Guardar - Prensa Indígena

Índice
No. 2028 • 13 de septiembre de 2015
32
nin Ocampo
Foto portada: Le
Torres
19
REPORTE ESPECIAL
6
Una “verdad histórica” a base de intimidación
y falsedades /Marcela Turati
10
Los “sicarios”, sólo albañiles torturados
/Anabel Hernández y Steve Fisher
15
Exmilitares, los policías detenidos por la
desaparición de normalistas /Juan Veledíaz
19
La investigación oficial: un catálogo
de deficiencias /Gloria Leticia Díaz
22
Brutal revés para el guardián de Peña Nieto
/Jenaro Villamil
ESTADOS /NUEVO LEÓN
35
ANÁLISIS
38
39
40
41
43
CASO NARVARTE
28
El paquete negro y el sobre amarillo...
/Sara Pantoja
CORRUPCIÓN
32
Venganza de Estado en favor de OHL
/Jenaro Villamil
CISA / Comunicación e Información, SA de CV
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García ; Vicepresidente, Vicente Leñero ;
Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro
semanario de información y análisis
La traición que lo cambia todo
/Luciano Campos Garza
Lo que dice Nestora /Javier Sicilia
Repartición /Naranjo
Investigaciones para encubrir /Jesús Cantú
Corrupción delirante /Ernesto Villanueva
Por qué el populismo /Sabina Berman
INTERNACIONAL
44
48
EUROPA: La ruta de la muerte
/Andrés Mourenza
GUATEMALA: El actor de la ultraderecha
/Louisa Reynolds
51
VENEZUELA: Enredado en sus crisis
/Rafael Croda
CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano;
Guanajuato: Verónica Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Fe li pe Co bián;
Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla,
María Gabriela Hernández; Tabasco, Armando Guzmán; Veracruz, Noé Zavaleta
INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez;
París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel
CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Isabel Leñero, Niza Rivera Medina, Columba Vértiz de la Fuente, reporteras; Colaboradores: Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela
Leñero Franco, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco , Alberto Paredes, Raquel Tibol , Florence Toussaint; [email protected]
ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. [email protected]
DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda
SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz
ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández
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COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González
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EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez,
Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega
REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila,
Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Rodrigo Vera,
Rosalia Vergara, Jenaro Villamil
DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra
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Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo
AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez
ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise
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Leoncio Rosales
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González, Patricia Posadas
DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila,
Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro
68
28
44
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ENSAYO
54
58
64
El embate transgénico contra los derechos
culturales (segunda y última parte)
/Jorge Sánchez Cordero
TELEVISIÓN: Narcoviolencia
/Florence Toussaint
ESPECTÁCULOS
68
CULTURA
La nueva Secretaría: en la polémica
/Judith Amador Tello
Germán Valdés “Tin Tan”, un centenario olvidado
/Roberto Ponce
DEPORTES
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Páginas de crítica
FUTBOL: Ambiciosos planes para la marca
Chicharito /Yetlaneci Alcaraz
75
LUCHA: Desgarrón en el ring /Beatriz Pereyra
77
ADMINISTRACIÓN: La Magdalena Mixhuca,
arrasada y rasurada de árboles /Raúl Ochoa
TEATRO: Marx en el Soho
/Estela Leñero Franco
81
Palabra de Lector
CINE: Dólares de arena
/Javier Betancourt
82
Mono Sapiens /Mentiras históricas, verdades
legendarias /Helguera y Hernández
ARTE: Septiembre, mes del fotoperiodismo
/Blanca González Rosas
MÚSICA: Jorge Federico Osorio, 50 años
de vida artística /Raúl Díaz
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Norma Velázquez. Tel. 56362059. Karina Valle. Circulación: Mauricio Ramírez. Tel. 5636-2064. Pascual
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Número ISSN: 1665-9309
AÑO 38, No. 2028, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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Octavio Gómez
La pira en Cocula. Ahí no fue
Una “verdad histórica” a base
de
y
intimidación
falsedades
REP ORTE ES P E C IA L
MARCELA TURATI
E
l gobierno federal hizo cuadrar
los hechos que la Procuraduría
General de la República (PGR)
presentó como la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y
borró evidencias que incriminaban a instancias federales en la desaparición de los 43 normalistas.
Se usaron maniobras como amenazar
a testigos clave para que se retractaran de
lo dicho inicialmente a Proceso, falseamiento de bitácoras oficiales y manipulación de estudios científicos contenidos en
los peritajes.
Datos recabados para esta investigación dan cuenta de que distintas dependencias estatales y federales también entregaron a periodistas información oficial
falseada o mutilada, cuando no pudieron
evadir las leyes de transparencia. Además
hubo un intento del Ejército por quedarse con el video que implica a personal del
27 Batallón de Infantería en los hechos de
Iguala.
Estos datos son independientes al Informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que entre otras cosas encontró:
uso generalizado de tortura a los presuntos perpetradores (cuyas versiones de los
hechos no concuerdan); borrado de los expedientes de uno de los autobuses atacados esa noche y destrucción de un video
con imágenes de ese camión; así también
las diligencias no hechas o realizadas hasta que el grupo lo sugirió: toma de declaraciones de importantes testigos, peritajes a
los autobuses o estudio de las ropas halladas en esos vehículos, entre otras.
Dos testigos a quienes la PGR silenció
fueron los empleados del servicio de limpia del municipio de Cocula, Rosí Millán
y Wenceslao Rifas, tripulantes del camión
recolector que lleva la basura al tiradero
municipal donde supuestamente incineraron a los normalistas. Su testimonio apareció en la página de internet de Proceso
el 29 de octubre del año pasado; afirmaron
que aproximadamente el día 23 –una semana antes de que la PGR anunciara que
los 43 podrían haber sido cremados ahí–,
militares les impidieron el paso argumentando razones de seguridad.
“Dijeron: ‘Procuren no venir aquí, porque tarde o temprano puede haber un tiroteo’… y no vaya a ser la de malas, mejor
ya no subimos”, dijo Millán esa vez. Hasta ese momento no habían sido citados a
declarar.
Ambos aseguraron que siguieron usando el tiradero desde el día de la supuesta
quema de los 43 y durante casi un mes, y
nunca se percataron de que en ese lugar
hubiera habido algún hecho extraordinario. Parte de su trabajo consistía en vigilar
de lejos el basurero para detectar cualquier
humo. Millán insistía en que la noche del
26 de septiembre no hubo fuego; llovía y él
no vio humareda alguna.
Sin embargo, en la conferencia de enero de este año, en la cual la PGR presentó
su “verdad histórica” sobre el destino de los
normalistas, el entonces procurador Jesús
Murillo Karam mencionó un testimonio de
los recolectores de basura opuesto a esa
primera versión: en esta, los dos empleados municipales habrían dicho que narcotraficantes les impidieron el paso y que por
miedo habían dejado de usar el basurero.
Esta reportera visitó varias veces Cocula para reconfirmar esa nueva versión. Una
vez la casa de los Millán estaba cerrada;
una segunda vez, la familia entera mintió
y negó que Rosí estuviera ahí. Su madre y
hermanos se notaban asustados. Él estaba
escondido. Cuando se decidió a salir, temblaba. Antes de negarse a dar la entrevista dijo: “No voy a hablar, porque luego me
acusan de mentiroso”.
Su miedo tiene explicación: el 2 de noviembre, cuatro días después de la publicación de su testimonio, personal de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trasladó al Distrito Federal a los dos
empleados municipales y los sometió a dos
días de interrogatorios sin darles comida.
Les preguntaron los hechos, les mostraron un ejemplar de la revista Proceso
y los amenazaron. Una persona cercana
a ellos revela que en la SEIDO les dijeron
que “si no recordaban” y “si no dejaban de
decir mentiras” iban a terminar presos en
Nayarit con los funcionarios y delincuentes de Guerreros Unidos.
Entonces declararon lo contrario. Este
dato fue confirmado por dos fuentes.
A ambos les hicieron firmar papeles cuyo contenido desconocían. Wences
–ayudante de Rosí– no sabe leer. Cuando
fue entrevistado por un grupo de reporteros este año, seguía sosteniendo que en el
La “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, presentada el pasado enero
por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, y que concluye que
los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero de Cocula, se
armó al vapor y basándose en párrafos de literatura científica sacados
de contexto. Está llena de datos falsos, salpicada de omisiones y suposiciones. Y cuando los testimonios y los estudios serios empiezan a
demoler las increíbles hipótesis de la PGR, o cuando algunos indicios
apuntan hacia el ámbito militar, se recurre a las amenazas y al hostigamiento de testigos.
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Octavio Gómez
Rumbo al basurero. Escenario
basurero no hubo incineración. De los militares nada dijo.
Ese no fue el único operativo para silenciar testigos o borrar evidencias.
También la Sedena
Tras darse a conocer el Informe Ayotzinapa, donde se mencionan los documentos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les entregó a los expertos del
GIEI, queda al descubierto que la dependencia respondió a las solicitudes de información pública con informes mutilados o datos falsos.
En su edición 2003 de este semanario
se publicaron las bitácoras del Ejército sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre
en Iguala. Desde ahí se evidenciaban varios errores: uno de ellos fue el borrado de
los croquis de la escena del crimen de un
quinto camión tomado por los normalistas y que –confirmó la investigación del
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GIEI– fue borrado de todas las diligencias
ministeriales de la PGR y pudo haber sido
la causa del feroz ataque contra los estudiantes pues podría haber estado cargado
de heroína.
Uno de los croquis entregados por el
Ejército (folio 22638) a Proceso describía la
escena del crimen donde perdieron la vida los jugadores de futbol Los Avispones,
pero omitía el quinto autobús, que estaría a pocos metros en la misma carretera.
El croquis anexo describía la posición de
dos autobuses atacados en la calle Juan N.
Álvarez y la ubicación de los estudiantes
asesinados. Omitía otro autobús.
También el reporte sobre el normalista Julio César Mondragón, encontrado por
el Ejército muerto y torturado, tenía datos
falsos, como el lugar de su hallazgo.
Los reportes del personal de Inteligencia Militar que testificó cómo los normalistas eran atacados tampoco fueron entregados.
Desde que se recibió esa información
se metió un recurso de inconformidad ante la Sedena por la información falseada e
incompleta que había entregado y porque
no aparecían otros elementos que se sabía que existían, como las fotografías tomadas por los militares a los estudiantes
que encontraron escondidos en el Hospital Cristina la noche del 26 de septiembre.
Según los normalistas, en ese encuentro fueron amenazados por la patrulla comandada por el capitán José Martínez Crespo. Ese encuentro en el Hospital
Cristina fue la evidencia de que los militares estuvieron informados de los ataques
y no hicieron nada para ayudar a los estudiantes. Los militares se cercioraron de
que no quedara evidencia.
En octubre, en entrevista realizada por
esta reportera, el médico Ricardo Herrera, director de dicho hospital, informó que
días antes personal del Ejército se había
presentado a pedirle los videos de las cá-
maras de seguridad de su clínica. Según
su testimonio, su cámara estaba descompuesta y no grabó nada.
En la entrevista publicada el 11 de octubre en este semanario (Proceso 1980) él
defendió la actuación de los militares y el
buen trato que le dieron a los estudiantes.
El Informe Ayotzinapa del GIEI revela
que antes de rendir su declaración judicial, ese médico había sido invitado a la
sede del 27 Batallón por el general Alejandro Saavedra, entonces comandante de
la 35 Zona Militar, de Chilpancingo, y responsable del cuartel de Iguala. No se sabe
de qué hablaron.
“El médico fue llamado, según sus palabras, por los militares debido ‘a que el
general Saavedra quería que platicara con
unas personas de justicia militar y me dijo que si nos veíamos en el hospital o en
el 27 Batallón. Yo fui al Batallón 27. El capitán Crespo pide que no lo anoten en el
libro de entrada porque es invitado de mi
general. Después lo llamó el mayor T y le
dijo que la primera declaración había sido
informal y que le iba a tomar otra, así que
esa sí la firmé y le puse la huella”, se lee en
el pie de página 196 del informe.
Las bitácoras del C-4 (Centro de Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo)
obtenidas y publicadas por Anabel Hernández y Steve Fisher (Proceso 2027) también muestran que la información fue mutilada y dista de la que ese mismo órgano
entregó a los expertos del GIEI.
Los expertos mencionaron que la noche del 26 la Sedena tomó el control del
C-4 y dejó de transmitir información.
Ciencia a conveniencia
Personal de la PGR también manipuló
los peritajes realizados en el basurero de
Cocula para que cuadraran con la versión
presentada por Murillo Karam.
Ya antes el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), coadyuvante del caso por parte de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, había señalado que
no había evidencia que ligara al basurero de
Cocula con el pedazo de hueso recuperado
del río San Juan, con el que se identificó al
normalista Alexander Mora Venancio y cuyo hallazgo sustentaba la versión de Murillo
sobre la incineración de los 43.
Los expertos argentinos, inconformes
con la versión oficial, informaron que no
tenían certeza de dónde fue obtenido el
hueso de Alexander, por la falta de la cadena de custodia que certificara su origen
y las manos por las cuales había pasado.
También denunciaron que la PGR había
compilado evidencias sin avisarles.
El pasado 11 de septiembre el equipo
de Aristegui Noticias informó que la PGR
“tergiversó investigaciones científicas”
para afirmar que el incendio en el basu-
R EPORT E ESPECIA L
rero de Cocula llegó a mil 600 grados centígrados, suficientes para incinerar los
cuerpos de los 43 estudiantes, y que para
tal efecto usó el estudio Valoración energética de neumáticos fuera de uso, del académico Olegario Martínez Morán, del Departamento de Química y Física Aplicadas de la
Universidad de León, España.
El equipo de Aristegui demostró que la
dependencia usó sólo dos párrafos de ese
estudio para armar su “verdad histórica”
y los sacó de contexto, pues dicho investigador concluye que tal temperatura sólo
se puede alcanzar bajo condiciones industriales o controladas en un laboratorio.
No es el único caso de manipulación.
El peritaje al basurero contiene ejemplos
similares.
Aunque la PGR informó que la detención el 16 de octubre del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, aportó
pistas para concluir que los estudiantes
habían sido asesinados en el basurero e
incinerados, uno de sus oficios (el número 82867) menciona que desde el día 14
ya se había solicitado personal para que
acudiera a inspeccionar el basurero. Dos
semanas antes de que Murillo Karam lo
anunciara a los medios.
En los peritajes a los que este semanario tuvo acceso se lee cómo se fue engarzando “la verdad histórica”. De cada hallazgo, fuera un hueso, una lata de aluminio
quemada, un casquillo percutido, una roca
fragmentada, se sacó como conclusión que
el asesinato y la incineración de los estudiantes sí podían haber ocurrido, aunque
no parece haber elementos científicos que
concatenaran esos hallazgos.
Muestra de ello es el folio 78362 que,
después de mencionar que en el basurero
se encontraron casquillos, concluye el peritaje balístico con la siguiente afirmación:
“Se analizaron elementos balísticos en elementos de distintos calibres, por lo que se
determina que en alto grado de probabilidad una de las formas de privar la vida (en
el basurero) era usado armas de fuego”.
Mediante cálculos matemáticos, y con
policías que servían como modelos, mezclados con literatura médica se estableció cuántos estudiantes cabían en una camioneta Ford F 350 Super Duty, como la
que la PGR presentó, y cuántos deberían
de haberse asfixiado en el camino, según
el peso de otros estudiantes que llevaban
encima.
Se dejaron de lado los datos recabados
que hacían que la verdad presentada por
Murillo no coincidiera.
Un ejemplo: un fragmento del folio
82967 de la Coordinación General de Servicios Criminales en el que se lee: “(en) la
planicie del tiradero de basura, se localizaron múltiples casquillos de calibre .223”
(equivalente al calibre 5.56 mm.) lo que indica que en esta zona se realizaron dispa2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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Benjamín Flores
Octavio Gómez
ros con armas de este calibre, sin embargo
algunos de estos indicios se encontraban
con restos de óxido o semienterrados en
la superficie, lo que implica que probablemente no podrían ser compatibles con los
hechos que nos atañen”.
En los peritajes se mencionaba que las
osamentas encontradas, los casquillos,
las llantas podrían haber correspondido a
otros eventos. Eso no se mencionó en la
versión de la PGR.
Un ejemplo es el folio 82867 en el que
un perito no identificado mencionó que
los restos de llantas encontrados ahí estaban oxidados, por lo que podrían haber sido quemadas antes de los hechos
de Iguala.
En este se describe: “Se encontraron
28 fragmentos y/o anillos metálicos de los
utilizados para la composición de neumáticos, que en su mayoría se encontraban
en la periferia del lugar, por oxidación (herrumbre), mismos que no corresponden a
este daño con el lugar en donde se encontraba, por lo que se infiere que estos fueron depositados después del hecho. Debido
a esto sólo se identifican en el croquis para referencia de la cantidad posible de neumáticos, debido a que se desconoce el origen de donde fueron retirados”.
El basurero –según quedó asentado
en un acta ministerial– fue protegido por
personal militar y policías ministeriales
federales.
Aunque se solicitó al Instituto de Biología de la UNAM el estudio de las plantas
existentes en el basurero, con el que colaboró para sustentar la versión de la PGR,
éste respondió que era confidencial.
Con maniobras como estas se fue armando la “verdad histórica”. O
“Pruebas”. Todo en duda
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Los “sicarios”, sólo albañiles
torturados
Los resultados de la investigación de los expertos de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –la
cual echa por tierra la existencia de la pira funeraria
masiva– no es el único golpe a la versión de la PGR
sobre el caso Ayotzinapa. Ahora hay otro torpedo disparado a la línea de flotación de la “verdad histórica”
del exprocurador Jesús Murillo Karam: las confesiones
de los supuestos sicarios que hablaron de la quema en
un basurero de Cocula de los cuerpos de los normalistas… Fue obtenida mediante el recurso de torturar a
cuatro albañiles.
REP ORTE ES P E C IA L
dos y no cuatro, como decía la PGR; y que
los estudiantes fueron monitoreados en
todo momento por los gobiernos federal
y estatal. El GIEI confirmó esto en su investigación.
Para el presente reportaje se entrevistó a las familias de tres de los albañiles con quienes la PGR fabricó su “verdad
histórica”.
Fabricada a golpes
Murillo Karam. El cansado
ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
S
egún el gobierno federal, uno
de los principales operadores
del grupo criminal Guerreros
Unidos en Cocula, Guerrero, es
Patricio Reyes Landa Salgado.
La realidad es que se trata de
un albañil tan pobre que su familia recibe
fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En noviembre de 2014 este hombre fue
señalado por la Procuraduría General de la
República (PGR), junto con otros tres trabajadores de la construcción, como responsable del asesinato y cremación de los 43
normalistas de Ayotzinapa –secuestrados
en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de
ese año– en el basurero del cercano municipio de Cocula.
Para cerrar el caso, el pasado 27 de enero el entonces procurador general, Jesús
Murillo Karam, presentó a Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes
y Felipe Rodríguez Salgado como las piezas
que resolvían todo. Afirmó que ellos habían
confesado el asesinato e incineración de los
estudiantes, y agregó que todas las pruebas
científicas apuntalaban las confesiones.
Pero el sábado 5, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que en realidad
tal cremación nunca ocurrió.
Ahora se sabe, por el examen médico
practicado en la PGR a Rodríguez Salgado
y los testimonios de sus familiares, que los
albañiles fueron torturados. En sus conclusiones, el GIEI, basado en un peritaje forense independiente, concuerda: quienes
“confesaron” el asesinato y cremación de
estudiantes fueron coaccionados mediante tortura.
La PGR afirmó en noviembre de 2014
que Reyes Landa, Osorio y García Reyes
confesaron haber triturado los restos de
los estudiantes y haber metido sus cenizas
en bolsas que dejaron o vertieron en el río
San Juan.
En realidad ninguno de ellos declaró
eso. Según lo prueban sus declaraciones ministeriales –de las cuales se tiene copia–, ese
argumento fue inventado por la PGR.
Desde diciembre pasado los autores de
este reportaje –en colaboración con Proceso y el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en
Berkeley– revelaron la participación del
Ejército y la Policía Federal en los ataques
contra los normalistas el 26 de septiembre
(La verdadera noche de Iguala, Proceso 1989);
que fueron cinco los autobuses involucra-
“Treinta y nueve confesiones de los policías, hasta los que actuaron materialmente; 487 peritajes; 386 declaraciones; 153
inspecciones ministeriales; todas vinculadas y consistentes para ratificar los hechos
aquí señalados. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación
permitieron realizar un análisis lógico causal y llegar sin lugar a dudas a concluir que
los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en ese
orden. Esta es la verdad histórica de los hechos”, afirmó el entonces procurador Jesús
Murillo Karam el pasado 27 de enero, en
una conferencia de prensa en la cual prácticamente dio por cerrado el caso.
Ese día la PGR presentó los testimonios videograbados de Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado. Los
videos, sin embargo, nada tienen que ver
con el contenido de las declaraciones ministeriales que rindieron aquéllos y de las
cuales se obtuvo copia. Además, los testimonios rendidos ante el Ministerio Público tienen contradicciones y diferencias
sustanciales entre sí.
Rodríguez Salgado grabó un video para la PGR, pero nunca hizo una declaración ministerial, explica uno de los abogados involucrados en el caso y consultado
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Benjamín Flores
“Ejecutores”. Tinglado
para esta investigación. Agrega que Felipe
fue ingresado el 18 de enero al penal El Altiplano y según los documentos obtenidos
en un juzgado de procesos penales federales en Tamaulipas, se reservó el derecho
a declarar. Añade que lo dicho en el video
no tiene validez legal.
“El 26 de septiembre recibí una llamada
como a las once de la noche del tal mentado Cepillo o El Terco, que le dicen (corte de
video)… él me hizo esa llamada a las once de la noche, que me alistara con los chavos”, dice Patricio en el video presentado el
27 de enero por Murillo Karam. Pero en los
testimonios formales, todos los acusados
hablan de horas distintas del momento en
el cual se les habría ordenado agruparse.
En su declaración ministerial, Jonathan
afirmó que se reunieron a las 20:30 horas;
él fue con Patricio, Agustín y otros cinco en
una camioneta Nissan. Reyes Landa dijo
que se reunieron a las 23:30 horas y Felipe
pasó por él en esa camioneta, con personas
distintas a las nombradas por Jonathan.
Agustín, sin mencionar una fecha, dice que
pasaron por él a las tres de la mañana.
“Y ahí donde está la entrada de Iguala hay un lugar que se llama Loma de Coyote. Nos metimos y ya nos estaba esperando una camioneta de municipales de
Iguala”, dijo Patricio en el video.
En un testimonio videograbado en enero de 2015, Rodríguez Salgado dice que los
policías le entregaron a los estudiantes;
que después encontró a Patricio en el camino. Jonathan y Agustín, en sus declaraciones, aunque aseguran que iban con Patricio,
nunca hablan de los policías municipales.
En su declaración ministerial Agustín afirmó que transportaron a cuatro de
los estudiantes en una camioneta Nissan
Estaquitas y que todos estaban vivos. Jonathan y Patricio, refiriéndose a esos mismos cuatro, dijeron que uno estaba muerto, con una herida en la cabeza.
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Jonathan afirma que a las 22:00 o 22:15
horas llevaron a los estudiantes al basurero; sin embargo, a esa hora apenas estaban
ocurriendo los ataques en Iguala y aún no
habían sido secuestrados los normalistas.
Según esa misma supuesta confesión,
Jonathan señala que a los estudiantes los
dividieron en grupos para matarlos y que
a uno de ellos, apodado Cochiloco, y a otro
los asesinaron por separado.
Agustín dijo que a varios los amontonaron, incluyendo al Cochiloco, y los ejecutaron a tiros; a otros los hicieron caminar hasta el fondo del basurero y ahí
los mataron a golpes. Jonathan dijo
que a todos los asesinaron en la parte
superior del basurero y luego los lanzaron desde ahí hasta el fondo.
De acuerdo con la inspección
del GIEI, por la profundidad y declive del terreno era imposible aventar
los cuerpos desde arriba: “Dado que
la pendiente del basurero habría frenado la caída”.
Agustín y Jonathan firmaron la
confesión donde dicen que recogieron las cenizas el 27 de septiembre
y las tiraron al río San Juan, pero según la declaración de Patricio, eso
ocurrió el día 28. De acuerdo con
Agustín, tiraron las bolsas directamente al río, pero según Jonathan,
estando en la casa de Patricio llegó
Felipe con tres personas más “que
llevaban cuatro costales negros de
ceniza, la cual fueron a tirar al río”.
El 7 de noviembre de 2014, cuando la PGR dijo por primera vez que
los estudiantes habían sido cremados, Murillo Karam afirmó que Jonathan, Agustín y Patricio habían
confesado haber triturado los restos carbonizados:
Pero ninguno de los detenidos dijo ante el Ministerio Pú-
blico haber triturado los huesos ni haber
vaciado o tirado completas las bolsas de
ceniza.
El GIEI analizó los dictámenes médicos practicados a 80 detenidos por la PGR
entre octubre y diciembre de 2014, relacionados con el caso: policías municipales de
Iguala y Cocula y presuntos miembros de
Guerreros Unidos. De ellos, 77% presentaba lesiones.
“El análisis en conjunto de las lesiones existentes permite constatar que
los detenidos mostraban muy frecuentemente cuadros de policontusión con
lesiones traumáticas de distinta intensidad y localización”, señala el informe
elaborado por el doctor Francisco Etxeberria Gabilondo, especialista en medicina legal y forense, incluido en los resultados del GIEI.
De acuerdo con el análisis de Etxeberria, Patricio presentó 72 lesiones; Agustín,
42; Jonathan, 94. Según el peritaje médico
–del cual se tiene copia– practicado por la
PGR a Felipe Rodríguez Salgado el 17 de enero de 2015, un día después de su detención,
su cuerpo presentaba al menos 60 lesiones.
“Vamos a ir por toda tu familia”
La señora Eliodora es madre de Patricio Reyes Landa, de 25 años. Desde que él estaba en primaria, recibe beneficios del Programa Oportunidades de la Sedesol, pues
viven en extrema pobreza.
REP ORTE ES P E C IA L
Hace 22 años habita con su familia en
un jacal prestado por uno de sus hermanos. Hasta hace poco el suelo era de tierra,
pero logró ponerle piso de cemento gracias a otro programa de la Sedesol.
Patricio logró acomodarse con su familia en un cuarto de techo de lámina.
Él y su familia también han sobrevivido
con recursos del Programa Oportunidades
(ahora llamado Prospera).
Durante años han sido beneficiarios.
Para esta investigación se obtuvo el nombre y número de titular o beneficiario y se
pudo confirmar en el padrón actualizado
hasta septiembre de 2015 que, efectivamente, la madre y la esposa de Patricio reciben beneficios de la Sedesol.
Pero la PGR acusa a Patricio de ser jefe de halcones de Guerreros Unidos, organización criminal con importantes operaciones de narcotráfico.
La esposa de Patricio, cuyo nombre se
mantiene en reserva, afirma que su cónyuge no es la persona que ha inventado la
PGR. Llevan casados siete años y, asegura,
nunca vio nada raro en él ni en sus amistades. Y nunca tenía dinero.
Patricio es ayudante de albañil y a veces laboraba con el suegro de Felipe Rodríguez Salgado. Cuando no había trabajo en
la construcción, arreaba ganado en rancherías de los alrededores.
“Como no había trabajo aquí, vino una
maestra, vecina de aquí, y le dijo que si no
podía ir a plantarle unos postes a Apetlanca. Se fue y cada ocho días venía a dejarnos dinero”, señala su esposa.
Afirma que el jueves 25 de septiembre llegó a Cocula a descansar. Un día después estuvieron juntos y fueron a cenar a
la casa de una hermana de él, como a las
siete y media de la noche; a las 11 salieron de ahí porque “ya estaba feo, ya iba a
caer el agua”. Llegaron a su casa y ya no
salieron.
Al día siguiente Patricio fue a hacer un
colado en una gasolinería, y luego se quedó toda la tarde en su casa, con su familia,
hasta el domingo 28, cuando regresó a trabajar a Apetlanca.
Agentes de la PGR irrumpieron el 20 de
octubre en la casa de la madre de Patricio
en busca de armas. Dijeron que el albañil
era miembro de Guerreros Unidos y había
participado en el ataque a los estudiantes.
“¿De dónde? Yo nunca lo vi en malos pasos y nunca tuvimos dinero, ni buena casa”, dice su esposa. Cuando se fueron los
agentes de la PGR, ella le telefoneó para
reclamarle, pero él le aseguró que no tuvo nada que ver.
Las autoridades federales detuvieron
a Patricio el 26 de octubre como a las nueve de la mañana en la casa de la maestra Yesenia Delgado, en Apetlanca. Según
contó él a su familia, lo metieron al baño y ahí lo golpearon. Luego lo llevaron
al cerro, junto con Jonathan, quien también estaba trabajando ahí como albañil.
Le vendaron los ojos y durante cuatro horas lo golpearon, le pusieron una bolsa en
la cabeza hasta casi matarlo de asfixia, le
echaron agua y le dieron toques eléctricos
en el paladar, testículos y recto.
“Le dijeron que si no se entregaba, de
Dictámenes oficiales.
todas maneras ya nos tenían a no“Presenta lesiones”
sotras tres y que lo que le estaban
haciendo a él nos lo iban a hacer a
nosotras, que hasta a las niñas las
iban a… Dice él que le estaban diciendo que tenía que hablar cosas
que él no había hecho. Él se negaba
y le pegaban más. ‘Tú vas a decir lo
que nosotros te vamos a decir, no
lo que tú quieras’. Que si no declaraba lo que los policías decían, iban
a venir por toda su familia”, cuenta su esposa.
Lo visitó en la PGR el día siguiente y sólo 10 minutos. Dice que cuando lo vio, él no llevaba su ropa sino
otra, porque la suya quedó llena de
sangre. Ahí conoció a la mamá de Jonathan. “Dice que su hijo le platicó
que le ponían dinero en la mesa para
que declarara todo lo que los policías
le decían. (…) Le decían que si aceptaba el dinero y declaraba, lo iban a dejar libre; pero Jonathan dijo que no,
porque no había hecho nada”.
A Patricio no lo llevaron inmediatamente a la cárcel; la PGR lo tuvo
arraigado 80 días. El 3 de noviembre hizo su declaración ministerial y en ella
denunció la tortura: “Es mi deseo declarar
(que) es mentira como dicen que nos agarraron. Se metieron a la casa y me empezaron a golpear y a patear, me subieron al vehículo, me vendaron de ojos, pies y manos
y me empezaron a volver a golpear y dar
toques y me pusieron un trapo en las narices, echándome agua y toques adentro de
la boca y en los testículos. Me ponían una
bolsa en la cara para no respirar, así se pasaron varias horas”.
“Con esos pendejos vamos a tapar
el caso”
Jonathan Osorio, de 20 años, era ayudante
de albañil y taquero en la Ciudad de México, donde tiene familiares. La señora Elena,
su madre, señala que cuando no había trabajo, limpiaba maíz o ponía fertilizante. Iba
y venía de la Ciudad de México por temporadas. Como otras familias de Cocula, ella
también necesitó mucho tiempo del Programa Oportunidades para sobrevivir.
Jonathan llevaba algunos meses en Cocula y cuando la maestra Delgado le ofreció trabajo en Apetlanca para poner postes
para una cerca, aceptó. Ahí se encontró con
Patricio, a quien sólo conocía de vista. Ahora la PGR lo acusa de ser halcón de Guerreros Unidos.
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Felipe
Felipe, de 25 años, laboraba con el papá de
Diana, su esposa, una maestra de secun-
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JUAN VELEDÍAZ
F
elipe Flores Velázquez tenía
las puertas abiertas en las
instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala,
Guerrero. Solía contar a sus
allegados que fue parte del
destacamento de esa unidad durante
varios años. Ahí, decía, tomó su Curso
de Adiestramiento Básico Individual
(CABI), considerado de primer nivel en
el aprendizaje castrense para el uso de
armamento, conocimiento de los servicios e importancia de la información
en operaciones militares.
Flores Velázquez fue soldado en ese
batallón desde 1981. En febrero de 1988
ascendió a cabo, pero meses después, en
julio de 1989, desertó, según el extracto
de su memorial de servicios entregado a
Proceso por la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) con base en la Ley de
Trasparencia.
En septiembre de 2014, Flores Velázquez era el jefe de la Policía Municipal de Iguala, cuando los estudiantes
PGR
Le contó a su madre que a él y a Patricio los detuvieron a las nueve de la mañana personas vestidas de civil; los golpearon y torturaron. “Los que los agarraron
dicen que los golpes eran porque se echaron a correr, que por eso iban golpeados”.
Pero la historia es distinta.
Su hijo le contó que le amarraron las
manos y lo asfixiaban con una bolsa de
plástico; que perdió el sentido tres veces.
Le echaron agua fría y hielo para reanimarlo. También le dieron toques eléctricos. “A él
le salieron costras en sus testículos; al otro
muchacho hasta le pusieron la pistola dentro de la boca”, narra la señora Elena.
“Cuando los subieron al helicóptero para trasladarlos, les decían que si aventaban
a uno, nadie se iba a dar cuenta”. En el helicóptero escuchó decir a alguien: “Con estos
pendejos vamos a tapar el caso.”
“Pude ver a mi hijo al otro día que lo
detuvieron. (…) Apenas lo pude ver cinco
minutos, le vi un golpe en su cara del lado
izquierdo y le pregunté: ‘¿Te pegaron?’ Sólo me dijo: ‘No te preocupes, mamá’”.
La mujer fue en diciembre a levantar
una queja ante la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos. El día que estaba aprobada su visita al centro de arraigo, enviaron a Jonathan al Centro Federal
de Readaptación Social de Tepic, Nayarit.
No fue sino hasta los pasados martes 1 y
miércoles 2 cuando le aplicaron el Protocolo de Estambul.
Pocos días después de su arresto, las
autoridades llevaron a Jonathan en un helicóptero al basurero de Cocula, donde la
PGR grabó el video que luego Murillo Karam
mostró en su conferencia del 7 de noviembre. Asegura que ahí le indicaron todo lo
que tenía que hacer y decir antes de grabar.
daria; cuando no había trabajo en la construcción, pastoreaba vacas y chivos.
Diana trabaja fuera de Cocula. Dice
que llegó a su casa el viernes 26 de septiembre a las dos de la tarde. Felipe estaba
en casa de su abuela, donde viven su mamá y sus tíos. Esa noche él la llevó a cenar a las 21:30 horas a un puesto de antojitos, a unos pasos de su casa. Según la PGR,
a esa hora Felipe encabezaba la ejecución
de los normalistas.
De regreso, Felipe se quedó en la calle
tomando una cerveza con un amigo y luego entró a su casa. Ahí pasó toda la noche
con su esposa. Ella dice que el 27 de septiembre pasaron todo el día en casa de la
abuela de él. El domingo 28 ella se fue a
su trabajo.
En octubre le dijo que estaba desesperado por no encontrar trabajo y que se iba
a ir a Estados Unidos con sus hermanos.
Y lo intentó el 20 de octubre. Una semana
después llegó la policía a su casa; él estaba en Caborca, Sonora. Diana le telefoneó
para reclamarle la visita de las autoridades. “¿Por eso te fuiste, verdad?” Le aseguró que no. Durante varias semanas no supo de él.
Felipe cruzó la frontera pero se quedó
varado en el desierto. Ya había una orden
de aprehensión en su contra. Las autoridades migratorias lo detuvieron. Él dio su
nombre, le tomaron fotos y lo deportaron.
Hizo contacto con su esposa y volvió
a su casa el 11 de enero de 2015. Se vieron
apenas unas horas y ella se fue a su trabajo. Diana afirma que lo detuvieron el 14 de
enero en Cocula. La PGR dice que fue capturado el día 15 en el estado de Morelos.
Ella no lo pudo visitar hasta el 17 de enero
y lo vio muy lastimado y con ropa que no
era la suya, pero él no quiso decirle lo que
pasó. Pero a su mamá sí le contó sobre la
tortura que padeció.
Cuando ingresó al penal de máxima
seguridad El Altiplano, en el Estado de México –donde aún está preso–, Felipe presentó una denuncia contra quienes lo detuvieron, torturaron y obligaron a grabar
el video de su supuesta confesión. En su
denuncia sostiene que durante varias semanas fue presionado por funcionarios
para declararse culpable, pero no cedió.
Su esposa muestra las más de 30 cartas que vecinos de Cocula han escrito sobre Felipe y que ya fueron enviadas al juzgado de Tamaulipas donde se lleva su caso.
Al azar se buscó vía telefónica al firmante
de una de esas cartas. Confirma que conoce a Felipe porque llevan tres años jugando juntos en el equipo de futbol San Francisco. Dice que no es violento y jamás lo vio
armado o en actitud sospechosa.
Ni él ni los otros acusados de la incineración en el basurero de Cocula han ratificado ante un juez la declaración vertida en la PGR. O
REP ORTE ES P E C IA L
Documentos de la Sedena obtenidos por este semanario mediante la Ley de
Transparencia señalan que 14 de los expolicías de Iguala y Cocula detenidos
por su presunta participación en el “operativo coordinado” contra los estudiantes de Ayotzinapa –como lo califica el Grupo Interdisciplinario de Especialistas
Independientes– tenían formación castrense. Más todavía: según los radiogramas y mensajes internos del Ejército, las acciones del 26 de septiembre fueron
monitoreadas por el Grupo de Análisis de Orden Interno de la 35 Zona Militar
de Chilpancingo. Estos datos y antecedentes sugieren que la noche del 26 y
la madrugada del 27 de septiembre de 2014 operó un brazo paramilitar en la
desaparición de los 43 normalistas.
Exmilitares,
los policías detenidos
por la desaparición de normalistas
de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron agredidos y posteriormente desaparecieron 43 de sus compañeros. Desde entonces está prófugo.
Él es uno de los personajes clave en
la desaparición de los normalistas de
Ayotzinapa; igual que César Nava González, exsubdirector de la policía de Cocula, quien también fue soldado del mismo
cuerpo castrense, de acuerdo con los documentos de la Sedena.
Nava González se incorporó al Ejército en enero de 1996, año en que surgió
el Ejército Popular Revolucionario (EPR),
y desertó en octubre de 1999, se lee en
los documentos. Y aunque los renglones
donde se mencionan las unidades donde
prestó sus servicios están tachados, en las
fojas se puede leer que Nava González pasó de la infantería al cuerpo de transmisiones militares.
En términos castrenses, eso significa
que se “reclasificó”, lo que implica que fue
entrenado en la utilización de instrumentos de radiocomunicación; intercepción
de redes alámbricas e inalámbricas; operaciones para enlazar puestos de mando;
uso de medios ópticos, como bengalas;
paineles (señales entre fuerzas terrestres
y aéreas) y señales de brazo, aplicables en
operaciones tácticas.
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Sospechoso ascenso
de Peña Nieto al general Saavedra
MARCELA TURATI Y JUAN VELEDÍAZ
E
l general Alejandro Saavedra Hernández era comandante de la 35 Zona
Militar de Chilpancingo en septiembre de 2014. Tenía bajo su mando al
polémico 27 Batallón de Infantería de Iguala
la noche del 26 de ese mes, cuando fueron
agredidos los normalistas de Ayotzinapa.
Poco después fue ascendido a general
de división. Durante un tiempo su nombre
permaneció entre las sombras, pero ahora
comienza a salir a la luz.
De acuerdo con el informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, días después del
ataque a los estudiantes invitó al médico
Ricardo Herrera, dueño del Hospital Cristina, a tomarse “un café” en el 27 Batallón de
Infantería. El militar dejó una instrucción en
la puerta: que nadie supiera de esa visita.
El médico era testigo del comportamiento del capitán José Martínez Crespo,
que estuvo a cargo de la patrulla que salió
del 27 Batallón la noche del ataque, cuando
se encontró a los estudiantes en dicho nosocomio, y que, según los sobrevivientes,
les negó atención médica, los amenazó y
los trató como delincuentes.
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Miguel Dimayuga
Por sus antecedentes, la preparación
táctica de Nava González estaba documentada en el 27 Batallón y en la comandancia
de la 35 Zona Militar en Chilpancingo.
César Miguel Peñaloza, alcalde de Cocula, declaró en la PGR que el general Alejandro Saavedra Hernández, cuando estuvo al
frente de la comandancia en la capital del
estado, fue quien recomendó a otro militar,
Salvador Bravo Bárcenas. Éste ocupó el cargo de director de la policía municipal, y pese
al cargo no le rendía cuentas, publicó el diario La Jornada en diciembre del año pasado.
