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A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CREADA PARA EL ESTUDIO,
ANÁLISIS
Y
DEPURACIÓN
DE
LAS
RESPONSABILIDADES
POLÍTICAS, SI LAS HUBIERA, SOBRE LA ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA PLAZA Y
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA
DE ZARAGOZA
Antonio TORRES MILLERA, Portavoz del Grupo Popular, haciendo uso
de lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de las Cortes de Aragón,
ante el Dictamen de la Comisión de Investigación creada para el estudio,
análisis y depuración de las responsabilidades políticas, si las hubiera,
sobre la organización, funcionamiento y gestión de la sociedad pública
Plaza y el desarrollo del proyecto de la Plataforma Logística de Zaragoza,
presenta el siguiente VOTO PARTICULAR,
ANTECEDENTES
I
Como su propia denominación señala, la Comisión de Investigación tiene
un objeto indiscutible consistente en la depuración de las
responsabilidades políticas en la organización, funcionamiento y gestión
de la sociedad PLAZA, S.A. y en el desarrollo del proyecto de la Plataforma
Logística de Zaragoza.
Ello, sin perjuicio de hacer constar que desde la constitución de esta
Comisión de investigación, el 25 de abril de 2014, quedó meridianamente
clara la opinión de los representantes de los cinco Grupos parlamentarios
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de las Cortes de Aragón en el sentido de considerar estratégico el
proyecto de la Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA.
Así se ha trasladado al Dictamen elaborado tras más de ocho meses de
trabajo. Se trata de un acuerdo que en la presentación de este Voto
particular por el Grupo Parlamentario Popular queremos destacar; más
aún, no solamente PLAZA, sino la logística en general es una de las
grandes palancas de crecimiento de nuestra Comunidad Autónoma. Así se
ha puesto de manifiesto a lo largo de la presente Legislatura con la
elaboración y puesta en marcha de la Estrategia Aragonesa de
Competitividad y Crecimiento que contempla la logística como uno de los
seis ejes fundamentales de desarrollo de Aragón.
El objetivo fundamental –como se ha dicho en el primer párrafo- de una
comisión de investigación política, tal y como se informó a todos los
comparecientes al inicio de sus intervenciones, es la depuración de
responsabilidades políticas; objetivo diferente al de las actuaciones
judiciales, y como se señala en el primer párrafo de este Voto particular,
lo que en un asunto de tanta notoriedad como PLAZA ha hecho
especialmente difícil la separación de las causas judiciales, la información
conocida a través de los medios de comunicación y el señalamiento de
responsabilidades políticas.
No obstante, esta Comisión se ha planteado igualmente, tal y como se
recoge en el Dictamen y tras el análisis de las comparecencias, elaborar
propuestas de actuación o recomendaciones que permitan a la
administración autonómica mejorar los sistemas de funcionamiento y
control para impedir, o al menos dificultar al máximo posible, que los
hechos analizados en la Comisión, o en las causas judiciales, se puedan
repetir en “Plataforma Logística de Zaragoza, PLA-ZA, S.A.” o en otra
sociedad de participación pública de la Comunidad. En cualquier caso, no
debemos olvidar que los hechos analizados en esta Comisión o en las
diferentes causas judiciales, dejan claro que, básicamente, el problema no
ha estado en el fallo de los controles, sino en la actuación de los
responsables, como así consta en el Dictamen a raíz de las declaraciones
de varios comparecientes.
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A este respecto, el Dictamen señala en varias ocasiones los avances que
en materia de funcionamiento y control se han producido en los últimos
años, lo que no nos impide destacar algunas de las medidas en vigor
desde que en 2011 hubiese un nuevo Gobierno de Aragón (que supuso
cambios esenciales en las consejerías responsables y en la Corporación
empresarial pública de Aragón) por coincidir en gran número con las
sugerencias de los comparecientes –ya sean interventores, letrados,
técnicos o consejeros-.
Así, el Decreto-Ley 1/2011, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón,
de medidas urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial, en
cuyo Capítulo III, “Régimen de control”, se establecen obligaciones de
información, sometimiento de las empresas públicas al control de la
Intervención General de la Comunidad Autónoma, informes previos y
preceptivos, medidas adicionales de control en determinados casos que
incluyen la casi totalidad de los estudiados por esta Comisión o la creación
de una Comisión de auditoría y control, entre otras medidas. La CEPA
(Corporación empresarial pública de Aragón) en aplicación de esa
normativa y de acuerdos de su propio Consejo de administración ha
dictado varias Instrucciones que han supuesto la unificación de la
contratación, que los servicios jurídicos de la Diputación General de
Aragón sean los de las sociedades públicas, que se incorporen las
sociedades a los procesos de fiscalización previa, modelos avanzados de
información con asistencia letrada previa en las convocatorias de consejos
de administración o elaboración de informes preliminares de auditoría por
citar los cambios más relevantes.
