org
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
33
“Los feminismos en sus diversas vertientes levantan una
crítica profunda a este sistema: a sus valores que exacerban
la violencia contra los territorios y los cuerpos; a su modelo
de desarrollo extractivista, depredador de la vida y la
naturaleza, a su lógica de acumulación que mercantiliza
todos los medios de vida, a la manera como subordina y
explota el trabajo de las personas, en particular el trabajo del
cuidado y de reproducción, realizados principalmente por
las mujeres”, sostiene el manifiesto.
Enesesentido,lasdemocraciaslatinoamericanas
no han logrado avanzar significativamente hacia la
realización de los derechos económicos, sociales,
culturales y sexuales de las mujeres, por la tensión
interna que sostienen con los sectores conservadores
y religiosos de los países. Democratizar los espacios
públicos y privados, así como sostener resistencias frente
a la privatización de los bienes comunes son parte de las
luchas centrales que hoy mueven a los movimientos de
mujeres y feministas en la región.
Libertad de decidir: cuerpo y autonomía
La autonomía del cuerpo y la lucha por los derechos
sexuales y reproductivos han sido parte de las
demandas históricas del movimiento de mujeres
y feministas, quienes a lo largo de las décadas han
conseguido algunos avances.
El movimiento de mujeres en Uruguay ha
logrado un importante triunfo con la aprobación de la
Ley N° 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE),que permite abortar a partir de tres causales: dentro
de las 12 semanas por voluntad de la mujer siendo mayor
de 18 años; dentro de las 14 semanas ante presentación
de denuncia judicial de violación a cualquier edad
gestacional; cuando la continuación del embarazo
constituya peligro para la vida o la salud de la mujer
certificada por un médico y a cualquier edad gestacional
cuando exista grave malformación del feto que haga
inviable su vida, certificada por Comisión Asesora del
Ministerio de Salud Pública2.
Por otro lado, en Chile la lucha del movimiento se
ha focalizado en la despenalización del aborto así como
en el reconocimiento de este como un problema de salud
pública. Una de las últimas leyes de amarre de la dictadura
militar de Augusto Pinochet fue la derogación en el año
1989 del artículo 119 del Código Sanitario que autorizaba
el aborto terapeútico, prohibiéndolo y castigándolo
en toda circunstancia. Este año la presidenta Michelle
Bachelet anunció la presentación de un proyecto de ley
que despenalizará el aborto en tres causales: cuando haya
riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación3.
Sin embargo, dicha propuesta ha tenido
reacciones. “Desde la Coordinadora Feministas en Lucha
un tema principal a abordar es el aborto y no sólo la
despenalización, sino avanzar en esta problemática
como un tema de salud pública. Para esta coordinación
es esencial que se aborde desde la libertad de decidir,
eliminar el estigma moral y trabajar en que sea libre
y gratuito, es decir, desde las políticas públicas, pues
sabemos que los abortos que se practican actualmente
son ilegales y muchas mujeres son encarceladas por estos
hechos, especialmente las mujeres de escasos recursos,
quienes son las más afectadas. Además abordar los temas
de mujeres no sólo desde la perspectiva de género, sino
que discutir desde la perspectiva feminista, ese sería un
avance para posicionar la agenda de género”, explica
Angie Mendoza vocera de la Coordinadora Feministas
en Lucha (CFL), que reúne una serie de organizaciones
feministas en Chile.
¿Es posible avanzar hacia la equidad de los
géneros en un país como Chile que lidera los índices de
desigualdad? La vocera de la CFL afirma que “es posible,
siempre y cuando sean las organizaciones feministas
quienes estén en las discusiones sobre las políticas
públicas dirigidas a las mujeres y hombres, sobre todo
en los temas que se refieren a los derechos sexuales y
reproductivos y retomar la discusión sobre la autonomía
del cuerpo, cuestión central para avanzar en la desigualdad
de las mujeres, sobre todo de las mujeres pobres, ya que la
educación sexual se basa principalmente en lo biológico”.
Similar es el panorama es el que viven las mujeres
en Paraguay donde las modificaciones al Código Penal
realizadas el año 1997 penaliza el aborto en general,
incluyendo a la mujer, a quienes hayan instigado el hecho
y a quienes lo hayan realizado.
Las organizaciones lesbianas, también han
realizado un aporte clave para pensar las autonomías
de los cuerpos. En ese horizonte, el reciente X Encuentro
Lésbico Feminista del Abya Yala, realizado del 9 al 14
de octubre del 2014 en Colombia, abordó los efectos
de las políticas neoliberales y neocoloniales en la
región, transformadas en la instalación de un régimen
heterosexual que organiza la vida de las personas. Sin
embargo, dicha norma heterosexual junto al racismo,
naturaliza las opresiones a través de prácticas violentas
cuyas consecuencias las viven de manera más cruda las
lesbianas4.
Mujeres del campo: por los territorios y los bienes
comunes
En América Latina son cerca de 58 millones de mujeres las
que viven en zonas rurales. Muchas de ellas son actoras
claves en la producción alimentaria y de la lucha contra
el hambre. Incluso este 2014 fue elegido como el año
Internacional de la Agricultura Familiar, relevando el rol
de las mujeres del campo. Eve Crowley, Representante
Regional Adjunta de la FAO para América Latina y el
2
Mujer y Salud en Uruguay www.mysu.org.uy
Observatorio Género y Equidad http://www.observatoriogeneroyequidad.cl/
4
Documentos para el debate, X Encuentro Lésbico Feminista de Abya Yala. http://elflac.org/wp-content/uploads/2014/09/DOCUMENTOS-DEBATE.pdf
3
34
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
Caribe, señaló que “las mujeres rurales desempeñan un
papel importante en la producción de alimentos y la
preservación de la biodiversidad”5.