La información de la Sedena admite que, además de Flores Velázquez, Nava
González y Bravo Bárcenas, por lo menos
11 de los policías de Cocula e Iguala detenidos por su participación en el asesinato de
seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de
2014 tienen antecedentes en la milicia. Esto
implica que contaban con un nivel de adiestramiento militar.
Con excepción del prófugo Flores Velázquez, en las hojas de actuación de la
El pie de página 196 del informe refiere
que “el médico fue llamado –según sus
palabras– por los militares debido ‘a que
el general Saavedra quería que platicara
con unas personas de justicia militar, y me
dijo que si nos veíamos en el hospital o en
el 27 Batallón. Yo fui al batallón. El capitán
(Martínez) Crespo pide que no lo anoten en
el libro de entrada porque es invitado de mi
general. Después lo llamó el mayor T y le
dijo que la primera declaración había sido
informal y que le iba a tomar otra, así que
esa sí la firmé y le puse la huella”.
No se sabe de qué hablaron el militar y
el médico las dos veces que éste fue citado
en las instalaciones castrenses.
Herrera declaró a Proceso que las
cámaras de seguridad de su clínica no
funcionaban la noche del 26 de septiembre
en Iguala.
Cuando comenzaron las indagatorias
sobre los policías que presuntamente estaban al servicio de los narcotraficantes que
dominaban los municipios de Iguala y de
Cocula y fueron los atacantes más visibles
de los estudiantes, el general Saavedra fue
mencionado por el presidente municipal
de Cocula, César Peñaloza. Dijo que fue él
General Saavedra. Sobre el poder civil
quien le recomendó a los militares retirados
que han dirigido la Secretaría de Seguridad
Pública municipal.
César Nava fue uno de los orquestadores del operativo contra los estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa. Existía constancia previa de que trabajaba para el grupo
Guerreros Unidos. Bravo Bárcenas declaró
que al notar esos vínculos acusó a Nava
ante el 27 Batallón. Nunca lo sancionaron.
El batallón de Iguala toleró también
que la policía municipal igualteca tuviera
retenes en las tres entradas de la ciudad.
Hoy se sabe que en la policía de la localidad operaba un grupo de agentes de élite
al servicio de Guerreros Unidos llamado
Los Bélicos, quienes tenían armas irregulares y son señalados por la desaparición de
numerosas personas. No se tiene registro
de que el Ejército los haya sancionado.
Al contrario, los integrantes del 27
Batallón acompañaban a los actos públicos
al entonces alcalde de Iguala, José Luis
Abarca, y quien se hizo de esa policía. El
batallón es señalado por la organización
Human Rights Watch como responsable de
la desaparición de seis jóvenes en Iguala
en 2010.
En una de sus declaraciones –según el
informe del GIEI–, Nava asentó que cuando
Francisco Valladares Salgado le pidió
ayuda para transportar a los estudiantes
detenidos, este preguntó: ¿Al 27 Batallón o
al Cereso?
El 3 de diciembre, cuando los miembros
del gabinete de seguridad del gobierno de
Peña Nieto inauguraron el Operativo Tierra
Caliente, se vio al general Saavedra con
REP ORTE ES P EC I AL
los integrantes del 27 Batallón; incluso los
felicitó por su labor y les dijo que, pese
a las críticas, la noche de Iguala habían
hecho lo correcto.
Meses antes, Saavedra fue mencionado en un reportaje de Proceso sobre
la ejecución extrajudicial de 22 civiles
en Tlatlaya, Estado de México, cerca de
Iguala, por elementos del 102 Batallón.
Saavedra fue uno de los oficiales que
llegó al sitio donde estaban los cuerpos
horas después.
Una carrera fulgurante
“Conozco Guerrero y los retos que implica
estar al frente del Ejército en el estado”,
declaró el general Alejandro Saavedra
Hernández la mañana del 2 de junio de
2014 en la ceremonia de toma de posesión como comandante de la 35 Zona
Militar en Chilpancingo.
El entonces general de brigada, quien
sustituyó a su colega Juan Manuel Rico
Gámez, actual subjefe de Estado Mayor
del área de Inteligencia, no lo dijo en
público ese día, pero sus cercanos sabían
que en noviembre de ese año asumiría
como jefe de Estado Mayor de la 27 Zona
Militar, con cuartel general en El Ticuí, a
las afueras de Atoyac.
Lo que llamó la atención de su mensaje es que dejó entrever que sabía dónde
estaba parado. Conocedor del tema de
inteligencia y seguridad nacional, según
su hoja de servicios militares, en los años
del levantamiento zapatista en Chiapas
participó en el curso de “análisis de inteli-
dependencia de 14 de los presuntos implicados en las desapariciones de septiembre pasado, también están tachados los
nombres de las unidades en las que sirvieron y los cursos que recibieron en su
paso por el Ejército.
Bravo Bárcenas, exdirector de la policía municipal de Cocula e identificado en
versiones periodísticas con el grado de
mayor, es sargento segundo, de acuerdo
con su memorial de servicios. Ingresó al
Ejército como soldado en mayo de 1988 y
se retiró en enero de 2010. Fuentes militares lo ubican como exintegrante del 27
de Infantería, pero el espacio donde está
ese dato se encuentra tachado en los documentos de la Sedena.
Darío Morales Sánchez, expolicía de
Cocula que fue soldado de 1996 a 1999, y el
sargento Honorio Antúnez Osorio, exagente en Iguala que ingresó al Ejército en 1984
y se retiró en 2005, se formaron en el área
de materiales de guerra; por lo tanto, están
especializados en la fabricación y mantenimiento de armamento.
gencia estratégica” impartido en el Centro
de Investigación y Seguridad Nacional.
Años antes había concluido sus
estudios relacionados con inteligencia y
seguridad nacional, política internacional, análisis político y medios de comunicación. A Guerrero llegó proveniente
de Guanajuato, donde estuvo un año al
frente de la comandancia de la zona 16 en
Sarabia. Con el mismo cargo de comandante de zona se desempeñó en 2011 en
Zacatecas.
Saavedra se graduó como subteniente
de infantería en el Colegio Militar en 1974,
el año en que tropas del Ejército dieron
muerte al guerrillero Lucio Cabañas en la
Sierra de Atoyac.
Llevaba tres meses al frente de la 35
Zona Militar de Chilpancingo cuando ocurrió el ataque contra los normalistas de
Ayotzinapa. El 27 Batallón depende de su
cuartel y era uno de los sitios que visitaba
con frecuencia por esos días.
Cinco meses después de su llegada
a Guerrero, pasó de general de brigada a
general de división gracias a un ascenso
otorgado por el presidente Peña Nieto, casi
como un mensaje de apoyo tras los sucesos que desembocaron en la desaparición
de los 43 estudiantes y en los cuales sus
tropas participaron en lo que se consideró
como un “cordón de seguridad”.
Ya como general de división, Saavedra fue nombrado en diciembre pasado
comandante de la Novena Región Militar,
con cuartel en Acapulco, que comprende
las dos zonas militares en las que está
dividido el estado de Guerrero. O
Los graduados de esta escuela ubicada
en Santa Fe, en la Ciudad de México, saben por lo menos fabricar granadas y explosivos, dice una fuente perteneciente a
esta rama de la milicia.
Los otros expolicías municipales detenidos vinculados con el Ejército son Zulaid Marino Rodríguez, quien fue soldado
entre 1996 y 2002; Juan Luis Hidalgo Pérez, con antecedentes castrenses de 1996
a 2004; Francisco Martínez Díaz, de 1998 a
2000, año en que abandonó la milicia y desertó; Miguel Ángel Hernández Morales,
policía militar de 1998 a 2003; Nicolás Delgado Arellano, de 1990 a 1996; Wilbert Barrios Ureña, de 2009 a 2013, e Ignacio Hidalgo Segura, quien en 1991 desertó.
El factor contrainsurgente
José Martínez Crespo se convirtió de repente en el capitán más “famoso” del Ejército. Su nombre es de los pocos que aparecen, junto al del coronel José Rodríguez
Pérez, como referente en el despliegue de
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tropas del 27 Batallón de Infantería la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por su currículum, se sabe que él formó parte de la antigüedad 1987-1991 del
Colegio Militar. Contemporáneos suyos
comentan que hasta hace algunos años
estaba adscrito a la Policía Judicial Militar.
En 2006, el capitán Martínez Crespo prestaba sus servicios en el 23 Batallón de Infantería en Chihuahua.
La noche del 26 de septiembre de 2014,
el capitán Martínez Crespo era uno de los
oficiales de vigilancia del cuartel, Y, como
tal, recibió la orden del comandante del
batallón, el coronel Rodríguez Pérez, para que saliera al mando de una Fuerza de
Reacción integrada por 21 elementos, a los
que más tarde se sumaron otros 12, para
atender un llamado de militares del área
de inteligencia que monitoreaban desde
el atardecer el arribo de un grupo de estudiantes a bordo de autobuses provenientes de Chilpancingo.
Martínez Crespo estuvo en los lugares
del ataque contra los normalistas, como el
crucero de la calle Juan N. Álvarez con Periférico Norte, donde reportó el hallazgo de
dos cadáveres. De ahí se dirigió al hospital
Cristina, donde interrogó a los normalistas
que se encontraban en ese sitio acompañando a sus compañeros heridos.
Personal del área de inteligencia fotografió a los estudiantes; algunos militares incluso amenazaron a los normalistas
mientras otros tomaron sus datos.
Mensajes en Formato Criptográfico Arcano (FCA) –un sistema computarizado de
envío de comunicaciones encriptados que
sólo pueden leer quienes cuentan con las
claves de inteligencia militar de la Sección
Segunda del Estado Mayor de la Defensa–
mostraron que, después de los ataques y
hasta las seis de la mañana siguiente, dos
unidades de la Fuerza de Reacción patrullaron las calles, constataron la presencia
de cadáveres tirados en la vía pública, se
presentaron en los hospitales donde estaban los heridos y estuvieron al tanto
de las balaceras y los diferentes ataques
(Proceso 2003).
Los documentos desclasificados vía Ley
de Transparencia publicados en marzo último por este semanario bajo la autoría de la
reportera Marcela Turati (Proceso 2003), citados en el informe del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI)
presentado el domingo 6, muestran también que un área especial del Ejército especializada en contrainsurgencia estuvo al
tanto de lo que pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala.
Los mensajes enviados por la SIIO del
27 de Batallón de Infantería al general Hernández Saavedra, entonces comandante
de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, iban
dirigidos también al Grupo de Análisis de
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Orden Interno (GAOI), encargado de analizar la información procedente de organizaciones armadas, como el EPR, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI) y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN).
Si intervino el GAOI es porque sus integrantes consideraron a los estudiantes
como subversivos por los antecedentes de
la escuela normal de Ayotzinapa, vigilada
e infiltrada desde tiempo atrás por inteligencia militar, dice a Proceso una fuente
del Ejército que pide reservar su identidad.
Guerrero es uno de los estados donde opera un grupo especial de inteligencia
que no depende de la zona ni de la región
militar, sino directamente del Estado Mayor de la Defensa, señala otro oficial que ha
sido profesor de la Escuela Militar de Inteligencia y ha trabajado en esta área en varias comandancias territoriales del interior
del país.
Esa instancia es dirigida por la Subsección de Asuntos Especiales de la Sección
Segunda –inteligencia militar– del Estado
Mayor de la Defensa, según los entrevistados, y ha tenido varios nombres, entre
ellos Orión.
Opera en Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Veracruz. Su misión es exclusivamente dar seguimiento a organizaciones armadas y
actuar contra sus miembros. Son los “activos” detrás de la llamada Guerra Sucia.
Cuando el EPR hizo su aparición pública en
1996 se reactivaron, y estuvieron en operación aun durante los gobiernos panistas.
La posibilidad de que el capitán Martínez Crespo perteneciera a este grupo fue
desechada por las dos fuentes castrenses
consultadas por separado. Los integrantes de estas organizaciones, dicen, operan
vestidos de civil, no responden a los mandos de batallón, zona o región, que también tienen sus propios órganos de búsqueda de información de inteligencia, y
sólo utilizan las bases militares en ocasiones para pernoctar.
Si se menciona a Martínez Crespo se
debe a que existe la posibilidad de que sea
la única fuente que responda a los cuestionamientos; él sabe hacerlo, consideran
los entrevistados
Coordinación y adiestramiento
El nivel de coordinación que existió la noche del viernes 26 de septiembre de 2014
y la madrugada del sábado 27 sugiere que
hubo un mando central detrás de la operación de los cuerpos policiacos de Cocula e Iguala y los civiles armados que atacaron y plagiaron a los estudiantes, dice el
informe del GIEI presentado el domingo 6.
“El nivel de intervención de diferentes
policías y escenarios y de los ataques en
distintos momentos que muestran los do-
cumentos, testimonios y peritajes evaluados por el GIEI, da cuenta de la coordinación
y mando existente para llevar a cabo dicha
acción. La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (Iguala y Cocula), y al menos 18 patrullas municipales
y una de protección civil que intervinieron
esa noche, señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes”, destaca el informe.
El documento registra los momentos en
los cuales aparecen militares en retiro pero en funciones de policía, como el soldado Miguel Ángel Hernández Morales, quien
declaró que a bordo de la patrulla 2291 interceptó uno de los autobuses en la calle
Zapata, esquina con Álvarez, donde algunos estudiantes descendieron del vehículo
para arrojarle piedras, por lo que tuvo que
hacer disparos al aire para salir del lugar.
Los policías de Cocula que presuntamente intervinieron en la operación declararon que transportaron entre ocho y
10 estudiantes al lugar conocido como Loma de Coyote, donde estaba instalado un
filtro de agentes de Iguala. “Uno de los
imputados, Jesús Parra Arroyo, dijo que ya
se encontraba en ese lugar la patrulla de
(Roberto) Pedrote, policía de Cocula, quien
según Bravo Bárcenas pertenecía al grupo
de confianza de (César) Nava y era exmilitar del 27 Batallón. Según este testimonio,
en ese lugar habrían entregado a los muchachos a la policía de Iguala”.
La aparición en diferentes puntos de
los agentes con formación castrense en
funciones de policía revela que, por su condición de retirados, estaban identificados
por los agentes de inteligencia militar del
27 Batallón desplegados en el terreno. Los
oficiales de tropa y oficiales en calidad de
retirados que realizan funciones policiacas
están considerados por el Ejército como
“órganos de búsqueda de información”, dice una tercera fuente castrense consultada en la Ciudad de México, que pide no citar su nombre.
Los comandantes de batallón, zona y
región militar tienen el registro de los retirados que están en seguridad pública y
les ordenan periódicamente asistir a los
cuarteles; también les informan sobre el
panorama político, económico y social de
la comunidad, poblado o municipio donde
se encuentran.
En el caso de los 14 expolicías con antecedentes militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, su condición no es diferente. Al
ser algunos recomendados por el mando
militar, su conexión implica algo más que
asistir a eventos cívicos, como Flores Velázquez, Bravo Bárcenas y Nava González,
enlaces de la conexión paramilitar con los
sucesos en los que desaparecieron los 43
normalistas de Ayotzinapa. O
REP ORTE ES P E C IA L
La investigación oficial: un catálogo de
Germán Canseco
deficiencias
GLORIA LETICIA DÍAZ
ás allá del debate provocado por la imposibilidad
de que los 43 estudiantes
de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos hayan
sido calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero, o la sospecha
de que detrás de los ataques perpetrados la
noche del 26 al 27 de septiembre esté el narcotráfico, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
para el caso Ayotzinapa constituye un catálogo de malas prácticas de las autoridades
en materia de búsqueda de desaparecidos.
Éstos son algunos de los señalamientos
hechos por los expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), que estudió el caso merced a un
acuerdo de colaboración técnica firmado
en noviembre del año pasado con el gobierno de Enrique Peña Nieto: Hubo omisiones graves en las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero
(PGJ) y la Procuraduría General de la República (PGR), que atrajo tardíamente el caso;
no se resguardaron las escenas del crimen,
y algunas de ellas ni siquiera fueron consideradas como tales; se confirmaron fallos
M
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa escarbó muy hondo
en la investigación oficial. No sólo descubrió que la “verdad
histórica” de que los normalistas fueron incinerados ya se
defendía desde antes incluso de que “los ejecutores” declararan. También detectó que hubo un quinto autobús involucrado, que no se tomó declaración a los choferes, que la
propia autoridad borró un video fundamental, que algunas
zonas del crimen ni siquiera se revisaron, que las autopsias
estaban mal hechas y que 77% de los detenidos presentaban lesiones semejantes a las causadas por tortura…
a la hora de obtener los videos de cámaras
instaladas en Iguala así como a la hora de
considerar testimonios clave; las autoridades estatales, federales y del Ejército desprotegieron a los normalistas, y al menos
77% de los detenidos presentaba lesiones,
posiblemente provocadas por tortura.
De más de 500 hojas, el documento
divulgado el domingo 6 y conocido en la
víspera por los padres de los jóvenes desaparecidos no es otra cosa que un análisis
minucioso del expediente oficial de 115
tomos. El trabajo del GIEI detecta inconsistencias y ausencias, y pone especial
atención en confirmar o descartar la viabilidad jurídica de la “verdad histórica”
decretada el 27 de enero por el entonces
procurador Jesús Murillo Karam.
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20
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José Luis de la Cruz
De los avances del GIEI fue enterada la
sucesora de Murillo, Arely Gómez, durante
los primeros seis meses de trabajo de ese
grupo, integrado por los colombianos Ángela
Buitrago y Alejandro Valencia; la guatemalteca Claudia Paz y Paz, el chileno Francisco
Cox y el español Carlos Martín Beristáin.
Por eso no hubo sorpresas cuando el
viernes 4 los cinco expertos, reconocidos
internacionalmente por su trabajo jurídico y de atención a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, entregaron
a Gómez el documento.
“El contenido del informe lo fue conociendo la procuradora durante el desarrollo
de la investigación del GIEI. Tal vez por eso no
parecía extrañada con el resultado el viernes
que le entregamos el informe”, narra Cox,
entrevistado el miércoles 9, un par de horas
antes de que él y el médico Beristáin acudieran al Senado a presentar el documento.
Cox es un prestigioso abogado chileno
educado en Inglaterra y Estados Unidos,
tiene un posgrado en derecho en la Universidad de Columbia, de Nueva York, y se desempeñó como procurador en la Oficina del
Defensor Penal Público en Washington, D.C.
Él está convencido de que la investigación del caso Ayotzinapa requiere de
la intervención del GIEI por seis meses
más, pese a que durante el primer medio
año de labores “fue muy difícil que se nos
diera información. Había gente que estaba en los alrededores cuando ocurrió al
primer ataque o durante la conferencia de
prensa de los muchachos pero que tenía
mucho miedo; otra más que estaba en ese
segundo incidente, cuando desaparece Julio César Mondragón y después aparece
muerto en el camino del Andariego. Eso
fue un obstáculo y sigue siendo un obstáculo, el miedo de la gente para declarar”,
dice.
desde la primera consignación de detenidos del 17 de octubre, sin que en ese momento se contara con las declaraciones
de los presuntos perpetradores, puestos a
disposición de un juez el 20 de diciembre.
En aquella consignación, el Ministerio
Público señala que el paradero de los jóvenes
“posiblemente se ignore, pues al parecer
fueron quemados hasta su total calcinación,
por lo que si se llegara a encontrar dichos
resto, sea imposible identificarlos”.
El cansado
Abarca. En Iguala pasó todo
No es para menos. Los especialistas
documentaron que en los últimos ocho
años han desaparecido 148 personas en
Guerrero. En 28 indagatorias, agentes del
Estado son señalados como responsables.
De dichos casos, 82 y 19, respectivamente, se perpetraron en Iguala, y de ésos,
55 y 13 “ocurrieron bajo la administración
de (el entonces alcalde José Luis) Abarca”,
se indica en el informe.
Integrante del equipo internacional de
abogados que trabajó en la extradición del
dictador chileno Augusto Pinochet, Cox
resalta que hechos como la imposibilidad
de que los jóvenes fueran calcinados en
el tiradero de Cocula o la “desaparición”
de un quinto camión del expediente de la
PGR fueron comentados en el transcurso
de las indagatorias, dado que Arely Gómez dio facilidades para obtener información tanto a los expertos mencionados
como al especialista en dinámica de fuego
José Torero, investigador de la Universidad de Queensland, Australia.
“El expediente lo hemos visto con la
procuradora desde el inicio, dándole cuenta
de qué es lo que estamos haciendo, qué es
lo que estamos solicitando, qué estamos
viendo, empezar a mostrarle las fallas que
nosotros veíamos, porque hay mucha información en el expediente, lo que faltaba era
analizarla y contrastarla con las declaraciones y otras pruebas”, que hacen “poco creíbles” los fundamentos de la versión oficial,
apunta Cox.
El punto más significativo, sin duda, es
la versión de que los cuerpos se incineraron en el basurero de Cocula.
“Lamentablemente las personas que
hicieron los peritajes (oficiales) no tienen
las competencias como para haberse pronunciado, o más bien tienen fallas técnicas.
Incluso si uno lee las conclusiones con el
cuerpo del informe de la PGR se llega a conclusiones a las que es imposibles arribar. Hay
un sesgo confirmatorio de los peritos con las
declaraciones, se ven influidos por las declaraciones y las dan por ciertas sin que ello sea
posible físicamente”, explica Cox.
En el reporte del GIEI se advierte que
esa versión fue sostenida en el expediente
El informe del GIEI se ocupa de la conferencia de prensa de Murillo Karam del 22
de octubre, en la que hace una narrativa
de los supuestos hechos ocurridos el 26 y
27 de septiembre anteriores.
Tras una investigación acuciosa no sólo
del expediente, sino de interrogatorios con
estudiantes sobrevivientes, choferes de
los autobuses tomados por los normalistas (que no estaban integrados en la averiguación), 35 procesados y vecinos de los
nueve escenarios de los acontecimientos,
así como de videos que tampoco estaban
incluidos en la averiguación judicial, los
expertos contradicen también esa parte de
la “verdad histórica”.
En aquella conferencia, Murillo reconoce sólo cuatro camiones ocupados por los
jóvenes, señala que los estudiantes “lesionaron” a un chofer que se resistió a llevarlos a Ayotzinapa; se refiere a “otro incidente enfrente de un lavado de autos”, y dice
que es una línea de investigación; señala
a “halcones” de Guerreros Unidos como
quienes se comunican al centro de control
policiaco C4; confunde el momento y lugar
en que fue asesinado uno de los estudiantes e inventa un intento de fuga de los normalistas cuando fueron atacados.
Lo anterior “no corresponde con la
realidad de lo sucedido”, indica el documento del GIEI.
Más de mil lesiones
Otro peritaje que pone en duda la legalidad de las declaraciones de los inculpados es el del doctor Francisco Etxeberria
Gabilondo, de la Facultad de Medicina y
Odontología de la Unidad Docente de San
Sebastián, País Vasco.
El médico forense revisó 115 reportes
médicos de 80 detenidos y 40 reportes de
“mecánica de lesiones”. Concluyó que “el
análisis en conjunto de las lesiones existentes permite constatar que los detenidos
sufrieron muy frecuentemente cuadros de
policontusión con lesiones traumáticas de
distinta intensidad y localización”. Contó
mil 178 lesiones en 77% de los detenidos.
El forense también revisó las autopsias
de tres de los estudiantes asesinados, que
presentaron diversos golpes en el cuerpo
Germán Canseco
REP ORTE ES P E C IA L
Cox. Informe contundente
antes de morir. De Daniel Solís Gallardo y
Julio César Ramírez Nava concluyó que su
muerte “se habría producido por disparo de
arma de fuego a quemarropa, el primero en
el tórax posterior y el segundo en el rostro”.
En el caso de Julio César Mondragón el
experto localizó “múltiples fracturas” en
el cráneo, probablemente producidas por
proyectil de arma de fuego, en tanto que
no pudo determinar “si hubo una maniobra de desollamiento (…) o si bien dicha
acción sea totalmente producida por fauna post mortem”. Etxeberria recomienda
una segunda autopsia.
El quinto camión
Entre las debilidades de la indagatoria,
Cox considera grave que dos meses antes
de que el GIEI entregara el informe sus integrantes se enteraran de la existencia de
una cámara de video afuera del Palacio de
Justicia de Iguala, frente a donde fueron
detenidos y desaparecidos jóvenes que
viajaban en uno de los autobuses y donde
fueron perseguidos otros que abordaban
el quinto camión omitido por la PGR.
Cuenta que buscaron al responsable del
equipo de video, quien les confirmó que el
mismo 27 de septiembre revisó el material
videograbado y que vio “cómo se detenía
un bus que no veía mucho, pero que se veía
una baliza y alguien deteniendo un bus”.
El empleado envió el video al Tribunal
Superior de Justicia de Guerrero, añade Cox,
y al preguntarle a la presidenta, Lambertina
Galeana, al respecto, les dijo que lo había
visto “pero que no se veía mucho y posteriormente dice que borró ese video porque
no tenía importancia, y ahora en un oficio
está declarando que no existe el video, no
sabemos si dice que no existe porque se borró o porque nunca llegó. Eso es muy contradictorio con lo que platicó con nosotros”.
A instancias de los expertos, se pudieron tomar declaraciones de los choferes de
los autobuses retenidos por los jóvenes,
aunque en el caso del quinto camión hubo
contradicciones que alimentaron la sospecha de que tiene que ver con los hechos.
“No pudimos entrevistar a ese chofer –cuenta–. Fue interrogado por la PGR,
pero después, cuando tuvimos acceso al
supuesto bus, que un peritaje de imagen
duda que sea el mismo, se entregó documentación, y entre ella una hoja con una
declaración manuscrita que coincidía con
lo dicho por los muchachos, por esas inconsistencias es que tenemos sospechas
de que tenga que ver con el caso.”
Uno de los conductores contó a los expertos que en uno de los ataques, policías
municipales de Iguala mencionaron a sus
contrapartes de Huitzuco como otra de las
corporaciones que se sumaría al operativo de persecución de los normalistas.
Otro chofer sostiene que, golpeado por
policías municipales, fue detenido junto
con los estudiantes que viajaban en su autobús y que fue llevado a barandilla, de donde fue puesto en libertad al identificarse.
En el informe otro de los choferes dio
a conocer la existencia de “un señor con
camisa blanca y pantalón negro, el cual
se veía con el cuerpo de una persona que
hace mucho ejercicio”, ante el que habría
sido llevado por policías estatales.
El hombre se encontraba en una casa
ubicada en el centro de Iguala, a 15 minutos
del Palacio de Justicia. Primero ordenó a los
agentes que se lo llevaran “ya saben dónde”,
y después gritó: “Déjenlo, que se largue”.
“Sin duda en los hechos hay una
coordinación y hay alguien que da órdenes y no sabemos quién es, no está identificado –resalta Cox–. No sabemos si las
autoridades hicieron investigación, esta
declaración del conductor del autobús
surge con nuestra solicitud y por lo tanto es algo que hay que indagar.”
Reconoce que durante los seis meses
de trabajo el único “punto de diferencia de
opinión fue con el Ejército”, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se
opuso a que integrantes del 27 Batallón
de Infantería fueran interrogados por los
miembros del GIEI. Cox puntualiza: el grupo quería hablar con los soldados “toda
vez que ellos tienen información, (pero)
no decimos que están implicados”.
De las declaraciones de los militares integradas en el expediente y de documentos
desclasificados es que los expertos se enteran de que las fuerzas castrenses fueron
informadas a través del C4 de lo que pasaba
con los muchachos, así como que hubo presencia militar en sitios clave, donde fueron
desaparecidos los estudiantes, en la barandilla y en la clínica Cristina; en tanto que un
documento obtenido por el GIEI determina
que “Sedena toma control del C4, no sabemos si por eso no se reporta o no se siguió
reportando, esa parte no la tenemos clara”.
Una de las intervenciones de los mandos castrenses revelada en el documento
es la del general Alejandro Saavedra Hernández, actual comandante de la IX Región Militar y, hasta el año pasado, de la 35
Zona, a la que está adscrito el 27 Batallón.
Acorde con el reporte del GIEI, el médico responsable de la clínica Cristina
aseguró en su declaración ministerial
que, antes de acudir a la PGR, estuvo en el
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27 Batallón, “porque el general Saavedra
quería que platicara con unas personas
de justicia militar”.
De la presencia de soldados en escenas del crimen, entre ellas frente al Palacio de Justicia y la barandilla, los expertos
reproducen en su informe algunas de las
preguntas que pretendían hacer a los soldados desplegados en Iguala:
“Si los integrantes del 27 Batallón, incluido el comandante JMC (sic), tuvieron
conocimiento de que los jóvenes normalistas habían sido detenidos por la Policía
Municipal de Iguala, hecho que fue informado por EM (sic) a ‘su mando’, y luego corroboraron que no se encontraban detenidos en la comandancia, ¿qué hicieron con
esa información?¿Qué acciones urgentes
tomaron? ¿Informaron en ese momento
a las más altas autoridades del Estado?
¿Qué instrucciones recibieron? En caso
contrario, ¿por qué no informaron? ¿Por
qué manejaron información restringida
en el C4 esa noche?”
Ante la evidencia de que integrantes
de diversas corporaciones estatales y federales, así como miembros del Ejército
presenciaron el ataque de policías municipales y presuntos miembros del crimen
organizado, el abogado chileno se reserva
su opinión.
“En el informe no nos pronunciamos
sobre responsabilidades. Lo que nosotros
decimos son los hechos. Ellos estaban ahí
y no intervinieron. Si eso acarrea responsabilidad, no me puedo pronunciar en
este momento tampoco.
–¿Ni desde el punto de vista del derecho internacional? –se le pregunta.
–No nos podemos pronunciar. Si alguien quiere sacar conclusiones, que las
saque, pero nosotros no lo decimos.
–¿Qué hay de la responsabilidad de los
altos mandos?
–En el informe no asignamos responsabilidad a nadie; ni siquiera a Abarca,
ni siquiera a los presuntos responsables,
simplemente describimos lo que hemos
ido indagando o descubriendo. No asignamos responsabilidades. En ninguna parte
del informe se dice ‘esta persona es responsable por esto, esto y esto’.
“Nos trajeron para ver cómo se estaban haciendo las cosas, nosotros opinamos, creemos que hay que seguir estas
líneas de investigación, queremos seguir
participando de acuerdo con el propio
mandato, que da la posibilidad de solicitar una prórroga que creemos necesaria.”
Entre las recomendaciones que los expertos hacen están las de continuar con
la búsqueda de los jóvenes; actualizar el
mapa de fosas de cadáveres y restos óseos
hallados en Iguala y lugares aledaños, y
contar con una serie más amplia y de mejor calidad de fotos satelitales de los lugares vinculados con la investigación. O
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Brutal
revés
para el guardián de Peña Nieto
Jesús Murillo Karam justificó las acciones y las omisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto desde la toma de
posesión de éste, en 2012; le dio carpetazo al estallido de
la torre de Pemex en 2013 y quiso hacer lo mismo con la
tragedia de Iguala, el año pasado, con una “verdad histórica” que ocultaba más de lo que revelaba. Bastó que un
grupo de especialistas independientes analizara el caso
para que se cayera esa versión, fabricada para justificar
la indolencia federal y deslindar del crimen al Ejército y a
los policías federales.
JENARO VILLAMIL
a tarde del 31 de enero de 2013
una detonación cimbró las
estructuras de la Torre B2 del
complejo de edificios de Pemex.
Sobre la avenida Marina Nacional, en la Ciudad de México, se
expandieron el pánico, el humo y las inmediatas especulaciones. Fue una detonación similar a un sismo que derrumbó
la estructura diseñada por el arquitecto
Pedro Moctezuma Díaz Infante y dejó a
decenas de personas atrapadas en los
escombros.
El gobierno de Enrique Peña Nieto
apenas cumplía dos meses. Las versiones
sobre un atentado proliferaron dentro y
fuera de la emblemática paraestatal. La
administración federal necesitaba darle
un “carpetazo” al episodio, que dejó un
saldo oficial de 37 muertos, y para eso utilizó al político de gesto duro, implacable y
eficaz en estas tareas: el titular de la Procuraduría General de la República (PGR),
Jesús Murillo Karam.
Cinco días después del accidente, el 4
de febrero, Murillo Karam lanzó su primera y polémica “verdad histórica” en medio
de la suspicacia social: la explosión fue
causada “por gas acumulable”.
Cuando los reporteros le preguntaron
en conferencia de prensa por un maletín
encontrado en los escombros, el exgobernador de Hidalgo soltó lo que pretendía
ser un chiste: “Abren la maleta y se en-
L
cuentran lo más peligroso para un hombre: cosméticos de mujer… y es lo más
peligroso que traía esa maleta”.
Ese chiste posicionó a Murillo Karam
como uno de los funcionarios del gobierno
de Peña Nieto más repudiados en las redes
sociales. En menos de cuatro horas, a las
10:20 de la noche, había más de 10 mil comentarios negativos hacia su declaración en
Twitter, según el sitio especializado Topsy.
Aún no había pronunciado el famoso
#YaMeCansé. Esta frase la dijo al final de
la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, cuando en el mismo puesto
de procurador fue perfilando su “verdad
histórica” sobre el ataque a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde
el 27 de septiembre en Iguala.
#YaMeCansé se convirtió en el hashtag
más replicado hasta ahora en las redes
sociales en México. Entre el 7 y el 20 de
noviembre, fue mencionado en más de 10
millones de mensajes de Twitter y más de
15 millones en Facebook.
Esas tres palabras se convirtieron en el
síntoma de hartazgo, irritación social e incredulidad ante el relato de una especie de
holocausto a la mexicana ocurrido en el basurero de Cocula. Como en el caso de la Torre
de Pemex, Murillo Karam pretendió darle
“carpetazo” a una investigación y a la discusión sobre el paradero de los 43 normalistas.
Según Murillo Karam, en el basurero de
Cocula “privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la
parte baja, donde quemaron los cuerpos.
Eduardo Miranda
REP ORTE ES P E C IA L
a la supuesta “verdad histórica” lo dejaron
en una situación de franca vulnerabilidad.
Los cuatro expertos del GIEI ya plantearon que pueden continuar con sus investigaciones, siempre que la PGR cambie al equipo
que dejaron en la PGR Murillo Karam y la
subprocuradora Mariana Benítez, una de las
principales responsables del desaseo y la falta de preservación de evidencias.
La incineración política de Murillo
De las poco más de 500 páginas del Informe Ayotzinapa dado a conocer el pasado
domingo 6, las páginas de la 126 a 144 son
un desmentido frontal a la versión de Murillo Karam y su equipo, tanto de las razones de la llegada de los normalistas a
Iguala como del ataque contra ellos y sobre el destino de los normalistas, que el
GIEI considera víctimas de “desaparición
forzada” y no de “secuestro agravado”.
“El análisis de las evidencias y testimonios recogidos por el GIEI muestra una
realidad distinta a la versión de los hechos
dada en la conferencia de prensa del 22
de octubre de 2014, cuando el procurador
general de la República, Jesús Murillo Karam, declaró sobre los hechos de la noche
del 26-27 de septiembre de 2014”, advierten los especialistas en el primer párrafo.
Y detallan que los estudiantes no se
llevaron dos autobuses, sino tres, que
fueron tomados de la misma estación
de camiones. No hay evidencia de que el
chofer de la tercera unidad fuera lesionado por los estudiantes, pero “sí fue objeto
del atentado de la policía cuando se dio el
ataque contra los autobuses”.
A partir de las declaraciones de los pandilleros de Guerreros Unidos, la PGR consideró que los normalistas llegaron a Iguala a
“boicotear un acto de la presidenta del DIF”,
“Continuando con el relato de los hechos, detenidos declaran que cuando bajan
al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien
apodan El Terco de fracturar los restos de los
huesos calcinados para ser depositados en
bolsas de basura negra. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el
río San Juan, salvo dos, que uno de los declarantes dice haber arrojado completas”,
continuó el entonces procurador general.
Con tono doctoral, el dos veces diputado
federal y dos veces senador de la República
justificó la falta de evidencias que apuntalaran su conclusión de la muerte de los normalistas, basada en testimonios de cinco
presuntos integrantes del cártel Guerreros
Unidos:
“A decir de los peritos, por el alto nivel de
degradación causado por el fuego a los restos humanos se hace muy difícil la extracción del ADN que permita la identificación.”
Al ser cuestionado sobre el papel del
Ejército y de los integrantes del 27 Batallón
de Iguala, negó rotundamente cualquier
participación de las Fuerzas Armadas, pese
a los múltiples testimonios de sobrevivientes y familiares de los 43 normalistas.
Incurrió en una pifia: de haber participado militares en la agresión a los normalistas, hubieran respondido para “apoyar
a la autoridad constituida”. “¡Qué bueno
que no intervinieron!”, soltó el abogado
hidalguense.
El 20 de enero de 2015, los especialistas
de la Universidad de Innsbruck, Austria,
informaron que no pudieron encontrar “la
cantidad de ADN útil que permita obtener
un perfil genético” a partir de los restos
enviados por la PGR y sólo pudieron establecer la identidad de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.
A pesar del informe científico, días después Murillo Karam reiteró su frase de batalla: “la verdad histórica”. Para el procurador
era “claro que allí (en Cocula) mataron por
lo menos a uno (Alejandro Mora Venancio),
y las declaraciones, las pruebas y todo lo demás me hacen pensar que allí lo mataron”.
En marzo de este año el funcionario
fue sustituido en la PGR por la exsenadora
del PRI Arely Gómez, y quedó arrinconado
en una dependencia menor: la Secretaría
de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (Sedatu). Y el 27 de agosto fue relevado ahí por Rosario Robles, exsecretaria de
Desarrollo Social.
El gobierno de Peña Nieto ya había sido
advertido por los especialistas del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de
que el informe venía en sentido contrario
a la “verdad histórica” de Murillo Karam.
En el gabinete peñanietista comenzó a
discutirse la posibilidad de proteger al exprocurador y darle fuero. Se consultó con
el coordinador de la bancada del PRI en el
Senado, Emilio Gamboa Patrón, el nombramiento de Murillo como embajador en
Portugal o Italia. Pero la radicalización de la
bancada del PAN y la creciente crítica social
Germán Canseco
Peña Nieto y Murillo Karam. Hipótesis inverosímil
Nuevas revisiones
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23
Eduardo Miranda
guel Ángel Yunes Linares, diputado federal
panista.
El terror a la palabra
iputados priistas hicieron de todo
para ocultar la ola de desapariciones forzadas que impera en México. “¡(Proclamamos) nuestra
objeción a un trámite que sería absolutamente indebido! (Sería) oportunismo francamente insultante para estas víctimas”, tronó
desde su curul en San Lázaro el vicecoordinador de la bancada del PRI, Jorge Carlos
Ramírez Marín.
Así, amparado en una supuesta preocupación por los 43 estudiantes de Ayotzinapa
levantados y desaparecidos en septiembre
de 2014, el PRI maniobró y mintió para cerrar el paso a la propuesta de instituir el 26
de septiembre como Día Nacional de Condena a la Desaparición Forzada.
La historia comenzó el martes 8, cuando
la fracción del PAN en la Cámara de Diputados
presentó la iniciativa, que implicaba reconocer
–desde uno de los tres poderes de la Unión, el
Legislativo– que en México ocurre a gran escala la desaparición forzada.
“Insultante es que el Estado siga mintiendo; insultante es que quieran verle la cara a
los mexicanos. ¡Eso es insultante! No es insultante un trámite como el que se pretende dar a esta iniciativa”, le reviró a Ramírez el
diputado del PRD Daniel Ordóñez Hernández,
quien junto a toda su bancada respaldaba el
planteamiento de Acción Nacional.
Al final, el PRI se comprometió a discutir
el tema el miércoles 9 y aprobarlo el jueves
10 en el pleno, así que los panistas retiraron
su propuesta. Pero llegó el jueves y el PRI
no cumplió. De hecho, hoy opera para borrar el término de “desaparición forzada” y
evitar con ello cualquier traza que entrañe
la aceptación tácita y legal de que en México ocurre ese delito, explica a Proceso Mi-
El 8 de octubre del año pasado, 12 días
después de la desaparición de los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa (Guerrero), la
Cámara de Diputados aprobó crear una comisión especial para dar seguimiento a las
investigaciones. Esto permitía a los legisladores entrevistarse con militares y autoridades de todos los niveles.