II
En cuanto al primer objetivo de la Comisión, es decir la depuración de
responsabilidades políticas, conviene recordar que el ámbito de estudio de
ésta ha sido tan amplio que, por unanimidad de la misma, se han
solicitado dos prórrogas a la duración de los trabajos, la primera de
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septiembre a diciembre de 2014 y la segunda desde entonces a febrero de
2015.
Estudiar, analizar y depurar responsabilidades políticas, si las hubiera,
sobre la organización, funcionamiento y gestión de la sociedad pública
Plaza y el desarrollo del proyecto de la Plataforma Logística de Zaragoza
ha llevado a un Dictamen en el que este primer objetivo no ha contado
con acuerdo unánime, de tal manera que cada uno de los Grupos
parlamentarios han de manifestar su posición mediante la presentación de
un voto particular en el que señalen las citadas responsabilidades y, por
tanto, proponer conclusiones, que en caso de ser aprobadas por el Pleno
de las Cortes de Aragón se incorporarían al Dictamen como parte del
mismo.
En virtud de lo anterior, el Grupo Popular propone al Pleno la adopción de
cinco acuerdos. Acuerdos que suponen otros tantos señalamientos de
responsabilidad política y que previamente requieren del relato, a la
manera de antecedentes, de los hechos relevantes y de las declaraciones
concretas de los comparecientes ante la Comisión en que se basan dichas
propuestas.
III
Como se desprende de la documentación estudiada en la Comisión de
investigación y en las 71 comparecencias, en el desarrollo del proyecto de
la Plataforma Logística de Zaragoza y de la sociedad pública PLA-ZA, S.A.
(PLAZA en lo sucesivo) se han perpetrado una serie de presuntos delitos,
irregularidades, mala administración e inadecuada gestión societaria que
han supuesto un quebranto de casi 200 M€, tal y como manifestó el actual
Gerente de PLAZA, don Jesús Andreu Merelles, en su comparecencia que
se transcribe más adelante.
En este sentido, son muy descriptivos las auditorías y los informes
técnicos elaborados por Bureau Veritas, S.L. (sobre Urbanización Fase II,
Enlace A-2/Z-40, Apartadero ferroviario, Movimiento de tierras de la Zona
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de reserva de futuros crecimientos y Urbanización de la misma), EID, S.L.
(sobre Urbanización Fase I, Obra y mantenimiento del Parque Lineal,
Pasarela Peatonal y varios saneos), AZIMUTAL, S.L. (sobre Movimiento de
tierras), Guillermo Montaner Frutos (sobre Modificación parcela ALI-20,
Urbanización Fase II, Enlace A-2/Z-40, Apartadero ferroviario, Movimiento
de tierras de la Zona de reserva de futuros crecimientos y su urbanización)
“Pemán y Franco Arquitectos, SCP” (sobre construcción por CODESPORT
de naves en las parcelas AS-1.3 y AS-2.2), Daniel Vela Cervera (sobre
parcela CINS y construcción PC1 y PC10) o Enrique Porto Rey (sobre
Zaragoza Plaza Center, campus empresarial).
Resulta muy elocuente la comparecencia del actual Gerente de PLAZA,
don Jesús Andreu Merelles, en la que manifestó, entre otras, lo siguiente:
“Haciendo solo eso surgen ciento cuatro millones de diferencia en la
segunda fase, la primera fase se está siendo terminada de analizar y
supone en este momento también más de cuarenta y siete millones de
pago por encima de lo realizado. Esto supone pagos a la UTE por más de
ciento cincuenta y un millones de euros de diferencia entre la primera y la
segunda fase y las obras complementarias de la primera y segunda fase.
Estos datos son todavía sin haber acabado el análisis del parque y del
mantenimiento del parque, que son las únicas obras que quedan por
analizar. Es decir, en las obras de urbanización de PLAZA, siempre sin IVA,
se licitaron obras por ciento sesenta y siete millones, se adjudicaron
siempre a la misma UTE las ocho obras por ciento cuarenta y seis millones
y se liquidaron por tres cientos noventa y siete millones. Es decir casi el
triple de su adjudicación con doscientos cincuenta millones de exceso. Con
el informe pericial como les he comentado solo computando lo realmente
ejecutado y sin modificar los precios aplicados, la obra realizada vale
doscientos cuarenta y seis millones, por lo que la diferencia con lo pagado
es más de ciento cincuenta y un millones de euros como he insistido antes.
A estas diferencias se podrían añadir otras derivadas de los sobrecostes
del PC1 y PC10, los ocho millones que ya en este momento se ha visto en
el caso del PC1, las de las naves a este, los dieciocho millones de
diferencia que pueden ser cercanas en total a casi cincuenta millones de
euros, es decir, suponía redondeando cercanos a los doscientos millones
de euros de diferencia. Y hablamos de millones de euros con una
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tranquilidad que me parece muy relevante porque a mí me parece que en
dinero público son cantidades que superan en este momento el
presupuesto del Departamento de Obras Públicas anual”.