Sin embargo, más allá de los esfuerzos
internacionales para destacar el rol y el aporte que
las mujeres del campo hacen para la defensa de la
tierra, del territorio y los bienes comunes, lo cierto es
que su aporte se traduce en articulación y resistencia
frente a los embates de las empresas transnacionales.
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del
Campo, CLOC-Vía Campesina, a través de la Articulación
de Mujeres del Campo, ha realizado claras propuestas
políticas para la recuperación y protección de la naturaleza
como lo es la “soberanía alimentaria”, en donde las
mujeres juegan un rol fundamental. “Nosotras, las mujeres
del campo provenientes de 19 países, levantamos nuestras
voces al unísono en defensa de la Madre Tierra como un todo
y por una reforma agraria integral que garantice el acceso de
las mujeres a la tierra. Levantamos nuestras voces en defensa
de la Soberanía Alimentaria, de la producción y distribución
basadas en economías solidarias y comunitarias, no en los
esquemas capitalistas injustos y depredadores”, expresa la
Declaración de Quito en la IV Asamblea de la Articulación
de Mujeres del Campo, CLOC - Vía Campesina, realizada
en octubre del 20106.
Conociendo la realidad de las mujeres del campo
la Vía Campesina el año 2008 lanzó la campaña “Basta de
violencia hacia las mujeres” para denunciar la violencia
física, ética, psicológica, política y económica que genera
el capitalismo y el patriarcado. En el manifiesto base de
la campaña la CLOC reafirma las luchas por una sociedad
basada en la justicia y la igualdad, donde las mujeres
tienen derecho a una vida digna; con acceso a la tierra
y la soberanía alimentaria, ya que si bien ellas producen
el 80% de los alimentos, apenas son propietarias del 2%
de las tierras7. “Como Vía Campesina creemos que para
acabar con esta violencia estructural es fundamental acabar
con el sistema capitalista que se basa en la explotación de
clase, género y exclusión, principalmente, de las mujeres
campesinas”, sostiene el manifiesto de la campaña.
Así mismo, las mujeres siguen denunciando
y articulándose para la resistencia en sus territorios.
En VII Congreso de la Coordinadora Nacional de
Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e
Indígenas de Paraguay (CONAMURI), realizado del 18
al 20 de octubre del 2014 en Asunción, el movimiento
denunció la fuerte criminalización de la protesta social,
el despojo de las tierras indígenas para entregárselo al
capital foráneo y la aprobación de leyes que permite el
cultivo de transgénicos. CONAMURI ha denunciado cómo
las mujeres de los sectores populares han sido las más
vulneradas por el sistema capitalista y patriarcal con el
robo de las semillas, de los territorios y la violencia hacia
el cuerpo de las mujeres, reivindicando el feminismo
campesino y popular como horizonte de lucha8. En este
mismo camino, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales
e Indígenas de Chile (ANAMURI), preparara su II Congreso
Nacional, a realizarse del 25 al 28 de noviembre, cuyo
lema es “Luchando contra el capitalismo, el patriarcado y
por nuestros derechos: nosotras tenemos la palabra”. En
este encuentro se espera generar esfuerzos de unidad
en la construcción de propuestas y acciones para hacer
frente al desenfreno capitalista a partir de un debate “que
dé cuenta de la situación actual en que se encuentran las
mujeres, y el impacto del modelo capitalista y patriarcal en el
campo, en sus cuerpos, en sus familias, vidas y comunidades,
construyendo a vez agenda de acciones políticas, culturales
y de resistencia”9. q
*Periodista chilena, magister en Comunicación Política y profesora de Comunicación.
Corresponsal de Noticias Aliadas desde el 2008. Activista feminista del Movimiento
Marcha Mundial de las Mujeres y parte de la Minga Informativa de Movimientos Sociales.
5
CEPAL http://www.cepal.org/12conferenciamujer/noticias/paginas/7/49917/Informe_Chile_-_XII_CRM.pdf
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC- Vía Campesina. http://cloc-viacampesina.net/congresos/v-congreso/noticias/389-iv-asamblea-de-la-articulacion-de-mujeres-del-campocloc-via-campesina-declaracion-de-quito
7
Campaña “Basta de Violencia hacia las Mujeres”, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC- Vía Campesina, http://cloc-viacampesina.net/es/campanas/campana-basta-de-violenciacontra-las-mujeres
8 Declaración política VII Congreso CONAMURI. http://viacampesina.org/es/index.php/noticias-de-las-regiones-mainmenu-29/2271-paraguay-declaracion-politica-del-7-congreso-nacional-de-conamuri
9
“Una mirada hacia adentro para una acción hacia afuera”. ANAMURI http://www.anamuri.cl/index.php/215-una-mirada-hacia-adentro-paraa-una-accion-hacia-afuera
6
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
35
“Tenemos el reto de
reconstituir los movimientos
indígenas nacionales”
Entrevista a Gladis Vila Pihue y Mónica Chuji
E
l Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
de rango constitucional para los 14 países de
América Latina que lo han ratificado, contempla
aproximadamente el 80% de los derechos reclamados por
los pueblos indígenas: derecho a la tierra, la educación, la
cultura, la lengua, el desarrollo, la libre determinación, la
consulta previa, libre e informada, la autodeterminación.
Igualmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas ya se ha plasmado
en el marco legal nacional de varios países de la región.
Sumado a (o en cumplimiento de) la normativa
internacional, en los países de la región se han aprobado
leyes y políticas públicas específicas, y en algunos países se
han realizado reformas constitucionales que reconocen sus
derechos colectivos, sin embargo, no han sido suficientes
para que se logre el cumplimiento efectivo de los mismos.
En las últimas décadas, ejerciendo presión para
que sus demandas sean reconocidas, los movimientos
indígenas en América Latina han emergido como nuevos
actores y factores políticos de gran relevancia en sus países.