Conformada por siete diputados, uno
por partido, la comisión apenas vivió cinco meses, pues el 19 de febrero el pleno de
la Cámara aprobó desaparecerla y “ahorrar
con ello presupuesto”.
El presidente de la comisión, el panista Guillermo Anaya Llamas, nunca recibió
los informes oficiales solicitados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la
Procuraduría General de la República (PGR);
además, contó con dos secretarías técnicas
sólo por un periodo de dos meses. De hecho, de diciembre al 14 de marzo, cuando la
comisión fue extinguida, el secretario particular del panista operó como “secretario
técnico” de la comisión.
Zazil Carreras Ángeles –asesora de Ricardo Mejía, diputado de Movimiento
Ciudadano (MC) e integrante de la comisión–
detalló entonces los obstáculos que enfrentó dicho grupo legislativo, entre ellos la falta
de interés del representante del PRI, Manuel
Añorve; la insistencia de la legisladora del
PVEM Ruth Zavaleta para que no se cuestionara a las pocas autoridades entrevistadas,
y la negativa del propio presidente, Guillermo
Anaya, para acudir al cuartel del 27 Batallón
de Infantería de la Sedena (ubicado en Iguala,
Guerrero, donde ocurrieron los hechos), recorrer el lugar de los ataques o ir al basurero
de Cocula (donde supuestamente fueron in-
pero, en palabras del GIEI, “las evidencias
muestran que cuando llegaron a la central
de autobuses, el evento ya había finalizado.
“No hay ninguna evidencia de que los
normalistas tratasen de darse a la fuga”
tras el primer ataque en la calle Juan N.
Álvarez, como sostuvo Murillo Karam,
“dado que los autobuses quedaron inutilizados y bloqueados, y los estudiantes
aterrorizados”.
Los expertos también contradicen la versión de Murillo Karam al subrayar que no
hay evidencias claras sobre la entrega de los
43 normalistas a Guerreros Unidos, ya que
“las declaraciones de los acusados no son lineales ni congruentes sobre este tema. Hay
contradicciones que cuestionan su validez”.
El informe del GIEI establece que existen cuatro versiones sobre la presunta
entrega y asesinato masivo de los 43 es-
tudiantes, a partir de las declaraciones de
los Guerreros Unidos detenidos e interrogados por la PGR, pero la principal contradicción radica en la incineración de los
cuerpos en el basurero de Cocula.
“Sobre el supuesto destino final de los
normalistas –prosigue el análisis–, hay diferencias entre quienes señalan que un
grupo de 17 habrían sido asesinados y
otros golpeados, pero dejados vivos, mientras otros detenidos señalan que un grupo
de 15 habría ya llegado muerto al basurero
de Cocula. Los lugares donde habrían sido
asesinados también son diferentes, ya sea
en la parte de arriba del basurero o una
parte arriba y otra abajo, así como el modo
en cómo fueron llevados abajo en esas
condiciones difíciles de noche y la forma
en que habrían muerto también difiere”.
Los expertos no califican la versión de
Murillo Karam y su equipo, pero sostienen
que “el conjunto de estas versiones debe
ser reexaminado” porque “ninguna de
ellas explica las razones para llevar a cabo
este hecho atroz que no tiene antecedentes en el modus operandi de Guerreros Unidos, ni se relaciona con las evidencias que
se han encontrado en otros casos, como
fosas de personas desaparecidas que fueron asesinadas”.
Como procurador general, Murillo Karam negó una y otra vez que existieran
“evidencias” de la participación de militares en los ataques del 26 y 27 de septiembre contra los estudiantes, y que tuvieran
alguna responsabilidad con el paradero
de los desaparecidos.
Sin embargo, en la descripción de los
hechos por el GIEI hay al menos 20 referencias explícitas a la participación de
Ramírez Marín. Opereta
Infamia histórica del
priismo y sus aliados
JESUSA CERVANTES
D
24
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
REP ORTE ES P E C IA L
cinerados los normalistas), “pues no se trata
de un recorrido turístico”, alegaba.
El 9 de febrero de 2015, la comisión se
reunió con la entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana
Benítez Tiburcio, hoy diputada federal por el
PRI. Ahí, los legisladores Ricardo Mejía, de
MC, y Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, le
preguntaron por qué la PGR no tipificaba el
delito cometido contra los estudiantes como
desaparición forzada.
La funcionaria les respondió que no lo
hicieron porque la desaparición forzada implicaba una pena menor que el secuestro,
homicidio o delincuencia organizada.
La subprocuradora llegó acompañada de
cuando menos 11 peritos. Entre ellos estaba la coordinadora especial de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría,
quien salvó a su jefa alegando que la Procuraduría había “solicitado que se investigara como
desaparición forzada, pero el expediente ya
estaba en manos de tribunales”. Y abundó:
“El juez no tiene por justificado el ocultamiento porque el fin comisivo no fue desaparecerlos o secuestrarlos (a los estudiantes), sino
matarlos”.
En el segundo informe de actividades que
la comisión especial entregó –el 19 de febrero– a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se insiste en que, durante el encuentro que
sostuvieron, los representantes de la PGR dijeron a los diputados que “no se están fincando cargos por desaparición forzada de
personas derivado de que la pena prevista por
el Código Penal Federal es inferior al castigo
que pudieran obtener por otros delitos, como
el homicidio calificado o el secuestro”.
En el mismo documento se relata la junta que la comisión tuvo con Ariel Dultzky,
relator del Grupo de Trabajo de Naciones
Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, realizado el 13 de noviembre.
Dultzky calificó el ataque como “de una extrema gravedad” y apuntó que, en sus cuatro años en el cargo, nunca había recibido
“un caso donde 43 personas desaparezcan
forzadamente en un solo incidente”.
La investigación, les dijo, ponía a la Cámara de Diputados ante la “posibilidad histórica” de comenzar a llenar el vacío “en
materia de asumir la responsabilidad política por el fenómeno de extrema gravedad de
las desapariciones forzadas que ocurrieron
y continúan ocurriendo en México”.
Hizo hincapié en “la falta de responsabilidad política frente a la situación generalizada
y sistemática de las desapariciones forzadas en México y en los vacíos legislativos en la
materia”.
Les recordó que en 2011 el grupo a su cargo visitó Guerrero. “Para nosotros sintetiza y es
el hilo conductor que une a las desapariciones
de la ‘guerra sucia’ con las desapariciones actuales y las carencias del Estado mexicano”.
En la página nueve de aquel informe legislativo se establece que el representante
de la ONU les advirtió: “No puede ignorarse el problema de desapariciones forzadas,
pues está presente por décadas, de manera que el gobierno, el Estado y la sociedad
mexicana tendrán que resolverlo”.
Entre las recomendaciones que Naciones Unidas hizo al gobierno mexicano en
2011, les recordó Dultzky, se incluyó “que
reconociera la dimensión del problema de la
desaparición forzada como primer paso necesario para desarrollar medidas integrales
y efectivas para su erradicación”.
Día de las víctimas
Hoy, la fracción del PRI –respaldada por sus
aliados: PVEM y Nueva Alianza– se niega a
reconocer la existencia del delito de desaparición forzada en México. Prueba de ello
fue su incumplimiento para debatir el tema
en tribuna el miércoles 9.
Cuando, a través de la diputada Guadalupe González Suástegui, el PAN propuso instituir el 26 de septiembre como Día Nacional de
Condena a la Desaparición Forzada, el PRI enfureció, sobre todo cuando el abogado y ex-
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
25
priista Miguel Ángel Yunes Linares pidió que la
iniciativa se votara en ese mismo instante por
ser “de urgente y obvia resolución”.
El PRI operó a través de su vicecoordinador, Jorge Carlos Ramírez Marín, para
echar abajo la petición y conseguir más
tiempo para “cabildear” el rechazo.
Con el argumento de que se trataba de un
procedimiento ilegal, Ramírez Marín atacó a
Yunes Linares, acusándolo de “oportunista” y
de insultar a las víctimas (los 43 estudiantes y
sus familias) con “un albazo” legislativo.
El PRD, mediante Daniel Ordóñez Hernández; MC, con Omar Ortega Álvarez, y Morena,
con Juan Romero Tenorio, respaldaron al PAN
en su iniciativa… pero Acción Nacional reculó.
La impericia del coordinador, Marko Cortés, lo
llevó a creer en la palabra del PRI, que aseguró
que se aprobaría el tema en la sesión del jueves 10, cosa que no ocurrió.
Sin embargo, el miércoles 9 el tema
se abordó en la Jucopo y ahí el PRI habló
claramente: “Si la quieren (aprobar) el jueves,
quitan ‘desaparición forzada’”, advirtió Ramírez Marín a Federico Döring, vicecoordinador
del PAN y encargado de redactar la iniciativa.
“No se puede poner ‘desaparición forzada’
porque ya existe un día internacional, y es el 30
de agosto”, argumentó Ramírez Marín. Luego
sostuvo que “poner ‘desaparición forzada’ implicaría presuponer que están muertos y existe
una posibilidad de que estén vivos”.
Döring le reviró: “¡Ah, caray! ¿Cómo que
están con vida? ¡Pero si fue tu gobierno del PRI
y tu procurador el que dijo que están muertos y habían sido quemados! Por lo menos
ésa fue ‘la verdad histórica’ que nos dieron.
Y ahora dices que podrían estar vivos. Ya no
entendemos”.
A Ramírez Marín se le descompuso el
rostro por la rabia. Se había hecho bolas con
sus propias palabras, pues acababa de descalificar la versión que el 7 de noviembre de
2014 difundió el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
26
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Benjamín Flores
R E PORTE ESPECI AL
El coordinador priista, César Camacho,
entró a su rescate y dijo: “Bueno, es sólo un
procedimiento, y todos estamos de acuerdo
en el tema (sic)”.
Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador del PRD, dijo que durante el encuentro
la discusión fue “el término de ‘desaparición
forzada’”, pues el PRI pedía que, en lugar de
establecer “el 26 de septiembre como Día
Nacional de Condena a la Desaparición Forzada”, se quedara como “26 de septiembre,
Día de las Víctimas de Ayotzinapa”.
Yunes Linares apuntó que la pretensión
del PRI “es atenuar” el concepto, porque no
le conviene reconocer que la desaparición
forzada existe.
En la misma reunión, Ramírez Marín dijo a
los panistas que, si querían la conmemoración,
no sería mediante un cambio a la Ley sobre el
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que
ordenara izar la enseña patria a media asta el
26 de septiembre. “Sería mediante un decreto… si lo quieres”, expresó mirando a Döring.
El amago del PRI funcionó, y PAN,
PRD, Morena y MC aceptaron discutir por
unos días más “el término adecuado”. De
cualquier modo, la triada PRI-PVEM-Panal
tiene mayoría en la Cámara (260 votos), contra los 240 que suman los partidos de oposición y legisladores independientes.
A la salida del encuentro, el coordinador del PAN, Marko Cortés, dijo en conferencia de prensa que Ayotzinapa es un tema
que “duele a todos” y que aún se debatía “el
nombre del día” conmemorativo.
Políticamente el término es fuerte, aseveró Döring, “pero es una realidad, y el caso
de los 43 es uno de los tantos casos más de
desapariciones forzadas en México”.
En la exposición de motivos de la iniciativa panista se reclama “que bajo toda
falta de credibilidad y descontento social,
después de la versión oficial de un cansado procurador, las líneas de investigación se
cerraron y el caso se fue a la línea del olvido
por parte del Ejecutivo federal”.
Se recuerda que, el 6 de septiembre, el
informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Desarrollo estableció que no
hay prueba científica de que los normalistas
fueran quemados en el basurero de Cocula.
Por ello, sostienen, “esta aseveración
pone en evidencia el ocultamiento de información o negligencia del entonces procurador, y
en su caso del Ejecutivo federal, para dar respuestas contundentes sobre uno de tantos casos de desaparición forzada en México”.
A su vez, Rocío Nahle, coordinadora de
Morena, manifestó que el interés de su partido es crear una nueva comisión investigadora, que parta del informe de la CIDH. En su
propuesta –que se votará el martes junto con
la de la conmemoración del 26 de septiembre– se prevé que el PRI aporte ocho integrantes; el PAN, cinco; el PRD, tres; el PVEM, dos;
Morena, dos; MC, dos; Panal, uno, y el Partido Encuentro Social, uno. La presidencia sería
rotativa. O
militares. Van desde que un agente de
inteligencia del Ejército, en una moto “y
vestido de civil”, informó sobre la llegada
de los estudiantes en las inmediaciones
de Iguala, hasta las tareas de información que realizaron a través del C4, su
comunicación con el jefe de la policía
municipal y su presencia en los lugares
donde se registraron los ataques a los
normalistas. En la página 91, el documento apunta:
“Como se refirió antes, el Ejército ya
tenía información del maltrato y la violenta detención que habían sufrido los
normalistas en el escenario del puente
de Chipote a través de la información del
agente EM. En cualquier caso el Ejército ya
tenía información de los destrozos, la detención violenta y golpes contra los normalistas ocasionados en el escenario del
autobús Estrella de Oro 1531 cuando fue
a la comisaría de policía y no los encontró
en dichas dependencias.”
En cuanto al segundo ataque, el informe del GIEI destaca los testimonios de
normalistas de cómo los militares los hicieron formarse, alzar sus playeras, poner
sus pertenencias encima de una mesa de la
clínica Cristina y les tomaron fotos (páginas
103-105).
Incluso, información proporcionada
por miembros del 27 Batallón señala que
militares llegaron a la escena del crimen
de Julio César Mondragón, apodado El Chilango, en cuya autopsia se encontraron “visibles muestras de tortura, arrancamiento
de piel y músculos faciales, múltiples fracturas craneales, así como lesiones internas
con hemorragias en diferentes vísceras
como consecuencia de torturas”. O
Yunes. Oportunismo
REP ORTE ES P E C IA L
El
paquete negro
y el sobre amarillo...
SARA PANTOJA
E
n el expediente del caso Narvarte, ya de 10 tomos, hay indicios sólidos de que los tres
presuntos homicidas ya detenidos –el último de ellos, César Omar Martínez Zendejas,
el viernes 11– contaron con la complicidad de al menos tres personas más, dos
de los cuales recibieron de los victimarios
un paquete negro y un sobre amarillo tres
horas después del crimen, lo que echa
por tierra el móvil del robo que pretende
construir la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Con las cámaras de vigilancia del C-4,
y algunas particulares, agentes de la Fiscalía Central de Investigación para la
Atención del Delito de Homicidio armaron los fotogramas del Mustang rojo, propiedad de Milena Virginia Martín, y de
una camioneta Suburban oscura en la
que se trasladaban los presuntos copartícipes, desde el momento de la huida hasta el intercambio.
Esto fue lo que vieron las cámaras de
seguridad de la policía capitalina: A las
15:03 horas uno de los implicados salió del edificio de Luz Saviñón y subió al
Nuevas pruebas
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Mustang. Arrancó y dio vuelta a la derecha en la calle Zempoala. A las 15:11 ingresó a Cumbres de Acultzingo y Doctor
José María Vértiz. Después tomó avenida Universidad hasta el Eje Central. A las
15:27 viró en Obrero Mundial hasta llegar a la calzada de Tlalpan, donde enfiló rumbo al sur.
De acuerdo con el seguimiento, el auto
circuló sobre esa vialidad hasta el cruce
con Río Churubusco. Según la declaración
ministerial de Abraham Torres Tranquilino (otro de los detenidos), en el Mustang
iban él y Martínez Zendejas. Sin embargo
en las periciales dactiloscópicas tomadas
al vehículo no aparecen las huellas del
primero, el expolicía capitalino.
Fue en ese intervalo, dijo Torres, cuando agentes de tránsito los detuvieron a la
altura de la estación Xola del Metro, presuntamente porque Omar, el conductor,
no usaba el cinturón de seguridad.
El expolicía dijo que fue él quien se
bajó del auto para “arreglarse” con los uniformados, pues Omar se puso “muy nervioso” porque traía la pistola con la que
disparó a las víctimas y sus zapatos estaban manchados de sangre.
De acuerdo con su declaración, el auto
siguió hasta el estacionamiento de un hotel
ubicado en esa vialidad, donde lo alcanzaron los dos ocupantes del Stratus que –aunque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
capitalina no lo detectó en el seguimiento
de las cámaras– sirvió de “muro” desde que
salieron rumbo al departamento.
A las 15:50 horas las cámaras de la SSP
ubicaron al Mustang en la calzada de Tlalpan y Río Churubusco –en un lugar que no
especificaron– y “ahí permanece el auto
hasta las 18:51 horas”, según el seguimiento de la policía capitalina.
Torres Tranquilino dijo que él, Daniel
Pacheco Gutiérrez y Martínez Zendejas
llegaron al departamento de Luz Saviñón
en una camioneta Suburban, propiedad
de Daniel, quien solía guardar en ella armas largas porque, según su dicho, éste
y Omar eran miembros del grupo delincuencial Los Zetas.
El seguimiento a la Suburban muestra
que tras perpetrarse el crimen fue atrás
del Mustang hasta llegar al Eje 4 Xola. Ahí
la camioneta continuó hasta el Eje Central, dio vuelta en Xola y cruzó Tlalpan. A
las 15:20 horas fue ubicada circulando en
la avenida Napoleón, esquina con Sucre,
en la colonia Moderna.
De esa hora, el reporte de la policía
capitalina se salta hasta las 18:34 horas,
CAS O NARVA RT E
cuando localizó a la misma camioneta en
la calzada de Tlalpan, a la altura de Obrero Mundial. Los ojos de la policía la siguieron por toda la vialidad primaria hasta el
Eje 8, a donde llegó a las 18:43.
Según las cámaras de la SSP, el Mustang y la Suburban se reunieron en la calzada de Tlalpan a la altura de la calle 20 de
Agosto (cerca de la estación General Anaya) a las 18:50 horas. De ahí siguieron juntas hasta el trébol de la avenida Taxqueña,
por donde continuaron hacia el oriente,
hasta la esquina de Paseo de los Abetos,
colonia Paseos de Taxqueña, a las 19:02.
En ese punto el Mustang dio vuelta a la
izquierda y la Suburban se enfiló por Paseo de los Jardines hasta su cruce con la
avenida Escuela Naval Militar. En ese lugar
y hora termina el seguimiento de la SSP en
poder de la PGJDF.
Las videograbaciones particulares aportan un elemento fundamental a la investigación: una transacción entre los presuntos
homicidas y sus cómplices.
La entrega
El pasado 5 de agosto uno de los investigadores del caso, identificado como “comandante en jefe” Alejandro Valencia
www.publimetro.com.m
x
Unas videograbaciones –obtenidas de cámaras ajenas al sistema de seguridad de la Ciudad de México– fueron hechas llegar a la fiscalía que investiga el multihomicidio de la colonia Narvarte. En ellas se observa a los presuntos asesinos sacar del Mustang, en el cual huyeron de Luz Saviñón, un
paquete negro y un sobre amarillo (y sólo eso), que entregaron a personas
que los esperaban en una camioneta y con quienes se alejaron del lugar.
Cada vez se sostiene menos la hipótesis del robo como móvil de la matanza
de cuatro mujeres y del fotoperiodista Rubén Espinosa.
El Mustang. Entrega ine
xplicada
Velásquez, entregó a la Fiscalía Central de
Homicidios una “memoria USB de color
rosa con negro con el número 1303786038
G04G” en “buen estado”. Según declaró en
el acta de “Procesamiento de los indicios”
de la investigación FBJ/BJ-1/T2/4379/15607, el funcionario la recibió de un sujeto
al que no identificó en calles de la delegación Coyoacán.
La memoria contenía siete videos tomados de cuatro cámaras diferentes, identificadas con los números 2, 3, 7 y 9. Los
fotogramas impresos y contenidos en el
Tomo VII de la investigación muestran que
a las 19:07 horas del 31 de julio, el Mustang
llegó a la calle Paseo de los Abetos.
A bordo del auto iban dos personas.
Del lado del copiloto bajó un hombre vestido con pantalón de mezclilla y sudadera
verde. Se dirigió a una camioneta oscura
estacionada del otro lado del camellón.
Cruzó algunas palabras con sus tripulantes y regresó al Mustang.
Enseguida, dos personas bajaron de la
camioneta y se aproximaron a la cajuela
del auto. El primero la abrió, sin guantes.
En ese momento se acercó un tercer sujeto
que vestía playera clara y pantalón oscuro.
Uno de los hombres que bajó de la
camioneta sacó de la misma cajuela del
Mustang un bulto negro, pequeño. El hom2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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CA SO N ARVA RTE
bre de sudadera verde le entregó un sobre
amarillo que momentos antes había sacado por la ventanilla del lado del conductor
del mismo vehículo.
Hecha la doble entrega, el conductor
cerró la cajuela. Luego todos subieron a la
camioneta y se retiraron a las 19:11 horas.
El Mustang quedó abandonado, tal
como lo encontró la PGJDF el 4 de agosto.
Con base en estas evidencias, los abogados coadyuvantes solicitaron oficialmente a la PGJDF que les permita ver los videos
originales y que se realice un peritaje en antropometría y fisonomía para determinar
las características y rasgos de los hombres
que aparecen en estos videos.
También piden que se llame a declarar
nuevamente a Pacheco y Torres para que
hablen de sus cómplices y del destino final de la camioneta usada para realizar el
intercambio.
Según el peritaje dactiloscópico, se encontraron 11 fragmentos de huellas útiles en el Mustang –seis en las ventanas y
el espejo “de vanidad”– y en el departamento. No obstante, la confronta con las
huellas de Torres y Pacheco no arrojaron
coincidencias.
Preguntas sobre Milena
www.publimetro.com.m
x
Desde el pasado 2 de agosto el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, mencionó el robo como línea de investigación
del multihomicidio. Y aunque ninguna
autoridad de la PGJDF ha informado qué
robaron los asesinos, las filtraciones de
información se concentran en Milena Virginia Martín, la única extranjera entre las
víctimas, como objetivo del crimen.
Más: en sus declaraciones ministeriales, Pacheco Gutiérrez y Torres Tranquilino aseguran que ella se dedicaba a la
prostitución y tenía en su poder un cargamento de cocaína que había recogido del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.
El expolicía aseguró que la conoció el
año pasado en el bar Life, de la colonia Condesa, y que incluso la cuidó cuando convalecía de unas cirugías estéticas. El día del
multihomicidio, dijo, él fue quien llamó a la
puerta del departamento, habló con Milena
para que les facilitara la entrada. Hasta se
filtraron fotografías donde supuestamente
aparecen juntos en una fiesta.
Sin embargo, en los 10 tomos del expediente no hay evidencia de que la PGJDF
haya hecho esfuerzo alguno por comprobar los dichos de los detenidos.
El jueves 10, Karla Micheel Salas, David Peña y Leopoldo Maldonado, abogados
coadyuvantes de la familia de las víctimas
Nadia Pérez y Rubén Espinosa, ingresaron a
la PGJDF un escrito dirigido a José Francisco
Coronilla Argueta, titular de la Unidad de
Investigación 21 Bis de la Fiscalía Central
de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, con una lista de 53 preguntas y observaciones de la investigación.
En el documento, cuya copia tiene Proceso, al menos 10 puntos se refieren a Milena. Los abogados preguntan si la PGJDF
ya se entrevistó con quienes compartieron departamento con la colombiana antes de que se mudara a Luz Saviñón, así
como con su anterior arrendadora; si ya
habló con los vecinos de ese otro lugar y
si éstos identifican a Alejandra Negrete
como trabajadora doméstica.
Cuestionan si la Policía Cibernética ya
revisó el correo electrónico de la colombiana, que ella proporcionó a las autoridades
ministeriales en la carpeta de investigación CI-FBJ/BJ-4/U1-2C/D/01901/07-2015,
cuando interpuso una demanda por despojo contra su antigua casera, y si ésta ya
fue llamada a declarar.
Sobre el Mustang, que presuntamente
era de Milena, los abogados preguntan si
las autoridades ya investigaron al anterior
dueño, a quien supuestamente la mujer le
quedó a deber 50 mil pesos.
La coadyuvancia pregunta a la PGJDF
si tiene información de cómo Milena co-
“Mile”. Las dudas per
sisten
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noció a Alejandra y desde cuándo la segunda trabajaba para la primera, así como
si ha identificado a amistades y conocidos
de la colombiana que pudieran aportar información sobre sus actividades.
En este sentido también cuestiona si
las autoridades capitalinas ya solicitaron
información al Registro Público de la Propiedad, la Cámara de Comercio, Servicios
y Turismo y a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público sobre la empresa MS Model Management S. A. de C. V., donde Milena trabajó como modelo.
Por último, y a propósito de las acusaciones sobre su presunta participación en
actividades de narcotráfico –basadas únicamente en las declaraciones de los dos
detenidos, que son contradictorias entre
sí– los abogados demandan a la PGJDF saber si ya solicitaron información al Centro de Investigación y Seguridad Nacional
y al Instituto Nacional de Migración sobre
esas acusaciones.
“Todas estas preguntas se las tuvimos
que hacer a la procuraduría de manera oficial, porque en ninguno de los tomos del
expediente encontramos información al
respecto. No saben nada de Mile y la han
pintado como una narcotraficante y una
persona horrible. Todo eso se desprende de
la declaración de dos sujetos, cuyos hechos
son poco creíbles y no tienen sustento de
nada. No hay nada sobre la vida de Mile en
México”, explica Salas.
Sigue: “Si la línea de investigación de
la procuraduría es Mile y su relación con
los supuestos responsables, deberían investigar sobre eso; pero no hay nada en
el expediente que confirme que se conocían y tenían una relación de lo que fuera. Puede ser cierto, pero no lo han podido
comprobar”.
Por si no fuera suficiente el enredo, el
lunes 7 los abogados coadyuvantes, así
como representantes de la Clínica contra la Trata de Personas que acompaña las
reuniones semanales con autoridades de
la PGJDF, solicitaron a ésta la oportunidad
de que un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estuviera presente en el
encuentro del jueves 10 con los encargados del caso, como testigo del avance de
las investigaciones.
Sin embargo, según Peña, “nos negaron el acceso de este personal para que no
vieran las inconsistencias y falta de transparencia que manejan las autoridades de
la procuraduría”.
El viernes 11, la PGJDF dio a conocer
la captura de Martínez Zendejas, de 32
años, en la delegación Coyoacán, la zona
de influencia de los tres presuntos asesinos de Rubén Espinosa Becerril, Nadia
Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro y Milena Virginia Martín.
Venganza
de Estado
en favor de OHL
Germán Canseco
La constructora OHL volvió a verse envuelta en el escándalo
tras la difusión de dos nuevos audios sobre el presunto tráfico de influencias para beneficiar a la empresa española,
que ahora implican al propio presidente Enrique Peña Nieto
y a su secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo
Ruiz Esparza. Enseguida, sin embargo, la PGR y la SCT, junto con el gobernador mexiquense, se lanzaron con toda la
fuerza del Estado contra Infraiber, una firma especializada
en tecnología aplicada a la que el consorcio español responsabiliza por la filtración de las videograbaciones.
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2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
C ORR U P C IÓ N
JENARO VILLAMIL
Juan Medina
C
on una celeridad inusitada, la
Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila, se alinearon para operar el contragolpe anunciado desde Madrid el lunes 7 por
el presidente de la compañía constructora
OHL, Juan Miguel Villar Mir.
Ese día, el empresario hispano advirtió
que la compañía estaba “en proceso” de
llevar a cabo “las exigencias civiles y penales” contra sus supuestos enemigos que
han filtrado más de una decena de audios
a través de Youtube.
Villar Mir lanzó la amenaza desde Madrid, y en la Ciudad de México, alrededor
de las 15 horas del mismo lunes 7, Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa de
tecnología aplicada Infraiber, fue interceptado por cuatro vehículos de la PGR, cuyos
agentes lo detuvieron para presentarlo en
calidad de “testigo” por el presunto delito
de interferencia ilegal de comunicaciones
contra OHL.
Los agentes, afirma, le sembraron un
arma, después de lo cual lo llevaron a las
instalaciones de la PGR en la Colonia Nápoles. Durante más de tres horas lo tuvieron incomunicado. Doce horas después
fue trasladado a las instalaciones de la
misma dependencia en la calle de López
14, en el Centro Histórico, mientras su
abogado Jesús Moreno tramitaba un amparo contra la detención irregular.
Díez Gargari salió bajo caución hasta
el miércoles 9 a las 18:30 horas, tras pagar
65 mil pesos por presunta posesión ilegal
de armas. De acuerdo con su abogado, el
pretexto para detenerlo fue que su nombre apareció como responsable en los desplegados de prensa que Infraiber publicó
para denunciar que OHL ha recaudado de
manera irregular, desde enero de 2013, 50
centavos por cada automovilista que transita en el Circuito Exterior Mexiquense, la
obra más importante de la compañía española, que representa más de 40% de sus
ingresos en México.
La cacería contra el abogado y los empleados de Infraiber continuó el viernes
11. Elementos de la PGR realizaron un cateo en las instalaciones de la empresa,
ubicada en Campos Elíseos, en la colonia
Polanco, y retuvieron ahí durante varias
horas a cuatro trabajadores.
Durante el operativo, los agentes
impidieron el ingreso de los representantes legales a la oficina. La PGR argumentó que la actuación se apegó a
derecho, pues se obtuvo una orden judicial del juez federal penal especializa-
Villar Mir. Contragolpe
do en cateos, arraigos e intervención de
comunicaciones.
La acción de la procuraduría se realizó
un día después de que OHL anunció ante
la Bolsa Mexicana de Valores que había interpuesto una denuncia penal contra Infraiber y “terceras personas físicas (por)
la difusión de desplegados, comunicados
y grabaciones ilícitas y manipuladas mediante las cuales se pretende extorsionar
a la compañía y que ha causado un perjuicio patrimonial a los accionistas de la
misma”.
Los nuevos audios
En su comunicado, la firma española
manifestó que “hará uso de los recursos
legales a su alcance para valer sus derechos con la finalidad de salvaguardar su
patrimonio, que en definitiva es de sus
accionistas”.
El contraataque de OHL se produjo
los mismos días que fueron divulgados
dos nuevos audios: uno con el titular de
la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y otro en el
que José Andrés de Oteyza, presidente y
director general de OHL México, relata un
encuentro en Los Pinos con Enrique Peña
Nieto y la cúpula de la constructora el pasado 6 de abril.
Este último audio, divulgado en Youtube el martes 8, prendió los focos rojos
en Los Pinos. Es la primera vez desde que
comenzó a filtrarse en mayo pasado más
de una decena de audios sobre presuntas
irregularidades y tráfico de influencias de
OHL que el nombre del mandatario sale a
relucir dando instrucciones para favore-
cer a esta empresa en su litigio mercantil con Infraiber.
En medio de esta operación, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila,
anunció que clasificará como “información reservada” por nueve años más todo
lo relacionado con OHL y el Circuito Exterior Mexiquense.
Desde diciembre de 2012, el gobierno
de Ávila firmó una quinta modificación al
título de concesión con la constructora española para ampliarle el plazo hasta 2051
y permitirle el cobro de 50 centavos extra de cuota a cada automovilista, bajo el
pretexto de que ello serviría para la instalación de un sistema conocido como Sistema Independiente de Verificación de
Aforo (SIVA), concesionado a Infraiber.
Se calcula que de enero de 2013 a la fecha OHL ha recaudado más de 110 millones de pesos por ese cobro extra. Además,
la compañía española se ha escudado en
la opacidad de su título de concesión para
no aclarar las denuncias por irregularidades en el Circuito Exterior Mexiquense,
una obra de 110 kilómetros que genera el
50.1% de los ingresos de la trasnacional,
en el Viaducto Bicentenario, de 22 kilómetros, y en otras obras.
Las concesiones vigentes de OHL en
México representan el 17% de sus ingresos
totales. Tan sólo en los dos primeros años
de gestión de Peña Nieto recibió de la SCT
siete contratos por 41 mil 500 millones de
pesos, con sobrecostos de 610 millones, según han denunciado las otras compañías
competidoras del corporativo hispano.
En la Cámara de Diputados, la bancada del Movimiento de Regeneración Na-
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33
Germán Canseco
EPN, al servicio de OHL
Peña Nieto. Otro escándalo
cional (Morena) pidió la renuncia de Ruiz
Esparza a la SCT por “el posible conflicto
de interés, tráfico de influencias y hechos
de corrupción”. La mayoría de los legisladores del PRI y el Partido Verde mandaron
el tema a la congeladora.
“¿Qué hacer con este hijo de puta?”
En las nuevas grabaciones difundidas en
Youtube el martes 8 se escucha a Ruiz Esparza explicarle a Pablo Wallentin, entonces directivo de OHL, que la empresa
Infraiber “no tiene cómo defenderse porque no tiene ni acción contra el gobierno del Estado (de México), porque no hay
nada que le haya dado derecho a Infraiber, porque no se firmó ni se ha firmado,
entiendo, con ningún otro concesionario”.
El encuentro entre Juan Miguel Villar
Mir y el presidente Enrique Peña Nieto en
la residencia oficial de Los Pinos se realizó
el pasado 6 de abril, según confía el titular
de la SCT en el video.
Ruiz Esparza prácticamente asesoró
durante esta conversación a Wallentin sobre los pasos que seguirán el gobierno del
Estado de México, la secretaría a su cargo y
su Consejería Jurídica para desestimar las
acusaciones de Infraiber y declarar nulo el
convenio con esta empresa responsable
de administrar el sistema de aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense.
“Infraiber no tiene nada que demandarle a OHL. Infraiber no tiene nada que
demandarle al gobierno del Estado de
México”, sentenció Ruiz Esparza. “Ahora,
¿qué hacemos para que este hijo de puta
pare de chingar? Pues es otro pedo. ¿Me
explico? Pues ahí sí, no tenemos forma.
Nosotros tratamos de hablar con él para
ver qué chingados quería”, agregó.
34
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El funcionario le confesó a su interlocutor –quien aparece en varias de las
más de 10 llamadas telefónicas divulgadas desde mayo de este año–: “he tenido que tragar tantita caca, eh, luego les
comento”.
El mismo martes 8, un comunicado de
la SCT –que no negó el contenido fundamental de esta conversación– calificó las
grabaciones como “ilegales, editadas y
manipuladas” que “pretenden desorientar a la opinión pública”.
El titular de la SCT consideró que los
ataques de Infraiber arreciaron desde que
el gobierno del Estado de México declaró inválido y nulo el convenio que le adjudicó de manera directa el organismo
descentralizado conocido como Sistema
de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
(SAASCAEM), responsable de negociar el
pago de derechos de vía de las carreteras
concesionadas.
“Se sabe que ninguna empresa concesionaria quiso firmar contrato alguno con
Infraiber, requisito indispensable para
que el convenio tuviera vigencia, situación que generó molestia e inició diversas
confrontaciones”, según el documento de
la SCT.
Fue la segunda vez que la dependencia emite un comunicado para aclarar el
contenido de audios filtrados en relación
con OHL. El 8 de julio pasado Ruiz Esparza negó haber proporcionado disco alguno “con información relacionada a los
proyectos de Ciudad del Carmen o Indios
Verdes”; sostuvo que sólo le entregó a OHL
información relativa “a un cambio de trazo de la Autopista Atizapán-Atlacomulco, la cual está concesionada al grupo OHL
desde 2014”.
Horas después, también el martes 8, circuló otro audio en Youtube en el que se escucha a José Andrés de Oteyza, presidente de
OHL México, relatar a Pablo Wallentin lo
sustancial de un encuentro sostenido en
Los Pinos el 6 pasado de abril.
“Se le dio instrucciones de que hablara
él (Ruiz Esparza) al gobierno local (Estado
de México) y que le dijera que había habido esta reunión con quien la hubo y que
lo arreglaran porque lo arreglaran”, afirmó De Oteyza.
“Este Gerardo (Ruiz Esparza) se defiende delante del presidente y yo no le puedo
decir dos veces a un secretario delante del
presidente de la República que está equivocado”, abundó De Oteyza, confirmando
así las presuntas diferencias que ha tenido con el titular de la SCT.
A la reunión de Los Pinos asistieron
Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL;
Juan Osuna, vicepresidente de Concesiones; el propio De Oteyza, y Sergio Hidalgo Monroy y Portilla, director general de
OHL México.
De Oteyza regañó a Hidalgo Monroy
por haber comentado esta reunión en Los
Pinos con algunos empleados de OHL. “Le
dije: ‘Mira, vas a estar conmigo, pero no
le dices a nadie nada ni de que te vas a
reunir ni mucho menos de con quién ni
cómo, y mucho menos de lo que vamos
a tratar’”.
Hidalgo Monroy fue nombrado director general de OHL el 21 de febrero de
2013, en sustitución de Osuna. Fue el tercer director del ISSSTE en el sexenio de
Felipe Calderón y dejó varios expedientes
de opacidad y manejos irregulares de recursos públicos como director del Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes (SAE).
La Secretaría de la Función Pública documentó que existían al menos 124 procesos de investigación en contra de Hidalgo
Monroy como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda (2006-2010) y como director del SAE.
Durante su gestión al frente del SAE,
Hidalgo Monroy firmó un contrato por 80
millones de pesos con los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México
(Cusaem) para vigilar las instalaciones de
la Compañía de Luz y Fuerza del Centro,
en proceso de liquidación.
La respuesta más contundente fue del
gobierno del Estado de México que reservó hasta 2024 toda información relacionada con la concesión a OHL en el Circuito
Exterior Mexiquense. O
ES TADOS / NU EV O L E Ó N
Barrón y Martínez. Del PAN a “independientes”
LUCIANO CAMPOS GARZA
ONTERREY, NL.- El histórico
triunfo de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco,
como gobernador independiente de Nuevo León,
y la mayoría que obtuvo
el PAN en el Congreso local, supusieron un
nocaut para el PRI en la entidad.
El golpe cimbró también al mandatario priista, Rodrigo Medina de la Cruz,
pues El Bronco anunció que investigará las
denuncias de corruptelas de su gobierno.
En la legislatura era evidente que los 19
diputados de la mayoría panista buscarían la cabeza del gobernador saliente y
rechazarían sus cuentas públicas.
Sin embargo, cuando el PAN había colocado ya la guillotina y se aprestaba a
dejarla caer, ocurrió algo que cambió por
completo la configuración del Congreso
y ofreció una escapatoria a Medina: por
torpeza política de la coordinación blanquiazul, en el reparto de asientos en las
comisiones, dos de sus diputados se dijeron relegados y el mismo día de toma de
protesta de la LXXIV Legislatura estatal
renunciaron al partido y a la bancada.
Además, se aliaron al PRI y cambiaron
la inclinación de la balanza. Ahora, con
amarres que astutamente hizo con los partidos minoritarios, el priista ya le arrebató
al PAN el control del Congreso; incluso de
su administración, la cual ya sentía segura
el líder de la bancada, Arturo Salinas Garza.
Antes del 3 de octubre, cuando termina el sexenio, los diputados deben revisar
las cuentas públicas del gobierno actual.
Marco Antonio González Valdez, coordinador de la bancada del PRI, asegura que
los tiempos nuevos no le garantizan impunidad a nadie y se compromete a revisar
meticulosamente los reportes de Medina.
De igual manera, los ahora expanistas
independientes Karina Barrón Perales y
Marco Antonio Martínez Díaz, sostienen
que, en nombre de la honestidad política,
para la revisión de los números que entregará el gobernador no se aliarán con el PRI
y emitirán un voto de conciencia.
En el equipo del Bronco se observa casi
con desinterés el pleito interno que hay entre legisladores. “Allá ellos; que se peleen”,
dice el operador político del gobierno entrante, Manuel González Flores.
M
La
traición
que lo cambia todo
Soberbia panista
Parecía que el PRI había quedado fuera de combate en Nuevo León. El triunfo de un independiente en el gobierno estatal
y la pérdida de la mayoría en el Congreso local no auguraban
nada bueno para el tricolor ni para el mandatario saliente,
Rodrigo Medina, cuya administración iba a ser revisada con
lupa en la legislatura. Pero dos diputados que renunciaron al
PAN inclinan la balanza… en favor del priismo, otra vez.
Luego del triunfo de Rodríguez Calderón el
7 de junio, PAN y PRI estuvieron de acuerdo
en que debían modernizarse, mejorar, cambiar su discurso. El voto ciudadano les envió
un mensaje: tenían que evolucionar.