A lo anterior hay que añadir una deuda financiera ocasionada –en su
mayor parte- entre 2008 y 2011 a causa de una importantísima caída de
los ingresos, fruto de la crisis económica e inmobiliaria y sin la
correspondiente reprogramación de inversiones y gastos, que llevó a la
suscripción en 2010 de un préstamo sindicado de 113 millones de euros, a
amortizar en cinco años con dos de carencia, y que finalmente tuvo que
ajustarse en 2011 (según don Alfonso Vicente Barra en su comparecencia)
en pleno “periodo de transición”, tras las elecciones autonómicas que
significaron cambio de gobierno y, por tanto, de la dirección y
representación en PLAZA del accionista mayoritario. Todo ello a pesar de
que algunos consejeros lo advirtieron y que en 2008 era más que
previsible la caída de ventas, circunstancia que se agravó en cualquier
caso a partir del año 2009 y en los sucesivos ejercicios.
Doña Isabel Velasco Ortiz, Directora Comercial de PLAZA, S.A.: “Nosotros,
a finales de 2008, en diciembre de 2008 fue cuando nos dimos cuenta de
que la cosa estaba cambiando, tal vez tarde, pero a lo mejor también en
Zaragoza con el tema de la Expo pues bueno, un poco duró esa alegría y a
finales de 2008 tenían que cumplirse una serie de contratos, tenían que
convertirse en escrituras y bueno, pues realmente yo creo que solamente
uno de esos contratos, y había diez u once, llegó a formalizarse en
escrituras. Entonces fue la primera vez que no se cumplieron nuestras
previsiones, a finales del año 2008, y yo creo que ahí fue nuestro punto
de inflexión”.
Por otro lado, es un hecho absolutamente contrastado, a través de las
comparecencias de muchos de los consejeros, que éstos no recibían la
información adecuada para ejercer un control efectivo y veraz sobre la
gestión.
Don José Luis Rodrigo Molla, consejero en representación de Ibercaja:
“Pero a la pregunta concreta de si se llevaba allí los dosieres y se leía un
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informe de veinte páginas realmente no, la reunión de un consejo de
administración a veces con doce o catorce puntos del orden del día y
establecido pues con una duración a veces de dos horas, dos horas y
media pues requería confiar en que los informes existían, no sé si me he
extendido pero quiero ser claro en cuanto al funcionamiento”.
En concreto, la práctica totalidad de los componentes de los consejos de
administración de la Sociedad hasta 2011 manifestaron desconocer la
existencia de los Informes de Control Financiero elaborados por la
Intervención General de la Comunidad Autónoma. Por citar algunos de los
consejeros que negaron conocer esos informes estarían don José Luis
Abad Martínez (Gobierno de Aragón), don Agustín García Inda (CAI), don
Ricardo Cavero Arcéiz (Ayuntamiento de Zaragoza), don Luis Gracia
Ballesteros (Ibercaja), doña Elena Vivas Paniagua (CAI) o don Joaquín
Torres Ramos (CAI).
En dichos informes elaborados en 2001-2002 y 2006, sin que existiesen
para los ejercicios de 2007 a 2011, venían recogidas y especificadas una
serie de irregularidades que, además, fueron sistemáticamente desoídas,
como señaló Don Alfonso Peña Ochoa, Interventor General de la
Comunidad Autónoma: “Desde luego lo intentamos. O sea, no por no
incorporar las recomendaciones en la gestión de la sociedad dejábamos de
arrastrar las irregularidades”.
Los consejeros tampoco tenían conocimiento de otros documentos
fundamentales en la gestión de la Plataforma Logística. Un ejemplo puede
ser el llamado “Documento 0” referente al contrato de las naves de
Autoplaza. Documento esencial en un contrato de construcción de naves
en la modalidad “llaves mano”, suscrito entre PLAZA y CODESPORT
(empresa que resultó beneficiada de prácticamente toda la edificación
llevada a cabo por la Sociedad). Así, entre otros, Don Ricardo Cavero
Arcéiz, consejero en representación del Ayuntamiento de Zaragoza
contestó a pregunta concreta: “No. Lo conocí también cuando me fue
presentado por el juez en las diligencias previas”. Tampoco era conocido
por don José Luis Abad Martínez (Gobierno de Aragón), doña María Teresa
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Verde Arribas (Gobierno de Aragón) o don Fernando Herrando Gimeno
(CAI) entre otros.
Tampoco recibían informes escritos de asesores jurídicos, responsables
técnicos u otros, siendo que en alguna ocasión se llegaron a demandar por
algún consejero (suelos, PLAZA servicios aéreos u otros).
PLAZA es un proyecto que desde el inicio tuvo un tratamiento
supramunicipal, y a tal efecto tuvo su propia Ley, lo que no fue obstáculo
para que dicha norma fuese incumplida contrato tras contrato. La Ley
17/2001, de 29 de octubre, sobre la Plataforma Logística de Zaragoza dice
en su artículo 6.3.:
En tanto la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
mantenga, directamente o a través de sus organismos públicos, la
mayoría del capital social de «Plataforma Logística de Zaragoza, PLA-ZA,
S.A.», ésta ajustará su actuación a lo dispuesto en la legislación general
de contratación administrativa y en la legislación de contratos en los
sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones en
cuanto le sea de aplicación atendiendo a su titularidad y ámbito de
actuación.”