Para conocer su balance de los avances
significativos y los desafíos que aún enfrentan en relación
al reconocimiento y respeto de sus derechos, Elsa Chanduví
Jaña, editora general de Noticias Aliadas, y Luis Angel
Saavedra, corresponsal de Noticias Aliadas en Ecuador,
conversaron con la lideresa quechua andina Gladis Vila
Pihue, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP),
y con la lideresa kichwa amazónica Mónica Chuji
Gualinga, ex asambleísta constituyente del Ecuador, ex
secretaria de Comunicación y actual directora de Acción
Social del Gobierno Autónomo Provincial del Azuay,
respectivamente.
Lideresa quechua andina Gladis Vila Pihue, presidenta de la
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
Participación en instancias de decisión
Una de las demandas de los pueblos indígenas es
contar con una institucionalidad estatal que permita
su participación efectiva en la toma de decisiones.
¿Qué avances destacados se han dado en la región en
el cumplimiento de esta demanda?
36
Lideresa kichwa amazónica Mónica Chuji Gualinga, ex asambleísta
constituyente del Ecuador, ex secretaria de Comunicación y
actual directora de Acción Social del Gobierno Autónomo
Provincial del Azuay.
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
GVP: En relación al tema de la institucionalidad indígena,
como lo exige el cumplimiento del convenio 169 de la
OIT, ha habido muy pocos avances. Si bien es cierto que
en Ecuador, de alguna manera se ha avanzado y se tiene
una institucionalidad que aborda básicamente el tema
de las políticas, y es el ente rector en políticas públicas
de pueblos indígenas, aún hay ciertas limitaciones en
cuanto a garantizar la plena y efectiva participación de
los pueblos indígenas. En Colombia se cuenta con la
mesa permanente de diálogo del Estado con los pueblos
indígenas que es una institucionalidad relativamente
avanzada. Ese es un espacio en el cual los pueblos
indígenas plantean sus problemas y necesidades, y
llegan a un tema de diálogo con las diferentes instancias
del Estado; espacio en el que pueden concretar políticas
públicas que son cumplidas por ambas partes. En Bolivia,
puede que el país se autodefina como país pluricultural,
pero no basta con el título, sino qué se está haciendo.
En el caso del Perú más bien ha habido un
retroceso, en los años anteriores se ha pasado de
una instancia a otra instancia. Los pueblos indígenas
sentíamos que pasar de la CONAPA [Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos – 2001] al
INDEPA [Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos – 2005] era dar un
salto cualitativo, de ser una secretaría técnica de asuntos
indígenas pasábamos a tener una institucionalidad
indígena en el Perú. Sin embargo, el INDEPA luego fue
transferido al Ministerio de Promoción de la Mujer y el
Desarrollo Humano [2007] y finalmente pasa a ser parte
del Ministerio de Cultura [2010] y sinceramente de ahí
desaparece. Fue creada como una institución que tenia
la rectoría en materia de derechos indígenas y que
garantizaba la participación de los representantes de
los pueblos indígenas, hoy en día sólo ha quedado el
nombre, pues se le ha quitado todas las atribuciones
que tenía. Se ha convertido en un órgano técnico, en
una instancia que cumple mandatos del Viceministerio
de Interculturalidad, en ese sentido hay un retroceso en
el caso de Perú.
En el 2013, las organizaciones indígenas más
representativas del Perú, organizadas en el Pacto de
Unidad y también sumando a AIDESEP [Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana] y la
CONAP [Confederación de Nacionalidades Amazónicas
del Perú], hemos logrado consensuar una propuesta:
la creación de un ministerio de pueblos indígenas.
El Viceministerio de Interculturalidad ha recibido
nuestra propuesta, la que ha sido trasladada a la PCM
[Presidencia del Consejo de Ministros] y ahí duerme
hasta ahora. No tenemos ninguna respuesta.
MCG: Para los indígenas, llegar al gobierno no es
sinónimo de llegar a espacios de decisión. En este
sentido, los indígenas en general tenemos muy pocos
espacios donde podamos tomar decisiones; es decir,
espacios administrativos sí tenemos y hemos tenido; de
hecho, los hemos tenido en los últimos 20 años.
Algunos espacios se han logrado; pero, el poder
conseguir espacios en donde se toman decisiones, como
la Asamblea Constituyente, no ha sido tan favorable
porque siempre hemos estado en minoría y nuestras
propuestas no han sido acogidas; algunos puntos
hemos logrado, pero lo que se ha logrado siempre ha
sido con el movimiento que uno tiene detrás y con una
postura política y siendo coherentes con eso.
El que Estados como el ecuatoriano y el boliviano se
declaren como plurinacionales es un avance pero
no basta para que los derechos indígenas sean
efectivamente respetados. ¿Que las instituciones de
los pueblos indígena formen parte del Estado sería
una mayor garantía de alcanzar el pleno ejercicio de
sus derechos?
GVP: El tema de tener una institucionalidad indígena al
interior del Estado es un ejercicio de derechos y es un
derecho que ha sido reconocido por esos instrumentos
internacionales y que ha sido ratificado por nuestros
países. Se avanza en lo declarativo, pero propiamente
en la práctica todavía hay mucho que trabajar. Y por
ello creo firmemente que es sumamente importante
contar con una institucionalidad indígena que garantice
el cumplimiento de nuestros derechos y como tal que
esta institucionalidad indígena se dé en el marco de
los instrumentos internacionales, quiere decir que sea
una institucionalidad de los pueblos indígenas que sea
sistémica y articuladora y que genere políticas públicas
que respondan a las demandas pero con un enfoque de
interculturalidad.
MCG: Lo aprendido en la Asamblea Constituyente se
refiere a la necesidad y la importancia de las alianzas
con otros sectores, con otros movimientos. Creo que
aprendí mucho de que la legitimidad de quienes
estamos en procesos políticos o como dirigentes se
da en la medida en que la ciudadanía nos apoya y en
cómo podemos acoger las propuestas de la ciudadanía
y podemos establecer diálogos con representantes de
otros movimientos para que puedan apoyar nuestras
propuestas.