De los 42 asientos del Congreso local el
PAN se quedó con 19, el PRI con 16, Movimiento Ciudadano (MC) con tres, el Verde
con dos, el Partido del Trabajo con uno y
Nueva Alianza con uno.
El martes 1 sesionaron por vez primera
los nuevos diputados. Sorpresivamente, antes de tomar protesta, los panistas Barrón
y Martínez renunciaron a su militancia
panista.
En la Oficialía de Partes, donde entregaron un oficio para desligarse de la
fracción albiazul, los dos expusieron que
no estaban de acuerdo con la nueva conducción del PAN: “A pesar de estar a favor
de la doctrina que predica nuestro partido
Acción Nacional, tomamos la decisión de
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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Una amistad que se enturbia
LUCIANO CAMPOS GARZA
M
ONTERREY, NL.- A lo largo de sus
vidas, el constructor Fernando
Maiz Garza y el gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, han mantenido
tres encuentros públicos.
Primero por una circunstancia trágica,
y luego por motivos políticos. Los hechos
han demostrado que son amigos genuinos,
aunque la cercanía de los dos ha generado
suspicacias entre la clase política. ¿Cómo
puede ser tan generoso un hombre de negocios con el próximo encargado de manejar la administración de un estado entero?
¿Buscará una retribución?
Hay, por lo menos, señalamientos de
que Maiz Garza –quien hasta hace algunos
meses tenía fama de empresario próspero y
líder social– no ha sido del todo transparente en su relación con el servicio público.
Él acaba de recibir la asignación de una
irnos porque queremos ser independientes y tomar decisiones de manera libre y
todo con beneficio a los ciudadanos”, expresó Barrón, quien por lo general habla
por los dos.
En su cuenta de Facebook fue más precisa: “Renuncio al Partido Acción Nacional
al no ser escuchada nuestra voz y nuestra
perspectiva conforme a lo que creemos
mejor para los ciudadanos. Esto me ha orillado a unirme al camino de millones de
ciudadanos no representados por un partido político, junto a mi compañero, el diputado Marco Antonio Martínez Díaz”.
José Alfredo Pérez Bernal, dirigente
del PAN nuevoleonés, los llamó traidores,
pues accedieron al puesto con el voto de
los panistas. Salinas Garza hizo berrinche.
De un plumazo, su dorada mayoría desapareció. Y una semana después, el lunes 7,
los llamados independientes asestaron al
PAN un golpe aún más contundente, que
revigorizó al PRI.
En la sesión de ese día se le entregó
la presidencia de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) a Arturo Salinas, líder de la primera mayoría.
Tradicionalmente, desde esta posición se
maneja la administración del Congreso.
Inesperadamente, en la tribuna fue
sometido a votación un acuerdo delegatorio mediante el cual se le entregaba el
manejo de los 320 millones de pesos de
recursos del Congreso al líder de la fracción priista. Para que la iniciativa prosperara se necesitaba mayoría simple.
36
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
millonaria obra del gobierno del estado sin licitación de por medio, lo que desató comentarios negativos y ocasionó que renunciara a
su posición como presidente del Consejo Cívico –que busca combatir la corrupción.
Pese a todo, El Bronco mantiene firme su relación con el constructor. Lo retiró
de la lista de proveedores del gobierno pero
aceptó que le prestara un avión para viajar a
Colombia. Ahora, el mismo hombre de negocios le dio las llaves, sin costo alguno, de
un piso de oficinas en el municipio de San
Pedro, para que ahí se instalara el equipo de
transición hasta que inicie el nuevo gobierno, el 4 de octubre.
Vieja relación
La primera vez que Rodríguez y Maíz cruzaron caminos fue cuando El Bronco fue electo alcalde de García en julio de 2009. Su
toma de protesta estaba programada para
el 1 de noviembre. Sin embargo, días antes,
Los 17 diputados que le quedan al PAN
hicieron equipo con la fracción de MC,
que ha expresado abierta alianza con El
Bronco. Sin embargo, los votos sumados de
las dos fracciones daban apenas 20.
González Valdez, en cambio, hizo
amarres efectivos. A sus 16 diputados
sumó los dos del Verde, uno del PT y el
otro del Panal. Pero además hizo equipo
con los independientes. En total se sumaron cinco bancadas para llegar a 22 votos.
De esta manera, la mayoría con la que
llegó el PAN a esta Legislatura quedó reducida a nada, al obtener el PRI el control
administrativo del Congreso.
Salinas Garza explotó. Subió a la tribuna y se lanzó contra el coordinador del
PRI. “Me extraña, Marco, que tú, habiendo
sido diputado federal, hoy pretendas venir a imponer o querer imponer una Ley
de Herodes, a ver qué te robas de la administración del Congreso”. Luego anunció
que los asesores legales de la fracción panista combatirán el acuerdo irregular para
revertirlo. Pero el daño ya estaba hecho.
Pérez Bernal consideró que la maniobra del PRI buscaba comprar impunidad
para Medina, pues mediante el control de
los recursos de la legislatura podía hacer
acuerdos con los partidos pequeños –“la
chiquillada”– a los cuales darían prebendas a cambio de la aprobación de las
cuentas del cuestionado mandatario.
La jugada, dijo Pérez Bernal, se inició
cuando Barrón y Martínez renunciaron
el PAN para entregar su lealtad al PRI:
el 9 de octubre, desapareció su hijo mayor,
Jaime Lizenco. Nadie sabía dónde estaba.
El Bronco salió a buscarlo por todos lados.
Tuvo un presentimiento, y según ha contado, en su desesperación decidió buscar al
muchacho por aire, en la Sierra de Galeana,
al sur del estado. Pero no tenía aeronave.
Manuel González Flores, encargado del
área política de la transición y desde hace 35
años amigo del hoy gobernador electo, comenta que Maiz ofreció prestarle su helicóptero particular, aunque no se conocían. Fue el
propio edil quien, durante el vuelo, encontró a
su hijo fallecido en un coche desbarrancado.
“(El Bronco) había tenido acontecimientos recientes de amenazas y cuestiones de
ésas y pensaba que algo malo había pasado
con el muchacho. Seguía con la esperanza.
Hubo alguien que se apiadó de él y le prestó
el helicóptero para buscarlo. Fue Fernando
Maiz”, explica González Flores.
Desde entonces, Rodríguez Calderón profesa hacia el hombre de negocios –dueño de
Maiz Construcciones e Ingenierías y Maiz Edificaciones– una notoria gratitud.
Con el paso de los años, El Bronco dejó
al PRI, se postuló como aspirante independiente a la gubernatura de Nuevo León y
“Lo comenzaron a configurar la semana
pasada, al momento de llevarse a dos
diputados del PAN, quienes pensando
en sus intereses se entregaron; y en esa
entrega que hicieron lo que lograron es
darle la mayoría al PRI. ¿Ustedes creen
que el control del Congreso es gratis?
¡Claro que no! Y junto con el PT y el Verde
Ecologista, que es comparsa, y lo mismo
Nueva Alianza, tratan de concretar este
atraco”, dijo.
Cuando se serenaron los ánimos, los
panistas comenzaron a voltear con enojo
hacia Salinas, pues a él se le atribuye la
pérdida de la mayoría en el Congreso. Se
le acusa de haber pecado de soberbia al
subestimar a Barrón, quien había solicitado con antelación un asiento en la Cocri.
Ahora se sabe que Salinas la desdeñó,
tratándola como a una novata de la política, y repartió las posiciones importantes
entre sus allegados. No supo conciliar el
disgusto de Barrón y Martínez quienes,
por lo visto, ya tenían el plan de dejar el
PAN si no les daban lo que pedían.
Juran imparcialidad
González Valdez, coordinador de la bancada priista, en 2009 fue director general del
Fideicomiso para el Desarrollo del Sur de
Nuevo León. Ese año, en la campaña ganadora de Rodrigo Medina, fue su asesor y
coordinador en desarrollo social, agropecuario y rural.
Pese a la cercanía con el actual man-
ES TADOS / NU EV O L E Ó N
ganó las elecciones del 7 de junio pasado.
Desde ese día, Jaime se ha dedicado a
recorrer México y Sudamérica para exponer,
en diferentes foros, la experiencia que lo llevó
a convertirse en el primer mandatario “sin colores” en la historia reciente de México.
En esa dinámica, Rodríguez Calderón viajó el 22 de julio a Guatemala y luego a Colombia
a ofrecer conferencias. El viaje fue patrocinado
por la Fundación Ecópolis, que forma parte de
la plataforma de observación de desempeño
de servidores públicos Cómo Vamos. El avión
que los transportó era de Maiz Garza.
Cuando se conoció la procedencia de la
aeronave, El Bronco dijo que eso no lo comprometía a nada.
Pero sobrevinieron otros señalamientos.
Maiz fue exhibido en mayo por el diario El
Norte: Reveló que –sin licitación– al consorcio
del empresario se le encargó la ampliación de
la sede de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). El costo total fue de mil millones de
pesos. La beneficiaria fue NL Desarrollos Sociedad Anónima Promotora de Inversión, conformada por las dos compañías de Maiz.
Maíz Edificaciones fue fundada en 1962 y
da unos 300 empleos de planta, según se explica en internet. En su página web se asienta que
se dedica a la generación de energía, urbanización y construcción de naves industriales, centros comerciales y de distribución.
Los datos del constructor habían sido
ocultados. Cuando se supo quién ampliaría la AEI, Maiz alegó que se reservó la información por confidencialidad, pues el trabajo
era efectuado en un edificio relacionado con
la seguridad del estado.
La explicación no convenció. En junio tuvo que renunciar al Consejo Cívico.
El organismo ciudadano aceptó la renuncia, pero reconoció la trayectoria limpia del
empresario, su apego a la legalidad y su
profesionalismo.
Fue un aciago episodio para el constructor quien, además, encabezaba un esfuerzo
denominado Hagámoslo Bien, que impulsa
la cultura de la legalidad.
Cuando se conoció el uso del avión privado en el que el gobernador electo viajó a
Centro y Sudamérica, el presidente del PAN
estatal, José Alfredo Pérez Bernal, pidió
congruencia al Bronco, pues en campaña su
discurso fue el de la rendición de cuentas.
El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador también se pronunció:
“El Bronco es más de lo mismo. Durante su
campaña guardé silencio para no hacer el
juego a los otros, que son iguales, pero ahora que se traslada en un avión privado de un
contratista de Monterrey, a Colombia, queda de manifiesto que no es un hombre que
entienda la política como imperativo ético”.
El nuevoleonés dijo que Maiz es su amigo y que seguirá viajando para despertar
al país si le pagan los gastos. Y que estaría
dispuesto a usar el avión de Maiz otra vez.
Rodríguez Calderón y Maiz Garza tuvieron un tercer encuentro público. El Bronco
lo dio a conocer.
El 5 de septiembre el político difundió un
comunicado para explicar que la sede de su
comité de campaña, denominada La Casa
Bronca y ubicada frente a la plaza la Purísima, en el primer cuadro de la ciudad, estaba
saturada y que movería su oficina particular
al vecino municipio de San Pedro.
A partir de ese día y hasta el 4 de octubre trabajaría en el segundo piso del edificio
ubicado en la calle Río Lys 351 de la colonia
del Valle, en el mismo inmueble donde está
la sede de Maiz Edificaciones. El sitio es de
su amigo Fernando y fue facilitado, aseveró
el político, sin costo para el erario ni para el
equipo de transición. O
datario, asegura fervientemente que no
será su tapadera. Para estar acorde con los
nuevos tiempos de la democracia, afirma
que el PRI y sus aliados no obtuvieron la
mayoría en el Congreso local para aprobar
las cuentas de Medina.
Pero el PRI está en posición inmejorable
para salvar al gobernador, objeto frecuente de reproches del Bronco y su equipo de
transición, quienes anunciaron que revisarán todas sus cuentas debido al presunto
manejo irresponsable de las finanzas.
El reportero le comenta al coordinador que nunca se ha visto en el Congreso
local que un partido vote contra un gobernante de sus colores. González Valdez
dice estar de acuerdo, pero aclara que el
escenario inédito que enfrenta Nuevo
León, con un mandatario sin partido, le
ofrece al PRI la posibilidad de limpiar su
imagen.
Con esa oferta de honestidad, dice, revisarán los estados financieros de Medina, y en comisiones y en tribuna decidirán
si los aprueban o no. Lo mismo harán con
las cuentas públicas de todos los municipios, para superar prácticas añejas de
solapamiento de irregularidades, que era
una forma de negociación política que
quedó en el pasado, asegura.
El fenómeno que él llama “gran tsunami electoral 2015”, en el cual la ciudadanía le quitó la gubernatura a los partidos
para dársela a un independiente, fue una
muestra de que la gente estaba harta del
PRI y el PAN.
Ahora, según dijo el dirigente nacional
priista Manlio Fabio Beltrones, los diputados nuevoleoneses tienen la encomienda
de no ser obstáculo de las iniciativas del
gobernador entrante y sí, en cambio, deberán coadyuvar para que fluya su administración, comenta González Valdez.
por Zeferino Salgado y el senador Raúl
Gracia.
Barrón se justifica diciendo que por
estar tan concentrada en su trabajo no
tuvo tiempo de observar cómo era el ambiente político en el instituto político y
cómo aquella dupla lo mangoneaba.
Hasta hace poco, sostiene, se enteró
de que había prácticas antidemocráticas.
Señala que no forma parte de ningún grupo y dice que suponía que la conformación de las tribus había sido superada en
la entidad, por lo que ya como diputada
pidió espacio en comisiones para poder
actuar en beneficio de la gente.
Pero encontró que el coordinador le
explicó que el reparto ya estaba hecho.
Ella quería estar en la Cocri, pero refiere que Salinas le dijo que se aburriría mucho ahí y los asientos ya estaban
repartidos.
Entonces el PRI se les acercó, relata.
“Con Marco González tuvimos un acercamiento, hubo consensos con las cinco
fracciones, nos invitaban. No conocíamos
al coordinador del PRI. Checamos su pasado reciente y vimos que se veía un
hombre comprometido y con buenos antecedentes por lo que dijimos: ‘Vamos a
ver’”.
Sin embargo, los diputados sin partido aseguran que no harán equipo con
el PRI para sacar adelante las cuentas
de Medina que, según ha revelado el
equipo de transición, están plagadas de
irregularidades.
Dupla cuestionada
Barrón y Martínez se ajustaron de inmediato al protagonismo y gozan de ser el
factor desequilibrante en el Congreso. Por
ahora, la dupla independiente ha entregado sus favores al PRI, aunque sostienen
firmemente que su única causa es la ciudadana. Los dos tienen largas trayectorias
en el servicio público, en administraciones municipales panistas.
En el PAN se acusa a ambos de resentidos, luego de que no recibieron posiciones
en la pasada elección, ahora que se aproxima el relevo en las alcaldías.
Martínez, quien fue regidor con Fernando Larrazábal en la alcaldía regiomontana hasta hace tres años, dice que dejar
el partido fue doloroso, pero lo hicieron
luego de ser ignorados por Salinas.
Barrón, quien fue directora de Modernización en la administración de Margarita Arellanes –presidenta municipal de
Monterrey–, dice que se hartaron de las
prácticas de manipulación del PAN, cometidas por agentes cuyos nombres no
menciona, aunque se presume que se refiere al “grupo San Nicolás”, encabezado
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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Javier Sicilia
Lo que dice Nestora
E
l caos del país, ese caos que no
existe en el innoble imaginario de Enrique Peña Nieto, tiene mil formas: fosas comunes, asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros,
desplazamientos e impunidad. Habría
que agregar a ellas la fabricación de
delitos a quienes, frente al caos, tomaron el camino de defender a los
suyos. Uno de esos rostros, que junto
a los del José Manuel Mireles y Mario
Luna representa el de cientos, es el de
Nestora Salgado. En ella se expresa la
sentencia del Estado: “Si se defienden
les destruimos la vida. Ustedes no nos
importan”.
La visité hace unos días en la torre
médica del Centro Femenil de Readaptación Social, en donde convalece a
causa de la huelga de hambre que hizo
para luchar por su inocencia. Gordita,
chaparrita, dulce y a la vez firme, responde a mi alegría de verla bien con:
“No podría ser de otra forma, Javier. La
seguridad de que yo no hice lo que me
atribuyen me da paz y fuerza”.
A pesar del daño del hígado, consecuencia de su ayuno, y de su dolor
crónico de espalda, secuela de un accidente carretero que dañó sus cervicales –y para el cual no se le proporciona
medicamento porque no hay Pregabalina en el hospital–, no se queja. Por el
contrario, inició el 23 de agosto el Ayuno de Daniel –un ayuno de verduras–
para acompañar el año de sufrimiento
de los padres de Ayotzinapa. Una for-
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2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ma de continuar en su encierro lo que no
dejó de hacer como comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá: defender a
la población contra el crimen organizado
y la corrupción e inoperancia del Estado.
En ese encargo –amparado por el artículo 701 de la Ley Estatal de Guerrero
y el 2.A de la Constitución federal, que
garantizan el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y la autodefensa–
disminuyó 90% las tasas de criminalidad
de Olinalá. Sin embargo, en 2013, la recuperación de cuatro adolescentes declaradas desaparecidas por sus madres y su
detención, por petición de esas mismas
madres, en la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria derivó en el arresto sin
orden de aprehensión de Nestora y en su
confinamiento, igual de arbitrario, en el
penal de alta seguridad de Tepic.
Las muchachas que la acusan, víctimas de una red de trata y de tráfico de
drogas vinculada con las autoridades del
municipio, me dice Nestora, “traían en
sus celulares videos de violaciones y de
ejecuciones que entregamos al Ejército.
Sus madres nos pidieron que las retuviéramos en la Casa de Justicia y Reeducación porque ya no sabían qué hacer con
ellas. No secuestramos ni maltratamos
a nadie, como ellas dicen. Usted conoce
bien la Casa de Justicia y la manera en
que se vive allí y se encauza la vida. A mí
me gustaría ahora estar allí y no en este
lugar. Aquí, a pesar de las buenas condiciones del hospital, es el encierro. Allá, usted lo sabe, es un confinamiento en liber-
tad. Se paga trabajando por la comunidad
y se busca la recuperación de las personas
retenidas”.
La criminalización de Nestora, lejos de
constituir un acto de justicia, es un acto
más del oprobio del Estado mexicano: la
protección de negocios criminales. Primero, el de la trata y el tráfico de drogas,
del que las muchachas que la acusan son
víctimas y usufructo. Segundo, mediante
el amedrentamiento y la criminalización
de las policías comunitarias, el de la instalación cómoda de las compañías mineras en las montañas de Guerrero cuyos
contratos están ya firmados. “Parece, Javier –me dice con tristeza–, que conscientizar y defender con dignidad la vida es
un crimen para el Estado, un crimen que
se paga con el encarcelamiento y la destrucción de la vida. ¿Sabe qué me duele
más de todo esto? No ver a mis hijas ni a
mi nieto y saber del sufrimiento de tantos
seres indefensos”.
La criminalización de Nestora –al
igual que la de Mireles y sus autodefensas, al igual que la de Luna y los yaquis–
no sólo es el otro rostro de los crímenes
de Ayotzinapa, de los 57 mil 410 asesinados en lo que va de la administración
de Peña Nieto, de los 80 mil del sexenio
de Calderón –la deuda no es de gobierno, sino de Estado–, de los más de 30 mil
desaparecidos que continúan su monstruosa acumulación, y de las centenas de
muchachas corrompidas por el crimen,
como las que acusan a Nestora. Es también la mentira con la que en su discurso
AN ÁLI S I S
Naranjo
Repartición
de tres años de gobierno Peña Nieto ha
querido maquillar una vez más la tragedia humanitaria y la emergencia nacional que administra y hace cada día
más hondas.
La presencia de Nestora es, sin embargo, una palabra que en el cerco de
su encierro aplasta con su dignidad la
amplificación del vacío y criminal discurso del Estado. Cuando me despedí
de ella nos abrazamos. La palabra que
salió entonces de su boca y resumía
nuestra conversación no tenía sonido.
Su sonido no era el de la mudez que la
criminalidad del Estado quiere imponerle, sino el del silencio absoluto.
Ese alarido de la palabra dentro
del silencio me recordó el que proferí
en Manila cuando supe del asesinato
de mi hijo, el mismo que articula cada
víctima. Me recordó el de Casandra
cuando “adivinó el vaho de sangre en
la casa de Atreo”. La misma lamentación pura y salvaje que acusa al Estado
por su inhumanidad y la devastación
de lo humano, y clama por la justicia,
la paz y la libertad humilladas.
Además opino que hay que respetar
los Acuerdos de San Andrés; detener la
guerra; liberar a José Manuel Mireles, a
sus autodefensas, a Nestora Salgado, a
Mario Luna y a todos los presos políticos; hacer justicia a las víctimas de
la violencia; juzgar a gobernadores y
funcionarios criminales; boicotear las
elecciones y devolverle su programa a
Carmen Aristegui. O
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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Jesús Cantú
Investigaciones para encubrir
L
a característica distintiva de la
Procuraduría General de la República
en este sexenio es la elaboración de
investigaciones que inculpen y exculpen de acuerdo con su conveniencia.
Esa justamente ha sido la tónica en todas las ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de enfrentamientos en casi
todos los casos –Tlatlaya, Tanhuato y
Apatzingán, entre los más relevantes–,
y son los medios de comunicación y
las organizaciones de la sociedad civil
los que han aportado elementos incontrovertibles que los obligan a revisar su “verdad jurídica”.
El caso de los 43 normalistas de
Ayotzinapa tuvo características peculiares, distintas a los otros tres casos
citados, porque lo primero que se conoció fue la agresión contra el autobús
en el que viajaba el equipo de futbol
Los Avispones; luego, la denuncia de
la desaparición de los estudiantes, que
se pretendió desacreditar de inmediato porque aparecieron algunos de los
presuntamente desaparecidos; y finalmente construyeron la versión que les
permitiera liberar de cualquier responsabilidad a la Policía Federal y al Ejército, así como decretar la culpabilidad del
alcalde de Iguala y su señora, lo mismo
que de las policías municipales de Iguala y Cocula.
Para sustentar dicha versión tuvieron que inventar (como hoy queda ya
demostrado en el informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes –GIEI– de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que
el Ejército y la Policía Federal fueron
totalmente ajenos a los hechos, que ni
siquiera supieron de los mismos en el
momento en que estaban ocurriendo; y,
desde luego, lo más inverosímil, que los
cuerpos de los 43 normalistas habían
sido cremados en una pira en el basurero de Cocula.
Dicha especie era el fundamento
para que el presidente Enrique Peña
Nieto anunciara sus 10 medidas con-
40
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
tra la inseguridad, en las que incluyó la
desaparición de las policías municipales y
el establecimiento del mando único estatal;
pero también para salvaguardar la imagen
de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal
y evitar que la desaparición afectara al presidente, al gobierno federal y al mismo PRI
que, cobijado por la “verdad histórica”, logró recuperar el gobierno de Guerrero.
En este caso, el escándalo nacional e
internacional era tal que el gobierno tuvo
que convocar al GIEI, pensando que la PGR
había elaborado una versión sustentable
e integrado un expediente presentable;
pero el GIEI echó por tierra la versión y
despedazó la averiguación previa. Dos de
los tres principales señalamientos ya habían sido ventilados en los medios de comunicación masiva con elementos muy
sólidos: el conocimiento en tiempo real de
los acontecimientos por parte del Ejército y la Policía Federal (Proceso 1978, 1989,
1990, 1992, 2015 y 2027); la imposibilidad
de que los cuerpos hubiesen sido incine-
rados en el basurero (Proceso 1985 y 1990);
y la existencia de un quinto autobús, que
eventualmente transportaba droga y que
los estudiantes secuestraron sin saberlo,
hecho que despertó la reacción de la delincuencia organizada –el único aspecto que
no había sido analizado profundamente.
En el caso Tlatlaya la PGR tuvo que
modificar su versión inicial y aceptar que
los presuntos delincuentes sí fueron ejecutados; pero todavía hoy se empeñan en
exculpar a los mandos superiores, a pesar
del devastador informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en
relación con que la instrucción de ejecutar
a los presuntos delincuentes viene de la
cúspide de la cadena de mando, es decir,
desde el mismo secretario de la Defensa
Nacional. Si hoy una comisión de expertos
revisara dicho expediente y pudiera emprender pesquisas como las efectuadas por
la GIEI en el caso Ayotzinapa, seguramente
también destrozaría dicho expediente. En
el caso de las matanzas de Apatzingán y
Tanhuato, Michoacán, el asunto es todavía
peor, pues ni siquiera han aceptado que
no fueron enfrentamientos, sino ejecución
extrajudicial de víctimas desarmadas.
La gran diferencia en estos cuatro casos es que únicamente en el de Ayotzinapa, por la presión pública nacional e internacional, el gobierno tuvo que abrirse a un
escrutinio externo, y éste confirmó lo que
ya había sido denunciado por expertos y
los medios nacionales; pero en los cuatro,
la supuesta verdad jurídica de la PGR es
insostenible.
En estos momentos las únicas consecuencias de dicho informe son sobre la
opinión pública, y obligaron de inmediato
a Peña Nieto a ordenar atender el informe;
sin embargo, las autoridades responsables
de las investigaciones de inmediato respaldaron su versión. Primero fue Felipe de
Jesús Muñoz, titular de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, quien el mismo lunes
por la mañana afirmó en una entrevista
en Radio Fórmula que los cuerpos sí fueron cremados en el basurero; y, posterior-
ANÁ L IS IS
Ernesto Villanueva
Corrupción delirante
mente, el miércoles 9 de septiembre,
altos mandos de la Comisión Nacional
de Seguridad consultados por Reforma
señalaron que “la Policía Federal no
tiene acreditada la intercepción por
parte de elementos de dicha corporación” del quinto autobús, según publicó
el diario en su edición del jueves 10 de
septiembre.
Así que todo indica que, a pesar de
la existencia de un informe pormenorizado de un grupo de expertos internacionales, la PGR y las distintas corporaciones de seguridad involucradas
sostendrán su versión por inverosímil
que resulte.
No obstante, las consecuencias internacionales para el Estado mexicano
serán funestas, tanto por el impacto en
la opinión pública y sus efectos devastadores en el ámbito económico –lo han
venido expresando con toda claridad
diversos analistas– como en las cortes
internacionales, pues es un hecho que
si no hay una modificación radical de
la “verdad oficial” el asunto terminará
en los tribunales internacionales (Corte
Interamericana de Derechos Humanos
y Corte Internacional de Justicia de La
Haya), los que sí tomarán muy en cuenta el informe del GIEI.
El informe de este grupo de expertos internacionales no tendrá hoy en
México el impacto que tuvo en Guatemala la actuación de la Comisión
Internacional contra la Impunidad,
porque sus atribuciones son muy diferentes (en el país centroamericano
la Comisión puede querellarse directamente ante las instancias del Poder
Judicial, y aquí el GIEI simplemente
emite una opinión sin ninguna consecuencia jurídica inmediata); pero en
el mediano y largo plazos las repercusiones para México pueden ser muy
graves, por el empecinamiento y el
cinismo del presidente y su gabinete
de integrar investigaciones amañadas
pese a las contundentes evidencias
que las desmienten. O
E
l gobierno federal, un día sí y otro
también, sigue despeñándose en una espiral de corrupción e ilegitimidad, y ya
descendió a un nivel al que ningún gobierno en el México contemporáneo había
llegado. Veamos.
Primero. Son bien conocidos los actos
de ilegalidad en los que presuntamente incurrió la empresa española OHL en
México, algo que ya le generó un alto
costo accionario, precisamente por practicar lo contrario a lo que señalan sus
valores: “Lealtad y honradez, lealtad y
transparencia”.
OHL se dedica a la infraestructura carretera y, en el caso de México, se ha encargado de siete grandes proyectos, entre
ellos el Circuito Exterior Mexiquense y el
Circuito Bicentenario, en los que intervino de manera significativa el gobierno del
Estado de México. En todos ha sido señalado por supuestos casos de corrupción.
Segundo. Hoy es la primera vez que
se tiene evidencia de que efectivamente
la corrupción existe entre la compañía
española y las autoridades mexicanas.
Las grabaciones que Proceso difundió en
su portal web revelan, de entrada, tres
elementos gravísimos para el país: a) La
existencia de sobreprecios para servir a
intereses ajenos a la sociedad, en 400%
más de su valor real; b) La intervención
como gestor y consejero del secretario
de Comunicaciones y Transportes del
gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza,
como subordinado de una empresa extranjera y “gestor” empresarial ante las
autoridades mexiquenses, y c) La injerencia de la federación en asuntos que
formalmente son competencia de una
entidad federativa soberana, el Estado
de México. En esas grabaciones se alude
también al presidente Enrique Peña Nieto, pero en su descargo hay que decir que
no hay evidencias o indicios de que el
mandatario sea responsable de algún de2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
41
lito relacionado con el caso. Por lo menos
hasta ahora.
Tercero. Se presume que el contenido
de las grabaciones es cierto, toda vez que
el abogado de la empresa afectada –Infraiber, que tiene un permiso para medir
el flujo vehicular en las autopistas mexiquenses en cuestión– fue detenido por
los presuntos delitos de intervención telefónica y portación de arma de fuego sin
el permiso de la Secretaría de la Defensa
Nacional. El litigante fue liberado 48 horas
después, tras demostrarse que se violó de
principio a fin el debido proceso en su
perjuicio, según dio cuenta el diario El País
en su edición del 10 de agosto de 2015.
Más allá de los intereses de Infraiber,
que denunció las irregularidades de este
caso, es importante decir que la medición
del flujo vehicular es un requisito esencial
para saber los ingresos generados por esas
vías e identificar el retorno de la inversión.
Como si no fuera suficiente el irregular
asunto de las casas de Peña Nieto, Luis Videgaray y Angélica Rivera, el caso OHL viene a reforzar, por si hubiera duda, un clarísimo caso de corrupción dentro del primer
círculo del presidente, no sólo por los ilícitos administrativos previstos en el artículo
8 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de Servidores Públicos,
sino de diversos tipos penales previstos en
el artículo 225 del Código Penal Federal en
que podría incurrir el secretario Ruiz Esparza, que tienen pena privativa de la libertad
sin derecho a fianza, así como destitución e
inhabilitación del servicio público.
En un Estado de derecho, Ruiz Esparza
ya habría pedido retirarse del cargo y las
intervenciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), con el objetivo
de que deslinde las responsabilidades a
que hubiera lugar.
De hecho, el titular del Ejecutivo federal
debería de ordenar esas acciones para salvar –es un decir– a su gobierno de un caso
más que no necesita. Eso seguramente no
va a pasar, porque por problemas de disfunción del sistema institucional mexicano,
ambas instituciones –SFP y PGR– dependen
del titular del Ejecutivo federal y carecen de
independencia de criterio.
Este caso es un llamado urgente para resolver el problema de fondo, que exige emprender una cirugía mayor a las leyes referentes al esquema de pesos y contrapesos y
que hoy es sólo una caricatura en perjuicio
de la sociedad mexicana. En esa reforma se
debería hacer un cambio al modelo jurídico
para que las inversiones público-privadas o
privadas de interés público sean hechas a
imagen y semejanza de las mejores expresiones de la experiencia comparada.
En los países democráticos este tipo
de compañías son contratadas por el gobierno para concretar iniciativas que, en
principio, debería llevar a cabo el Estado.
Así, por ejemplo, en Estados Unidos se han
edificado autopistas de cuota, y desde el
inicio se establece que, una vez que la empresa constructora obtenga las ganancias
proyectadas, se eliminará el cobro del peaje. En México eso no sucede. De entrada,
todas las autopistas de cobro siguen cobrando –desde hace más de 20 o 30 años–,
sin que se sepa si algún día volverán a ser
parte de los contribuyentes, que las han
pagado con creces una y otra vez. De facto,
esas concesiones no tienen fin. O
@evillanuevamx
[email protected]
ernestovillanueva.blogspot.com
42
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ANÁ L IS IS
Sabina Berman
Por qué el populismo
E
n su tercer informe de gobierno
el presidente Peña Nieto señaló cuál es
el enemigo a vencer en las próximas
elecciones presidenciales:
El populismo.
Es decir, el movimiento de masas
que busca capturar el poder por fuera
de las instituciones electorales tradicionales –los partidos–.
Advirtió además sobre una verdad
histórica:
De alcanzar el poder, el líder populista suele volverse de espaldas a
las instituciones establecidas: tiende
a operar al margen de ellas, apoyándose en las masas que lo encumbraron, y luego de desautorizarlas suele
destruirlas.
No malbaratemos las instituciones
edificadas por generaciones de mexicanos, pidió el presidente a los mexicanos. Defendámoslas. No atendamos
a los líderes que se desmarcan de las
instituciones: serán sus destructores.
Todo ello lo dijo el presidente sin
mencionar una sola vez a los dos populistas que encabezan hoy la intención
de voto para las elecciones presidenciales del 2018: Andrés Manuel López
Obrador y El Bronco.
Lo curioso es que el presidente no
mencionó el porqué del populismo. Curioso porque la causa apareció al inicio
de su mismo informe de gobierno. A
decir, el presidente admitió que hoy los
mexicanos vivimos una crisis grave de
confianza en las instituciones.
Los mexicanos no confiamos en que
las instituciones de justicia hacen justicia,
ni en que las instituciones que debieran
buscar la verdad la buscan, ni creemos
que las de seguridad nos aseguran contra el crimen, ni que las hacendarias administran sabia y eficazmente nuestra
economía, y menos que la institución que
vigila y sanciona la corrupción hace otra
cosa que lamer sorbetes de nieve de limón
mientras de cierto la corrupción es la enfermedad mayor de las instituciones.
La pregunta relevante aquí es por
qué tendríamos los mexicanos que confiar en esas instituciones que tan claramente nos están fallando. Y por qué
deberíamos defenderlas si parecen haber dejado de servirnos a nosotros, los
ciudadanos, para servir únicamente a la
bonanza personal de los políticos.
Porque esto también lo enseña la
historia.
El populismo emerge cuando las instituciones establecidas excluyen a las
grandes mayorías. El populismo emerge
cuando el sufrimiento general es desatendido por el sistema establecido, que
no le ofrece cauces de solución, y a menudo ni siquiera una representación
simbólica.
Cuando el sufrimiento general es
ignorado, es cuando es posible que un
líder que lo nombra y lo articula en un
relato de cambio se encumbre. Un relato que típicamente, sí, desautoriza a las
instituciones del pasado y, sí, a menudo
las destruye.
Cierto, el populismo siempre es peligroso. Igual lleva al poder a Nelson Mandela que a Hitler. Igual lleva al poder a Corazón Aquino que a Hugo Chávez. Pero la
política convertida en una mera administración del deterioro también es peligrosa.
En el análisis final de no pocos mexicanos, más vale el riesgo de un Bronco o
de un AMLO en la Presidencia, sin aparentes diques a lo que puedan o no hacer al margen de lo establecido, que la
perpetuación de la desesperanza.
Los partidos se han aprestado a poner en las leyes electorales candados
que impidan a los populistas participar
en el concurso electoral. Se equivocan:
al marginalizarlos del proceso democrático sólo provocan la tentación de un populismo que busque ascender por fuera
de la democracia electoral.
El gobierno por su parte se empeña
en controlar la información: marginaliza a la prensa que reporta la corrupción
y marginaliza a las voces de protesta,
mientras premia a las voces salameras
en las que pocos creen ya y aumenta la
difusión de la propaganda.
Y se equivoca también: al ceder a la
tentación autoritaria, sobre todo en los
tiempos en que las redes sociales comunican lo omitido por otros medios, sólo
abona a la radicalización del populismo.
Más le valdría al sistema abrirse que
defenderse. Lejos de excluir, incluir. Y lejos de ignorar las razones de la desconfianza, atenderlas: están en el interior de
las instituciones, no fuera. O
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AP photo / Petros Giannakouris)
Lade laruta
muerte
Vienen de Medio Oriente o de muchos puntos de África.
Huyen de la guerra o de la miseria, de las persecuciones políticas o religiosas, y ansían alcanzar los países
centroeuropeos o escandinavos. Quieren vivir en paz.
Pero para ello se tienen que jugar la vida en cruces marítimos llenos de riesgos. Dos mil 600 han perecido este
año en el mar. Y la situación empeoró con la guerra siria. Proceso acudió al punto de partida, en Turquía, y al
de llegada, en Grecia, donde miles de migrantes se ponen en manos de traficantes de seres humanos o son
recibidos con hostilidad y agresiones.
44
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ANDRÉS MOURENZA
B
ODRUM, TURQUÍA/KOS, GRECIA.–
Lo primero que perciben los
ojos al acostumbrarse a la oscuridad nocturna de la playa de Lambi es el cañón de
un tanque el cual se recorta
discreto sobre la luz tenue de un pequeño puesto militar en el cabo que protege la
bahía de Kos. El cañón apunta a la estrecha
franja de mar, de sólo seis kilómetros, que
separa esta isla griega de la costa de Turquía, como un recuerdo de pasadas disputas entre los dos países.
Pero es simbólico que sea un cañón lo
que recibe a los refugiados que huyen de la
guerra y la violencia en Medio Oriente, Asia
o África y se juegan la vida cruzando este
estrecho para llegar a su ansiada Europa.
IN TE RN AC ION A L
/EUR O PA
Lo lograron: los refugiados ya están en
territorio de la Unión Europea (UE).
Desde enero, más de 350 mil personas
han llegado a la UE tras cruzar las aguas
del Mediterráneo y del Egeo; una cifra 60%
superior a la de todo 2014, según datos de
la Organización Internacional para las Migraciones. Dos de cada tres migrantes siguen la ruta que va de Turquía a las islas
griegas, para después cruzar los Balcanes
a pie, tren o autobús –si bien ello supone
salir del territorio de la UE–, para alcanzar el corazón de Europa Central –Alemania, Holanda o Bélgica– o seguir a los países escandinavos, tradicionalmente más
generosos con quienes solicitan asilo.
Entre quienes emprenden esta peligrosa ruta –consta que este año ha habido al menos 2 mil 600 muertes– hay quien
llega de Afganistán, Bangladesh o Irak, de
países africanos como República Democrática del Congo, Eritrea o Sudán.
Pero sobre todo de Siria. El conflicto civil
en el país árabe, una guerra que ha costado
230 mil vidas en cuatro años, ha desplazado
de sus hogares a 12 millones de personas,
de las cuales 4.5 millones han cruzado la
frontera hacia países vecinos. Turquía acoge a 2 millones de sirios; Líbano a 1.2; Jordania a más de 600 mil; Irak a un cuarto de
millón… Y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
estima que 400 mil sirios más se preparan
para huir hacia la UE este año y otros tantos
el próximo. La crisis migratoria no ha hecho
más que empezar.
La espera
Algo se mueve en las negras aguas, en
un punto casi equidistante de ambos países,
y patrulleras de la Guardia Costera –una helena, otra turca– se aproximan. Son casi las
cinco de la mañana, pero la tiniebla aún no
se disipa. Las únicas luces que perturban la
noche son las de los hoteles y centros nocturnos, pues tanto Kos como Bodrum, enfrente, son destinos vacacionales.
De pronto, una de las patrulleras enciende sus potentes focos e ilumina dos
lanchas inflables cargadas de refugiados
que trataban de ganar la orilla griega. Tras
un cuarto de hora de lo que, desde la lejanía de la playa, parece una discusión entre
los guardacostas griegos y los migrantes,
los primeros hacen subir a los segundos a
su embarcación. Las luces del alba aparecen cuando la nave de la Guardia Costera
penetra en la bahía.
El viaje comienza en internet. Cientos de
páginas en Facebook dan consejos u ofrecen contacto con intermediarios para embarcarse en las costas turcas. Quienes tienen familiares o amigos que ya han llegado
a un destino seguro o están en ruta, aconsejan a los que van más atrasados a través
de las aplicaciones telefónicas WhatsApp
o Viber, y prácticamente todos conocen al
dedillo la ruta: “Bodrum, Kos, Atenas, Macedonia, Serbia, Hungría, Austria y… Alemania”, recita de corrido Rami, un sirio entrevistado por Proceso.
“Nos guiamos por Google Maps”, añade. De ahí que uno de los elementos más
preciados por los refugiados en cualquiera de las etapas de su viaje de más de 4 mil
kilómetros sea la electricidad para cargar
la batería de sus celulares.