Nunca, desde su creación hasta hoy, ha dejado la Administración de la
Comunidad Autónoma de mantener la mayoría del capital social de PLAZA
y el sometimiento de las actuaciones de la Sociedad a la legislación
administrativa no ofrece dudas en el transcrito artículo. En cambio, la
realidad fue otra bien distinta, ya que desde el inicio de las actividades se
pretendió exceder dicha legislación.
Así lo puso de manifiesto el máximo responsable de operaciones de
Acciona, don Pedro Martínez Martínez en su comparecencia: “Era un
procedimiento diferente, por tanto siempre entendimos desde la UTE (y el
sector estoy seguro de que lo entendió también así) que era un
procedimiento en el cual estaba realmente una relación privada y por
tanto también sujeta a todo el rigor del mundo (no quiero decir con esto
que no tenga que tener rigor) pero que, efectivamente, escapaba a lo que
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era la Ley de Contratos del Estado; era otra cosa absolutamente diferente.
En ninguna obra, y llevo muchas hechas (llevo treinta años en esta
profesión), evidentemente se daba esa circunstancia”.
Este mismo compareciente llegó a afirmar que el proceso de segundas
vueltas en las adjudicaciones (de varios informes y declaraciones de
comparecientes se desprende que se hacían con los precios en blanco) le
resultaba “curioso”: “Por tanto, el procedimiento era un procedimiento
diferente, no guardando la Ley de Contratos del Estado en exactitud y
para eso había una segunda vuelta”.
Ese incumplimiento de la Ley de creación de PLAZA ha sido descrito por
otros comparecientes. Doña Esperanza Puertas Pomar, Letrada del
Gobierno de Aragón: “Pues evidentemente no descubro nada, desde la
dirección general de Servicios Jurídicos actualmente se ha puesto de
manifiesto determinadas cuestiones que se entendían que eran irregulares
y así se ha puesto de manifiesto cuando se ha contestado a las demandas
que había interpuesto la UTE Constructora, por lo tanto pues sí, hemos
manifestado determinadas discrepancias sobre los procedimientos tanto
de eventualmente adjudicación como de modificación” (…) “Si se está
refiriendo a los contratos anteriores a la legislatura actual para
entendernos, pues ya he dicho que entendía que no, que se habían
cometido irregularidades invalidantes”.
Asimismo, se utilizó la sociedad Plaza, S.A. para crear un entramado de
sociedades con objetivos diversos y de dudosa justificación que impidieron
la adecuada fiscalización económica y política, en este segundo caso a
pesar de las 321 iniciativas parlamentarias, 169 de las cuales fueron
solicitudes de documentación escrita, y que, en muchos casos, no llegaron
a ser atendidas.
PLAZA acabó vinculada directa o indirectamente a actividades
inmobiliarias, urbanizadoras, de construcción y comercialización, de
servicios y líneas aéreas, de patrocinio de actividades deportivas, de
compras de obras de arte, siendo algunas de ellas sonoros fracasos
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vinculados a iniciativas marcadamente personales del entonces Consejero
Delegado, Don Carlos Esco Sampériz.
Algunas de estas iniciativas resultaron escandalosas debido a sus
disparatados gastos, no sometidos a control financiero ni a las tasaciones
que han de ser preceptivas en la gestión de dinero público. Cabe citar dos
ejemplos de estas actividades perniciosas para PLAZA, S.A.
PLAZA, Servicios Aéreos, con pérdidas de más de 18 millones de euros en
un tiempo extraordinariamente breve y de la que a continuación se
extracta lo dicho por varios comparecientes: Don José Manuel GarcíaFigueras Rodríguez, asesor jurídico externo de PLAZA, S.A.: “Si usted me
preguntaba cuál es la valoración mía sobre plazos necesarios, totalmente
negativa, fue un desastre, visto lo visto. Los números cantan”. Don
Joaquín Torres Ramos, consejero en representación de CAI: “No. Sí que
recuerdo la creación de Plaza Servicios Aéreos, que había representantes
del consejo, creo recordar que estábamos tres, y que desde luego fue una
operación fallida totalmente, pero no recuerdo nada más”. Don Alberto
Larraz Vileta, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de
Aragón: “Yo no formé parte de Plaza Servicios Aéreos ni conozco cómo se
gestionó. Lo que sí que puedo decir es que no acabó bien. Su resultado
económico no fue bueno”.
Fundación PLAZA, cuya única actividad conocida fue la compra de un
cuadro de Goya por el precio, considerado por algunos desorbitado, de 10
millones de euros –de dificilísimo encaje en los objetivos de la propia
Fundación- y que hoy está siendo investigada en los tribunales. Don
Fernando Herrando Gimeno, consejero en representación de CAI: “No.