En el ámbito del Ministerio de Comunicación
(gobierno) creo que es mucho más complicado, es
mucho más complejo porque en ese espacio quien
decide la política nacional es el Presidente de la
República: él define la línea política. Pero en la medida
de lo posible, lo que hacíamos nosotros y nuestro
equipo era poner en práctica lo que habíamos venido
sosteniendo en el tema de la comunicación como un
derecho humano: una comunicación en la que no
solamente haya emisión de información, sino el derecho
de recibir una comunicación plural; habíamos planteado
que tengamos medios de comunicación realmente
estatales, públicos.
Las
cuestiones
principales,
como
la
plurinacionalidad del Estado por ejemplo o la consulta
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
37
previa, que han sido nuestras demandas centrales por
tema territorial y por el tema participación, han sido
muy cuestionadas por el mismo poder y por los otros
sectores [sociales con los que se han hecho alianzas].
Pero, se ha logrado al menos poder conseguir otras
demandas, aunque sea en forma. Creo que falta todavía
bastante por conseguir y por continuar haciendo; sin
embargo, las alianzas, a más de los partidos políticos
con los que se puede lograr, creo que es fundamental
con otros sectores, como por ejemplo, con los mismos
campesinos que muchas veces no entienden de lo
que se trata un tema, pero es necesario educarlos
sobre lo que se está discutiendo. Además, es oportuno
acoger sus criterios y ver cómo podemos intercambiar
y articularnos con sus necesidades y con las nuestras,
con sus derechos y los nuestros, como podemos
encontrar los puntos en común.
Consulta previa y autodeterminación
¿Qué avances y qué limitaciones encuentra en la
normatividad respecto a la consulta previa, libre e
informada en los países de la región?
MCG: El derecho a la consulta previa, libre e
informada, se reconoce en el Convenio 169 de la OIT
y posteriormente en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además fue un tema que unió a muchos pueblos del
mundo porque era un tema de consenso, un tema que
nos permitía tener un cierto diálogo con el Estado, una
cierta participación en la toma de decisiones. Pero a
la postre, en términos reales y en estricto sentido, no
pasa de ser una socialización de la política pública,
de las decisiones ya tomadas por el Ejecutivo, salvo
casos excepcionales que han sido conocidos a nivel
internacional.
En la mayoría [de países] y dentro de la
lógica de los Estados, la consulta no es otra cosa que
una socialización de una decisión tomada, de una
política ya establecida desde el Ejecutivo, y siempre el
oficialismo lo ha asumido como un tema de difusión,
de dar a conocer algo a una determinada comunidad,
cuyas decisiones no alterarán significativamente a la
política ya tomada. Por ejemplo, puedo referirme al
caso peruano en donde la consulta previa se aprobó,
algunos estaban de acuerdo y otros no, pero a la
postre esa ley de consulta, como en otras países de
la región, no tiene carácter vinculante. Es decir, sigue
siendo una consulta para escucharlos, pero no para
necesariamente insertar dentro de una determinada
política su pensamiento.
Entonces, para mi sigue siendo todavía el tema
de la consulta previa un propósito a alcanzar, creo que
todavía hay mucho camino por recorrer, por luchar
para que realmente este derecho pueda darse, y
pueda abrir el paso a una real participación en la toma
de decisiones políticas de un Estado.
38
¿Cuál sería la relación entre la consulta y la
autodeterminación o hasta donde se quiere llegar con
la autodeterminación de los pueblos indígenas?
MCG: Hay una relación muy estrecha entre la consulta
previa, libre e informada, con carácter vinculante, y la
autodeterminación de los pueblos indígenas.
La autodeterminación implica que la población
asuma los destinos de su comunidad, de su pueblo, de
su nación, que asuman y que puedan auto gobernarse
y que estos pueblos tengan una relación diferente con
el Estado central, sin separarse del Estado unitario; la
consulta, en este caso, es un mecanismo que permite
tener esa participación; teniendo claro que al momento
en que el Estado les consulta, si ellos en algún momento
deciden decir no, el Estado tendría que asumir esa
postura y estaría respetando esa voluntad que
autónomamente esa población tomó por las razones
que sea. Sin embargo, esto no se da porque el discurso
de los gobiernos en general, siempre es cuestionar por
qué una comunidad tiene que decidir sobre un recurso
no renovable, por qué una comunidad tiene que
decidir sobre algo que puede beneficiar a millones de
ciudadanos: entonces, siempre hay esa tara desde los
sectores oficiales.
Buen vivir, alternativa de transición
Los Estados, y el ecuatoriano particularmente, hablan
del Buen Vivir, un término sacado de la filosofía
indígena; sin embargo, para los indígenas el Buen Vivir
implica una crítica al modelo del desarrollo que llevan
estos mismos Estados aun cuando hablen también de
buen vivir.
¿Puede dar ejemplos de cómo esta propuesta de
Buen Vivir puede resolver algunos problemas que son
consecuencia del modelo de desarrollo occidental,
como por ejemplo el cambio climático?
GVP: Los pueblos indígenas en los últimos 10 años
venimos contribuyendo y construyendo este modelo de
desarrollo del Buen Vivir y eso tiene un tema de diferencia
a la visión de desarrollo que proponen los Estados. Lo
que los pueblos indígenas estamos exigiendo es un
modelo de desarrollo basado en el respeto a la Madre
Tierra, pues para nosotros la Madre Tierra es quien nos
dota de los alimentos, quien nos dota de la medicina en
caso que nos enfermemos, es la que nos da el líquido
elemental para nuestra sobrevivencia. Este modelo de
desarrollo tiene que ser pensado y plasmado en respeto
y armonía con la madre naturaleza. En el modelo de
desarrollo que proponen los Estados básicamente prima
el tema del recurso monetario y eso conlleva a que haya
actividades extractivas para incrementar el ingreso per
cápita, pero que no tienen esa mirada de respeto a la
Madre Tierra.