“Ha surgido una nueva economía en
torno a los refugiados”, explica Ahmet
Acar, empresario de Bodrum. “Según las
estadísticas, un turista deja en Turquía un
promedio de 750 dólares, pero un refugia-
do deja al menos mil euros (mil 120 dólares), que es más o menos el precio que cobran los traficantes por cruzarte a Grecia,
más todo lo que gasta a diario en comida,
hoteles o telefonía”.
De entre los que huyen de Siria, muchos son integrantes de la clase media,
pero también hay otros que sólo tienen
el dinero justo para el viaje –varios miles
de euros por cabeza– y no pueden permitirse el lujo de gastarlo en un hotel o en
una pensión.
En el parque Ückuyular de Bodrum corretea una treintena de niños; una decena
de familias sirias habitan ahí. “Por las noches el viento es frío como el hielo y por
la mañana hace muchísimo calor. No tenemos mantas, dormimos sobre el suelo.
Nosotros podemos soportarlo, pero estas
familias con niños… para ellos es horrible”, se queja Mustafa Chaar, un joven sirio que estudiaba ingeniería en Alepo, Siria, hasta que la policía del régimen de
Bashar al Asad lo detuvo, aparentemente
sin motivo, y lo torturó durante un mes.
A su lado está Simo, estudiante de
Agronomía, de 20 años y en quien su familia ha depositado todas sus ilusiones…
y sus ahorros. “De momento he gastado 3
mil euros en llegar hasta aquí, pero no sé
cuánto me costará alcanzar Europa”, dice.
“Quiero ir a Alemania porque allí el gobierno se preocupa por la gente; en Siria no
eres nadie para el gobierno”.
Su familia, originaria de Damasco, se
trasladó a Palmira al inicio de la guerra civil siria, pero esta primavera el Estado Islámico (EI) conquistó esa ciudad y tres de
los hermanos de Simo fueron ejecutados.
Atrapados entre las fuerzas del gobierno, el EI y otras facciones combatientes, Simo es la única la esperanza de los
suyos. “Cuando me instale en Alemania,
traeré a mi hermana, a mi hermano y a
mis padres”, afirma.
Mustafa, Simo y los demás ocupantes
del parque aguardan a que los traficantes
les notifiquen el día en que podrán tomar
una barca hacia Kos. Hay quien lleva tres
días, hay quien lleva un mes durmiendo
en el suelo.
La situación de Abdulmenem Alsatouf
se parece a la trágica historia de la familia de Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años
ahogado junto con su hermano de cinco y
su madre, tratando de cruzar a Grecia –después de que Canadá les negase la solicitud
de asilo–, y la imagen de cuyo cuerpo tendido sin vida en una playa de la península
de Bodrum conmocionó al mundo.
Alsatouf dirigía un supermercado en
Idlib hasta que el bombardeo de un caza
del régimen lo redujo a escombros. Aho2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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ra espera junto con su mujer y sus tres hijas –Nur, de 5 años; Hasun, de 3; y Nermin,
de uno– la hora de embarcar. “Esperamos
tres meses en Ankara a que el consulado
de Italia nos concediese visa, pero nos la
negaron”, dice.
Mustafa Chaar se enerva. Todos son
conscientes del peligro que supone el viaje en patera a Kos. “Hace falta que los gobiernos de Turquía, de Grecia, de Europa,
se pongan de acuerdo y nos permitan un
paso seguro y no nos dejen morir en el
mar. ¡Somos personas! ¡Personas!”.
La hora de embarcar
AP photo / Giannis Papanikos
A las 10 de la noche comienza el ajetreo en
las callejuelas del centro de Bodrum. Un
hombre se acerca a un grupo de sirios, que
empacan a toda prisa; llega una furgoneta,
montan los cinco y el vehículo sale disparado por otra callejuela. Al cabo de 10 minutos la operación se repite, pero esta vez
es un taxi el que viene a recoger a los sirios.
El destino es el mismo, alguna playa del suroeste de la península de Bodrum, la parte
más cercana a la isla de Kos y a otros islotes griegos.
Hacia medianoche los refugiados, escondidos en la maleza, inflan sus lanchas y
a la carrera se lanzan al agua. La nueva táctica de los traficantes de personas –redes
que se organizan según la nacionalidad de
los refugiados y en las que participan tanto
turcos como gente de los países de los que
procede el cargamento– es llevar a los migrantes hasta la playa, explicarles cómo se
maneja el bote, darles un par de indicaciones y dejarlos a su suerte, de manera que
se evitan la detención en caso de que la patera sea interceptada.
“El traficante tiene tu vida en sus ma-
nos y no le importa un carajo, a pesar de
que hace mucho dinero contigo. Mientras
tú estás en el mar jugándote la vida, él
está tranquilamente en su hotel”, denuncia un joven sirio que ha intentado cruzar
dos veces, sin éxito.
El problema es que la mayoría de los
refugiados sirios, iraquíes y afganos que
se embarcan apenas tienen una mínima
noción de lo que es el mar. Muchos ni siquiera saben nadar. En la península de Bodrum las aguas son tramposas: si bien en
la bahía parecen calmas, 100 metros adentro comienzan las corrientes, el viento y el
oleaje. Al carecer de quilla, las lanchas son
difíciles de mantener a flote, más teniendo en cuenta que los motores que instalan
los traficantes son de poca potencia y que
van sobrecargadas.
“Usan botes de poca calidad”, asegura
el propietario de un taller de reparación de
embarcaciones al que los traficantes llevan
las lanchas a arreglar cuando son interceptadas por los guardacostas, que las pinchan para intentar que no sean utilizadas
de nuevo. “Ésta, por ejemplo, es de una capacidad máxima de 18 pasajeros, pero meterán en ella 40 o 50, y a poco que se supere el peso máximo, el piso de la lancha se
despega y comienza a entrar agua”, describe mientras sus trabajadores parchan una
inmensa lancha negra.
El empresario se excusa: “Si no arreglamos nosotros estas lanchas, lo harán
otros. Este de la inmigración no es un problema que pueda solucionar yo, es cosa de
los gobiernos”.
Hasta la primera semana de septiembre las embarcaciones partían cada noche de las playas de Bodrum por decenas,
apenas molestadas por las autoridades.
Pero tras el revuelo por la muerte de Aylan
Kurdi los comandantes de la Gendarmería han ordenado controles en tierra firme para interceptar a los migrantes antes
de que se echen al mar –reconoce un gendarme consultado por este semanario– y
también se han reforzado las patrullas de
la Guardia Costera.
Pero es como tratar de contener un
puño de arena en la mano: siempre encuentra algún lugar por donde escurrirse.
Si la vigilancia se refuerza en Bodrum, los
refugiados usan rutas más al norte hacia
otras islas griegas, como Leros o Lesbos.
“Los refugiados sólo tienen una idea
en la cabeza: llegar a Europa. Y no les importan los riesgos porque, quienes han
llegado ya, sólo les cuentan las cosas buenas”, afirma un guardacostas turco.
A su lado, otro explica que los guardacostas están sobrepasados por las circunstancias. “Hemos recibido refuerzos
de otras regiones, pero aun así llevo siete
días sin poder ir a casa a ver a mi familia.
Respecto al año anterior, el número de intentos de cruce ha aumentado 300%”.
La noche anterior, estos guardacostas
rescataron a 33 sirios de un bote a la deriva; éstos ahora están detenidos. “Pagamos mil 300 euros por cabeza. Pero cuando llegamos a la lancha me sorprendí de
que no hubiese un piloto, sino que dijeron que condujésemos nosotros. Nos perdimos. Estuvimos cuatro horas a la deriva
y los más jóvenes entraron en pánico, así
que telefoneé a los guardacostas”, relata
Ahmad Mustafá, uno de los rescatados y
quien lidera este grupo de varias familias
que decidieron escapar juntas de Alepo.
“Todos los días mueren 30 o 40 personas por los bombardeos y combates (en
Alepo). Desde hace dos años no tenemos
electricidad y desde hace tres meses tampoco hay agua”, añade.
A su lado, su sobrino Faruk promete
seguir intentándolo. “No me rendiré. Llegué hasta aquí y no pararé hasta que logre
mi sueño: ir a Alemania y completar mis
estudios de medicina”.
Ataques racistas
Isla de Kos. Apenas una escala
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2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Pero al otro lado, en territorio griego, la situación no es mucho mejor. Los migrantes
que llegan deben registrarse ante la policía y los guardacostas para recibir un documento que les permita viajar a Atenas;
pero el sistema, se queja Roberto Mignone,
coordinador de Emergencias del ACNUR en
Kos, es “poco eficiente”: hasta inicios de
septiembre llegaban unos mil refugiados
al día, mientras los policías sólo podían registrar uno o dos centenares por jornada.
Además, denuncia Mignone, el ayuntamiento se negó a colaborar con el ACNUR
y no le permite abrir un campo de refugiados con condiciones mínimamente dignas,
I NTERNAC I ONAL /EUR O PA
además de haber prohibido a los migrantes
el uso de los retretes públicos.
El resultado es el caos absoluto: los refugiados se han instalado en cientos de
tiendas de campaña a lo largo del paseo
marítimo y en las aceras. El hedor es insoportable y los más pequeños sufren reacciones alérgicas por la falta de higiene y el
efecto del sol.
“Teníamos dinero suficiente para
todo el viaje, pero llevamos ya una semana aquí parados, esperando el permiso, y
el dinero se acaba”, lamenta Hafiz, quien
viene de Kabul (Afganistán) con su mujer y su hija de apenas un año, huyendo
de los talibanes. “No tenemos ni inodoros para hacer nuestras necesidades. No
tenemos para comer. Algunos niños ni siquiera tienen para vestirse. Es un gran desastre y creo que a las autoridades no les
preocupa lo que nos pase”.
Varios grupos de activistas solidarios
–griegos y de otros países– tratan de paliar esta situación repartiendo botellas de
agua, comida y ropa. Pero algunos han comenzado a recibir amenazas, pues la población local se siente saturada por la presión migratoria y considera que daña el
turismo, principal industria local. En Kos
hay unos 5 mil refugiados y migrantes
por 33 mil habitantes; en otras islas, como
Lesbos, la proporción es de 20 mil a 85 mil.
Además ha empezado a haber choques entre migrantes de diferentes nacionalidades, pues afganos y paquistaníes se
quejan del trato preferente recibido por
los sirios.
En este mar revuelto trata de pescar el
partido neonazi heleno Amanecer Dorado –habrá elecciones generales el domingo 20–, que ha organizado protestas contra la presencia de los indocumentados.
Tras una de estas marchas, el jueves 3, los
manifestantes, armados con palos y manoplas de acero, se lanzaron en contra de
un grupo de 200 refugiados sirios coreando eslóganes como “Vuelvan a sus países”
o “Kos será su tumba”.
“Pegaban incluso a mujeres que iban
con bebés”, relata el sirio Abdulá, a quien
le rompieron un dedo. Otros, que sufrieron contusiones y hemorragias, fueron
hospitalizados.
En Lesbos también ha habido ataques
racistas y el domingo 6, dos jóvenes lanzaron bombas molotov a unas familias sirias
que dormían a la intemperie. “Estamos
aquí por un trozo de papel, es lo único que
necesitamos para salir de aquí”, se queja
el afgano Hafiz.
Esa es la idea en la cabeza de todos los
refugiados atrapados en Kos: escapar de la
isla, seguir el viaje. Tan es así que el sirio
Abdulkadir Nur, de 42 años, sufrió un infarto cuando un agente lo amenazó con no
darle el permiso de partida, por creer que
se había reído de él durante un tumulto.
Los presentes llamaron una ambulancia, pero Nur, con tres hijos a su cargo –entre ellas unas mellizas de siete años–, se
negó a subir, pensando que si lo llevaban
al hospital acabaría en gastos médicos el
dinero que les queda y retrasarían el viaje.
“Mis hijas no pueden quedarse aquí, tienen miedo, no soportan el olor. Tenemos
que partir”, dice Abdulkadir, cuyo pecho
aún late arrítmicamente y quien apenas
puede dar unos pasos sin jadear.
“Para nosotros dejar Siria fue muy difícil. Teníamos una pizzería muy conocida y dejamos nuestro trabajo, nuestro hogar. Yo dejé mis estudios y mi banda de
rock”, añade el hijo, Muhammed, con los
ojos enrojecidos: “Mi padre, que está enfermo, lo hizo por nosotros. Huyó por nosotros, para que tengamos un futuro. Para
que podamos vivir en paz”. O
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47
LOUISA REYNOLDS
C
IUDAD DE GUATEMALA.- “Cuando pasamos, nos dio miedo de
que nos fuera a agarrar la migra, así que con el Neto conseguimos un disfraz de vaca,
y yo bien pilas agarré la parte
de adelante, y al Neto, que no sabía a lo
que se metía, le tocó la parte de atrás. Y
yo que me había comido unos tacos con
chile chipotle”, cuenta Nito, personaje bigotudo, cuyas botas y sombrero lo identifican como vaquero de la región oriental
de Guatemala.
Se escuchan las risas del público.
Nito es el productor y actor guatemalteco Sammy Morales. Él y su hermano
Jimmy, quien interpreta a Neto, forman el
dúo cómico Nito y Neto y desde hace 17
años se han mantenido al aire en los canales de televisión abierta 3 y 7 con el programa Moralejas.
“Estos hermanos se convirtieron en los
cómicos del fin de semana. Las personas
que no tienen cable, y que son la mayoría en este país, veían a Nito y Neto en todas sus payasadas. A veces el sketch no es
muy gracioso, pero es muy guatemalteco.
Es una comicidad popular, barata y sencilla”, afirma Ramiro MacDonald, semiólogo
de la Universidad Rafael Landívar.
En el largometraje Un presidente de a
sombrero, estrenado en 2007, Nito y Neto
interpretan a dos vaqueros que se lanzan
a la Presidencia de Guatemala. Es una parodia de la demagogia y la corrupción que
caracteriza la oferta electoral en el país.
Como si se tratara de una profecía,
ocho años después, en medio de la crisis
política que atraviesa Guatemala a raíz de
un gigantesco escándalo de corrupción
conocido como “La Línea”, Jimmy Morales
se quitó el sombrero y el bigote falso y se
lanzó en pos de la Presidencia como candidato del Frente de Convergencia Nacional (FCN) Nación. Contra los pronósticos
iniciales, este minúsculo partido, que ni
siquiera figuraba en las encuestas, saltó al
segundo lugar en la preferencia de votos
un mes antes de las elecciones y ganó con
23.8% de sufragios la primera vuelta de los
comicios, el domingo 6.
El
actor
de la ultraderecha
En repudio a la corrupción gubernamental y de los partidos, la mayoría de los guatemaltecos votaron el domingo 6 por un candidato presidencial percibido como
ajeno a la clase política: Jimmy Morales, un popular
comediante de televisión quien ni siquiera figuraba en
las primeras encuestas electorales. Pero la apuesta por
este candidato entraña peligros: el partido que lo postula, el FNC Nación, es una fusión que incluye a un grupo de militares de extrema derecha.
Voto de protesta
Al mismo tiempo que el gobierno de Otto
Pérez Molina se venía abajo con la renuncia masiva de los integrantes de su
gabinete, el encarcelamiento de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el desafuero
del presidente, el instituto político de éste,
el Partido Patriota (PP), se desintegraba.
Manuel Baldizón, del partido opositor Libertad Democrática Renovada (Lider) encabezaba las encuestas y parecía
el mejor para llenar el vacío que dejaba el
48
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PP. Pero el supuesto involucramiento de su
compañero de fórmula, Edgar Barquín, en
otro gran escándalo convenció a muchos
votantes de que un gobierno de Baldizón
resultaría tan corrupto como el de Pérez
Molina.
Dos meses después de que la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, financiado por las Naciones
Unidas), destapara “La Línea”, salió a luz el
escándalo conocido como “Lavado y Política”, donde se señala que Barquín, durante
su gestión como presidente del Banco de
Guatemala, utilizó su posición para encubrir las actividades de una red de lavado de
dinero encabezada por Francisco Morales
Guerra, alias Chico Dólar.
Según la CICIG, la organización lavó en
el sistema bancario unos 937 millones de
dólares del narcotráfico, fondos que posteriormente fueron utilizados para financiar las campañas políticas de Lider y del
partido Gran Alianza Nacional en la contienda electoral de 2011. Varios diputados
AP photo / Luis Soto
I NTERNAC I ONAL /GU ATEM A L A
Morales. Victoria sorpresiva
de Lider también están acusados de participar en la red de Morales Guerra.
Sobre Baldizón ya pesaban otros señalamientos; entre ellos, evidencia de que su libro Rompiendo paradigmas contiene material
plagiado de varios autores, y un informe publicado por la Oficina en Washington para
América Latina en 2011, en el cual se afirma
que la fortuna familiar del candidato proviene del tráfico de piezas arqueológicas.
Una alianza entre Lider y el PP en el
Congreso, que bloqueó el primer intento de
desaforar a Pérez Molina, terminó de cimentar la percepción de que los dos partidos
eran como dos caras de la misma moneda.
Los manifestantes que salieron a la
calle semana tras semana para exigir la
renuncia de Pérez Molina también comenzaron a expresar su rechazo hacia toda la
clase política y transformaron el lema de
campaña de Baldizón, “Le toca”, en “No te
toca, Baldizón”, frase que se viralizó en las
redes sociales.
En este contexto de profunda crisis política Morales saltó a la palestra. Según la
encuesta de Contrapoder y Canal Antigua,
35% de los encuestados aseguraban que
votarían por Baldizón; 12.9%, por Sandra
Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y 10.4% por Morales.
El 10 de agosto, una encuesta publicada por el diario Prensa Libre reflejó el impacto negativo del caso “Lavado y Política”
en la opinión pública. 24.9% de los encuestados aseguraba que votaría por Baldizón,
mientras Morales se colocaba en segundo
lugar con 16.2%, y Torres bajaba al tercero con 14.7%.
Una semana antes de la primera vuelta
electoral, Baldizón instó a sus candidatos
locales a hipotecar sus vehículos y viviendas para acarrear votantes a las urnas y
dijo que con el voto “les darían en la madre” a sus opositores. El rechazo del electorado se intensificó y la última encuesta
publicada por Prensa Libre –48 horas antes de las elecciones– mostró un resultado
sorprendente: Morales había desplazado a
Baldizón y lideraba el pelotón con 25% de
la intención de voto. El candidato de Lider
tenía 22.9% y en tercer lugar aparecía Torres con 18.4%.
El pronóstico resultó acertado. Morales
logró una sorpresiva victoria con 23.85% de
los votos. El segundo lugar se lo disputan
Torres, con 19.76%, y Baldizón, con 19.65%,
una diferencia tan marginal que deberá
realizarse un reconteo parcial para establecer quién pasará a la segunda vuelta contra
Morales el próximo 25 de octubre.
“La encuesta de Prensa Libre ayudó a
conducir el voto anti-Baldizón. El fenómeno Jimmy Morales fue un instrumento para
que Baldizón dejara de encabezar las tendencias electorales. Se logró el objetivo de
que Baldizón no pasara (a la segunda vuelta), pero ahora viene la pregunta: ¿Tiene
la calidad para ser presidente?”, pregunta Sandino Asturias, director del Centro de
Estudios de Guatemala.
Militares en las sombras
“Sé que algunos tienen la duda de si soy
Nito o si soy Neto. Soy Neto, no soy bonito pero soy coqueto”, dijo Morales desde el
escenario. Desde el público se escucharon
risas. Con la siguiente frase que pronunció se quitó la máscara del comediante y
se puso la del político: “Pero lo más importante no es saber si soy Nito o si soy Neto,
sino que a ustedes les consta que no soy
corrupto ni soy ladrón”.
Quienes asistieron a la presentación
oficial de FCN Nación el 22 de junio, en el
Paseo La Sexta, en la capital, aplaudieron
efusivamente.
Con esa frase, “ni corrupto ni ladrón”,
Morales ha logrado colocarse en el imaginario del votante como el candidato antisistema. Por ser nuevo en la esfera política,
se le ha criticado por su falta de experiencia, pero esto es algo que a su vez le permite proyectarse como el único candidato
que no ha sido salpicado por escándalos de
corrupción. Entre sus adeptos hay muchos
que aseveran que “no es un candidato per-
fecto, pero merece el beneficio de la duda”.
También ha buscado proyectarse
como un David luchando contra el Goliat
de la contienda: Baldizón. Mientras que
Lider fue sancionado por las autoridades
electorales por exceder el gasto de campaña permitido por la ley, con un total de 5.3
millones de dólares, Morales ganó la primera vuelta con una modesta campaña
de 480 mil dólares y un manejo hábil de
las redes sociales.
Pero Morales, el supuesto outsider de la
política, está mucho más enraizado en el
establishment político de lo que sus adeptos
creen. Tras un intento infructuoso de aliarse con el partido MIO-País, de Luis Rabbé,
quien se postuló este año como candidato a diputado de Lider, en 2011 participó
como candidato a la alcaldía del populoso
municipio de Mixco, con el minúsculo partido ADN, pero alcanzó menos de 6% de los
votos.
Dos años después, fusionó su propia
agrupación política, Nación –la cual no
había logrado inscribir como partido–, con
el Frente de Convergencia Nacional (FCN),
fundado por militares retirados de extrema derecha pertenecientes a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala.
Por ello no sorprende que en una entrevista con un panel de seis periodistas
en el programa Destino 2016, de Canal Antigua, el pasado 6 de junio, haya manifestado que a su criterio no se cometió
genocidio contra el pueblo maya ixil durante el conflicto armado interno.
Para evitar el desgaste político que
podría suponer un vínculo con actores
castrenses tras la caída estrepitosa del gobierno del general retirado Pérez Molina,
Morales se esfuerza por minimizar los orígenes militares de su partido y se excusa aseverando que en la Guatemala de la
posguerra no existe un solo partido donde
no participen actores militares.
“El sector militar siempre ha sido uno
que opera en la sombra. Son los fundadores del partido y es poco creíble que
no tengan influencia”, afirma Javier Brolo, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. “Lo que destaca
de Jimmy Morales es la contradicción de
ser antisistema en su discurso pero perteneciente a un partido muy conservador y
de derecha”.
Cuando se dirigió a sus simpatizantes
en el Paseo La Sexta, repitió un guión bien
memorizado. Dijo que es hijo de una viuda de clase trabajadora y que de niño vendió plátanos en el mercado de Santa Luisa
para ganarse el sustento. Se jactó de ser
egresado de la estatal Universidad de San
Carlos, “la universidad del pueblo”. Tampoco faltaron las referencias a la fe cristiana, tan importantes en el país de América
Latina con el mayor número de cristianos
evangélicos.
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RAFAEL CRODA
B
Nito y Neto. Parodia y realidad política
Las alusiones a la fe cristiana frecuentemente se traducen en aseveraciones moralistas. “La familia es el primer formador.
Después tenemos la escuela y la iglesia. Si
hablamos de la corrupción, viene de una
mala formación en el hogar”, dijo en la
entrevista con Canal Antigua. También se
pronunció en contra del aborto y a favor de
la pena de muerte, citando la Ley del Talión
como justificación.
Las propuestas drásticas para combatir la criminalidad no son nada nuevo
y ganan adeptos en un país donde la mayoría de la población favorece la pena de
muerte y 30% avala el linchamiento, según encuesta publicada por Prensa Libre en
2007. Pérez Molina, militar retirado, ganó
las elecciones prometiendo “mano dura”
para combatir a la delincuencia, y Baldizón también incluye la pena capital en su
oferta de campaña.
“Nacionalismo cristiano”
Los candidatos de origen militar con un
discurso evangélico y moralista tampoco
son algo nuevo en la historia política de
Guatemala. Basta recordar al exdictador
Efraín Ríos Montt, quien enfrenta juicio
por genocidio, quien era integrante de la
secta pentecostal Iglesia del Verbo y cuyo
discurso aludía a los valores familiares.
En entrevista con Eduardo Valdizán, de
Canal Azteca, el 16 de junio, Morales definió su base ideológica como un “nacionalismo cristiano”, pero frunció el ceño
cuando Valdizán citó a Franco y a Hitler
como ejemplos de regímenes que se autodefinían como nacionalistas.
En las entrevistas, su capacidad histriónica le da una ventaja sobre otros candidatos. Morales se ve relajado frente a las
cámaras, no lo intimidan las preguntas incisivas y habla en tono enérgico y contundente, incluso cuando el contenido de su
mensaje es vacuo o simplista. En contraste,
el semiólogo MacDonald describe la imagen de Torres, candidata de la UNE, como
“una señora regañona”.
Torres se divorció del entonces gober-
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nante Álvaro Colom en 2012, en un intento
de eludir el escollo constitucional que impide a los familiares cercanos de un mandatario ser candidatos a la Presidencia.
Como encargada de aplicar el programa de
transferencias condicionadas del gobierno
de la UNE, logró construir una base política importante en el interior del país, pero
goza de poca simpatía entre los votantes
urbanos y entre la clase empresarial.
De cara a la segunda vuelta del 25 de
octubre, el papel del sector empresarial –el
cual rompió sus vínculos con el PP tras el
escándalo de “La Línea” y rechaza contundentemente a Baldizón– podría ser decisivo.
Por el momento, afirma Asturias, el sector
privado pareciera decantarse por Morales,
a quien percibe como “controlable”, aunque también hay empresarios que apoyan
a Torres.
Por otra parte, Torres tiene a su favor
una infraestructura partidaria sólida, algo
de lo que carece Morales. “Sandra Torres
podría ganar si logra fijar en la mente del
electorado que Jimmy Morales es improvisado. El voto de Morales es difuso, su partido no tiene estructura ni identidad y es
demasiado urbano. La presencia de Torres
le complica mucho las cosas. Le hubiera
sido mucho más fácil competir contra Baldizón, aunque igual podría ganar si logra
conectarse con las demandas de la gente”,
afirma Édgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.
Después de la primera vuelta, los guardaespaldas de Morales se multiplicaron.
De un día para otro ha dejado de contar
chistes, frunce el ceño e inclina la quijada hacia arriba, como si buscara despojarse del papel de hombre sencillo que salió
adelante vendiendo plátanos en el mercado de Santa Luisa.
Morales, el actor, pareciera asumir un
nuevo papel en el escenario político.
Proceso trató en tres ocasiones de entrevistarlo para la elaboración de este reportaje, pero su asistente dijo que su
agenda estaba sobrecargada y por el momento no podía atender a los medios. O
OGOTÁ.- La escasez de alimentos, la inflación y el
desplome de la economía
han llegado a tales niveles en Venezuela, que el
gobierno del presidente
Nicolás Maduro dejó desde hace meses de divulgar datos sobre esos indicadores. No se han publicado siquiera
las cifras oficiales del comercio exterior y del Producto Interno Bruto (PIB)
del año pasado, que en ambos casos
cayeron.
Organismos internacionales estiman que en 2014 el PIB disminuyó 4%
y este año registrará una contracción
de 7%. Para los venezolanos, esta severa recesión se ha traducido en desabasto –ocho de cada 10 productos
que los ciudadanos buscan no están
en el mercado–, en una pérdida acelerada del ingreso como resultado de
la inflación –alrededor de 180% este
año, la más alta del mundo– y en mayor pobreza.
“Es claro que la crisis profunda de
Venezuela no está en la frontera con
Colombia, sino en el interior del país”,
dice la presidenta de la ONG Control
Ciudadano, Rocío San Miguel, en referencia a que en las últimas tres semanas el gobierno de Maduro ha deportado a unos mil 500 inmigrantes
colombianos y otros 20 mil han retornado voluntariamente a su país ante
los operativos desatados en las poblaciones limítrofes y en las grandes
ciudades del interior, en especial en
Caracas.
Maduro justifica los operativos
como parte de una guerra contra el
contrabando, el narcotráfico y el paramilitarismo. Sin embargo, San Miguel, una abogada experta en seguridad y defensa, señala que se trata
de una estrategia orientada a desviar
la atención de los graves problemas
internos.
“Aquí lo que tenemos es una severa crisis económica, política y social”, afirma, y dice que, aunque no se
disponga de cifras oficiales, resultan
muy elocuentes las estadísticas de organismos que gozan de credibilidad.
Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida que realizan las tres
principales universidades venezolanas, 48.4% de los hogares del país son
pobres, un tercio más que en 2013,
y a lo largo de 2015 habrá un nuevo repunte porque “las consecuencias sociales de la recesión sólo están
comenzando”.
El miércoles 9, el Centro de Documentación y Análisis para los Traba-
I NTERNAC I ONAL /V ENEZ U E L A
AP photo / Ariana Cubillos
Maduro. Popularidad en picada
Enredado
en sus crisis
jadores reveló que sólo en julio el costo
de la canasta básica de alimentos aumentó 24.9% en relación con el mes previo y
182.6% en un año. Un salario mínimo sólo
cubre la sexta parte de su valor.
En este contexto de ruina económica y social, 70% de los venezolanos desaprueba la gestión de Maduro y sólo 24 de
cada 100 la respalda, según la encuestadora Datanálisis.
Además, 68.3% de ciudadanos quiere que el presidente finalice su mandato
este año o que sea removido del cargo en
2016, cuando según los plazos constitucionales podrá convocarse a un referendo revocatorio mediante la recolección
de firmas.
Y por más que Maduro busque desviar
la atención hacia la crisis fronteriza, la
Los operativos del gobierno de Venezuela contra los
inmigrantes colombianos son parte de una estrategia
orientada a desviar la atención de los graves problemas internos: la inflación, el desabasto y la pobreza. En
este contexto, 70% de los venezolanos desaprueba la
gestión del presidente Nicolás Maduro y 73.8% votaría
por candidatos de oposición o independientes en las
elecciones del próximo 6 de diciembre. Ante ello –juzgan analistas– el mandatario venezolano alimenta la
crisis en la frontera con el propósito de cerrar la brecha
con sus opositores o, de plano, posponer los comicios.
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Xinhua / Str
el gobierno de Maduro, que es “tratar de
reducir la brecha con la oposición frente a
las elecciones legislativas”.
Dice que la opinión pública “no siempre se comporta como uno espera, y menos cuando tenemos una crisis tan severa e importante como ésta, en la que los
ciudadanos tienen que hacer largas filas
todos los días para conseguir alimentos y
productos básicos”.
León considera que si bien Maduro ha
logrado desviar la atención de la crisis interna, más de 80% de venezolanos cree
que el país está mal o muy mal, y eso afecta la popularidad del presidente, del partido del gobierno –el Socialista Unido de
Venezuela– y de sus candidatos al Congreso, “porque si las elecciones fueran hoy, la
oposición ganaría cómodamente”.
Para un régimen habituado a tener el
control de todos los poderes del Estado, la
pérdida de la Asamblea Nacional constituiría un punto de quiebre y el principio
de una transición política.
Zona fronteriza. Militarización
No contesta el teléfono
condena de 13 años y 9 meses de prisión
impuesta el pasado jueves 10 al dirigente opositor Leopoldo López, y sus secuelas políticas, se están robando el interés
mediático.
El gobierno, desde luego, enfrenta un
escenario político cuesta arriba para las
elecciones legislativas programadas para
el próximo 6 de diciembre. De acuerdo
con Datanálisis, 73.8% de los venezolanos
piensa votar por los candidatos de oposición o independientes, lo cual implicaría
que por primera vez desde la llegada del
chavismo al poder, en 1999, la Asamblea
Nacional (congreso unicameral) tendría
mayoría opositora.
Desde su llegada al poder, en 2013, Maduro ha tratado de responsabilizar de la
situación que vive Venezuela a la “guerra
económica” que, según el mandatario, desarrollan contra la Revolución Bolivariana del fallecido presidente Hugo Chávez
“el imperialismo yanqui, la oposición y
las burguesías parasitarias de Colombia y
Venezuela”.
Pero 72% de los venezolanos no cree
en ese argumento y responsabiliza de la
crisis al gobierno.
Cambio de foco
El presidente de Datanálisis, Luis Vicente
León, dice a Proceso que al gobierno venezolano le resultó imposible sostener
que la situación de deterioro generalizado obedece a complots fraguados desde el
exterior.
“Los culpables genéricos, como ‘la
guerra económica’ y ‘el imperialismo’, son
muy difíciles de mantener en el tiempo.
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Son elementos que pueden funcionar a
muy corto plazo, pero nunca son estables.
Ya se habían desgastado como justificativos de la crisis”, sostiene el economista y
experto en opinión pública.
Señala que, en cambio, cuando el gobierno mueve el foco de atención a la
frontera con Colombia, una zona donde
siempre han existido contrabando, criminalidad y mafias binacionales, “está
apuntando a culpables concretos y construyendo un relato en el que vincula esos
elementos a la crisis interna”.
León dice que Maduro “toma esta decisión en plena campaña electoral y aspira a que ese evento de la frontera desvíe la atención del debate interno, que
estaba concentrado en la alta inflación,
en desabastecimiento y los problemas
de la devaluación del bolívar (la moneda
venezolana)”.
Y al menos en el terreno mediático, la
estrategia de Maduro ha funcionado. Todos los medios venezolanos han centrado su atención en las últimas semanas
en el conflicto fronterizo con Colombia.
Los espacios de la prensa escrita, la radio, la televisión y los portales de internet
han sido dedicados mayoritariamente a
dar cuenta de lo que ocurre en la zona limítrofe y sus repercusiones políticas y
diplomáticas.
“En términos de medios de comunicación, la crisis fronteriza ha sido un éxito rotundo, porque el monotema en Venezuela, hoy, es ese”, sostiene León.
El presidente de Datanálisis considera,
sin embargo, que aún es temprano para
medir el efecto político que tendrá y si finalmente dará los resultados que espera
El secretario general del opositor Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica,
considera que el mayor riesgo de la utilización política de los problemas fronterizos es que siga aumentando la escalada de acusaciones entre Maduro y
el presidente colombiano Juan Manuel
Santos “y esto nos lleve a una situación
de violencia”.
Para el político venezolano, el estado
de excepción que ha declarado Maduro
en varios municipios fronterizos con Colombia, el cual incluye toque de queda y
la suspensión de garantías constitucionales, representa en la práctica la militarización de una amplia zona del occidente del
país que tradicionalmente ha sido reducto de la oposición.
“Esto es algo que se le puede ir de las
manos al gobierno, porque la militarización crea tensión en las comunidades y en
la zona fronteriza común, donde hay ejércitos de ambos lados”, señala.
San Miguel, por su parte, maestra en
seguridad y defensa, considera que la
crisis binacional puede seguir escalando “porque tiene un alto contenido de
emocionalidad en ambas partes, pero
no veo que pueda generarse un conflicto de carácter militar porque a ninguno
de los dos países, ni a la región, le conviene esto”.
Para la presidenta de Control Ciudadano, lo que se está consolidando en Venezuela es “un nuevo modelo de utilización
política de la Fuerza Armada Nacional, y
los estados de excepción que se están decretando en los estados fronterizos son
parte de una estrategia de control social y
I NTERNAC I ONAL /V ENEZ U E L A
manipulación electoral en la que los militares participan en forma activa”.
El martes 8, la coalición opositora
Mesa de la Unidad Democrática alertó
que la intención del gobierno de Maduro
es “enrarecer el clima electoral, poniendo
en riesgo la elección de 22 parlamentarios
en los municipios sometidos al régimen
de excepción” y los cuales están bajo control de mandos militares.
Maduro ha decretado estado de excepción en nueve municipios de los estados Zulia y Táchira, cuyos distritos
electorales aportan 22 de los 163 diputados de la Asamblea Nacional. El presidente, que ha amenazado con ampliar
ese régimen a otras regiones, ordenó
además el cierre de los principales pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia, lo que ha provocado un caos en
esa zona, donde residen más de 5 millones de personas.
Según Maduro, los responsables del
contrabando, el narcotráfico y las actividades criminales en esa conflictiva área
común, son “paramilitares colombianos”,
mientras que el gobierno de Colombia y
estudiosos de la región limítrofe sostie-
nen que se trata de un fenómeno delictivo
que involucra a poderosas mafias binacionales y a autoridades corruptas.
El alcalde de la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, Donamaris Ramírez,
quien a principios de este mes expuso en
la sede de la OEA en Washington la crisis
humanitaria que ha creado la política de
deportaciones de Venezuela, denunció en
ese organismo que el principal aliado de
las bandas criminales involucradas en el
contrabando en esa región es la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela,
que es una rama de las Fuerzas Armadas.
El gobierno colombiano ha privilegiado hasta ahora la acción diplomática para
tratar de resolver la crisis binacional y ha
acudido ante organismos como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar
los atropellos contra miles de inmigrantes
por parte de la GNB, que ha estado a cargo de las deportaciones y ha destruido casas de inmigrantes en barrios populares
de Venezuela.
Y aunque el presidente Santos insiste
en el diálogo, ha revelado que Maduro no
le contesta el teléfono, ni a él ni al man-
datario uruguayo Tabaré Vázquez, quien
ha ofrecido sus buenos oficios para buscar una solución a la crisis binacional ante
la inoperancia de foros regionales como la
OEA y la Unasur.
“Cuando pueda comunicarme con el
presidente Maduro se lo plantearé”, dijo el
presidente uruguayo el jueves 10.
El internacionalista venezolano Félix
Arellano considera que Maduro está evitando el diálogo para alargar la crisis y
crear condiciones que le permitan postergar las elecciones legislativas del 6 de diciembre o reducir la ventaja que lleva la
oposición en los sondeos.
“Está por verse qué papel quiere jugar en esto la comunidad hemisférica y
latinoamericana. Hasta ahora han dejado
que Maduro se salga con la suya, pero al
mismo tiempo el presidente sabe que tiene una presión internacional muy fuerte”,
sostiene.
Por lo pronto, las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela,
Delcy Rodríguez, sostuvieron una reunión
el sábado 12 en Quito para discutir sobre
la situación fronteriza y allanar el camino
a la gestión diplomática.
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lajornadadeoriente.com.mx
JORGE SÁNCHEZ CORDERO*
E
n el Antiguo Testamento, el Levítico, tercer libro del
Pentateuco, enlista una serie de alimentos prohibidos y permitidos, práctica que se repite en la Torá
con una clara distinción entre la comida aceptada,
cashrut o kósher, y la vedada, trefá. En el Corán, los
principios islámicos también observan esta práctica; a semejanza de la tradición talmúdica, el halal refiere a los
alimentos permitidos y el haram a los prohibidos. A ello habría
que agregar la prohibición de ingerir alcohol. El hinduismo sigue asimismo costumbres religiosas que gravitan en torno del
alimento.
El cristianismo no hizo menos en ese sentido. En su afán universalizante, en el Concilio de Jerusalén (52 dC) abandonó las
proscripciones sobre los alimentos, si bien conserva el ayuno y
la transustanciación como su eje.
La historia registra en forma recurrente el espacio privilegiado que los valores religiosos, morales y sociales conceden a los
alimentos. Éste es otro elemento de convicción, otro más, que
demuestra que, más que una simple necesidad biológica, el alimento es un activo cultural.
En el ámbito universal, una parte significativa de la legislación alimentaria no hace más que reflejar las convicciones culturales y morales de una sociedad. Así, nadie se puede llamar a
sorpresa si Israel prohíbe la importación de carne y Arabia Saudita la de leche pasteurizada, y menos calificar estas medidas
como proteccionistas.
El alimento como comercio
Empero, el alimento también es comercio: nuestra época ha sido
testigo de las tensiones crecientes entre éste y la cultura en todos los niveles. El aserto es fácilmente identificable desde la fir-
54
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT por sus siglas en inglés) en 1947 y del Acuerdo Fundacional de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995.
Con el paso del tiempo se ha tratado de debilitar la función
cultural del alimento. La mejor expresión de ese embate es la
conceptualización del campo como una fábrica y su rechazo
como una forma de vida. Esta conclusión puede inferirse de la
discusión multifuncional acerca de la agricultura, de las “características esenciales” del alimento tradicional y de las “indicaciones geográficas” que se contienen en el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(TRIPS por sus siglas en inglés), aprobado en abril de 1994, y en
el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) que entró en vigor al quedar constituida la OMC. Los acuerdos de dicho
organismo son de gran relevancia, ya que constituyen el fundamento jurídico del sistema internacional de comercio. (Tania
Voon)
El acuerdo MSF es un documento primario para entender el
desplazamiento de la cultura por el comercio. El documento relegó tradiciones centenarias y tesituras nacionales respecto del
alimento y la seguridad alimentaria. En ese orden, su objetivo es
indubitable: la eliminación de medidas proteccionistas que pudieran disfrazarse de requerimientos sanitarios y de salud pública, los cuales son más sutiles que las tarifas aduaneras.