Estando yo presente en el consejo, si no se me pasó nada por alto en el
tiempo que yo estuve, no hubo otra que el tema del cuadro. Pero, vamos,
desconozco si las había, que podía haber habido”. Don Antonio Gaspar
Galán, consejero en representación del Ayuntamiento de Zaragoza: “No,
no, yo no recuerdo que hiciera nada más, no lo sé si hizo algo más o no”.
Don Rafael Fernández de Alarcón Herrero, presidente de PLAZA en la
actualidad: “No, no me consta que haya realizado ninguna actividad”.
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En otro orden de cosas, de algunas comparecencias se desprende también
la existencia de varias direcciones contradictorias en la gestión. Por un
lado, la Gerencia; por otro, el Departamento de Obras Públicas del
Gobierno de Aragón entre 1999 y 2011, habiendo numerosas decisiones y
actuaciones no coordinadas y llevadas a cabo de forma independiente y en
muchas ocasiones al margen de los correspondientes órganos
fiscalizadores. A modo de ejemplo, en el asunto de las naves de Autocity,
que se encuentra en los tribunales, el asesor jurídico ya citado, don José
Manuel García-Figueras Rodríguez afirmó: “Yo particularmente sí que
puedo decir que en su momento y se lo dije a Ricardo García Becerril, no
estuve de acuerdo con que se adjudicara por esta fórmula. Si al final el
Carlos Oehling quería comprar las naves lo lógico es que Carlos Oehling
comprarle suelo y ejecutar las naves por su cuenta. No sé hizo así, y eso
fue un error que hoy lo estamos pagando”. Sin embargo, don Javier
Velasco Rodríguez, Presidente del Consejo de PLAZA, S.A. y Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes señaló que: “Sí, esa es la
pregunta y la contestación que le tengo que decir a esa pregunta en
concreto es que nadie nos hizo ninguna advertencia de que legalmente
había que hacerlo de otra manera. (…) No hubo nunca una advertencia de
decir: oiga, que ustedes están aquí entrando en una posible
contradicción...”.
Don Pedro Martínez Martínez (Acciona), en referencia al descontrol en la
contratación: “¿Por debajo del precio de coste? Bueno, sí, creo que es
público y notorio que la primera operación y creo que la segunda que se
firmaron en la sociedad, incluso antes de que yo entrara a formar parte de
ella, se firmaron por debajo de precio de coste entre otras cosas porque ni
siquiera se sabía cuál iba a ser el coste de la operación.”
Al igual que don José Manuel Almarza Ramírez (Intecsa-Inarsa), quien
indicó: “En este caso no fue así, en este caso los precios del contrato de
obras no eran los precios del proyecto supramunicipal, sino que Plaza
decidió licitar las obras con los precios en blanco. Entonces los contratistas
que concertaron las obras pusieron su propio esquema de precios”.
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El asunto de la cercanía al aeropuerto es otro ejemplo más de la escasa
planificación y los consiguientes costes a soportar. En palabras del ya
citado, don José Manuel Almarza Ramírez: “Efectivamente resulta que a la
sazón, al final, resultó que el informe que firmó el director general de
Infraestructuras del Ministerio de Defensa no era correcto, resulta que al
final se descubrieron otras limitaciones y eso efectivamente supuso un
sobrecoste. Sí, ocurrió”.
Doña Claudia Cabeza Murillo, Letrada de PLAZA, declaró: “A ver, la
manera de funcionar era diferente, era una manera más independiente,
eran los tiempos buenos y habíamos funcionado de manera diferente,
teníamos un gerente que tampoco era un líder, un jefe que entonces cada
departamento se buscaba la vida como podía es que era la manera de
funcionar, o sea no teníamos unos criterios claros una única dirección,
pues se funcionaba como se podía funcionar”.
Paradigma del descontrol y de la gestión caótica como mínimo es la
certificación 89 o “acta paralela de remates”, don Jesús Andreu Merelles
manifestó: “Que existía una certificación final 89 donde se incluían
partidas que eran discutibles respecto a su procedencia o no del abono.
Que se adjuntaba el acta de recepción del 14 de febrero firmada por
Ricardo García Becerril, Miguel Ángel Bretón y don Nicolás Groeneveld y la
asociación final 89 con sus unidades y mediciones. Y no… Por mi parte esa
certificación sin ningún criterio profesional, ver una serie de capítulos que
me llaman poderosamente la atención. El primero es el capítulo
denominado televigilancia. En este capítulo se incluyen por tres millones
de euros una serie de cámaras en las calles que conectadas con un centro
de control, donde existen pantallas, ordenadores y programas capaces de
leer las matrículas de los vehículos que entran y salen de la plataforma y
almacenar las matrículas de los que están dentro. Todo esto con cursos de
formación especializada al personal, etcétera. Pregunto a Miguel Ángel
Pérez dónde se encuentra la sala de control y me dice que no existe y las
cámaras que graban y leen las matrículas y me dice que no se colocaron
por temor a que se las robasen, pero que sí que se había colocado un
cableado de fibra óptica. Leo el acta de recepción y no se dice nada sobre
que esta obra no estuviera ejecutada y que no estuviera en salud.