En el marco de las discusiones en torno al cambio
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
climático, por ejemplo, no hay una política clara de parte
del Estado que pueda disminuir los efectos del cambio
climático tanto en las comunidades andinas como en
las amazónicas. Pero los pueblos indígenas, a partir de
nuestra sabiduría ancestral nos estamos adaptando.
Es así que estamos recuperando la andenería que ha
sido muchas veces olvidada, que es la única forma
de seguir manteniendo los microclimas, lo que nos
garantiza que tengamos una alimentación equilibrada
y diversificada. También hoy en día se está recuperando
ese conocimiento de nuestros ancestros que es la
cosecha del agua, que es cosechar agua en épocas de
lluvia para poder garantizar el agua en épocas de sequía
y no tener problemas del agua. Y el otro conocimiento
valioso es no utilizar maquinarias como el tractor sino
nuestras técnicas con las que siempre se ha producido
como es la chaquitaclla, también recuperando nuestras
propias semillas autóctonas o propias que son mucho
más resistentes a los efectos del cambio climático.
Los pueblos indígenas nos reafirmamos en un
modelo de desarrollo basado en la protección del medio
ambiente pero también en el respeto y el equilibrio del
hombre y la mujer, y de las diversas generaciones.
MCG: Pienso que para decir oficialmente que en el
Ecuador hay un ejemplo de Buen Vivir, o en esta región
hay un ejemplo de buen vivir, aún no existen los
elementos para hacerlo.
El Buen Vivir que los pueblos indígenas hemos
sostenido, y lo seguiremos sosteniendo, tiene realmente
mucho que ver, o está ligado, al tema de la territorialidad,
está ligado a una visión y lo que los pueblos indígenas
han construido, o hemos construido, con el pasar de
los tiempos es ese modelo, o ese otro modelo; no sé si
llamar modelo, o mejor denominarlo como esa filosofía
en base a una práctica, a una práctica de vida cotidiana.
Obviamente, esa práctica cotidiana es una
crítica, o es una respuesta crítica que se hace a un modelo
convencional al que vivimos actualmente. Entonces, un
ejemplo determinado que nos sirva para todos es difícil,
porque yo creo que incluso el Buen Vivir tiene un sentido
diferente para los pueblos indígenas y otro sentido para
los mestizos. Creo que un punto de convergencia se
puede dar en el cómo nos relacionamos con el medio
ambiente, cómo nos relacionamos con la territorialidad,
o cómo no nos relacionamos con ella. Pienso que ese es
el punto que nos puede unir, pero realmente no creo que
podamos llegar a coincidir y a converger plenamente
entre la visión que tiene el mundo occidental con la
visión que tienen los indígenas.
En el plano ambiental o en la lucha contra el
cambio climático, ahí hay mucha, o alguna, gente de
la nueva generación que empieza a tener un poco de
conciencia sobre la necesidad de tener una relación
diferente, al menos, tener un respeto a la biodiversidad,
a los bosques, a no tener un sistema de consumo
fuerte como el que tenemos actualmente, sobre
todo en Europa. Pero al mismo tiempo tenemos otros
continentes grandes, como el Asia, que en cambio
están en una onda expansiva, que ven en la naturaleza
una fuente de riqueza interminable. Entonces pienso
que el punto coincidente puede ser con esos nuevos
actores conscientes, ya sean individuales o colectivos,
que coincidimos en la necesidad de ponerle un freno
al deterioro ambiental a través de poder cortar ciertas
prácticas consumistas. Pienso que por ahí al menos hay
unos pequeños puntos en donde empiezan a surgir y
que se puede, y se han hecho, algunas alianzas a nivel
internacional, sobre todo entre pueblos indígenas y
otros sectores aliados, de ambientalistas y ecologistas.
¿Esta propuesta incluye nuevas formas de hacer
gobierno? ¿Puede dar ejemplo de ello?
GVP: Efectivamente incluye nuevas formas de hacer
gobierno. Desde que tengo uso de razón hasta la fecha
las formas de hacer gobierno, en el caso de Perú, están
basadas únicamente pensado en un gobierno que
gobierna para Lima, en un gobierno muy centralista,
muy homogéneo, en que se piensa y se creen que todos y
todas somos iguales. Los pueblos indígenas planteamos
que se requiera de un nuevo modelo de gobierno en el
que todos y todas, desde nuestras diferentes visiones
de desarrollo, podamos construir un país distinto en
el que, quienes no tengamos voz la podamos tener y
presencia en los espacios donde se toman decisiones.
Creemos y aspiramos que sea un nuevo gobierno pero
con la participación de todos los diferentes actores y
que también cada uno pueda asumir un rol proactivo
y activo y así evitar diferentes problemas sociales que
muchas veces trae esta forma de una imposición de un
gobierno centralista.
Los pueblos indígenas pedimos que se respete
nuestra libre determinación y que se respeten las
formas y los modelos de desarrollo a los que aspiramos.
Son tantos años que estamos buscando un diálogo
intercultural, que estamos buscando un gobierno
inclusivo donde los derechos de todos sean respetados.
Rol de las mujeres indígenas
¿Qué avances puede señalar en referencia a los
espacios que las mujeres indígenas están ganando en
sus pueblos y en la sociedad?
GVP: En cuanto a la participación de las mujeres en
estos espacios, podemos decir que en los últimos 20
años se ha avanzado. Por ejemplo, y hago referencia a
mi comunidad, hace 20 años a las mujeres de Carpapata,
en el distrito de Colcambamba, en la región de
Huancavelica, se nos negaba totalmente la participación.