En el mismo acuerdo se dispone que una restricción comercial debe obedecer exclusivamente a “principios” y “análisis
científicos” que provean suficiente “evidencia científica” de riesgos alimentarios; estándares que deben demostrarse y que ya
han sido predeterminados por la Comisión Mixta OMC/FAO del
Codex Alimentarius, instancia internacional competente. La ciencia, se sostuvo, apuntala criterios de objetividad y certidumbre.
En contraste, la cultura –se prejuzgó– carece de esos elementos.
Desde el inicio el US Grains Council tuvo una presencia sig-
EN S AYO
El embate
transgénico
contra los
derechos culturales
(Segunda y última parte)
nificativa por razones obvias. El MSF era un instrumento que
había que privilegiar sobre cualquier otro, porque con ello se
obtenía la anhelada uniformidad del mercado mundial sin
restricciones.
Los reclamos de las comunidades indígenas en el ámbito
universal relativos a la protección del conocimiento tradicional
hicieron patentes de nueva cuenta las tensiones entre cultura
y comercio; esas consideraciones tuvieron una respuesta en la
Convención sobre la Biodiversidad Biológica (Diario Oficial de la
Federación, DOF, del 7 de mayo de 1993). Dentro del marco de esta
última se han auspiciado varios protocolos, entre ellos el de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología, aprobado en Montreal en enero de 2000 y cuya ratificación por el Estado mexicano
fue publicada en octubre de 2003.
Era predecible que los grandes conglomerados en materia de
alimentos intervinieran de manera intensa en los grupos de trabajo del Protocolo de Cartagena. Rápidamente los comerciantes
de granos y semillas oleaginosas, junto con la industria biotecnológica, que conforman el lobby transgénico, se cohesionaron
en defensa de sus intereses y constituyeron la Coalición Internacional del Comercio de Granos (International Grain Trade Coalition o IGTC por sus siglas en inglés). La IGTC cabildeó con una
estrategia clara: fortalecer como contrapartida el MSF y privilegiar para ello las negociaciones bilaterales en la materia.
La IGTC logró con creces su objetivo: No obstante que el Protocolo de Cartagena prohíbe la concertación de acuerdos o tratados bilaterales con Estados que no son parte del mismo, el
gobierno de México suscribió en octubre de 2004, en el marco
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o
NAFTA por sus siglas en inglés), un Acuerdo para la aplicación del
artículo 18.2 (a) de dicho protocolo, conocido también como Convenio en el marco de NAFTA que limita los requerimientos para la importación de organismos genéticamente modificados. Este “acuerdo”
incorporó verbatim las exigencias de la IGTC relativas a los “umbrales”, término alusivo a los límites de tolerancia en la importación de material genético y su “presencia fortuita”.
La IGTC ha hecho de este “acuerdo” un referente obligado en
sus negociaciones bilaterales; conocido como el TLCAN transgénico, jamás fue sometido al escrutinio senatorial. Peor aún,
jamás fue publicado en el DOF. El argumento central del gobierno mexicano fue que, como el Protocolo de Cartagena ya había
sido aprobado, no era necesario darle cumplimiento al mandato
constitucional y darle la intervención al Senado para la suscripción de acuerdos bilaterales, pues bastaba la simple aprobación
de la Comisión Intersecretarial de Biodiversidad y Organismos
Genéticamente Modificados y el Conacyt.
El gobierno de México lo llama eufemísticamente “programa de trabajo”, pero fue objeto de recriminaciones en el ámbito
internacional por estropear el Protocolo de Cartagena e incumplir sus obligaciones en la materia. La firma de este “acuerdo” es
cuestionable por múltiples razones. Para sólo mencionar una de
ellas: el protocolo acota la suscripción de estos acuerdos únicamente a los Estados parte, pero Estados Unidos y Canadá aún no
lo ratifican. En los hechos, la postura de México debilitó seriamente la aplicación del protocolo en territorio nacional.
El alimento como cultura
La reacción cultural parte de una constatación: La OMC no ha
conseguido, contrariamente a su fundamento, incrementar el
bienestar y el progreso universal en materia alimentaria. Ello a
pesar del enorme costo en la pérdida de activos culturales y de
identidad. Una de las consecuencias de esa reacción puede percibirse en las inquietudes sociales que tratan de restablecer el
paradigma del alimento como cultura.
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Las expresiones de inconformidad en Seattle en 1999, en
Cancún en 2003 y ahora con el maíz transgénico en México, demuestran que el alimento no concierne exclusivamente a científicos y economistas; antes al contrario, se ha puesto en duda la
confiabilidad de las previsiones de unos y otros.
Resulta claro que el alimento vincula al ser humano con la
sociedad en un entorno complejo. Las comunidades que comparten la misma cultura observan los mismos hábitos, que
responden a ensambles de variables culinarias. Uno de los elementos de la especificidad social son justamente las opciones
culinarias. El alimento desarrolla vínculos intercomunitarios,
promueve intereses sociales y estimula la cohesión social. Es
uno de los ejes del ritual comunitario.
Es a través de los activos culturales como debe reinterpretarse el MSF y permitir al Estado que, en el ejercicio de su soberanía, evalúe los peligros y los riesgos plausibles de la introducción
de material genético, y que lo haga con elementos tan valiosos
como el transcurso del tiempo y la acumulación de experiencia.
La disyuntiva nacional
Es una obviedad decir que en México el maíz responde a una cultura diferente a la estadunidense, y lo es por muy diversos motivos: nuestro país es uno de los principales consumidores de
maíz en el mundo, en contraste con la cultura estadunidense,
en donde el grano se emplea mayoritariamente como forraje o
para fines industriales, lo que marca una diferencia sustantiva
entre los dos países y realza en el nuestro su componente político y cultural.
Las tensiones entre cultura y comercio afloraron de inmediato cuando entró en vigor el TLCAN, que desestimó las tradiciones
culturales en claro beneficio del comercio. El caso del maíz estadunidense subsidiado fue especialmente controvertido por la
inminencia de su importación masiva y el impacto que ello tendría en los enclaves culturales. Convenido el principio, el ingreso
de transgénicos venía por consecuencia. En el ámbito científico,
voces mexicanas con gran autoridad han dado la voz de alerta
acerca de los riesgos que representan los transgénicos para la salud tanto de animales como de humanos y para la biodiversidad
territorial. (El maíz en peligro ante los transgénicos. Un análisis integral sobre el caso de México.)
La pérdida de los enclaves culturales mexicanos es ahora una
realidad amarga para la sociedad nacional, y el balance económico y comercial no ha salido mejor librado. En sus conclusiones y gráficas (Alejandro Nadal y Thimoty A. Wise), los expertos
son contundentes: la liberalización fracasó en su pretensión de
crear un bienestar social y ambiental, pues empobreció aún más
a los campesinos y comunidades indígenas e introdujo un riesgo significativo para la diversidad genética del grano en el país.
Para finalizar, sostienen que el modelo económico empleado resultó propicio, pero para la desinversión (The environmental costs
of Agricultural Trade Liberalization: Mexico-U.S. Maize Trade under
Nafta).
La situación se agravó, ya que a la contingencia de los bancos
de semilla tradicionales se suman ahora los desplazamientos de
los campesinos provocados por la migración nacional e internacional; fenómeno que amenaza con fracturar la transmisión del
conocimiento tradicional, que resulta crucial en la salvaguarda
de la biodiversidad del maíz criollo y la viabilidad de perennizar
este conocimiento. Las consecuencias para la sociedad mexicana aún están por verse.
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El antidebate transgénico
Ante la falta de un debate nacional en torno a la importación de
transgénicos, lo que revela una falta de vocación democrática,
los grupos sociales mexicanos han sido obligados a recurrir a la
justicia federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en defensa de sus derechos culturales.
En junio de 2012, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) otorgó en favor de
la empresa Monsanto un permiso por tiempo indefinido para la
liberación al ambiente, en fase comercial, de soya genéticamente modificada para la siembra de 253 mil hectáreas en siete estados de la República.
En respuesta a estos hechos, las comunidades mayas de PacChen y Cancabchén, así como asociaciones de apicultores del estado de Campeche, controvirtieron esos permisos por la vía del
amparo. Su argumento central consiste en que tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como la
Sagarpa no efectuaron al respecto una consulta libre, previa, informada, de buena fe y de conformidad con sus tradiciones.
Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto
que a las comunidades indígenas les asiste el derecho a ser previamente consultadas en asuntos como el referido y que las decisiones que se adopten deben ser de buena fe y culturalmente
adecuadas a sus tradiciones. El juez Sexto de Distrito en Chiapas
(Amparo 246/2014) había advertido asimismo sobre la necesidad
de establecer principios rectores que aseguren a las comunidades indígenas el acceso a la protección de sus derechos compatible con sus usos y costumbres, y en general con su especificidad
cultural.
Era predecible que la CNDH no se sustraería a transgresiones
como las referidas, que son en extremo sensibles para la sociedad mexicana. El espectro de la reforma constitucional de junio de 2011 obliga ahora al organismo a actuar en protección
de los derechos culturales de los grupos y comunidades culturales, lo que resulta particularmente relevante en el caso de los
transgénicos. En este contexto, varias comunidades indígenas
interpusieron recursos de queja por la transgresión de sus derechos al haberse otorgado un permiso para la siembra de soya
transgénica, por parte de la Sagarpa, que conculcaba su derecho a una consulta previa, libre e informada y de acuerdo con
sus tradiciones.
Por tal motivo el ómbudsman nacional emitió la recomendación 23/2015, de julio de 2015, al titular de la Sagarpa, que
también preside la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad
de Organismos Genéticamente Modificados. La recomendación
sostiene que la Sagarpa debe realizar las gestiones necesarias
para que se efectúe la consulta libre, previa, informada y de buena fe.
Resulta claro que esta recomendación, conforme a los antecedentes jurisprudenciales que invoca, debe extender el derecho
de consulta de tal forma que atienda las especificidades culturales de los pueblos y comunidades indígenas. Más aún: esta tesis
reivindica los derechos culturales como un principio de protección colectiva de los grupos y comunidades.
La controversia no se agota ahí. En junio de 2013, la Asociación Colectiva, junto con 53 intelectuales, interpuso una acción
–de la que resultó competente el Juzgado Duodécimo en Materia
Civil en el Distrito Federal– en contra de las sociedades Semillas
y Agroproductos Monsanto, Monsanto Comercial, Syngenta, PHI
México, Dow AgroSciences y el gobierno federal. En su mandato
EN S AYO
cautelar, el juez de la causa suspendió la siembra de maíz transgénico en México, incluso a nivel experimental, por lo que ésta
implica de riesgo inminente de daño ambiental.
El juzgador ordenó asimismo al gobierno federal abstenerse
de realizar cualquier actividad encaminada a otorgar permisos
de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado.
También ordenó suspender la concesión de permisos de liberación en cualquiera de sus fases: comercial, experimental o piloto. Esta provisión cautelar fue revocada recientemente y apelada
para que de ella conociera el tribunal de alzada, recurso que por
su importancia fue admitido en ambos efectos, de tal manera
que la suspensión seguirá vigente hasta que el Juzgado Unitario
resuelva sobre la apelación.
La defensa cultural
La literatura y las artes visuales están plagadas de referencias al
alimento, como parte indisociable de la cultura. En Gargantúa y
Pantagruel son una obsesión para François Rabelais. El alimento es un componente primario de la cultura y ahora se inserta en
las tensiones entre cultura y comercio con enormes ramificaciones. En este conflicto se ha privilegiado al comercio, no obstante
la influencia que tiene la cultura en todas nuestras percepciones.
(Marsha A. Echols)
En cuanto al alimento, los significados culturales, religiosos y
médicos, entre otros, determinan la percepción social acerca de
lo que debe ingerirse y, consecuentemente por esta vía, determinan las políticas gubernamentales. En la Ronda de Uruguay se
buscó asegurar el acceso a los mercados, eliminar los subsidios
locales, crear mejores condiciones competitivas y fijar los fundamentos sanitarios y fitosanitarios para los productos agrícolas. Se intentó también eliminar todo efugio –religioso, cultural o
histórico– adverso al libre comercio. Con ello, se sostenía, debía
crearse un mejor bienestar para las poblaciones.
Ahora, sin embargo, se constata que tal mejoría no solamente no se avizora, sino que los procesos de pauperización se agravan y que existe una pérdida de enclaves de identidad cultural
y natural, como lo es la biodiversidad, aun cuando se intentan
desacreditar los asertos culturales y naturales como meramente emocionales.
Es vaticinable que la introducción de material genéticamente modificado trastocará la dieta mexicana y la organización
de la producción agrícola en el país. Como resultado de ello, los
campesinos y comunidades indígenas van a ser forzados a cohabitar en nuevos enclaves, con consecuencias perniciosas.
En México es evidente pues la colisión entre dos proyectos
de civilización distintos: uno excluyente, impuesto desde la cúpula del poder, y otro que intenta preservar la riqueza cultural
y natural. Pese a la asimetría de fuerzas económicas, esta confrontación se anticipa como una de las batallas culturales más
importantes en el umbral del siglo XXI mexicano.
*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas.
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Salinas y Flores Olea. Fundación del Conaculta (1988)
La nueva
Secretaría:
En la polémica
Además de desvincular la cultura de la educación (el vínculo
fue esencial en el proyecto vasconcelista) la iniciativa de Peña
Nieto para crear una Secretaría de Cultura es muy debatible:
populista, demuestra premura y falta de planeación; no partió
de una amplia discusión, como corresponde al mundo cultural;
no estaban dadas las condiciones; no ofrece una justificación
dado que INBA e INAH permanecerán igual. Podría, eso sí, abrir
al mercado las zonas arqueológicas… Razonan los especialistas Bolfy Cottom, Eduardo Cruz, Iván Franco y Felipe Echenique.
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Imagenlatina /Marco A. Cruz
C U LT U R A
rán diversas disposiciones como la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, pero también otras como la
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, Turismo, Bienes Nacionales, la orgánica del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) y la que
crea el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
Muchos foros de discusión, debates,
miles de hojas escritas con opiniones a favor y en contra, y hasta proyectos legislativos, parecen haber quedado en el pasado
frente a esta decisión presidencial, semejante a la que dio origen en 1988 al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta), en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
En estas páginas los investigadores
Bolfy Cottom, Eduardo Cruz, Iván Franco
y Felipe Echenique explican por qué esta
nueva institución –si el Congreso de la
Unión aprueba su creación– no solucionará los problemas de fondo de la cultura en
México, que se caracteriza por su pluralidad, megadiversidad y por tener una larga tradición histórica que no está siendo
considerada por el proyecto presidencial.
Coinciden no sólo en que una Secretaría de Cultura terminaría de un plumazo el
vínculo entre educación y cultura, que dio
origen a la creación en 1921 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por parte de
José Vasconcelos, sino también en que la
propuesta de Peña Nieto demuestra premura y falta de planeación, y de debate.
Falta de respeto a la historia
JUDITH AMADOR TELLO
A
unque se especuló durante más de dos décadas sobre la posibilidad de crear
una secretaría de Estado para la cultura, la decisión de finalmente llevar
a cabo el proyecto, dada a conocer por Enrique Peña Nieto el miércoles 2 durante su
mensaje con motivo del Segundo Informe
de Gobierno, está causando polémica.
La iniciativa, de 40 páginas, fue enviada por el ejecutivo el lunes 7 al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, Jesús Zambrano, y se publicó al día siguiente en la Gaceta Parlamentaria. De acuerdo con la propuesta,
se reformarán, adicionarán o deroga-
Desde el siglo XIX, recuerda el antropólogo y especialista en legislación cultural
Bolfy Cottom, se evaluaron distintos modelos pedagógicos y educativos sobre los
cuales se sentaron las bases filosóficas del
sistema educativo mexicano. Se asumió
desde entonces que la cultura, “entendida como un conjunto de valores, no podía
tener existencia propia pues era a través
del sistema educativo que se transmitirían esos valores”.
Con la entrada en México del sistema
neoliberal, el rumbo de la cultura comenzó a cambiar y se asumió que tendría que
ser más autogestiva, se le dio una orientación más económica y mercantil. En
una entrevista con Proceso del 3 de julio
de 2012, el investigador de la Dirección de
Estudios Históricos del INAH señaló que
el secretario de Educación Pública tendría
que “reasumir el papel que históricamente había tenido en materia cultural”.
Hoy le queda claro que no hay interés
por parte del nuevo titular de la SEP, Aurelio Nuño, pues en lugar de ser coherente
con su papel histórico decide que la cultura deje de ser su responsabilidad. El mensaje es, a decir suyo, que la cultura no es
una razón de Estado:
“Me parece que es una falta de seriedad y de respeto a la memoria histórica
de este país, no están dimensionando las
implicaciones de divorciar la cultura de la
educación.”
Deberían estar explicando ahora cuáles serán los servicios públicos que prestarán los institutos INAH e INBA, que han
desempeñado funciones educativas. Algunas de sus atribuciones, como la conservación, protección y mantenimiento
de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos serán asumidas por el
nuevo organismo, pero la iniciativa establece que en materia de educación tendrá que trabajar de manera coordinada
con la SEP.
Para el especialista esta situación es
muestra de la falta de claridad sobre la
vinculación entre el sistema educativo y
la acción cultural del Estado:
“En la exposición de motivos se dice
que la iniciativa es coherente con la historia, la política del Estado y el vínculo con la
educación, pero en el cuerpo de la iniciativa le quitan las atribuciones a la SEP para
dárselas a esta nueva secretaría y le ordenan que trabaje con la SEP. ¡Es demencial!
¿Qué caso tiene quitarle funciones y ordenarle trabajar coordinadamente?”
Considera grave que no se haya justificado la necesidad de una Secretaría de
Cultura y se esgrima solamente el análisis presupuestal y meramente administrativo, no el relacionado con la política
cultural:
“El argumento es de una simpleza…
Lo digo con respeto: Me da la impresión
de que el señor presidente está mal informado o mal asesorado, porque hacer un
anuncio de esta magnitud, con la secretaria ¡más grande! de este país, del Estado
mexicano, debió haber sido un planteamiento mucho más serio y sereno. Sólo
decir que los mexicanos tienen derecho
al acceso a la cultura, con todo lo polémico que eso ha sido, es como regresar
al siglo XVIII. Y decir nada más que hicieron un análisis sobre el presupuesto base
cero, es una falta de respeto a la historia
de este país y a su proceso de formación
educativo-cultural.”
El Conaculta, un fracaso
El problema de la cultura en México no es
administrativo; de ser así tendría que ha-
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
59
Archivo Proceso
Tovar. Como director del INBA (1991)
berse discutido si la secretaría era la solución. Tal situación le recuerda incluso
cuando Salinas de Gortari creó por decreto el Conaculta, se dijo que resolvería
el problema del subsector cultura “y fue
un verdadero fracaso”.
Admite que sí, es necesario tener un
órgano coordinador del subsector, pero
“debe tener coherencia con un proyecto de nación, y en medio de ese proyecto saber cuál es el papel que ocupa la
cultura, y eso no se resuelve con una
secretaría”.
El rechazo al proyecto que trabajadores del INBA e INAH, Bibliotecas,
el Centro Nacional de las Artes y otras
áreas del subsector cultura expresaron
en días pasados, evidencia que no se
discutió con ellos el proyecto, tampoco
con investigadores como los consultados por Proceso. Llama la atención que
en un medio tan participativo como el
cultural, no se debatiera un asunto de
tal trascendencia para el país. Al respecto dice Cottom:
“Más allá de querer sacar de emergencia esta idea, con toda su contradicción, es más contradictorio esto: ¿Cómo
en el mundo de las ideas está prohibido
pensar y opinar? No se puede creer. Recuerdo que en 2004 se planteó una Ley
General de Cultura y la idea de crear una
Secretaria de Cultura, y hubo una enorme
discusión de grupos, comunidades, centros de investigación, sindicatos, que dieron su punto de vista.
“Partiría del supuesto de que no han
leído esas discusiones, ríos y ríos de tinta, cantidades de papel que no conocen o
no les interesa ver. Debemos aprender de
los procesos anteriores porque, recordando a Unamuno: Podrán vencer, pero convencer no.”
Lamenta que ni el Conaculta ni la SEP
hayan “sido capaces de asumir su papel”
para mantener a la cultura como una razón de Estado y sobre esa base dialogar y
generar procesos de discusión con método y respeto. Espera que los legisladores
que evaluarán la propuesta sí lo hagan y
aclara que esta iniciativa “es una más, no
pensemos que se va a aprobar, hay otras
que deben discutirse”.
–Se cree que se aprobará porque
el PRI tiene mayoría y es el partido del
presidente.
–Yo digo, con mucha prudencia y responsabilidad, que siempre hay algo no
previsto, que cambia sus cálculos y el libreto. Y aquí hay mucho que no han considerado, espero que la oposición realmente
sea oposición.
Tras años de deshojar la
margarita, finalmente sí
JUDITH AMADOR TELLO
E
n medio de recortes al gasto público, la
creación de un organismo que de entrada elevaría los sueldos de algunos
altos funcionarios e implicaría la creación de
nuevos puestos, la Secretaría de Cultura parece contradictoria. De hecho el presupuesto
al subsector para el ejercicio fiscal 2016 incluye un recorte. Según informó la agencia apro,
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) tendrá 5 mil 343 millones 612
pesos; el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), 3 mil 720 millones 937 mil 13
pesos, y el Instituto Nacional de las Bellas Artes (INBA), 3 mil 15 millones.
La propuesta de agregar a la estructura
administrativa una Secretaría de Cultura ni siquiera estaba contemplada en la campaña de
Enrique Peña Nieto. No se incluyó en la plataforma política que el Partido Revoluciona-
60
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
rio Institucional (PRI) dio a conocer en aquel
momento, como sí lo estuvo en cambio en la
del también candidato Andrés Manuel López
Obrador, quien incluso ofreció la cartera a la
escritora Elena Poniatowska.
Durante su primera etapa como presidente
del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa (19922000) no puso el acento en la necesidad de
una estructura así; por el contrario, declaraba
constantemente que establecer el estatuto jurídico para el Consejo (que no resolvió en su
primer periodo) podría devenir en ceñir las acciones culturales a un esquema excesivamente legaloide.
En un foro organizado por la Fundación
Colosio Nacional, A.C., para el todavía candidato Peña Nieto, Tovar habló en cambio de la
necesidad de “organizar todo el trabajo de las
distintas instituciones que componen la acción
cultural del sector público”, y “ayudaría mucho
organizar” los diversos instrumentos jurídicos
que son cerca de 300, aunque admitió que “la
envoltura administrativa” no resuelve el problema sustantivo (Proceso, 1859).
Pero entonces no descartó la posibilidad
de crear la secretaría. Dijo al respecto que “en
primera instancia se debería tener claro el programa cultural y luego ver las disposiciones jurídicas y el tipo de institución que lo favorecen,
obstaculizan o potencializan, ya sea una Secretaría de Cultura, o el fortalecimiento institucional del Conaculta”.
Aparentemente, el ahora funcionario reculó
nuevamente al asumir por segunda vez el cargo de presidente del Consejo al descartar la
creación de una Secretaría de Cultura y hablar
de fortalecer al Conaculta, aunque aclaró en
entrevista con Proceso (1885) que ello no significaba el establecimiento del marco jurídico.
Una serie de contradicciones para el investigador Bolfy Cottom, quien cuestiona cuál
es el temor o problema para abrir el diálogo y
C U LT U R A
Medida populista
–Si no pasa nada, ¿ cuál es el objeto entonces de crear una secretaría? –se le pregunta. La iniciativa establece que los dos
institutos pasarán a formar parte de la
nueva instancia.
–Esa es la gran pregunta: ¿Cuál es el
objetivo? Por eso este escenario, la parte política más amplia es el peor contexto para anunciar algo así. Dicen que no
habrá más dinero, que el presupuesto es
base cero, y de pronto “ah, vamos a crear
una secretaría”, cuando hasta hace tres
años se decía que no era factible ni jurídica ni laboralmente, porque ésa es otra dimensión del asunto, es algo de alto riesgo.
Lo que debería hacerse es fortalecer al
INAH y al INBA; así lo ofreció hacerlo Rafael Tovar al asumir el cargo en diciembre
de 2012 (Proceso, 1885). Hace falta, agrega
Franco, que los dos institutos cuenten con
centros regionales en el país para la preservación del patrimonio cultural:
“Nuestro fortalecimiento es permanecer en la SEP, mantener ese vínculo entre
educación y cultura, y no desmembrarnos. La misma UNESCO dijo en una evaluación que hizo al Estado mexicano: ‘No
desvinculen educación y cultura’. Estos
organismos internacionales todavía funcionan con una cierta cuota de humanismo, incluso de civismo, no así la clase
discutir el tema. Incluso presentando como se
hizo –dice–, el proyecto de creación de la secretaría pareciera una acción reactiva luego de
que las Comisiones de Cultura, tanto del Senado como de la anterior Cámara de Diputados,
presentaron sus iniciativas de ley.
Se sabía en algunos medios que dentro del
Consejo se estaba trabajando una especie de
tercera vía y ahora queda claro que era justamente la creación de la Secretaría de Cultura.
Recuerda entonces Cottom que siempre
se habló de que no era conveniente y no estaba en la plataforma, por lo tanto “se está faltando a la palabra de la plataforma electoral
del entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto”, en donde lo que se plantea es precisamente el fortalecimiento del
Consejo.
La pregunta que circula en el ambiente cultural es si el proyecto es consecuencia natural de
las acciones que se han realizado a lo largo de estos tres años en la material. La evaluación de Cottom es que no ha habido realmente acciones de
mayor trascendencia, sino la restitución de algunos programas de la primera etapa de Tovar que
habían sido eliminados por las administraciones
panistas.
Además, “se vendió” el discurso de que se
le daría importancia a la cultura para restituir el
tejido social, pero en la realidad “nunca pasó
prácticamente nada” (incluso las cifras oficiales reconocen que la violencia no ha disminuido en entidades como
Michoacán, donde se han
realizado los programas
especiales del Conaculta
en ese sentido).
El proyecto de iniciativa de decreto publicado
por la Gaceta Parlamentaria establece que la
Secretaría de Cultura asumirá el Programa Especial
de Cultura y Arte. Además
se le atribuyen parte de
las funciones que realizan
los institutos nacionales
de Antropología e Historia y de Bellas Artes, así
como el ejercicio de “todas las atribuciones que
la Ley General de Bienes
Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos
(y Zonas) Arqueológicos,
Conaculta hoy
Artísticos e Históricos es-
tablecen respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como respecto
de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos”. O
J. Raúl Pérez
Para el doctor en ciencias políticas Iván
Franco, investigador del INAH, el anuncio de crear esta secretaría no pudo darse en un peor momento para el país, pues
aunque se niegue, implicará gastos justo
cuando el peso se ha devaluado y han caído los precios del petróleo.
Califica la medida de “populista”, aunque sea Peña Nieto quien así juzgue a sus
adversarios políticos, pues la da a conocer
cuando su imagen se ha deteriorado tanto
en el interior del país como fuera de éste.
Así ocurrió, rememora, cuando Salinas de
Gortari anunció la creación del Conaculta: venía de asumir la presidencia tras un
fraude electoral.
El presidente del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, señaló a los medios en
rueda de prensa que una secretaría permitirá determinar las áreas donde hay
duplicidades y así se optimizarán los recursos. Sobre esto, Franco alerta que más
bien creará más burocracia:
“Es una arbitrariedad de los neoliberales, el Conaculta se creó sin una auténtica
evaluación del esquema de las instituciones educativas y culturales del país, es el
que vino a duplicar. Hemos visto que hay un
pequeño rublo que sí vino a cubrir, el de dar
becas a los creadores y artistas. Pero hasta
eso era una función que históricamente correspondía a Bellas Artes.”
Indica el antropólogo que durante
años el Conaculta ha dado cuenta de sus
acciones presentando como propia más
del 80% de las realizadas por los institutos INAH e INBA.
Y coincide con su colega Cottom en el
sentido de que la idea de crear una Secretaría de Cultura es consecuencia del sistema neoliberal impuesto desde los años
ochenta del siglo pasado, que ha mercantilizado a la cultura:
“Lo que quieren es abrir un gran mercado de cultura y tradiciones y entrar a las
zonas arqueológicas. Llevan muchos años
intentando hacerlo y qué mejor anuncio
para estos sectores (económicos, de turismo y mercantiles).”
Se le pregunta al investigador adscrito al Centro INAH Yucatán, si fueron consultados o informados oportunamente del
proyecto. Dice que “la constante” en este
tipo de iniciativas de ley es la discusión entre las élites de los partidos, y sólo hasta el
final son informados los trabajadores. Están a la espera de que la titular del INAH,
María Teresa Franco, les informe cómo
quedará el instituto. Tovar “ha dicho que
no va a pasar nada con el INAH y el INBA”.
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
61
Hacer público el análisis
presupuestal, una exigencia
C
uando Enrique Peña Nieto anunció la
creación de la Secretaría de Cultura,
como parte de diez medidas para dar
al país un “renovado impulso”, esgrimió que la
decisión es “resultado del análisis del presupuesto de base cero y lejos de implicar un mayor gasto permitirá optimizar y dar mayor relevancia a la inversión que se realiza en cultura”.
En la iniciativa publicada por la Gaceta Parlamentaria no aparece ese concepto. Tampoco
se desglosa el análisis al cual se refiere el ejecutivo. En un oficio de César J. Campa Campos, director general de Programación y Presupuesto “A”, enviado a Julieta Y. Fernández
Ugalde, directora general Jurídica de la Subse-
cretaría de Egresos, ambos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, se señala que el
anteproyecto “contempla la transformación de
un órgano desconcentrado en una nueva Secretaría y no impacta en el gasto de las dependencias o entidades”. Se asegura que “no se
requerirán recursos adicionales por su entrada
en vigor” y no se requieren de nuevas asignaciones presupuestarias.
Tanto el doctor en derecho constitucional
Bolfy Cottom como el gestor cultural Eduardo Cruz ponen en duda las afirmaciones y demandan que se haga público ese análisis presupuestal, pues no basta con una “opinión” de
los funcionarios de Hacienda:
“Que hagan público lo que representaría
en términos de una nueva nómina de salarios,
gastos y demás. Si contamos con esos datos
ya podríamos ser serios en la discusión”, de lo
contrario –dice Cottom—“caeremos en lo que
hicieron administraciones anteriores: Cumplir
un capricho, en este caso de tener una secretaría y punto.”
Cruz dice a su vez que es lógico que ahora
se requieran sueldos de secretario, subsecretario, oficial mayor y eso necesariamente incrementa la nómina. Hasta ahora, comenta, no ha
encontrado un documento público en el cual
basarse para saber cómo se aplicó la metodología ante el presupuesto base cero, “se supo-
política que le tira al comercio cada vez
más. Y eso es casi en todos los partidos.”
ría y la desvinculación de la cultura de la
SEP, pero desaprueba cómo se ha tomado
la decisión:
“Me parece mal la forma –para no perder la costumbre– en la que se elige decidir estos pasos tan importantes. En ese
sentido son más como frutos de ocurrencias, frutos de ciertos calores que en un
momento dado llegan a las esferas del
Presidente de la República y se toma esa
decisión.”
Desglosa que considera que así fue por
la forma en que dio el anuncio Peña Nieto, luego por la aparente “o real” sorpresa
con la cual se recibió la noticia, sobre todo
entre quienes “ahorita son directamente
responsables de esto”. Y en tercer término porque no se tomó en cuenta a mucha gente que ha participado por lustros
en la idea de dar una nueva dimensión a
las instituciones culturales del gobierno
federal.
El anuncio le deja la impresión de que
se hizo al vapor aunque considera que
“estamos frente a un primer documento”, con el cual se propone modificar la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
“Es decir, ahorita no se está discutiendo la ley de cultura, ni el régimen de relaciones laborales, ni se están discutiendo
muchas otras cosas, entre ellas, las adecuaciones al artículo 4º constitucional,
etcétera.”
Pero insiste en que hubo apresuramiento:
“La lectura de este documento (…) deja
la sensación de confusión, o sea de que no
estaba claro qué es lo que tenía que atribuirse esta Secretaria de Cultura. Tiene
omisiones que podrían ser cubiertas, en-
tre ellas incluir la parte que debe sustraerse de la Secretaria de Gobernación como
este capítulo que lleva radio, televisión y
cinematografía, el Archivo General de la
Nación, entre otros temas.”
En su opinión falta incluir “de manera más enfática el perfil liberal que buscamos de esta iniciativa de decreto”, es
decir, el componente económico, su relación con la Secretaría de Economía y la
banca de desarrollo. Todo esto le parece
“simbólicamente” muy importante porque luego de más de noventa años de no
alterarse el esquema, se rompe la relación
entre cultura y educación:
“Estamos ante un documento que por
primera vez plantea esta separación, a la
cual se han opuesto generaciones de trabajadores… Se ha hablado mucho de esta
cuestión del nacionalismo, la Revolución,
el proyecto vasconceliano; bueno, esta iniciativa de decreto lo que plantea es justamente el inicio de esta separación, y eso sí
es un evento de carácter histórico. Porque
el país ha tenido muchas reformas, pero
no tiene propiamente una reforma cultural, y separar la educación de la cultura sin
duda es un elemento que reforma la relación que tiene el Estado con estas dos
asignaturas.”
Fruto de ocurrencias
Archivo Proceso
Al fundador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu), Eduardo
Cruz, le agrada la creación de la secreta-
Vasconcelos. Hasta aquí
62
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Doble discurso
El historiador Felipe Echenique, exrepresentante de los investigadores del
INAH, expone en un documento enviado a Proceso un conjunto de razones por
las cuales no debe crearse la secretaría. En
primer término porque el compromiso de
Peña Nieto, del cual “no se acuerda”, fue
ne que tuvo que haber una enorme evaluación,
para determinar el ‘borrón y cuenta nueva’”.
Ambos especialistas explican de manera
coloquial que el presupuesto base cero es eso,
“un borrón y cuenta nueva”:
“Los incrementos presupuestales dejan
de manejarse de manera inercial, es decir, dejan de aumentar de manera equivalente a la inflación o de acuerdo a la disposición de recursos... Esto es la esencia del presupuesto base
cero, pero ni Conaculta ni Hacienda especificaron mayormente esas ‘tripas’ de la evaluación (…) para entonces tener un criterio más
claro.”
Cottom detalla que el base cero es una
idea de organización presupuestal para empresas privadas, sobre todo con el fin de
ahorrar. Para no despilfarrar recursos “se
hace un análisis de las necesidades y requerimientos reales y con esa base se construye un presupuesto con el cual desempeñe las funciones para las cuales existe y está
programada”.
El problema, juzga, es que ese modelo no
se puede reproducir mecánicamente en el presupuesto público, sería “incoherente”, primero
porque hay un historial, una trayectoria con la
cual las instituciones públicas han venido operando con base en un conjunto de recursos,
que a su vez están condicionados por obligaciones legales que vienen de marcos jurídicos.
En todo caso la Cámara de Diputados,
cuando evalúa el presupuesto de egresos,
debe saber cuál ha sido el presupuesto otorgado anteriormente, cómo fue utilizado, revisar los informes que se entregan, los análisis, y
sobre esa base se hace el cálculo. Las instituciones públicas presentan generalmente nuevos requerimientos o aumentos, “entonces necesariamente se tiene que tomar en cuenta el
pasado”.
El también antropólogo pide que “no nos
quieran chamaquear” argumentando que la
Secretaría de Cultura partiría de cero, pues si
no existe al día de hoy, es lógico que no tenga
un historial de presupuesto (J. Amador). O
no crear más secretaría de Estado “debido
a los suntuosos gastos que esto implica”.
Detalla el investigador de la Dirección
de Estudios Históricos del INAH:
“Dentro de un plan de austeridad presupuestal, es incoherente construir una
Secretaría de Cultura Federal que, en principio, no cuenta con una Ley Federal o Ley
General de Cultura, lo cual implica que
operaría con funciones y atribuciones no
sancionadas por el poder Legislativo, ni
mucho menos por la sociedad.”
En su opinión, crear esta estructura
terminaría de desmantelar, incluso “pulverizar” en los hechos “y no por derecho
o tradición histórica”, el Sistema Educativo Nacional en el cual se concibe la
formación integral de alumnos en una
combinación de educación formal, educación artística y educación científica.
Según Tovar y de Teresa, con esta iniciativa de decreto el gobierno demuestra
la importancia que da a la cultura, pero
Echenique pone en tela de juicio el interés
de Enrique Peña Nieto pues como gobernador del Estado de México su “máxima
propuesta” fue el show de luz y sonido
para el cual perforaron las pirámides de El
Sol y La Luna en la Zona Arqueológica de
Teotihuacán.
No duda que la intención real sea privatizar el manejo de acervos y colecciones
de los museos y hasta ceder las zonas arqueológicas a empresas como Televisa y
Germán Canseco
C U LT U R A
Cottom. Base cero, para empresas
TV Azteca. Su política, añade, ha sido de
sometimiento a estas empresas y a organismos como la OCDE y el Banco Mundial.
En su justificación de motivos, el proyecto de ley enuncia la defensa de la
diversidad cultural, pero cuestiona Echenique por qué varios grupos como los
yaquis, choles, tzotziles, wixárikas, purépechas, tzeltales, totonacos, nahuas, mames, nahuas, ñañú, kiliwuas, mayas…
“le reclaman al gobierno federal el derecho a sus tierras y territorios, que son el
sustento mismo de su vida digna y justa y las posibilidades únicas de su real
sostenimiento”.
La polémica comienza, pues, a subir
de tono. O
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
63
Miguel Dimayuga
Mirada rápida
Arte
Septiembre, mes
del fotoperiodismo
BLANCA GONZÁLEZ ROSAS
A
un cuando el festival
Fotoseptiembre cambió
este año su nombre
a Foto México y su periodo
de realización a octubre y noviembre, la tradición que existe
desde 1993 de dedicar este
mes a eventos fotográficos
sigue notándose en la Ciudad
de México.
En el escenario museístico,
el pasado sábado 8 se inauguró
el FotoMuseo Cuatro Caminos,
dependiente de la Fundación
Pedro Meyer y, en el contexto
comercial, la feria Zona Maco
inicia su edición dedicada a la
fotografía el próximo jueves 24.
En lo que se refiere a géneros, en septiembre el más
relevante es el fotoperiodismo.
Además de las distintas muestras que conmemorarán los 30
años del terremoto que impactó
a la Ciudad de México en 1985
–la primera inaugurada el pasado martes en la Galería abierta
de las Rejas de Chapultepec–,
en el Museo Franz Mayer se
presenta la famosa selección
World Press Photo en su edición 2015.
En la escena mexicana, el
Premio Nacional de Periodismo
64
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
2014 se dio a conocer a principios de septiembre. La categoría de Mejor Fotografía la
obtuvo el fotógrafo de Proceso
Miguel Dimayuga. Acapulqueño
de carácter alegre, su lenguaje
se caracteriza por una mirada
rápida que logra sintetizar, en
una actitud corporal inmediata,
la escena y narración periodística. La imagen premiada corresponde al momento cuando un
autodefensa de 14 años, cargando un arma larga mientras
se transporta con varios adultos en un vehículo descapotado, voltea a ver al fotógrafo con
una expresión entre juguetona
y cínica. Conocido como La
Kika, el preadolescente se dirigía, en febrero de 2014, a limpiar de templarios el pueblo de
Los Sandoval, en Apatzingán,
Michoacán.
La resonancia del periodismo gráfico en este septiembre
obliga a una mención especial
al espléndido número 35 de la
revista Luna Córnea (Proceso,
2022). Publicada a finales de
julio, la revista-libro desarrolla
la historia reciente del fotoperiodismo mexicano abarcando,
entre textos, autores e imágenes, un periodo aproximado de
1976 a enero de 2015. Con una
narrativa que gira alrededor de
los proyectos y las empresas
que han permitido la existencia
y devenir del fotoperiodismo
contemporáneo, el contenido
del número hace un recuento de bienales, exposiciones,
agencias, periódicos, revistas
–con un capítulo especial para
Proceso–, suplementos y protagonistas que, siendo fotógrafos y gestores, han impulsado y
fortalecido una de las creaciones visuales más dinámicas de
México.