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También me llama la atención una partida del proyecto modificado
segunda fase, incluida en la certificación con un importe superior a un
millón de euros. Me extraña que hayamos pagado a la UTE para que esta
pague a INTECSA-INARSA un proyecto modificado cuyo precio redactó la
propia INTECSA-INARSA. La segunda fase no era un contrato de proyecto
y obra, sino un proyecto de obras, con una contratación independiente del
proyecto y la dirección de obra. También me entero entonces de que los
proyectos modificados de decenas de millones de euros no se contrataron
a INTECSA-INARSA de manera formal, sino que los aportaron después
para su aprobación en el consejo y que no se concursaron los proyectos
modificados que superaban casi el doble del proyecto inicial, sino que se
dio por hecho que lo hacía la UTE y ni se formalizó si quiera un contrato
por escrito entre PLAZA y la UTE que recogiera estos modificados”.
Don Rafael Fernández de Alarcón Herrero: “Y saben ustedes que tenemos
un informe de ciento cuatro millones de euros que faltan. Faltan o se han
certificado no de acuerdo con lo que entendemos nosotros o entienden los
técnicos que nos han hecho estos informes que se debería de haber
pagado conforme a los contratos vigentes, no todo falta, a parte son
revisiones de precios inadecuadas, aplicación de un precio unitario en vez
de otro, en fin hay muchas cosas”.
La declaración de Don Ignacio Sarría Santamera, director jurídico de
PLAZA, S.A. describe perfectamente la desorganización y descoordinación
existente en la Sociedad: “Luego los temas administrativos se quedaron
dentro de lo que es PLAZA y los coordinaba yo con el Departamento de
Obras Públicas, (…) porque hay que tener en cuenta que todos estos
proyectos supramunicipales y reparcelaciones no las aprobaba PLAZA ni el
consejo de administración, sino que las aprobaba en unos casos el
consejero y en otros casos el consejo de gobierno. Entonces era lógico
que ellos estuvieran encima de esa documentación”. Llegando a dar a
entender que la Consejería de Obras Públicas era para él un lugar de
trabajo casi habitual y no el despacho con la Gerencia.
Hubo falta de control público en la fiscalización. El ya citado antiguo
Interventor General de la DGA, don Alfonso Peña Ochoa declaró lo
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siguiente al respecto de no fiscalizar todos los años: “Pues por
sencillamente por falta de medios. (…) aunque estaba programada la
fiscalización de PLAZA de los Ejercicios 2003 y 2004 relativo a mi periodo
de gestión como interventor general, al final no se pudo realizar por falta
de medios.
El Departamento de Hacienda (Economía, Hacienda y Empleo entre 1999
y 2011) tiene asignadas además funciones de tutela para determinados
actos. Entre ellos estarían la autorización para ampliaciones de capital o la
suscripción de préstamos y don Luis Gracia Ballesteros (Ibercaja) o don
Joaquín Torres Ramos y doña Elena Vivas Paniagua (ambos consejeros en
representación de CAI) afirmaron que no se solicitaron las
correspondientes autorizaciones, hecho que los dos últimos manifestaron
sin dudas al preguntarles por un préstamo suscrito entre PLAZA y CAI por
un importe de 42M€.
Inexistencia de informes técnicos escritos para la toma de decisiones del
Consejo de administración en unos casos, ninguno en relación con las
obras, como señaló el Gerente Sr. Andreu, e informes jurídicos propios “a
posteriori” encaminados a vestir las decisiones que se adoptaban en lugar
de vigilar la correcta actuación. Informes de Control Financiero no
trasladados al Consejo y desatendidos en sus señalamientos de
irregularidades. Ausencia de documentos que justificasen determinadas
inversiones, siendo ejemplo de ello la construcción de un edificio para el
Ministerio de Educación sin compromiso por escrito de éste. José Luis
Rodrigo Molla (Ibercaja): “Efectivamente, lo hemos sabido después. Es
decir, siempre se nos dijo que este edifico era para el Ministerio de
Educación, que este edificio era para el Ministerio de Educación, pero el
Ministerio de Educación cuando empiezan ya las dificultades económicas,
esa es una vía para que PLAZA logre pues en aquel momento creo que a
PLAZA le costó seis millones y medio, alguna cosa así, y
permanentemente en todos los consejos y las comisiones ejecutivas una
de las vías para aliviar la tensión de tesorería de PLAZA pues era la cesión
de ese edificio y de repente, muy de repente, nos encontramos con que
habíamos construido el edificio y no existía un compromiso ni escrito de
quedárselo, ni del precio del mismo. Fue sorpresa cuando entonces y con
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toda lógica y así se tuvo que aprobar en el consejo de PLAZA pues resulta
que tenemos que admitir que el Ministerio de Educación no puede asumir
un edificio por un valor superior al de tasación. Desde la construcción
hasta el momento de la cesión la pérdida inmobiliaria es clara y algo que
nos costó –repito, perdonen las cifras y no la tomen porque no tengo pero
creo recordar que se hablaba de unos seis millones y medio- pues al final
se termina cediendo por 4,700. Es decir, podríamos hablar de una
minusvalía absoluta para PLAZA en una acción que no acabamos de
entender del todo, creo que serán un poco comprensivos con esta
decisión”.