Se creía que la presencia de las mujeres en una
asamblea comunitaria era una señal de que no se iban
a cumplir los acuerdos tomados. Eso ha ido cambiando
en los últimos años, obviamente con algunas luchas;
con algunas conquistas se ha logrado participar en las
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asambleas comunitarias, pero en una primera fase sólo
las viudas, sólo las solteras, podían participar sólo con
el tema de la presencia y escuchar y no opinar. Hoy las
mujeres ya podemos asumir cargos dirigenciales dentro
de la comunidad y tenemos voz y voto en las asambleas.
Podemos ya ver mujeres indígenas en la alcaldía en la
regiduría pero aún en un porcentaje mínimo.
Tenemos muchos desafíos por delante, se van
abriendo algunas puertas pero eso no basta, se requiere
también de un tema de formación y capacitación a todas
esas mujeres con roles diferenciados en estos espacios.
También hay un avance en el ámbito legislativo, hoy
en día en el Perú podemos contar con una ley nacional
de igualdad de género o podemos contar con un plan
nacional de igualdad de oportunidades entre varones
y mujeres aunque ahí le falta todavía una mirada
intercultural.
También hoy tenemos la conformación de
asociaciones de mujeres; la articulación de las diversas
asociaciones de mujeres que velamos por el derecho
de las mujeres se ha ido fortaleciendo. Hoy en día como
ONAMIAP podemos ser actores en muchos espacios y
presentar propuestas.
Pero no todo es avance; está pendiente cómo
contribuir a disminuir el tema de la violencia contra
las mujeres, de parte del esposo a la esposa, de los
padres hacia las hijas, de parte de las autoridades a las
autoridades mujeres. No hay mecanismos de defensa
de los derechos de las mujeres y no hay instancias
interculturales que puedan velar por los derechos de
las mujeres, son temas pendientes a seguir discutiendo.
Falta también cómo garantizar la efectiva participación
de las mujeres en los espacios de participación política.
Por ejemplo, para cumplir con la cuota de género, la
cuota indígena y la cuota de jóvenes, en las últimas
elecciones los partidos políticos se contactaban a con
una mujer que tuviera los tres requisitos y la colocaban
en el último lugar de la lista. No se da el peso efectivo
que tienen estas cuotas electorales, entonces en ese
sentido hay mucho trabajo que se tiene que hacer aún.
Por el otro lado también, está pendiente
cómo lograr, cómo sensibilizar en el interior de las
organizaciones indígenas mixtas que la agenda de las
mujeres indígenas esté presente. Las mujeres seguimos
quedando en el segundo, tercer plano al momento de
presentar propuestas o planteamientos. Si bien es cierto
hay avances pero también hay muchos desafíos y retos
aún que cumplir.
¿Cuáles han sido los avances en la construcción
de una agenda continental que refleje la defensa
de los derechos colectivos y derechos humanos de
las mujeres indígenas? ¿Cuáles son las demandas
prioritarias en esa agenda?
GVP: La articulación de las agendas de las mujeres es
un proceso a nivel del continente. Por ejemplo está la
organización que es el Enlace Continental de Mujeres
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Indígenas que articulan a diversas organizaciones de
mujeres indígenas en América Latina y el Caribe, un
espacio donde se ha intentado consolidar una agenda
de las mujeres. Dentro de la agenda de las mujeres en
el continente están los temas de eliminar la violencia
contra la mujer y el de garantizar la plena y efectiva
partición activa de las mujeres en los espacios donde se
toman decisiones.
No basta haber creado un espacio si ahí no se
garantiza la voz y la propuesta de las mujeres indígenas.
También es tema de la agenda reconocer el rol de las
mujeres en la adaptación al cambio climático, pues las
mujeres en su gran mayoría aún seguimos cuidando los
conocimientos y saberes ancestrales y adaptándolos a
todo lo que son los efectos del cambio climático.
Por último, es punto de la agenda de las mujeres
indígenas también el tema de la comunicación: las
mujeres indígenas requerimos contar con canales de
información, pues la comunicación es un instrumento
clave para fortalecer las propuestas, las alianzas
entre mujeres indígenas de un país a otro país. Se
viene discutiendo una propuesta continental sobre
comunicación y mujeres indígenas.
MCG: Sí, desde luego; en los últimos 20 años, tanto
como las organizaciones mixtas, de hombres y mujeres,
que han llegado a relacionarse con otras organizaciones,
también las mujeres han llegado a establecer sus
propias alianzas, por ejemplo el Enlace Continental de
Mujeres Indígena, o la Red de Mujeres Indígenas sobre
Biodiversidad; y así algunas redes en donde ellas mismas
han planteado posturas frente a las organizaciones
mixtas, pero por otro lado, posturas frente a los Estados.
Tienen su propia postura, coinciden en algunos
puntos con las organizaciones mixtas, pero en muchas
difieren o cuestionan el tema de la representación y la
participación en las organizaciones, en los espacios de
representación, que en su mayoría son ocupados por
hombres.
Creo que a ese nivel se ha visibilizado bastante,
pero también hay un fenómeno que a mí me preocupa
y es que la mayoría de organizaciones de mujeres no
son organizaciones como tales, no son mujeres de
base o de organizaciones, sino que son organizaciones
no gubernamentales (ONG) que se conforman y van
generando alianzas, esto ha traído inconvenientes con
mujeres que están organizadas en sus comunidades de
sus respectivos países.
Es decir, las mujeres que pertenecen a
organizaciones que tienen su propia organización
cuestionan a las mujeres que han conformado las ONG
y que tienen mayor incidencia. Por ejemplo, la Red de
Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad está compuesta
de algunas mujeres que son parte de las fundaciones y
que son las que tienen mayor incidencia en los espacios
de Naciones Unidas y son las que captan los fondos;
entonces, las otras mujeres no.