Interesante por la integración de escenarios regionales
como el fotoperiodismo en Ciudad Juárez, Coahuila y Sinaloa,
la publicación dirigida por Alfonso Morales se enriquece con
un atractivo suplemento sobre
la tecnología fotoperiodística
que abarca, desde los sistemas
de impresión basados en cilindros de 1811 hasta las redes
sociales en 2014 pasando, entre otros temas, por el origen de
la prensa amarillista en 1898, el
nacimiento de la televisión en
1950 y la creación de la world
wide web en 1989. O
Música
Jorge Federico
Osorio, 50 años
de vida artística
RAÚL DÍAZ
H
ace ya varios años, por
aquella época cuando
“administrábamos la
abundancia”, un viaje rutinario
al Festival Internacional Cervantino de Guanajuato se convirtió
en una rica travesía, pues en el
camión oficial venía el pianista
mexicano Jorge Federico Oso-
rio, y nos fuimos hablando de
música, músicos y entornos. Yo
le había llamado “el mejor pianista joven que tenemos”.
Los años han pasado, y el
maestro Osorio no es ya aquel
joven que era el mejor pero, lo
ratifico ahora, sigue siendo el
mejor pianista que tenemos.
Así quedó demostrado la
noche del martes cuando en
un concierto de gala en Bellas
Artes, cuando Jorge Federico
celebró sus primeros cincuenta años de vida profesional con
una sala que, es bueno decirlo,
estuvo llena y no sólo de invitados especiales sino de público
que acudió de verdad escuchar
el recital.
El repertorio escogido estuvo integrado por obras y
compositores que le han sido
caros al maestro a lo largo de
su carrera, citadas en el orden
originalmente propuesto: Num
Komm´der Heiden Heiland (Ven
ya, Salvador de los gentiles), de
Johann Sebastian Bach (Preludio coral en arreglos de Ferruccio Busoni); Preludio y fuga
sobre un tema de Haendel, de
Manuel M. Ponce; Sonata No.
10 en do mayor, kg 330 del Divino Mozart; Siete Fantasías (Capricho en re menor, Intermezzo
en la menor, Capricho en sol
menor, Intermezzo en mi mayor,
Intermezzo en mi menor, Capricho en re menor) opus 116,
de Johannes Brahms, y Sonata No. 21 en si bemol mayor, D
960, de Franz Schubert.
Sin embargo, después del
acto protocolar en el que le fue
Osorio. Epifanía
C U LT U R A
entregado un diploma por parte del presidente del Conaculta
y la directora de Bellas Artes,
dado el estado de ánimo festivo, según dijo el propio maestro, anunció un ligero cambio
en el programa y, en lugar de
iniciar con la creación de BachBussoni, decidió hacerlo con la
sonata de Mozart. El resto continuó igual, a lo que el pianista
agregó dos ancores, una obra
de Bach y otra de Debussy.
Recorrido amplio, diverso,
hermoso, desde el más puro
barroco bachiano y haendeliano hasta el impresionismo
de Debussy, sin evitar el clasicismo mozartiano y menos
aún el romanticismo brahmsiano y una de sus cumbres,
Schubert.
Esplendor musical pianístico emanado de lo profundo del
goce espiritual, aunado a la técnica del oficiante para regocijo
de los que, gozosos, nos unimos a la Epifanía. O
Teatro
“Marx en el Soho”
ESTELA LEÑERO FRANCO
M
ONTERREY, NL.¿Qué podría decirnos
Marx en el presente?
¿Con qué mundo se encontraría? ¿Pensaría que sus
planteamientos filosóficos del
capitalismo ya no son aplicables y necesitan actualizarse?
¿Qué pensaría el espectador
que lo observa y escucha en
carne y hueso?
“Marx ha vuelto”, nos dice
al iniciar su monólogo en la
obra Marx en el Soho, escrita por el politólogo y activista
norteamericano Howard Zinn…
Pero sólo por una hora. Tenerlo ante nosotros a través de la
magia del teatro, emociona a
los que estudiamos sus principios en la segunda mitad
del siglo XX, y sorprende a los
que descubren quién era y qué
planteaba. Todo ha cambiado
y nada ha cambiado. Marx ha
Cine
“Dólares de arena”
JAVIER BETANCOURT
P
Marx de carne y hueso
muerto y no ha muerto –para
seguir con la dialéctica de la
que habla el personaje.
El recurso teatral de tener
a Marx frente a frente es una
maravilla, pero no sólo porque
sus fans pueden sentirlo, sino
porque el texto de Zinn nos
lo muestra de cuerpo entero,
porque su vida y sus teorías
se entrelazan, y los niveles de
apreciación son múltiples. Habla de su teoría de la plusvalía,
de los conceptos de mercancía, del trabajo asalariado y
de muchos otros; y lo hace de
una manera accesible y amena
para aterrizarlos en el presente
en el que está viviendo.
Howard Zinn, a través de
Marx, trabaja con lo evidente
para darnos una visión amplia del capitalismo. El sentido
del humor y la ironía son fundamentales para hacerlo ágil,
pero sobre todo, la humanidad
y las experiencias cotidianas
del personaje es lo que lo engrandece y lo convierten en
un personaje eminentemente
teatral.
Con gran cantidad de anécdotas y detalles nos acercamos
a un Marx vivo y contradictorio, divertido y humilde, transgresor y cuestionador de cada
cosa que pasa por su mente o
su vida. Nos cuenta de la pobreza en que vivían; de cómo la
familia de su mujer les regalaba
sábanas de seda, cubiertos de
plata, champán, y hasta una sirvienta, siendo que no tenían ni
qué comer y todo lo empeñaban
para obtener un poco de leña o
alimento… De su relación con
Bakunin o su afecto por Engels y, sobre todo, de la relación con su mujer, consejera,
cómplice, amiga y cuestionadora de sus escritos buscando hacerlos accesibles a los
trabajadores. Ella transcribió
todo lo que él escribió porque
la letra de éste era ilegible, y lo
acompañó a París y al Soho de
Londres que es donde quería
llegar en el siglo XXI pero que
por error llegó al Soho de Nueva York.
Las situaciones y los acontecimientos están muy bien
planteadas y los elementos
escénicos son mínimos. En la
puesta en escena que vimos
en el espacio Theatron de esta
ciudad –donde la semana pasada celebraron 50 representaciones y preparan una breve
gira por diferentes lugares–,
no requieren más que de una
mesa, una silla y varios utensilios para contarnos estupendamente la historia. El director
Javier Araiza, responsable
también del espacio, junto
con el actor Alfonso Teja Cunningham, ofrecen una puesta
en escena redonda donde el
trazo escénico es limpio y fluido y la actuación es brillante,
destacando su naturalidad, su
presencia escénica y la calidez
que permite una gran empatía
con el público.
Esperemos que Marx en el
Soho se apersone también en
la Ciudad de México y contradiga el slogan de que Marx ha
muerto. O
or las playas de arena
blanca de Las Terrenas
en Samaná, provincia de
la República Dominicana, vagabundean jóvenes dispuestos
a prostituirse con los turistas
por unos cuantos dólares;
Anna (Geraldine Chaplin) es
una abuela que lleva tres años
de relación con Noeli (Yanet
Mojica), una bella mestiza que
encuentra siempre la forma de
cobrarle sus servicios.
Dólares de arena (República
Dominicana-México-Argentina,
2014) aborda el tema del turismo sexual combinando la realidad económica con la fantasía,
a nivel personal, de los turistas
que buscan llenar los vacío
afectivos de su vida. La pareja
de realizadores Israel Cárdenas
y Laura Amelia Guzmán, mexicano y dominicana respectivamente, amalgaman afectos y
dinero en un constante vaivén
entre la demanda amorosa y la
crudeza del provecho pecuniario; mérito poco común en el
tratamiento de estos temas.
Ni todo es lucro ni todo
es cariño entre Noeli y esta
inglesa decadente, de la cual
se entrevée una vida fracturada
allá en Francia donde vive un
hijo que no quiere saber de ella.
El miasma de la mezcla sexo y
capital contamina las relaciones a cualquier nivel; el dinero
media también en la pareja de
la chica con Yermi (Ricardo
Ariel Toribio). Los realizadores
impresionan con la naturalidad
de los diálogos, muy pocos, y
con el manejo corporal de sus
actores; cada personaje engaña
al otro porque se miente a sí
mismo, sólo por momentos
dicen la verdad, así viven y
deciden estar lo más cómodos
posible; bailan y no dejan de
disfrutar el momento.
Geraldine Chaplin avasalla
al espectador con una actua-
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
65
Jonás Cuarón, bajo lupa por
su cinta sobre la migración
COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE
J
onás Cuarón está en la mira con su
segundo largometraje Desierto.
Gira en torno a la migración, la cual
considera “un fenómeno que ha existido toda la vida”, resalta; pero ahora como es temática principal en Europa, y con la lucha
del aspirante republicano a la presidencia en
Estados Unidos, Donald Trump, la película ha causado polémica al denunciar el racismo que padecen los ilegales tras cruzar
la frontera.
La conocida revista estadunidense The
Hollywood Reporter, con fecha del 11 al 18
de septiembre, destaca a Jonás en su lista de los 10 jóvenes prodigios del cine en
los encuentros de Toronto y Sundance, y
a Desierto, protagonizada por Gael García
Bernal, dentro de las 10 películas más solicitadas en la 40 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, que inició el 10
de este mes y finaliza el 20 de septiembre.
La novedad es que Desierto (MéxicoFrancia, 2015), que se estrena a nivel mun-
ción formidable donde expone
los estragos del tiempo en su
cuerpo desnudo; Anna sabe
que camina por el filo de la
navaja pero prefiere fantasear
con que no. No hay explicaciones, los rostros dejan adivinar el
diálogo interior, la duda en cada
uno, el querer convencerse a sí
mismos; la necesidad monetaria es un hecho, como lo es el
dial el 13 de septiembre en el Elgin and
Winter Garden Theatre Center de la urbe canadiense, en proyección especial del festival, cuenta con estos productores: su papá,
ganador del Óscar por mejor director con
Gravedad, Alfonso Cuarón; y su tío, el también realizador Carlos Cuarón, nominado al
Óscar por guión de Y tu mamá también, dirigida por Alfonso.
En entrevista, antes de partir a Toronto, se le pregunta a Jonás qué le parece que
en este momento tan delicado con respecto a la migración estrene su largometraje sobre dicho tema. Explica que creó el proyecto
“porque para mí es un tópico muy arquetípico y universal, pero da la casualidad que
se habla mucho de ello en Estados Unidos y
Europa, aunque desde hace seis años empecé escribir la historia y ya era tan relevante como ahora”.
Desierto se proyectará luego en Londres, Inglaterra.
La cinta es un thriller donde Moisés
(García Bernal) cruza el desierto entre México y Estados Unidos con un grupo de indo-
amor, sin importar la edad. Supongo, que inconscientemente,
los directores crearon este
ritmo ternario de movimiento
interno, duda y autoengaño
con sus personajes, gracias al
empeño por evitar maniqueísmos en estas relaciones de
prostitución.
El ritmo lento de las secuencias, el empeño por tras-
Prostitución sin maniqueísmos
66
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
cumentados en busca de una nueva vida.
Por el camino, un vigilante estadunidense,
el agente racista Sam (Jeffrey Dean Morgan) los descubre y persigue desenfrenadamente.
En el contexto del desierto fronterizo,
Moisés y Sam sostienen un enfrentamiento letal, cada uno desesperado por sobrevivir y escapar del desierto que amenaza con
consumirlos por completo.
Carlos Cuarón dice a Proceso que no sabe qué dirá de Desierto el primer ministro de
Inglaterra, David Cameron; sólo destaca que
Jonás “realizó un guión y una cinta muy inteligentes donde el tema se aborda a través de
una película de acción que no busca aleccionar sobre una realidad que se vive”.
–¿Cómo surge el filme con este tópico
y lo plasma a modo de thriller? –se interroga a Jonás.
–Desde hace seis años me interesaba
rodar un largo con un solo personaje y mucha acción, que acabara de manera metafórica y que fuera visualmente casi alegórica, tocando varios temas. A la par viajé con
mitir la vivencia del momento
sin aclaraciones ni motivaciones directas, puede pasar por
superficial; Anna juega y busca
tesoros como niña con Neoli,
quien se refiere a su protectora
como la Doña. El pragmatismo
no impide disfrutar la vida y
cada uno respeta al otro, muy
a su manera, la que queda en
estas condiciones.
Dólares de arena es una
cinta que hay que tomar en
cuenta, se trata de un trabajo
muy bien pensado y elaborado; el punto de partida es la
novela homónima de Jean-Noël
Pancrazi, Dollars de sable publicada por Gallimard; el título
mismo, el nombre de una especie de erizo de mar, extiende la
metáfora en varias direcciones;
Israel Cárdenas y Laura Guzmán transfieren el encuentro
de dos varones a una relación
lésbica entre una mujer vieja
con una joven, situación poco
explorada en el cine. O
Televisión
Narcoviolencia
FLORENCE TOUSSAINT
H
ace más de 15 años que
el tema del trasiego de
estupefacientes con su
cauda de violencia, traiciones,
corrupción, se asentó en los
productos televisivos. Ha sido
tan floreciente el negocio que los
títulos de telenovelas de narcos
se multiplican. El catálogo suma
varias docenas. Éste ha ido encontrando acomodo en las pantallas abiertas, en las de paga y
ahora de manera creciente en las
plataformas de internet.
A partir de ahí su internacionalización es un hecho. Se
producen en español pero llevan
subtítulos en los idiomas de los
países a los cuales se expor-
J. Raúl Pérez
C U LT U R A
El joven Cuarón
tan. Aunque vale decir que los
principales compradores están
en América Latina, en donde se
asientan también las compañías
que fabrican este tipo de programas.
Mucho se ha escrito en
torno a la delincuencia organizada. Algunos libros están basados en hechos reales, otros
son ficciones que construyen
personajes e historias tomando trozos de realidad. Esta ha
sido de terror creciente. De ahí
han surgido los guiones. Podemos destacar La reina del sur,
novela homónima de Arturo
Pérez Reverte, producida por
Telemundo con un costo de 10
millones de dólares. Le siguen
varias que no sólo recrean el
asunto sino que han abierto un
filón más: las mujeres que, recuperadas de la muerte de su
marido, amante, novio, se convierten en jefas de cárteles temibles. Usan pistola y tacones;
son hermosas con la fuerza de
mi hermano a Arizona, en Tucson nos dieron
un tour del consulado y en ese momento estaba muy clavado con el fenómeno migratorio. Así se dio todo.
–¿Qué les preocupa de que mexicanos
salgan del país a trabajar?
Carlos, realizador también de Rudo y
cursi, ataja:
–Tenemos un país que no ofrece oportunidades. Me preocupa que salgan. Y en el
caso concreto de este gobierno, ha demostrado ser un bombero pirómano con un serio
problema de mitomanía crónica.
Interviene Jonás, cuyo primer largometraje fue Año uña (México, 2007), y escribió
junto con su padre Gravedad:
“En Estados Unidos y Europa usan mucho la palabra problema cuando se refieren a los migrantes, y a mí me interesa que
se vea más lo que ha generado que la gente
deba emigrar, porque ahí está el conflicto.”
Carlos comenta sobre el candidato
Trump:
“La gran ironía es que su mamá era inglesa y se quedó en Estados Unidos con visa de turista, hasta que se casó con su papá
y se hizo gabacha. Entonces, marca mucho
la miopía de un empresario de 70 años que
quiere ser presidente; pero el tipo va en serio, no lo podemos tomar a la ligera porque
ya vimos cómo está jalando gente.”
Según Jonás, “es impresionante la can-
un hombre, crueles por venganza o para sobrevivir.
Hay tres compañías campeonas en la producción de este
tipo de telenovelas. La principal
es Telemundo que, en convenio
bien con la productora mexicana Argos, bien con Caracol Televisión de Colombia ha elaborado telenovelas como El cártel, El
cártel 2 o El cártel de los sapos,
Dueños del paraíso, Sin senos
no hay paraíso, Ojo por ojo, Los
victorinos, El señor de los cielos,
La viuda negra y Señora Acero.
Las obras que tienen por
protagonista a mujeres son
además de las mencionadas
arriba: Rosario Tijeras, Mariposa, Las muñecas de la mafia, La
viuda de la mafia, La diosa coronada, Camelia la texana.
Sean hombres o mujeres
quienes asumen el rol principal de las narraciones televisivas, lo común es que prive el
crimen. Las escenas muestran
masacres perpetradas con ar-
tidad de periodistas y políticos que llevan
esa retórica, se me hace peligroso porque
al fin y al cabo ese tipo de discursos puede
empujar a la gente a cometer ciertas acciones intolerantes”.
Recuerdan incluso que Jeb Bush ya usó
los términos anchor baby en una entrevista, donde dijo que debería haber más control para evitar que madres embarazadas
crucen la frontera y tengan hijos en Estados Unidos.
“Es la retórica política. Como ven que
Trump está ganando muchos puntos y ya le
lleva 20 a Bush, los otros se están apropiando de ese discurso, el cual es totalmente
intolerante. Va en contra de la fundación de
su propio país. Es como estúpido”, expresa Carlos.
Jonás relata que para Desierto efectuó
una ardua investigación y también recorrió el
desierto durante tres años, no sólo para hallar
la locación, sino para encontrar las distintas
geografías que el desierto mismo ofrece.
Filmó en Baja California Sur.
En el guión también intervinieron su papá y su tío Carlos:
“Siempre los busco para que me den
sus consejos y comentarios, ya que son dos
cineastas que han trabajado mucho y, obviamente, por ser familia, confío en ellos. Se los
agradezco y es muy divertida la relación. Los
gozo.” O
mas largas de mira telescópica,
granadas de mano, pistolas de
grueso calibre. Vemos también
violaciones, tortura, asesinatos
a mansalva. Mucha de la violencia es gratuita, se regodean
en ella con el afán de mantener
una tensión insoportable.
En los productos elaborados
en México aparece la PGR, y
en los que se sitúan en Estados
Unidos o en la frontera la presencia de la DEA es infaltable.
Algunos miembros del ejército
y de la policía mexicanos están
coludidos con los delincuentes.
En cambio ninguno del vecino
país acepta soborno. O
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
67
Germán Valdés
“Tin Tan”,
un centenario olvidado
ROBERTO PONCE
E
n vísperas del sábado 19 de
septiembre, cuando se cumplirán 100 años del nacimiento del cómico juarense
Germán Valdés Tin Tan, nuestras máximas autoridades
culturales y artísticas no han previsto celebrar en grande al Pachuco de oro del cine
nacional por su centenario, según denuncia Jorge Alberto Rivero Mora, historiógrafo docto en la figura de tan popular ídolo.
“Su trascendencia cinematográfica e
innovadora comicidad están siendo tristemente ninguneadas, pese a que Tin Tan
llegó a ser en 1950 el cómico más taquillero durante la época dorada del cine mexicano”, abunda Rivero Mora, catedrático de
tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM-A):
68
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
“Considero una muy lamentable noticia de que en este 2015, el año de Tin Tan,
las instancias oficiales de cultura descuiden y tiren al olvido un personaje de su
valía. No comprendo la ausencia de reflexiones en torno a su obra y legado artístico, en cuanto a lenguaje, identidad,
música, cinematografía, moda; su arraigo
en las nuevas generaciones y bandera de
los roqueros Caifanes, Maldita Vecindad,
Botellita de Jerez, Café Tacvba, etcétera.
“A pocos días del centenario de su natalicio y coincidiendo con el 30 aniversario
del sismo, qué mejor manera de animarnos los mexicanos de cualquier edad con
un homenaje digno a Tin Tan, arraigado en
el imaginario popular como arquetipo del
Pachuco de oro, el más besucón, el tejedor
de audacias cinematográficas.”
En febrero de 2012, Rivero Mora presentó a la División de Ciencias Sociales
de la UAM-A su tesis con 300 páginas Wa-
chando a “Tin Tan”. Análisis historiográfico de
un personaje fílmico (1944-1958), y obtuvo el
grado de doctor en historiografía.
“Más allá de yo haber indagado quizá en demasía el fenómeno historiográfico de Tin Tan, como fan suyo me duele la
desatención oficial casi de menosprecio
en sus cien años. Nos hace falta un debate de mayor profundidad para analizar al
personaje fuera del mito y la anécdota, en
función de una época, y explicarnos por
qué su vigencia creció al paso de los años.”
Además de dar clases para alumnos
de las carreras de historia y comunicación en la UNAM (Acatlán), Jorge Alberto
Romero Mora imparte México, economía
y sociedad I, II y III en la UAM-A.
“Esperaba un homenaje nacional de
las autoridades culturales federales, bien
montado, para durar lo que resta del 2015
con actividades culturales, y también de
las instancias estatales donde idolatran
ES P EC TÁCU L O S
El cómico que llegó a ser el actor más taquillero de
la época dorada del cine mexicano está siendo “tristemente ninguneado” a 100 años de su nacimiento. Su biógrafo, Arturo Rivera Mora, autor de la tesis
doctoral Wachando a “Tin Tan”, se lamenta: “No
festejarlo habla de cómo las instancias artísticas oficiales mantienen una visión de la cultura popular
cual discurso menor”.
apertura para temas de cultura popular,
aunque debí defender mi objeto de estudio.
Mi tesis refleja muchos ángulos no sólo del
personaje cinematográfico, sino de lo que
el actor representaba en determinado momento para el arte y la cultura nacionales,
donde Tin Tan insertó su discurso fílmico.”
A Germán Valdés, relata, igual se le
demonizó por imitar los gestos y la vestimenta del pachuco. Lo llamaron pocho,
vulgar, agringado, greñudo, incoherente,
era un mariguano peligroso. En “El pachuco y otros extremos”, capítulo de El laberinto de la soledad, Octavio Paz lo tilda de
“clown simiesco”. Cantinflas haría alusiones despectivas de su rival cinematográfico, ese Tin Tan pachucón transformado ya
en un pícaro urbano de humor irreverente, cuyo éxito le pisaba los talones.
Tin Tan mismo se vio obligado a renegar de su rol “y lo cito en mi tesis, palabras más o menos, él dijo que no defendía
pachucos sino que mostraba lo que ellos
le significaban, tomó distancia pues las
agresiones eran muy duras”.
Sendas gloriosas y caída final
a Tin Tan, principalmente Ciudad Juárez,
Chihuahua, allá nació y sé que se le rendirá algún tributo.
“Pero no festejar a Tin Tan habla de
cómo las instancias artísticas oficiales
mantienen una visión de la cultura popular cual discurso menor, incluso en medios académicos hay resistencias para
tomarla en serio.”
Así sucedió en la UAM al presentarles
Rivero Mora su inesperado proyecto de tesis doctoral (apoyado por el Conacyt) Wachando a “Tin Tan”… tras conquistar diez
años atrás su licenciatura en historiografía de México con una temática distante:
La búsqueda de una certeza. Análisis historiográfico sobre el discurso de Salvador Nava
(1958-1992).
“Entonces me movía mi curiosidad por
saber si existían políticos honestos. Soy uamero de corazón y afortunadamente hoy,
en este mi posgrado de la UAM-A, hubo
Wachando a Tin Tan… no es una biografía
ni retrata al actor, bailarín y cantante en
dicotomías maniqueas blanco y negro. Rivero Mora desmenuza al personaje historiográficamente en cinco apartados harto
minuciosos, a lo largo de 104 filmes rodados durante 29 años de meteórica carrera.
“Llegó a filmar de 1956 a 1959 un total
de treinta películas, ¡ocho por año!”
La investigación puede leerse como
estudio histórico alternativo del cine
mexicano en sus épocas gloriosas, confluyendo “los diversos y fascinantes discursos” de Luis Buñuel, Pedro Infante, Jorge
Negrete y Pedro Armendáriz, con el de Tin
Tan (“mi pretexto para analizar aquel contexto artístico y cultural permeado por los
juegos del poder político, todo un collage
de situaciones imbricadas en la política y
los problemas sindicales en la Anda entre
Negrete y Cantinflas de fondo”).
Su autor acompaña la tesis con citas
de filósofos, sociólogos, historiadores y
estetas (Aristóteles, Foucault, Althusser,
Vasconcelos, Portilla). Entrevista a Fritz
Glockner y Eduardo Mejía. Consulta crónicas y movimientos estéticos afines a Tin
Tan (el rechazo a los poetas estridentistas). Reproduce cartones del caricaturista
Ernesto El Chango Cabral con su imagen de
gestualidad exagerada. Recrea testimonios de escritores como Carlos Monsiváis,
Sergio Pitol, Juan Villoro e incluye las opiniones cinematográficas críticas de Emilio García Riera, Rafael Aviña y Jorge Ayala
Blanco.
“Hay una interpretación bastante
errónea de lo que representó el pachuco, es interesante que Tin Tan vino a darle
una relectura lúdica; lo traslada a la Ciudad de México y crea un personaje que en
un primer momento no era cinematográfico, sino de la radio de Ciudad Juárez: El
pachuco Topillo.
“Este personaje llega de manera muy
improvisada con su carnal Marcelo (Chávez)
en caravana artística al Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, logrando un impacto impresionante que los impulsa al cine. Sus juegos
idiomáticos de hibridación cultural dieron al
pachuco connotación graciosa.”
Tin Tan nunca lo usó como medio para
denunciar las injusticias que sufrían los
mexicanos al sur de los Estados Unidos
en los años cuarenta (y que capturó Luis
Valdez en su cinta teatro musical pachuca
Suit Zoot, de 1981).
“Tampoco dijo ‘yo vengo a revolucionar el cine mexicano’; lo vivió como su
existencia personal, para gozar y divertir. Esa era para Tin Tan la esencia del cine,
así rompió paradigmas y fue bastante innovador para nuestra cinematografía, sobre todo ante esquemas moralistas y de la
ridícula censura que veía con rubor a las
chicas en minifalda que él sacaba en sus
películas.”
–¿Cuántas personalidades de Tin Tan
se descubren en su tesis?
–Son muchos Tintanes, pero –corri-
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69
ge de inmediato– yo encuentro más bien
un solo Tin Tan que se desdobla en varios. La esencia de Tin Tan estriba en ser
un personaje que nunca se traiciona a sí
mismo, es una constante a la que permanece fiel hasta declinar su estrella en los
años sesenta, cuando él produjo sus películas para beneficiarse económicamente del cine.
“Sin embargo, es justo añadir que esa
época marcó asimismo el declive del cine
nacional y Tin Tan trataba de sobrevivir a
este escenario en una industria donde no
faltaban pulpos que le chupaban buenas
tajadas de su dinero. Por la historiografía vemos que cuando un personaje aparece en cierto momento, se le categoriza;
pero al paso del tiempo, cobra nuevos significados. Es distinto el Tin Tan que surge
por 1943 al que protagoniza una maravillosa escena musical de 1949 con Vitola en
El rey del barrio. El de los sesenta entra en
crisis, paulatinamente es olvidado en los
setenta y los ochenta, para recuperar su
valor con el Tin Tan que se rescata en los
noventa. Hoy, su familia lo ha convertido
además en una marca comercial bastante lucrativa.”
Su mejor película, El rey del barrio, “demostró cómo los pobres tienen que delinquir para malvivir en medio del ‘milagro’
alemanista, con diálogos de Tin Tan y Marcelo improvisados que son una acusación
tan directa de la corrupción guberna-
mental como la que Buñuel exhibe en Los
olvidados”.
Curiosamente, sólo en sus primeras películas con Humberto Gómez Landero (1945-1948) lo representaron como
pachuco.
“Después será un personaje que transita a lo pícaro urbano que, en escenas de
El revoltoso (1951), desde la vecindad da
un discurso distinto al sentimentaloide y
moralista de Cantinflas. Tin Tan lo revierte y se burla de todo, cosa que golpea muy
fuerte a Cantintlas, quien sintió estaba invadiendo sus terrenos. Para 1950 Tin Tan
es la figura más taquillera a nivel nacional, la mejor pagada, arriba del que me digas, sea María Félix o Cantinflas, de ahí sus
El mimo hispano “Suso” Silva
trae su “Circo de los horrores”
COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE
C
onvencido de que el público ya necesita algo nuevo, el artista circense español Jesús César Silva González, más
conocido como Suso Silva, fusiona teatro, circo y cabaret con los géneros del terror y del humor en Circo de los horrores, un espectáculo
de éxito rotundo en países de Europa y América Latina que trae por primera vez a México.
“Llevamos mucho tiempo luchando por
venir, pero no se habían dado las mejores
condiciones. La Ciudad de México es muy importante cultural y socialmente; no sólo es la
puerta hacia toda la República Mexicana, sino
de toda América Latina”, enfatiza Suso Silva,
especialista en pantomima graduado en el Instituto de Teatro de Barcelona.
Suso es el director del show (donde también protagoniza a Nosferatu el vampiro) que
presentará el Gran Teatro Moliere (prolongación calle Moliere 389, en Polanco), del 9 de
octubre al 8 de noviembre.
Actúan más de 80 artistas que forman parte de esta compañía también bautizada Circo
de los horrores, cuya fundación data de hace
diez años y que cuenta actualmente con otros
dos espectáculos: Manicomio, a presentar en
breve por Italia, y Cabaret maldito.
Desenterrando al circo
Circo de los horrores comienza una noche de
tormenta en el Cementerio de los horrores.
A lo lejos, un tren se aproxima entre vapores con el sonar de sus tres silbatos y el chirriar
70
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de sus frenos. De él desciende un singular pasajero perplejo y confundido, quien cae en la
cuenta de su equivocación: se ha bajado a las
puertas de un antiguo camposanto que le hiela la sangre.
Imágenes de piedra, gárgolas y lápidas,
aullidos de lobos y gritos desgarrados provocan su interminable huida, mientras es perseguido por las mil y una bestias del Circo de los
horrores, que querrán convertirlo en una de
ellas. Si lo muerde alguna vampira, se transformará en Nosferatu.
Se le pregunta a Suso Silva por qué mezclar en este show el teatro, el cabaret y el circo.
Primero aclara que “Nosferatu es el maestro de
ceremonias, y un poco en quien se basa la historia que vamos a contar”.
Explica luego, sentado frente al cartel donde se ve a su personaje:
“Es un circo porque animamos y contamos nuestras historias a través de la técnica
del circo y además, las desarrollamos acrobáticamente. También hay guiños a la literatura:
Drácula, de Bram Stoker; a Edgar Allan Poe, en
fin. Y al cine de principios de siglo XX.”
De África viene un grupo de cinco morenos creando magia, fuego y vudú; de Rumania, otro de acrobacia. Hay una estructura de
personajes básicos como Grimo, payaso asesino; el hombre de las dos cabezas; la chupasangre Devora; Belcebú, el demonio; las niñas
poseídas, una momia putrefacta, vampiros
voladores…
“Y como los muy teatreros querían mucho teatro, lo hacemos también aquí porque se
cuenta una historia y se utiliza un guión. El ca-
baret es por lo sensual de algunos números; la
relación e integración con el público y el humor
adulto, fresco e inteligente. Los de danza piden
mucha danza y no falta quienes quieren que
hagamos un concierto.“
El artista gallego, nacido el 20 de enero de
1962 en Ourense, explica en entrevista que al
Gran Teatro Moliere lo van a llenar de kilos y kilos de tierra, niebla y cruces. “Será un cementerio. Nosferatu le dice al público: ‘El circo ha
muerto, ¡vamos a desenterrarlo!’.
El productor ejecutivo del espectáculo Manuel González Villanueva, también español,
complementa que la compañía entera pone su
esfuerzo para que las personas disfruten, “y
para volver a posicionar el circo porque nosotros estamos de acuerdo con los clásicos de
que es el mayor espectáculo del mundo, lo que
pasa es que hay que renovarlo”.
El resultado es que “han pasado más de
dos millones y medio de personas por nuestros
tres propuestas y nuestro objetivo es que en
dos años estemos produciendo la cuarta”.
Manicomio está ubicado en un tenebroso
hospital psiquiátrico del siglo XVII, aparentemente olvidado. Terribles acróbatas, excéntricos malabaristas, trapecistas, monologuistas
con alteraciones de la realidad, payasos degenerados y equilibristas exhibicionistas, van
arrastrando al público por un inquietante mundo de locura.
Y en Cabaret maldito, Lucifer es el eje central. Una catedral de estilo gótico enmarca el
espacio donde la pasión, el desenfreno y la diversión convergen en perfecta armonía.
–El género de horror en el teatro para mu-
ES P EC TÁCU L O S
ne Power con La marca del zorro, él filmaba La marca del zorrillo (1950); parodia
cuentos clásicos: La cenicienta es El Ceniciento (1951), La bella durmiente es El bello
durmiente (1952), con transposiciones de
tiempo muy peculiares. Si James Dean
era Rebelde sin causa, Tin Tan hace su Rebelde sin casa (1957). Particularmente de
ésta, dirigida por Benito Alazraki, pocos
saben que Tin Tan alterna allí con Chava
Flores, interpretando canciones a dueto
muy jocosas, en uno de los momentos
cumbre de dos figurones de la cultura
popular mexicana.”
Aun cuando sus últimas cintas prodigaran “chispazos de genialidad histriónica”, a Jorge Alberto Rivera Mora le duele
abordar la caída cinematográfica de Tin
Tan. Inevitable detallarla en su tesis; prefiere celebrar al artista para la juventud presente, así como hace una década
lo revalorizaron documentales como el
de Manuel Márquez Ni muy muy, ni tan
tan. Simplemente Tin Tan. El doctor uamero insiste:
“Enrique Krauze y otros historiadores han reivindicado la figura del dictador
Porfirio Díaz, nada popular para el México actual. Entonces, ¿por qué teniendo
Tin Tan más seguidores se le escatima su
centenario? Llama la atención que exista
descuido en las instancias culturales y artísticas de nuestro país.”
En suma, “una omisión lamentable”. O
chos es frívolo o poco creíble, ¿qué pueden
decir al respecto?
Enseguida contesta Suso Silva, Premio
Nacional de Circo 2003 en España que inventan monstruos creíbles, por estar peleados
con la televisión y el cine comercial de historias
poco serias de terror, y llenas de sangre.
“Laboramos mucho en los personajes: el
guión, la escenografía, las luces; por eso tardamos en crear un show hasta dos años. Además, a un chavo de 18 años no lo engañas con
una mascarita de halloween, los personajes
deben tener impacto y credibilidad. Si no te toman en serio, ¿cómo carajos vas a llegar a un
buen puesto?
“Procuramos no jugar demasiado con los
efectos especiales. Creamos una atmósfera y
la hacemos creíble, ese es el secreto de este
show. Son personajes que vienen del cine en
blanco y negro, y Circo de los horrores nace
de la cabeza de un cómico. Y ese es otro secreto: la mezcla de humor con terror. No
vamos a tener nada de sangre, nada de pintura roja. No se van a encontrar con actores
colgándose disfraces, eso carece de poesía. La poética del terror del blanco y negro
era maravillosa. Era sensacional ver cómo
en los años veinte se construía una película
(como Murnau en Nosferatu) artesanalmente en cien metros cuadrados, entre bruma,
sombras y personajes perfectamente caracterizados. Ese arte tenía un halo mágico y
poético.”
–¿Qué de actual tiene el Nosferatu de Circo de los horrores?
–¡Es un salvaje! Tampoco lo interpreto dignamente como lo fue en aquella cinta blanco y
negro de 1922. Yo me lo llevo al cabaret, ahí es
donde está la parte de mi aprendizaje en Circo
de los horrores. Destaca su mala educación, es
incorrectísimo políticamente, le encanta meterse con el público y a su vez, meterlo en problemas. Es burdo muchas veces y sobre todo, es
un personaje que no tiene límites.
Sí a circos con animales
Pepe Castro
alusiones contra Tin Tan en El señor fotógrafo, cuando el peluquero Cantinflas pone un
anuncio: ‘Para pachucos no hay servicio,
porque me caen muy gordos’.”
En Soy charro de levita (1949), Tin Tan
adornó su sombrero charro con una pluma a-lo-pachuco, y para otra rodada también por Gilberto Martínez Solares en
1954, El mariachi desconocido (Tin Tan en La
Habana), se burla del cine que encumbrara al Indio Fernández, Pedro Infante y Negrete, “cantando ‘El jinete’ en una escena
montado sobre unos caballitos de feria”.
Parodiar todo lo parodiable fue la fórmula comercial explotada por Martínez
Solares… hasta agotar al personaje Tin Tan.
“Si en Estados Unidos estaba Tyro-
Cabaret y pesadilla de magia
Rememora que uno de sus fans es Andrés Atayde, de la famosa empresa circense mexicana
Circo Atayde Hermanos que en junio de 2014
debió retirar los animales en sus espectáculos,
por ley de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (Proceso, 1967):
“Nos vio Andrés y nos dijo: ‘Yo no me pongo de pie casi nunca en un espectáculo de circo y ahora lo hice’. Nos vio de casualidad en
Lima, Perú. Ver yo manejar los caballos al mayor de los hermanos Atayde me pareció lo más
fantástico del mundo.”
Tanto el artista como el productor ejecutivo
del Circo de los horrores forman parte del Consejo del Circo del Ministerio de Cultura de España; ambos provienen de familias empresariales
de circo. Tras dos años de trabajo en Asia, Rusia y Latinoamérica, donde entraron en contacto
con las mejores escuelas y directores de espectáculos, Villanueva fundó Productores de Sonrisas, dedicada a la gestión de espectáculos.
Se les cuestiona sobre el futuro del circo tradicional, ya que se le ha prohibido laborar con animales en varias partes del mundo.
Coinciden en que están por la regulación, mas
no por la prohibición.
“Si una persona maltrata a los animales,
que se le castigue; pero no estamos a favor
de que se impidan los animales en un país, sin
consultar ni consensuar al sector, sin solucionar dónde se irán esos animales de los circos.
Los Atayde cuidan muy bien a sus animales,
esa ley en México ha sido terrible, y pasa igual
también en España”, manifiestan.
Suso Silva finaliza tajante:
“Creo que hay problemas más importantes
por solucionar. Nuestro discurso en esta agrupación en la que participamos es que tenemos
que proteger carpa por carpa, pero a veces las
leyes son muy injustas y la de la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana, es así.” O
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
71
Ambiciosos
planes
para la marca Chicharito
YETLANECI ALCARAZ
B
ERLÍN.- Durante su primera rueda de prensa como
nuevo integrante del Bayer
04 Leverkusen, Javier Chicharito Hernández fue claro: “Quiero volver a sentirme importante y feliz”. Y no sólo él. Su
club pareciera buscar lo mismo.
Con el fichaje del seleccionado mexicano, el equipo alemán no sólo se hizo de
un buen jugador, sino que también adquirió un activo que, de brindar los resultados esperados, podría rendir jugosos frutos al Bayer y a la Bundesliga.
Y es que Chicharito posee un capital
que nadie más tiene en la liga profesional
72 2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
alemana: alta popularidad y gran carisma. Sus números en las redes sociales son
apabullantes: 5.66 millones de seguidores
en Twitter y 2.3 millones en Instagram. Suficientes para posicionar a su nuevo equipo en un rango muy superior al actual.
Pero no sólo eso. Casualmente la estrella mexicana llega en un momento clave
para la Bundesliga: justo cuando los planes
de expansión internacional de ésta voltean
hacia Latinoamérica y Estados Unidos.
La sociedad gananciosa
Apenas en agosto pasado el poderoso consorcio FOX International Channels (FIC)
anunció su sociedad con la Federación Alemana de Futbol (DFL, por sus siglas en ale-
mán) para transmitir los partidos de la Bundesliga durante los cinco próximos años.
El millonario contrato –que la prensa
alemana calcula entre 100 y 150 millones
de euros anuales– abrió con la transmisión del partido inaugural de la temporada 2015/2016, que comenzó el 14 de agosto y constará de 306 encuentros, más los
de la Copa Alemana de Futbol y los play off
de descenso.
Considerada la cadena de televisión
número uno de deportes en el mundo,
FOX llevará los partidos de la Bundesliga a
millones de hogares en Asia, Europa (Italia y Holanda), Estados Unidos y, sobre todo, en Latinoamérica. Se estima que en EU
hay 47 millones de potenciales espectadores, de los cuales una parte muy importante es el público mexicano-estadunidense y, en general, latinoamericano.
Como parte de su estrategia de
marketing, la liga alemana de futbol incorporó a exestrellas, como Jens Lehmann y
Lothar Matthäus, en su Tour de Leyendas
2015 a Nueva York, Ciudad de México, Río
de Janeiro, Kuala Lumpur y Singapur, con
el fin de impulsar la temporada que acaba de arrancar.