Don Jesús Andreu Merelles: “Estos compromisos no se han cumplido. Pero
volvamos al PC10, pregunté a los directivos si existía un compromiso por
escrito por parte del Gobierno del Departamento de Educación, para
comprar esta infraestructura educativa, no existía un compromiso por
escrito”. Más adelante señala: “Si no existía ningún compromiso claro,
¿por qué entonces compramos estos edificios? y la contestación que me
dan es porque es un derecho que teníamos desde la subasta de un gran
solar triangular denominado… A estas subastas solo se presentó
Codesport con ¿…? Por un importe un euro superior al precio de salida”.
Doña María Teresa Verde Arribas, Consejera en representación del
Gobierno de Aragón: “No, el papel no”.
Nula información al Consejo de la Sociedad sobre facturas pagadas sin
estar terminadas las obras, sobreprecios, certificaciones pagadas y no
ejecutadas, excesos de obra. Don José Luis Rodrigo Molla (Ibercaja):
“creo que pues para poder cobrar de red eléctricas algún importe
necesitamos alguna documentación que INTECSA no facilitaba. O sea,
recuerdo varias decisiones de ese tipo”.
Don Jesús Andreu Merelles: “Estas facturas se reconvertían de euros en
metros cúbicos de saneo del denominado saneo del pino y se certificaban
cada mes, coincidiendo estrictamente las cantidades de las facturas con lo
que se ¿ratificaba? cada mes en el saneo. Este saneo no existía en la
realidad y se certificó hasta un total de un millón de euros. Para
comprobar que no existía este saneo se contrataron informes con
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profesores de geología de la Universidad de Zaragoza y se comprobó que
el terreno era natural, es decir, no había sufrido ningún tipo de alteración,
¿...? no había sido levantado y vuelto a colocar. Técnicamente la
superficie de este saneo son más de seis campos de fútbol y la
profundidad media que se dibujaba en los ¿…? Era de seis metros de
profundidad. En una zanja abierta hace unos años en este terreno se vio
un corte de unos lechos de antiguos arroyos con una estratigrafía de las
gravas más pesadas al fondo y durante treinta, cuarenta metros colocadas
las gravas menos pesadas más altas y todas en la dirección del torrente,
es decir, era un torrente del cretácico de hace millones de años, no había
sufrido ningún tipo de proceso de alteración derivado de un saneo. Nos
hacían ver que no solo la UTE había pagado obras en edificios y viviendas
de particulares ligados al anterior gerente, sino que esos pagos se habían
realizado por el propio PLAZA mediante su conversión en obras
inexistentes”.
Abuso del procedimiento negociado sin publicidad con informe e incluso
sin informe, que llevó a la concentración de los contratos de urbanización
entre PLAZA y la sociedad UTE Plaza (UTE ya citada anteriormente en
alguna transcripción constituida por Acciona y MLN) o a los de edificación
con empresas del grupo CODESPORT. (El listado de informes y contratos
señalado en el segundo párrafo de este mismo apartado II de los
antecedentes resulta muy descriptivo). Don Ignacio Sarría Santamera,
director jurídico de PLAZA, S.A. sobre el hecho de que la UTE resultara
siempre adjudicataria: “No, a mí me parecía algo extraño, quiero decir,
que siempre fuera la misma”; o don Guillermo Montaner Frutos, arquitecto:
“Me parece, que se haya hecho así digamos, me parece irregular,
fundamentalmente (…) No me parece desde luego que haya una
necesidad manifiesta técnicamente para que se haya hecho así”; o don
Chabier Mayayo Artigas: “Es conocido. No solo a mí, sino a todos los
compañeros que trabajábamos, y yo creo que a las demás empresas
constructoras y al que entienda un poco de esto”. (…) “Sí, sí. Al principio,
pues las primeras adjudicaciones..., bueno, es que no eran adjudicaciones,
eran continuidad del mismo contrato. Entonces, al principio, pues creaba
un poco de extrañeza, pero al final se tenía como algo lógico, como algo
asumido”. (…) “Porque continuamente se nos renovaban los modificados,
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se daban las obras, todas las obras que contenían —digamos— al
perímetro de Plaza pues se las adjudicaba la UTE”.