Frente a esto, ahora el reto está en que las
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mujeres empecemos a tener mayor incidencia en estos
espacios, que disputemos las dirigencias en estos
espacios para no anularlos, ya que también han hecho
un papel proactivo estas mujeres que están en esas
ONG.
¿Entre sus demandas también incluyen exigencias
al movimiento indígena mismo? ¿Puede mencionar
algunas de estas?
GVP: Justamente al interior del movimiento indígena
tenemos mucho que exigir. Un trabajo que nosotras
tendríamos que hacer con los diversos dirigentes
varones es que ellos puedan también incorporar las
propuestas y demandas de las mujeres. Ellos creen y
piensan que es suficiente que el tema de mujeres sea
transversal, pero eso no es tan cierto. Entonces las
mujeres estamos planteando ser visibles en los planes
operativos, en las programaciones de nuestras propias
organizaciones del movimiento indígena.
Articulación del movimiento indígena
¿Considera que las propuestas del movimiento
indígena —con sus visiones, intereses y desarrollos
diversos— tienen una proyección a nivel del conjunto
del país que habitan?¿Qué balance puede hacer de la
articulación continental del movimiento indígena en
América Latina?
MCG: Hay algunos puntos que destacar aquí. En los
años 90, con todo el auge indígena, y no solamente
a nivel nacional, también se logró la articulación
internacional. Recordemos que en los años 90 había
el Consejo Indígena de Centro América, la Alianza de
Pueblos Indígenas de América del Norte, etc. Eran
organizaciones que también comenzaron a surgir y
hubo una fuerte alianza; ahora, haciendo un pequeño
vistazo en mis recorridos, veo que todas han quedado
bastantes desmanteladas. Las organizaciones empiezan
a desarticularse con su organización central; por
ejemplo, la Confederación Indígena de Centroamérica
y el Caribe, en su momento fue fuerte, habían muchos
dirigentes, tenían mucha credibilidad, 20 años después
están bastantes desmantelados y no tienen ni siquiera
credibilidad de la propia gente de Centroamérica. Otro
tanto está pasando con la Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas (CAOI), que está perdiendo
fuerza.
Podemos analizar también la situación del
Enlace Continental de Mujeres Indígenas que nació
con muchísima fuerza en los 90, creció después de
los 90 hasta el 2000 y desde ese tiempo ha venido
deteriorándose.
El deterioro de estas redes se da por muchísimos
factores, uno de ellos es el financiamiento, pues ya no hay
financiamiento para hacer grandes eventos articulados,
la gente se dedica a hacer más trabajos puntuales en
sus localidades; incluso ahora mismo se ha reducido
muchísima la participación en los foros internacionales.
En estos últimos 10 años, los gobiernos de
la tendencia de la izquierda han ido cooptando los
espacios de las organizaciones indígenas. ¿Cómo lo
cooptan? A través de organizaciones paralelas, a través
de funcionarios indígenas que van a trabajar en el
gobierno y van ellos como representantes a eventos
internacionales donde deberían ir organizaciones
indígenas reales. Entonces, el gobierno va además
cooptando el espacio de las organizaciones, por
ejemplo en el caso de la ONU en el foro permanente, la
CONAIE [Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador] siempre tenía un espacio para poder
hablar al menos cinco minutos, pero este espacio ahora
ya no lo tiene porque ahora ya lo habla una persona
indígena de un ministerio de inclusión social o de la
secretaria de pueblos del Ecuador. Así, han ido minando
al movimiento indígena; entonces, ahora resulta que la
representación indígena se vuelve medio oficial en las
instancias de Naciones Unidas o en otras instancias.
Por otra parte, también las ONG han cooptado
los espacios indígenas y las redes internacionales;
a veces llevan de la mano a un indígena que está
desconectado de las bases o ya no las representa; pero
es presentado por la ONG como un vocero indígena. Es
común ver en grandes congresos a gente de base que
ha sido movilizada, pero estas bases no están en los
micrófonos, no tienen la palabra.
Tenemos el reto de reconstituir las alianzas
indígenas, de reconstituir los movimientos indígenas
nacionales, de buscar alianzas con otros actores sociales,
pero por el momento, debemos aceptar nuestra
debilidad y desde ella empezar la reconstrucción. q
AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015
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Ciudadanos con poder:
Internet como fuerza de los
movimientos sociales
El poder de las redes sociales y el Internet ha permitido que casos como el de Ayotzinapa se viralicen. / Animal Político
Esther Vargas*
L
os periodistas y medios de comunicación
se han enfrentado como nunca a algo
que no estaba en sus planes: el poder
ciudadano para generar información que
antes era patrimonio de las organizaciones de
noticias. Si bien muchos expertos dicen que
hablar de periodismo ciudadano es como
cambiar al médico por el curandero, lo cierto
es que los ciudadanos se han convertido
en voceros de sus propios problemas, en
demandantes directos ante la sociedad de
lo que les afecta o complace, y en no pocos
casos están trabajando en grupos creados
por periodistas, es decir, se convierten en
colaboradores o aliados de los periodistas.
Los nuevos medios
El periodismo se ha convertido en un escenario
rico de experiencias. Los llamados nuevos
42
medios surgen desde el descontento con el
poder de los directivos, de los que siempre
han mandado a la hora de fijar portadas y
determinar coberturas. Los nuevos medios se
caracterizan por su independencia, como
sería el caso de La Silla Vacía en Colombia o
Animal Político en México.
Sin embargo, en términos económicos,
la batalla es dura. Pero la creatividad no tiene
límites, y tenemos desde el financiamiento
colectivo hasta la diversificación de sitios en
busca de áreas rentables que no traicionen el
periodismo que es su motivo y su fin.