“La Bundesliga Legends Tour de 2015
nos da la oportunidad de llevar la Bundesliga más cerca de nuestros fans a nivel
mundial y apoyar a nuestro socio FOX en
su cobertura de la temporada 2015-16 tra-
D E PORT E S
/FU T B O L
Si el desempeño del Chicharito es bueno en su nuevo club, el Bayer
04 Leverkusen, éste obtendrá tan grandes rendimientos que los
especialistas en marketing y comunicación podrían verse impelidos
a crear una nueva marca Chicharito, que haría insignificante la cifra
de 11 millones de euros pagados por la transferencia del mexicano
Javier Hernández. Por lo pronto, la nueva estrella del balompié de Alemania satura de seguidores las redes sociales e inclusive las colapsa.
yendo íconos de la Bundesliga a los estudios de esa empresa en todo el mundo. Estamos muy contentos de embarcar en un
viaje con un importante socio de escala
global que ofrece al futbol alemán incluso
más oportunidades para la exposición en
todo el orbe. La asociación con FOX confirma la importancia internacional de la
Bundesliga y su crecimiento internacional
continuo”, declaró entonces Christian Seifert, director ejecutivo de la Bundesliga.
Bajo este contexto, las figuras de Chicharito –popular no sólo en México, sino en
toda América y Europa– y de otros latinoamericanos de la talla del chileno Arturo Vidal –recién adquirido por el Bayern München– y del peruano Claudio Pizarro –quien
jugará esta temporada para el Werder Bremen– tendrán una mayor proyección.
–¿Cómo se beneficia la Bundesliga con
el fichaje de futbolistas como Javier Hernández, Arturo Vidal o Claudio Pizarro?
–Los jugadores extranjeros refuerzan
casi de manera automática la marca Bundesliga, cuando menos en el país de donde proviene el jugador. Si se vinculan con
un planteamiento estratégico, las estrellas como Chicharito representan siempre
un golpe de suerte tanto para los clubes
como para la liga. Con el nuevo contrato
con FOX Sports para la transmisión de los
partidos de la Bundesliga, el caso concreto de los jugadores que usted menciona es
sin duda un golpe de fortuna para la liga
porque atraerán la atención y aumentarán los rangos de las transmisiones –reconoce en entrevista con Proceso el director
de Marketing y Comunicación del Bayer
04 Leverkusen, Johen Rotthaus.
–Chicharito Hernández no es sólo un
buen jugador; es también un producto
rentable. ¿De qué forma se beneficiará el
club de ello? –se cuestiona al director de
marketing del Bayer.
–En primer lugar me gustaría decir que
el jugador es, ante todo, un candidato deseado por el entrenador y que, en primera
línea, deberá ayudar al club a cumplir con
sus metas deportivas. Más allá de esto, sí,
somos conscientes de que Chicharito tiene
un enorme atractivo en las redes sociales.
Será nuestro deber sacar las conclusiones
correspondientes e incorporarlas a nuestros objetivos estratégicos, sobre todo en
el contexto internacional –replica.
Johen Rotthaus revela que luego de la
presentación oficial del mexicano, realizada el 31 de agosto, se ha registrado un
incremento repentino de seguidores en
las plataformas sociales de medios del
club. “La respuesta general ha sido positiva, pero por el momento no podemos anticipar mayores consecuencias”, señala.
Para la prensa especializada alemana,
el fenómeno Chicharito tampoco ha pasado inadvertido. Kicker, la revista deporti-
va de mayor influencia en este país, publicada dos veces a la semana y que tiene
un alcance de 3.3 millones de lectores por
edición, resaltó en un artículo fechado el 4
de septiembre la popularidad del seleccionado nacional mexicano:
“En redes sociales es seguido por más
de 8 millones de personas; sólo en Twitter
tiene más del doble de seguidores que el
Bayern München. Tal presencia puede ser
un indicio de que Javier Chicharito Hernández ayudará a su club no sólo deportivamente”, expresó.
Y en el mismo artículo resaltó números interesantes que durante la presentación del jugador superaron los récords
del club en redes sociales: El anuncio oficial de su transferencia, comunicado vía
Twitter por la cuenta del club, en sólo pocas horas fue retuiteado 15 mil veces, algo nunca antes visto en el Bayer; el mismo anuncio vía Facebook recibió más de
50 mil likes; apenas se puso a la venta en
la tienda online la camisa con el número 7 que portará en el equipo, el sitio colapsó ante la alta demanda; el video de
su presentación fue visto por 270 mil fans
del jugador, y el livestream de su primera
conferencia de prensa, el martes 2 de septiembre, igualmente colapsó por la cantidad de personas que deseaban verlo en vivo por Internet.
A los alemanes les queda claro que ese
enorme alboroto proviene de la gran afición que sigue a Chicharito en Latinoamérica y en Estados Unidos.
“Y eso permite al club, cuando menos
temporalmente, salir de la sombra de los
grandes clubes”, sentenció Kicker.
Un producto m
uy rentable
De entrada, ninguna pieza de la Bundesliga tiene en redes sociales el caudal de seguidores que Javier Hernández. La mayor estrella alemana, capitán de la selección nacional
y recién transferido del Bayern de Múnich
al Manchester United de Inglaterra, Bastian
Schweinsteiger, está muy lejos del mexicano: frente a los 5.66 millones de seguidores
de éste en Twitter, Basti apenas acumula 2.69
millones, y en Instagram Javier Hernández
también lo supera con 300 mil seguidores.
rts.com
www.foxspo
Un fenómeno de popularidad
2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
73
Fundado en 1904 por trabajadores de la
compañía farmacéutica Bayer, el nuevo
club del Chicharito Hernández tiene su
sede en la ciudad de Leverkusen, al occidente del país, en el estado de Renania
del Norte-Westfalia.
Su casa, el BayArena, ocupa el número 14 entre los estadios más grandes de
la nación, con capacidad para 30 mil 210
personas. Su promedio de ocupación, al
menos durante la temporada pasada,
fue de 97% .
Si bien el Bayer forma parte del grupo de conjuntos con gran tradición en el
futbol alemán, paradójicamente es visto como uno de los menos populares,
muy distante de las aficiones del Bayern
Múnich o del Borussia Dortmund.
“Al ser apoyado por la empresa farmacéutica, el club ha tenido siempre,
por así decirlo, un problema de imagen
y de identificación con los fans. Tenemos un grupo de seis equipos que son
muy queridos por la afición: Bayer Múnich, Borussia Dortmund, Schalke 04
Gelsenkirchen, Hamburgo S.V., Borussia
Mönchengladbach y Eintracht Frankfurt.
Esos son los realmente preferidos. Y luego tenemos a conjuntos como el Bayer
Leverkusen, VfL Wolfsburg o TSG 1899
Hoffenheim, que son respaldados por
grandes empresas pero que tienen una
afición muy reducida”, explica a Proceso el especialista en futbol y jefe redactor de la revista futbolera alemana 11 Freunde, Tim Jürgens.
Otro factor que juega en contra del Bayer, según Jürgens, es el hecho de que Leverkusen es una ciudad muy pequeña con
apenas 161 mil habitantes, ubicada entre
dos grandes urbes, como Colonia y Dusseldorf, que cuentan con sus propios equipos
de balompié.
Impacto mediático
74 2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
“La presencia de un jugador como
Chicharito será positiva sin duda alguna
para el club, que durante años ha buscado crecer. Y si logra encajar en el sistema del entrenador Roger Schmidt, en su
juego ofensivo, y se adapta al país y a la
ciudad –lo que a veces es difícil para los
jugadores latinoamericanos–, entonces
creo que traerá mucha felicidad al club”,
valora Jürgens.
Y es que, sin duda, la marca Chicharito Hernández será una maquinaria tan
poderosa como eficiente sea su rendimiento en la cancha.
El gran debut del mexicano se produciría este sábado 12 de septiembre –unas
horas después del cierre de esta edición
de Proceso–, cuando el Bayer se enfrente
en la cuarta fecha de la liga contra el SV
Darmstadt 98.
Como partido de calentamiento, así
como para tener un primer encuentro
con sus compañeros de equipo, éstos y
Hernández enfrentaron amistosamente
al Paderborn, de la Segunda División, el
2 de septiembre. Aunque el jugador azteca falló una oportunidad de gol y el Bayer
perdió 2-0, la prensa alemana destacó la
velocidad, agresividad y fortaleza técnica del mexicano.
El futuro del Chicharito y la historia
que pueda o no dejar en Leverkusen y
en la Bundesliga aún están por verse, y
la revista Kicker lo resume así:
“Si Chicharito logra impactar (futbolísticamente) y obligar con ello a los especialistas en marketing y comunicación del club a crear una nueva marca,
entonces esta transferencia de sólo 11
millones de euros habrá resultado un
enorme golpe de fortuna para Rudi Völler (director deportivo del club) y Jonas
Boldt (scouter del equipo), porque habrá
sido mucho más que un simple fichaje
de un nuevo jugador.” O
www.foxsports.com
Bayer, poco popular
BEATRIZ PEREYRA
O
misiones en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante
tres administraciones
distintas permitieron
que Artemio Izquierdo fungiera como
el máximo responsable de la lucha en
México durante 19 años, en los cuales
operó en la ilegalidad. De hecho, la federación que preside ni siquiera estaba
inscrita en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade).
En ese tiempo, Izquierdo cometió
una serie de irregularidades que incluyen no comprobar recursos federales
ministrados por la Conade, falsificar actas y firmas para realizar asambleas de
la hoy extinta Federación Mexicana de
Luchas Asociadas, A.C. (FMLA), hacer cobros indebidos a deportistas, árbitros y
entrenadores sin expedir comprobantes
fiscales y designar por dedazo a luchadores sin méritos suficientes para participar en competencias internacionales.
Izquierdo, quien trabaja como director de Deporte Formativo en la Dirección
General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM (DGADyR), fungió
como presidente de facto en la FMLA
sin que ningún servidor público de la
Conade ni de la Comisión de Apelación
y Arbitraje Deportivo (CAAD, donde se
presentaron quejas e inconformidades
al respecto) hiciera nada para impedir
que controlara la lucha mexicana. Ambas instancias pasaron por alto que, oficialmente, esta federación no formaba
parte del deporte nacional.
Por si fuera poco, Izquierdo acumuló un adeudo de alrededor de 7 mil dólares con la Unión Mundial de Lucha
(UWW) por concepto de pago de inscripciones para distintas competencias internacionales, en las que durante dos años participaron los luchadores
mexicanos. El máximo organismo de
este deporte exige a México que ya liquide ese adeudo.
El pasado 11 de agosto, la Conade
informó que a partir de ese día desconocía a la FMLA y a Artemio Izquierdo Tena. Derivado de una revisión que
realizó, la dependencia detectó irregularidades desde “la creación” de esta
federación. “Por eso desde este día sólo se reconoce a la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas A. C. como
asociación deportiva nacional”.
A petición del director de la Conade,
Alfredo Castillo, y según éste, con el
consentimiento del presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos
Padilla Becerra, el líder de la UWW, Nenad Lalovic, desconoció a la FMLA.
DEP ORTES
DEP/LU
O RT
C HE A
S
MEXSPORT /David Leah
Desgarrón
en el ring
El gobierno federal desconoció a la Federación Mexicana de Luchas
Asociadas, que durante19 años fue dirigida por Artemio Izquierdo. La
decisión fue secundada por el organismo que rige ese deporte a escala mundial, pero hasta el momento no se han anunciado sanciones
por la cascada de irregularidades cometidas durante las dos décadas
de cacicazgo. Baste decir que, en ese tiempo, tres directores pasaron
por la Conade y todos convalidaron la opacidad, la corrupción y la
MHS[HKLYLZ\S[HKVZLUSHHNY\WHJP}U°
El 24 de agosto Lalovic envió a México un documento en el que le otorga un
reconocimiento provisional –por seis meses– a la Federación de Medallistas de
Luchas Asociadas (Femela), que preside
Guillermo Díaz Gutiérrez. Esta nueva federación fue avalada por la Conade el 6
de agosto, fecha en que le entregó el Registro Único del Deporte (RUD) número
1DEDF65316C8541. Con esta clave podrá
realizar diversos trámites ante la dependencia gubernamental, entre ellos, la solicitud de recursos públicos.
Durante ese medio año, la Femela deberá elaborar nuevos estatutos, que ten-
drán que ser aprobados por las autoridades deportivas de México y por la propia
UWW. Con base en los estatutos se diseñará un padrón electoral para convocar a
elecciones del Comité Ejecutivo, que laborará durante cuatro años.
El legado
Izquierdo desapareció del panorama de
la lucha nacional. Sin embargo, los actos
ilícitos que cometió el federativo pueden
configurarse en delitos. En este caso, sacarlo por la puerta de atrás podría traducirse en impunidad.
El 27 de junio de 1997, Izquierdo se
convirtió en presidente de la FMLA, en
sustitución del saliente César del Río, según consta en la escritura 16 mil 213 que
firmó el notario 130 del Distrito Federal,
Vinicio Hernández. De acuerdo con los
estatutos de la organización, el federativo podía reelegirse por un periodo de cuatro años, es decir, podría ocupar ese cargo
máximo hasta 2005.
Desde mayo de 2003, la Conade, que
entonces dirigía Nelson Vargas, interrumpió la entrega de recursos federales a la
FMLA porque Izquierdo no comprobó el
destino de 578 mil 955 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2002, cantidad
que hasta la fecha sigue adeudando.
La información se desprende de un
documento obtenido mediante una solicitud de acceso a la información. En ese
papel se ve que el entonces subdirector
de Calidad para el Deporte, Rodrigo Gon2028 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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www.pitlane.mx
Refugio Ruiz
zález Sesma, solicitó por cuarta ocasión a
Izquierdo que comprobara o reembolsara ese dinero, o de lo contrario turnaría el
asunto a la Contraloría Interna.
Desde entonces, Carlos Hermosillo,
Bernardo de la Garza, Jesús Mena y Alfredo Castillo han pasado por la Dirección de
la Conade. Ninguno ha promovido acciones legales para recuperar esos recursos.
Mucho menos para sancionar a Izquierdo.
En todos estos años, en cambio, la
Conade ha entregado indirectamente dinero a la lucha. En lugar de dárselos a la
FMLA o a Izquierdo, los recursos federales se han entregado a los entrenadores,
sobre todo a Quetzalcóatl Oregel, quien
ha fungido como secretario general de la
FMLA, es decir, forma parte del Consejo
Directo del organismo que, oficialmente,
no debe recibir dinero público.
Esa falta de orden ocasionó casos como el siguiente. En abril de 2013 y por órdenes de Izquierdo, los entrenadores nacionales Quetzalcóatl y Cuauhtémoc
Oregel abandonaron a su suerte a la luchadora morelense Wendy García en el
aeropuerto de Panamá y no la dejaron
competir en el Campeonato Panamericano de la especialidad.
Los hermanos Oregel le hicieron saber que, en venganza porque su entrenador, Juan Carlos Vargas, había suscrito una
carta enviada al entonces presidente Felipe Calderón para quejarse de Izquierdo,
éste la había llevado en balde hasta Panamá, con un boleto de avión pagado por la
Conade (Proceso 1903).
En esa misiva, fechada en mayo de
2012, los quejosos informaron a Calderón
que Izquierdo había faltado a su obligación
legal, reglamentaria y estatutaria de emitir las convocatorias para las asambleas ordinarias de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y
2010, razón por la que el Consejo Directivo vigente en ese momento no había sido
electo en los últimos ocho años. Esto significaba que carecía de legitimidad.
Además avisaron al primer mandatario que la asamblea que supuestamente
Izquierdo. Desplazado
fue realizada el 1 abril de 2011 –en la que
Izquierdo fue elegido por quinta ocasión
para estar al frente de la federación– debía
ser invalidada, toda vez que fue realizada
fuera de tiempo y sólo 18 asociaciones estatales fueron notificadas, tres de las cuales no eran elegibles para votar.
Documentaron que el acta de dicha
asamblea fue firmada por Quetzalcóatl
Marcelino Oregel Leja, quien supuestamente fungió como secretario. Pero esto
era falso: en aquel momento, él estaba fuera de México, en una gira realizada en Bulgaria entre el 8 de marzo y el 25 de abril.
El acta de dicha asamblea fue protocolizada ante el notario 234 del D.F., Héctor Trejo Arias ante quien Izquierdo declaró y firmó que Quetzalcóatl Oregel sí
estuvo presente y firmó ese documento,
lo cual configura el delito de falsedad de
declaraciones ante una autoridad distinta
a la judicial, según el artículo 247 del
Código Penal Federal.
Los denunciantes también dieron
cuentas de los abusos de autoridad en los
que Izquierdo beneficiaba sólo a las aso-
ciaciones estatales que eran afines a su
persona, en las que atropellaba derechos
y marginaba atletas y entrenadores que
no se sometían a sus decisiones y en las
que ignoraba los procesos clasificatorios.
Solicitaron a Calderón que interviniera para que la Secretaría de Hacienda investigara la gestión de Izquierdo mediante una auditoría, porque en esos años el
federativo jamás presentó informes financieros ni del estado patrimonial del
organismo. La respuesta de la oficina presidencial de Servicio a la Ciudadanía fue
turnar el asunto a la Conade “para atenderlo a la brevedad”. Bernardo de la Garza
no movió un dedo (Proceso 1903).
Los afiliados a la FMLA ni siquiera saben cuál es el Registro Federal de Contribuyentes de esa asociación. Izquierdo nunca
entregó a entrenadores y árbitros un comprobante fiscal o al menos un recibo, por
ejemplo, por los mil pesos –por cada uno
de los tres estilos que hay en la lucha– que
les cobraba por los cursos que él marcaba
como requisitos indispensables para dejarlos participar en la Olimpiada Nacional.
En junio de 2012, integrantes de las
asociaciones estatales del Distrito Federal,
Morelos, Estado de México, del Politécnico
Nacional y de la UNAM pidieron a Bernardo de la Garza que la Conade enviara a un
grupo de observadores para que vigilara el
desarrollo de los combates, en virtud de
que los árbitros que contrataba un incondicional de Izquierdo, Óscar Omar Gutiérrez Arellano, favorecían o afectaban injustamente a los participantes.
El arbitraje fue una herramienta más que
Artemio Izquierdo utilizó para cobrar revancha a todos aquellos que manifestaban inconformidad por su manera de conducirse.
La reportera buscó en su oficina de la
DGADyR a Izquierdo para solicitarle una
entrevista. No fue localizado. Se le dejó
mensaje con su secretaria y un número
telefónico para que se comunicara. Hasta
el cierre de esta edición el director de Deporte Formativo no se comunicó.
La federación sucesora
Díaz Gutiérrez, el nuevo directivo de la Femela, con Padilla
El presidente de la Femela, Guillermo Díaz
Gutiérrez, informó que el pasado 14 de
enero quedó constituida su federación.
El 26 de mayo, Díaz preguntó por escrito al encargado de la Subdirección General de Deporte, Francisco Xavier Lara Medina, si había una federación inscrita ante
la Conade que tuviera la representación
de la lucha a nivel nacional.
Al día siguiente, el subdirector de Normas Oficiales de Cultura Física y Deporte,
Antonio Wenceslao Seplavy, le respondió:
“A la fecha no existe ninguna inscripción
en el Renade de alguna asociación deportiva nacional como máxima autoridad
técnica del deporte Luchas Asociadas”.
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Ese oficio –número SD/DSND/Son/191/
15– abrió la puerta para que la propia
Conade desconocieran a la FMLA y a
Izquierdo.
Hasta hoy, la Femela sólo cuenta con
cuatro afiliados que ya están registrados
también ante la Conade: las asociaciones
del IPN, UNAM, Chihuahua y Distrito Federal.
Otras asociaciones que, según Díaz,
ya cumplen los requisitos para estar debidamente conformadas como asociaciones civiles son Hidalgo, Querétaro,
Yucatán y Coahuila. En las próximas semanas también deberán ser avaladas
por la Conade e integradas al Renade.
El objetivo es que antes de que se
cumplan los seis meses de gracia que la
UWW le dio para regularizarse, al menos
cuente con 16 de las 26 asociaciones potenciales para formar parte de la Femela.
Es importante destacar que ninguna de
estas asociaciones es de nueva creación.
Todas formaban parte de la FMLA.
La labor que está realizando Guillermo Díaz es ayudarlas a hacer los trámites y gestiones necesarias para que
cuenten con la documentación que
marca el Reglamento de la Ley General
de Cultura Física y Deporte (LGCFyD) y
puedan ser avaladas por la Conade.
Esto significa que aunque la Femela
no contaba con ninguna asociación estatal, de todas maneras fue avalada por la
Conade como la nueva máxima instancia técnica del país en luchas asociadas.
A más tardar en febrero de 2016 debe
realizar el proceso electoral para elegir el
Consejo Directivo que regirá durante los
primeros cuatro años. Esas elecciones
deben llevarse a cabo, según lo marca
la ley, bajo la supervisión del Consejo de
Vigilancia Electoral (Coved), mismo que
aún no ha sido creado a pesar de que la
LGCFyD fue publicada en junio de 2013.
En tanto la Femela no esté debidamente conformada ni cuente con el aval
definitivo de la UWW no podrá recibir
recursos federales.
Con dinero gubernamental, la
Conade deberá cubrir el adeudo de 7 mil
dólares (119 mil pesos aproximadamente) que se adeuda a la UWW. El impago de
esta cantidad por poco deja fuera a México del Campeonato Mundial de Las Vegas
(7-12 de septiembre) que reparte plazas
para los Juegos Olímpicos de Río 2016.
El presidente del organismo internacional, Nenad Lalovic, solicitó por escrito el 26 de julio que a más tardar el 15 de
agosto se liquidara la deuda o al menos
se solventara una parte para que los luchadores pudieran participar. La Femela
solicitó una prórroga.
Hasta el cierre de esta edición, ningún luchador mexicano había calificado y
quedaban dos días de competencia. O
La Magdalena Mixhuca,
arrasada
y rasurada de árboles
Dos de los proyectos deportivos que las autoridades federales y
capitalinas más han presumido son el regreso de la Fórmula 1 y la
construcción del nuevo estadio de beisbol de los Diablos Rojos. Sin
embargo, ambos planes están dañando un espacio de gran tradición e importancia: la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca.
Ahí, los árboles están siendo talados por centenas para construir
estacionamientos, se teme la pérdida de canchas y hectáreas de
zonas comunes e incluso algunos vendedores han sido desalojados. Todo el proceso transcurre en la opacidad, y se privilegia a los
empresarios por encima de los usuarios.
Germán Canseco
RAÚL OCHOA
D
esde hace tres semanas, la Ciudad Deportiva
de la Magdalena Mixhuca (CDMM) sufre una tala de árboles que, temen
los usuarios, dejará un
daño irreversible en uno de los recintos
deportivos más importantes de la capital del país.
De acuerdo con la asociación civil
Ecoactivistas, ya han sido cortados 2 mil
árboles, y no sólo los 520 que autorizó la
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal (Sedema).
El hecho ocurre cuando la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) y su subsidiaria Ocesa aceleran la
remodelación del Autódromo Hermanos
Rodríguez para que en noviembre acoja
el Gran Premio de México de la Fórmula
Uno (GP F1).
Mientras los usuarios y vecinos de la
CDMM duermen, cuadrillas de trabajadores de Idinsa (una de las constructoras al
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Germán Canseco
Gran Premio de México (1 de noviembre),
y por ello talan árboles por las noches a
marchas forzadas. Eso es grave, porque la
gente no puede detectar fácilmente estas maniobras. Los que no conocen de esto tampoco se percatan, puesto que los taladores no dejan ni la raíz, pero nosotros
contamos con videos y testimonios.
“Por esta razón la lucha va a continuar,
para sensibilizar a las autoridades y ciudadanos y que respeten el medio ambiente, no sólo las áreas verdes de Ciudad Deportiva, sino los camellones y parques del
Distrito Federal.”
Elías García admite que el daño por la
tala ya está hecho. “Ahora, nuestra presión
es para que el gobierno de Mancera devuelva a la Ciudad Deportiva la categoría de Área
de Valor Ambiental, algo que, estamos seguros, lograremos, a pesar de todos los proyectos que el gobierno tiene. También vamos a
exigir que se reponga árbol por árbol”.
El argumento
Ecoactivista. En resistencia
servicio de la CIE) realizan durante las noches la tala y desarraigo de decenas de
árboles.
Los agraviados asientan que estos trabajos pretender ampliar las áreas de estacionamiento del autódromo a propósito
del GP F1, en cuya organización participan
los gobiernos federal y capitalino.
Así, en medio de esta tala sin precedentes, la alianza de vecinos, usuarios, líderes de las ligas de futbol y la Comisión
Deportiva del Movimiento Antorchista denuncian el desaseo de los trabajos de la
CIE y Ocesa.
Aseguran, además, que el gobierno de
Miguel Ángel Mancera intenta adueñarse
del espacio y después entregarlo a particulares. Es el caso, dicen, del autódromo
capitalino, el Foro Sol y el Palacio de los
Deportes, que desde hace tiempo son administrados por las referidas empresas.
La alianza de vecinos y usuarios asevera que la CDMM, creada en 1959 para que la población de bajos recursos del
oriente de la ciudad tuviera espacios amplios para hacer deporte y ejercicio, está
siendo privatizada por partes.
El Instituto del Deporte del Distrito Federal (Indeporte), pone por ejemplo, ya
otorgó a un consorcio la concesión de los
estacionamientos. Y ahora, el gobierno de
Mancera planea entregar siete hectáreas
para que el magnate Alfredo Harp Helú
construya un estadio de beisbol –todavía
sin fecha de inicio y sin proyecto ejecutivo
(Proceso 2027).
En este contexto, la alianza de usuarios exige la destitución del titular del Indeporte, Horacio de la Vega, por considerar que el expentatleta se olvidó de los
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atletas de bajos recursos para privilegiar
a la clase empresarial.
Los miedos
Elías García, representante de la asociación
civil Ecoactivistas, que desde hace 28 años
se dedica al cuidado y reforestación de las
áreas verdes de la CDMM, advirtió desde junio de 2014 de sus temores por la privatización de este lugar, cuando el gobierno
capitalino decretó la desclasificación de la
referida área verde como Área de Valor Ambiental en la categoría de Bosque Urbano.
En entrevista, Elías García denuncia
que ahora hay irregularidades en la tala de los árboles: Hasta el momento ni la
autoridad capitalina ni la CIE han notificado oficialmente de la realización de dichas tareas.
De acuerdo con el activista, la situación es preocupante porque la tala se realiza bajo el argumento de que los árboles
están enfermos, pero no se han presentado pruebas de que exista un inventario y
un diagnóstico de biólogos y especialistas.
Según García, tan sólo en la zona donde se pretende construir el estadio de
beisbol, cercana a la Puerta 6, “ya derribaron unos 200 árboles, y así ha ocurrido en
otras áreas donde han sido talados grupos
de 10, 15 o 20 pinos de la variedad casuarina. Estimamos en total la cantidad de 2
mil árboles derribados.
“La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) está dando permisos, pero las
cifras permitidas ya fueron rebasadas. Mi
temor es que la tala vaya a continuar, dado que todavía faltan varios días para el
Para arrancar la deforestación, se dijo que
los árboles de la CDMM estaban enfermos
y que no eran compatibles con el medio
ambiente… 56 años después de haber sido
plantados.
No obstante, en marzo pasado los activistas comenzaron a realizar un inventario de los árboles de la Ciudad Deportiva y su estado de salud. Convocaron a
biólogos de la PAOT y a especialistas en
mantenimiento de arbolado. El gobierno
también mandó biólogos de la empresa
Greencover.
Tonatiuh Mendoza, experto en mantenimiento de florestas y uno de los que realizó el recorrido en la CDMM, refiere: “Ante
el argumento de que los árboles están enfermos concluimos que, técnicamente, todos los árboles de la ciudad están afectados en un mayor o menor grado”.
Así, “en la cuestión técnica recomendamos que había algunos árboles que merecían ser retirados, pero que otros podrían
ser sometidos a un tratamiento antes de
contemplar la opción del derribo, tal como lo marca la norma ambiental (NADF001-RNAT-2014) vigente en el Distrito Federal, que regula los trabajos sobre arbolados
tanto del sector público como del privado,
respecto del retiro, trasplante y poda”.
Anteriormente y de acuerdo con dicha
regulación, dice Mendoza, debía hacerse un dictamen árbol por árbol, pero ahora las empresas hacen un estudio general,
lo que resulta insuficiente. “A los activistas les recomendamos que se aseguren de
que el dictaminador que firma esté presente en la zona analizada, ya que la gran
responsabilidad del dictaminador conlleva cuestiones de carácter legal y hasta penal en caso de hacer mal su trabajo”.
El especialista explica que, una vez
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Planes opacos
La mañana del 29 de agosto, Juan Carlos
Trejo, representante del hockey sobre patines en la CDMM, se disponía a ejercitarse en el pequeño y descuidado estadio para esta especialidad cuando se encontró
con una larga hilera de troncos y raíces de
árboles. “Conté el derribo de 60 árboles sólo en esa zona”.
La sorpresa de Trejo aumentó: los taladores habían trazado una larga línea de cal
que terminaba justo al centro del pequeño
estadio. Juan Carlos imaginó que el Indeporte había decidido ya la destrucción del
inmueble, como sucederá con los locales
donde se expiden alimentos y bebidas, cuyos administradores ya han sido notificados de que deberán desalojar el lugar.
Entre el estadio de hockey sobre patines y las canchas de futbol sobre las que
–se asegura– será edificado el nuevo inmueble de beisbol, sólo median algunos
metros de distancia. Y la zona ya se quedó
sin los pinos casuarina, variedad de origen australiano que conforma el paisaje
de buena parte de la ciudad.
A escasa distancia de la recta principal
del autódromo y de la Puerta 6 aún permanece una línea considerable de pinos
de todos los tamaños. Su suerte ya está
echada: cada uno está numerado con distinto color y con alguna de las siguientes
leyendas: “Z-69” o “Z-70”.
El 30 de agosto, Juan Carlos Trejo confirmó sus sospechas: preguntó a los topógrafos de la constructora Idinsa la razón
de sus trazados. “Me dijeron que recibieron instrucciones de analizar la posibilidad de demoler el pequeño estadio. Ante
la falta de información de la autoridad, no
sabemos qué va a pasar con este inmueble
y con los 150 patinadores que ahí entrenamos. Todavía no nos han cerrado las puertas de Ciudad Deportiva, pero ésa es la intención. De igual manera, los trabajadores
de Idinsa aseguran que van a reforestar,
pero en otra zona, porque aquí se harán
estacionamientos. De plano me voy directamente con los antorchistas”.
Zenón Rodríguez, presidente de la liga
de futbol de la Coalición de Taxistas de la
CDMM, que lleva 47 años operando en ese
recinto, se pregunta: “¿Por qué ahora que
traen de regreso el Gran Premio de México y después de tantos años se dan cuenta que estos árboles tienen plaga y no son
compatibles con el medio ambiente?”.
José Enrique García despacha en un
puesto de alimentos en el pasillo F de
la Puerta 5 desde que este complejo fue
inaugurado, en 1959. Revela que el encargado de la CDMM, Pedro Martínez, y el
subdirector jurídico del Indeporte, Francisco Javier Torres Cisneros, le pidieron
que se retirara “momentáneamente” del
lugar mientras la CIE y Ocesa remodelan
la vía que conduce al autódromo.
García Ramírez detalla que estos funcionarios le hicieron la promesa verbal de
garantizarle el mismo lugar o, en su caso,
reubicarlo en otra parte con buenas oportunidades comerciales, pero duda de las
autoridades: “No hay promesa por escrito.
Todo fue de palabras”.
El miércoles 9, un representante de
Corporación Interamericana de Entretenimiento contactó a este reportero para indagar sobre la investigación hoy publica-
da. Dijo que la empresa no actuaba fuera
de la legalidad, que contaba con los permisos para la tala y ofreció entregar –al
día siguiente– la documentación respectiva. No lo hizo, y tampoco fijó la postura del consorcio, al argumentar que la persona indicada para hacerlo se encontraba
en el extranjero.
Exigencias y silencios
El representante de los usuarios y de las
ligas de futbol de la CDMM y de la comisión deportiva del Movimiento Antorchista, Víctor Roldán, así como algunos otros
responsables de estas ligas, fueron citados el jueves 10 por Pedro Martínez para
darles respuesta a un pliego petitorio en
el que, entre otras cosas, los inconformes
pidieron frenar la construcción del estadio de beisbol y reducir los precios por el
uso de las instalaciones. Todo fue en vano.
Ahora, la alianza de usuarios de Ciudad Deportiva exige la destitución de Horacio de la Vega. “Queremos a funcionarios
que respalden a los deportistas populares
y no a los empresarios. Y De la Vega no
quiere a los deportistas”.
Mientras los usuarios se quejan de la
tala, la autoridad capitalina guarda silencio. Proceso abordó al titular del Indeporte durante un acto en el estadio Jesús Palillo Martínez, de Ciudad Universitaria, el
jueves 10. Sin embargo, el funcionario se
negó una y otra vez a dar respuesta a los
planteamientos.
De la Vega, por su parte, no ha concedido la entrevista que aceptó dar a este semanario hace tres semanas.
Germán Canseco
que el dictaminador marca el grado de daño en un árbol, el documento que emite
debe ser certificado por la Sedema.
Esta dependencia informa que cuenta con supervisores encargados de vigilar
que se cumpla cabalmente la autorización
para derribar 520 árboles.
Mendoza detalla que durante el recorrido se detectaron “pocos árboles muertos y, por lo tanto, no hay argumentos para ordenar una tala pareja”. Y dice que los
encargados de los derribos trabajan por
la noche para evitar la presencia de usuarios, que podrían resultar heridos.
–¿Qué tipo de plagas encontraron en
los árboles durante la supervisión? –se le
pregunta.
–Había algunos con indicios de barrenador, plagas muy comunes de encontrar en la ciudad. Había otros atacados
por hongos y algunos más con indicios de
muérdago (que afecta a toda la ciudad),
pero de ahí a considerar el derribo antes
de un tratamiento… eso es lo cuestionable. Sin embargo, a final de cuentas hay un
dictaminador.
Huellas de la deforestación
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PALABRA DE LE C T O R
Acerca del desplegado Cofepris atenta
contra la medicina tradicional indígena
De Julio Sánchez y Tepoz
Señor director:
E
n Proceso 2027 se publica un desplegado (página 25) de la Asociación Prodefensa de la Medicina y Cultura Indígena
(Apromeci), A.C., bajo el título “Cofepris atenta contra la medicina tradicional indígena”.
En el texto se afirma
que la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) elabora un nuevo acuerdo, “con el que
se pretende prohibir de
manera arbitraria y sin conocimiento el uso de tés,
infusiones y suplementos
alimenticios de más de
200 plantas”.
Al respecto, deseamos aclarar que no
hay ninguna intención
de prohibir este tipo de
Indignado por las acciones de
EPN, el Ejército y la oligarquía
Señor director:
R
ecurro a su muy necesaria y obligada sección Palabra de Lector para externar mi
indignación sobre el comportamiento del presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno.
Con base en evidencias que la revista
Proceso y otros medios alternativos han proporcionado sobre las acciones del actual titular del
Ejecutivo y su equipo de trabajo, desde que Peña
Nieto se entronizó en el Estado de México no son
novedad los asesinatos dolosos, los feminicidios,
los secuestros, la criminalización de las protestas
sociales, las violaciones a los derechos humanos,
el aumento de la pobreza en Edomex, la protección a familiares con vínculos de corrupción
(el tío Montiel) y las concesiones empresariales
(HIGA) a sus allegados.
En mayo de 2006 (Peña Nieto como gobernador), se produjo el caso de Atenco, donde se
perpetraron toda serie de abusos (allanamientos
de morada, violaciones sexuales, retenciones ilegales, torturas) contra la población en general.
Esto se originó por la expulsión arbitraria de
vendedores de flores a las afueras del mercado
municipal de Texcoco, quienes solicitaron apoyo
al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, organización política surgida a raíz de otros abusos
productos herbolarios ni existe en Cofemer
un proyecto de nuevo acuerdo por el que se
determinan las plantas prohibidas y permitidas para tés, infusiones y aceites vegetales
comestibles.
Con el fin de dar tranquilidad y certidumbre jurídica a quienes se dedican a la medicina tradicional indígena, dese el lunes pasado
la Cofepris convocó a una reunión de trabajo al señor Santos Gregorio
Grajeda Vargas, autor del desplegado, para reiterarle que no
hay en puerta ningún cambio a
la regulación sanitaria en esta
materia, pero hasta el momento
no ha respondido al llamado.
Sin más por el momento,
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Julio Sánchez
y Tepoz
Comisionado de Fomento
Sanitario
gubernamentales (Vicente Fox y sus proyectos
comercial, hotelero y aeroportuario en connivencia con la administración del Estado de México).
Durante la confrontación se mostró a
policías agredidos por pobladores, por lo que
medios de información sesgada como TVAzteca
y Televisa, repitiendo imágenes descontextualizadas de agresiones físicas, exigían la intervención
de la fuerza pública.
Este hecho histórico marcaba el rumbo que
tomaría el país en manos de EPN y su equipo de
aplaudidores: represión, miseria, trato indigno;
silencio de medios de información afines y promesas rotas. Creyó que ejercer control y dominio
sobre un estado lo capacitaba para hacer otro
tanto con el país.
Candidato televisivo (Proceso 1861) apoyado por Monex (Proceso 1866) y Soriana
(Proceso 1862), se dedicó a construir su verdad
sobre el estado de derecho y el orden a costa
de la sangre –verdad inválida, pero al fin verdad–
para así poder imponerla.
Dio importancia a nimiedades como su apariencia física o a chistes sin gracia como aquella
respuesta de “no soy la señora de la casa” que
ofreció a pregunta expresa sobre el precio del
kilo de tortillas. Igualmente, se recuerda la Feria
Internacional del Libro y su sudoroso esfuerzo
para mencionar, y mal, tres libros.
Como presidente se ha agrandado su currículum de represión e indiferencia, y confirmado
su incapacidad de gobernar y de representar
intereses populares (nunca lo ha hecho), todo ello
aunado a su excesiva corrupción.
La toma de protesta de EPN estuvo llena de
agresiones a los inconformes (en las cuales colaboró el gobierno de la Ciudad de México) ante
una elección simulada y manipulada.
Las “reformas estructurales” nacieron de
un Pacto por México validador de la miseria, del
que ahora políticos electoreros se escandalizan
y deslindan por los malos resultados. La cruzada
nacional contra el hambre es una política pública
dirigida a mantener la dependencia y la miseria
permanente de potenciales votantes inconscientes que validarán el régimen. Se reparten pantallas planas sin considerar la contaminación de
televisores analógicos…
A todo lo anterior se agrega el hecho de
que el desacreditado Ejército Mexicano ha intervenido bajo el manto de impunidad federal en
Tlatlaya, Ostula, Calera, Ayotzinapa, así como en
las muertes de periodistas, luchadores sociales,
activistas políticos y defensores de la vida en
general.
Sobre el caso Iguala se hizo una manipulación de peritajes que validaron la “verdad
histórica” que se ha estado refutando, lo cual nos
permite reconocer que quienes no creemos en el
gobierno federal y sus adeptos no decíamos la
verdad, pero estábamos en lo correcto: que todo
fue y ha sido construido, operado como una gran
historia telenovelada con el mismo impacto que
la televisión abierta tiene ahora (poca audiencia y
menos credibilidad).
Gracias a medios independientes como la
revista Proceso, y a pesar de las presiones y sus
pérdidas irreparables, es que podemos estar en
lo correcto, aunque no tengamos la verdad, pues
la verdad la construye la oligarquía de este país.
(Carta resumida.)
Atentamente
Sociólogo Marco Antonio Almaraz Cerda
A LOS LECTORES
1. Toda carta dirigida al semanario Proceso
deberá contener nombre y firma de su
autor, una identificación fotocopiada o
escaneada (de preferencia credencial de
elector, por ambos lados), dirección y, en
su caso, teléfono o correo electrónico. Si el
remitente sólo desea publicar su nombre,
lo indicará; de lo contrario, el resto de sus
datos también podrían ser difundidos.
2. Ninguna carta tendrá una extensión
mayor de dos cuartillas, es decir, no más de
56 líneas de 65 caracteres cada una.
3. La correspondencia no incluirá documentos probatorios de lo denunciado; se
publicará conforme a su turno de llegada,
y podrá ser enviada por correo, entregada
personalmente, transmitida por fax (56-3620-55) o dirigida a [email protected].
4. La sección Palabra de Lector cierra los
miércoles de cada semana.
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