Contratos y encargos verbales a pesar de sus cuantías millonarias, como
el caso de la prórroga verbal de la dirección técnica desde 2005, tal y
como se manifiesta al releer la transcripción de la comparecencia de don
Ignacio Sarría Santamera: “El señor diputado TORRES MILLERA: ¿Y cree
usted posible que el hecho de que INTECSA e INARSA continuase sine die
haciendo esa asistencia a la dirección técnica fuera simplemente por
acuerdos verbales? El señor ex director jurídico de Plaza (SARRÍA
SANTAMERA): Creo que sí. Eso es lo que se nos ha informado”.
IV
Se podrían transcribir más fragmentos de las comparecencias habidas en
la Comisión (también citas de los diferentes informes citados a los que se
ha tenido acceso en la amplia documentación solicitada y remitida) para
mayor abundamiento en este Voto particular, pero creemos sinceramente
que, con los antecedentes relatados en el apartado III, es más que
suficiente para señalar responsabilidades políticas y a quién afectan éstas.
Esa es la razón esencial de la creación por el Pleno de las Cortes de
Aragón, de 13 de marzo de 2014, de una Comisión de Investigación que
estudie, analice y depure las responsabilidades políticas, si las hubiera,
sobre la organización, funcionamiento y gestión de la sociedad pública
Plaza y el desarrollo del proyecto de la Plataforma Logística de Zaragoza.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón,
por medio del presente Voto particular, propone al Pleno los siguientes
acuerdos al objeto de su incorporación al Dictamen de la Comisión de
Investigación.
17
CONCLUSIONES
1º.- Hay una más que evidente responsabilidad política en el Consejerodelegado de PLAZA, S.A. entre 2003 y 2010, don Carlos Esco Sampériz,
por su continuada acción y toma de decisiones al margen, muchas veces,
de la Gerencia y con un proceder personalísimo, basado en la opacidad y
oscurantismo y evadiendo todos los controles propios de una
administración pública. Ocultando información al propio Consejo de
Administración y a las Cortes de Aragón. No se puede olvidar que, además,
fue Secretario general técnico del Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, Viceconsejero del mismo o Director de la Oficina
de Seguimiento Estratégico del Gobierno de Aragón entre otros cargos de
designación política, y por tanto, era más que un gestor empresarial. Sus
cargos eran esencialmente políticos.
2º.- Igualmente se deben asignar responsabilidades políticas al Presidente
del Consejo de administración de PLAZA, S.A. y Consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes (1999-2007), don Javier Velasco
Rodríguez. Tiene una evidente responsabilidad política en la gestión y
resultados de la Sociedad y del Grupo. Por nombramiento y por no cumplir
la necesaria vigilancia como Presidente, ni la tutela que a su
Departamento correspondía. Por conocer la existencia, por su cargo de
miembro del Gobierno de Aragón, de los Informes de control financiero u
otros documentos y no dar cuenta al Consejo de administración y por
impedir el adecuado y deseable control político parlamentario, incluida la
denegación de información a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de
Aragón.
3º.- Don Alfonso Vicente Barra, Presidente del Consejo de Administración
y Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes entre 2007 y
2011, por no actuar con la celeridad que hubiese sido deseable para evitar
en unos casos y corregir en otros las actuaciones descritas anteriormente.
En este caso, se debe añadir la responsabilidad política por
comportamiento cuando menos inadecuado e irresponsable, debido a la
adopción de acuerdos esenciales (ampliación de capital de la Sociedad;
reconocimientos de pagos, con aplazamientos, por importe de 36’9 M€;
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modificación de poderes en junio y julio, etc.) en el funcionamiento de
PLAZA y su futuro, durante el periodo de transición hasta la formación del
nuevo Gobierno de Aragón, tras las Elecciones autonómicas de mayo de
2011.
4º.- De la misma manera incurren en responsabilidad política los
responsables del Departamento de Hacienda (Economía, Hacienda y
Empleo) del Gobierno de Aragón, a su vez consejeros de Plaza, don
Eduardo Bandrés Moliné (1999-2006) y don Alberto Larraz Vileta (20062011), por su falta de ejercicio de la función de tutela y de control
financiero de una sociedad pública.
5º.- Así mismo, don Eduardo Bandrés Moliné, (Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón entre 1999 y 2006) y
consejero de PLAZA, S.A., sociedad que tuvo una intensa relación
contractual con el Grupo CODESPORT, al que se adjudicaron, uno tras otro,
contratos de edificación en la Plataforma Logística de Zaragoza, -en
alguno de los cuales las incidencias en su construcción o los acuerdos
posteriores de recompra forman parte del quebranto económico citado por
don Jesús Andreu Merelles al inicio del apartado III de los antecedentes de
este Voto particular- lo que no impidió al Sr. Bandrés abandonar sus
cargos públicos y ser nombrado Presidente del Real Zaragoza, SAD, cuyo
accionista mayoritario es don Agapito Iglesias García, propietario del
mencionado Grupo CODESPORT. Tal actuación no constituye un ejemplo
de separación de la administración pública y de los intereses privados.
En Zaragoza, a 2 de febrero de 2015
Fdo.: Antonio Torres Millera
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