El activismo siempre ha buscado
la atención de los medios, pero la
democratización de Internet les ha dado
una voz individual y coral que parece hoy
muy bien aprovechada. Frédéric Martel, el
sociólogo francés autor de Global Gay y Cultura
Mainstream, estuvo en Lima en octubre
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pasado y en una conversación con la autora de este
artículo, refirió que nunca como hoy los movimientos
sociales habían tenido una puerta tan grande como la
que constituye Internet. Se refería específicamente a la
causa gay, la cual había encontrado en la red poderosas
herramientas para comunicar su mensaje. América Latina,
y en especial el Perú, destacan en esta llamada ‘revolución
gay’, donde Facebook o Twitter albergan colectivos que
han logrado hacerse escuchar sin la necesidad de los
medios que pocas veces han mostrado el propósito de
dar seguimiento a una demanda social.
Y justamente para aprovechar lo que Internet
da, los activistas hoy crean sus propios espacios
mediáticos, desde una página de Facebook hasta una
web, que son plataformas de comunicación poderosas en
la medida de una buena gestión.
Los activistas están cada vez más interesados en
entender lo que pasa en la red y cómo sacarle la vuelta a
los medios totalitarios. La verdad es que lo están logrando.
Mídia Ninja, la cobertura no oficial del mundial de
fútbol
Mídia Ninja (Narrativas Independientes, Periodismo y
Acción) nació en Brasil en el 2011 como una propuesta de
periodismo alternativo. Los ninja del periodismo, armados
con celulares y dispositivos 4G, han empleado su web y
las redes sociales para dar información que los grandes
medios no ofrecen. Entre el 2011 y la fecha, Midia Ninja
es ya un referente de cómo el sentir ciudadano puede
traspasar fronteras.
Periodistas experimentados y ciudadanos
entusiastas dieron visibilidad a la otra cara del campeonato
mundial de fútbol 2014. Ese Brasil donde no se gritaba gol
y que ardía, y que era escenario de enfrentamientos entre
ciudadanos y autoridades, fue reporteado por los ninja.
Los medios tuvieron que girar sus cámaras y grabadoras
al movimiento de la calle. El reporte de violencia que
dejó el mundial es conocido, pero quizá se supo poco de
cómo los ciudadanos apoyaron a mostrar una realidad
que pretendía taparse con la fastuosidad del evento
deportivo.
Más de 18,000 periodistas se acreditaron para
la fiesta del fútbol. Inicialmente, la mirada no estaba en
las calles, pero colectivos como Midia Ninja cambiaron
el enfoque, al menos parcialmente. Quienes participan
en estos grupos se sienten representados, y hartos de los
medios tradicionales. Para un periodista que trabaja en
un medio tradicional le cuesta aceptar que ya no estamos
solos. Lo que dejamos de informar, la ciudadanía lo
difundirá en sus propios espacios. A veces ni necesitan
unirse a colectivos. Les basta Twitter y Facebook, sus blogs
o webs, para hacerse escuchar.
#AyotzinapaSomosTodos
México está desangrado por 43 estudiantes. El
mundo entero se suma en un hashtag como un grito
#AyotzinapaSomosTodos. El diálogo cotidiano va más
allá de Twitter y Facebook, más allá de México. Traspasa
fronteras. Hoy, la ciudadanía no se rige por la imposición
gubernamental y por los medios que pueden tener una
voz coral y cerrada a la verdad. Las redes arden.
Cuando el procurador mexicano José Murillo
Karam salió en una rueda de prensa a decir que los
estudiantes probablemente estaban muertos y que ya
había dicho suficiente. Los ciudadanos mexicanos de
diversos estados tomaron la frase de Murillo #YAMECANSÉ
y la tuitearon, retuitearon, transformaron en meme. Se
hizo un viral que llegó al monumento de El Ángel en el
centro de Ciudad de México, y a diversas plazas, donde
Murillo y su desafortunada expresión sirvieron para que
buena parte del mundo confirmara el hartazgo de un
país con el Estado, el crimen organizado y la violencia en
general.
Los periodistas mexicanos agrupados en
asociaciones como Periodistas de a Pie emplean un grupo
en Facebook para difundir a colegas de otras partes del
planeta lo que pasa en su país y que los medios muchas
veces no informan. Desde la ganadora a la excelencia
en periodismo por la Fundación Gabriel García Márquez
por el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Marcela
Turati, hasta reporteros que recién empiezan en el oficio
dan cuenta de hechos que podrían quedar restringidos
a pequeñas notas escondidas en los rotativos o
simplemente en el vacío de no existir.
Conocemos así el nacimiento de Trinchera,
un medio independiente desarrollado por periodistas
del estado de Guerrero que ofrece análisis, contexto e
investigaciones a profundidad.
El periodismo está más vivo que nunca en
tiempos que algunos lo van matando. Y las redes sociales
son notables aliadas para dar voz a los que no tiene la
oportunidad de hacer escuchar su voz, o hacer visibles
a los invisibles.
Bajo esa lógica nació el 11 de noviembre el
medio digital LGTBIQ para visibilizar la problemática y
también las conquistas de la comunidad lesbiana, gay,
transexual, bisexual, intersexual y queer, que los invisibles
sean cada vez menos invisibles. Como parte del proyecto
Sin Etiquetas (espacio de información y diálogo sobre la
población LGBTIQ en América Latina), hemos reunido casi
a 50 colaboradores de la región, periodistas abrumados
con la indiferencia de sus medios a una realidad que nos
salpica a todos.
Buenos tiempos para el periodismo. Buenos
tiempos para los ciudadanos y las ciudadanas que gracias
a Internet puede saltar de los memes a información de
calidad y urgente. q
*Periodista peruana con 20 años de experiencia. Actualmente es editora de Social Media
del diario El Peruano y Agencia Andina, directora de la web Clases de Periodismo y del
medio alternativo online Sin Etiquetas. Es docente de la Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano (FNPI), de la maestría de Periodismo Digital en la Universidad
de Guadalajara, México, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú, y de la
Universidad Mayor de Chile.
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